martes, 30 de junio de 2009

Coca y narcotráfico: El círculo vicioso de las drogas y las estrategias fallidas.

La erradicación de cultivos de coca ha sido una constante desde 1981, pero no hay transparencia en los informes del Corah. Foto Internet.

Cada 26 de junio, en el día internacional de las drogas, funcionarios gubernamentales y no gubernamentales más la prensa peruana aliada a la fallida estrategia antidrogas, están obligados a montar actividades ‘conmemorativas’ y a difundir profusamente en medios de comunicación supuestos logros en la lucha contra las drogas, con objetivos mediáticos y de manipulación a la opinión pública. El fin: camuflar la derrota, justificar el despilfarro presupuestal y eludir las críticas por los resultados negativos en cinco décadas.

NUEVOS BROTES DE VIOLENCIA EN EL ALTO HUALLAGA.

El reinicio de la erradicación de los cultivos de coca en el distrito de José Crespo Castillo–Aucayacu y el anuncio de la instalación de un campamento del proyecto Corah para la erradicación de los cultivos de coca en Venenillo, así como las mecidas del gobierno regional Huanuco y el gobierno nacional respecto a un denominado plan integral de desarrollo cocalero promovido por la Central Nacional de Cuencas Cocaleras – Cenacop, que preside Eduardo Ticeran un aprista que se la jugó por el gobierno de Alan García quien lo utilizó para promocionar los presuntos éxitos de su gobierno en el valle del Monzón a través del canal estatal de televisión; exasperaron los ánimos de los cocaleros que empezaron a retumbar los tambores de guerra contra el presidente regional Jorge Espinoza y el presidente García.

Doce caseríos de la margen izquierda del río Huallaga se reunieron en el caserío Yurimaguas del Bolsón Cuchara, el sábado 27 con el fin de acordar el apoyo a la huelga indefinida que desde el jueves 02 de julio iniciarán los cocaleros de José Crespo Castillo, la Morada, Aspuzana, Ciruelo entre otros caseríos, el acuerdo según el dirigente Leonardo Ocaña fue sumarse a la medida de fuerza, pero según el dirigente de la Conpaccp Serafín Andrés Lujan no se decidió el inicio de la huelga indefinida, sino realizar bajada de bases para definir la conformación de un frente único de la margen izquierda del Huallaga, con el fin de eliminar al denominado ‘Movimiento Campesino’ que estaría haciendo ‘daño’ a la unidad del movimiento cocalero.

Los satanizados cultivadores de coca del Monzón sobreviven en medio de la explotación y marginación. Foto EFE

El domingo 28 se reunieron representantes de 70 caseríos en el auditorio de la municipalidad de José Crespo Castillo dirigidos por Rosa Obregón y Leonardo Ocaña, ratificando el inicio de la huelga indefinida desde el 02 de julio lo que se dio a conocer en una nota informativa, pero se conoció que un sector considerable de la población esta en desacuerdo con la huelga con carácter indefinido y prefieren un paro de 48 horas contundente.

Según el periodista Bladimir Angulo, de radio Amistad, la semana que pasó el Corah erradicó cocales en Consuelo, Gosen y Pedregal en la región Huánuco y en César Vallejo y Ciruelo en la margen derecha del río Aspuzana en la región San Martín. El periodista que conoce de cerca la zona manifiesta que los sectores de Vallejo y Ciruelo están abandonados a su suerte y tienen en la coca su principal recurso de sobrevivencia, ante la ausencia del Estado, estos caseríos y otros fueron marginados por los gobiernos municipales de Nuevo Progreso y Tocache, al extremo que algunas de las pocas obras que existen fueron ejecutadas por la municipalidad de José Crespo Castillo, mientras la atención de la salud y otros servicios esenciales a los pobladores se hace en Aucayacu.

Desde el 01 de julio las bases cocaleras de la Asociación Saúl Guevara Díaz de Tocache inician huelga indefinida protestando contra la permanente erradicación de los cultivos de coca en los distritos de Uchiza, Shunte, Pólvora y Nuevo Progreso. Wilder Satalaya presidente del gremio manifestó que ha advertido a comerciantes y transportistas para que tomen precauciones y eviten la confrontación con lo campesinos que están cansados de la violación de sus derechos y de la marginación gubernamental pese a que en los sectores que han sufrido la erradicación de cultivos en los últimos años numerosas familias padecen de hambre y enfermedades.

El domingo 28 Eduardo Ticeran y decenas representantes de caseríos se reunieron en el valle del Monzón a la que asistieron dirigentes cocaleros de Tingo María para analizar la medida de fuerza de los cocaleros de Aucayacu y Aspuzana, pero no trascendió la posición adoptada.

El lunes 29 de junio el inactivo Frente de Defensa de los Intereses de la provincia de Leoncio Prado que preside Filomeno Cajachahua se reunió para acordar plegarse a las medidas de fuerza a nivel nacional y decidieron realizar un paro de 24 horas el 08 de julio, pero se pronunciaron sobre las medidas de fuerza de los cocaleros de Aucayacu.

La duda es si esta vez el ‘Frente’ tendrá el respaldo de sus bases que son pocas y a decir de los detractores de ‘Kiko’ Cajachahua, casi inexistentes.

EL DESARROLLO ALTERNATIVO EN EL OJO DE LA TORMENTA.

Los agricultores de las cuencas cocaleras tienen opiniones divididas respecto a los resultados del mal llamado desarrollo alternativo: los productores de coca afirman que es un fracaso, mientras unos pocos agricultores beneficiarios sostienen que en algo los ayudó. En el debate tercian quienes son o fueron los beneficiarios de los fondos de la lucha antidrogas, básicamente anticoca (ex funcionarios públicos y consultores privados) que califican como frase mágica a el ‘desarrollo alternativo es un fracaso’, tal como lo hace el ex funcionario de la Sunat Manuel Estela Benavides en un estudio para la embajada USA que forma parte de un libro de Macroconsult.

No se puede desconocer que el desarrollo alternativo tiene aportes en pocas cuencas cocaleras, pero de allí a presentarlo como exitoso hay una diferencia abismal. Foto Devida

Este ‘ilustrado defensor’ del cuestionado desarrollo alternativo contra el narcotráfico, no vacila en poner en duda la sinceridad de profesionales independientes que sobre la base de trabajos de campo y no del ‘planchado’ de la información oficial encontrada en la mágica computadora o en un ‘sistema –informático- de gestión de la información con que opera el Programa de desarrollo Alternativo Usaid”, cuestionan las actividades, resultados e impactos del PDA. Estela Benavides en su desesperada e inconsistente proyección salvadora del desarrollo alternativo como un éxito de la cooperación internacional: Usaid, Onu, Prodatu y Prodapp considera ciegos y tontos a los que observan, critican o cuestionan el desarrollo alternativo a partir de la realidad objetiva y no de la fantasía de los informes oficiales, que sesgan o deforman la realidad que sigue siendo difícil y compleja en las zonas cocaleras (salvo una que otra excepción) luego de 29 años de desarrollo alternativo.

Estela sin rubor alguno utiliza el aforismo de Baltasar Gracian: “No todos los que ven han abierto los ojos, ni todos los que ven miran” para graficar a quienes en supuesta postura interesada y en defensa del narcotráfico cuestionan a los ejecutores del PDA por los indiscutibles ineficaces resultados. En un siguiente informe analizaremos el trabajo del ex regulador de impuestos y de otros que ‘abren bien los ojos y miran desorbitados’ los enormes fajos de billetes verdes, capaz de modificar conciencias elitistas que solo tienen desprecio por los cultivadores de coca. Mientras tanto nos quedamos con el refrán: “La ignorancia es atrevida” válida para los lobos de arriba y los corderos de abajo.

LA FIESTA DE LA MENTIRA

El 19 de junio fue presentado el informe del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos ilícitos - SIMCI financiado y ejecutado de la Organización de las Naciones Unidas para el Delito – UNODD, el informe arroja como principal resultado una supuesta disminución de los cultivos de coca en un 18% en Colombia, mientras que en Perú y Bolivia aumentaron 4.5 y 6% respectivamente. Otro resultado controvertido es que la producción de drogas cayó de 600 a 430 toneladas en Colombia por que la producción de hojas de coca disminuyó. Bolivia subió a 113 y Perú a 302 toneladas en 2008, en estos países no se considera la disminución de la producción de hoja de coca por hectárea, a pesar de ser un problema muy serio que enfrentan los cultivadores desde 1993 por la acción virulenta del hongo Fusarium.

Los niños son los primeros en rechazar el consumo de drogas y la violencia, por eso son utilizados por quienes se ocultan de la opinión pública que los cuestiona. Foto Grupo Prensa Verde

Queda la sospecha que las cifras dadas a conocer por Onudd podrían estar maquilladas y obedecerían a métodos técnicos arbitrarios e improcedentes o a negociaciones irregulares con los gobiernos involucrados, no descartándose la digitación del gobierno norteamericano preocupado por la imagen internacional de su ‘guerra contra las drogas’.

Por eso el informe del SIMCI 2008 en opinión de varios analistas tiene aroma a fraude, con mayor descaro que los anteriores.

Continuando con lo que podría llamarse ‘la fiesta de la mentira’ por el día internacional contra las drogas, fueron presentadas las denominadas ‘coaliciones comunitarias’ un modelo estadounidense de acción contra el consumo de drogas. Se incineró cerca de una tonelada de drogas incautadas por la Dinandro en un acto de corte efectista. Finalmente, grupos de personas (mayoritariamente niños y jóvenes) pancarta o banderola en mano marcharon rechazando el consumo de drogas, se entiende lícita e ilícita.

El Día Internacional contra el abuso de drogas y el tráfico ilícito celebrada por las Naciones Unidas, es una gran oportunidad para recordar todo lo que no ha funcionado durante décadas en las políticas antidrogas. Políticas que no ha logrado disminuir significativamente la producción, tráfico y consumo de los estupefacientes, pero que ha tenido efectos colaterales nefastos: auge de la corrupción, deterioro del tejido social, y criminalización y penalización de personas y grupos, muchos de los cuales pertenecen a los sectores más desfavorecidos de la sociedad, así como pequeños traficantes y consumidores de drogas que se encuentran hacinados en las cárceles del mundo.

LA COCA NUNCA MUERE Y ES COMO EL AVE FENIX

Para empezar con la cadena de desaciertos, los funcionarios antidrogas de Naciones Unidas y los neoanalistas vinculados al gobierno estadounidense insisten desde hace décadas en que la hoja de coca es un estupefaciente, por tanto su consumo es nocivo para la salud y constituye una forma de drogodependencia. Si esto fuera verdad, cientos de miles de masticadores de coca de los Andes y la selva ya habrían muerto o estarían idiotizados por sobredosis de hoja de coca. O serían adictos a la cocaína. Lo mismo pasaría con los consumidores de mate, galletas, panes, caramelos y vino de coca que hay en el mundo. La verdad, es que no se han enfermado ni se han vuelto consumidores compulsivos de cocaína.

Naciones Unidas hace oídos sordos a cualquier iniciativa por cambiar la mentalidad y la legalidad hacia la hoja de coca. Mantiene y defiende sin evidencia alguna un fallo que jamás podría sobrevivir el estándar científico actual. El mundo entero vio al presidente boliviano Evo Morales masticando hojas de coca en las sesiones de las Naciones Unidas. Entonces, nos preguntamos, habrá llegado la hora para que la comunidad internacional repare el error histórico por haber incluido en 1961 a la coca en la Lista I de Estupefacientes de la ONU. Los argumentos convincentes para ello son: la tradición, la habitual práctica de la masticación, y la extensión a otros consumos sanos e incluso terapéuticos de la coca.

La defensa del cultivo de la coca tiene sus víctimas, empezando por Tito Jaime y terminando en Diodora Espinoza, pero la lucha no sucumbe por el miedo. Último adiós a Diodora Espinoza. Foto Internet.

Mientras no se modifique el fallo emitido por la Organización de las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud en los años 50, cada vez que nos tomamos un mate de coca estamos infringiendo la ley y convirtiéndonos en delincuentes. Por absurdo que parezca, con el actual régimen de fiscalización de los estupefacientes, los que consumen derivados de la hoja de coca incurren en delito, que quizá pronto sea sancionado.

Es verdad que el debate sobre la coca está en la actualidad muy politizado y se ha vuelto tema de posicionamientos ideológicos en algunos casos extremos. La hoja de coca no es igual a la cocaína, como afirman algunos agentes antidrogas, pero tampoco es cierto que sirva para solucionar el problema del hambre en el mundo, convertido en la panacea de la alimentación, como abogan los directamente vinculados al cultivo. Es innegable que la coca forme parte de las tradiciones andinas, pero también no se puede ocultar que la mayor parte del cultivo es utilizado para la elaboración de la cocaína por el narcotráfico. Esta es una verdad indiscutible que sin embargo no tiene porqué significar la satanización del cultivo, ni mucho menos la condena del consumo lícito.

No es un secreto que la forma de consumir la hoja de coca se diversifica, y ya no se limita a algunas etnias aborígenes. Hay nuevos grupos sociales en mayoría urbanos de la clase media, no sólo en Latinoamérica sino incluso en Europa y Estados Unidos, que han incluido la coca en sus hábitos de consumo. Por tanto, en vez de desaparecer, como lo pretendían las convenciones de la ONU y los planes represivos, la coca sobrevive hoy en un renacimiento vigoroso y un real redescubrimiento del mercado mundial, como el ave fénix.

La hoja de coca sin agregados químicos no afecta la salud ni el orden público. Su exclusión de las listas de estupefacientes significaría no sólo un reconocimiento a la soberanía de naciones y pueblos originarios, sino un directo beneficio económico para las comunidades involucradas en su cultivo, sin riesgos de estigmatización y de reducción a la delincuencia. A los cocaleros les queda la esperanza que la petición boliviana de despenalización del cultivo no caiga en terreno estéril.

200 MILLONES DE CONSUMIDORES DE DROGAS.

De acuerdo con el informe de Naciones Unidas del 2007, entre la población de 15 y 64 años, existen unos 200 millones de consumidores de drogas, ya sea de base natural o sintética. Si se toma la población mundial en esa escala etaria, tal cifra representa casi el 0,6%, y si se considera la población total, corresponde a un 0,38%.

El incremento del consumo de drogas en la población joven del planeta es una derrota para las estrategias antidrogas. Foto AFP

Si observamos, la "cadena de valor" que involucra la producción, procesamiento, tráfico y uso de drogas, el dato es impresionante. El caso de la evolución del precio de la cocaína resulta elocuente: tomando el valor de la hoja de coca en el Alto Huallaga, Perú, pasando por el procesamiento, luego a México para su tráfico, y llegando a Nueva York, para su consumo como cocaína, la variación del precio es, según un reciente estudio de Cornelius Grauber, del 1,532%. Esto confirma que quiénes lucran más y dónde se obtienen las mayores ganancias con el negocio de la cocaína, son las mafias del tráfico ilícito de drogas.

De allí que sugerir como lo hacen supuestos especialistas, que quienes producen coca por ser pobres son un flagelo para la sociedad y un obstáculo para el desarrollo y la competitividad, es actuar malsanamente, con un razonamiento cuestionable propio del intelectual mediocre que esconde intereses subalternos o defiende estipendios espurios.

FRACASOS EN LA LUCHA CONTRA LOS CULTIVOS ILÍCITOS

Penoso. Si analizamos la erradicación de las plantaciones con fumigaciones utilizando el temible glifosato, según datos publicados por el Departamento de Estado de EE.UU., la conclusión es penosa. En 1990 se erradicaron, en América latina, 23,080 hectáreas de coca, amapola y marihuana; en 2006, el total erradicado de esos cultivos fue de 280,694 hectáreas. En 17 años, aproximadamente 20,316 kilómetros cuadrados de cultivos fueron destruidos.

Decepcionante. Si evaluamos el proceso de desplazamiento y expansión de cultivos ilícitos, el resultado es decepcionante. En el caso de la marihuana, Estados Unidos presionó a México, a mediados de los años 70, para que llevara a cabo una política más contundente. La llamada Operación Cóndor de la época se presentó como un éxito. En esa dirección, Washington demandó una práctica similar en Jamaica. Otro triunfo fue la Operación Bucanero. A fines de los 70, Colombia se convirtió en el principal productor de marihuana. Estados Unidos comenzó a exigirle que siguiera el procedimiento aplicado por mexicanos y jamaiquinos. Así ocurrió con la Operación Fulminante. En los ochenta, la potente variedad de marihuana sin semilla se comenzó a cultivar en Estados Unidos. En 1992, Colombia, México y Jamaica produjeron un total de 9,708 toneladas de marihuana y, en 2005, México tuvo una producción de 9,800. En 2006, Estados Unidos alcanzó la cifra de 10,000 toneladas y se transformó en el primer productor mundial de marihuana.

Represiva. Respecto de la coca el proceso fue similar. Washington exigió e impuso, en los años 70 y 80, a Bolivia, Colombia y Perú una política represiva. En 1992, el total de hectáreas cultivadas entre los tres países fue de 211,700 y, en 2007, fue de 218,500. En 13 años, el total de hectáreas cultivadas de coca se incrementó en aproximadamente un 2%, por lo que se reconfiguró el área respectiva de cada nación y se elevaron los plantíos en el país que tuvo la política más coercitiva: Colombia. Con la heroína sucedió lo mismo en México, Guatemala y Colombia. En 1992, México era el mayor productor de la región con 40 toneladas. En la última parte de los años 90, creció la producción en Colombia, que llegó a 75 toneladas en 1999. En la primera década del siglo XXI, la producción parece volver a concentrarse en la parte norte de América: en 2005 llegó a 75 toneladas, repartidas entre México (71) y Guatemala (4). Algo semejante a lo vivido en la región sucedió en el plano mundial con los opiáceos. El total de toneladas de heroína en Asia llegó, en 1992, a 3,349 (815 del Sudoeste y 2,534 del Sudeste) y, en 2006, alcanzó a 6,462 (6,138 del sudoeste de Asia y 324 del Sudeste). El caso más dramático es Afganistán: en 2001-en el último año de gobierno talibán- la producción de heroína fue de 74 toneladas; en 2006 -en el quinto año de ocupación estadounidense con su ‘coalición de voluntarios’- la producción de heroína fue de 6,100 toneladas.

También ha ocurrido lo mismo con las drogas sintéticas. Las presiones de Estados Unidos sobre los productores periféricos permitieron que hoy Holanda y Bélgica se convirtieran en los mayores productores mundiales de éxtasis. La droga de mayor peligro y de consumo ascendente en el siglo XXI.

EL NARCOTRÁFICO GANA LA BATALLA Y ENCUMBRA A LA CORRUPCIÓN.

Alarmante. Si se examina el fenómeno de las drogas desde una perspectiva organizativa, el corolario es alarmante. Las tácticas aplicadas para desmantelar los conglomerados mafiosos han generado organizaciones criminales más sofisticadas, influyentes, recursivas y virulentas. La criminalidad transnacional ya no constituye una clase emergente, sino que se ha transformado, en muchos casos, en una clase dominante. Hace unos años, el asunto del narcotráfico era un hecho criminológico; hoy es una cuestión sociológica: o se coexiste, con inestabilidad y violencia, con una nueva clase social criminal, o se la asimila y domestica, como sucedió en países como Estados Unidos entre los años 20 y 50, o se la desarticula (con un activo concurso de la sociedad civil) o esa nueva clase se torna hegemónica (como está ocurriendo en el plano local, provincial y regional de muchos países). No hay muchas más opciones.

La lucha contra las mafias de la droga ha sido seriamente jaqueada por la corrupción de las autoridades y agentes antidrogas. Foto Mininter

Desafortunado. Si se estudia la militarización de la lucha contra las drogas -la participación de las fuerzas armadas en labores básicamente policiales- el producto ha sido desafortunado. El efecto de la participación militar en las acciones antinarcóticos incidió negativamente en las relaciones cívico-militares, los derechos humanos y los grados de corrupción. El papel directo y activo de las fuerzas armadas en tareas de erradicación, interdicción y persecución no significaron un avance promisorio en la dirección de eliminar, o siquiera reducir, el fenómeno de las drogas (allí esta el ejemplo nefasto del primer gobierno aprista y del fujimontesinismo de los 90 en Perú). Cada cierto tiempo, según el país de turno, se anuncian triunfos trascendentales gracias al despliegue represivo militar: al cabo de algunos años, comparando las situaciones históricas y las existentes, se puede concluir que apenas se trataba de victorias pírricas.

En ese proceso, las fuerzas armadas, como corporación, se han vuelto adeptas a la ‘guerra contra las drogas’: se nutren de recursos internos y externos, ganan influencia doméstica y reciben el consentimiento y bendición de los Estados Unidos.

Ante esta penosa realidad, cabe preguntarse: ¿se justifica seguir con la fallida ‘guerra contra las drogas’ para superar un problema que bien podría enfrentarse con otra racionalidad? Los datos mundiales muestran que la prohibición de drogas ha resultado un fracaso, ha generado inestabilidad social y violencia al asociarse con el terrorismo, entre otros males. Sin embargo, nada parece detener la cruzada prohibicionista. La dificultad para terminar con la lógica de la ‘guerra contra las drogas’ proviene de un hecho cultural: en realidad se trata de un combate cultural a un problema con características sociales, económicas y políticas. Esto lleva, a su vez, a una pregunta esencial que debe hacerse al abordar el fenómeno de las drogas: quién gana más, quién se beneficia más con la permanencia de las actuales políticas antinarcóticos y quien enarbola sus pobres resultados.

Unos conscientemente, otros por exasperación y muchos por interés o desconocimiento exigen una estrategia más punitiva. Esto es un despropósito. Lo que el país necesita es abordar y resolver los problemas estructurales que permiten que el negocio de los narcóticos prospere y se expanda. El papel del Estado en este sentido es esencial. Mientras tanto, la sociedad debe informarse más y mejor sobre el tema y procurar la generación de coaliciones internas e internacionales propias e independientes sin el estribillo adormecedor, que ayuden a repensar las costosas e ineficientes políticas vigentes.

Decía Jorge Luis Borges en El jardín de senderos que se bifurcan: "Preveo que el hombre se resignará cada día a empresas más atroces; pronto no habrá sino guerreros y bandoleros". Ese presentimiento se hace efectivo cuando el prohibicionismo se impone nacional y globalmente, contra viento y marea.

EL CONFUSIONISMO MEDIATICO

En el día contra las drogas, la cuestionada ministra del interior Mercedes Cabanillas aseguró “Hoy día asistimos a la incineración de algo más de mil kilogramos que forman parte de 3 mil 500 kilogramos de droga que se ha incautado producto del trabajo de la dirección antidrogas, se saca del mercado y de la posibilidad del consumo una cantidad importante de drogas que hubieran llegado a mucha población en el Perú y el extranjero para dañar las células y el organismo de las personas”. “Por eso, tanto quienes producen las sustancias como quienes tienen una población consumidora, deben unirse para dar una dura batalla contra el tráfico ilícito de drogas”, agregó. Horas antes en el congreso de la republica Cabanillas por salvar su cargo embarró y humilló a la Dinoes al responsabilizarles por los funestos sucesos en Bagua el 05 de junio. Y en contraste absurdo, felicitó y puso en relieve el trabajo de la Dinandro, cuyo accionar en la incautación de cocaína no llega ni al 5% de la droga producida cada año en las 13 cuencas cocaleras.

La ministra del interior ha demostrado que el cargo es superior a sus facultades y a la poca honestidad que proyecta. Foto Mininter

En horas de la tarde del mismo día unas 800 personas (85% niños y jóvenes) desfilaron por algunas calles de Tingo María en el Alto Huallaga, buscando llamar la atención sobre el fracaso de los programas para controlar el consumo de drogas, por que según un último informe de Devida la última rueda del coche del plan antidrogas, el consumo de drogas en los alumnos de secundaria se incrementó en 251% en los últimos años. Fue una pena que no participaran en la marcha autoridades o funcionarios públicos, por que a los niños y jóvenes estudiantes entusiastas de varios centros educativos se sumaron los de la escuela prepolicial de la NAS, de una denominada Coalición comunitaria de Castillo Grande, de un centro de rehabilitación para drogadictos “Nueva Vida”, de la Defensoría del Pueblo y muy pocos pobladores o empresarios. Con lo que la hipocresía de quienes dicen luchar contra las drogas desde los medios de comunicación o sus escritorios pero no sirven para asumir compromisos públicos, quedó al descubierto una vez más.

EL PRESUNTO FRAUDE DEL INFORME SIMCI – ONUDD 2008

Se sostiene que el informe SIMCI 2008 tiene aroma a fraude por lo siguiente: en el informe 2007 del SIMCI el director de ONUDD Antonio María Costa afirmó “En el año 2007 el área cultivada con coca en Colombia aumentó el 27% con respecto al año 2006 para un total de 99,000 hectáreas. Sin embargo, la cantidad de cocaína producida permaneció relativamente estable en 600 toneladas métricas (en comparación con 610 producidas en 2006) debido a una importante reducción de la productividad de los cultivos de coca. Este brusco aumento en 2007 representa un serio y preocupante retroceso de las anteriores reducciones de la cantidad de área sembrada con coca: de 166,000 hectáreas en el año 2000 a cerca de la mitad en el año 2006. Si el aumento de este año es un caso aislado o es el comienzo del regreso a mayores áreas de cultivo en este país andino, es imposible de afirmar.”

Rómulo Pizarro de Devida y Flavio Mirella de ONUDD presentando informe SIMCI, complicada tarea con tan poca transparencia. Foto ONU

El informe provocó revuelo y enorme malestar en el gobierno colombiano, que rechazó las cifras y anunció que realizaría su propia medición y para el caso convocó a una licitación internacional para contratar una consultora, que hizo el trabajo paralelo a la consultora de la Onu y se presume que ambos resultados fueron promediados para dar con cifras que no representarían la realidad colombiana, en opinión de especialistas que coinciden en que durante el 2007 y 2008 las áreas de cultivo de coca se incrementaron en Colombia por el repunte del narcotráfico y por los problemas de estafas en financieras (Las Pirámides de inversión) que afectaron a decenas de miles de agricultores y empresarios que para recuperarse se dedicaron a cultivar coca.

Múltiples evidencias indican que la Onu habría negociado con los gobiernos de Uribe y Obama para favorecer al Plan Colombia que es duramente criticado por sus pobres resultados, al extremo que el Senado Norteamericano amenazó con recortar aún más los presupuestos para los siguientes años por serias denuncias por violaciones de derechos humanos y los escasos resultados obtenidos en la reducción de la cocaína y los cultivos de coca. De igual forma la serie de herramientas técnicas y parámetros estadísticos aplicados en el monitoreo y medición del cultivo no garantizan eficiencia y menos otorgan credibilidad a las cifras expuestas. Es necesario investigar el nivel de transparencia y eficiencia del informe SIMCI que tiene un fuerte impacto mediático debido a la condescendencia de medios y un sector de la prensa condescendiente.

Con información/reconocimiento a: La nación, El tiempo, TNI, Agencias, Simci-Onudd, Devida, Usaid, Macroconsult, Expreso de Guayaquil, El País de Colombia, La Prensa de Bolivia, BBC.

El complot del perro del hortelano y las fantasías de Alan García

Alan García asegura que es víctima de un complot de los perros del hortelano y los gobiernos de izquierda del continente, pero solo él y sus bufones creen en semejante tontería que pretende ubicar a la mayoría de peruanos que lo cuestiona como simples débiles mentales. Foto EFE

Parece que Alan García no ha aprendido nada de las consecuencias funestas de su “Perro del Hortelano”. El gran organizador de conflictos que llamó retrógradas a las comunidades, incapaces a los maestros, improductivos a los pueblos amazónicos, y otras tantas bellezas, sin medir que luego todas las normas de su gobierno iban a ser interpretadas como intentos autoritarios de arrebatar derechos a la gente y consolidar privilegios para la gran inversión, ahora repite el plato con un nuevo artículo con su firma, esta vez en el extremista (de derecha) diario “Expreso”, en el que afirma estar dirigiéndose “A la fe de la inmensa mayoría”, para que con esa fe que él dice que le tienen tomen en serio su teoría del complot.

Son diez puntos de está nueva fe de carbonero. Veamos cada uno de ellos para saber en lo que deberíamos creer, claro, si no somos antisistemas nosotros mismos:

Uno: El conflicto es continental y es una “guerra fría” (que todo el mundo daba por terminada). Debe ser, como se puede ver en los hechos de Honduras, donde los supuestos demócratas promueven un golpe de Estado con pura fuerza militar, para que no haya cambios constitucionales, reformas económicas o presidentes amigos de Hugo Chávez, con hondas repercusiones continentales. De hecho García está alineado internacionalmente con los que fracasaron en el golpe venezolano de 2002 y los que están empujando la caída de Zelaya. También con los que quieren dividir Bolivia, los que violaron la soberanía territorial de Ecuador y los que tratan de desestabilizar al presidente Correa, etc. Efectivamente, es una disputa continental y el gobierno peruano está situado en el lado más reaccionario. Y no es verdad que aquí unos son los intervencionistas y los otros los santos de la democracia.

Dos: El Perú ganó una batalla el 2006, pero la guerra continúa. Pero “el Perú” que ganó el 2006 era el de Lima y algunas zonas urbanas de la costa, contra todo el resto del país, toda la sierra, toda la selva y todo el sur (¿antisistemas?). Y para que García triunfe por tres puntos fueron necesarios los votos de todos los partidos tradicionales, el apoyo de todos los medios de comunicación y de todo el poder del Estado. Si, como dice el presidente, el país crece como nadie más en el mundo, baja la pobreza y nos hacemos más modernos, ¿por qué hay tanto descontento?, ¿somos tan brutos o es que los antisistemas usan técnicas de chamanes para convencer a los pobres?, ¿o es que al pobre García nadie le cree?

Tres: Son una minoría. De alguna manera García los ha contado y son 50 mil en todo el país. Una bicoca. Lo malo es que usan la televisión y los diarios para amplificar sus bloqueos y movilizaciones. Si la prensa no les hiciera caso no existirían. Recomendación para practicar el silenciamiento. Que alguien explique cómo 50 mil casi ganan el gobierno el 2006 y han hecho capitular al premier de Alan García.

Cuatro: La meta es el levantamiento general. Pero no van a tener resultado. O sea, nuevamente, si toman el puente, no les hagan caso para que no cunda el temor entre las mayorías que están con el sistema.

Cinco: La estrategia es acumular fuerzas en la primera mitad del gobierno y en la segunda, que ya empezó, precipitar la caída del régimen y elegir una Constituyente. Luego, durar lo más que se pueda e irse después de haber aumentado la pobreza. Aquí no hay reivindicaciones sociales válidas ni decisiones del gobierno que se rechazan, todo es pura estrategia.

Seis: La táctica es capturar instrumentos de decisión y comunicación. Los antisistema saben que no pueden ganar las elecciones ni tomar los cuarteles; por eso hacen blogs, azuzan a los comunicadores y se adueñan de la noticia. ¿Y cuál es la táctica de respuesta? ¿Tal vez usar a la Sunat? ¿Cerrar medios como radio La Voz de Bagua?

Siete: Son pocos, pero con aliados. Aquí habla de los políticos y candidatos en competencia que critican al gobierno. El ideal debería ser que nadie critique y le haga el juego a los antisistema.

Ocho: No pasarán.

Nueve: La inmensa mayoría debe quitarle a los antisistema el monopolio de la movilización. Recomendaciones: usar el teléfono y el Internet para defender el sistema, enviar cartas a los medios, exigir a parlamentarios y alcaldes más definición.

Diez: muchas cosas podrían ser más rápidas. Pero en el Perú sospechamos de todo (por ejemplo, creemos que los petroaudios son corrupción, cuando García les llama fanfarronadas) y por eso los funcionarios se demoran y toman sus precauciones. O sea, deberíamos tener menos control y regulación.

El país del perro del hortelano que organiza un complot.

Está provocando más violencia

El congresista suspendido Cayo Galindo opinó que el presidente Alan García, con su análisis de la realidad de nuestro país, agudiza la confrontación social pues incita a “un gran sector de la población que lo apoya” a movilizarse.

“García llama a la movilización de los que se benefician con su gobierno, escribe que hay una gran parte que está con él, pero que está quietita”, señaló Galindo y luego remarcó que el mandatario, en el texto publicado en el diario Expreso, no manifiesta autocríticas y por el contrario responsabiliza de la crisis de su gobierno a las autoridades regionales.

“El mandatario dice también que las protestas no tienen razón de ser y que todo marcha bien, pero entonces por qué el pueblo reclama, es porque sí hay un descontento social y él debe respetar los mecanismos de reclamo; no avalamos la violencia, pero el presidente genera la frustración del pueblo y pretende la movilización de quienes están con él, contra el pueblo que reclama por mejoras”, apuntó. Asimismo, Galindo dijo que la tesis de García, de la existencia de un complot extranjero contra la democracia, es sólo un intento por justificar su ineficiencia al frente del gobierno. “Es el colmo, porque el Presidente incluso menosprecia a la población, dice que no sabe apreciar sus logros. Definitivamente García no cree en su propia tesis, pero tiene que justificar las movilizaciones sociales y atribuirlas a la injerencia extranjera”, dijo.

Con información:
http://www.diariolaprimeraperu.com/online/noticia.php?IDnoticia=41240

HRW insta a Obama a manifestar a Uribe preocupación por la situación de los DDHH en Colombia

El presidente Barack Obama debería plantear preocupaciones por la grave situación de los derechos humanos en Colombia durante su primera reunión oficial con el Presidente de ese país, Álvaro Uribe, el 29 de junio de 2009, recomendó Human Rights Watch en una carta que se dio a conocer hoy.

carta de siete páginas, firmada por Kenneth Roth, director ejecutivo de Human Rights Watch, y enviada a Obama el 24 de junio de 2009, ofrece una descripción detallada de los antecedentes del gobierno de Uribe en relación con los derechos humanos e insta a Obama a que abandone la política de apoyo incondicional al gobierno colombiano que mantenía el gobierno de Bush. En particular, Human Rights Watch pidió a Obama que aclare que la ratificación del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Estados Unidos y Colombia, que actualmente se encuentra paralizado, y la continuidad del fuerte flujo de asistencia militar estadounidense dependerán del respeto que muestre el gobierno de Uribe por principios básicos de los derechos humanos, la democracia y el Estado de derecho.

"Le pedimos que se mantenga firme en su postura adoptada durante la campaña presidencial y que deje en claro que ... el apoyo de su gobierno al TLC dependerá de si los trabajadores de Colombia pueden ejercer sus derechos sin temor a ser asesinados", manifestó Roth en la carta.

"También lo instamos a que aclare que Estados Unidos exigirá el cumplimiento de las condiciones existentes de derechos humanos a las cuales está supeditada la ayuda militar".

La carta destaca varios problemas graves de derechos humanos y amenazas para la democracia en Colombia. Entre estos, se incluyen:

* Los recientes escándalos sobre prácticas generalizadas de vigilancia e interceptaciones ilícitas por el servicio de inteligencia nacional (el Departamento Administrativo de Seguridad o DAS), que depende directamente de Uribe. La vigilancia se concentró casi totalmente en figuras políticas de oposición, como el ex presidente César Gaviria, en los jueces de la Corte Suprema que investigaban la infiltración de las mafias paramilitares en el Congreso colombiano, y en periodistas, sindicatos y organizaciones de derechos humanos.

* Las reiteradas agresiones verbales y actos de intimidación contra sus opositores por parte de Uribe y algunos altos funcionarios del gobierno, quienes a menudo intentan vincular el trabajo legítimo llevado a cabo por defensores de los derechos humanos, periodistas o sindicatos con las brutal guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

* Los frecuentes asesinatos extrajudiciales de civiles atribuidos al Ejército colombiano, que hace poco fueron calificados por el Relator Especial de la ONU sobre Ejecuciones Extrajudiciales como "sistemáticos". La Fiscalía General de la Nación aparentemente estaría investigando numerosos casos que afectaron a más de 1,700 víctimas durante los últimos años. Uribe se niega a reconocer la magnitud del problema.

* La violencia continua contra sindicalistas, y la impunidad por estos delitos. Colombia registra el mayor número de asesinatos de sindicalistas de todo el mundo. Según datos obtenidos por la Escuela Nacional Sindical (ENS), más de 2,700 sindicalistas habrían sido asesinados desde 1986. La ENS registró 49 asesinatos de este tipo durante 2008, lo cual supone un incremento respecto de los 39 documentados en 2007. Hasta mediados de junio de este año, registró 20 asesinatos. El 96 por ciento de los asesinatos están impunes.

* El incremento en la actividad de nuevos grupos armados vinculados con los paramilitares, a pesar de su supuesta desmovilización. Los nuevos grupos aplican métodos similares a los de los antiguos paramilitares, y recurren a amenazas, asesinatos selectivos y al desplazamiento forzado de civiles. En parte debido a esto, se ha registrado un incremento de ciertos abusos, como el desplazamiento forzado. El año pasado, más de 380,000 personas fueron desplazadas dentro del país. La violencia en la ciudad de Medellín también escaló abruptamente, en gran medida como resultado de las actividades de nuevos grupos.

La carta destacó que las instituciones de justicia desempeñan un rol fundamental en la investigación y desarticulación de los grupos paramilitares. Tal como ha sido documentado por Human Rights Watch en informes anteriores, Uribe ha tomado medidas en reiteradas oportunidades que podrían frustrar las investigaciones acerca de la influencia de los paramilitares en el sistema político.

"Esperamos que también aproveche esta oportunidad para expresar al Presidente Uribe la importancia de actuar de conformidad con los principios básicos democráticos y de derechos humanos, incluido el respeto por la separación de poderes y el papel de la sociedad civil", señaló Roth en la carta.

Tomado de:
http://elmercuriodigital.es/content/view/20124/1/

Los desbalances patrimoniales del matrimonio Alan García-Pilar Nores



Departamento de García Pérez en la Rue de la Faisanderie

La figura e imagen pública de la señora Pilar Nores es más bien opaca y de perfil bajo. Aunque a veces sorprende metiéndose en temas en los que esta perdida como cuy en tómbola.

Esta opacidad y ese perfil bajo provienen tanto de una decisión personal de cultivarla así, cuanto de su cercanía a Alan García Pérez, que como es notorio tiene dos adicciones irreprimibles: al dinero mal habido y al más procaz de los exhibicionismos.

García necesita de las cámaras y micrófonos como un morfinómano la morfina. Sus torbellinos verbales, su cilíndrica figura eclipsan la de su esposa Pilar, quien muy espaciadamente tiene algún protagonismo mediático como en esta ocasión al comentar los hechos de Bagua.

Cuando ella aparece lo hace con una imagen beatífica y dulzona, la de una mujer ingenua e incapaz de hacer algo vedado. Siempre elegante, comedida y fashion.

¿Pero es tan cierto esto de su incapacidad para participar en actos y hechos reñidos con la moral?

Aproximémonos un tanto a su persona.

Pilar Nores es una mujer preparada y profesional. Se trata de una persona que ha realizado exitosamente estudios en reputados centros académicos.

Hija del Rector de la célebre Universidad de Córdoba –donde nació la Reforma Universitaria– Pilar Nores estudió y culminó allí la carrera de Economía.

Luego decidió perfeccionarse profesionalmente nada menos que en Francia, donde realizó estudios de postgrado en la Universidad de París.

Claro, el estudiar en La Sorbona tampoco es garantía de nada: Mario Poggi y Alan García pasaron algún tiempo allí...

Pero en fin, la señora Pilar Nores, es claro, está muy por encima de ese prototipo de abnegada mujer que es una simple ama de casa, dedicada a las labores domésticas y a la crianza de los hijos.

Las comparaciones son odiosas pero a veces necesarias.

La señora Trinidad Becerra de Montesinos encaja mejor en el perfil del ama de casa. La señora Eliane Karp es más bien parecida a Pilar Nores.

¿Adonde apunta nuestro análisis?

A una idea muy sencilla:

Una mujer profesional, inteligente y culta, podrá estar desligada de las labores domésticas y hasta cierto punto de la crianza de los hijos, pero no se le escapa, es imposible que se le escape, una noción de las finanzas de su propio hogar.

Cualquier mujer tiene una noción básica de cosas tan prosaicas pero vitales como:

– Cuánto dinero ingresa mensualmente al hogar para cubrir los gastos.
– Cuánto dinero se gasta para pagar vivienda, alimentarse, vestirse, culturizarse, divertirse, amén de agua, luz y teléfono.

Esto es obvio y elemental excepto, claro está, en los casos excéntricos de las esposas de gente como Bill Gates, Henry Ford, George Soros, Nelson Rockefeller, Pablo Escobar, Silvio Berlusconi o Carlos Slim.

Para el resto de mujeres de los que no son billonarios, siempre existe una noción y un monitoreo de la economía doméstica.

Volvamos a Pilar Nores y ahora hagámonos algunas preguntas elementales:

Hemos visto que la señora no sólo no es una caída del palto, sino que cuenta con altas calificaciones profesionales nada menos que en Economía.

A una persona de ese nivel educativo ¿podría escapársele que es imposible acumular ingentes propiedades tales como:

– Una fastuosa residencia en el barrio más elegante de París, que a la vez es una de las ciudades más caras del planeta?

– Una mansión en la exclusivísima zona de Chacarilla del Estanque?

– Una lujosa casa de playa en el exclusivo balneario de Naplo, con embarcadero de yates?

– Una hermosa casa de playa en Los Pulpos?

– Sábe Dios cuantas cosas más?

Todo esto con el único ingreso del sueldo del presidente de la república del Perú que asciende a 5,000 dólares mensuales.

¡Ahhh! Cuando uno hace un breve inventario de las posesiones de García Pérez y Nores inevitablemente vuelven como oscuras golondrinas las odiosas comparaciones.

Víctor Raúl Haya de la Torre nunca fue dueño de cosas materiales; sus únicas propiedades fueron su ropa y sus libros...

Peor aún que a la señora Nores no le haya llamado la atención esto, habida cuenta que el hacedor de este milagro de multiplicación del dinero debería destinar importantes sumas a la alimentación, vestido, educación, diversiones, movilidad y medicinas, de nada menos que cinco vástagos.

Y estos vástagos no discurrían sus vidas en los baratos poblados de Amotape, Tamarindo o Cerro Mocho, sino en el –como diría un paisano piurano– mismísimo corazón de Europa, en la carísima y opulenta ciudad de París.

No podemos siquiera imaginar que la siempre elegante, comedida y educadísima señora Nores de García no se le haya ocurrido siquiera preguntarse:

– ¿Cómo así todo esto con apenas 5,000 dólares al mes por todo ingreso?

– ¿Que finanzas son éstas?

– ¿ Y cómo lo hace?

– ¿Y cuál es el negocio?

O también:

¿Porqué Alan cuando compra nuestra regia vivienda parisina y la registra a nombre de una sociedad formada por él y yo, y no, como corresponde, a nombre del matrimonio García-Nores?

Más aún:

– ¿Para qué él y yo creamos una misteriosa Fundación en el paraiso financiero de Liechtestein, entes usados generalmente para guardar dineros en cantidades industriales?

– ¿No habrá sospechado, deducido, inferido, supuesto o sospechado que allí había algo raro, turbio y sucio la profesional en Ciencias Económicas Pilar Nores?

Mmm... Difícil creer en santidades a estas alturas del partido, por más carita de mosquita muerta que se gaste.

Tomado de:
http://cavb.blogspot.com/

martes, 23 de junio de 2009

Desborde Social en Perú: Alan García en la encrucijada.

(1) Los campesinos de Canchis esperan al premier. (2) Los mineros exigen soluciones.

Se disparan precios

Los bloqueos en la Carretera Central rumbo a La Oroya y Huancayo motivaron que las empresas de transporte interprovincial incrementen el costo de los pasajes hasta en un 200%, aduciendo el uso de rutas alternas. En el terminal de Yerbateros, cientos de pasajeros mostraron su asombro. La nueva ruta consiste en ir hasta Huancavelica y de allí hacia Huancayo, pasando por San Clemente, Rubichacra y Santa Inés por lo que emplean el doble de horas para llegar a destino.

Hoy parte a Andahuaylas y llega a Sicuani miércoles. Cusco sitiado por campesinos de Canchis. Andahuaylas, plaza tomada. Mineros toman carretera en La Oroya contra la Doe Run. CGTP confirma nueva Jornada Nacional de Lucha para el 8 de julio.

El bombero viajero del desgastado gabinete ministerial, Yehude Simon, viajará hoy a Andahuaylas y luego a Sicuani, a tratar de apagar los fuegos del descontento que tiende a convertirse en convulsión social –que insiste en atribuir a una supuesta conjura extremista-. Si bien ha adelantado su viaje, otra vez llegará con retraso, cuando las protestas del sur han crecido hasta estar a punto de desbordarse y, mantienen paralizada a Andahuaylas y virtualmente cercado al Cusco, donde los campesinos de Canchis estuvieron a punto de tomar el aeropuerto, custodiado por tropas del Ejército.

Y no sólo es el sur, pues, la Carretera Central fue bloqueada por los mineros de Doe Run en La Oroya, en protesta porque la empresa no cumple sus promesas y el Estado no hace nada para ponerla en su lugar y cautelar los intereses del país y los trabajadores.

Ante las protestas sociales que viven Andahuaylas y Cusco, Simon viajará hoy a la ciudad de Andahuaylas, Apurímac; y mañana seguirá a la localidad cusqueña de Sicuani, Cusco, para dialogar con sus pobladores y evitar que se suscite otra tragedia como la de Bagua, como advirtieron dirigentes campesinos que puede ocurrir si persiste la desatención oficial.

Miles de pobladores de Canchis y otras provincias llegaron ayer a Cusco, coreando frases como "si no hay solución, no hay Inti Raymi", con el objetivo que el gobierno atienda sus reclamos. Por ello, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) informó que a las 07:30 horas del miércoles, el presidente del Consejo de Ministros partirá del Cusco a la ciudad de Sicuani, donde también dialogará sobre el rechazo del campesinado a la Ley de Recursos Hídricos, las concesiones mineras y la construcción de la hidroeléctrica Salca-Pucará.

Al respecto, el presidente de la Asamblea Regional Cusqueña, Efraín Yépez, en diálogo con LA PRIMERA, dijo que la decisión del premier fue oportuna e importante porque la fiesta del Inti Raymi congrega miles de turistas cada 24 de junio e influye en la economía del país y los cusqueños. Acotó que los campesinos tuvieron que apelar a la presión para ser atendidos.

El presidente del Gobierno Regional de Cusco, Hugo Gonzales, ante la total ausencia del Ejecutivo y cuando los campesinos de Canchis habían entrado al Cusco y amagaban sobre el aeropuerto –donde pudo ocurrir un sangriento enfrentamiento- dialogó con ellos, comprometió el apoyo de su administración a sus demandas y luego aseguró que la fiesta del Inti Raymi y las actividades conexas se desarrollarán con normalidad.

Detalló que se reunió con Alejo Valdez, presidente del Comité de Lucha de Canchis, luego de que los manifestantes llegaron a Cusco hacia el mediodía y permanecieron en el Óvalo Pachacútec, aunque intentaron ingresar al aeropuerto, de lo que fueron disuadidos mediante el diálogo.

Agregó que si el pueblo de Canchis no desea la construcción de la hidroeléctrica Salcca Pucara, no se realizará la obra, pese a que ello significa perder una inversión de 350 millones de dólares. El dirigente de los campesinos de Canchis, Valeriano Ccama, confirmó el diálogo y demandó la libertad de algunos manifestantes para dar la tregua y esperar al premier, por lo cual advirtió que “el Inti Raymi aún sigue en riesgo”.

Andahuaylas espera

De otro lado, en Andahuaylas, Eugenio Allcca Díaz, representante del Frente de Comunidades Campesinas, rechazó las afirmaciones del gobierno y la prensa oficialista que pretenden vincular la protesta con grupos violentistas y negó la intervención de partidos políticos en el financiamiento de las movilizaciones. “Ciertos medios de comunicación quieren desacreditar nuestra marcha pacífica. Todos nos trasladamos por nuestros propios medios”, dijo, acotando que no aceptarán la intervención de nadie que no sea el presidente del Consejo de Ministros, y harán respetar, hasta el final, su plataforma de lucha.

Simon partirá hoy a las 08:30 horas de Lima a la ciudad apurimeña y dialogará sobre la carretera Ayacucho-Andahuaylas-Abancay, una de las exigencias centrales del paro general así como sobre la Ley de Recursos Hídricos, también rechazada por los andahuaylinos. Mientras tanto, miles de pobladores aguardan la llegada del premier, reunidos en la Feria Dominical a orillas del río Chumbao.

Mineros cierran vía de ingreso a Lima

Más de tres mil trabajadores de la empresa Doe Run Perú iniciaron un paro indefinido en la madrugada de ayer en La Oroya, con el bloqueo total de carretera debido al desinterés de la empresa para resolver las demandas sindicales. La protesta fue acordada tras la asamblea de delegados y cuenta con total respaldo de la población.

El bloqueo de la vía se dio 8 kilómetros antes y 8 después del ingreso a La Oroya, por lo que cientos de vehículos acabaron varados, mientras que los negocios así como las entidades públicas y privadas fueron cerrados en respaldo a la movilización. La medida de fuerza obedece al anuncio de cierre de las instalaciones de la fundición y la refinería de metales. El sindicato de Doe Run y los pobladores de La Oroya rechazan también la propuesta de la empresa de pagar el 50% de las remuneraciones de los trabajadores, pues el sindicato demanda que sea del 80%, por la “licencia” que les darán, de 90 días.

Como se recuerda, la compañía paralizó a principios de mes toda su producción, cuatro meses después que los bancos le cortaron los créditos para sus operaciones a causa de la crisis mundial. Luego anunció que iba a cesar a sus empleados por 90 días, decisión que propició el paro. El secretario general del sindicato de trabajadores metalúrgicos de Doe Run, Roberto Guzmán, pidió la intervención del Estado para la inmediata reactivación de la empresa.

“Todos los ingresos están bloqueados. Responsabilizamos a la minera por las consecuencias que puedan traer las protestas”, afirmó César Gutiérrez, alcalde de la provincia de Yauli – La Oroya.

Gobierno

Los manifestantes se encuentran en el kilómetro 48 en Corcona. Son tres puntos de la vía que están bloqueados, en las salidas a Lima, Huancayo y Chanchamayo, a la espera de que los pedidos sean resueltos mientras la Policía de Carreteras trataba de persuadir a los mineros para que despejen la vía. “Hacemos un llamado al gobierno y las autoridades de la minera para que eviten la represión. Exigimos el cumplimiento de los acuerdos”, señaló Washington García, secretario general del sindicato de Doe Run.

Carlos Herrera, decano del Colegio de Ingenieros del Perú, señaló que las medidas referentes a Doe Run se debieron tomar hace mucho tiempo y expresó que “se debe aplicar la ley, el Estado no puede seguir permitiendo que la empresa haga lo que quiera”.

Ante esta situación, el gobierno dijo que no tiene planes para intervenir a la minera Doe Run como solución para salvarla del colapso financiero, tal como reclaman sus trabajadores. “Una intervención del gobierno sería muy complicada en términos de responsabilidades y consecuencias financieras, porque es muy probable que, ante una situación como ésta, lo que tendríamos son reclamos internacionales", señaló el ministro de Energía y Minas, Pedro Sánchez, lo que puede convulsionar más la situación.

Confirman Jornada Nacional de Lucha

La Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) convocó a una Jornada Nacional de Lucha para el 8 de julio, pidiendo el cese de la persecución emprendida por el gobierno contra dirigentes sociales y políticos, sobre todo indígenas, así como solución de las demandas laborales y sociales de diferentes sectores a nivel nacional, informó ayer Moisés Vega, secretario de organización de la central.

Una Asamblea General de Delegados acordó la nueva medida de protesta, en lugar del Paro Nacional que había sido acordado en apoyo solidario a la lucha de los pueblos originarios de la Amazonía.

Vega dijo a LA PRIMERA que otro punto de los acuerdos tomados es el reclamo de renuncia de todo el gabinete ministerial presidido por Yehude Simon, a quien las organizaciones sociales consideran responsable de la crisis que vivió el país en las últimas semanas, y de la masacre de Bagua, en la que murieron, al menos, 34 personas.

Sobre las protestas en el sur andino, Vega señaló que responden a pedidos de los gremios agrarios, aún no resueltos por el Ejecutivo, por lo que las centrales del campo persisten en su decisión de convocar una huelga para los días 7, 8 y 9 de julio.

Mineros

Luis Castillo, secretario general de la Federación Minera, informó a LA PRIMERA que su gremio estará presente en la Jornada Nacional de Lucha de la CGTP y a la vez anunció que a fines de mes realizará una asamblea de emergencia en La Oroya.

Agregó que en la reunión plenaria los mineros debatirán nuevas medidas de protesta por la demora del Congreso para aprobar la Ley de Jubilación Minera, que ya obtuvo un voto aprobatorio en primera instancia, pero está frenada por un pedido de reconsideración del congresista Rafael Yamashiro (UN).

Angie Lineth Villarroel
Víctor Cachay

Tomado de:
http://www.diariolaprimeraperu.com/online/noticia.php?IDnoticia=40929

‘La Esperanza’ y el parque industrial del Alto Huallaga.

Los niños de la Esperanza en ceremonia por el 29 aniversario, fiel expresión de la tranquilidad de este y otros caseríos. Foto Grupo Prensa verde

El 24 de junio de 2008, en presencia de autoridades provinciales y regionales, fue colocada la primera piedra de lo que se espera sea en un futuro cercano, el parque industrial de la provincia de Leoncio Prado, ubicado en el Distrito de José Crespo Castillo, centro poblado Pueblo Nuevo, caserío La Esperanza.

El caserío la Esperanza tuvo su origen en la invasión de tierras del Fundo Saipai en 1978 y se concretó como tal un 15 de junio de 1980. Fue uno de los cientos de caseríos afectados por la violencia desde 1982 en el Alto Huallaga. Los fundadores son: Pedro Quiroz, Oriol Salvador, Alejandro Salas, José Salas, Gregorio Laguna, Nemecio Canduelas, César Mejía, Luis Alegría, Julio Magallanes, Lorenzo Magallanes y otros más.

El 15 de junio de 2009 cumplió 29 años de creación y tiene algunos avances, pero también múltiples necesidades, por ejemplo no cuenta con agua, desagüe y energía eléctrica, menos una posta médica. Tiene un centro educativo primario con 36 alumnos. En la ceremonia de aniversario don José Magallanes López y sus directivos hicieron una remembranza de las gestiones que realizaron los pobladores y dirigentes, lo que permitió el crecimiento y la organización del caserío al punto que hoy espera con ansias que el Gobierno Regional Huánuco concrete el parque industrial para lo cual ellos donaron 40 hectáreas de terreno, cuyos documentos luego del saneamiento físico y legal serán entregados en los próximos días al presidente regional Jorge Espinoza, según anuncio efectuado por el alcalde del Centro Poblado Pueblo Nuevo, Abel Arce Córdova.

Autoridades asumen compromisos por mayor desarrollo para su caserío. Foto Grupo Prensa Verde

En cuanto a los efectos de la violencia, el presidente de los Afectados y víctimas Isaac Quispe Atocsa dio a conocer que el gobierno a través de la CMAN ha destinado presupuestos para la ejecución de varias obras por reparaciones por un monto de cien mil soles cada obra, que se ejecutan desde el 2007 y esperaba que ello constituya el inicio en la atención a sus demandas por lograr las reparaciones individuales.

Elenit Soto López, una niña de siete años sin piernas ni pies, demuestra temple para enfrentar la vida, cursa en segundo grado en el centro educativo de La Esperanza, precisa de una silla de ruedas y ayuda para seguir estudiando. Foto Grupo Prensa verde

Sobre el parque industrial y su concreción por parte del gobierno regional, no hay información precisa por tanto no existe la seguridad que se defina en el corto plazo. Revisado el Plan de Inversiones del 2009 al 2011 ubicamos: Promoción del cultivo de la Palma aceitera en Pueblo Nuevo y Anda con un monto de 13 millones 200 mil de soles y Habilitación, acondicionamiento y construcción del parque industrial Huanuco con un monto de 13 millones 100 mil, pero no se especifica si se trata del parque industrial de Pueblo Nuevo-La Esperanza o de un parque industrial en la ciudad de Huánuco.

Niños el futuro del Huallaga participan en las actividades de aniversario, con danzas. Foto Grupo Prensa Verde.

En cuanto a la estabilidad social, el hecho que se enarbole la bandera nacional y se entone el himno nacional con total libertad y sin los temores de antaño, es una prueba que los hechos de violencia como el sucedido recientemente en el caserío Wiracocha ubicado a pocos kilómetros de La Esperanza, sean aislados y que no tienen incidencia en la actividades y la tranquilidad de la población que se muestra animada en conseguir mayor desarrollo en los próximos años.

Moisés Tolentino Nolasco, teniente gobernador de Wiracocha dio cuenta que sus caserío adolece de los servicios elementales y luego de esperar muchos años, obtuvieron 100 mil soles para la obra de agua por gravedad del fondo de reparaciones colectivas y si bien aún no cuentan con estudios definitivo esta seguro que ese presupuesto será insuficiente, y que esperan una asignación adicional de la municipalidad de José Crespo Castillo.

Banda de músicos del colegio Pueblo Nuevo, eficiente participación. Foto GPV.

Las autoridades, comunales, distritales, provincial, regional y nacional, tienen el gran reto por hacer realidad el parque industrial como un polo de desarrollo de la agricultura y otras actividades económicas, en el distrito de José Crespo Castillo, provincia de Leoncio Prado.

Perú - La sangre fluye en el Amazonas

A principios de junio el presidente peruano Alan García, aliado de Barack Obama presidente de EEUU, envió blindados de transporte, helicópteros con artillería, cientos de buques fuertemente armados, y tropas de asalto para dispersar una manifestación pacífica y legal, una protesta organizada por los miembros de las comunidades indígenas de la Amazonía del Perú que rechazaban la entrada de multinacionales mineras en sus tierras tradicionales.

Decenas de indígenas fueron asesinados o están desaparecidos, decenas han sido heridos y detenidos por la policía peruana, mantenidos como rehenes. El presidente García declaró la ley marcial en la región a fin de hacer cumplir su mandato unilateral e inconstitucional de concesión de derechos de explotación de la minería a empresas extranjeras, lo que viola la integridad de las tierras comunales de los indígenas amazónicos.

Alan García no es extraño a las matanzas patrocinadas por el gobierno. En junio de 1986, ordenó a los militares bombardear a los prisioneros hacinados en las cárceles de la capital con cientos de presos políticos que protestaban contra las condiciones de su encierro , resultando más de 400 las víctimas conocidas. Más tarde, la existencia de siniestras fosas comunes reveló decenas más. Esta notoria masacre tuvo lugar mientras García era el anfitrión de una reunión en Lima de la denominada "Internacional Socialista Internacional". Su partido político, el APRA (Alianza Popular Revolucionaria Americana), un miembro de la «Internacional», se vio ante la vergüenza de la exhibición pública de sus tendencias "nacional-socialistas", ante cientos de funcionarios del Partido Socialdemócrata Europeo. Acusado en 1990 de apropiación indebida de fondos del gobierno y dejar su cargo con una tasa de inflación de casi 8.000%, acepto apoyar a candidato presidencial Alberto Fujimori a cambio de una amnistía. Cuando Fujimori impuso una dictadura de en 1992, García se auto-exilió en Colombia y más tarde en Francia. Regresó en 2001, cuando los cargos en su contra habían prescripto y Fujimori se vio obligado a renunciar en medio de acusaciones de crear escuadrones de la muerte y espionaje contra sus adversarios. García ganó las elecciones presidenciales de 2006 en una segunda vuelta contra el candidato indigenista y nacionalista ex oficial del Ejército Ollanta Humala, gracias al apoyo financiero y a los medios de comunicación de la derecha de Lima, los oligarcas descendientes de europeos, y las agencias de "ayuda" de EE.UU.

Ya en el poder, García no dejó dudas acerca de su programa político y económico. En octubre de 2007 anunció su estrategia de colocar a las multinacionales mineras en el centro de su programa económico de "desarrollo", mientras justificaba el brutal desplazamiento de los pequeños productores de las tierras comunales y pueblos indígenas en el nombre de "modernización".

García presionó al Congreso para aceptar el ALCA promovido por EEUU. Perú fue uno de tres únicos países de América Latina en apoyar esa propuesta de los EE.UU., y se abrió al saqueo sin precedentes de recursos, mano de obra, tierra y mercados por las multinacionales. A finales de 2007, García empezó a conceder enormes extensiones de tierras tradicionales de los indígenas en la región del Amazonas para la explotación de la minería y la energía a multinacionales extranjeras. Esto fue una violación del acuerdo de la OIT de 1969 que obliga al gobierno peruano a consultar y negociar con los indígenas lo que tenga que ver con la explotación de sus tierras y ríos. Bajo su política de "puertas abiertas", el sector de la minería de la economía se expandió rápidamente y obtuvo enormes ganancias a partir del récord mundial de precios de productos básicos y aumento de la demanda de materias primas por parte de Asia (China). Las empresas multinacionales fueron atraídas por la baja de impuestos y un prácticamente libre acceso al agua con cánones baratos y la subvención del gobierno a las tarifas de electricidad. La suspensión de los reglamentos ambientales en estas regiones ecológicamente frágiles, aumenta la contaminación de los ríos, aguas subterráneas, el aire y el suelo en los alrededores de las comunidades indígenas. El envenenamiento provocado por las operaciones mineras, llevó a la muerte en masa de peces y hacen que el agua no sea apta para beber. El diezmado de bosques tropicales socava el sustento de decenas de miles de pobladores que participan en el trabajo artesanal tradicional de subsistencia, en la recolección forestal y las actividades agrícolas.

Los beneficios de la bonanza de la minería van principalmente a las empresas extranjeras. El régimen de García distribuye los ingresos del Estado a sus partidarios financieros y especuladores inmobiliarios, los importadores de artículos de lujo y la camarilla política en la Lima fuertemente custodiada de barrios residenciales y clubes exclusivos. Mientras los márgenes de beneficio de las multinacionales llegan a un increíble 50% y los ingresos del gobierno superan los mil millones de dólares, las comunidades indígenas carecen de caminos pavimentados, agua potable, servicios básicos de salud y escuelas. Peor aún, han experimentado un rápido deterioro de su vida cotidiana porque la afluencia de capital minero provocó un aumento de los precios de los alimentos básicos y medicinas. Incluso el Banco Mundial en su Informe Anual para 2008 y el Financial Times de Londres, instaron al régimen de García a hacer frente a la crisis y el descontento creciente entre las comunidades indígenas. Delegaciones de las comunidades indígenas habían viajado a la ciudad de Lima para tratar de establecer un diálogo con el Presidente a fin de evitar la degradación de sus tierras y comunidades. Los delegados se encontraron con las puertas cerradas. García sostuvo que "el progreso y la modernidad proviene de las grandes inversiones realizadas por las multinacionales..., (y no) los pobres campesinos que no tienen un centavo para invertir ". Interpretó los llamamientos al diálogo pacífico como un signo de debilidad de los habitantes indígenas de la Amazonia y aumentó las sus concesiones de explotación a las multinacionales extranjeras, incluso más adentro en el Amazonas. Cortó prácticamente toda posibilidad de diálogo y compromiso con las comunidades indígenas.

La respuesta de las comunidades indígenas amazónicos fue la formación de la Asociación Inter-étnica para el Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP). Se celebraron protestas públicas por más de 7 semanas que culminaron en el bloqueo de dos carreteras transnacionales. Esto enfureció a García, quien se refirió a los manifestantes como "salvajes y bárbaros" y envió unidades policiales y militares para reprimir la acción de masas. Lo que García no tuvo en cuenta fue el hecho de que una proporción significativa de los hombres indígenas en esas aldeas se había desempeñado como conscriptos en el ejército que peleó en la guerra de 1995 contra Ecuador, mientras que otros habían sido entrenados en la defensa de la autonomía local por las organizaciones de la comunidad. Estos veteranos combatientes no se dejaron intimidar por el terror del Estado y su resistencia ante los primeros ataques de la policía resultó en bajas de ambos bandos, la policía y los indígenas. García declaró "la guerra a los salvajes" y envió una gran fuerza militar con helicópteros, blindados y tropas con órdenes de "tirar a matar". Los activistas de la AIDESEP cuentan más de un centenar de muertos entre los manifestantes indígenas y de sus familias: los indios fueron asesinados en las calles, en sus hogares y lugares de trabajo. Se cree que los restos de muchas víctimas han sido arrojados en las quebradas y ríos.

Conclusión

Como era previsible el régimen de Obama no emitió ni una sola palabra de preocupación o de protesta ante una de las peores masacres de civiles en esta década perpetrada por uno de sus más cercanos aliados en América Latina. García, tomando su libreto de una conversación con el Embajador de los EE.UU., acusó a Venezuela y Bolivia de haber instigado el "levantamiento indígena", citando como "prueba" una carta de apoyo que el presidente de Bolivia Evo Morales envió a una conferencia intercontinental de las comunidades indígenas celebrada en Lima en mayo. Se impuso la ley marcial y toda la región amazónica del Perú está siendo militarizada. Están prohibidas las reuniones y los miembros de las familias tienen prohibida hasta la búsqueda de sus parientes desaparecidos.

A lo largo de América Latina, las principales organizaciones indígenas han expresado su solidaridad con los movimientos indígenas del Perú. En ese país, los movimientos sociales, sindicatos y grupos de derechos humanos han organizado una huelga general para el 11 de junio. Temiendo la propagación de las protestas masivas, El Comercio, el diario conservador de Lima, aconsejó a García adoptar algunas medidas de conciliación para evitar un levantamiento urbano generalizado. Un día antes, el 10 de junio, se declaró una tregua, pero las organizaciones indígenas se negaron a poner fin al bloqueo de las carreteras a menos que el gobierno derogue su decreto de concesión ilegal de tierras.

En el ínterin, un extraño silencio se cierne sobre la Casa Blanca. Nuestro Presidente, el habitualmente bullanguero Obama, experto en recitados acerca de la diversidad y la tolerancia y alabar la paz y la justicia, no puede encontrar en su secuencia de frases preparadas, una sola para condenar la matanza de decenas de habitantes indígenas de la Amazonía peruana. Cuando se cometen graves violaciones a los derechos humanos en América Latina, EE.UU. respalda a un presidente- cliente que sigue las fórmulas de Washington de "libre comercio", desregulación de la protección del medio ambiente y hostilidad hacia los países anti-imperialistas (Venezuela, Bolivia y Ecuador). Obama está a favor de la complicidad, no de la condena.

* James Petras es profesor emérito de sociología en la universidad de Binghamton (N.Y.). Intelectual emblemático de la izquierda estadounidense; miembro de la conferencia ‘antiimperialista’ Axis for Peace (Red Voltaire)

Tomado de:
http://elmercuriodigital.es/content/view/19865/103/

Discriminación y xenofobia prácticas comunes en el orbe

Regiones del planeta aún son asediadas por el desprecio y la violación de los derechos humanos mediante prácticas, conductas y leyes discriminatorias y xenófobas, señaló el presidente de la Comisión Nacional de Los Derechos Humanos de México (CNDH) José Luis Soberanes Fernández, en la inauguración de la exposición fotográfica "Víctimas del Holocausto. Testimonio de un artista a las puertas del infierno: liberación de los campos de Auschwitz y Majdanek".

Soberanes destacó la necesidad de que los gobiernos garanticen el respeto a las normas emanadas de varios órganos internacionales, informó NOTIMEX. El ombudsman nacional indicó que "la igualdad y la no discriminación son los ejes del derecho internacional de los derechos humanos". El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) indicó que son un concepto irreversible y un principio que no está en duda, pues su fundamento estriba en las características esenciales de todo ser humano.

En ese sentido, aseguró que la CNDH divulgará las lecciones sombrías de la historia para no repetirlas, reforzar la conciencia social de las nuevas generaciones y mejorar las actitudes encaminadas a erradicar la intolerancia.

Soberanes Fernández consideró que el holocausto es la ofensa más grave cometida contra la vida y la dignidad del ser humano. "Es un hecho sin precedente en la historia de la humanidad; nos horroriza recordarlo tanto como constatar que aún hay fanáticos que niegan su existencia", señaló.

A su vez, el embajador de Israel en México, Yosef Livne, comentó que pocos son los actos que han impactado tanto la humanidad como el holocausto, episodio oscuro en la historia humana que no puede repetirse.

"Lamentablemente la humanidad aún no esta inmunizada, porque hace 70 años el silencio del mundo permitió el holocausto", agregó.

Tomado de:
http://elmercuriodigital.es/content/view/19898/1/

Colombia: rechazan ley sobre víctimas

Alvaro Uribe.

La Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley para indemnizar a las víctimas de más de medio siglo de violencia política en Colombia, que según la oposición y ONG discrimina a los afectados por el Estado exigiéndoles mayores requisitos para la reparación.

Sin discusión previa, la iniciativa fue avalada el martes por la mayoría oficialista en último debate, tras lo cual será sometida a conciliación debido a que el Senado aprobó antes un texto que equiparaba a las víctimas del Estado con las de guerrilleros izquierdistas y paramilitares de ultraderecha.

El proyecto aprobado en la Cámara incluyó una propuesta del gobierno del presidente Alvaro Uribe, según la cual la reparación para víctimas de agentes oficiales sólo procederá cuando haya condena previa.

Otro agregado del Ejecutivo señala que la reparación se hace con criterio de ''solidaridad'' y no por ''responsabilidad''. ''Lo que hizo el gobierno fue una salvajada con las víctimas'', expresó el representante liberal (opositor) Guillermo Rivera, impulsor de la ley.

En su opinión, en la postura oficial hay consideraciones ``políticas e ideológicas''.

Rivera cuenta que durante el trámite un grupo de congresistas, incluido él mismo, se reunió con Uribe para tratar el tema y éste admitió que reparar a las víctimas del Estado por vía administrativa, sin sentencia previa, ``acabaría con la moral de la tropa''.

''Nos dijo que los propósitos de la seguridad democrática se iban a ver lesionados'', añadió, en referencia al proyecto bandera del gobierno, que plantea la derrota militar de la guerrilla.

Por su parte, el ministro de Interior y Justicia, Fabio Valencia, se defendió indicando que la ley logra un ''equilibrio'' entre la legislación interna y el respeto a los estándares internacionales, con ``viabilidad fiscal''.

Sin embargo, Rivera enfatizó que la norma viola una resolución de las Organización de Naciones Unidas, que establece que toda víctima tiene derecho a reparación más allá de que su verdugo ``haya sido identificado, procesado o condenado''.

De hecho, agencias de las Naciones Unidas en Colombia cuestionaron la iniciativa el pasado noviembre, señalando que impone ''requisitos más graves'' a los afectados por agentes oficiales, y advirtieron de consecuencias internacionales.

Iván Cepeda, líder de una asociación de víctimas del Estado, anunció que presentará una demanda contra el proyecto ante la Corte Constitucional si no se corrige.

''Desconoce los derechos de las víctimas, viola el principio de igualdad, excluye la restitución de tierras y desfigura el concepto de la reparación al darle carácter asistencialista'', argumentó.

''Están más interesados en dejar los crímenes en la impunidad'', añadió, aludiendo a otro proyecto, aprobado en último debate, que suspendería acciones penales contra irregulares y narcotraficantes que cooperen con la justicia. La iniciativa de reparación establece que los afectados tendrán dos años para acreditarse, aunque el plazo podrá ser prorrogado, y beneficiará a unos cuatro millones de familiares, para lo cual se requieren $10,000 millones.

''Es la continuación de la impunidad'', manifestó Esperanza Marchán, cuyo esposo, Eduardo Avila, un dirigente cívico, fue asesinado presuntamente por la policía en octubre del 2000, sin que hasta el momento haya inculpados.

Asimismo, Esperanza Marchán considera que el proyecto 'evictimiza' a muchos, al exigirles a los parientes poner demandas, pagar abogados y demostrar la culpabilidad de los victimarios, algunos en ejercicio de sus funciones y ante quienes quedarían expuestos.

Tomado de:
http://elmercuriodigital.es/content/view/19898/1/

miércoles, 17 de junio de 2009

Conflicto amazónico es el nuevo ‘Frontón’ de Alan García

La disputa con los indígenas ha puesto en tela de juicio el manejo de crisis de su gabinete y la gobernabilidad en Perú. El manejo del tema fuera de las fronteras podría abrir otra grieta en su administración.

Los días felices del mandatario quedaron atrás. Hoy los movimientos sociales se han levantado como la voz crítica a su gestión.

Santiago. Alan García vive quizás los días más complejos de su administración. El reciente conflicto con rebeldes indígenas por la explotación de la Amazonía dejó un saldo 30 muertos la semana recién pasada y la sensación de que el Gobierno muestra fisuras que podrían profundizarse en la medida que surjan nuevas crisis en el corto plazo.

Precisamente las falencias en el manejo de crisis del Gobierno han quedado al descubierto tras el anuncio de la derogación de los decretos 1090 y 1064. Antes de eso se sucedieron una seguidilla de decisiones erróneas que terminaron por debilitar al gabinete tras la renuncia de la ministra de la Mujer y Desarrollo Social, Carmen Vildoso y el reciente anuncio de Yehude Simon, quien informó que dejará el cargo de primer ministro en las próximas semanas.

Gobernabilidad en tela de juicio. Fue el mismo Simon quien defendió el actuar del gobierno en el conflicto, puntualmente la decisión de enviar a policías a reprimir a los manifestantes, y que ocasionó un baño de sangre en la región Yurimaguas. Al mismo tiempo, Alan García señalaba que no aceptaría presiones ni chantajes. “Es importante escuchar opiniones pero el país no debe en ningún caso ceder a chantajes ni a posiciones de fuerza", dijo el mandatario. "Un país que está marchando bien, si se deja vencer por pequeños grupos que no representan lo más avanzado en el país, entonces es un país que está condenando a detenerse o a retroceder", agregó.

Un día más tarde el Congreso dio un duro golpe al Ejecutivo al anunciar que se congelaban los decretos que permitían la explotación de zonas amazónicas en el país, para realizar “sustanciales modificaciones" a las normas, en consenso con los grupos indígenas, quitando el piso político a la decisión del Gobierno.

Golpes desde el exterior. Casi en paralelo Honduras anunciaba que daría asilo político a Alberto Pizango, uno de los líderes del movimiento indígena y que el Gobierno peruano sindicaba como agitador y responsable de los enfrentamientos en Yurimaguas.

Desde La Paz también se sumaron los ataques. Evo Morales reaccionó ante acusaciones que lo vinculaban con las protestan indígenas. Alan García, optó por acusar -sin mencionar- la injerencia de Venezuela y Bolivia directamente. "¿A quién le conviene, hay que preguntarse, el que Perú no utilice su gas, a quién le conviene que el Perú no encuentre más petróleo, a quién le conviene que el Perú no pueda explotar más y mejor sus minerales? Sabemos a quiénes les conviene. Lo importante es establecer los nexos en estas redes internacionales que ahora han surgido para fomentar el desorden", declaró.
La respuesta del presidente boliviano fue inmediata rechazando las acusaciones y agregando que las protestas eran una "gran lección" para entender las demandas ambientales de los pueblos originarios. "No es posible que nuevamente los más vilipendiados de la historia latinoamericana sean humillados, como hemos visto en los últimos días en algunas regiones de Latinoamérica".

La última decisión del Gobierno peruano fue llamar en consulta a su embajador en Bolivia, lo que sugiere un nuevo quiebre en las relaciones entre Lima y La Paz, sazonada por las declaraciones del canciller peruano, José Antonio García Belaunde, quien defendió el calificativo de "enemigo" de su país que le dio al presidente boliviano.

"Si durante tres años el presidente Morales no hace sino atacar al Perú no puedo llamarlo de otra forma, ¿no?", dijo García Belaunde.

A dos años de que Alan García deje el poder los días felices del mandatario comienzan a ser oscurecidos por los movimientos sociales, dejando en claro que las favorables cifras económicas del país no han logrado acallar a sectores que aún se sienten ajenos al despegue prometido previo a la crisis.

Por Pablo Jamett, en Santiago de Chile y agencias.

Tomado de:
http://www.americaeconomia.com/288293-Conflicto-amazonico-golpea-a-Alan-Garcia.note.aspx

Las Mentiras de Keiko Fujimori.

La hija del ex dictador sigue mintiendo sobre cómo financió sus estudios. La venta de la casa de los Fujimori es falsa.

Keiko Fujimori, convertida en el eslabón menor de la mafia fujimontesinista. Foto La República

El ex dictador reconoció el 14 de diciembre de 1993 no haber poseído ningún bien antes de casarse. Declaró haber recibido de su entonces esposa Susana US$ 12 mil, producto de la venta de un camión; US$ 8 mil, producto de la venta de un tractor; US$ 100 mil en efectivo entregado por Koshiro Higuchi a su hija Susana; otros US$ 125 mil en efectivo destinados a la campaña electoral de 1990; US$ 6 mil, producto de la venta de un tractor; US$ 12 mil 500, producto de la venta una camioneta; US$ 8 mil, producto de la venta de una camioneta; US$ 27 mil, producto de la venta de 3 vehículos, y otros US$ 8 mil, producto de la venta de acciones de la reencauchadora El Sol S.A.

El matrimonio Fujimori-Higuchi nunca tuvo un fondo de 400 mil dólares, supuestamente ahorrado desde antes que llegaran al poder y destinado a pagar los estudios de sus hijos en costosísimas universidades privadas de Estados Unidos, como ha argumentado Keiko Fujimori en su último intento de hacer creer que su educación superior fue costeada con dinero lícito.

Este diario tuvo acceso a una inédita lista de bienes de la pareja, escrita por Vladimiro Montesinos en 1993, año en que Higuchi le exigió a Fujimori la devolución del dinero que ella le prestó, en efectivo y producto de la venta de algunos inmuebles, desde el inicio de su matrimonio el 17 de julio de 1974, hasta algunos meses después de que Fujimori fuera elegido Presidente de la República. En aquella relación de bienes no aparece ningún fondo de dinero.

Según Alberto Bautista, ex abogado de Higuchi en el juicio que ella le hizo a Fujimori por la devolución de sus bienes, “tal fondo no existía, Fujimori no tenía dinero, todas las propiedades que poseían eran de Susana, él no pudo haber pagado los estudios de sus hijos”.

En total poseían siete propiedades ubicadas en los distritos de La Victoria y San Borja, todas eran de Susana. De ambos era el Fundo Pampa Bonita, ubicado en Sayán. Mientras Fujimori era dueño de la conocida casa de la calle Pinerolo 181, en el distrito de Surco.

Bautista hace otra precisión: “la adquisición de la casa de Pinerolo la inició Alberto cuando era soltero, pero cuando se casa, Susana termina de pagar el lote, incluso ella construye con su plata lo que hay allí”, es decir, el ex dictador nunca tuvo el dinero suficiente para pagar los estudios de sus hijos.

Casa lechera

Keiko Fujimori sostuvo también que la venta de esa casa en Pinerolo sirvió para pagar parte de sus estudios. Sobre este tema existen pruebas de que el ex dictador y su entonces asesor Montesinos tramaron en 1998 la venta ficticia de la propiedad con la finalidad de encubrir el verdadero origen del dinero con el cual pagó la educación de sus hijos.

Fujimori le vendió su casa supuestamente a la empresa Ingenieros Edificadores S.A. (Ingedsa), que pagó por el inmueble US$ 650 mil, pese a que su capital de conformación era de tan sólo 58 mil soles. Pero, según denunció el ex congresista Javier Diez Canseco el domingo último en el programa El Perro del Hortelano, el verdadero comprador de la casa era Vito Rodríguez Banda, titular de la empresa Jorge Rodríguez Banda S.A. (Jorbsa) y uno de los dueños del Grupo Gloria S. A.

De acuerdo al Informe final de la Comisión Parlamentaria Investigadora de los Delitos Económicos Cometidos entre los años 1990 al 2000, que presidió Diez Canseco, la empresa Ingedsa recurrió a Vito Rodríguez para pedirle un préstamo y Rodríguez les giró desde el BBVA del Gran Caimán dos avales por 650 mil dólares cada uno, con los que consiguieron el préstamo bancario por las mismas sumas, uno para comprar la casa y el otro para desarrollar allí un proyecto inmobiliario.

Luego, la empresa Ingedsa no pagó la deuda al banco y Rodríguez pagó el 50% de la misma y renegoció el resto de la deuda, con lo cual la casa de Fujimori pasó a ser enteramente de su propiedad.

Tomado de:
http://www.diariolaprimeraperu.com/online/noticia.php?IDnoticia=40564

La verdad de la guerra sucia en Colombia.

En un país que se desangra por décadas, constatar que el terrorismo de Estado es el causante de la tragedia de miles de familias, es deplorable. Foto el País

A puerta cerrada y bajo el mayor sigilo, el Ministerio de Defensa de Colombia aprobó en noviembre del 2005 una directiva mediante la cual el gobierno le puso precio a la cabeza de comandantes, lugartenientes y cabos rasos de los grupos armados irregulares.


A partir de esa fecha, de acuerdo con el documento obtenido por El Nuevo Herald, se pagarían millones de dólares en recompensas por "la captura o el abatimiento en combate'' de miembros de organizaciones al margen de la ley, así como por la incautación de armas, pertrechos y hasta caballos de la insurgencia.

El Gobierno colombiano sostiene que el programa secreto sirvió para la captura de altos mandos de las guerrilleras Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Pero en un país bajo un sangriento conflicto civil y con uno de los índices de violencia más altos del mundo, están surgiendo testimonios e indicios de que la directiva podría haberse convertido en un fatal aliciente para algunos militares, que se dedicaron a matar civiles inocentes a fin de cobrar las recompensas, presentándolos como guerrilleros muertos en combate.

Estas ejecuciones, conocidas como "falsos positivos'', constituyen hoy el escándalo de violación de derechos humanos más escabroso de los últimos años en Colombia, un país ya agobiado por una prolongada y sangrienta guerra civil.

Según las estadísticas de la Fiscalía General de la Nación, este organismo investiga 1,855 asesinatos de civiles ajenos al conflicto que fueron interceptados, secuestrados y en algunos casos drogados por "reclutadores'', intermediarios de los militares.

Luego, según los testimonios aportados a los expedientes de la fiscalía, habrían sido ejecutados por miembros de las fuerzas armadas. Algunos de los muertos aparecieron con uniformes de las FARC intactos, sin agujeros de disparos.

La creciente cifra de falsos positivos ha provocado una alarma internacional.

Philipe Alston, relator especial de Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, se encuentra esta semana en Bogotá recaudando testimonios y otras pruebas sobre la práctica que se extendió por casi todo el país.

Entre las víctimas se encuentran niños de 14 a 16 años, retrasados mentales, un indigente que trabajaba como mimo/estatua en el centro de la ciudad de Neiva, drogadictos y hasta un soldado del mismo ejército. En algunas de las casas de los ejecutados visitadas por El Nuevo Herald sus padres aún hoy exhiben los diplomas del servicio militar.

Aladino Ríos, un campesino del pueblo de Palestina, en el departamento del Huila, relató a El Nuevo Herald paso a paso cómo se salvó de haber sido ejecutado por sus captores, a quienes describió como un grupo de militares de la 9na. Brigada del ejército.

Ríos perdió sus testículos por una ráfaga que le dispararon los militares cuando escapaba.

En su casa de los cerros de Soacha, una populosa ciudad al sur de Bogotá, Blanca Nubia Monroy se llenó de rabia cuando contó a los reporteros de El Nuevo Herald cómo varios miembros de su familia habían dedicado su vida al ejército, incluyendo un hermano que fue muerto por la guerrilla.

"Todo esto para que ahora ese mismo ejército me entregue el cadáver de mi hijo con un reporte falso de que murió como guerrilero de las FARC'', dijo Monroy. "Le di un hermano a este país, lo mató la guerrilla, y ahora ellos me quitan, me matan un hijo sin razón''.

Hasta el día antes de ser supuestamente dados de baja en cruentos combates, los jóvenes se preparaban para trabajar o estaban en sus pueblos, bailando o jugando billar.

En uno de los casos denunciados, un campesino víctima de la ejecución fue reconocido por un tío suyo, perteneciente al ejército, en el momento en que otros militares de su batallón lo enterraban como combatiente anónimo de las FARC en un cementerio cercano al municipio Puente de Oro, en el departamento del Meta.

EL ORIGEN DEL DINERO

Colombia es el país que recibe más fondos de Estados Unidos en el hemisferio occidental, y aunque no existen evidencias de que las recompensas pagadas a civiles o militares por falsos positivos provengan de fondos del gobierno estadounidense, algunas de las unidades presuntamente involucradas en los asesinatos han recibido dinero y entrenamiento de Washington, según un informe del 2007 de Amnistía Internacional y la organización Fellowship on Reconciliation, con sede en Nyack, New York.


De hecho, en una de las disposiciones de la Directiva ministerial permanente #29 se estipula que los fondos para pagar las recompensas saldrán en parte de la ayuda internacional y serán manejados por las unidades de inteligencia.

El contralor general de Colombia, Julio César Turbay Quintero, explicó a El Nuevo Herald que en una auditoría que su oficina realizó este año a los batallones señalados de la ejecución de falsos positivos, no se encontraron pruebas de pagos con fondos extranjeros, aunque advirtió que el acceso que sus investigadores tienen a los gastos reservados del Ministerio de Defensa es muy limitado.

"Es difícil establecer [el origen del dinero] porque tenemos limitaciones para ir a la fuente; solamente estamos autorizados por la ley a revisar los documentos suministrados por las fuerzas militares'', dijo Turbay.

MEDIDAS Y RECOMPENSAS

Frente a la crisis de los falsos positivos, el Gobierno del presidente Alvaro Uribe ha tomado algunas medidas que, no obstante, han sido criticadas por tardías y por no tener consecuencias legales.

En noviembre del año pasado, el comandante del ejército, general Mario Montoya, y 17 altos oficiales, renunciaron en medio de los primeros indicios del escándalo que había sido sistemáticamente negado por el Gobierno.

Sólo algunos de los oficiales han sido investigados judicialmente. Otros han sido ‘‘recompensados'', como lo denunció en marzo pasado el senador demócrata por Vermont, Patrick Leahy.

"El general Montoya renunció bajo presión debido al escándalo de los falsos positivos y fue castigado, como siempre ocurre en Colombia, nombrándosele embajador'', afirmó Leahy, quien sigue de cerca la situación del país sudamericano.

Actual embajador en República Dominicana, Montoya es señalado por activistas de derechos humanos como el promotor de una política de "conteo de cadáveres'' que generalizó en las Fuerzas Armadas la necesidad de mostrar resultados basándose excesivamente en las estadísticas de bajas del enemigo.

Montoya ha preferido no referirse al tema con los medios de comunicación y no está disponible para comentarios. El Gobierno ha admitido que existieron los falsos positivos pero que algunos abogados y organizaciones han exagerado el número de casos.

En enero de este año, el entonces ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, aseguró que el gobierno está dispuesto a luchar contra los falsos positivos hasta el final.

"Aquí hay una decisión clara y contundente del Presidente y de los altos mandos para erradicar de raíz el tema de los llamados falsos positivos'', dijo.

Uribe ha defendido el plan de recompensas. En noviembre pasado, durante un consejo comunitario en el departamento de Antioquia, relató que sus colaboradores lo llamaron preocupados por la discusión que había surgido en torno al plan de las recompensas y los falsos positivos.

"Les dije: ‘Vean, ¿cómo vamos a poner ahora en duda algo bien útil, que ha sido la política de recompensas?' '', comentó Uribe. "Ayer pude explicar: la política de recompensas no es para la Fuerza Pública [. . .] se paga recompensa a los civiles que con su información le permitan a la Fuerza Pública tener eficacia en las acciones contra los criminales''.

En mayo pasado Uribe pidió claridad en las estadísticas.

"El Gobierno tiene que ser tan firme para evitar, sancionar y buscar la sanción de los falsos positivos, como para denunciar las falsas denuncias que tanto daño le hacen a esta Política de Seguridad Democrática'', afirmó Uribe durante la sexta rendición de cuentas sobre derechos humanos, una periódica reunión gubernamental.

Firmada por el entonces ministro de Defensa, Camilo Ospina Bernal, la directiva ha sido citada por críticos y activistas de derechos humanos como un posible detonador de los falsos positivos.

Desde soldados que reconocen que recibieron vacaciones como premio a sus acciones, hasta el actual fiscal general de la Nación, Mario Iguarán, han planteado serios interrogantes.

"¿No será que el afán por el positivo y las ansias por las recompensas que permitían acciones en contra están generando estos graves y oscuros procesos?", se preguntó Iguarán el pasado noviembre cuando estalló el primer escándalo de los falsos positivos. A partir de la lectura de la directiva, agregó, "puede hacerse una interpretación que lleva a la delincuencia''.

El congresista opositor Gustavo Petro no descarta que la directiva "pudo haber determinado en buena parte que centenares de jóvenes fueran asesinados como inocentes a través de desapariciones forzadas''.

ESTADISTICAS SUSPICACES


Quizás el pasaje más palpable de los estragos de la política de recompensas dentro del ejército quedó plasmado en una declaración del sargento Alexander Rodríguez ante la Procuraduría General de la Nación en enero del 2008.

El sargento declaró que siendo miembro de la 15ta. Brigada Móvil, acantonada en la ciudad de Ocaña, departamento del Norte de Santander, limítrofe con Venezuela, fue testigo de homicidios de inocentes cometidos por militares para hacerlos pasar como bajas en combate.

Entre sus declaraciones denunció que, en noviembre del 2007, un "sargento Ordóñez'' ordenó que cada soldado bajo su mando aportara $10 para contribuir a comprar una pistola de reglamento que habían utilizado para colocársela a un hombre al que habían matado, para hacerlo pasar por guerrillero.

Todos pagaron para "legalizar'' el muerto como "baja en combate'' porque sabían que ‘‘nos daban cinco días de descanso por cada muerto'', declaró Ordóñez.

Un análisis de las estadísticas también despierta suspicacias.

En una carta que el Procurador General de la Nación envió en noviembre del 2007 a Santos, entonces ministro de Defensa, el funcionario afirmó que los fusilamientos atribuidos a las fuerzas del orden habían aumentado a partir del 2005, fecha en que fue aprobada la directiva secreta.

De 200 casos conocidos para ese año por el organismo investigador, la cifra subió al año siguiente a 274; y en lo que iba del 2007 el día de la carta, sumaban 252.
La directiva, conocida en su totalidad por El Nuevo Herald, ofrece $2.5 millones por los máximos cabecillas que, sin ser del más alto rango, "son públicamente reconocidos por sus atrocidades en su accionar contra la población''.

En un segundo nivel, se pagan uno $900,000 por los cabecillas de grupos responsables de planificar y coordinar el mayor número de acciones terroristas.

Si el muerto, adicionalmente, lleva un fusil, el precio de la recompensa fijado en la directiva sube en $500. Por una granada de mano: $50. Si viste un pantalón y una camisa de uso militar, se suman $10 por cada uno. Y si, acaso, el cadáver tiene una ametralladora Punto 50, son $1,500 más.

Asimismo, la directiva contempla 245 objetos, desde la captura de una guadañadora eléctrica para cortar césped ($15) hasta un caballo ($5), pasando por una cámara fotográfica digital ($100) o una mira telescópica para carabina ($35).

La captura o muerte del terrorista debe hacerse con base en "información recolectada en forma previa, posterior o con información hipotética de inteligencia y/o contrainteligencia, lo mismo que el prontuario o antecedentes delictivos de los sujetos reportados''.

Dado que la disposición ministerial es secreta, en ninguna instancia del Gobierno se dan explicaciones sobre su aplicación. Unicamente se sabe que la directiva está vigente porque así lo confirmó hace varias semanas Santos, antes de dejar el Ministerio de Defensa.

Otro tipo de recompensas por bajas en combate se concede en forma de días de descanso para los militares. Varias organizaciones que investigan el tema de los falsos positivos sostienen que los muertos durante supuestos combates aumentan considerablemente en vísperas de fechas como Navidad, Año Nuevo, Semana Santa y Día de la Madre.

DISCULPAS OFRECIDAS

El pasado 10 de junio, el Comandante General de las Fuerzas Militares y ministro de Defensa encargado, general Freddy Padilla de León, presentó en Bogotá un informe sobre el avance de 15 disposiciones adoptadas para tratar de frenar las ejecuciones extrajudiciales.

Padilla, quien ya le ha ofrecido disculpas al país por esos homicidios, estuvo acompañado por el viceministro de Defensa, Sergio Jaramillo, y los inspectores de las fuerzas armadas.

"Quiero decirles a los colombianos que marchen con tranquilidad, que los efectos positivos de los ajustes que estamos realizando son para bien de nuestro esfuerzo operacional, un esfuerzo con transparencia y eficiencia'', dijo Padilla.

Jaramillo, por su parte, advirtió que a pesar de todos los controles que puedan adoptarse para garantizar el respeto de los derechos humanos, nunca podrán decir que no volverá a pasar otra vez un caso similar.

"Pero lo que sí podemos decir es que cuando ocurran estaremos ahí, inmediatamente, investigando'', señaló Jaramillo.

Tomado de:
http://www.elnuevoherald.com/noticias/septimo_dia/v-fullstory/story/474396.html

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