domingo, 30 de agosto de 2009

Cumbre de Unasur no complicó a Colombia, pero lo dejó solo con sus bases militares USA.

Por Judith Gómez Colley, enviada especial a Bariloche, Argentina.

Cumbre. Al término del encuentro extraordinario de la Unasur, sólo nueve de los once mandatarios permanecían en Bariloche, Argentina. Alan García (Perú) y Tabaré Vásquez (Uruguay) abandonaron luego de más de seis horas de una discusión programada para tres. AP / El País

Documento final del encuentro no hizo alusión a las bases militares y sí convocó a luchar contra el narcoterrorismo.

A pesar de los tensos momentos que tuvo que sortear y de las arremetidas de algunos de sus colegas, que debió soportar, al final el presidente de Colombia, Álvaro Uribe, salió bien librado de la cumbre de jefes de Estado de Unasur, celebrada ayer en Bariloche (Argentina).

En efecto, el mandatario colombiano no sólo logró que en el documento final, aprobado por consenso, no se hiciera ninguna mención explicita del acuerdo de seguridad suscrito con Estados Unidos-- que fue lo que originó el encuentro -- sino que además consiguió que en varios puntos del documento quedara consignada la necesidad de que los países miembros de Unasur cooperen activamente en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo.

Como si fuera poco, Uribe impuso el criterio de que el asunto de la utilización de bases colombianas por parte de tropas norteamericanas es una decisión soberana de Colombia y consiguió que en el documento final de la reunión se consignara la obligación de los integrantes de Unasur de respetar “los principios de irrestricto respeto a la soberanía, integridad e inviolabilidad territorial y no injerencia en los asuntos internos de los Estados”.

En el documento no quedaron plasmadas propuestas, como la que formuló el presidente boliviano Evo Morales, de que se rechazara expresamente la presencia de tropas extranjeras en Suramérica. En lugar de ello, el punto cuarto de la declaración se limita a “reafirmar que la presencia de fuerzas militares extranjeras no puede, con sus medios y recursos vinculados a objetivos propios, amenazar la soberanía e integridad de cualquier nación sudamericana y en consecuencia la paz y seguridad de la región”.

Tampoco se consignó en esa declaración el planteamiento del presidente peruano Alan García, de que se autorizara a una comisión de Unasur a visitar las bases colombianas, para verificar que no estaban siendo operadas por personal estadounidense. A cambio de esa propuesta, el punto cinco del documento dispone “instruir al Consejo Sudamericano de Defensa, para que analice el texto sobre “Estrategia Sudamericana. Libro Blanco, Comando de Movilidad Aérea (AMC)” (presentado por el presidente Hugo Chávez como la prueba de la pretensión de Estados Unidos de utilizar las bases colombianas para su política bélica global) y realice una verificación de la situación en las fronteras y eleve los estudios resultantes al Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno.

"Nosotros (Partido Liberal) seguiremos apoyando al Presidente en esa tarea, él es el jefe de las relaciones diplomáticas. Hay que preservar el acuerdo de cooperación, mientras al tiempo se construye un clima de confianza con América del Sur”. César Gaviria, ex presidente de Colombia. "Obviamente el diálogo fue muy cordial, me parece que se aclararon muchos puntos. Todavía faltan muchos otros, sobre todo en lo que tiene que ver con el acuerdo. Colombia debe asegurarle a la región que no será una amenaza para la región”. Ernesto Samper, ex presidente de Colombia. "Colombia salió bien librada.

Uribe expuso tranquilamente su posición frente al tema de las bases militares. Colombia ganó porque no cedió terreno y explicó en lo que consistía el acuerdo”. Jairo Clopatofsky, senador del Partido de la U. "Creo que (el presidente Álvaro Uribe) se desgastó inútilmente al no haber acudido a la cita en Quito (Ecuador) y al haber hecho una gira muda, que hoy se comprobó que era innecesaria”. Jairo Libreros, politólogo.

En lo que más recaba la declaración suscrita por los mandatarios (puntos 2, 4 y 6) es en la necesidad de que Unasur afine los mecanismos de lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, que precisamente era la intención del presidente Uribe cuando decidió asistir a la cumbre.

El documento aprobado por el pleno de la Unasur

Las conclusiones finales de la cumbre fueron las siguientes:

1. Fortalecer a Suramérica como zona de paz, comprometiéndonos a establecer un mecanismo de confianza mutua en materia de defensa y seguridad, sosteniendo nuestra decisión de abstenernos de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial de otro estado de la Unasur.

2. Reafirmar nuestro compromiso de fortalecer la lucha y cooperación contra el terrorismo y la delincuencia transnacional organizada y sus delitos conexos: el narcotráfico, el tráfico de armas pequeñas y ligeras, así como el rechazo a la presencia o acción de grupos armados al margen de la ley.

3. Reafirmar que la presencia de fuerzas militares extranjeras no puede, con sus medios y recursos vinculados a objetivos propios, amenazar la soberanía e integridad de cualquier nación suramericana y, en consecuencia, la paz y seguridad de la región.

4. Instruir a sus cancilleres y ministros de Defensa a celebrar una reunión extraordinaria, durante la primera quincena de septiembre, para que en pos de una mayor transparencia diseñen medidas de fomento de la confianza y de la seguridad de manera complementaria a los instrumentos existentes en el marco de la OEA, incluyendo mecanismos concretos de implementación y garantías para todos los países aplicables a los acuerdos existentes con países de la región y extra regionales; así como al tráfico ilegal de armas, al narcotráfico y al terrorismo, de conformidad con la legislación de cada país. Estos mecanismos deberán contemplar los principios de irrestricto respeto a la soberanía, integridad e inviolabilidad territorial y no injerencia en los asuntos internos de los Estados.

5. Instruir al Consejo Sudamericano de Defensa, para que analice el texto sobre Estrategia Suramericana. Libro Blanco, Comando de Movilidad Aérea (AMC) y realice una verificación de la situación en las fronteras y eleve los estudios resultantes al Consejo de Jefes de Estado y de Gobierno, a fin de considerar cursos de acción a seguir.

6. Instruir al Consejo Sudamericano de Lucha contra el Narcotráfico que elabore en forma urgente su Estatuto y un Plan de Acción con el objeto de definir una estrategia de lucha contra el tráfico ilícito de drogas y de fortalecimiento de la cooperación entre los organismos especializados de nuestros países.

¿Cómo le fue a Uribe en la Cumbre?

• Rodrigo Pardo

En esta cumbre se reiteraron las tendencias de las últimas semanas: las relaciones con Ecuador mostraron mejoría, pero con Venezuela se están deteriorando. A Colombia le va mejor en escenarios como la OEA donde están Estados Unidos y sus aliados más cercanos. Como se esperaba, el tema de las bases militares no quedó agotado en esta reunión.

• Vicente Torrijos

Aunque pudo ser peor, la situación fue francamente deprimente. El presidente Uribe fue con las manos atadas a someterse a un juicio público, sin ninguna necesidad. Colombia tiene que, desde ya, trabajar para cuando la Presidencia de Unasur la asuman Brasil, Chile y Argentina. En ese momento el escenario le será más favorable que en la actualidad.

• Enrique Serrano

A Colombia le fue relativamente bien: sus motivos fueron entendidos por los presidentes más importantes de Unasur: Brasil, Argentina y Chile. Las amenazas de Venezuela y Ecuador no pasaron de ser exageraciones. Colombia tiene que normalizar sus relaciones con la región aunque algunos países se mantienen en una especie de ‘guerra fría retórica’.

• Armando Borrero

Colombia la sacó barata: no hubo condena, únicamente llamados a que se den garantías de seguridad para la región y compromisos de informar en qué consiste el acuerdo. Lula y Correa estuvieron muy conciliadores y Chávez no fue el botafuegos que se esperaba. La cumbre fue positiva para Colombia aunque Unasur es un organismo muy débil.

• Alejo Vargas

Fue una reunión muy positiva. Colombia reafirmó su soberanía frente a sus alianzas militares, el presidente Uribe fue muy conciliador al aceptar que Unasur analizara los alcances del acuerdo con Estados Unidos y otros temas de seguridad. Colombia ganó al distensionar las relaciones con Ecuador. Pero me parece que la gran ganadora fue la integración latinoamericana.

Tomado de:
http://www.elpais.com.co/paisonline/notas/Agosto292009/inter1.html

CIA en aprietos por informe de torturas

EL GOBIERNO DE Estados Unidos reveló ayer un documento con las torturas cometidas contra presuntos terroristas durante el mandato de Bush. También creó un grupo especial para hacerse cargo de los interrogatorios y abrió expediente a una docena de casos.

Carmen Gutiérrez Remolina

El Departamento de Justicia de E.U. reveló ayer un informe, por orden judicial, en el que se revelan las torturas a las que fueron sometidos presuntos terroristas de Al-Qaeda durante interrogatorios en la administración de George W. Bush.

Entre los abusos cometidos por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) se menciona coacción con pistola y taladro eléctrico, privación de alimentos, sueño y simulacros de fusilamiento.

Según el documento, redactado por la Inspección General de la agencia en el 2004, a Khalid Sheikh Mohammed, acusado de ser el cerebro de los ataques del 11 de septiembre de 2001, lo amenazaron con matar a sus dos hijos y a otro presunto terrorista le aseguraron que violarían a su madre en su presencia.

Grupo élite para interrogar

Antes de que el informe fuera revelado, el gobierno de Barack Obama anunció la creación de un grupo especial que se dedicará a la interrogación de presuntos terroristas.

El secretario de Justicia de E.U., Eric Holder, informó que el equipo estará conformado por funcionarios de agencias policiales, de agencias de inteligencia y del Departamento de Defensa y que será supervisado directamente por la Casa Blanca. Además, tendrá su oficina en la sede principal del FBI en Washington.

Para Luis Guillermo Patiño, docente de Ciencias Políticas de la UPB, con esta decisión Obama está tratando de remediar algunas de las inconsistencias y fallas de la pasada administración.

"Hace parte de la política de transparencia de derechos humanos que desde que estaba en campaña ha promovido. Él busca recuperar la credibilidad hacia E.U. como un país que respeta los derechos fundamentales sin importar a quien se está procesando o quien está en la cárcel", afirmó el analista.

12 casos bajo lupa

Ayer mismo, Holder también ordenó que se investiguen una docena de casos en los que empleados y ex funcionarios de la CIA pudieron haber incurrido en prácticas de tortura durante los interrogatorios a sospechosos de terrorismo.

El Fiscal tomó la decisión basado en las recomendaciones que le hizo la oficina de ética de este Departamento y puso las investigaciones a cargo del fiscal general de Connecticut, John Durham, quien deberá decidir si algún agente debe ser procesado.

"Me doy cuenta totalmente que mi decisión de comenzar está revisión preliminar será controvertida", expresó Holder en un comunicado.

Para Patiño esta decisión sentará un precedente en la política estadounidense y obligará a muchas agencias de inteligencia a cambiar métodos y ajustarse a la ley porque estarán bajo la supervisión de diferentes instancias.

"El problema es que muchas actuaciones se hicieron con la autorización y justificación del gobierno de George W. Bush y ahora pueden ser juzgados y hasta encarcelados por eso, esto puede producir una fractura interna", dijo el docente.

El portavoz de la Casa Blanca, Bill Burton, aseguró ayer que el presidente Barack Obama prefiere que "se mire hacia adelante, al futuro, y no hacia atrás, el pasado", pero que esta decisión "corresponde al secretario Holder, sin interferencia del presidente Obama".

Contexto

1. El informe, redactado en el 2004 y de cientos de páginas, revela los abusos a los que fueron sometidos presuntos terroristas a manos de miembros de la CIA.

2. El Fiscal General de E.U. anunció la creación de un equipo especial que se hará cargo de los interrogatorios, bajo la directa supervisión de la Casa Blanca.

3. El Departamento de Justicia abrió investigaciones contra una docena de casos de torturas que implican a funcionarios y ex empleados de la CIA.

Tomado de:
http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/C/cia_en_aprietos_por_informe_de_torturas/cia_en_aprietos_por_informe_de_torturas.asp?CodSeccion=9

Lo legal y lo legítimo en el uso de las drogas

ETICA DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS

Para el autor, es posible discernir tres niveles con respecto al uso de sustancias: uno concierne a la penalización o despenalización de su consumo; el siguiente se refiere a la legalidad o ilegalidad de cada sustancia; pero habría un tercero, que examina si el uso de una sustancia, legal o no, es legítimo.

Imagen: Focus

Por Pedro Lipcovich

Procuraré distinguir entre dos órdenes referidos al uso de las sustancias psicoactivas comúnmente denominadas drogas: el de lo legal-ilegal y el de lo legítimo-ilegítimo: es sabido que hay sustancias cuyo uso es legal, y otras de consumo ilegal; trataré de mostrar que una sustancia psicoactiva, más allá de su legalidad o no, puede ser objeto de usos legítimos o ilegítimos.

Partiré de un ejemplo. Hace un tiempo, se anunció oficialmente que los médicos de las Fuerzas Armadas de un país desarrollado habían incluido el tetrahidrocanabinol –THC, principio activo de la marihuana– entre los fármacos utilizados para tratar el denominado “estrés postraumático” en militares. Se trata de un uso legal del THC: ¿es un uso legítimo? Esta pregunta hace necesaria otra: ¿en qué consistirá propiamente lo que el ejército de ese país llama estrés postraumático? Lo que el médico militar denomina “estrés postraumático” puede corresponder al dolor, la culpa, el desgarramiento de una persona que ha participado de acciones abominables contra poblaciones civiles. En esta óptica, lo que para el médico militar es una disfunción, una especie de enfermedad, resulta ser la persistencia de un principio ético: por suerte existen soldados que padecen ese “estrés”, porque en ellos, y no en los que duermen sin problemas, puede cifrarse alguna esperanza.

Tratar ese desgarramiento ético a la manera de una “disfunción”, mediante una sustancia psicoactiva utilizada como psicofármaco, no es legítimo, aunque pueda ser legal. Y se puede prever que este uso ilegítimo dará lugar fácilmente a una conducta adictiva: ¿qué cantidad de THC –o de antidepresivos o de ansiolíticos o de anfetaminas o de alcohol– será necesaria para suturar aquel desgarramiento en la existencia del que ha cometido crímenes? Una cantidad que tiende a infinito. La noción de uso ilegítimo –así planteada en una dimensión ética– no equivale a la de uso adictivo –que se ubica en un orden fenoménico– pero, como se ve, hay una relación entre ambas: los usos ilegítimos tienden a promover consumos adictivos.

¿Cuál sería, en contraposición, un ejemplo de uso legítimo? Podríamos construir uno siguiendo el caso de esas mismas Fuerzas Armadas. Sucede que en ese país hay personas, incluyendo a ex soldados, que se movilizan, mediante diversas formas de resistencia civil, para cuestionar acciones en las que, durante su servicio militar, hubieron de participar. Estas movilizaciones cívicas, además del efecto político que puedan producir, también son maneras de procesar psíquicamente ese dolor, esa culpa. Se advierte que este procesamiento no requiere el uso de sustancias psicoactivas. Pero se puede imaginar una escena en la que, finalizada con éxito la jornada de resistencia cívica, el ex soldado se permita celebrarlo: con buena comida, con un poco de alcohol... o de marihuana. Este uso celebratorio de la sustancia psicoactiva es legítimo, con independencia de que sea o no legal: porque, en este caso, la sustancia no actúa para hacer cortocircuito a requerimientos éticos –y a requisitos de elaboración psíquica–. La sustancia contribuye a celebrar aquello que se ha obtenido por otros medios. Es la función ancestral de la fiesta. Y el uso celebratorio no es adictivo porque la celebración es, por su propia naturaleza, un hecho puntual y condicionado al cumplimiento de otras funciones.

La distinción entre usos legítimos e ilegítimos vale, por supuesto, para diversas sustancias psicoactivas. Por supuesto, lo legítimo y lo legal pueden coincidir, y una sustancia en la que esto sucede es la cocaína: el coqueo, en zonas de Latinoamérica que incluyen el noroeste argentino, es legal; también es legítimo, en cuanto cuenta con una legitimación social, tradicional, histórica, que incluso tiene raíces religiosas. Claro que se trata de la hoja de coca, no de otras presentaciones como el clorhidrato de cocaína. Y esa legitimación social muestra cómo aquella frase que hace un tiempo tuvo difusión, “maldita cocaína”, es histórica y socialmente inexacta, lo cual a su vez permite vislumbrar cómo la demonización de la sustancia se inscribe en una concepción errónea de las conductas adictivas. Este ejemplo nos acerca también a la idea de que la presentación de una misma sustancia puede tener que ver con sus perspectivas de uso legítimo o ilegítimo: hay un uso legítimo para la hoja de coca, pero quizá no pueda haberlo para la pasta base, el paco.

Esto nos acerca a otro ejemplo, referido a las bebidas alcohólicas destiladas. Esta presentación del alcohol era desconocida por los pueblos americanos antes de la llegada de los europeos. Los conquistadores introdujeron y difundieron el uso de bebidas destiladas entre esos pueblos, para promover deliberadamente el abuso y así debilitar los lazos sociales y facilitar la dominación. Este uso del alcohol era legal, de acuerdo con las leyes de los conquistadores, pero es fácil advertir que, en términos éticos, no era legítimo.

Sostengo que, con referencia a la ley, es posible discernir tres niveles con respecto al uso de sustancias psicoactivas. El más inmediato concierne al eje penalización-despenalización: aunque el uso de una sustancia sea ilegal, incluso aunque sea ilegítimo, es posible cuestionar la penalización de su consumo. Sabemos que este nivel es muy importante en términos sociales y de derechos humanos: en nuestro país, por ejemplo, miles de personas, pertenecientes a los sectores más débiles de la población, han sido castigadas (y quizá conducidas a fijarse en conductas adictivas) a raíz de la penalización del consumo.

Otro nivel de referencia a la ley es el que discute la legalidad o ilegalidad, para cada sustancia y presentación. Como sabemos, las valoraciones varían según las culturas, pero también existen criterios toxicológicos que no deberían desestimarse: no hay por qué suponer a priori que todas las presentaciones de todas las sustancias psicoactivas debieran ser legalizadas.

Y hay un tercer nivel de relación con la ley, el que me interesó especificar hoy, que examina la legitimidad o no del uso de una sustancia. Este nivel concierne, no ya, como los anteriores, a la ley jurídica, sino a la ley en su dimensión ética. Observemos que llevar a este nivel la discusión de las conductas adictivas tiene el interés de situar el tema más allá de los parámetros médicos; más allá de su medicalización. Volviendo al ejemplo del que partimos, recordemos que, desde el punto de vista del médico militar, el soldado que está mejor es el que duerme bien y no padece esa “disfunción” que puede producirse cuando el sujeto se responsabiliza por sus actos; pero, en términos éticos, el disfuncional puede ofrecer una esperanza. No me he propuesto hablar de abordajes terapéuticos para conductas adictivas. Suponiendo que tales abordajes existan, sólo han de ser válidos si se plantean en el nivel de la legitimidad-ilegitimidad del consumo, esto es, en el plano ético; allí donde se inscribe la libertad, problemática, de cada sujeto.

* Ponencia presentada en la II Conferencia Nacional sobre Políticas de Drogas, organizada por Asociación Civil Intercambios, en 2004.

Tomado de:
http://www.pagina12.com.ar/diario/psicologia/9-130692.html

Investigadores de oficio contra la corrupción

La primera conferencia Latinoamericana de Periodismo de investigación organizada por el IPYS y Transparencia Internacional con el apoyo de la cooperación internacional resultó ser una experiencia interesante para los periodistas independientes que trabajan para derrotar a las mafias organizadas del crimen que se han constituido en uno de los principales problemas de Latinoamérica y el mundo por sus efectos nocivos a la humanidad. El reto de perseguir a la delincuencia a través de la prensa y los medios es enorme en el entendido que aún se tiene la percepción sesgada que existen investigadores de primera y de segunda. Foto Grupo Prensa Verde

Por Ángel Páez

LIMA, ago (IPS) - "Una manera de asegurar el futuro del periodismo es mejorando la calidad del contenido y esto significa investigar aquello que se pretende ocultar, por ejemplo, la corrupción", dijo Gerardo Reyes, reportero del diario El Nuevo Herald, de Miami, a su paso por la capital peruana.

Reyes fue integrante del jurado del Premio a la Mejor Investigación Periodística de un Caso de Corrupción en América Latina, que conceden el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), y Transparencia Internacional (TI), con sede en Berlín.

"Después de haber premiado a los ganadores, y revisado más de un centenar de trabajos, podemos decir sin dudar que el periodismo de investigación en la región goza de buena salud", señaló Reyes a IPS.

Un buen ejemplo de esa buena salud es la labor realizada por los periodistas Ernesto Rivera y Giannina Segnini, del diario costarricense La Nación, y sus colegas Daniela Arbex, Táscia Souza y Ricardo Miranda, de Tribuna de Minas, de la ciudad de Juiz de Fora, en el estado brasileño de Minas Gerais, quienes compartieron el primero premio.

Rivera y Segnini sacaron a luz las actividades de intermediación financiera ilegal con dinero, al parecer de dudoso origen, que realizaba la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica de Costa Rica.

"Nunca se nos cruzó por la cabeza que las autoridades de la Iglesia estarían involucradas en operaciones financieras indebidas con dinero negro, hasta que vimos los cheques y las cuentas con millones de dólares", dijo a IPS Segnini.

"Hemos investigado corrupción en la esfera gubernamental y también en la privada, pero nadie despierta un día y dice: hoy vamos a investigar a la Iglesia. Lo más sorprendente es que estaban involucradas las máximas autoridades de la Conferencia Episcopal de Costa Rica", aseguró.

Segnini narró que, "en un principio, el presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Francisco Ulloa, afirmó que desconocía que la institución se dedicara a la intermediación financiera, pero luego de las publicaciones de La Nación fue la Superintendencia General de Entidades Financieras que denunció la situación y la fiscalía allanó sus instalaciones para documentar los delitos".

"Nos dimos cuenta del impacto de lo que habíamos descubierto cuando, sin previo aviso, todos los miembros de la Conferencia Episcopal, con el presidente a la cabeza, se presentaron en la redacción de La Nación para ofrecer explicaciones", comentó Segnini.

Los periodistas costarricenses iniciaron la investigación a partir de la denuncia que formuló la empresaria ítalo-suiza Ana Moscarelli, quien a la postre resultó involucrada en las ilegalidades y resultó tener antecedentes en Suiza había por haber administrado fondos de políticos corruptos y de personas vinculadas con la mafia.

Por su parte, los periodistas brasileños Arbex, Souza y Miranda investigaron el caso del presidente del consejo municipal de la ciudad de Juiz de Fora, Vicente de Paula Olivera, conocido popularmente como Vicentão, quien adjudicó 11 licitaciones a una empresa privada de fachada cuyo verdadero propietario era él.

Debido a los informes periodísticos de Tribuna de Minas, este dirigente del Partido Laborista Brasileño (PTB, por sus siglas en portugués) decidió renunciar al cargo tras perder las elecciones donde aspiraba a ser reelegido por sexto periodo consecutivo. Posteriormente, la justicia le abrió una investigación por posibles actos de corrupción.

Arbex relató que Vicentão nombró a una persona de su confianza como empleada de la oficina de licitaciones, la misma que paralelamente se desempeñaba como ejecutiva de la constructora "Koji", cuyo dueño encubierto era el funcionario denunciado.

"Nos encontramos con esquema de corrupción cuidadosamente edificado", señaló Arbex en la exposición sobre su trabajo. "Cuando entrevistamos a Vicentão, sorprendentemente nos aseguró: ‘Honestamente, yo no soy el propietario de Koji’. Pero ahora enfrenta a la justicia por sus mentiras", agregó la periodista.

Estos trabajos ganadores del último año del concurso en la región fueron expuestos por sus autores en la Conferencia Latinoamericana de Periodismo de Investigación, organizada en Lima por IPYS y TI entre el 15 y 18 de este mes.

En el encuentro, en el que se entregaron los galardones, también ofrecieron clases magistrales expertos en la materia, como Reyes, quien ha publicado últimamente "Nuestro hombre en la DEA", un informe sobre la historia no contada del fotógrafo Baruch Vega, que ayudó a las autoridades estadounidenses a capturar narcotraficantes colombianos.

El director ejecutivo de IPYS, Ricardo Uceda, informó a IPS que se presentaron 189 trabajos de 19 naciones, lo cual indica que el periodismo de investigación en nuestra región se ha fortalecido, pese a que se habla que la prensa está en crisis.

"El jurado ha reconocido trabajos que revelan corrupción en esferas no estatales", señaló Uceda.

"Han sido finalistas y merecedoras de menciones reportajes que revelaron corrupción en organizaciones no gubernamentales, medios de comunicación y sindicatos, así como sobre la actuación de mafias, por mencionar algunos casos", añadió.

En segundo lugar en el concurso quedó Santiago Fascetto, del periódico panameño La Prensa, por su trabajo en relación a la denuncia de pagos irregulares que recibió el ex presidente Martín Torrijos, respecto de un contrato secreto con un alto funcionario del gobierno de República Dominicana.

El salvadoreño Jorge Antonio Ávalos, reportero de El Diario de Hoy, alcanzó el tercer puesto por su publicación en las que dejó al descubierto que eran falsas las acusaciones por daños medioambientales que se formularon contra una fábrica que recicla baterías.

En el caso del periódico Tribuna de Minas, es relevante hecho de que se trata de un medio de comunicación de provincias, lo cual deja en claro que no es preciso pertenecer a una gran capital y contar con grandes recursos para emprender una investigación periodística.

"Fue un caso excepcional de investigación artesanal, a fuerza de puro reporteo sostenido, consiguiendo dato a dato sin la ayuda de filtraciones de la policía ni de la fiscalía, ni de terceros, en un contexto hostil y muy cerrado, que contrastó cada dato y que dio en el blanco sin aspavientos, derribando a un poderoso poder local", relató Uceda.

"Un modelo. Se le premió no por su impacto, que no lo tuvo a nivel nacional, ni por su importancia, ni por el pedigrí de los investigadores, sino por su método y sus resultados", indicó.

En la conferencia de Lima, Reyes expuso sobre su experiencia sobre cómo seguir la pista al dinero sucio. Afirmó que en el lavado de activos las leyes no son severas y se ofrecen demasiados beneficios a los bancos.

"El gobierno de Estados Unidos no parece muy entusiasmado en combatir al lavado de dinero", sostuvo ante IPS. Una prueba de ello es que "sólo invierten en la lucha contra ese delito 120 millones de dólares".

El autor de "Nuestro hombre en la DEA" comentó que uno de los grandes desafíos de los periodistas de investigación es la estrecha vinculación del sistema bancario con el lavado de dinero, porque cada vez que se detecta un caso los bancos suelen salir indemnes.

"Es que los bancos han terminado por convencerse de que el lavado es un buen negocio por el que vale la pena correr el riego", indicó.

"Piensan así porque los que al final son castigados los funcionarios de rango medio o los pobres empleados que abren las cuentas. Además, las sanciones no son severas y no implican graves consecuencias. Después de pagar las multas, el banco sigue en lo suyo como si nada hubiera pasado. Su reputación queda indemne", afirmó.

El día que los reporteros de investigación expongan a los bancos implicados en el lavado de dinero, será una noticia de primera plana. (FIN/2009)

Tomado de:
http://www.ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=93078

martes, 25 de agosto de 2009

Frente Policial Huallaga Captura a Presuntos Senderistas y Narcotraficantes.

Gral. PNP Luis Valencia Hirano expresa optimismo frente a la lucha contra el ‘narcoterrorismo’ por las capturas de presuntos senderistas y narcotraficantes en los últimos meses, sin embargo, algunas denuncias sobre acciones poco transparentes podrían complicar su gestión. Foto Grupo Prensa Verde.

El General PNP Luis Valencia Hirano, jefe del FPH, dio cuenta de una serie de acciones realizadas entre el 17 y 23 de agosto: captura de presuntos senderistas y narcotraficantes, así como delincuentes comunes.

En Tocache y José Crespo Castillo-Aucayacu se intervino a cuatro presuntos senderistas, resaltando los denominados camaradas ‘Arli’ y ‘Eco’ y seis presuntos narcotraficantes en la localidad de Caimito a quienes se les habría incautado pasta básica de cocaína, alcaloide de cocaína y cocaína.

En el operativo realizado en Caimito distrito de José Crespo Castillo, la madrugada del 23 de agosto se detuvo a tres personas, entre ellas al ex teniente gobernador Guillermo Villanueva Salazar (42) presunto camarada ‘Eco’, quien según la versión oficial servía de nexo entre el camarada ‘Artemio’ y algunos periodistas de Aucayacu, además de haber supuestamente realizado otras acciones terroristas.

Margarita Sebastiana Sellado Tolentino, afirma que la policía ‘sembró’ los proyectiles de arma de fuego en su casa para inculpar a su esposo Guillermo Villanueva Salazar de ser integrante de SL, es madre de varios hijos que quedarían en el desamparo. Foto Grupo Prensa Verde.

La versión oficial fue negada por la esposa de Villanueva Salazar; Margarita Sebastiana Sellado Tolentino de (44), quien relató que la media noche del sábado 22 un grupo de policías ingresó a su domicilio sin violencia y procedieron a detener a su esposo y registrar la casa no encontrando nada sospechoso “No hay nada” habría indicado el que dirigió el registro de la casa junto a ella, sin embargo poco después la hicieron sentar junto a su esposo fuera de la casa y volvieron a ingresar, al salir le dijeron que volverían a revisarla y que lo acompañará, para su sorpresa esta vez encontraron un bolsa de plástico con algunos proyectiles, lo que sirvió para involucrarlo con SL y detener a su compañero. “Nos sembraron las balas” dijo apenada a los periodistas que lo intervinieron cuando intentaba ingresar al bunker de la Dirandro donde se encontraba detenido e interrogado Guillermo Villanueva.

Consultado el General Valencia sobre la versión de la esposa del presunto camarada ‘Eco’, se limitó a decir que él respaldaba el trabajo de su personal y confiaba en la veracidad del informe elaborado junto al representante del ministerio público que estuvo presente en operativo para dar fe del respeto a los derechos humanos y la limpieza de la acción policial. Sobre la captura de la enfermera del centro poblado Pucayacu, Cristina Bardales Soplin, dijo que se produjo por información de inteligencia y que fue intervenida cuando llevaba medicinas para supuestos senderistas heridos a quienes habría atendido.

Un integrante del grupo de inteligencia que posibilitó las capturas en conversación off the record dijo que previo a las capturas se hizo un trabajo de seguimiento y acopio de información que dieron la certeza que los detenidos si son integrantes de Sendero Luminoso y además que un presunto mando senderista capturado en Tocache les dio la información para la ubicación y captura de Villanueva Salazar y Bardales Soplin.

lunes, 24 de agosto de 2009

Habla 'Cano' jefe de las Farc.

Foto: Felipe Caicedo / Cambio

A punto de iniciarse una nueva campaña electoral, y en medio de tensiones externas con Venezuela y Ecuador, hay muchas preguntas en el ambiente en relación con las Farc.

¿Tratarán de influir en las elecciones? ¿Se han deteriorado sus vínculos internacionales? ¿Reciben ayuda o han ayudado a Hugo Chávez o a Rafael Correa? Desde la muerte hace algo más de un año de 'Manuel Marulanda', su sucesor 'Alfono Cano' no ha dado declaraciones a ningún medio colombiano, pero tras varias semanas de insistencia decidió romper su silencio y responder por Internet un cuestionario de CAMBIO sobre estos y otros temas de interés.

CAMBIO: Después de que el presidente Uribe suspendió la mediación del presidente Chávez en la liberación de secuestrados, ¿las Farc han seguido teniendo contactos con el Gobierno venezolano?

'ALFONSO CANO': No. Retirado el presidente Chávez como facilitador de ese proceso, cesaron nuestras conversaciones pero nuestra admiración por los objetivos bolivarianos del Gobierno venezolano es la misma de siempre y nuestra gratitud por sus esfuerzos en pro de un acuerdo humanitario será perenne.

¿Reconoce que el gobierno Uribe aisló a las Farc en el plano internacional?

Mientras se desarrollaron los diálogos del Caguán ampliamos las relaciones con gobiernos y organizaciones en los diferentes continentes. Rotos los diálogos, el gobierno Pastrana y la Casa Blanca desataron una ofensiva diplomática contra las Farc que, obviamente, generó modificaciones en las formas de relacionarnos con la comunidad internacional. Pero mantenemos relaciones en todo el mundo, sujetas a la discreción que se debe.

La sensación es que las Farc han perdido interlocución internacional, que ya no son tan fuertes en ese campo.

No podría precisarle qué tan fuertes somos en ese campo porque es una apreciación subjetiva, pero le reitero que en las nuevas condiciones de la diplomacia del siglo XXI mantenemos muy buenas relaciones en muchas partes del mundo.

¿Qué significan Venezuela y Ecuador dentro de su estrategia política?

El sueño bolivariano de una patria grande que integre a todos los pueblos de América Latina y el Caribe, que desate su enorme potencial de manera soberana y nos posicione ante el mundo como la gran nación que debemos ser.

¿Qué efectos tuvo la muerte de 'Reyes' para los vínculos externos de las Farc?

'Raúl' era el responsable de las relaciones internacionales de las Farc y obviamente su muerte tuvo un impacto importante en ese nivel, pero dado que en las Farc todos los trabajos de dirección se analizan, planifican y desarrollan en equipo, pudimos recobrar el ritmo. Hoy, la responsabilidad de darle la dinámica adecuada a las necesidades del momento es del comandante 'Iván Márquez'.

La incautación de los computadores de 'Raúl Reyes' los dejó al descubierto, prácticamente sin secretos.

Con los supuestos computadores de 'Raúl', lo que se ha presentado es una burda manipulación propagandística de los gobiernos de Colombia y Estados Unidos: como cortina de humo o para subir puntos en alguna encuesta, o para difundir públicas sospechas sobre algún presidente de algún país vecino cada vez que lo consideran necesario. La rectitud de muchas figuras públicas ha sido sometida al escarnio y a la lapidación. Nada de lo atribuido a los computadores ha sido serio y lo poco que ha pasado por el rigor de la Justicia ha sido desechado por inconsistente.

Los correos entre el Secretariado encontrados en esos computadores indican que las Farc tienen negocios de narcotráfico y de armas e inversiones en Venezuela.

Los computadores supuestamente encontrados tienen lo que los gobiernos de Bogotá y Washington han querido que contengan. Han hecho de ellos una lámpara de Aladino a la que acuden cuando necesitan una disculpa o una justificación. Los han transformado en arietes contra los pueblos vecinos, al convertir las 'filtraciones' ordenadas desde la Presidencia en puntal de la diplomacia colombiana y, en muchas ocasiones, de la política interna, sin que nadie pueda dar fe de la veracidad de la información que difunden venenosamente.

También hay comunicaciones entre miembros de las Farc con personas del gabinete del presidente de Brasil 'Lula' da Silva. ¿Cuál es la relación con ese gobierno?

En época del proceso del Caguán participaron de diferentes formas muchos gobiernos y organizaciones de la comunidad internacional. Lo demás son especulaciones irresponsables.

¿Cuánto fue realmente el aporte económico de las Farc a la campaña de Rafael Correa al que 'el Mono Jojoy' se refiere en un video conocido hace pocos días?

No hemos entregado ni armas ni dinero a gobiernos u organizaciones de otros países, pues lo que conseguimos apenas nos alcanza para nuestra propia brega. ¿Por qué habríamos de contribuir a la campaña electoral de una persona, como el actual presidente Rafael Correa al que ni siquiera conocemos?

¿Cómo terminaron en poder de las Farc unos lanzacohetes que Suecia le vendió al Gobierno de Venezuela y que el Ejército colombiano incautó en octubre de 2008?

Uribe acudió al terror mediático para insinuar que el Gobierno de Venezuela nos facilitó unos lanzacohetes que habíamos capturado hace mucho en un enfrentamiento militar en la frontera, hecho que fue ampliamente informado a la opinión en su momento. Ni los pueblos ni los gobiernos del mundo son tan tontos como piensan en el Pentágono y en la Casa de Nariño. Sencillamente se trata de cocinar las condiciones para justificar la entrega de la soberanía nacional de Colombia a Washington, reconociendo que le quedó grande la pelea contra las Farc.

¿Qué significó para las Farc la muerte de 'Manuel Marulanda'?

La ausencia de nuestro líder y guía, de nuestro referente fundamental y nuestro eje. Pero también del maestro que nos inculcó la irrevocable decisión de perdurar en el esfuerzo que él comenzó en compañía de Jacobo y sus compañeros de Marquetalia. Nos enseñó, como en la poesía de Neruda, que el mundo no termina en nosotros mismos.

¿Y el asesinato de 'Iván Ríos' a manos de un subalterno? Eso fue interpretado como una señal de la crisis y de la descomposición que viven las Farc.

Es un hecho sobrecogedor pero absolutamente aislado de un demente ambicioso, captado por los servicios de inteligencia del Estado, que fue capaz de asesinar tan cobardemente a un revolucionario de las altas calidades de 'Iván' y luego proceder con la sevicia que conoció el mundo entero.

Hay razones para deducir que las Farc tienen graves problemas internos: con ayuda de sus carceleros se han escapado secuestrados, el número de deserciones aumenta, los combatientes que han desertado dicen que la moral de la tropa es baja...

Una organización con baja moral no está en condiciones de mantener una permanente actividad militar como la que informamos a través de los partes de guerra. El Gobierno trata de crear un estado psicológico triunfalista, pero de tanto mentir al final se va a transformar en un bumerán. Desertores ha habido siempre, las llamadas desmovilizaciones son una gran estafa sustentada en bazofia recogida en poblados y cárceles para agrandar los listados, desviar recursos públicos y engañar a la opinión. No tenemos graves problemas internos, no hay crisis.

La ofensiva del gobierno Uribe los ha obligado a replegarse, eso no lo puede negar.

La realidad es que enfrentamos la más grande ofensiva contrainsurgente jamás desatada en Latinoamérica que en solo dineros del Plan Colombia ha recibido de Washington 10.000 millones de dólares de ayuda, con una fuerza pública comprometida en la guerra cercana a los 500.000 hombres y un presupuesto anual de 8.000 millones de dólares.

Eso es lo real, lo concreto. Si la situación de las Farc fuese de crisis, el Presidente no habría invitado a los gringos a escalar su invasión. No lo consideraría necesario.

¿Los golpes que recibieron las Farc el año pasado cómo han afectado sus planes?

De fondo, ninguno. Hicimos los ajustes necesarios en nuestras estructuras y así lo informamos a la opinión pública, y reajustamos algunos planes de cumplimiento inmediato. Nada más. Las vicisitudes propias de una lucha como la que adelantamos han sido superadas y mantenemos el interés de privilegiar temas como el canje, acuerdos humanitarios, solución política del conflicto, Asamblea Constituyente y otros asuntos vitales para Colombia, así como el trabajo con los sectores populares y en el movimiento de masas.

¿Qué significó para el Secretariado la 'Operación Jaque'?

Un hecho de la guerra como tantos otros y de especial impacto. Un golpe de mano posible gracias a una traición y a la dirección de estadounidenses e israelíes que participaron de su planeación, ejecución y utilización política. Lo asimilamos, pero un golpe no afecta la estrategia ni los lineamientos de las Farc.

¿Qué tan ciertas son las discrepancias y rivalidades entre usted y 'el Mono Jojoy'?

Desde siempre, la propaganda enemiga ha pretendido sembrar cizaña en el interior de las Farc. Nuestra unidad es monolítica.

¿Es consciente de que la lucha armada no tiene aceptación, del rechazo generalizado a las Farc y a prácticas tan atroces como el secuestro?

Déjeme hacerle dos razonamientos: quienes hacemos parte de las Farc soñamos con la paz, la anhelamos con intensidad, la queremos conocer porque desde que nacimos el país está en guerra. Nosotros no amamos la guerra, nos obligaron a armarnos. Y otra consideración: la nueva actitud de Estados Unidos hacia América Latina, reflejada en Honduras y en los anunciados acuerdos con Álvaro Uribe, van a generar reacciones muy radicales en el Continente.

¿El reconocimiento del estatus de beligerancia ya se convirtió para ustedes en un asunto accesorio?

No, por ningún motivo. Menos ahora que Washington califica y descalifica a su antojo y traza la pauta a los otros ejes del poder mundial, sobre a quién o a quiénes se debe satanizar. La brega por el reconocimiento como organización político-militar, con una propuesta de Estado sostenida en una visión revolucionaria de la sociedad continúa siendo vital para el desarrollo de nuestro proyecto.

¿Qué ha pasado con el cabo Pablo Moncayo? ¿Por qué no lo liberan a él y a los uniformados que siguen secuestrados en forma unilateral y sin condiciones? Sería una señal positiva.

Hace tres meses informamos nuestra decisión de liberarlo unilateralmente, pero el Gobierno se atravesó y ha impedido su liberación. Y en cuanto a los mandos militares y policiales capturados en la confrontación, que son prisioneros de guerra, solo serán liberados mediante un canje. Excepcionalmente, y como evidencia de nuestra voluntad por alcanzar acuerdos, entregaremos al cabo Moncayo y al soldado profesional Calvo (Josué Daniel Calvo Sánchez), sin contraprestación alguna, directamente a la senadora Piedad Córdoba y al profesor Gustavo Moncayo, quienes por su transparencia blindarán nuestro gesto.

¿Cuántos secuestrados quedan en poder de las Farc entre militares, policías y civiles?

Los mencionados prisioneros de guerra integrantes de la Fuerza Pública son 23. También están retenidos dos concejales, con posibles vínculos con paramilitares y responsabilidad en actos de corrupción. Y en cuanto a retenciones con fines económicos, puedo decirle que hoy se cuentan con los dedos de una mano.

¿Por qué no incluyen en las liberaciones a secuestrados por razones económicas?

El canje y las acciones complementarias están referidas a los prisioneros de guerra.

¿Por qué las Farc no abandonan el secuestro?

En toda confrontación militar hay muertos, heridos y detención de combatientes. Mientras esta perdure habrá prisioneros de guerra así el Gobierno se empeñe en llamarlos tercamente secuestrados.

¿Es consciente del costo político que les significa el secuestro a las Farc?

Esta forma de lucha conlleva necesidades, como las financieras, que tratamos de cubrir con colaboraciones voluntarias de amigos e impuestos a los sectores más ricos de la sociedad.

¿El canje es una prioridad para las Farc?

Para este Gobierno los prisioneros de guerra que mantenemos no clasifican en los estratos altos, ni generan efectos importantes en las encuestas y por eso el Presidente se da la licencia de impedir las liberaciones que hemos anunciado.

¿Hay alguna posibilidad de negociación ó diálogo con el gobierno Uribe?

Una salida civilizada al conflicto no puede depender de la voluntad de una persona, por poderosa que sea. Así que, independiente de quién ocupe la Presidencia, persistiremos en buscar salidas políticas al conflicto.

¿Tiene una fórmula sustituta a un despeje para eventuales diálogos?

Lo determinante son las garantías oficiales para un encuentro del Gobierno y las Farc que despojen de cualquier peligro y tensión a los participantes, y posibiliten las mejores condiciones para las conversaciones.

¿Por qué persistir en la guerra?

Siempre hemos pensado que nadie que ame realmente la patria puede desearle ese destino, y por eso cada vez que ha sido factible hemos conversado con los representantes del Estado en busca de construir acuerdos que lleven a la convivencia. No ha sido posible pero esto no nos lleva a desistir de tal empeño. Hay que hablar, dialogar y ello significa espacio, garantías, medio ambiente, grandeza, tolerancia, voluntad y decisión.

¿El regreso de 'Simón Trinidad' y de 'Sonia' de Estados Unidos seguiría siendo una condición para el intercambio humanitario, para el diálogo?

Hemos exigido garantías de modo, tiempo y lugar para que representantes del Gobierno y los nuestros analicen la viabilidad y los términos de un canje. Lo demás son especulaciones.

¿Hay algún tipo de contacto con el Gobierno?

Ninguno. Ni siquiera permiten recibir al cabo Moncayo.

¿Qué significaría una posible reelección del Presidente en el horizonte de una eventual negociación?

Lo esencial son las concepciones políticas y los intereses que represente la persona que asuma en el próximo periodo. Si sus convicciones están inundadas de violencia, guerra, vindicta y autoritarismo, la confrontación persistirá y seguramente alcanzará nuevos niveles. Si existe una visión democrática, civilizada, patriótica y realista, la perspectiva será alentadora para Colombia.

¿En caso de que algún día se llegara a un acuerdo de paz, usted y otros miembros del Secretariado se verían aspirando a cargos de elección popular o como miembros de una Asamblea Constituyente?

¿Nosotros luchando toda la vida para al final integrarnos a un régimen político como el actual? Miremos el poder legislativo: más de 80 reos paramilitares, varios más ladrones, parlamentarios en ejercicio elegidos con menos de 1.000 votos, Teodolindos a granel, genuflexiones a cambio de notarías, trasteo de votos, de partidos...

¿Por qué las Farc nunca le han concedido algún valor a la desmovilización de los paramilitares y al proceso de Justicia y Paz?

Porque fue una farsa. Los verdaderos jefes del paramilitarismo permanecieron ocultos, lavaron los dólares del narcotráfico, se quedaron con las tierras usurpadas, no repararon a nadie y terminaron copando el aparato del Estado. En las cárceles de Colombia y los Estados Unidos quedaron presos los bandidos más ingenuos que creyeron en sus jefes.

¿Cree que la Corte Penal Internacional terminará juzgando los crímenes de guerra cometidos en desarrollo del conflicto colombiano?

Es una verdadera espada de Damocles que pende sobre el país, que al activarse con todos sus protocolos internacionalizará, no solo el conflicto, sino muchos aspectos de la vida nacional. Parece que el Presidente, siempre tan previsivo, estrecha lazos con Washington, buscando burladeros en caso de que le falle su macabro plan de reelección indefinida.

Tomado de:
http://www.cambio.com.co/portadacambio/841/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR_CAMBIO-5836431.html

Desplazados en Colombia: drama sin tregua

Escrito por Luisa Fernanda López / Radio Nederland

El drama del desplazamiento en Colombia no cesa. En el informe anual de ACNUR, ‘Global Trends 2008’, el país continúa encabezando la lista de países con el mayor número de desplazados.

A escala mundial, los conflictos han producido 26 millones de desplazados, el doble que los registrados en el 2005.

En su informe anual, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados registra más de un millón cien mil nuevos desplazados durante el año 2008. Los países que contabilizan una mayor cantidad de personas sin hogar son Iraq, República Democrática del Congo, Somalia y Colombia, este último con una cifra que asciende a los 3 millones de desplazados.

Durante el 2008, el número de personas en el mundo que fueron deslazadas de sus hogares a la fuerza cedió con respecto al 2007. Sin embargo, ACNUR advierte que esta tendencia se ha revertido totalmente en el 2009, por cuenta del recrudecimiento de los conflictos en Sri Lanka, Somalia y Pakistán. La ofensiva contra los Talibán en el valle de Swat, al noreste paquistaní, ha obligado a más de dos millones de personas a desplazarse.

Se reaviva el desplazamiento en Colombia

El drama del desplazamiento en Colombia no ha parado, muy a pesar de que, como consecuencia del proceso de desmovilización de los grupos paramilitares y de la entrega voluntarias de miles de guerrilleros, la presión del conflicto haya disminuido aparentemente. Según la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), en el 2008 habrían sido desplazadas más de 380.000 personas, lo que significa que más de 70 mil familias tuvieron que abandonar sus hogares. Por su parte, el Gobierno habla de cerca de 254.000 desplazados.

Abandono

Muchos de ellos denuncian un total abandono por parte de las autoridades nacionales. Es el caso de María Rocío Cubillos, quien, por presión de los grupos armados, se vio obligada a abandonar su casa y su negocio en una región del sudoeste colombiano. Ella cuenta cómo su marido fue agredido violentamente por quienes los forzaron a huir, y ella, quien estaba en avanzado estado de embarazo, perdió a su bebé.

El drama de María Rocío lo comparten millones de compatriotas que llegan a cualquiera de las populosas ciudades de Colombia, con miedo, solos y sin ningún tipo de recursos para sobrevivir. Durante algunos meses reciben ayuda de los programas estatales y las organizaciones humanitarias, pero con el tiempo, éstas también se agotan, como la esperanza de los desplazados de que algún día su sufrimiento termine.

Tomado de:
http://elmercuriodigital.es/content/view/19880/53/

Más de la mitad de los menores del mundo no escolarizados pertenecen a minorías

Escrito por elmercuriodigital

Más de la mitad de los 101 millones de niñas y niños no escolarizados en el mundo pertenecen a grupos de población minoritarios o indígenas, según revela un informe dado a conocer por Minority Rights Group International (MRG).

Según la organización, entre 50 y 70 millones de esos niños no tienen actualmente acceso a la educación, debido a que son excluidos sistemáticamente, discriminados o son demasiado pobres para afrontar los gastos.

En los países en vías de desarrollo con mayor población infantil no escolarizada, como Bangladesh, Etiopía, India, Kenia, Nigeria y Pakistán, los jóvenes de grupos minoritarios son con diferencia los más perjudicados.

En su informe titulado "El estado de las minorías y pueblos indígenas en el mundo 2009", MRG destaca, entre otros, el caso de los afrocolombianos e indígenas en Colombia, que padecen un 33 y 31 por ciento respectivamente de analfabetismo, casi tres veces más que el resto de la población.

Un 72 por ciento de los indígenas de Colombia y el 87 por ciento de los afrocolombianos de más de 18 años no han completado la educación primaria, mientras que en los cursos de posgrado, menos de un 1 por ciento de los estudiantes matriculados son indígenas, y un 7,07 por ciento son de origen africano.

Según MRG, que ha contado con la colaboración de UNICEF para elaborar su estudio, los afrocolombianos e indígenas en Colombia han sido forzados a la pobreza extrema y a vivir en campos de desplazados, de modo que en la actualidad conforman el mayor grupo de desplazados internos de cualquier país del hemisferio occidental.

La escolarización de los niños de estas etnias es interrumpida o abandonada debido a esa condición, al tiempo que los grupos paramilitares intentan reclutarlos con ofertas económicas o amenazas.

Entre los menores sin escolarizar, se llevan la peor parte las niñas, ya que también existe una discriminación por género, apunta la ONG, que cita el caso de Guatemala, donde sólo un 4 por ciento de chicas indígenas pobres acude a la escuela a los 16 años.

Globalmente, más de la mitad de las pequeñas no escolarizadas nunca ha ido a la escuela y nunca irá sin incentivos adicionales.

Según los autores del estudio, reducir la discriminación de género propiciaría sociedades más estables, equilibradas y democráticas.

El informe presentado hoy demuestra que en países africanos como Burundi, Ruanda y Sudán la falta de oportunidades en la educación ha sido un factor crítico para el conflicto de las últimas décadas.

Se citan casos concretos de discriminación en varios continentes, como las minorías iraquíes refugiadas en campos en Siria, Jordania y Líbano; los batwa en Burundi; los kurdos en Turquía; los gitanos en varios países europeos y los dalit en la India.

MRG alerta de que los objetivos del Milenio de la ONU sobre educación no se van a cumplir para la fecha prevista del 2015, a menos que se tomen medidas que beneficien también a los pueblos minoritarios.

"Las autoridades educativas tienen que darse cuenta de que no es solamente la falta de recursos lo que mantiene a los niños fuera de las escuelas. Decenas de millones son excluidos sistemáticamente o reciben sólo educación de segunda por discriminación étnica o religiosa", afirma el director ejecutivo, Mark Lattimer.

Tras recordar que facilitar el acceso a la educación es una obligación de los Estados, la organización hace una serie de recomendaciones para mejorar la situación actual, como construir más escuelas en comunidades rurales, contratar a más profesores locales, bilingües o que hablen la lengua minoritaria y abolir la segregación en las aulas.

Tomado de:
http://elmercuriodigital.es/content/view/20604/53/

Golpe de Estado en Honduras y atentado criminal contra ‘Vía Campesina’

El pueblo hondureño que defiende a su presidente Manuel Zelaya fue reprimido con el uso de la fuerza bruta ejercida por los militares cómplices. EEUU tuvo una condena tibia frente al hecho que pisotea la democracia alentada por la voracidad de los grupos de poder. Foto Internet

El 28 de junio se perpetró un brutal e inhumano golpe militar contra el Gobierno legalmente constituido de Manuel Zelaya Rosales, Presidente de la República de Honduras. Queremos desde este lugar enviar una vez mas, nuestra solidaridad al hermano pueblo hondureño, que desde ese día está en las calles resistiendo, realizando masivas movilizaciones, cortes de carreteras, toma de edificios públicos, etc., para derrocar al gobierno usurpador, restablecer los derechos constitucionales y recuperar la soberanía. Ese pueblo y sus movimientos sociales se manifiestan pacíficamente, pero están siendo violentamente reprimidos y desde que se inició la resistencia ha habido muchos heridos, asesinados, capturados, desaparecidos y muchas otras violaciones a los derechos humanos, por lo que es necesario que la comunidad internacional continúe apoyándolos y repudiando al régimen que usurpó el poder. Queremos hoy especialmente solidarizarnos con los compañeros de La Vía Campesina en Honduras, que han sufrido un atentado criminal, por lo que además les cedemos este espacio para publicar su llamado a la solidaridad.

Solidaridad con Vía Campesina de Honduras

12 Agosto 2009 a las 11:23 pm, después del toque de queda personas desconocidas abordo de un Toyota Turismo de color crema placa PCA1981 dispararon contra la oficina de la Vía Campesina en Honduras que coordina Rafael Alegría. El hecho fue un claro atentado contra nuestras organizaciones sociales y sus dirigentes sociales que están al frente de la resistencia contra el golpe de estado. Les recordamos que hace unos 15 días hubo una bomba capaz de matar a 15 personas que se estalló en la sede del Sindicato de Trabajadores de la Industria de Bebidas y Similares (STIBYS). Hoy se suma este otro hecho criminal en la oficina de la Vía Campesina. Las dos organizaciones antes mencionadas son parte del Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe del Estado.

Condenamos esta acción ya que las actividades de la Vía Campesina y del Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe del Estado son completamente pacíficas. Agregamos que curiosamente cuando se estipula un toque de queda los únicos que pueden andar en las calles son los policías.

La Vía Campesina en Honduras llama a los organismos de derechos humanos nacionales e internacionales para vigilar y darle seguimiento no solamente a este hecho contra su sede y sus dirigentes, sino la defensa de los derechos humanos de todo el pueblo Hondureño y de las y los compañeros que están en las calles en resistencia contra el golpe de estado desde hace 46 días. El Dirigente Rafael Alegría comenta que “Los derechos del pueblo están siendo realmente violentados. Esta es una situación lamentable, ya que desde que se inició la resistencia ha habido muchos heridos, asesinados, capturados, desaparecidos y muchas otras violaciones a los derechos humanos de los hondureños.”

Según un informe preliminar proporcionado por uno de los abogados asesores del Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe del Estado, fueron cientos de personas heridos y más de 40 detenidos como resultado de hechos violentos suscitados ayer en horas de la tarde ya para culminar una movilización masiva y pacífica. El grupo de abogados del frente interpuso un recurso de Habeas Corpus para lograr la liberación de las y los compañeros detenidos ayer. La dirigencia del frente mantiene que se produjeran esos disturbios ocasionados por personas ajenas a la protesta, enviados por los golpistas, para provocar estos enfrentamientos y desprestigiar las protestas pacíficas que ha venido desarrollando el frente. Las personas detenidas están acusadas de rebelión, terrorismo, y traición de la patria entre otros delitos.

Enfatiza Alegría que “El Frente de Resistencia no es responsable de estos hechos. Los principios y la mística del Frente son la marcha pacífica, el reclamo pacífico, la movilización pacífica. En ningún momento usamos o llamamos a hechos de violencia. Parece que estos hechos son de grupos interesados en hacer fracasar la movilización social que se encargan de la provocación de toda esta situación y categóricamente decimos que no tenemos ninguna responsabilidad en estos hechos.”

Por todo lo sucedido en las últimas 24 horas, la Vía Campesina de Honduras hace un llamado a la Vía Campesina internacional, los movimientos sociales, organizaciones defensoras de derechos humanos nacionales e internacionales para que envían mensajes o delegaciones para apoyar lo que es la solidaridad y la defensa de los derechos humanos en Honduras, y ayudar ponerle un alto a tanta injusticia y violencia en contra del pueblo hondureño que se encuentra indefenso.

Dirigir cartas de denuncia y/o de solidaridad a las siguientes direcciones:
Secretaria de Estado de Seguridad Pública, Coronel Jorge Rodas Gamero
Fax: (504) 237-9070/ 220-55-47 Correo: sseg.06@hotmail.com

Fiscalía de los Derechos Humanos, Lcda. Sandra Ponce Fiscal Especial de Derechos Humanos, Tegucigalpa, Honduras Fax: (504) 221-3656 Correo: ponce10s@yahoo.com.ar

Comité para la Defensa de los Derechos Humanos (CODEH), Presidente Andrés Pavón
Correo: andres@codeh.hn , codeh@codeh.hn

Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH)
Coordinadora Bertha Oliva, Correo: mail@cofadeh.org

La Vía Campesina de Honduras Correo: laviacampesina@cablecolor.hn

Con información Ecoportal. Net

miércoles, 19 de agosto de 2009

Víctimas de la violencia política 1980 – 2000 claman por justicia y reparaciones

Familiares de Víctimas de la violencia política claman por justicia y reparaciones, la Coordinadora Regional y la Defensoría del Pueblo tratan de lograr un mayor apoyo de los gobiernos nacional, regional y local. Foto Grupo Prensa Verde.

200 delegados e invitados del departamento de Huánuco, se reunieron en Tingo María el 18 y 19 de agosto en el marco del taller ‘V Encuentro Regional de Víctimas de la Violencia Política de Huánuco’. El evento fue organizado por la Defensoría del Pueblo conjuntamente con la Coordinadora Regional de Afectados por la Violencia Política.

En los balances dados a conocer por Pier Marzo Rodríguez representante de la Defensoría del Pueblo Huanuco y por Javier Magallanes Godoy coordinador regional de la Coordinadora Regional de Organizaciones de Víctimas de la Violencia Política de Huanuco, se apreciaron avances significativos en la identificación y reconocimiento de las comunidades afectadas, de los miles de desplazados y de las víctimas de la violencia subversiva y contrasubversiva, “El trabajo no es fácil, pero aún así consideramos haber avanzado en la difícil labor de lograr las reparaciones colectivas e individuales” señaló Javier Magallanes, Mientras que Pier Marzo, puso en relieve la labor desarrollada por la defensoría por el respeto a los derechos humanos y por el resarcimiento moral y material del Estado a los familiares de las victimas.

Equipo de la Defensoría de Huanuco y Tingo María con Pier Marzo, Nadia Lavado y adjuntos, de reconocida labor por los familiares de las víctimas de la violencia. Foto Grupo Prensa verde.

En la clausura del V Encuentro estuvo presente el Alcalde Juan Picón para decir que la municipalidad de Leoncio Prado también se sumaba a los esfuerzos por reconocer a los familiares de las víctimas y participaba en la ejecución de algunas obras de cien mil soles por encargo de la CMAN concerniente a las reparaciones colectivas y lo hacía en coordinación con las comunidades afectadas, sin embargo no se refirió a los cuestionamientos por presunta incompetencia y corrupción que un sector de los pobladores beneficiarios de las pequeñas obras realizaron, sin que alguien se interese por investigarlos y menos sancionarlo. Recientemente la municipalidad de Leoncio Prado implementó una oficina para el registro único de víctimas en convenio con le Consejo Nacional de Reparaciones, el pago al personal es por la municipalidad.

El Mimdes dio a conocer que hasta el momento se han realizado varios censos por la paz y encuestas regionales para identificar a los desplazados y víctimas de la violencia, habiéndose obtenido una primera relación de 1600 desplazados en el departamento de Huanuco debidamente reconocidos, mientras que algunos cientos de familiares de víctimas han recibido el Certificado de Acreditación de la Presidencia del Consejo de Ministros y de la CMAN, aunque todavía no se conozca cuando se iniciará la segunda etapa para el resarcimiento económico individual, por falta de presupuestos para tal fin o por la desidia del gobierno nacional.

Javier Magallanes y José Sayan en revisión de la relación oficial de desplazados por la violencia. Foto Grupo Prensa verde.

Al finalizar el encuentro se precedió a la elección de la nueva junta directiva de la Coordinadora Regional, resultando reelegido en un primer momento Javier Magallanes, pero este renunció en el momento lo que dio lugar a la elección de un comité coordinador en Huanuco, otro en Tingo María y un Tercero en Aucayacu, que ejercerán la dirección en forma colegiada y rotatoria por 8 meses cada una.

Durante la reunión no se mencionó la situación de la violencia en el Huallaga, pero si hubo reclamos y quejas contra el deficiente servicio de salud en las postas médicas y centros de salud, donde no hay médicos, tampoco medicinas mientras la mayoría adolece del instrumental necesario o suficiente para la atención a los pacientes y beneficiarios del Seguro Integral de Salud –SIS. El 15 de julio la Coordinadora Regional de Víctimas de la Violencia cursó un memorial a Jorge Casano Fernández gerente del CLAS en Aucayacu, “Existe desabastecimiento de medicinas en los puestos de salud y en el mismo Clas que dirige…existen maltratos del personal de enfermeros, técnicos y médicos…no hay ni jeringas para aplicarnos una inyección y solo nos dan calmantes y desinflamantes…nosotros somos familiares de los desaparecidos, asesinados, torturados, encarcelados, viudas, huérfanos, etc” señala el documento firmado por 18 autoridades del distrito de José Crespo Castillo que también se quejan por la deprimente situación que enfrentan los puestos de salud de los Centros Poblados de Pueblo Nuevo y Anda que cuentan con decenas de caseríos y varios miles de pobladores.

Libertad de expresión amenazada en Perú

En el ocaso de su vida política, Mercedes Cabanillas expone la dureza de su carácter bufalesco a un ‘exabrupto’ a manera de globo de ensayo contra la libertad de expresión y opinión, con el fin de lograr algo a atención de los medios o de acabar con la escasa prensa de oposición. Foto Internet.

Pronunciamiento del Instituto Prensa Y Sociedad.

El Consejo Directivo del IPYS demanda al Congreso de la República que deje sin efecto el Proyecto de Ley Nº. 2971/2008-CR debido a que representa una clara amenaza a la libertad de expresión. Ofrecemos las siguientes razones:

1. La exposición de motivos del proyecto no incluye la justificación de una nueva regulación del derecho de rectificación.

2. Introduce como causa que habilita la exigencia de rectificación, el que se difundan afirmaciones injuriosas, lo cual abre la posibilidad de que se exija la rectificación de opiniones o juicios de valor y no únicamente los hechos inexactos a los que contradictoriamente el proyecto alude como límite de lo rectificable.

3. Reduce casi a la mitad el plazo de los ciudadanos para presentar su solicitud de rectificación, y el de los medios para publicarla. Asimismo, impone el modo en el que los medios deben hacer la rectificación acogiendo parámetros de proporcionalidad cuestionables, con lo cual no bastaría que el medio haga una rectificación razonable.

4. Establece la responsabilidad civil de los medios de comunicación por conductas de comunicadores, directores o quienes hagan sus veces, sin tener en cuenta que esta materia ya está ampliamente regulada en el Código Civil y en el Código Penal.

5. Reproduce, con notorias deficiencias técnicas, los contenidos de la Ley Nº 26847 o agrega aspectos jurídicamente innecesarios como que los medios de comunicación virtuales o por internet también califican como medios de comunicación.

6. El derecho de rectificación reconocido en el inciso 7) del artículo 2º de la Constitución ya está suficientemente desarrollado en la Ley Nº 26847 del 28 de julio de 1997, la cual corrigió los problemas de amenaza a la libertad de expresión que contenía la Ley Nº 26775, que reguló inicialmente el derecho de rectificación y que fue objeto de un amplio cuestionamiento público en su momento.

7. Durante los más de doce años de vigencia de la Ley Nº 26847, el derecho de rectificación ha gozado de una satisfactoria protección y no se han reportado problemas de insuficiencia o de vacíos normativos que pusieran en riesgo o afectaran la defensa de este derecho fundamental.

Atentado contra la Libertad de Prensa

César Hildebrandt

Mercedes Cabanillas está muy interesada en amedrentar a la prensa y vengarse de ella por todo lo dicho y escrito en torno a la tragedia de Bagua, tragedia en dos actos de la que ella fue autora, promotora e intérprete (en el papel de La Irresponsable).

Bagua es su sombra. Treinta y cuatro cadáveres la persiguen despidiendo briznas y musgos en su carrera. No es el “Thriller” de Jackson: es la danza macabra de la curva del diablo y el ballet esquelético de la Sexta Estación.

Y como la señora está enloqueciendo, entonces presenta su proyecto.

Quiere cambiar las leyes vigentes, que ya castigan el delito cometido a través de la prensa, para incluir a las empresas como terceras civilmente responsables. Con Vega Vega en la Corte Superior y una judicatura ampliamente maleable, el proyecto promete ser un misil en el blanco de la libertad de expresión.

Ahora bien, como la señora Cabanillas se está reconstruyendo y no da puntada sin nudo ni paso sin permiso parece claro que ese proyecto ha sido presentado con el pláceme de Alan García, que en privado culpa a la prensa de su desfalleciente popularidad.

La procedencia palaciega del proyecto estaría probada, además, por el hecho de que hace algunas semanas quien lo presentó fue José Vargas, que es algo así como el Joe Pesci del aprismo en trance de grupo ejecutor. O sea que Pesci, quiero decir Vargas, jamás presenta algo suyo sino que es el mandadero de Palacio y el matón de “Casino”.

El proyecto se las trae. No sólo incluye a las empresas en los juicios por injuria o difamación –un modo eficaz de asustar a los directores y propietarios de medios- sino que modifica el artículo 132 del Código Penal estirando la jurisdicción de la ley a cuanto blog o twitter pueda uno imaginar.

Un partido cuyo lema fue (y es) “sólo el aprismo salvará al Perú” viene de estirpe autoritaria. Con el proyecto García-Cabanillas el Apra vuelve a lo que “La Tribuna” llamaría “sus prístinos orígenes”. Ya no es época de matar a periodistas, por supuesto.

Pero siempre se los puede amedrentar.

Si el proyecto prospera será porque cuenta con el respaldo del Congreso, esa colección –salvo muy honrosas excepciones- de apopléjicos en curso y propietarios de los rabos de paja más extensos de esta comarca. Será entonces –si se aprueba- un gesto de la clase política congresal en contra de la libertad de expresión.

Y el proyecto habla del perentorio derecho de rectificación (que ya existe y está reglamentado) aludiendo, según Andina, a quienes se sientan afectados por “informaciones inexactas o agraviantes”.

Así que veamos.

¿Es inexacto o es agraviante decir que el presidente de la República miente cuando inaugura hospitales inexistentes?

¿Es inexacto o es agraviante decir que Mercedes Cabanillas es la responsable de 34 muertes que pudieron evitarse?

¿Es inexacto o es agraviante decir que el Apra nunca muere y que a más calumnias, más aprismo?

Tanto que hablan de Chávez. Lo que García quiere es ser Uribe a la hora de las repartijas y Chávez a la hora de la prensa. Veremos si el Congreso se lo tolera.

Tomado de:
http://www.diariolaprimeraperu.com/online/columnistas/atentado-contra-la-prensa_44388.html

sábado, 15 de agosto de 2009

Sendero Luminoso y ‘Artemio’ en el Huallaga: La guerra sin tregua.

Las pintas en carreteras, casas y locales públicos vuelven como en las décadas del 80 y 90, el temor resurge y las muertes son cada vez más frecuentes. Foto Caretas.

En el Huallaga, el narcotráfico tiene 60 años, la lucha por la coca cuarenta años, Sendero Luminoso 27 años, ‘Artemio’ 25 años, la erradicación de la coca 31 años (Operativo Verde Mar I, agosto 1978), el Corah 26 años, el PDA que se inicia con el PEAH 28 años, el UMOPAR que ha mutado de nombre 28 años, Pasan los años y los acontecimientos a son los mismos o se agravan, algo que no se quiere ver o se intenta tapar mediante la torpe manipulación de los hechos y el lavado de conciencias con fines inconfesables.

Los anuncios sobre grandes y exitosos operativos se dieron y se dan continuamente, más el conflicto no desaparece sino que se acentúa, y quiénes son los responsables? pregunta sin respuesta, por que quienes deben responderla se hacen los suecos o prefieren mirase el ombligo.

Lo reciente tiene que ver con un operativo frustrado en Yanajanca para capturar a Artemio, la captura del senderista Félix Mejía alias ‘Mono’, el ‘embanderamiento’ masivo y el pintarrajeado de casas por SL desde Madre Mía hasta Pueblo Nuevo. Y la situación parece complicarse con efecto negativo para la estabilidad social –eso que se llama paz- y para el desarrollo –los inventores de la realidad lo enfocan mediante programas y spots de farándula-.

Se informó que ‘Mono’ participó en emboscadas contra la policía, como: la de Cachiyacu, a pocos kilómetros de Tocache y la de Pumahuasi donde murieron cuatro policías, en realidad a cada captura de presunto senderista se la achaca de lo mismo.

Félix Victoriano Mejía Ascencio (31), fue capturado por un grupo de 7 agentes encapuchados de la Dirandro y Dinoes y fue trasladado con fuertes medidas de seguridad (excesiva espectacularidad por tratarse de uno de los coordinadores de SL que ocupaba el décimo lugar en la escala de autoridad dentro del CRH-SL) , a la ciudad de Lima, extrañamente en una avioneta turbo hélice perteneciente al Departamento Antidrogas de los Estados Unidos.

Oficialmente se dijo que dirigía la logística de SL pero en realidad Félix Victoriano Mejía Ascencios, era escolta del jefe senderista del ‘Artemio’. Fue detenido cuando coordinaba acciones en el valle del Magdalena. Se había detenido a tomar una bebida en una bodega donde también coincidentemente se encontraban autoridades comunales luego de una reunión en Pavayacu. Según la versión de un morador, los agentes incursionaron por sorpresa y capturaron a Félix Mejía para retirarse en un motocarro hasta cierta distancia donde esperaron un helicóptero en el que salieron de la zona, “El soplo fue preciso” comentaron. La esposa y su madre entrevistados por el periodista Bladimir Angulo de Radio Amistad de Aucayacu, dijeron que lo habían dejado de ver cuatro años atrás.

El llamado Comité Regional del Huallaga dirigido por “Artemio” ha sufrido varias bajas de importantes “cuadros” en los últimos años. El 19 de febrero de 2006 murió Héctor Aponte Sinarahua, camarada “Clay”, mando militar. El 27 de noviembre del 2007, fue muerto Epifanio Espíritu Acosta, camarada “JL”, y detenido el ideólogo del CRH, Atilio Cahuana Yayali, camarada “Julián”. En mayo del 2008, Juan Laguna Domínguez, (c) ‘Piero’, fue liquidado por miembros de su seguridad en el valle del Monzón, este hecho se atribuyó el ejército peruano. “Leo’, ‘Jaime’ y ‘Paolo’, cobardes asesinos dispararon por la espalda a ‘Piero’…” dice parte de un volante de SL regado en Aucayacu.

El mismo día de la captura se colgaron 35 trapos rojos y distribuyeron volantes en las localidades de Santo Domingo de Anda y San Francisco, Aucayacu, Pucayacu.

Al momento de la captura de Félix Ascensios Mejía, tenía en su poder una pistola Browing calibre 9 MM. parabellum con una cacerina abastecida con ocho municiones, que no llegó a utilizar.

Según un parte de inteligencia policial Nº 234-DEPITAC-TM del pasado 23 de junio, la organización senderista tendría ahora 3 grupos armados. Uno de esos pelotones lo integraba Edgar Mejía Asencio, (c) “Izula”, hermano del reciente capturado.

Agentes de la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote) detuvieron a 2 miembros de SL: Se trata de ‘Antonio’ y ‘Arli’, quienes operaban en el Huallaga; Demetrio Sánchez Hernández, camarada ‘Antonio’ fue detenido durante un operativo en la ciudad de Juanjuí . Sánchez Hernández se encontraba requisitoriado por el delito de terrorismo. Asimismo, se informó de la captura de Agripino Espinoza Vásquez o Julio Espinoza Vásquez, camarada “Arli”, detenido el 7 de agosto en la localidad de Paraíso, provincia de Tocache, región San Martín. ‘Arli’, además de ser un mando militar de Juanjuí, sería miembro de la seguridad de ‘Artemio’, el principal cabecilla de Sendero Luminoso en libertad. (Con información de http://www.larepublica.pe/archive/all/larepublica/20090815/1/01/todos)

Convenios de Ginebra, 60 años después

Firmados en 1949, todavía hoy permanecen vigentes para limitar los efectos de los conflictos y proteger a las víctimas

Por AZUCENA GARCÍA

El 12 de agosto de 1949 se firmaron los Convenios de Ginebra, cuatro tratados que velan por el bienestar de todas las personas que se ven implicadas en un conflicto bélico: heridos y enfermos de las fuerzas armadas (I Convenio); heridos, enfermos y náufragos de las fuerzas armadas en el mar (II Convenio); prisioneros de guerra (III Convenio) y civiles (IV Convenio).

- Imagen: Frerieke -

Su fin es proteger a todas las víctimas. Intentan limitar los efectos de las guerras, cuando poco se puede hacer para evitarlas. Por este motivo, están considerados la piedra angular del derecho internacional humanitario (DIH). "Los Convenios de Ginebra y sus Protocolos adicionales son tratados internacionales que contienen las principales normas destinadas a limitar la barbarie de la guerra", insiste el Comité Internacional de Cruz Roja (CICR).

Protegen tanto a quienes participan en los conflictos como a las personas que no lo hacen, pero se ven afectadas por sus consecuencias: civiles, personal sanitario o miembros de organizaciones humanitarias. Fueron firmados en Ginebra y hoy, en su 60 aniversario, se plantea una cuestión: ¿Hasta qué punto han sido y son efectivos?
Jubilación o vigencia.

Los Convenios de Ginebra entraron en vigor el 21 de octubre de 1950. Un año después de firmarse. Su ratificación, además, fue paulatina y se ha alargado durante décadas, pero en la actualidad se contabilizan un total de 194 estados partes, "lo que significa que los Convenios de Ginebra ahora son aplicables universalmente", subraya el CICR.
Su aplicación es universal, aunque la aprobación ha sido paulatina y ha durado varias décadas.

Un total de 74 estados los ratificaron en la década de 1950, 48 lo hicieron a partir de 1960, otros 20 desde 1970, 20 más en la década de 1980 y 26 a comienzos de los años 90, "sobre todo después de la disolución de la Unión Soviética, Checoslovaquia y ex Yugoslavia". A partir del año 2000, otros siete estados se comprometieron con los tratados.

Una muestra fotográfica impulsada por la iniciativa Nuestro mundo, tu acción recuerda estos días a los civiles que han resultado heridos en diversos conflictos armados ocurridos a lo largo de estas seis décadas. Recuerda, además, los Protocolos adicionales que se aprobaron para complementarlos y "adaptarse al cambio en la naturaleza de las guerras".

"Algunos críticos han sugerido que los Convenios están al borde de la jubilación y que no se adecuan a las formas de guerra actuales. Sus defensores sostienen que las normas siguen siendo pertinentes". Éste es el resumen del CICR con el que se abre una entrevista reciente a Knut Dörmann, jefe de la División jurídica del Comité, a propósito de este asunto.

Aprender del pasado

A pesar de todo, el Comité Internacional de la Cruz Roja aprovecha esta fecha para hacer un llamamiento "a fin de que se cumplan mejor los tratados por parte de los Estados y de los grupos armados". Insiste en que las disposiciones jurídicas deben ser una realidad sobre el terreno ya que, asegura, "vemos que el DIH se conculca con regularidad".

Se aboga por respetar las normas, sin que esto signifique apoyo alguno a los conflictos, porque así podría evitarse gran parte del sufrimiento. Los Convenios de Ginebra y sus Protocolos adicionales están para proteger a las personas, tanto civiles como combatientes, por lo que se pide la no interferencia en el trabajo de CICR: visita a prisioneros, operaciones de socorro, reunión de familias separadas y otras actividades humanitarias.

Respecto al derecho internacional humanitario, "en tela de juicio en los últimos años", el presidente del CICR, Jakob Kellenberger, afirma rotundo que estas normas "siguen siendo pertinentes" y el principal reto es todavía "lograr un mejor cumplimiento". Para ello, se compromete a examinar "todos los medios posibles" que lo consigan, pero pide también "desarrollar más algunos aspectos del derecho" y, sobre todo, los que hacen referencia a conflictos armados no internacionales.

Las conclusiones de una encuesta encargada por el Comité con motivo del aniversario reflejan las opiniones de quienes habitan en países afectados por guerras: Afganistán, Colombia, Filipinas, Georgia, Haití, Líbano, Liberia y República Democrática del Congo. El 75% de los encuestados, unas 4.000 personas, afirmaron que debería haber límites "sobre lo que los combatientes pueden hacer en el curso de los combates" y menos de la mitad había oído hablar de los Convenios de Ginebra.

El Artículo 3

Aparece en los cuatro Convenios. El artículo 3 es el único que se repite en todos los tratados. Regula el modo de actuación en los conflictos armados no internacionales (guerras civiles y conflictos internos) y establece las normas fundamentales que no pueden derogarse: "Es una suerte de mini convenio, ya que contiene las normas esenciales de los Convenios de Ginebra en un formato condensado y las hace aplicables a los conflictos sin carácter internacional". Estas normas son:

• Tratar con humanidad a todas las personas que no participen en las hostilidades o que caigan en poder del adversario.
• Recoger y asistir a los heridos y los enfermos.
• Ofrecer los servicios del CICR a las partes en conflicto.
• Poner en vigor, mediante acuerdos especiales, la totalidad o partes de los Convenios de Ginebra.
• Reconocer el estatuto jurídico de las partes en conflicto, pese a la aplicación de estas normas.

Tomado de:
http://www.consumer.es/web/es/solidaridad/derechos_humanos/2009/08/12/187141.php

Escepticismo por oferta de las FARC

La entrevista del máximo jefe de la guerrilla despertó reacciones encontradas.

La primera entrevista de ‘Alfonso Cano’ desde que asumió como jefe máximo de las Farc, causó polémica en el país. Foto Comprensa

La disposición del jefe máximo de las Farc, Alfonso Cano, para iniciar una negociación de paz con el Gobierno, no sólo despertó la reacción del Presidente Álvaro Uribe, quien calificó como una “falacia” dicha intención, sino que dividió al país entre los que consideran las declaraciones como esperanzadoras o engañosas.

Detrás de Uribe desautorizando a ‘Cano’ como un “legítimo contradictor”, llegaron quienes calificaron de “irrelevantes y poco novedosas” sus palabras. Y de otros que ven en los anuncios de diálogo, la respuesta a una necesidad de ese grupo insurgente por recuperar algo del prestigio político que les ha quitado el Gobierno.

El vicepresidente de la República, Francisco Santos, complementó las palabras de Uribe. “Nosotros no tenemos interlocución con delincuentes”.

El analista político Vicente Torrijos dijo que el discurso de Cano no trae ninguna noticia y que está conducido a negar sus vínculos con países como Venezuela y Ecuador. “Las Farc ahora no basan su poder en el apoyo popular, ni en su capacidad militar, sino exclusivamente en los apoyos internacionales”.

Enrique Serrano, profesor e investigador de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario, agregó que las declaraciones de ‘Cano’ son muy ambiguas y deben ser tomadas con mucha cautela ya que a pesar de que las Farc luchan para sobrevivir, su decisión de dialogar con el Gobierno sin pedir despejes ni presencia de guerrilleros capturados y extraditados como ‘Simón Trinidad’ es una nueva estrategia.

“Es una búsqueda de supervivencia por parte de las Farc en el marco político del que están muy alejados y la única respuesta es moderarse y presentar alternativas y reconstruir un diálogo plausible con el gobierno”, y agregó Serrano, “afirmar que no están débiles militar y políticamente, es negar la realidad“ sí lo están”.

"Ese bandido (Alfonso Cano) lleva 40 años engañando a Colombia. Hablando de diálogo, cuando lo que hace es asesinar y por eso no se le puede dar ninguna credibilidad”. Álvaro Uribe, presidente Colombia.

"Llegará el momento en que todos esos bandidos estarán en la cárcel, pasarán de sus escondites del crimen y de su protagonismo publicitario a la cárcel”. Álvaro Uribe, presidente Colombia.

El presidente de facto de Honduras, Roberto Micheletti, afirmó ayer que un partido político y una organización sindical del país que no identificó “reciben dinero” de la guerrilla de las Farc.

¿Palabras de esperanza?

Por su parte, sectores opositores al Gobierno fueron más optimistas respecto de las declaraciones de ‘Cano’.

El Director del semanario de izquierda Voz, Carlos Lozano, dijo que Cano “le quitó veracidad al tema de los computadores, que han servido como campaña contra los países que están adoptando procesos políticos distintos. En el tema del acuerdo humanitario plantean la disposición de adelantar el canje y mantienen la palabra de liberar al Cabo Pablo Emilio Moncayo y a un soldado profesional”.

En este punto del diálogo, tema álgido de las declaraciones del líder guerrillero, el Director de Indepaz Camilo González Posso afirmó que ‘Cano’ “dejó abierta la posibilidad para que haya un proceso humanitario, --aunque añadió que-- no hay un camino viable mediante el diálogo unilateral como lo quiere el Gobierno y bilateral que expone las Farc, allí nos vamos a quedar”.

Por último la Senadora del Polo Democrático Alternativo, Gloria Inés Ramírez, presidenta de la comisión de paz, manifestó que “la entrevista muestra que se abre paso el acuerdo humanitario, ya que ellos dicen que es un elemento importante y prioritario de las Farc”.

Video enreda a Guardias

Anoche se reveló una nueva prueba de los supuestos vínculos de algunos miembros de la Fuerza Pública y el Gobierno de Venezuela con las Farc.

La pieza audiovisual da cuenta de la entrega que hace alias Chigüiro, un guerrillero que fue capturado y extraditado a Estados Unidos, de una camioneta que recuperó en Colombia a delincuentes venezolanos.

La devolución se realiza en presencia de miembros de la Fuerza Pública del vecino país. A cambio el guerrillero recibe cuatro canecas de 55 galones, al parecer llenas de gasolina.

Un periodista que acompaña la ‘misión’ de los venezolanos, quienes atraviesan el río Orinoco a la altura del Estado de Ayacucho, entrevista a ‘Chigüiro’ sobre la situación, éste le responde que se trata de “un pacto de caballeros para recuperar las cosas robadas y devolverlas, así ustedes pueden decir que no todo lo de la guerrilla es malo”.

Putumayo, sin energía

• Las Farc dinamitaron ayer una subestación del sistema interconectado de electricidad en el Putumayo, cerca a Ecuador, lo que dejó sin servicio a cinco poblaciones, informaron portavoces del sector en la región.

• El sabotaje se registró en la madrugada en Puerto Caicedo, dijo el vocero de la Empresa de Energía del Bajo Putumayo, Harold Vallejo.

Tomado de:
http://www.elpais.com.co/historico/ago142009/NAL/nal3.html

Masacre en Bagua: Promesas y mecidas del gobierno

El martes once de agosto, a las 2:30 p.m., el ministro del Interior, Octavio Salazar, y el director general de la Policía, general PNP Miguel Hidalgo, se reunieron una vez más con los deudos de los policías asesinados en Bagua para informarles sobre los avances relacionados con el pago de sus beneficios.

Durante el encuentro, Salazar anunció que solo estaba pendiente el pago de la pensión a la madre del suboficial de tercera José Alberto García Guzmán (21), Rosa Amalia Guzmán García, a quien se le había negado este beneficio por estar casada con un militar en actividad, pese a haber acreditado ante la Dirección de Bienestar de la PNP que dependía económicamente de su hijo.

“El tema de la pensión está solucionado. Solo hay un caso: la señora tendrá que ver la manera de cómo justificar. Nosotros no podemos disponer y ordenar las cosas porque podemos dejar sin piso a las personas que son las que firman las resoluciones”, aseguró Salazar. Cabe señalar que la semana pasada también se realizó una reunión en la PCM entre los deudos y el premier, Javier Velásquez Quesquén. Éste se comprometió a resolver el caso si Salazar no lo hacía.

Quizá lo novedoso del encuentro del martes fue el anuncio de Salazar respecto a la entrega de un bono a los deudos para que puedan tener acceso a una casa del programa Techo Propio, como resultado de un convenio suscrito entre el ministerio del Interior y el de Vivienda.

FOTO: IDL-SC

A pesar de estos avances, aún hay temas pendientes como la publicación de la resolución ministerial que considerará a los efectivos muertos en la subestación petrolera seis como caídos en acción de armas y no en acto de servicio como hasta ahora.

Si bien Salazar indicó que hoy iba a ser publicada dicha resolución en el diario oficial El Peruano, esto no ocurrió.

Pero lo que resulta más preocupante es lo poco que ha hecho la PNP para salvaguardar la salud física y psicológica de los sobrevivientes de lo que ha sido la peor catástrofe en la historia de la Policía con el mayor número de efectivos muertos en un operativo.

El 21 de julio, Salazar e Hidalgo se reunieron por segunda vez con los deudos de los policías asesinados y representantes del Instituto de Defensa Legal (IDL). La reunión se llevó a cabo en el despacho ministerial.

Entonces, Hidalgo se comprometió a darles “sesenta días de descanso a los sobrevivientes para que se recuperen”. “He dispuesto que se instale un grupo de psicólogos (en la Dinoes)”, agregó Hidalgo, quien fue respaldado por el ministro Salazar: “Les daremos sesenta días para que estén con sus familias”.

FOTO: IDL-SC

El general Hidalgo durante reunión con los familiares en el despacho ministerial el 21 de julio.

Pero ahora, tres semanas después, Hidalgo asegura que los sobrevivientes “no tienen derecho” a ese descanso. “Nosotros tenemos el razonamiento, la lógica y el criterio para darles facilidades, trabajos administrativos, (descansos) pasivos. ¿Por qué sesenta días no? Si yo le doy sesenta días, en la lista de revista va a aparecer como sesenta días y seguramente la ley establece que no les paguen. No podemos avasallar a la institución de esta manera. Les hemos dado las facilidades para que puedan reencontrarse con ellos mismos”.

Pero, ¿qué es un descanso pasivo? Según la Policía, aquello que solo implique el uso de las facultades necesarias para desarrollar únicamente trabajos administrativos.
Bajo esa premisa, entonces los altos mandos policiales estarían en permanente estado de descanso pasivo.

IDL-SC conversó con algunos de los sobrevivientes que aún tienen secuelas físicas y refirieron haber tenido a lo sumo quince días de descanso médico antes de ser reincorporados a sus unidades. No pocos fueron enviados casi de inmediato a comisiones de servicio y otro tanto tuvo el denominado descanso pasivo.
Para aquellos que pidieron su cambio de colocación a otra unidad, la situación no ha sido distinta. IDL-SC pudo conocer, por ejemplo, que uno de los sobrevivientes pidió vacaciones, pero se las negaron a pesar que le correspondían aún antes de los sucesos en Bagua.

Pero para Hidalgo, “todos los sobrevivientes, vamos a decirlo así, todos nos han pedido hacer un servicio en la mina. Porque ahí pagan sus tres mil soles al mes. Ahora, uno le dice después de un ataque, descanse, recuéstese, le van a poner un psicólogo, un doctor. No, yo me voy a mi mina, no quiero descansar”.

Su trayectoria indica que Hidalgo es un buen hombre. Pero parece que el cargo de director general no actúa precisamente como un estimulante ni de la consistencia ni del cociente intelectual. Por lo pronto, Hidalgo no debería desconocer ni renegar de lo que ofreció y dijo. Además, debería entender que la minucia burocrática no debe jamás impedir que un jefe vele por el bienestar de sus subordinados, especialmente de aquellos que necesitan el tiempo y los cuidados para recuperarse bien de las heridas físicas y espirituales sufridas en la nefasta jornada del cinco de junio.

Tomado de:
http://www.seguridadidl.org.pe/destacados/2009/13-08/promesas-y-mecidas.htm

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