jueves, 26 de noviembre de 2009

Sendero Luminoso lanza partido para elecciones

El Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales buscará conseguir la libertad de los "presos políticos" que enfrentan condenas en los penales de Perú.

por Reuters

La policía peruana guarda unas 1.200 piezas en un "museo" de Sendero Luminoso, que sirve para entender al grupo guerrillero.


Lima. Miembros del grupo rebelde peruano Sendero Luminoso que cumplieron su condena anunciaron la formación de un partido político de cara a los comicios presidenciales del 2011, dijeron los abogados del líder insurgente Abimael Guzmán.

En una conferencia de prensa, uno de los abogados de Guzmán, Alfredo Crespo, señaló que el Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales buscará conseguir la libertad de los "presos políticos" condenados en los penales de máxima seguridad del país.

"Vamos a participar en la vida política del país como movimiento a nivel nacional y también de las elecciones, ya sea generales, regionales o municipales", dijo Crespo.
Perú afrontó durante dos décadas una sangrienta lucha contra la guerrilla de Sendero Luminoso comandada por Guzmán, en la que murieron o desaparecieron unas 69.000 personas, según cifras oficiales.

Durante su apogeo, el grupo promovía una ideología maoísta y buscaba instaurar un Estado comunista en Perú, pero tras la captura de su líder en 1992 se replegó a lugares remotos de la nación sudamericana.

"El principal objetivo es crear una nueva constitución política (...) con libertad económica y contra la política neoliberal, así como la libertad de pensamiento", afirmó Crespo.

"Pensamos que en nuestros país debe darse una amnistía para todos los presos políticos y luchadores sociales", agregó.

Manuel Fajardo, otro abogado de Guzmán, dijo por su parte que "no descartamos alianzas. Estamos muy interesados por ejemplo, en el movimiento del Padre Arana", refiriéndose a Marco Arana, un sacerdote católico progresista con ambiciones políticas.

Aunque la opinión pública está en contra de Sendero Luminoso, Guzmán ha llamado a sus seguidores, la mayoría en prisión, a participar en las elecciones como electores o candidatos.

El presidente Alan García no puede participar de las elecciones de 2011, y candidatos de izquierda y derecha están empezando con sus campañas electorales.

Los sondeos muestran entre los que tienen más intención de voto a la congresista de derecha Keiko Fujimori, hija del ex presidente Alberto Fujimori. El ex mandatario está preso por acusaciones de violaciones a los derechos humanos durante su gobierno.

Tomado de:
http://www.americaeconomia.com/note.aspx?Note=369124

Farc cobran a campesinos las minas que pisan

ENTRE $50 MIL y 2 millones pagan a las Farc las víctimas de minas antipersonal. El argumento es que no son contra ellas sino contra el Ejército. Antioquia, Nariño y Caquetá registran casos de pagos insólitos.

José Guarnizo Álvarez

Archivo. Las minas que utilizan las Farc son en su totalidad artesanales. De 1990 a octubre de 2009, Colombia registra un total de 8.034 víctimas por minas antipersonal. Antioquia presenta la mayor cantidad, con un 22 por ciento. Le siguen Meta, con 10 por ciento, y Caquetá, con 8.

A finales de 2007, a través de la Campaña Colombiana contra Minas, se filtró una denuncia que inicialmente pareció una burla al sentido común. La información provino de un pueblo fantasma del Caquetá de donde habían salido desplazadas 5.000 personas de tiempo atrás y que tiene por nombre La Unión Peneya.

Un hombre que pisó una mina sembrada por el frente 15 de las Farc, que opera en el sur del país, aseguró que la guerrilla le estaba cobrando 500.000 pesos por algo que, según la lógica del grupo armado, no estaba destinado para él. En otras palabras, la razón del cobro era que él había "echado a perder" un explosivo que iba dirigido contra el Ejército.

"El campesino pisaba la mina y, sin importar el daño físico y psicológico, tenía que pagar por el perjuicio que supuestamente había causado", dice un representante de una ONG que tiene una de sus sedes en Florencia, capital del departamento de Caquetá.

En el 2008, quienes perdían sus extremidades al pisar los artefactos comenzaron a ser objeto de tan insólitos cobros. "Manito, ya pisó la mina, piérdase de acá. Si va a poner la denuncia y a socializar el accidente, automáticamente le toca", les decían.

"Entonces, quedabas contra la pared. O voy a los hospitales de Florencia y cuento la verdad, o me quedo callado", cuenta un habitante de la zona. La presión a la que estuvo sometida la población de La Montañita, un municipio de 40 mil habitantes que vive en gran parte del cultivo ilegal de la coca, era casi que hombre por hombre.

"Muchas veces te quedabas en el campo y no salías a los puestos de salud. O si llegabas, no decías lo de la mina, sino que dabas la versión de que se te había disparado la escopeta. Te inventabas infinidades de cuentos que terminaban reportados en la historia clínica", agrega la fuente.

Pasados dos años, las denuncias sobre este tipo de prácticas eran escasas y parecían más un simple rumor. Solo hasta la semana pasada, cuando una víctima en Antioquia hizo el mismo comentario. Entonces salieron a la luz más casos. En una reunión a la que asistió un delegado de la ONG Handicap Internacional se supo de tres víctimas más de minas y cobros en el departamento.

"Funcionarios de hospitales de primer nivel lo pusieron en conocimiento. Eso está saliendo es ahora último, antes no era tan común. Lo escuché a comienzos de este año a tres personas de dos municipios de Antioquia, uno de ellos del Oriente", dice una funcionaria.

Adriana Zapata, presidente de la Asociación de Víctimas de Minas en Antioquia, una mujer que por cierto ha padecido en carne propia la severidad de los explosivos, se encontró la semana pasada en San Juan de Arama, en el Meta, con una víctima más a la que grupos armados le estaban cobrando nada menos que 1 millón 200 mil pesos. "Escuchar a la persona decirlo fue bastante maluco. O sea, no me imaginaba que eso pudiera suceder. Imagínese -agrega- uno con tanto dolor y enseguida otros cobrándole".

Lo que poco se entiende es que una denuncia tan grave haya pasado inadvertida tanto tiempo. Esto sucede, según miembros de una organización humanitaria, porque al momento de un accidente lo que ocupa es atender la emergencia, "mirar la rehabilitación, no saber si les están cobrando". A las agencias internacionales, agregan, no les competería prohibir que cobren por las minas, sino más bien que no las utilicen.

Además, el pánico a denunciar hace que el tema no trascienda el anecdotario. Viviana Martínez, secretaria de Gobierno de Samaniego, Nariño, centro de la mayor cantidad de quejas, dice que el municipio ha solicitado información a la Fiscalía y a la Policía, pero que no hay ninguna denuncia formal. "La razón es que las víctimas se tienen que regresar a las veredas y allá tienen que volver a convivir con esas personas. Otras veces les impiden acceder a los beneficios legales que entrega Acción Social".

La presión que se siente en Montañita es un ejemplo. Allá los civiles han estado sitiados porque sencillamente no pueden entrar y salir cuando quieren. "Si yo digo que me voy de paseo a Florencia y en un mes vuelvo, no dejan. Hay que pedir permiso y estar sometido al constante seguimiento", dice alguien de la zona.

¿Negocio redondo?

Sin embargo, al consultarle por el caso, Andrés Dávila Ladrón de Guevara, director del programa Presidencial contra Minas Antipersonal, asegura que esa dependencia está en miras de recaudar información que podría llevarse a la Corte Penal Internacional. "La parte complicada -explica- es hacer el seguimiento preciso e individualizar el hecho. Para nosotros es un poco difícil, pero creemos que es un tema que hace necesaria la denuncia y la condena".

Para Dávila, que las Farc les cobren a sus víctimas representa el máximo nivel de deterioro y de maltrato a las comunidades. La pregunta que surge entonces es si la guerrilla lo hace por razones económicas. Si se tiene en cuenta que la elaboración de una mina artesanal, de acuerdo con el testimonio de un explosivista de la Policía, es tan sencilla como ir de compras al supermercado, los guerrilleros estarían ante un negocio redondo.

"Los elementos que se necesitan son los mismos que tiene una persona diariamente a la mano. Sobre todo porque el explosivo se puede sacar de los abonos orgánicos a base de nitrato de amonio. El aluminio en polvo, por ejemplo, lo consiguen los polvoreros para hacer sus juegos de luces", argumenta.

Un experto en minas del Ejército asegura que con solo 300 pesos (lo que cuesta un detonador en el mercado negro), casi se puede construir uno de esos artefactos (que en total vale 1 dólar) sin despeinarse. Y, si se compara con los 2 millones de pesos que la guerrilla ha llegado a cobrar en Samaniego, como se lo comentaron a una empleada de Naciones Unidas, la rentabilidad sería altísima.

En la "tabla de precios" que los armados han pedido a personas mutiladas o a familiares de difuntos, 50.000 es la cifra más baja. Existe, incluso, según Dávila, una tarifa que disminuye si la que explota la mina es una recua de mulas y no un ser humano.

Pero más allá de la plata que las Farc les saquen a las víctimas, que en el 97 por ciento de los casos son pobres, según el Gobierno, podría esconderse un asunto de estrategia militar. "Aunque a ellos les sale muy barato construirlas, el riesgo que están asumiendo instalándolas es muy alto. Entonces, que una mina sea activada por alguien que no era su objetivo implica primero tener que responderle a la comunidad; segundo, poner nuevamente a un explosivista a que se vuelva a arriesgar. Y, tercero, es alertar al Ejército", asegura una fuente cercana a los hechos.

Por documentos que ha obtenido inteligencia militar del Secretariado de las Farc, la guerra ahora es con minas y no con disparos. ¿Cuál es el problema de la mina? Que se queda ahí. Colombia, en un escenario de posguerra, tardaría 100 años en desminar sus campos. Un funcionario utiliza la palabra "dantesco" para describir la cantidad de esqueletos de animales que cualquiera se puede encontrar, por ejemplo, en zona rural de Ituango.

En San Rafael, Antioquia, con lo que queda del Noveno Frente y, en el Nudo del Paramillo (bordeado por el Bajo Cauca y el Alto Sinú), con el 18, la guerrilla ha tenido que utilizar minas antipersonal como mecanismo desesperado para contener a 5.000 hombres de la Fuerza de Tarea Conjunta y varias Brigadas Móviles, incluyendo soldados de la IV y la XIV brigadas. Dicho por el secretario de Gobierno de Antioquia, Andrés Julián Rendón, es una ofensiva sin tregua.

Mucho de lo que relatan quienes visitan las estribaciones del Nudo, que se extiende en un espeso monte de 6.000 kilómetros cuadrados, es que el Ejército no tiene cómo avanzar en terrenos minados. "Una mina, cuya instalación demora una hora, retrasa a las tropas dos o tres días. Por eso no han podido derrotarlos", agrega la fuente.

Este año van 120 víctimas accidentadas en la zona y 35 soldados muertos. Por informe de la Gobernación se sabe que en Antioquia resultaron muertos y heridos 104 militares en 2009. "Es muy duro. Mientras a la mafia no le cuestan nada una lata de cerveza, una jeringa y 300 gramos de explosivo, el Estado invierte algo que no se puede cuantificar y es la vida de una persona", cuenta un militar.

Por eso un campesino que explota una mina lleva a cuestas una cruz doble. Por un lado, tiene que pagar por lo que no se gastó sino que padeció. Y, por otro, como ha ocurrido en Caquetá, carga con el fardo de ser sospechoso de instalar el artefacto. Existe una última y eventual motivación, por parte de las Farc, para quitarle la plata a un mutilado. Algo que trasciende lo económico y lo militar y que nadie se atreve a descartar, pero tampoco a validar: la práctica de la perversidad.

Contexto

Sal, incendios y recuas, todo con tal de no caer

Los campesinos históricamente han tenido varias estrategias para saltar de un lado a otro y así evitar accidentes. "Lo más práctico que hacían era quemar el bosque para que la dinamita explotara con el calor. Lo otro era que identificaban la mina y le echaban sal, y así corroían lo metálico", dice un experto.

Ahora, como lo confirmó el secretario de Gobierno de Argelia a EL COLOMBIANO hace ocho días, los civiles han decidido deshacerse de las minas con recuas.

Tomado de:
http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/F/farc_cobran_a_campesinos_las_minas_que_pisan/farc_cobran_a_campesinos_las_minas_que_pisan.asp?CodSeccion=9

Hacia un mundo con drogas

El fracaso general de la guerra contra el narcotráfico lleva a América Latina a debatir nuevas formas de regulación del consumo personal. La región comienza a dejar atrás el prohibicionismo de antaño.

por Rodrigo Lara Serrano

El modelo a seguir es Portugal, que descriminalizó el consumo personal de todo tipo de drogas.

El mar Caribe estaba calmo. Por ello, la andanada de proyectiles que impactó al pesquero Crystal sonó a truenos de día claro. Segundos después se fue a pique y sólo entonces la tripulación del HMS Iron Duke irrumpió en vítores. Un día antes la fragata había abordado esa nave para descubrir 212 paquetes de cocaína escondidos bajo un suelo de cemento falso en su bodega: 5,5 toneladas. O, puesto en valor de mercado, US$382 millones de dólares. Parco, aunque ufano, Andrew Stacey, capitán de la nave de guerra del Reino Unido, comentó: “el Iron Duke seguirá a la caza de traficantes de cocaína. Este es nuestro trabajo y lo hacemos bien”.

Pocas veces una derrota fue anunciada con tanta satisfacción.

Si se cree que la cantidad total de cocaína producida en el planeta en 2008 fue de 885 toneladas (datos de la Agencia de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Crimen), la requisa del Iron Duke es un triunfo. Por el contrario, si se contabiliza el dinero y recursos movilizados contra el tráfico de drogas por el Plan Colombia, el Acuerdo de Mérida, las policías nacionales, y se lo compara con el florecimiento del crimen organizado asociado a las sustancias ilícitas en México, Centroamérica, Golfo de Guinea (vía Colombia), Brasil, Perú, Colombia misma y Argentina, la situación adquiere un aspecto bastante más sombrío. El “prohibicionismo”, la doctrina que llama a considerar el tema de las drogas como una “guerra” que acabará con ellas, comienza a parecer un “negacionismo”.

Números malos. “Las cifras que se dan (de la lucha contra) droga son cualquier cosa. Son una farsa”, dice Francisco H. Thoumi, titular de la cátedra de Economía Política y Problema de Drogas de América Latina de la Universidad de Texas. “En Colombia, en cada uno de los últimos siete años, el gobierno dice que ha erradicado más cultivos del total producido”, agrega.

En la misma línea, Juan Toklatián, compilador y autor de “La guerra contra las drogas en el mundo andino: hacia un paradigma post prohibicionista”, contrasta que “en el informe anual del Departamento de Estado sobre narcóticos se habla de que el tráfico de drogas produce del 2 al 4% del PBI mundial. Esto es, de 250 a más de US$300.000M de dólares, pero la entidad que habla del dinero que se recupera en la lucha contra los carteles asevera que es el 0,5% de ese monto. Una de las cifras no es correcta”.

Pero aún creyendo que los números son aceptables, la situación no lo es. “En Perú la erradicación del cultivo de coca es de 10 mil hectáreas anuales, pero tenemos de 56 a 60.000 hectáreas en plena producción y están aumentando”, asevera Ricardo Soberón, presidente del Centro de Investigación de Drogas y Derechos Humanos. “La producción peruana de cocaína es hoy de 290 a 300 toneladas”.

En Brasil, un informe del Instituto de Estudios de la Religión (Iser), conocido hace pocos días, asevera que más de 10.000 civiles murieron sólo en Río de Janeiro en supuestos enfrentamientos armados con la policía entre 1995 y 2007. La jueza brasileña y ex Defensora Pública de la ciudad, María Lucía Karam es más dura: “Cerca del 20% de los homicidios en Río son hechos por policías”. No le parece raro, ya que “quien debe ‘combatir’ al ‘enemigo’ debe eliminarlo. ¿Cómo espantarse entonces de que los policías brasileños torturen y maten?”.

Mientras tanto, el bello norte de México se ha convertido en el campo de batalla en que los comandos paramilitares de alrededor de una decena de baby cartels se enfrentan entre sí y con un puñado de policías municipales, estaduales y 50 mil hombres de Ejército mexicano. Y no es el ejército el que va ganando.

Cómo cantar derrota. Así, en México, “las perspectivas de triunfo o de logros, como siempre, son nulas. En esto no se gana. En esto, incluso, es muy difícil siquiera, avanzar”. Es lo que afirma Jorge Castañeda, el ex canciller, que acaba de publicar (con Héctor Aguilar Camín) “El Narco: una guerra fallida”. Para él, “lo que sí puede hacer el presidente Calderón, y parece que está empezando a hacerlo, es -por la fuerza de los hechos- ir bajando el perfil de la guerra dentro del conjunto de las actividades gubernamentales”. Concentrarse en la economía, en el empleo, en las reformas institucionales “y entonces, por default casi, va a ir disminuyendo la importancia de la guerra y un buen día cantar victoria, retirarse y ya. Obviamente, sin haber ganado”.

Quien ya se retiró fue Naciones Unidas. “Los resultados de La Década de la Lucha contra las Drogas, lanzada por la organización en 1998, no se conocen porque no se hizo la evaluación de los resultados a los 10 años. En 2008, no hubo ninguna cumbre. Fue patético”, reseña Toklatián. La verdad, agrega, es que “hay una enorme convicción de que el régimen antinarcóticos está siendo perforado. Las políticas concertadas entre países están teniendo resultados muy magros”. En tanto, que “se está viendo la creación de facto de una verdadera clase social criminal que controla espacios, recursos y dictamina dinámicas políticas locales”.

Quiebres. Para colmo, las cárceles no dan abasto. “La situación penitenciaria en la región es explosiva. Tenemos más de dos millones de reclusos por drogas. Es mucho”, dice Soberón, en Lima. ¿Qué hacer? Para unos, la única salida seria es la legalización. Permitir que con las drogas ilícitas pase como con las “lícitas”, el alcohol y el tabaco.

Es lo que postula Karam, miembro de LEAP (Law Enforcement Against Prohibition), una entidad creada en Estados Unidos y que integran policías, jueces, agentes penitenciarios y expertos. “Este modelo nefasto, que provoca violencia y destruye vidas, precisa ser anulado y sustituido por un modelo racional que, legalizando la producción, el comercio y el consumo de todas las drogas, respete los derechos fundamentales de todos los individuos y efectivamente regule aquellas actividades”, dice.

En la vereda del frente de LEAP está la Federación Mundial Contra las Drogas (FMCD). Se trata de 600 ONGs lideradas por la reina de Suecia, que exigen la prohibición absoluta y la intolerancia total hacia el consumo.

En una posición que no coincide con ninguno de los dos grupos está Thoumi. “Quienes plantean la legalización, simplemente no tienen ningún entendimiento de cómo ha surgido el prohibicionismo”, dice. De hecho, reconoce, el prohibicionismo del alcohol funciona muy bien en los países islámicos. Para él se trata de pensar el problema de otra forma. Y ejemplifica: “¿Por qué Colombia encuentra más competencia en el mundo para su café que para su cocaína, si la cocaína es mucho más rentable? ¿Por qué la producción de coca está concentrada en tres países?’’.

La explicación, afirma, es que en los países productores de droga hay una gran brecha entre las normas legales y las normas de comportamiento aceptadas por grupos importantes. “Lo llamo anomia completa. Es un individualismo amoral donde a la gente no le importan los efectos de sus acciones sobre los demás”, define. Para él, que Colombia sea centro neurálgico de la cocaína se relaciona con que “siempre ha estado entre los primeros productores de dólares falsos; es el primer productor de sicarios; es el primero o segundo productor de niños guerrilleros y el primer o segundo exportador de prostitutas”.

Todos efectos de un quiebre socio-institucional profundo. “Antes de la globalización, las sociedades que tenían estructuras señoriales eran estables, pero con los cambios eso ya no es estable”. Según el estudioso, que Latinoamérica impulsara la legalización, sería cómo decirle al mundo “como nosotros no podemos cambiar, por favor ustedes cambien”.

Pero ya en la región, internamente, algunas cosas están cambiando.

Modelo portugués. Los ex presidentes Fernando Henrique Cardoso (Brasil), César Gaviria (Colombia) y Ernesto Zedillo (México) presentaron hace poco una declaración que recomienda explorar las posibilidades de descriminalizar (aunque no de legalizar) el consumo de marihuana. La Corte Suprema de Argentina habilitó el consumo personal de marihuana en lugares no públicos este año. En México, una nueva ley despenalizó el uso de opio (3 gramos), heroína (50 miligramos), marihuana (5 gramos), cocaína (500 miligramos), metanfetaminas (40 miligramos) y LSD (0.015 miligramos).

En Paraguay, se evalúa permitir el consumo y transporte de la cannabis. En Ecuador, el artículo 364 de la nueva Constitución establece que las drogas son un asunto de salud pública. Y en Bolivia, el gobierno de Evo Morales pidió la eliminación de dos artículos de la Convención contra las Drogas, para sacar a la hoja de coca de la Lista 1, que define a las drogas más peligrosas.

El modelo hoy es Portugal, “que descriminalizó el consumo personal de todo tipo de drogas, y los niveles de violencia y consumo no han crecido, y tampoco se ha convertido en paraíso de la criminalidad”, puntualiza Toklatián.

Sin embargo, es un camino con límites. Uno es ético-personal. Quien consuma, consume drogas que se producen en algún lugar. Ilegalmente. Y en ese lugar los productores se siguen matando a balazos con la policía. El otro, internacional. Existe la normativa establecida por tres convenciones contra las drogas, que prohíbe a cualquier país cambiar sus leyes y legalizar la producción y distribución de alguna de las sustancias prohibidas. Para cambiarla “habría que convencer a los países islámicos, Japón, China y las ex repúblicas soviéticas que son horriblemente prohibicionistas”, sentencia Thoumi. Soberón es más optimista. “El sistema de la ONU ha comenzado a mostrar algunas fracturas: en el último encuentro de Viena surgieron disensos”.

El Dr. Cristiano Avila Maronna, director ejecutivo del Ibccrim (Instituto Brasileiro de Ciências Criminais), ve la ola de despenalización del consumo como el primer paso hacia la legalización plena: “A mediano y largo plazo seria necesario profundizar esa política con vistas a una legalización futura controlada de cualquier substancia, escenario en que habría una política de salud pública unificada: prevención y tratamiento, pero no represión penal”.

A este respecto, lo que haga la sociedad brasileña en los próximos años podría tener un fuerte impacto mundial. Porque, excepto la India, los grandes países emergentes no tienen ningún interés en promover alternativas al prohibicionismo. Por ahora Brasil también se mueve lento. El problema es que, dice Toklatián, “contraintuitivamente, los brasileños siguen insistiendo en que no hay grandes grupos criminales de talla internacional en Brasil, cuando hoy el corredor más ocupado para mover droga en la región es el amazónico”.

Thoumi, para quien la legalización no es más que un sueño, propone una opción distinta. Como camino práctico para empezar a cambiar las mentalidades, sugiere “tomar el alcohol y el tabaco, que son legales, y establecer un seguro contra la adicción, porque hoy los impuestos a esas drogas no están relacionados con el costo social. Hay que vincular el costo social del consumo, con el consumo”. Lo anterior “permitiría sacar el debate de las drogas de la parte moralista, que es donde está estancado, porque si algo es religioso, es algo que no se puede negociar”.

El debate debe seguir. Es probable que el descubrimiento sorprendente de que la cocaína y el alcohol se mezclan en el hígado humano creando una nueva droga, el cocaetileno, de efectos muy dañinos, será una nueva arma para los prohibicionistas. Pero los legalizadores ahora tienen a su favor la evidencia de la extensión creciente y no criminal del uso del khat. En el fondo, el debate real es sobre cómo moderamos el sufrimiento que nos inflingimos unos a otros y a nosotros mismos. Y si eso supone “domesticar” algunas sustancias que alteran la mente o mantenerlas “salvajes”.

Con la colaboración de Graziele Dal-Bó en Sao Paulo.

Tomado de:
http://www.americaeconomia.com/368866-Hacia-un-mundo-con-drogas.note.aspx

martes, 24 de noviembre de 2009

Sendero renaciente

Remanentes del grupo terrorista se insertan exitosamente en una economía ilegal de coca en auge.

Cecilia Niezen

García: vuelve un viejo enemigo

No sólo en los filmes de Hollywood hay muertos vivientes. Sendero Luminoso (SL) -grupo terrorista que en los años 80 y 90 sembró el terror en el Perú, generando miles de muertes- ya no es más el cadáver que los peruanos creían que era. Sus remanentes, hoy aliados con el narcotráfico, están cada vez más activos y muestran que el Estado peruano sigue en peligrosa falta respecto a la integración y desarrollo de las zonas campesinas más pobres del país.

La alarma crece, ya que, durante los últimos 15 meses, en sucesivas emboscadas, el grupo subversivo asesinó a más de 40 policías y militares en la zona conocida como el VRAE (Valle de los Ríos Apurímac y Ene). Se trata de un área montañosa cubierta de bosques de difícil acceso: el centro más importante de producción de hoja de coca peruana. En forma paralela a este resurgimiento, los asesinatos por ajustes de cuentas del narcotráfico en diferentes ciudades del Perú se hacen cada vez más comunes.

Si bien los dos tipos de violencia responden a lógicas e intereses diferentes, los expertos coinciden en señalar que Sendero Luminoso y el narcotráfico trabajan hoy más cerca que nunca. Fabián Novak, ex viceministro de Políticas para la Defensa del Ministerio de Defensa del Perú, sostiene que la principal amenaza que se levanta en el horizonte y que compromete la seguridad y el desarrollo del Perú es precisamente la alianza entre ambos flagelos y su potencial crecimiento. Un panorama que, agrega, podría llevar al país a un escenario de "farcarización" a la colombiana, si es que no se adoptan las políticas adecuadas.

El sociólogo Jaime Antezana, especialista en temas de seguridad interna y narcotráfico, coincide con Novak. "A diferencia de los 80, cuando SL se relacionaba con el narcotráfico brindando una especie de seguridad a la actividad y sus cabecillas, hoy es un actor presente en varios eslabones de la cadena de producción de la coca e incluso puede haberse convertido en una especie de firma más del narcotráfico". Según Antezana, a las autoridades la situación se les podría estar "yendo de las manos" y las consecuencias de no enfrentar con eficiencia el problema serían funestas. "El narcotráfico está empezando a generar un proceso de crimen organizado mucho más sofisticado que el que nosotros hemos conocido antes".

El presidente García pide paciencia y ha declarado que los últimos ataques en la zona del VRAE no configuran "ni la décima, ni la centésima parte de lo que vivió el país en la década de los 80". No obstante, el potencial violento de los sediciosos, advierten los expertos, es grande.

No sólo se trata de violencia. La economía basada en los cultivos de hoja de coca (oficialmente se estima que casi el 95% de la producción de este cultivo se destina al narcotráfico) y en la producción de cocaína y pasta base trae consigo una cadena de corrupción que puede carcomer los cimientos de una frágil institucionalidad democrática como la peruana. Y en términos económicos, menciona Novak, el movimiento anual de lavado de activos es de aproximadamente US$ 5.720 millones, equivalente al 6% del PBI del Perú.

Para el abogado y experto en temas de seguridad nacional Rubén Vargas, en este marco, subestimar a SL sería un error. "Dicha organización nunca fue derrotada militarmente y su estructura militar permaneció intacta, aun cuando la cúpula dirigente, incluyendo a su líder, Abimael Guzmán, fue capturada y purga cadena perpetua desde 1992", señala. Quienes operan en el VRAE - cuyo contingente se calcula en unos 300 hombres- son disidentes de Guzmán y su política de repliegue y defienden la continuación de la lucha armada.

Violento y con poder de fuego, habría que añadir que -a diferencia de la confrontación entre población y terroristas de los años 80- ahora SL quiere acercarse y ganarse la confianza de los campesinos. Por ejemplo, 'defendiéndolos' de los planes oficiales de erradicación de cultivo de la hoja de coca.

Estado ausente y pobreza. Si a la anterior ecuación le añadimos un Estado ausente (las cifras oficiales hablan de un 70% de pobreza en la zona del VRAE), el cóctel se vuelve todavía más explosivo. Lorenzo Castillo, gerente de la Junta Nacional del Café, lamenta que el Estado no tenga una estrategia de desarrollo social y productiva de cara a solucionar las condiciones de vida de los habitantes de los 12.000 km2 que tiene el VRAE. La miseria, agrega, "es una forma de alentar la economía ilícita".

El sector cafetalero -que reposa sobre los hombros de miles de pequeños productores en la selva alta, agrupados en cooperativas- se ha mantenido firme aun en terreno difícil.

En 2008 las exportaciones de este cultivo tradicional alcanzaron los US$ 650 millones.

No obstante, en la zona del VRAE -donde se calcula hay unas 10.000 has de café y unos 5.000 cafetaleros, muchos de ellos agrupados en tres cooperativas-, la producción se ha estancado por falta de inversión en la renovación de las plantaciones. Por si fuera poco, "es difícil competir con operadores que pagan sobreprecios en café y cacao con dinero y fines ilícitos", declara. Señala que en momentos en que el café no se cotizaba a más de US$120 en la Bolsa de Nueva York, se ha llegado a pagar en la zona hasta US$140.

Existe un criterio común en que si se le corta el aire al narcotráfico se le quita piso a la subversión senderista. Lejos de ello, la extensión de hectáreas cultivadas de hoja de coca crece en el Perú y, según cifras oficiales, los cultivos en 2008 pasaron de 53.700 has a 56.100 has. De ese total, el VRAE representa casi el 60% de lo que se produce en el país.

Resulta complicado que los pequeños productores -quienes tienen una lógica de complementar su producción entre varios artículos- terminen abandonando la hoja de coca mientras ésta les siga pareciendo muy rentable. Castillo, de la Junta Nacional del Café, sostiene que muchos jornaleros prefieren irse a los cultivos de hoja de coca, pues se paga hasta el doble que con el café.

Novak ofrece cifras que de ser exactas configurarían un escenario preocupante. Hay zonas donde la economía agraria dedicada al cultivo de hoja de coca -no para su industrialización en productos o mercados lícitos, sino para el narcotráfico- ha crecido notablemente: "El 28% de la economía agraria cusqu-ña, el 47% de la economía agraria huanuqueña y el 70% de la economía agraria ayacuchana".

¿Cuál es la solución dentro de este panorama nada simple? En palabras de Novak, la solución debe ser integral. Es absolutamente necesario el desarrollo económico y social, de la mano de una lucha antidrogas que contemple el control de insumos químicos, la fiscalización financiera del dinero que proviene de los eslabones altos e intermedios de la cadena y la interdicción.

El combate a la pobreza en el VRAE es, a la vez, un combate al terrorismo y al narcotráfico. Sendero Luminoso -dice Antezana- no crecerá como en los ochentas sobre la base de las universidades o estudiantes radicalizados. "Tiene el potencial de continuar creciendo en los valles donde los jóvenes trabajan de mochileros, sicarios o 'pisacoca'". Podría decirse, incluso, que el renacer de Sendero Luminoso va en proporción directa a las necesidades económicas de la gente. "Sendero va a aumentar su volumen de esa base social articulada a la cadena del narcotráfico", concluye. Mal augurio.

Tomado de:
http://www.americaeconomia.com/366660-Sendero-renaciente-.note.aspx

Argentina. Un feminicidio cada 36 horas

SEGUN UN RELEVAMIENTO, LA INSEGURIDAD DE LAS MUJERES ES PUERTAS ADENTRO

Cada día y medio, una mujer es asesinada en la Argentina, a manos de un conocido directo de la víctima. En 93 de cada 100 casos, el crimen lo cometió la pareja o ex pareja. El 46 por ciento de las mujeres asesinadas tenía entre 15 y 34 años.

El miércoles se conmemora el Día de la No Violencia contra la Mujer. Imagen: Ana D’Angelo

Por Mariana Carbajal

Cada 36 horas se cometió en el país un feminicidio en los primeros diez meses del año. El dato surge de un relevamiento realizado por el Instituto de Estudios Jurídicos Sociales de la Mujer (Indeso), a partir de los casos publicados en diarios y portales de noticias de todas las provincias. El estudio será presentado hoy en la sede rosarina de la Gobernación de Santa Fe, en el marco de las actividades por la conmemoración del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, que se celebra el miércoles en todo el mundo. En total se registraron 204 feminicidios. En el 93 por ciento de los casos resultó imputado un conocido de la víctima: casi en la mitad de los hechos fue acusado y detenido su pareja o ex pareja. El 46 por ciento de las mujeres asesinadas tenía entre 15 y 34 años.

“Los feminicidios son crímenes de odio contra las mujeres, crímenes misóginos acuñados en una enorme tolerancia social y estatal ante la violencia de género”, definió la mexicana Marcela Lagarde, profesora de Antropología de la Universidad Nacional de México, autora de varios libros sobre el tema y asesora de la ONU en cuestiones de género. “El feminicidio es un acto de extrema violencia, que deja al desnudo las situaciones de terror, humillación, desprecio, hostigamiento, violación, maltrato físico, psicológico, emocional, que vivieron estas mujeres”, explicó Noemí Chiarotti, coordinadora de Indeso, una ONG de Rosario. La especialista aclaró que no toda violencia que ocasiona la muerte de una mujer puede ser considerada como “feminicidio”. “Cuando el género de la víctima es irrelevante para quien la asesina, se trata de un asesinato, no de un feminicidio”, precisó.

Ante la ausencia de estadísticas oficiales, distintas organizaciones de mujeres tomaron la decisión en los últimos años de llevar el registro de los casos publicados en medios gráficos y digitales para darle visibilidad al grave problema de la violencia contra las mujeres en el país, y sensibilizar a la sociedad y a los funcionarios públicos. Los números, entonces, son parciales y, se presume, podrían ser aún mayores.

Entre el 1º de enero y el 30 de octubre de este año, el relevamiento de Indeso encontró 204 feminicidios en la prensa. Este es el segundo año que lleva adelante el seguimiento, con la colaboración de Mujeres Autoconvocadas de Rosario (MAR). En los primeros 10 meses de 2008 contabilizaron 170 feminicidios. Es difícil determinar si hubo un incremento de los casos o el aumento se debe a que trascendieron a los medios en mayor medida. De todas formas, la cantidad impacta. En el 85 por ciento fueron ejecutados por algún familiar cercano de la víctima, según la información periodística: en 51 feminicidios, el acusado fue la pareja de la mujer muerta; en 44 casos, su ex; y en 49 hechos, un conocido o pariente como padre, hermano, cuñado o yerno entre otros.


La búsqueda de los casos estuvo a cargo de Mercedes Pagnutti, quien revisó entre 30 y 40 diarios y periódicos nacionales, regionales y locales, impresos y digitales de todo el país. Según su apreciación, “la saña con la que fueron muertas algunas mujeres fue mayor este año que el anterior”. Casos de feminicidios con treinta a cuarenta puñaladas, contó a este diario, la dejaron sin aliento. “No tengo palabras para expresar lo que se siente al leer ese tipo de hechos. Anímicamente afecta mucho”, comentó. El 35 por ciento de los feminicidios se concretó con arma blanca, el 24,5 por ciento, con arma de fuego y el 30 por ciento con golpes, estrangulamiento, ahorcamiento, inmersión o quemaduras.

Ya el primer día del año, Pagnutti se encontró con dos casos. Uno ocurrió al sur de la provincia de Santa Fe, en la localidad de San Eduardo, departamento General López: allí fue hallada muerta de varias puñaladas María Biletto. Su cuerpo estaba en una casa en construcción. Tenía apenas 14 años. Fue detenido su novio, de 20 años. El segundo feminicidio de 2009 tuvo lugar en la ciudad de Córdoba: Nora Díaz, de 32 años, fue degollada por su pareja delante de sus hijos de 12 y 9 años. Los dos últimos casos incluidos en el estudio corresponden al 30 de octubre. En Luján, provincia de Buenos Aires, María Belloto, de 31 años, apareció estrangulada. Trabajaba como empleada doméstica en un country de la zona. El presunto asesino, de 35 años, sería conocido suyo. Ese mismo día, en la ciudad rionegrina de Cipolletti, Jessica Garrido, de 14 años, también fue estrangulada con un alambre. Su pareja, de 21 años, quedó presa.

Tomado de:
http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-135775.html

sábado, 21 de noviembre de 2009

Universidad y desarrollo: Al filo del declive académico y de la corrupción.

Pese a los esfuerzos, la universidad sigue siendo considerada como una isla, donde los integrantes de los estamentos actúan de espaldas a la realidad social, con prioridad a los intereses individuales o de grupo. Caricatura Internet.

El desarrollo económico y social de los pueblos y de las personas, tiene en la universidad un aliado de carácter estratégico. Pues la universidad, más allá del aprendizaje técnico, debe contribuir a la formación de actitudes proactivas sobre: democracia, justicia, solidaridad, progreso, libertad, ética y responsabilidad social.

La universidad debe asumir a conciencia su rol promotor del desarrollo. Mejorar las capacidades y promover actividades que permitan salir de la crisis a importantes sectores de la sociedad. Actualmente el sistema universitario no tiene aportes efectivos al desarrollo económico social, como generador del bienestar humano.

Según la investigación de ‘Ciudadanos al Día’ en base a datos del Ministerio de Economía y Finanzas, el presupuesto público asignado a las universidades nacionales creció 74% desde el año 2005. El año 2009 el presupuesto universitario será de 2,694 millones de soles.

La universidad Nacional Mayor de San Marcos, recibirá S/.301 millones; Universidad Nacional de Ingeniería, S/.225 millones y Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, S/.218 millones; que concentran el 27% del presupuesto. Igualmente, la Universidad Nacional Agraria de la Selva 25 millones; Daniel Alcides Carrión 75 millones; Hermilio Valdizán 41 millones; Ucayali 27 millones y Universidad de la Amazonía 77 millones. El 73% del presupuesto se destina a gasto corriente y un 27% a gasto de capital. El Estado financia 35 universidades nacionales.

El incremento presupuestario no logró elevar el nivel académico de la universidad peruana en este periodo. Son contadas las universidades públicas que ostentan un nivel aceptable en lo académico y administrativo. Competir con las universidades privadas que crecen como hongos, aunque sin garantizar la mayoría de ellas la calidad profesional de los egresados; es aún una meta insatisfecha.

El ranking de las mejores universidades generó gran polémica, entre los que están y no están. La Universidad Nacional Agraria de la Selva lidera el grupo de universidades amazónicas. Gráfico CAD.

Una de las responsables de esta realidad es la corrupción que en las universidades, igual que en otros sectores, es ya un mal endémico, en el objetivo de control y usufructo de las mismas. La ideología política y la ‘causa partidaria’, se han convertido en un medio de impulso y defensa de la disfuncionalidad universitaria. Los actores buscan por todos los medios convalidar lo de ‘el fin justifica los medios’. Un conjunto de universidades públicas y privadas son un referente del comportamiento indecoroso de autoridades, docentes y no docentes, en sentido inverso a la transparencia e innovación de la educación superior.

Un funcionario, trabajador o estudiante universitario actúa irregularmente, cuando: Contraviene con sus actos su responsabilidad hacia un sistema de orden público o cívico. Vulnera reglas contra el ejercicio de influencias indebidas. Hace uso ilegal de su autoridad o cargo. Considera a su puesto como si fuera un negocio. Favorece a quienes les conceden prebendas (extorsión, chantaje sexual, etc.) Permite que en la toma de decisiones primen consideraciones contrarias a la ética y la moral.

El efecto directo de la corrupción en el sistema universitario, es la decadencia del nivel académico, con la pérdida de valores y deterioro de imagen. Foto Internet.

La corrupción en la universidad tienen un efecto debilitador de la motivación de los jóvenes a estudiar y trabajar fuerte, a la vez que les enseña que existen modos más fáciles de lograr el éxito: la juventud llega a creer que el plagiar y el sobornar es una forma aceptable de avanzar en sus carreras. Los docentes y trabajadores exigen cada vez más privilegios, pero hacen poco para revertir la crisis y la anarquía en el sistema.

Para superar los déficits en la universidad, se debe: Elevar la productividad con la valoración y el incentivo justo. Lograr la satisfacción y la creatividad académica en todos los estamentos, concentrándose en las áreas: Administrativo-estructural, flujos de operaciones y recursos humanos; según especialistas.

EL diario ‘El País’ de España, analizó la situación de los educadores universitarios y concluyó que quizás el problema esté en que “profesores del siglo XX intentan educar a jóvenes del siglo XXI en unas universidades del siglo XIX”. Sin duda, un desfase temporal demasiado grande que reúne, en el mismo espacio, realidades muy distintas y difíciles de combinar en el presente.

La esencia que no debe perder la educación superior es lograr con las herramientas y los métodos adecuados, que los que se educan estén convencidos que lo que aprenden es importante para su vida y no un mero conjunto de saberes inconexos e inservibles a efectos prácticos.

El docente universitario se enfrenta ahora a estudiantes menos obedientes que los de generaciones anteriores, pero con mayores conocimientos en ciertos campos y con menos tabúes sobre cuestiones ‘delicadas’ para padres e instructores. La figura del profesor se vuelve fundamental en esta etapa, a pesar de que Internet y la facilidad con la que se puede acceder a la información, lo hayan despojado de la exclusividad como transmisor del conocimiento.

Universidades como Federico Villarreal, San Luis Gonzaga, Faustino Sánchez Carrión, Hermilio Valdizán, Agraria de la Selva, entre otras, que fueron incluso intervenidas por malos manejos y presunta corrupción quedan como casos menores (no por ello reprobables) frente a las graves irregularidades denunciadas e investigadas en las dos universidades los Ángeles de Chimbote (ULA y ULADECH) y en Alas Peruanas, en las que el poder judicial tuvo una actuación cuestionable en la defensa de la legalidad, para fungir como fiadora de la descomposición administrativa y académica.

Las denuncias e investigaciones a la Universidad Alas Peruanas permitirán establecer que algunas universidades tienen su propio lobby parlamentario y que entre sus directivos se cuentan a congresistas, magistrados, políticos y funcionarios del estado.

Es gracias a una sentencia judicial ilegítima que la UAP ha abierto hasta la fecha 26 filiales a nivel nacional y unas 9 unidades académicas descentralizadas, pese a que la Ley Universitaria lo prohíbe expresa y estrictamente. La sentencia, fue emitida en el 2000, según da cuenta el diario La República.

Alas Peruanas tiene a nivel nacional 200 procesos judiciales. Su rector Fidel Ramírez Prado registra un total de 47 procesos, tres de estos procesos son en materia penal y se ven en la Corte de Lima. En la Fiscalía, Ramírez tiene nueve investigaciones en giro por falsedad, estafa y contra el orden económico. La UAP intenta negar los actos de corrupción denunciados y amenaza con procesos legales a los que les ‘difamaron’.

La Asamblea Nacional de Rectores y la Comisión Nacional para el Funcionamiento de las Universidades, tienen gran responsabilidad en el demérito de las universidades, porque debilitaron y desprestigiaron la educación universitaria. Al extremo que hay otras 24 universidades con autorización de funcionamiento provisional, en el país.
Otro caso que mereció censura, fue el protagonizado al seno de la Universidad Nacional Agraria de la Selva. Según autos y vistos del expediente 268-2008, el docente Raúl Maguiña Flores fue denunciado ante la fiscalía provincial de Leoncio Prado por el presunto delito de cohecho en agravio de los estudiantes Carina Carrasco Mena, Rocío del Pilar Pérez Castillo y Max Antonio Álvarez Melo.

La noche del 07 de octubre de 2008 se montó un operativo en la casa del referido docente donde éste debía recibir de la alumna Carina Carrasco la suma de 250 soles para aprobarles un curso, que en el semestre lectivo y en el examen de subsanación desaprobaron.

La alumna cumplió con la entrega del dinero de acuerdo a lo pactado en una conversación telefónica. La fiscal adjunta Elia Garay Bacilio con apoyo de la policía allanó el domicilio de Maguiña Flores, encontrando los billetes que previamente fueron fotocopiados, se levantó un acta donde Maguiña reconocía la procedencia del dinero y justificó la ilegal extorsión. “Como la tentación es a veces mas fuerte, acepté el ofrecimiento de dinero de la alumna Carina Carrasco, con la finalidad de aprobarle el curso a ella y al de sus compañeros…”, dijo entonces.

Maguiña Flores estuvo recluido en la carceleta de Tingo María por un tiempo y fue separado como docente de la UNAS, pero por un fallo irregular del poder judicial en torno a una medida cautelar, que dictaminó sobre un proceso interno de la universidad, sin que el proceso principal por el delito de cohecho terminara, fue restituido como docente. La universidad apeló y el fallo fue revocado.

Durante el proceso la actuación del poder judicial fue sesgada, no solo dilató la sentencia, sino que vulneró el carácter confidencial de la principal prueba (CD de audio), para luego en un acto punitivo hacerla desaparecer.

A pesar de los vicios y experiencias negativas: “La educación superior es el principal mecanismo de movilidad social en nuestros tiempos. Sin embargo, en el Perú solo 5% de los jóvenes de familias pobres alcanza algún nivel de educación superior, técnica o universitaria. Debido a eso persiste una significativa transmisión intergeneracional de pobreza. Por ello, resulta urgente expandir el acceso a la educación superior de los sectores de menores recursos.”, en opinión de Gustavo Yamada.

En la sociedad global del conocimiento, la universidad debe hacer frente a retos decisivos como consecuencia del compromiso que tiene con la sociedad; un compromiso que conlleva a que la institución académica deba asumir el rol de agente socioeconómico. Es decir, núcleo del desarrollo integral de las personas y de los pueblos.

La reverencia de Obama al emperador

LIBERTAD DIGITAL

La fotografía de Barack Obama excesivamente inclinado ante Akihito ha despertado las críticas de diversos sectores de EEUU, que han recibido el saludo como un gesto de sumisión del presidente estadounidense.

La mayor parte de la prensa norteamericana recoge editoriales sobre la polémica, que se producía el pasado sábado con la visita oficial de Obama a Japón. Los Ángeles Times lanzaba a Obama la irónica pregunta: ¿Tan bajo hay que caer?, y arremente duramente contra lo que considera "un gesto inecesario, con un apretón de manos habría valido".

Desde el Daily Mail, el columnista Don Surber expresaba su total rechazo, alegando que "no es un gesto diplomático inteligente, porque lanza una falsa idea de sumisión", y recuerda que se trata del presidente de EEUU en visita oficial, haciendo hincapié en ciertas formas que es necesario guardar.

Además, este rechazo al gesto nace de la certeza de que el protocolo no exige esos 90 grados, y de que ningún otro presidente o político estadounidense ha escenificado nada parecido. De hecho, a los pocos días de producirse lo que ya se ha apodado como "bow wow" ya circulaba por la red un vídeo que recogía fotografías de sus antecesores, apretando la mano de Akihito sin necesidad reverencias.

CASI 90º DE INCLINACIÓN

Polémica por la exagerada reverencia de Obama al emperador de Japón.

Los casi 90 grados de inclinación del presidente estadounidense ante Akihito, el emperador nipón, han despertado un aluvión de críticas en EEUU. Desde la prensa reciben el gesto como algo inapropiado que es ajeno a cualquier tipo de protocolo, más cercano a la sumisión.

Una de las viñetas humorísticas sobre el "bow" William Warren

Tomado de:
http://www.libertaddigital.com/mundo/polemica-por-la-exagerara-reverencia-de-obama-al-emperador-de-japon-1276376636/

Farc atacaron bus con pasajeros: 6 incinerados

EL HECHO SE registró en inmediaciones del municipio de Ricaurte. El Gobernador de Nariño calificó el ataque como una "salvajada". Seis personas resultaron heridas.

Reuters Y Colprensa. Bogotá y Pasto

Reuters, Ricaurte-Nariño


Las autoridades dijeron que se trata de un atentado "salvaje" porque la guerrilla incineró el bus con los pasajeros adentro. Este es otro grave ataque contra la población civil en los últimos meses.

Seis personas, cuatro adultos y dos niños, murieron incineradas ayer en un ataque atribuido por las autoridades a las Farc. Los guerrilleros dispararon y, luego sin dar posibilidad a la gente de abandonar el automotor, le prendieron fuego, en una carretera en el departamento de Nariño.

En el carro viajaban 18 prsonas y fue atacado en Altaquer, del municipio de Ricaurte. "Un grupo, aparentemente de las Farc, detuvo el bus y posteriormente lo incineró. Los detalles y circunstancias de por qué lo incineró con personas adentro no los conocemos", dijo el gobernador de Nariño, Antonio Navarro.

"El resultado es que se encontraron seis cadáveres incinerados, cuatro adultos y dos menores de edad", precisó el funcionario, quien calificó el ataque como una "salvajada".

Entre los muertos figura el ayudante del automotor, quien se encontraba durmiendo y quedó atrapado entre los hierros del bus junto a las otras cinco víctimas.

María García, una de las pasajeras del bus, dijo que la guerrilla disparó en forma indiscriminada y luego comenzó el incendio que rápidamente consumió el bus.

"Comenzaron a sonar unos disparos y nosotros nos agachamos. Yo cogí a mis dos niños, bajamos y corrimos", relató la mujer.

Según Fabio Trujillo, secretario de Gobierno departamental, el grupo armado detuvo el vehículo y sin mediar palabra ni permitir que los ocupantes bajaran, procedieron a prenderle fuego.

Trujillo señaló que al lugar se trasladaron el Ejército y la Policía, para tratar de retomar el control y en esa operación hubo enfrentamientos con los guerrilleros.

El bus, afiliado a la empresa Transipiales, había partido a las 7 de la noche del jueves de Cali, con destino a Tumaco. Según el reporte de las autoridades, el ataque se perpetró a las 3:00 de la mañana de este viernes, cuando se encontraba en el corregimiento de Altaquer, Ricaurte.

Vivieron para contarlo

El ataque dejó seis personas heridas, tres por efecto de las balas, dos con quemaduras leves y una bebé con fracturas en su clavícula.

Eimer Colorado fue uno de los sobrevivientes en el hecho y narró a Colprensa los angustiosos momentos que vivió cuando junto a su familia logró escapar del bus.

"Lo que digo es que esto es un milagro de Dios, ni sé cómo fue que salí, solo vi un huequito y por ahí nos tiramos", contó el hombre.

Según el médico Henry Rodríguez, director del Hospital de Ricaurte, las personas que llegaron con quemaduras leves serán dadas de alta en las próximas horas. Solo Lina Sofía, una bebé de 5 meses fue remitida con fracturas a Túquerres.

"A la bebé la salvo la mamá que en su afán por sacarla del bus la tiró por una ventana, lo que le ocasionó la fractura en la clavícula. La señora salvó la vida de la bebé y la suya", dijo.

En el lugar permanecen la Policía y el Ejército, realizando operaciones de rastreo detrás de los subversivos que perpetraron el hecho. Las autoridades ofrecieron una recompensa de 50 millones de pesos para quien dé información que conduzca a la captura de los insurgentes.

Contexto

Nariño es blanco de ataques

El departamento de Nariño ha sido uno de los más afectados este año por los ataques de las Farc contra la población civil, en especial, contra las comunidades indígenas.

Durante 2009 se han presentado varias masacres atribuidas por los indígenas y las autoridades al grupo guerrillero.

De acuerdo con la Organización Nacional Indígena de Colombia, este año han sido asesinados en Colombia 65 aborígenes, 41 de ellos de las comunidades awá en Nariño.

A eso se suma la presencia de bandas criminales como Los Rastrojos, que también han cometido numerosos asesinatos, atribuidos por las autoridades a ajustes de cuentas por narcotráfico.

Tomado de:
http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/F/farc_atacaron_bus_con_pasajeros_6_incinerados/farc_atacaron_bus_con_pasajeros_6_incinerados.asp?CodSeccion=9

ONU reconoce usos tradicionales de coca en resolución sobre Problema Mundial de Drogas.

Comisión de la ONU homologa usos tradicionales de la coca (ABI)

Naciones Unidas (ABI) - La Tercera Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea General de las Naciones Unidas, reunida el jueves en Nueva York, aprobó por consenso una resolución que homologa los usos tradicionales lícitos de los cultivos devenidos en drogas tras procesos sintéticos ilícitos.

En la lucha contra el problema mundial de las drogas hay que tomar "debidamente en cuenta los usos tradicionales lícitos de los cultivos, cuando existan datos históricos sobre ese uso", dice la resolución.

El embajador de Bolivia ante NNUU, Pablo Solón, saludó la aprobación por consenso de la resolución, concordante con la propuesta de enmienda a la Convención Única de Estupefacientes, de 1961 que promueve Bolivia para eliminar la prohibición al masticado de hoja de coca.

"Reconocer que se deben tomar debidamente en cuenta los usos tradicionales lícitos de los cultivos, en una resolución sobre el problema mundial de las drogas, es reconocer que el masticado de la hoja de coca, que tiene una existencia milenaria, debe ser respetado", afirmó.

Solón planteó su expectativa ante la posibilidades que "todas las delegaciones sean consecuentes con el texto aprobado y que respalden la moción de Bolivia de eliminar la prohibición al masticado de la hoja de coca que existe en la Convención Única de Estupefacientes de 1960".

Bolivia no promueve el libre cultivo de la hoja de coca por el mal uso que le ha dado el narcotráfico, pero tampoco puede haber cero de hoja de coca por el consumo tradicional que tiene esta hoja milenaria en los Andes sudamericanos, apuntó.

RedCentral/cc ABI

Tomado de:
http://abi.bo/

miércoles, 18 de noviembre de 2009

Espionaje. Se agrava la crisis entre Perú y Chile

POR LA DETENCION DE UN SUBOFICIAL EN LIMA, ACUSADO DE ESPIAR PARA SANTIAGO

El presidente Alan García acusó a Chile de “atentar contra la soberanía del Perú” con este acto de espionaje y exigió una investigación. García utiliza el caso para sumar apoyos en momentos de alto descontento social.

El canciller chileno, Mariano Fernández, desestimó las acusaciones del gobierno de García.

Por Carlos Noriega
Desde Lima


La crisis diplomática entre Perú y Chile sigue agravándose como consecuencia del caso del suboficial de la fuerza aérea peruana, Víctor Ariza, acusado de espiar para Santiago.

Ayer, el presidente Alan García acusó a Chile de “atentar contra la soberanía del Perú” con este acto de espionaje, el que calificó como “un acto repulsivo que no corresponde a un país democrático”. Sin embargo, el presidente peruano matizó sus acusaciones aclarando que no señalaba a la presidenta Michelle Bachelet de ser la responsable del espionaje. “Queremos creer que esto que ha pasado es parte de algunos sectores (chilenos) que todavía conservan las costumbres dictatoriales y pinochetistas y no del gobierno (de Chile) en su conjunto”, señaló García, quien aseguró que este hecho afecta la unidad sudamericana y “deja muy mal parado a Chile ante el mundo”.

En su breve mensaje dado en el Palacio de Gobierno luego de reunirse con el Consejo de Seguridad nacional, García exigió al gobierno de Bachelet investigar el caso. Pero su exigencia no encontró eco en Santiago. “No aceptamos imputaciones de ninguna clase. Chile no tiene nada que ver con este caso”, fue la respuesta del canciller chileno, Mariano Fernández, quien dijo que su gobierno no tiene nada que investigar.

Aunque Chile niega cualquier vinculación con el militar peruano detenido por vender secretos militares a ese país, el gobierno de Lima asegura tener las pruebas –pagos girados al espía peruano desde Santiago y correos electrónicos intercambiados entre el militar peruano y sus contactos chilenos– que confirman el espionaje y la entrega de información a Chile, y anunció que entregará esa información al gobierno chileno para que investigue el caso y a la Interpol para que verifique que el espionaje sí se produjo.

García calificó el espionaje como un acto de “debilidad” y de “temor” de Chile. “Solamente el que se siente menos espía”, lanzó García, quien recordó, como un antecedente, el caso de espionaje chileno al consulado argentino de Punta Arenas, ocurrido en noviembre de 2003. Con este recuerdo, García pretendió dejar sin piso la respuesta del gobierno chileno, que asegura que ese país no practica el espionaje.

Según ha trascendido, el suboficial Víctor Ariza, que habría sido reclutado por Chile hace siete años, no habría actuado solo. Otros miembros de la fuerza aérea peruana están siendo investigados en relación con este caso de espionaje. Ariza habría sido investigado desde 2007, pero, por alguna razón que la fuerza aérea no ha explicado, el caso se encarpetó hasta este año. Las autoridades peruanas incautaron la computadora de Ariza y documentos que tenía en su poder, donde se habría encontrado información sobre los pagos hechos a Ariza desde Chile y correos electrónicos que confirmarían el espionaje. Ha trascendido que Ariza, que como suboficial recibía un sueldo mensual de 660 dólares, habría cobrado tres mil dólares mensuales por su labor de espía, además de pagos extraordinarios, que llegaban hasta los diez mil dólares, según la calidad de la información que entregaba.

Ariza fue detenido el 30 de octubre, pero el caso recién se conoció el jueves 12, en momentos en que Alan García se encontraba fuera del Perú, asistiendo a la cumbre presidencial del Foro Económico Asia-Pacífico en Singapur, donde coincidió con Bachelet. No se ha aclarado si cuando García viajó ya estaba informado del tema o si se enteró recién cuando el caso de espionaje se hizo público. Si el presidente no fue informado, eso revelaría un serio conflicto entre el gobierno y las fuerzas armadas, que habrían ocultado esa información para filtrarla a la prensa cuando García estaba fuera del país. Y si García estaba al tanto del caso de espionaje desde un inicio, se mantiene sin explicación quién y por qué –y si el presidente estaba informado o no de esa filtración– hizo público el caso precisamente cuando el presidente peruano se iba a reunir con su par chilena. La revelación no sólo frustró la cita entre ambos, sino que también les ha dado a los militares argumentos para presionar por la compra de armas.

Aunque con este caso de espionaje, que demoraron siete años en desbaratar, los militares han visto golpeada su imagen, el asunto ha favorecido a los sectores castrenses interesados en incrementar la compra de armamento. Y el presidente García ha usado el caso de espionaje como una oportunidad de ganar apoyo apelando a la defensa de la soberanía nacional, en momentos en que su gobierno enfrenta un creciente descontento y protestas sociales.

Tomado de:
http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-135409.html

Gobierno de la mentira: La escasez de agua se incrementa en todo el Perú

Por Abel Cruz Gutiérrez

Escasez de agua. Foto Internet.
Si el gobierno no actúa a tiempo, Lima se acercará a un estrés hídrico, y no solamente Lima, sino también sus provincias, desde Tumbes hasta Tacna. Lima requiere aproximadamente 300 millones de m3 de agua al año; actualmente solo dispone de 220 millones de m3. Y más los que pierde Sedapal...

El programa estrella del gobierno “Agua Para Todos” empezó hace más de tres años, cuando el presidente prometió dar agua en solo 6 meses a unos 600 mil personas; estamos ya a fines del año 2009 y esta promesa electoral no viene cumpliéndose a cabalidad.

Esto sucede, mientras a nivel nacional, desde Tumbes a Tacna, la escasez de agua se agudiza, al igual en todo lo que es la Sierra, Centro. Así vemos con indignación esa propaganda engañosa, donde dice que mi gobierno ya dio agua a más de 2 millones de personas, una falacia grande que nadie en su sano juicio puede creer. Veamos.

A tan solo a 20 minutos del palacio de gobierno hay más de 250 mil personas que compran agua en cilindros. Si hablamos de todo Lima, son más de 1 millón 500 mil personas que por carecer de agua limpia y potable, están pagando 10 soles por m3, mientras los que tienen acceso al líquido elemento durante las 24 horas pagan 1.60 soles por m3. ¡Qué injusticia! Siguen muriendo más niños por tomar agua contaminada.

Además, se debe notar que algunas obras no expresan en los hechos los gastos efectuados a la fecha, menos aun resuelven la pobreza que nos agobia desde años atrás; para muestra podemos citar el caso de Cerro Candela en el distrito San Martín. Más de 60 años sin agua, varias generaciones sumidas en la extrema pobreza, ya se pueden imaginar, en qué situación viven ellos, sus necesidades biológicas se llevan a cabo en silos que se llenan en un par de años. Estas familias pues, viven cavando silos por toda la casa y viven encima de las excretas. Ya se pueden imaginar lo que sucede durante los meses del verano, lo que se tiene que soportar, el hedor, un olor nauseabundo, ni los camiones basureros se aproximan al lugar. Ah, pero los arbitrios se cobran permanentemente.

Desde tumbes hasta Tacna, otra calamidad es ver como extensas tierras son abandonadas por sus pobladores que buscan refugio en la capital, para ser presa fácil de los facinerosos y traficantes de terrenos, que ahora en complicidad de algunas organizaciones sociales, afines al gobierno, venden terrenos del estado, para luego titularlos. Sabiendo que son terrenos de la Marina, Ejercito... Luego vemos, con gran indignación, a muchos de estos compatriotas subir a los cerros debido a la falta de planificación urbana.

El Movimiento Peruanos Sin Agua es una organización que nace en los asentamientos humanos de Lima y Callao, ahora cuenta con sus coordinadores a nivel nacional, recibe a diario quejas desde Tumbes a Tacna, de Puno a Huancavelica, a nivel nacional. En estas nos piden hacer una movilización contundente, a fin de que con esa autoridad podamos decir que seguimos siendo 8 millones sin agua a nivel nacional, quienes estamos tomando agua en pésimas condiciones, compartiendo el agua con animales de toda clase, “aves de corral, vacunos, porcinos, caballar, perros etc.”. O tomando agua de los ríos contaminados, o lagunas oxidadas por los metales producto de los relaves mineros a nivel nacional.

La falta de agua en algunas regiones, como se puede ver en muchos sitios del país, se debe a la constante contaminación que ocasionan las empresas mineras que saquean nuestros recursos naturales, las que nos colocan en situaciones muy graves de insospechadas consecuencias para la salud de nuestras familias. Todo esto agudizado por los terribles impactos ambientales que causan las actividades de las empresas mineras.

Desde aquí instamos a los gobernantes de turno, tanto a los presidentes regionales, alcaldes provinciales como locales, a que dejen de ser unos simples politicastros. Les decimos que tienen que estar a la altura y cumplir con las responsabilidades para las que fueron elegidas y que NO vivan de la pobreza del pueblo.

Abel Cruz Gutiérrez - Presidente del Movimiento Peruanos Sin Agua

Tomado de:
http://www.ecoportal.net/content/view/full/89561

ONU a la SIP: ‘La responsabilidad ulterior al periodista es una censura velada’

El Relator de la ONU no cree en la regulación estatal, en un registro de medios, la colegiatura obligatoria ni otros temas de debate en la Ley de Comunicación.

Redacción Política

Hace un año, usted comentó que el Estado debe actuar proactivamente sobre el tema de la libertad de expresión. Con las actuales condiciones políticas del continente, ¿piensa que ese criterio todavía es válido?

Absolutamente. El paradigma de Estado y la idea de que intervenga lo menos posible en la libertad de expresión han cambiado. Creo que el Estado debe ser el garante del desarrollo de los DD.HH. En el caso de la libertad de expresión, se debe mantener la no censura y la no intervención en los contenidos, salvo en aquellos que violen la Ley. Pero el Estado debe buscar que todos tengan libertad de expresión. Defender a los medios que siempre la han tenido y procurar que otros también la tengan; un ejemplo es con la comunicación comunitaria.

En ese sentido, el papel del Estado es de un correcto distribuidor de frecuencias o ¿qué otras acciones deberá ejecutar para cumplir con este concepto?

El Estado debe mantener una reserva de frecuencias para las tres clases de comunicación: pública, privada y comunitaria. En el caso de Argentina, esa división se realizó con porcentajes exactos, pero yo no me atrevería a hacer eso. Asimismo, la revolución digital es la oportunidad histórica del Estado para velar por el desarrollo de todos los medios. El modelo de desarrollo económico ahora depende de la comunicación. En ese caso, hay que garantizar que Internet llegue hasta a las regiones más apartadas.

Hoja de vida
Frank La Rue


Es guatemalteco. En junio del año pasado fue designado relator de la Libertad de Opinión de las Naciones Unidas.

No presentará un informe oficial sobre Ecuador a la ONU, sino sus observaciones sobre la nueva Ley de Comunicación.

¿El Estado debe ser un facilitador de insumos para el trabajo de los medios y no un regulador de contenidos?

El Estado solo regula el acceso a los medios, da facilidades tecnológicas, reserva las frecuencias, garantiza la parte técnica o económica con subsidios de algunos servicios y con la comunicación pública. Pero el contenido no; aunque sean sus críticos. Eso es parte de la democracia. El único lugar donde se aplica la regulación es para proteger otros derechos, como los de la niñez cuando se califica una película, los horarios familiares. Es decir, son solo casos excepcionales.

En Europa hay consejos nacionales para los medios y en Ecuador se quiere implementar uno. ¿Se pretende que grupos sociales, gremios y autoridades estatales puedan monitorear la información que divulga la prensa?

Europa tiene las llamadas corporaciones de las telecomunicaciones, pero no es para un monitoreo de contenidos. Debe existir una autoridad nacional de telecomunicaciones. El problema está en establecer sus principios: porque deben ser órganos colegiados, con la mayor representatividad posible, evitando los conflictos de intereses; deben ser independientes de los poderes del Estado y deberían entregar una rendición de cuentas a la Contraloría o a los Congresos; pero no estar supeditado a esos organismos.

Para mí no debe existir una inscripción de medios (ante un órgano estatal) y tampoco de periodistas.

¿Qué luz debería guiar a estos consejos?

La independencia y la autonomía. Unos de los principios en la libertad de expresión son el pluralismo y la diversidad. Nadie debe aprovecharse de ellos. No hay que beneficiar o castigar a los más críticos con la publicidad oficial y debe existir un manejo de frecuencias y evitar los monopolios.

Este momento en Ecuador se aprobó la responsabilidad ulterior para el periodista. ¿Esa es una censura?

Es una censura velada, salvo en casos de incitación a la violencia o de pornografía infantil. Los periodistas deben tener libertad para acceder a noticias, para mantener sus fuentes en reserva, para dar sus opiniones y análisis. No se ha detectado en Ecuador, pero en América hay mecanismos de intimidación y actos de violencia contra periodistas. Allí el Estado está obligado en proteger al periodista e indagar los abusos.

El Estado regula el acceso a los medios, la facilidad tecnológica (...) pero el contenido no; aunque sean críticos.

También se discute la posibilidad de que los medios se registren periódicamente ante un órgano público. ¿Eso es correcto?

En los medios escritos no debe existir ninguna inscripción. La diferencia con la radio y TV es por la entrega de frecuencias, que son estatales. Pero, para mí, no debe existir una inscripción de medios y tampoco de periodistas.

¿No cree en la colegiatura?

Creo en la profesionalización, en dar cursos de capacitación y técnica para elevar el nivel. Pero tan comunicador es un periodista de un medio grande como un locutor de una radio comunitaria.

Este momento la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) debate los peligros para la libertad de expresión, especialmente en varios gobiernos de la región. ¿Usted conocía algo de ese debate?

Cada país debe analizar casa adentro para ver cuál es su récord en libertad de expresión. No metería a todos en un paquete. No es bueno que la SIP quiera poner esto como un tema ideológico.

Usted felicitó la ley de Argentina, que ha sido cuestionada casa adentro.

Cuestionada por algunos medios. Yo no compartí la fijación de porcentajes de las frecuencias, pero sí felicité que se clasifiquen para las tres clases de medios de comunicación. La Ley que tenía Argentina venía de la dictadura. Hay que modernizar las leyes.

Ecuador también tiene una legislación de los setenta.

Hay que modernizar la legislatura. Tengo entendido que en Ecuador hubo una auditoría de la entrega de frecuencias, porque muchas fueron arbitrariamente concedidas. No planteó que se las retire, pero sí que se haga una reflexión, para que exista un proceso legítimo, transparente, que se cree un sistema para no volver a cometer los errores del pasado.

Tomado de:
http://ww1.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=315518&id_seccion=3

viernes, 13 de noviembre de 2009

Guerra interna en Perú: víctimas, reparaciones y corrupción.

Miles de asesinados en la guerra fratricida, fueron enterrados simbólicamente por sus familiares, ahora esperan justicia y reparación (colectiva e individual) del Estado. Foto CNR.

Familiares de miles de victimas de la violencia terrorista y contraterrorista, continúan esperando por las reparaciones, que con criterio de justicia se prometieron. Sin embargo lo que vienen recibiendo son pequeñas obras y el menosprecio de los gobiernos nacional, regional y local. Las reparaciones colectivas iniciadas en 2007, naufragan en la ciénaga de la corrupción municipal, encargadas de ejecutar las pequeñas obras con un costo de 100 mil soles cada una, monto del que un 40% son apropiadas para cubrir intereses de alcaldes, constructores, proyectistas y comechados.

La mayoría de las obras financiadas y ejecutadas desde el 2007 y 2008 están inconclusas o fueron abandonadas en la región Huánuco y otras regiones. En el distrito de José Crespo Castillo varias de las obras iniciadas en este periodo no fueron culminadas por diferentes motivos, afectando seriamente las aspiraciones legítimas de las comunidades. En Padre Felipe Luyando las escasas obras sirven para hacer proselitismo político oportunista tendiente a evitar la revocatoria de un alcalde considerado como una de las cabezas visibles de la corrupción municipal en la provincia de Leoncio Prado. Obras que de ninguna manera pueden considerarse como reparación al inmenso dolor de las familias que vivieron y enfrentaron lo peor de la violencia. Familias a las que les falta casi todo para alcanzar bienestar y una vida digna.

En audiencia pública de balance al proceso de reparaciones en el Congreso de la República, la Defensora Adjunta para Derechos Humanos y las Personas con Discapacidad de la Defensoría del Pueblo, Gisella Vignolo, incidió sobre los temas pendientes en el proceso de reparaciones en favor de los familiares de víctimas de la violencia.

“La reparación es una tarea compleja, pero a la vez una obligación impostergable del Estado, que merece toda la atención de las autoridades centrales, regionales y locales para lograr un proceso de reparaciones ordenado, transparente, justo, oportuno y eficiente”. Sostuvo.

“El impulso inicial otorgado a este proceso y el compromiso asumido por las autoridades no se traduce en una política pública coherente, integral y sostenible, lo que permitiría fortalecer el proceso, dotándolo de recursos para implementar los siete programas de reparación, reconocido por Ley 28592, que crea el Plan Integral de Reparaciones (PIR)”. Agregó.

La labor de las instituciones encargadas del monitoreo y ejecución del PIR en estos tres años fue insuficiente con relación a las demandas de las víctimas. Los mayores avances se dieron en lo legal con la creación de instancias o registros especiales y el Programa de Reparaciones Colectivas. Las reparaciones individuales en salud, educación, vivienda y de carácter económico continúan postergadas.

La Defensoría del Pueblo propone como principal tema pendiente la elaboración de un cronograma con metas y plazos determinados para la ejecución de los programas de reparación individual en el año 2010.

En zonas afectadas por la violencia de Ayacucho, Huánuco, San Martín y otros, se destinaron 77 millones de soles para 770 obras por reparaciones colectivas, de los cuales 250 correspondieron a Huánuco, que por los problemas señalados no han logrado satisfacciones, sino reclamos, rechazo y frustraciones, al extremo que varias obras se inauguraron sin la presencia de los supuestos beneficiarios en protesta por haber sido dejados de lado en la fiscalización, pese a ser autores directos de la gestión.

Cartel de obra en Pueblo Nuevo, se diferencia de los carteles en Padre Felipe Luyando, donde el alcalde colocó su foto en cuestionable aprovechamiento politiquero, pero tuvo que borrarlo ante el reclamo de la población. Foto Grupo Prensa Verde.

Según la PCM, desde el 2007 se habrían beneficiado 476 mil personas de los centros poblados y comunidades en las regiones Ayacucho, Cusco, Apurímac, Huánuco, Junín, Huancavelica, San Martín, Ucayali, Pasco, Puno, Ancash, Cajamarca, La Libertad, Lima y Piura, que eligieron sus propios proyectos de reparación para sus comunidades.

Los proyectos del Programa de Reparaciones Colectivas son ejecutados descentralizadamente por 335 gobiernos locales. Los proyectos fueron cofinanciados con los gobiernos locales con montos insignificantes lo que les dio oportunidad para el manejo arbitrario y oscuro de los recursos asignados por el gobierno nacional, salvo contadas excepciones.

Las comunidades beneficiarias eligieron sus proyectos en Asamblea Comunal y el Comité de Gestión que los representa apoyó las gestiones para el financiamiento y ejecución de los proyectos, pero previamente deberían haber sido capacitados por la CMAN mediante un Módulo de Vigilancia Comunitaria para fiscalizar los gastos del proyecto, lo que no se hizo, porque según los coordinadores regionales adolecen de personal y logística para esta actividad, así como para el monitoreo permanente.

Para Gastón Garatea ex comisionado de la CVR, el gobierno nacional no ha hecho lo suficiente para resarcir a familiares de víctimas de la violencia. “A seis años de la publicación del informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, el gobierno aún no le ha puesto todo el empeño a la reconciliación ni al resarcimiento a los familiares de las víctimas que fallecieron durante los 20 años de guerra interna que vivió el Perú, el gobierno ha creído que con las obras sociales era suficiente, pero no ha entendido que las personas no se pueden quedar tranquilas con un hijo muerto. Lo que debe haber es una indemnización mínima”. Expresó.

La negativa del Ministerio de Economía y la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) para transferir los recursos que requiere el Consejo de Reparaciones (CR) para asegurar la continuidad de sus labores afectó a las regiones.

La coordinadora regional de Huánuco, Lupe Ayllón Ruiz, informó que realizan la entrega de las acreditaciones a víctimas en coordinación con organizaciones como Paz y Esperanza, Cáritas y asociaciones de afectados, pero queda pendiente la entrega de aproximadamente seis mil acreditaciones en la región Huánuco.

Las ceremonias de inauguración en muchos casos no contaron con la presencia de los pobladores. En la foto Javier Magallanes Godoy con gorro, presidente del comité de gestión de Pueblo Nuevo y Ronel Hidalgo Huertas coordinador regional CMAN. Foto Grupo Prensa Verde.

“El desembolso tardío o no desembolso va a perjudicar a las víctimas cuyas fichas ya han sido llenadas, pero no van a poder calificar porque no hay presupuesto para evaluarlo y menos para acreditarlo”, indicó.

El premier Javier Velásquez aseguró ante el Congreso que las reparaciones a las víctimas de la violencia están garantizadas, pero no se pronunció sobre el emplazamiento de la Defensoría del Pueblo para que, independientemente de las asignaciones del MEF, priorice la demanda presupuestal del Consejo de Reparaciones.

No sólo en Huánuco se siente malestar. La Comisión Multisectorial Consultiva y de Monitoreo del Tratamiento de las secuelas de la violencia Política y de las Recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación de la Región Apurímac (CMR-A) emitió un pronunciamiento exigiendo al gobierno cumpla con el desembolso que requiere el Consejo de Reparaciones, como primer paso para implementar las reparaciones individuales, tal como ofrecieron las autoridades del Ejecutivo.

Este pronunciamiento se suma a otro difundido con anterioridad por el ‘Movimiento Ciudadano por los Derechos Humanos de Ayacucho’ en el que lamentaban las “amenazas del gobierno central” al proceso de reparación.

El Consejo de Reparaciones tiene oficinas regionales en Huánuco, Ayacucho y Junín. Hay también un total de 88 módulos para el registro de víctimas que funcionan gracias a convenios con municipios y organizaciones de derechos humanos.

Decenas de militares y policías cayeron en el Vrae el 2008 y 2009. Sendero Luminoso se ha fortalecido, mientras la estrategia antiterrorista hace agua, con ministros como Rafael Rey a quien lo único que le interesa es la impunidad de los combatientes de la oficialidad. Foto Nuevo Herald.

El presidente García llevó hasta palacio a ediles y comuneros para en un acto de fanfarria y ridiculez hacerles entrega de dinero para algunas obras ya programadas y presupuestadas desde el 2008, dando pie para que algunas autoridades sorprendieran a sus poblaciones manifestando que esos recursos eran producto de su gestión, desconociendo la tarea de las comunidades y de los coordinadores regionales de la CMAN.

La politiquería presidencial se da la mano con la falta de transparencia y eficiencia en la inversión de los 100 mil soles. Según se pudo conocer de ese monto 60 mil es para la obra, los otros 40 mil se destinan para el estudio, gestiones, la coima municipal, la prebenda para algunos integrantes del Comité de Gestión, etc. ¿Qué se puede hacer con 60 mil soles? Muy poco en obras de calidad que tengan el efecto emblemático en las comunidades y que duren en el tiempo.

Pontones, trochas, enripiado de calles, cunetas, pequeñas instalaciones de agua por gravedad, locales comunales, no solo significan muy poco para el desarrollo de los pueblos, sino que caen en el circulo vicioso del mal llamado desarrollo alternativo que vino haciendo lo mismo por más de 20 años, con resultados insatisfactorios.

En la reciente inauguración de una de estas obras en Padre Felipe Luyando, el alcalde José Quiroz, se vanagloriaba frente a Ronel Hidalgo el coordinador de la CMAN en la región Huánuco, al asegurar suelto de huesos que los 100 mil soles que supuestamente costaba la obra fueron conseguidos por él, “son producto de mi gestión” le decía a los pocos asistentes, mientras Hidalgo sonreía y movía la cabeza de un lado a otro. Permitió que Quiroz mintiera, quizá por cálculo político. Lo grave en esta ceremonia es que tanto alcalde como coordinador no fueron claros en sus informes, al extremo que algunos de los presentes comentaron que los 100 mil soles salieron de los bolsillos de Quiroz y de Hidalgo al estilo de Robin Hood.

Hace unos meses fui invitado por los pobladores de Pueblo Nuevo y Anda a las inauguraciones de dos obras. Enripiado de calles, construcción de alcantarillas con colocación de madera sobre las cunetas. En las ceremonias la mayoría de pobladores estuvieron ausentes, en protesta por las irregularidades detectadas oportunamente, pero que al no ser subsanadas por los responsables, en evidente complicidad, devinieron en frustración por la falta de transparencia y eficiencia en la calidad de obra.

Las pequeñas obras ejecutadas con el cliché de reparaciones colectivas, con los vicios y deficiencias detectados no significan reparación alguna, en contrario, sirvieron para incrementar la corrupción en las municipalidades con el consiguiente desengaño de los familiares de las victimas de la violencia, que buscan y anhelan justicia, para voltear la página de una tragedia, perennizada con dolor y odio. Así nunca habrá paz, se pronuncian autoridades de distintas comunidades.

martes, 10 de noviembre de 2009

Matanza en E.U: Los enigmas sobre el peor crimen en un fuerte militar.

NO QUEDA CLARO SI LA MASACRE DE FORT HOOD FUE UN ACTO TERRORISTA O UN CASO DE LOCURA

El presidente Obama aconsejó no “sacar conclusiones” sobre la masacre hasta “que se conozcan todos los hechos”. Las convicciones religiosas del mayor Hassan podrían ser un factor, pero no queda claro por qué otros tres militares fueron detenidos por el ataque.

Soldados de Fort Hood llevan en camilla a uno de los heridos en el ataque del psiquiatra que no quería ir a Irak.

Por Guy Adams *

Los colegios estaban cerrados, las calles desiertas y los puestos de control instalados en las entradas a Fort Hood, mientras los investigadores querían determinar cómo un hombre armado solo pudo planear y llevar a cabo una de los matanzas más terribles en la historia militar de Estados Unidos. El número de muertos del ataque del jueves aumentó a 13, con 30 heridos durante el incidente en que el atacante, el mayor Nidal Malik Ha-ssan, abrió fuego sobre un grupo de 300 soldados desarmados que esperaban ser examinados en uno de los centros médicos de la base.

Las víctimas todavía están siendo operadas y los médicos advierten que el número de muertos aún puede aumentar. El teniente general Bob Cone, el comandante de la base, dijo que el número de muertos podría haber sido mucho mayor si no hubiera sido por la sargento Kimberly Munley, una oficial civil de la policía que llegó a la escena más o menos a los tres minutos y logró desarmar al mayor Hassan después de dispararle cuatro veces.

La sargento Munley fue herida por una bala que le atravesó ambas piernas. Sus acciones fueron “sorprendentes y agresivas”, dijo Cone. “Ella es una de nuestras más admirables jóvenes mujeres policías. Entró y básicamente lo enfrentó. Creo, seguro, que esto podría haber sido mucho peor.” Los informes de los testigos sugieren que el ataque ocurrió poco después de la 1.30 PM, mientras la tropa hacía fila para un examen ocular y otras prácticas médicas, en un grupo de edificios conocido como el Centro de Preparación del Soldado. El hombre armado tenía dos pistolas, una de ellas automática.

Escenas caóticas fueron descriptas por el teniente general Cone, que habló con varias de las víctimas. Una le dijo: “Cometí el error de moverme y me disparó nuevamente”. Otros recuerdan cómo lograron “tirarse al piso y ayudarse unos a otros”. Los oficiales no descartan la posibilidad de que algunas bajas fueran víctimas de “fuego amigo” de los oficiales de policía. El teniente general Cone admitió que era irracional pensar que un solo hombre armado pudiera disparar a tanta gente, aunque la masacre ocurrió en “sitios cerrados” e involucró “fuego rebotado”.

A unos 50 metros, 138 soldados y sus familias habían estado por comenzar una ceremonia de graduación. Las puertas al auditorio estaban bloqueadas y una sirena los instó a evacuar el edificio, evitando lo que podría haber sido una tragedia mucho peor.

Un ex oficial del ejército británico, el mayor Jim Panton, piloto, estuvo basado en Fort Hood durante casi tres años. “La ciudad más cerca, Killeen, y las áreas de alrededor tenían una fuerte cultura armamentista”, dijo ayer.

Como las convicciones religiosas del mayor Hassan aparentemente podían ser un factor, el ataque representa un nuevo cuestionamiento para las relaciones públicas de la comunidad musulmana estadounidense. En la Casa Blanca ayer, el presidente Obama aconsejó no “sacar conclusiones” sobre la masacre hasta “que se conozcan todos los hechos”. El Consejo de Asuntos Públicos Musulmán, mientras tanto, condenó el “atroz ataque”, en nombre de toda la comunidad. No existe evidencia de una conspiración terrorista, y otros tres soldados que fueron interrogados pronto quedarán en libertad. La seguridad se acrecentó en todas las instalaciones militares estadounidenses.

Oficialmente, los únicos soldados con permiso para portar armas en Fort Hood son los miembros de la Policía Militar. Sin embargo, en general no se controlan los vehículos que entran y salen. El mayor Hassan aparentemente pudo entrar manejando a la base de 605 kilómetros cuadrados con ambas armas, además de una gran cantidad de municiones en el baúl de su auto.

Sus dos pistolas, una de ellas semiautomática, no eran del ejército. Pero es improbable que el psiquiatra militar haya tenido dificultad para obtenerlas: Texas tiene una de las más relajadas leyes sobre armas en el mundo desarrollado. En la ausencia de una seria prohibición para portar armas, la atención pública se debería ahora dirigir a la enorme presión sobre las fuerzas en servicio en Estados Unidos. El mayor Hassan es el cuarto soldado en servicio que dispara sobre tropas desde el comienzo de la guerra con Irak en 2003.

Fort Hood, cerca del pueblo de Killeen en el centro de Texas, es la base militar más grande de Estados Unidos, que alberga alrededor de 70.000 soldados en servicio. La mitad de las ocho brigadas estacionadas ahí están actualmente en Irak o Afganistán, y 685 hombres que estuvieron basados ahí han muerto desde el 11 de septiembre.

Muchos de los militares han estado en el exterior tres veces y los problemas psicológicos parece que están muy generalizados. Ahora, una comunidad ya estresada, habituada a pérdidas terribles en el exterior, debe enfrentar un golpe devastador en su propio hogar.

* De The Independent de Gran Bretaña. Especial para Página/12.
Traducción: Celita Doyhambéhère.


Tomado de:
http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-134845.html

La frontera es un gran botín en disputa

DE UN LADO a otro los delincuentes dejan de existir para uno de los dos países, en una frontera donde conviven grupos ilegales de los que cada Gobierno niega su existencia.

Gloria Luz Gómez Ochoa

Róbinson Sáenz, enviado especial, frontera colombo-venezolana. El tráfico ilegal de todo tipo de productos se hace a través de la frontera colombo-venezolana. La gasolina, la droga, los víveres, la mercancía, los precursores químicos tienen más de 100 rutas, la del río Táchira es apenas una muestra del paso de productos de primera necesidad.

Una cultura de la ilegalidad es la que vive la frontera colombo-venezolana: narcotráfico, contrabando de víveres, precursores químicos, acero, hierro, ganado y gasolina, hacen de esta zona el botín de los grupos ilegales que allí están asentados y que controlan el territorio bajo la vista gorda de las autoridades de ambos países.

Por el río Táchira atraviesan cientos de maleteros que llevan mercancía o pimpinas (canecas con 6 galones de gasolina) y nadie los ve, pese a que la Guardia venezolana y la Policía colombiana están a lado y lado del puente internacional Simón Bolívar.

Allí los paramilitares, la guerrilla, las bandas delincuenciales y los emergentes se han tomado la zona para controlar el tráfico de droga que sale por más de 100 rutas identificadas por la Policía, entre trochas y ríos, por Puerto Santander, San Antonio y Táchira, lo que convierte la frontera en una de las principales salidas ilícitas.

Farc, Eln, reductos del Epl, grupos emergentes como las Águilas Negras, la banda de Los Rastrojos son algunos de los identificados como causantes de la zozobra y la violencia que allí se vive y que padecen más de 3 millones de personas, que viven en el estado del Táchira y el área metropolitana de Cúcuta.

El reacomodo

De acuerdo con estudios de la Fundación Progresar, una ONG que trabaja con las víctimas del conflicto, en el área metropolitana de Cúcuta se encuentran los más grandes laboratorios de coca.

Se calcula que en Norte de Santander se mantienen entre 12.000 y 15.000 mil hectáreas de cultivos, que están en manos de la guerrilla y que le es vendida a Los Rastrojos.

Las Águilas Negras, que hacen presencia a lo largo de la línea fronteriza, son las encargadas de la comercialización, según señalan los estudios del Observatorio de Política Social de Norte de Santander. "Las Águilas controlan todo el tema de las cocinas, las rutas y el lavado de activos. Este grupo, conformado por desmovilizados y las bacrim, también hacen presencia en San Antonio, donde las empresas tiene que tributarles a ellos", explica Fabio René Carrillo, director del Observatorio, y asegura que cada día la situación se endurece más.

La presencia de estos grupos no es nueva. De acuerdo con Wilfrido Granizales, director ejecutivo de Progresar, "hay documentos que indican que la guerrilla está en la frontera desde 1985", cuando la Occidental le pagó al Frente Domingo Laín del Eln para que le permitiera construir el oleoducto Caño Limón-Coveñas.

Incluso, aseguran las investigaciones, hubo gobiernos venezolanos como el de Carlos Andrés Pérez o Rafael Caldera, que hicieron acuerdos de no agresión para evitar el secuestro. "Mientras el Gobierno colombiano no dio respuestas a esta situación, las cosas se fueron agravando y por su parte, el Gobierno venezolano empezó a cerrar la frontera y a militarizarla", explica Granizales.

Una situación que se agudizó a extremos tales que en 2002 solo en Cúcuta se cometieron 1.248 homicidios.

Un conflicto de todos

Pero el conflicto no sólo afecta a Colombia. En el Táchira hace 10 años se reportó una cifra de 81 muertos en un año, pero en 2004 la cifra ascendió a 511 personas y entre enero y septiembre de este año ya van 400.

La llegada de las Auc a la frontera intensificó el conflicto, porque la estrategia era penetrar al territorio venezolano. El bloque Catatumbo tenían entre sus estrategias apoderarse del narcotráfico que estaba en manos de las Farc.

Aunque ya no son los controladores absolutos del negocio, la tensión se endurece cada vez más con la presencia de estos grupos, que además controlan el negocio de la gasolina y están ubicados en los mismos lugares que antes eran territorio de las autodefensas.

"Si bien no se puede asegurar que los 850 desmovilizados del departamento están de nuevo delinquiendo, porque hay esfuerzos individuales y un proyecto productivo en Tibú con 12 desmovilizados, la pregunta es dónde están los demás", cuestiona Granizales.

El cartel de la gasolina

La droga no es el único problema en la frontera. El contrabando de gasolina es otro de los negocios más rentable, incluso que el del narcotráfico. El negocio no está en traerla a Cúcuta sino en llevarla al interior del país.

Se calcula que hay entre 1.000 y 1.500 transportadores de gasolina de Venezuela con carros que amplían el tanque. Según cifras del ministro de Pedevesa, Rafael Ramírez, el Táchira consume 100 millones de litros al año, es decir, 3 veces más que la gasolina que consume Caracas.

Y este estado venezolano tiene un parque automotor 100 veces menor que la capital. "Ellos saben cuál es el problema, pero lo que no saben es cómo controlarlo, porque los niveles de corrupción son muy altos, incluso algunas versiones aseguran que muchos la adquieren a través de Pedevesa", asegura Wilfrido Granizales.

Una pimpina de gasolina cuesta en San Antonio 3.000 pesos y se vende en Cúcuta por 14.000 pesos, pero cuando las medidas se endurecen está puede costar entre 30.000 y 40.000 pesos, como ocurre en estos momentos.

La ilegalidad perfora toda la frontera y quienes sufren los impactos son los ciudadanos, que son los que mercan y trabajan en un lado y otro, los que ponen lo muertos y los desaparecidos.

En Norte de Santander en los últimos 8 años han muertos cerca de 12.000 personas, hay 98.000 desplazados y 1.350 desaparecidos, con una sola resolución de acusación de la Fiscalía.

Tomado de:
http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/L/la_frontera_es_un_gran_botin_en_disputa/la_frontera_es_un_gran_botin_en_disputa.asp?CodSeccion=9

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