domingo, 28 de agosto de 2011

Cocaleros de la Conpaccp emplazan al gobierno.

Ricardo Soberon, presidente de Devida no firmó el acta de reunión en Tocache, desde entonces se hace negar ante el llamado y solicitudes de la dirigencia cocalera, este es le origen de la aparente tensión. Foto Leyenda del Huallaga.

Reproducción del Pronunciamiento de la Conpaccp:

La Confederación Nacional de Productores Agropecuarios de las Cuencas Cocaleras del Perú – CONPACCP, ante los primeros 30 días del Gobierno del presidente Ollanta Humala y el reinicio de la erradicación de los cultivos de coca, nos pronunciamos ante el país:

Primero.- El campesinado cocalero ha sido fuerte y consecuente promover la candidatura del presidente Ollanta Humala desde el 2006, porque creemos en el proceso de la gran transformación del Perú que signifique mejorar las condiciones económicas de las mayorías de los peruanos pobres. Hemos creído y creemos que este proceso en cuanto a nosotros significa una verdadera esperanza de políticas agrarias que beneficie al productor nacional sobre el importador de alimentos extranjeros, principal culpable de que miles de campesinos se vean retrasados en su derecho a una vida digna.

Segundo.- Los productores de hoja de coca tenemos la esperanza que este gobierno tenga una nueva forma de entender y solucionar el problema que involucra a miles de familias pobres, partiendo de la verdad que la hoja de Coca no es droga.

Tercero.- La CONPACCP apoya a una Asamblea Constituyente que enrumbe a nuestro país por un nuevo camino para la democratización de la sociedad, por más derechos a los pueblos y poner fin a la política económica neoliberal y hambreadora que tanto daño le hace al país, saqueando sus recursos y explotando al obrero y al campesino.

Cuarto.- Señalamos que la política antidrogas dirigida y financiada desde los EEUU de criminalizar la hoja de coca, no es la salida más inteligente para obtener resultados en la lucha contra el narcotráfico, dos décadas de erradicaciones así lo confirman, con un crecimiento espantoso de la producción de cocaína en el Perú que ya supera los 375 toneladas, demostrando con ello que las erradicaciones son un fracaso, por que estas no se realizan en las fronteras y bosques de protección donde impunemente se producen la mayor cantidad de hoja de coca que van al narcotráfico, y porque además no existe control al tráfico de los insumos químicos.

Quinto.- Hemos creído y creemos en la palabra del Presidente Ollanta Humala de que este gobierno será de puertas abiertas a la población, sobre todo para resolver los 250 conflictos sociales en todo el país. Es por eso que nos sorprende que ante nuestra demanda de dialogo y en contra de nuestra soberanía tenga que intervenir la Embajadora de los EE.UU, para pedir explicaciones sobre decisiones soberanas de nuestro gobierno de suspender por unos días la erradicación compulsiva de los cultivos de coca para reorientarlas de mejor manera, constituyendo ello una intervención inadmisible en asuntos internos del país, lamentablemente los EE.UU. cuentan con operadores mediáticos y agentes de la DEA Fernando Rospigliosi y Jaime Antezana, entre otros, pretendiendo vanamente aislarnos del gobierno para no ser escuchados.

Sexto.- Por ello, y frente a la continuación de las erradicaciones compulsivas en contra de nuestros asociados de Aguaytia, exigimos una urgente reunión con el Premier Salomón Lerner y su equipo técnico, en plazo breve para exponer junto a nuestros asesores, las propuestas y reales alternativas, en el entender que la erradicación forzosa solo genera violencia cuya responsabilidad será del gobierno. En caso no exista respuesta iniciaremos jornadas de movilizaciones que derivaran en un Paro Nacional Cocalero para ser escuchados.

Septimo.- Anunciamos también prontamente iniciaremos la recolección de firmas para inscribir el Partido Político del Pueblo y para el Pueblo, para albergar a distintos peruanos que quieran un país con igualdad social, política y económica.

Cuencas cocaleras del Perú, 26 de Agosto del 2011
Junta Directiva de la Conpaccp

Más sobre la erradicación.

Reproducción de la columna ‘Las Palabras’ publicada en la edición 2195 de la revista ‘Caretas’.

Por Gustavo Gorriti.

Alcaldes, dirigentes cocaleros, agricultores y pobladores, fueron más de 300 los que acudieron a escuchar a Ricardo Soberon en Tocache el sábado 20, pero este no habló sobre erradicación, fue muy parco y se limitó a escuchar durante 2 horas. Foto Leyenda del Huallaga.

La reanudación de la erradicación de cocales el martes 23, luego de una semana escasa de haberla suspendido, demuestra un grado de inseguridad intelectual e improvisación política del nuevo gobierno, como para suponer que, quizá no lejos del despacho de Villafuerte, en Palacio, ya esté instalado Groucho Marx: “¡Estos son mis principios! ¡Y si no le gustan, tengo otros!”.

Es cierto que se trata de un gobierno nuevo, heterogéneo, cuyo gabinete –donde, como en botica de pueblo, hay de todo – buscará en estos días conseguir un voto de confianza sin demasiados sobresaltos. Pero si es así, ¿para qué lanzarse a tomar una decisión que terminó siendo prólogo de una reculada?

Durante la semana que vivimos sin erradicación, el elenco estable de consultores sobre el tema comentó y criticó la decisión con particular insustancialidad, mientras quienes en otra circunstancia hubieran presentado alguna polémica, (Hugo Cabieses y Ricardo Soberón) se tomaron muy a pecho su condición de funcionarios públicos y renunciaron a hablar — pese a que les dijeron, o les rebuznaron, de todo.

La erradicación se presentó como una de las pocas acciones de la lucha antidrogas que realmente funcionan. Su abandono, se repitió, era equivalente a tirar la toalla y entregarse al narcotráfico.

Ese es un argumento falso y falaz. La erradicación forzosa de cocales no ha funcionado nunca como método de lucha contra el narcotráfico. Por lo contrario, en muchos casos ha sido del todo contraproducente y ha servido para fortalecer lo que dice combatir.
Ello era perceptible desde el inicio de los años 80 del siglo pasado. Lo ví desde la primera vez que cubrí una erradicación. Fue cerca de Aucayacu, en 1984.

CARETAS me había enviado con Alejandro Balaguer, inmigrante reciente de Argentina en ese tiempo, fotógrafo tesonero y arriesgado, que ya había pasado por alguna cobertura de gran peligro.

Llegamos con un grupo de erradicadores (pequeño e improvisado si se lo compara con los actuales coreanos) y unos pocos policías a un cocal mustio, no lejos de la carretera.
Cuando los trabajadores empezaron a desarraigar los arbustos de coca, una mujer llegó a la carrera al cocal. Era madura, de evidente origen andino, quemada por el sol, marcada por la intemperie y la pobreza y, entonces, desesperada. Corrió hacia un erradicador primero, luego al otro, tratando de impedir que le arrancaran las plantas, pero la toreaban y mientras uno lo hacía, los otros avanzaban. Entonces vio a Balaguer, tomando foto tras foto, y quizá pensó que era una suerte de inspector gringo documentando la escena. Agarró una rama quebrada, en el suelo y se lanzó contra él con la furia acrecentada por la impotencia.

Balaguer retrocedió sin dejar de fotografiar la carga de la cocalera. Pero el terreno era desigual, y Balaguer tropezó y cayó de espaldas cuando la mujer cerraba la distancia. La campesina quedó tan sorprendida por el éxito de su ataque que quedó parada por un momento sobre el fotógrafo, con la rama inmóvil en la mano. Los trabajadores encontraron que esa era la escena cómica del año y la risotada paralizó el trabajo.

Después de un momento, la mujer empezó a reír también y por un rato la tregua efímera de la risa reinó en aquella parcela de Aucayacu, donde luego, como en todo el Huallaga, la sangre ahogó primero la risa y después también el llanto.

No habiendo a quién vender la coca, los precios colapsaron, la gente abandonó los cocales y estos murieron solos.

Balaguer, de paso, logró la excepcional foto que esperaba. Está en la página 51 de su libro “Rostros de la guerra” (Lima, 1990). Se llama ‘erradicación’ y lo dice todo.
De manera que, como ven, se erradica sostenidamente desde 1984. ¿Cuál fue el resultado?

Si vemos la evolución del área sembrada con coca en el Perú desde 1982 hasta hoy, resulta evidente que la erradicación fue desbordada, ahogada en el pasado por un crecimiento explosivo de cocales, que llegó a ser el doble del área actual. Por lo contrario, al provocar una amarga, enfurecida hostilidad hacia el Estado, ayudó a que éste perdiera el control regional frente al senderismo.

En 1982, apenas con dos años de precaria democracia y con gran corrupción vinculada con el narcotráfico, arrastrada desde el gobierno militar de Morales Bermúdez, había 56,150 hectáreas de coca en el Perú. Casi igual que ahora.

En 1984, cuando Sendero se aboca a la conquista del Alto Huallaga y llega el primer jefe militar (el general EP Julio Carbajal) a asumir las acciones contrainsurgentes, la extensión de los cocales aumentó a 60,163 hectáreas. En diversos lugares del país, pero con especial expansión en el Alto Huallaga y el VRAE.

En 1986, luego de un año de Alan García en el gobierno, la superficie de cocales aumentó a 104 mil 925 hectáreas. Eran los años más sangrientos de la guerra interna, en sierra y ceja de selva, pero el puente aéreo entre la selva peruana y, sobre todo, Medellín, operaba al máximo de capacidad y de corrupción.

En 1990, cuando García sale y entra Fujimori al gobierno, el área de cocales ha seguido creciendo y llega a 121 mil 300 hectáreas. Dos años después, luego del golpe de Fujimori, se rompe todos los records y se llega a 129 mil 100 hectáreas de coca.

El principal cambio en esos años es el de la pérdida de hegemonía del cartel de Medellín, cuando Pablo Escobar se lanza en guerra contra Colombia, y la rápida colonización comercial de las zonas cocaleras que logra el cartel de Cali y que mantiene hasta 1995.

Ese año, pasan dos cosas de importancia capital: En Colombia se desata una ofensiva contra el cartel de Cali, que termina con sus principales capos en la prisión o el cementerio, y que desbarata su meticulosa organización comercial. Y en el Perú se inicia una operación peruano-estadounidense de interdicción del puente aéreo de la droga entre Perú y Colombia, que era entonces la forma de exportar casi toda la pasta básica producida en el Huallaga y el VRAE.

El fracaso rotundo de la erradicación manual fue sucedido por el éxito inesperado de la interdicción aérea (con derribo) y la ofensiva contra el cartel de Cali. Los vuelos se espaciaron y eventualmente cesaron. No habiendo a quién vender la coca, los precios colapsaron, la gente abandonó los cocales y estos murieron solos. En 1997 se había descendido a 68,800 hectáreas, y en 1999 a 38 mil 700, el número más bajo en hectáreas desde el inicio del boom de la cocaína en la década de 1970.

El vacío que dejó el colapso del cartel de Cali fue paulatinamente llenado por nuevos grupos de crimen organizado. Una recomposición generacional de los narcotraficantes mexicanos, que profundizaron el contubernio con los estamentos más corruptos del gobierno de ese país, les permitió crecer y constituirse en factor dominante en el narcotráfico latinoamericano.

Pero ya no hubo puente aéreo ni colonización comercial tan evidente como ocurrió con los colombianos. Por eso también, los cocales volvieron a crecer en forma más paulatina: 50 mil 300 hectáreas el 2004; 61 mil 200 el 2010. Es decir, hoy tenemos algo menos de la mitad de cocales que había en 1992.

¿Qué ha funcionado? La combinación de dos factores:

La ofensiva estratégica contra la cabeza de las organizaciones criminales, acompañada por una acción eficaz y sostenida contra la cadena logística y las rutas de exportación del narcotráfico.

Cuanto más se aleje uno de la planta y se acerque más al dinero, mayor es el impacto y mejores los resultados en la lucha contra el narcotráfico. Así se logró una reducción sustantiva de superficie cocalera sin erradicar cocales.

Tomado de:
http://idl-reporteros.pe/2011/08/25/columna-de-reporteros-42/

Congreso, democracia y ciudadanía: Los retos al futuro.

Por Felipe A. Páucar Mariluz

Con la apertura de las rejas de la Plaza Simón Bolivar, el Congreso dio un paso importante en su refundación. Foto cortesía.

El país enfrenta el reto de la gran transformación con inclusión social, de acuerdo a los postulados del gobierno de Gana Perú, en este objetivo el Congreso de la República también debe aportar lo suyo y para ello debe resolver dos temas fundamentales que están en debate desde hace varios años: La inmunidad parlamentaria y la renovación por tercios, que le permitiría dar un mensaje positivo a la ciudadanía.

Sin embargo estos cambios no serán fáciles, por que se asegura con frecuencia, y con razón, que los seres humanos, por no pensar, quedamos atrapados en las telarañas de nuestras creencias infundadas, como esa de que "el vivo vive del tonto". Lo malo es que el vivo crea que todos somos tontos y encima lo debemos aplaudir. Esto a propósito de la actitud sagaz que asumen algunos congresistas por la defensa de intereses que no están vinculados al colectivo ciudadano, amparados precisamente en la inmunidad parlamentaria tan cuestionada.

La Universidad Eafit planteó a su comunidad un debate sobre la ética y los valores humanos, que busca trascender el ámbito universitario como propuesta de reflexión a la sociedad en general, en torno a los cimientos de las relaciones sociales, en los cuales, de una u otra manera se ha legitimado el accionar de los "vivos" o avivatos, por encima de la buena fe e incluso de los imperativos legales.

En esta misma dirección, el país requiere de un gran debate sobre democracia representativa y democracia directa. Las sociedades con serios conflictos sociales, económicos y políticos, como la nuestra, requieren que sus relaciones con el Congreso de la República sean objeto de una revisión profunda para luego sustentarlas a la responsabilidad social y la ética, a fin cumpla con las expectativas y exigencias de la ciudadanía y/o opinión pública.

Se es conciente que el Congreso debe encarnar la representación del pueblo, sin embargo el enfoque y la atención dialéctica no versan sobre sus aportes a la construcción de una democracia inclusiva y menos como generadora de una legislación coherente al desarrollo y a las propuestas para la resolución de conflictos sociales.

La discusión en la calle y los medios de comunicación casi siempre se centra en las insuficiencias genéricas de la representación, en la erosión de la política y en las debilidades éticas o corruptelas de algunos de sus integrantes.

Pero la afirmación de la vigencia de la representación parlamentaria como instrumento de la colectividad política, no puede llevarnos a olvidar los serios problemas que definen el pasado, presente y futuro del Congreso.

Las críticas son fundadas y ponen en evidencia deficiencias del modelo representativo. El Congreso languidece entre la retórica y la necesidad. La política se aleja del mismo y prevalece la politiquería como escenario de una representación obligada, encorsetada y solemne, de la que el ciudadano marca distancia y lo cuestiona.

Hay que reducir la diferencia entre teoría y realidad. La crisis de los partidos políticos, la pérdida de calidad de las leyes, la debilidad de la idea de responsabilidad parlamentaria, la erosión del aprecio popular por la política, el poder creciente de los medios de comunicación social o la modificación de relaciones entre el poder y el territorio, son algunos de los temas que propician la debilidad representativa y democrática del actual sistema político.

Ningún sistema puede asegurar la esencia de la representación, ni del Congreso puede esperarse que alcance un concepto ideal, exento de crítica y controversia. Pero no puede ocultarse que en los últimos años no se han realizado esfuerzos suficientes para mejorar la representatividad del sistema política-democracia-ciudadanía en conjunto.

La consecución de tal trilogía debe ser un reto básico, traducido en el esfuerzo prioritario de los protagonistas de la vida congresal. Ello, entre otras cosas, supone aceptar la necesidad de modificar el funcionamiento del Congreso en lo que se refiere a transparentar su rol y actividades de cara a la opinión pública cuyo veredicto es adverso.

Lograr que los ciudadanos se sientan verdaderamente representados por los legisladores sigue siendo el núcleo del ser parlamentario. El Congreso, como institución y a través de cada uno de los congresistas, no puede olvidar que su deuda es para con los ciudadanos. Los ciudadanos no sólo deciden cada cinco años la composición del Congreso sino que les otorgan concesión para el desempeño político, acorde a sus urgencias y necesidades.

La opinión y voluntad de los ciudadanos, su forma de relacionarse con la política, no puede entenderse como ajena al sistema, como algo que haya de ser tomado sólo como un referente.

Normalmente, los ciudadanos no tienen a la política entre sus preocupaciones cotidianas. Desean participar en la elección de los gobernantes y disfrutar de las garantías de un sistema democrático, pero no exigen ir más allá.

La convicción de que la forma tradicional de hacer política está caduca, se encuentra generalizada y es compartida por un amplio sector de la población que, en ocasiones, desborda esa crítica para hacer afirmaciones bastante más radicales en contra del sistema.

Democracia en el Parlamento significa que aunque es sede para el ejercicio de la política por sus integrantes, es también el lugar donde se ejerce el poder que a todos corresponde. Ello no puede traducirse tan sólo en las necesarias formulaciones retóricas sobre ciudadanía.

Tradicionalmente se ha hablado de hasta tres conceptos de ciudadanía, legal, política y social, e, incluso, en los últimos años se ha aludido a la existencia de una cuarta dimensión, la simbólica.

Sea cual sea la perspectiva que se elija para analizar la relación entre Congreso y ciudadanía, se habrá de constatar la capacidad que la institución posee para incidir sobre cualquiera de ellas. Lo importante es que se aproveche la resurrección de este término para alimentarse en su savia ideológica.

La apelación al ciudadano, a la ciudadanía, ha sido y será siempre una llamada a la democracia. El debate contemporáneo sobre la misma se hace sin el Congreso. Al Congreso le cabe recordar que es la primera expresión de la ciudadanía.

Dice el dicho que dos cabezas piensan más que una. En este caso una psiquis institucional como el Congreso y su dialéctica soterrada y enclaustrada, piensa y decide en solitario, ante la gran cantidad de psiquismo disperso, ignorante e irreflexo-permisivo, en muchos casos, que no participan en las discusiones y la toma de decisiones.

Es decir, un psiquismo recepciona, piensa, determina y promulga, y los muchos otros solo acatan, sin reflexión ni deliberación, confinados a entrar en conflicto social, movidos por la desesperanza y el vacío existencial, para que luego otros entreguen soluciones; o también a mantenerse en conflicto con los representantes y los gobiernos de turno, cuando lo que hacen está lejos de interpretar a sus representados.

La burocratización de la gestión aparece así como la herramienta eficaz para entrabar todo tipo de manifestación contraria a lo dicho por la autoridad, que aunque se encauce por la vía normativa, termina provocando las tensiones evidentes de un estado de derecho y democrático representacional, que a estas alturas del quehacer contemporáneo evidencia una saturación e ineficacia abismal, a la hora de cumplir el rol que se le delega.

Somos espectadores de un mundo que se construye por encargo y por decisiones de otros, del cual no somos artífices; somos parte del conjunto, mas no de la creación en conjunto.

Todos recordamos los conflictos sociales y las innumerables movilizaciones reclamando y demandando lo mismo de siempre. Mejor educación e igual para todos, mejor salud y al alcance de todos, mejores condiciones laborales y mejor distribución de la riqueza.

Desde que se inicia nuestra democracia representativa a la fecha, la sociedad asume inconcientemente el discurso de la autoridad: “no se ha superado el desafío pero se ha avanzado mucho y hoy estamos mejor que ayer”. Luego se enciende el conflicto por las tensiones inherentes y comienzan las nuevas promesas, para llegar al mismo discurso.

Vivimos en una constante contradicción social, pues por un lado el discurso es lo más positivo posible, mientras que en lo concreto el resultado siempre es parcial y muchas veces efímero. Pero el discurso y la parcialidad parecen como eslabones inseparables de una democracia representativa, que vive de la contradicción, y así se perpetúa, pues de otro modo su ciclo sería no renovable.

Los claros niveles de incongruencia que percibe la base social a nivel inconsciente, establecen el marco ideal para las dinámicas individuales y luego colectivas en términos de demanda, que legítimamente se manifiestan en conductas reprimidas y violentas, con un alto grado de inconsciencia y resentimiento, en contra del sistema racional tecnócrata, materializándose en actos contra el bien público y privado.

Cada vez que la presión social llega a su límite, aparecen las conductas incomprensibles para algunos, debido a que los medios de comunicación de masas, como la TV, que forma parte de la industria cultural y que en su conjunto conforman un sistema racionalizado y burócrata, que controlan la cultura de nuestro tiempo, se encargan de disfrazar con comentarios de rechazo, sin acudir al fondo del asunto.

Conductas que el estado parece esperar, y de hecho se prepara con su aparato represivo, y enfrenta a quienes se manifiestan de forma legítima, argumentando hechos al margen de la normativa, sin que el Congreso actúe en forma oportuna y acertada para prever o evitar los conflictos y por ello muchas veces es la censura de la ciudadanía.

Las perspectivas para un mejor Congreso en los próximos 5 años no son las mejores, a juzgar por lo sucedido el 28 de julio durante la presentación del presidente Humala y si tomamos en consideración la posición del escritor Mario vargas Llosa en el artículo “La derrota del fascismo.” publicada en El País de España, en referencia al triunfo de Ollanta Humala en el Perú. Vargas Llosa sostiene “que esta mayoría fuera apenas de tres puntos pone los pelos de punta, pues indica que las bases de sustentación de la democracia son muy débiles y que hay en el país casi una mitad de electores que prefieren vivir bajo una satrapía que en libertad.”

Esta realidad será aparentemente una limitante y una de las grandes tareas que deberá enfrentar el gobierno de Gana Perú. La regeneración moral y política de la nación y los pasos para la transformación pueden estar en cuestión y con ello podría inflingirse una nueva frustración a un sector de la población que apostó por un cambio real sin eufemismos ni maquillada por los intereses del poder económico y político.

No olvidemos que el intento de imponer la restauración de los métodos autoritarios y venales de la semidictadura de Alberto Fujimori, a través de su hija Keiko y los más cercanos colaboradores del reo sentenciado a 25 años de prisión, contó con el apoyo de una clase política acusada de corrupta e integrada por el ex presidente Alan García Pérez, el ex alcalde de Lima Luís Castañeda Lossio y el ciudadano estadounidense Pedro Pablo Kuczynski, considerado como el candidato presidencial de los ricos.

Este frente político, al que se suman los medios que defienden poderosos intereses particulares hará lo imposible para que el Congreso y las instituciones del Estado sigan siendo aposentos de actos oscuros contrarios a la democracia y ciudadanía.

Para las próximas elecciones congresales tendremos miles de candidatos, pugnando por una curul que haga realidad sus sueños. Eso, de por sí, no indica la calidad democrática de nuestro país.

Invita, más bien, a una reflexión sobre nuestro sistema político, sin cuestionar la institucionalidad, pero sí el papel de los partidos políticos y la idoneidad de quienes aspiran a dirigir nuestras entidades y el territorio. (El presente artículo fue enriquecido con los aportes de investigadores, escritores, periodistas y ex congresistas).

La demencia y la barbarie se ha adueñado de México

LA GUERRA CONTRA EL NARCOTRAFICO COSTO MAS DE CINCUENTA MIL MUERTOS EN MENOS DE CINCO AÑOS

Calderón viajó a Monterrey para encabezar un acto mediático en el que llamó “terroristas” a los criminales que incendiaron el casino repleto de gente y exigió nuevamente que se apruebe su proyecto de ley de seguridad nacional.

Calderón y su gabinete colocan una ofrenda floral en el casino incendiado. Imagen: EFE

Por Gerardo Albarrán de Alba
Desde México, D. F.

La muerte en México milita en los bandos de la mano dura, la intolerancia oficialista y la criminalización social. El terrorismo se ha instalado por decreto presidencial, como moneda de cambio para presionar al Poder Legislativo para que apruebe su propuesta de ley de seguridad nacional.

Esto es ya la barbarie. Al menos 53 personas fueron asesinadas el jueves en la ciudad de Monterrey, porque aparentemente los dueños de un casino no quisieron pagar una extorsión a un grupo criminal, pero tampoco quisieron pagar por los permisos municipales para operar legalmente y la casa de juego incendiada se convirtió en una trampa mortal para una clientela integrada principalmente por mujeres, que quedó atrapada en un local con salidas de emergencia bloqueadas. La mayoría de las víctimas falleció por asfixia. Y sobre esos mismos 53 cadáveres se escribe una nueva página escabrosa de una guerra contra el narcotráfico que ha costado ya más de 50.000 muertos en poco menos de cinco años.

Para el presidente Felipe Calderón, el ataque al casino fue un acto de “verdadero terrorismo”, y declaró tres días de duelo nacional. Más prudente, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, calificó al suceso de “brutal”. Calderón viajó a Monterrey para encabezar un acto mediático en el que llamó “terroristas” a los criminales que incendiaron el casino repleto de gente y exigió nuevamente que los diputados de la oposición aprueben su proyecto de ley de seguridad nacional.

El incendio del Casino Royale en Monterrey se suma a una serie de acontecimientos que han exacerbado la percepción sobre la violencia en México, como la balacera a las puertas de un estadio de fútbol, el sábado 20, en Torreón, durante un partido de la primera división mexicana que milagrosamente no causó víctimas porque el estadio registraba una pobre concurrencia. Ambos sucesos inflamaron en el norte del país el discurso oficialista que reclama dotar al ejército y a la marina de un marco legal para justificar la militarización que, de facto, ya ocurre en México. Hace dos días, en Veracruz, sobre la costa del Golfo de México, dos personas fueron detenidas acusadas de terrorismo por difundir amenazas de bomba a través de Twitter.

Calderón ha aprovechado para redoblar su campaña mediática e impregnar en la sociedad el mensaje de que México vive ya bajo fuego terrorista y, con ello, construir la percepción de que es necesaria una ley de seguridad nacional que abre la puerta a la militarización del Estado mexicano, pues pretende otorgar a las fuerzas armadas capacidad de investigación, atribución para detener a presuntos delincuentes, realizar cateos sin orden judicial, intervenir en averiguaciones previas y solicitar a la autoridad judicial las intervenciones de comunicaciones privadas.

De algún modo, el mensaje ha permeado, y eso espanta: jóvenes de entre 15 y 19 años apoyan el endurecimiento gubernamental, la tortura y hasta la aplicación de la pena de muerte contra delincuentes en México, de acuerdo con una encuesta difundida esta semana por la UNAM. Peor aún, los jóvenes se dicen dispuestos a perder su libertad en aras de garantizar su seguridad.

De nada han servido las marchas, las protestas, críticas, los llamados, las súplicas o exigencias para cambiar la estrategia de la lucha contra el crimen organizado. Los más de 50.000 muertos que ha dejado la administración de Calderón son estadística y pretexto para un discurso oficial aferrado en apoyarse en las fuerzas armadas. Lo que muchos se preguntan es cuál es la intención real. A sólo 15 meses de que Calderón tenga que dejar el cargo, ¿ya para qué?

“Calderón ya se fue”, clama el diputado Manuel Clouthier, del oficialista Partido Acción Nacional. El legislador por el estado de Sinaloa, sede de uno de los carteles de la droga más poderosos e impunes, en el que apenas ayer fue asesinado un periodista, acusó a Calderón de no haber sido capaz de resolver el problema del narcotráfico ni mucho menos la violencia. Más grave aún, ha acusado a la administración de Calderón de proteger al cartel de Sinaloa y combatir a otros grupos criminales que le hacen competencia.

Esta versión, señalada también por otras fuentes, se refuerza con la toma de decisiones y estrategias que la administración de Calderón ha dejado en manos de Estados Unidos, que cada vez interviene más de forma directa en territorio mexicano a través de la CIA y de mercenarios que se alojan en una base militar mexicana, como parte de la Iniciativa Mérida, una copia del Plan Colombia que significó la intervención militar estadounidense en aquel país sudamericano.

De acuerdo con una versión difundida a principios de mes por el diario The New York Times, la incapacidad de la administración de Felipe Calderón para enfrentar al crimen organizado ha hundido a México en un escenario similar al de Afganistán, de donde llegó hace poco el nuevo embajador estadounidense designado por la Casa Blanca. Los más optimistas comparan al México de hoy con la violencia que azotó a Colombia hace 15 años. En realidad, el discurso de Calderón viste de intolerancia a la violencia y la muerte en México.

Tomado de:
http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-175423-2011-08-27.html

Comisión de la Verdad de Chile: buscando justicia

EL ESTADO CHILENO PUBLICA UN INFORME DE LA COMISION DE LA VERDAD

En el nuevo documento, de 55 páginas, se consignan 8900 nuevas causas de prisión política y tortura y 30 de detenidos desaparecidos y ejecuciones políticas. Galvarino Apablaza figura como torturado en la lista de la comisión.


María Luisa Sepúlveda, de la comisión Valech, le entrega el informe al presidente Piñera.

La Comisión Valech hizo público ayer el informe con los nuevos casos de violación a los derechos humanos en la dictadura militar en Chile (’73-’90).

En el nuevo documento, de 55 páginas, publicado en el sitio web de la Comisión Asesora para la Calificación de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura (www.comisionvalech.gov.cl), se consignan 8900 nuevas causas de prisión política y tortura, y 30 de detenidos desaparecidos y ejecuciones políticas. Galvarino Apablaza, ex jefe del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), asilado en Argentina con pedido de extradición, figura como torturado en la lista de la comisión.

La calificación realizada por el informe otorga pensiones que establecen las leyes 19.123 y 19.980, disponibles en la página web de la comisión y en la página de Internet del Congreso Nacional (www.bcn.cl).

“El gobierno espera que el cierre de este proceso y el reconocimiento que realiza contribuyan a la consolidación de una sociedad chilena capaz de construir una convivencia democrática basada en la tolerancia y el respeto de los derechos de cada persona”, dice el comunicado oficial.

En el documento, la entidad encabezada por la abogada María Luisa Sepúlveda subraya que esta nueva fase del trabajo de la comisión reafirma que el país sufrió entre 1973 y 1990 una política de Estado en materia de violaciones de derechos humanos. “Esta constatación refuerza la responsabilidad del Estado de Chile en relación con el reconocimiento y reparación de las víctimas”, dice el documento.

Junto al trabajo realizado por otras instancias para abordar los casos de violaciones de DD.HH., el informe reafirma la esperanza de que esta nueva instancia ayude a que hechos como éstos no vuelvan a ocurrir. La comisión inició sus funciones el 17 de febrero de 2010. Finalmente, calificó casi 10 mil nuevos casos, tras recibir 622 casos de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, que corresponden a desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales por motivos políticos, y a víctimas de violencia política, y 31.831 solicitudes de calificación de personas que declararon haber sido víctimas de prisión política y tortura.

Asimismo, a la comisión fueron presentados 224 casos correspondientes a situaciones ya calificadas por comisiones anteriores por los mismos hechos declarados a esta comisión, los cuales no ingresaron en el proceso de calificación.

Por su parte, la Corporación de Defensa y Promoción de los Derechos del Pueblo (Codepu) se mostró disconforme por las bajas cifras de acreditaciones de casos de tortura. El secretario ejecutivo, José Araya, dijo a Radio BioBio Chile que sólo 8900 casos fueron acreditados, de más de 30.000 que se presentaron a la comisión. Araya además señaló que es necesario instaurar una comisión permanente que garantice el respeto a los derechos humanos y que no sólo revise lo ocurrido en dictadura.

“No hemos tenido comisiones con una temporalidad definida, lo que ha sido ampliamente cuestionado. Nosotros pensamos que lo adecuado sería que hubiera dentro de nuestro sistema institucional un espacio donde permanentemente se pudieran revisar los casos que no han sido evaluados. También que pudiera ser una instancia de apelación de aquellas personas que puedan aportar nuevos antecedentes y recoger casos nuevos si los hubiera más adelante. Creo que eso debería ser razonablemente una política de Estado en el futuro”, dijo el secretario general de la Codepu.

Uno de los que figuran en la lista es Galvarino Apablaza, acusado de ser el autor intelectual del asesinato del fundador de la UDI, Jaime Guzmán. Apablaza fue detenido en Argentina en 2004, pero su extradición a Chile fue rechazada. A partir de octubre, podría presentar la solicitud para ser beneficiado con la pensión de reparación. Su caso abrió un frente de conflicto diplomático entre las autoridades chilenas y el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, quien le concedió refugio político. Esto motivó fuertes declaraciones de repudio del presidente Sebastián Piñera y del oficialismo, además de un reclamo formal.

Tomado de:
http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-175471-2011-08-27.html

domingo, 7 de agosto de 2011

Unidad contra el narcotráfico: Expectativa en el Huallaga por designación de Ricardo Soberon en Devida.

Felipe A. Páucar Mariluz.

El anuncio de una revisión de la interdicción al narcotráfico y la intervención transparente en el desarrollo alternativo ha puesto nerviosos a los beneficiarios de la cooperación internacional antidrogas: expertos, especialistas, medios de comunicación, periodistas, etc. Foto cortesía.

La designación del estudioso en temas de coca y narcotráfico Ricardo Soberon Garrido como nuevo jefe de Devida ha generado expectativa en los dirigentes cocaleros por las coincidencias en la revisión profunda de la estrategia antidrogas, pero al mismo tiempo ha despertado los temores y las iras de los anticocas remunerados de la estrategia antidrogas financiada por Estados Unidos, a ellos se han sumado el diario el Comercio y su apéndice Perú 21, secundado por otros medios escritos y portales en Internet.

Para los enemigos del nuevo presidente de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), Ricardo Soberón Garrido, no es suficiente que haya indicado que el Perú buscará fortalecer la cooperación con los países vecinos para lograr un control más eficiente en la lucha contra el narcotráfico.

Debemos “fortalecer y utilizar todos los instrumentos de cooperación a nivel policial, judicial y administrativo para lograr un eficiente control de las drogas”, sostuvo Soberon, que antes de ser nombrado se declaró contrario a la política de erradicación compulsiva de cultivos de coca y señaló que solo deben eliminarse las plantaciones ilegales.

Además Soberón sostuvo que trabajará para promover la Cumbre Regional Presidencial Antidrogas, anunciada por el Jefe del Estado en su discurso presidencial del 28 de julio y añadió que espera tener relaciones fluidas con el canciller Rafael Roncagliolo, para armonizar los objetivos generales de la política externa con los objetivos específicos en materia de control de drogas.

Sobre su futuro trabajo en Devida, adelantó que evaluará la estructura interna de la institución, sus capacidades, potencialidades, fortalezas y debilidades, y dará continuidad a los aspectos que sean necesarios.

Ricardo Soberón sostuvo antes de su designación que el Estado debe implementar una nueva estrategia quinquenal conjunta de lucha antinarcóticos, que incluya la reducción de la pobreza rural y el desmantelamiento de las organizaciones criminales.

Consultado sobre esta designación, el presidente de la Conpaccp Serafín Andrés Lujan quien se encontraba en Pichari, dijo que era posible que la próxima semana se entrevistaría con el nuevo jefe de Devida para saludarlo y recordarle que un representante de los productores de coca debe integrar el directorio de Devida.

Ricardo Soberon escribió en Bajo la Lupa un artículo donde analizaba el operativo Eclipse 2010 y la criminalización de la selva alta, tres párrafos finales indicaba lo siguiente: “Tan luego se produjo el operativo que determinó la captura de 42 personas en diversas localidades del país, el Ministro del Interior General Miguel Hidalgo pidió hablar conmigo en su despacho. En esa oportunidad, nos explicó junto a su equipo que el operativo tenía como fundamento poder capturar al soporte político y económico de Artemio, y nos aseguró que se trataba de una operación profesional, que se basaba en los dichos de diversas personas recluidas por terrorismo.

Le dije al Ministro, al General Becerra y al General Huevin de la Dirección Nacional Antidrogas (DINANDRO), así como a su "team" de asesores, que a ellos no les tocaba merituar (calificar) el material probatorio si no tan solo juntarlo, ordenarlo y presentarlo de la manera más clara posible. Será un juez el que determine la validez de dichas pruebas, su valor probatorio, y no la prensa ni los funcionarios del Ejecutivo.

Finalmente, queremos concluir con una reflexión. La guerra contra las Drogas en los Andes vive siempre bajo la forma de una realidad virtual: operativos exitosos contra "burrieres", micro comercializadores, droga incautada (el 5% de la producida). Ni la industria portuaria, ni la actividad hidrobiológica han sido debidamente investigadas, mucho menos los casinos, industria hotelera. Mientras tanto, siempre habrá lugar en nuestros penales para unas decenas más de pobres, sin influencia.”

Alcalde de Tingo María amenaza con querellas y movilizaciones a críticos de proyecto por 85 millones.

Felipe A. Páucar Mariluz.

El enfrentamiento entre autoridades y población puede crear problemas en la ejecución de un proyecto millonario que pocos conocen en que consiste. Foto Leyenda del Huallaga.

Confirmando su actuar errático, según apreciaciones de un grupo de regidores de la municipalidad de Leoncio Prado, el alcalde Pascual Guzmán Alfaro, continúa adelante con la acción administrativa cuestionada de ejecutar la obra de mejoramiento de agua potable y alcantarillado mediante el procedimiento de declarar en emergencia estos servicios en el Centro Poblado de Castillo Grande y ciudad de Tingo María.

En el objetivo de justificar el uso inmediato de 30 millones de soles de los 85 millones destinados para la obra, Pascual Guzmán prestó declaraciones a periodistas y medios –varios de ellos- del grupo de publicistas remunerados, donde califica de opositores y manos negras a quienes observan y critican el procedimiento sesgado frente a las disposiciones legales vigentes, amenazó con movilizar a la población contra Seda Huanuco por que es la institución que esta poniendo piedras y obstáculos, también enfiló sus críticas contra algunos regidores a quienes les advirtió que deberán responder a la justicia cuando sean querellados para que prueben si hay corrupción como declaran en la radio y televisión.

“El pueblo debe conocerlo, existen personas de la oposición que se oponen a la obra diciendo que no hay emergencia y hay corrupción y eso tendrán que probarlo cuando se les querelle” declaró a un medio radial.

“En (la fiesta de) San Juan koko Giles nos felicitó por el incremento del presupuesto a 85 millones y ahora dice lo contrario, seguro que esta presionado, no nos contesta el teléfono” sostuvo.

“Convocaremos a los pobladores de Castillo Grande, Tingo María, Afilador, entre otros, para una movilización contra quienes se oponen a la obra” agregó adoptando la postura de víctima de un proceso con serios cuestionamientos que él y sus funcionarios propiciaron.

Defendió a la gerente destituida de la sucursal de Seda Huanuco en Tingo María y calificó de abuso a la decisión del gerente Raúl Barrantes, señaló haber conversado con los alcaldes de Huanuco y Amarilis miembros de la Junta de Accionistas y que le expresaron que no conocían de la destitución de la gerente Tania Berrospi.

EE.UU. expande sus actividades en lucha antidrogas de México

WASHINGTON. Estados Unidos envía nuevos agentes de la CIA y ex militares a México al tiempo que analiza el despliegue de agentes privados de seguridad con la esperanza de reforzar la guerra contra los cárteles de la droga en ese país, informa el New York Times en la noche del sábado.

por AFP

El diario indica que en las últimas semanas pequeños grupos de la CIA y empleados civiles del ejército de Estados Unidos han llegado a una base militar mexicana.

Funcionarios de seguridad de ambos países trabajan allí codo a codo en la recolección de información sobre los cárteles y ayudan a planear operaciones, añade el informe.

También se estudia la posibilidad de adosar agentes privados estadounidenses a unidades especiales de la policía mexicana.

Las nuevas medidas se han ideado para eludir las leyes mexicanas, que prohíben que militares y policías extranjeros operen en territorio mexicano, agrega el Times.

Siempre de acuerdo al periódico, también se busca evitar que la tecnología de reconocimiento estadounidense caiga en manos de agencias de seguridad mexicanas con largos historiales de corrupción.

Más de 41.000 personas han muerto en la lucha entre cárteles o de éstos contra fuerzas de seguridad mexicanas desde que el presidente Felipe Calderón lanzó una ofensiva con 50.000 efectivos en 2006.

México: Un total de 41 asesinatos en pocas horas

Al menos 41 asesinatos ocurrieron en México en las últimas horas, de los cuales 15 ocurrieron en Guerrero, sobre el Pacífico sur, y de ellos 12 en el turístico puerto de Acapulco, reportaron hoy las autoridades.

por ANSA

En Acapulco hubo dos casas baleadas e incendiadas en dos colonias populares, y dos meseras fueron asesinadas en dos ataques a sendos bares.

En otro bar, el Puerto Escondido del municipio de Autlán, Jalisco, Pacífico central, un grupo armado disparó contra cuatro sujetos de los cuales perecieron dos, entre ellos uno identificado como Ricardo Villalobos, de 28 años, cuyo hermano Francisco quedó herido con tres tiros en la cabeza.

En Jalisco se registraron otros tres asesinatos, entre ellos el de Verónica de la Mora, de 42 años, que recibió cuatro balazos frente a su hijo por un solitario gatillero.

Los cadáveres de cuatro individuos baleados fueron hallados en Cabo San Lucas, Baja California Sur.

Dos de ellos un grupo de turistas hallaron semienterrados y dos en un domicilio del fraccionamiento Casa Blanca, junto a una mujer viva llevada grave al servicio de urgencias. En Tlalnepantla, estado de México, vecino a la capital mexicana, dos adolescentes al parecer dedicados al narcomenudeo fueron abatidos a balazos, por sujetos que llegaron a interpelarlos en un auto. Otro asesinato ocurrió en Bahía de Banderas, Nayarit, Pacífico norte, y una más en Monterrey, Nuevo León, frontera de México con Estados Unidos.

Tres asesinatos más correspondieron a la Comarca Lagunera del norte de México, que incluyó a Daniel Alemán, de 23 años, y el policía municipal de Torreón, Coahuila. En Chihuahua hubo cuatro asesinatos, tres de ellos en Ciudad Juárez, donde el director de Seguridad Pública, Julián Leyzaola Pérez, nombró a Raúl Monterrosa como director provisional de la cárcel donde el 26 de julio se cometieron 17 asesinatos.

En Navolato, Sinaloa, fueron hallados seis cadáveres baleados y descuartizados.

Tomado de:
http://www.abc.com.py/nota/mexico-un-total-de-41-asesinatos-en-pocas-horas/

El talibán se vengó por lo de Bin Laden

DERRIBO UN HELICOPTERO EN AFGANISTAN Y MATO A VEINTIDOS NAVY SEALS, LOS VERDUGOS DEL TERRORISTA

La muerte de los 22 soldados estadounidenses y siete comandos afganos causada por el derribo es el peor episodio para la OTAN en diez años de conflicto en Afganistán. Se usó una granada propulsada por un misil para derumbar el helicóptero.

Foto tomada en Afganistán de un helicóptero Chinook similar al derribado ayer. Imagen: EFE

Por Terri Judd *
Desde Afganistán

Un helicóptero Chinook de la OTAN fue derribado ayer por los talibán en Afganistán, y murieron 22 soldados norteamericanos y siete comandos afganos. Es el peor episodio de la coalición en diez años de conflicto.

La pérdida de estas 29 vidas ocurrió durante un ataque de insurgentes en la volátil provincia afgana de Wardak. Los talibán se atribuyeron el atentado, afirmando que habían utilizado una granada propulsada por un misil para derribar el helicóptero. Esto fue confirmado por una fuente dentro de la administración norteamericana. Se estima que los 22 muertos son Navy Seals del Grupo Seis, la unidad que persiguió y mató a Osama bin Laden meses atrás. Con ellos había tres controladores de la fuerza aérea, siete militares afganos y un civil.

El ataque con alto número de víctimas ocurre dos semanas después del comienzo del proceso gradual de traspaso de seguridad de las fuerzas extranjeras a las tropas y policía afganas, y en un momento en el que crece el descontento por una guerra costosa e impopular. Se estima que el proceso finalizará cuando todas las tropas de combate extranjeras abandonen Afganistán, a finales de 2014. El presidente norteamericano, Barack Obama, quien se enteró de las muertes estando en Camp David, se refirió al incidente ayer por la noche. “Esto demuestra los extraordinarios sacrificios que hacen los militares en los raids”, dijo Obama. Sin embargo, algunos legisladores norteamericanos han comenzado a dudar acerca de si la entrega de mando es lo suficientemente rápida.

Los incidentes que involucran muchas muertes aumentan las preguntas acerca del proceso de transición y de cuánto deberían quedarse las tropas norteamericanas.

Mientras el gran temor sigue siendo saber si los talibán intentarán desestabilizar a la policía y la fuerza militar afganas con ataques tales como el atentado suicida en la comisaría de Lashkar Ga de la semana pasada, el ataque de ayer es un recordatorio de que las tropas de la OTAN siguen siendo un blanco. Las pérdidas ascienden este año a 375 personas para las tropas extranjeras. Zabiullah Mujahid, vocero talibán, dijo que las fuerzas de la OTAN atacaron una casa en Sayd Abad, en donde estaban reunidos un grupo de insurgentes. Ocho de ellos murieron, mientras que el resto disparó al helicóptero. Por viajar a baja altura y a relativa baja velocidad, los helicópteros son siempre vulnerables a estos ataques.

Hace menos de dos semanas un Chinook CH-47F de la OTAN fue derribado por una granada propulsada a misil, hiriendo a dos tripulantes. Ha habido al menos 17 choques de la fuerza aérea de la coalición y de la afgana en el país este año, pero la mayor parte de ellos atribuibles al error del piloto, las condiciones climáticas o las fallas mecánicas. En junio de 2005, 16 Navy Seals y tropas especiales fueron asesinados cuando sus helicópteros eran derribados en la provincia occidental de Kunar luego de haber sido aparentemente alcanzadas por una granada propulsada a misil.

En septiembre de 2010, nueve soldados norteamericanos fueron asesinados en Zabul cuando un Blackhawk chocó. Mientras el gobierno insiste en culpar al mal clima, los talibán se atribuyen haber derribado el helicóptero.

Debido a que en Afganistán las rutas son campos minados, los militares dependen en gran parte de los movimientos aéreos. La guerra soviética y de Afganistán de 1979-89 se caracterizó por un alto número de víctimas fatales en la fuerza aérea, en gran parte porque la CIA les daba misiles Stinger FIM-92 a los mujaidín, con luz infrarroja y resistentes a las emisiones de las naves. En total, al menos 333 helicópteros y 118 jets se cayeron en esa guerra.

Mientras que no existe evidencia por la cual pensar que los talibán accedieron a esos misiles, hay varios incidentes de naves aéreas que se derriban por granadas propulsadas a misil. El enemigo no sólo es una amenaza que enfrentan las fuerzas aéreas: el clima y el terreno dificultoso tienen responsabilidad en estos choques.

Ayer, un funcionario del gobierno afgano dijo que la OTAN había asesinado a ocho miembros de una familia durante un ataque aéreo en el área de Nad Ali en la provincia de Helmand, en donde las tropas británicas operan. Un vocero de la OTAN dijo que los talibán arrojaron granadas propulsadas a misil a las tropas de la coalición. La OTAN está bajo sospecha por haber matado a nueve civiles accidentalmente durante operaciones contra supuestos insurgentes. Un informe de las Naciones Unidas del mes pasado dijo que 1462 civiles fueron asesinados en incidentes relacionados con el conflicto durante los primeros seis meses de 2011, hasta el 15 por ciento más que la primera mitad de 2010. Se culpa a los insurgentes por el 80 por ciento de esas muertes.

Las fuerzas militares británicas en Helmand confirmaron que un marine inglés del comando 42 fue muerto el viernes. Las tropas volvieron al puesto de control cuando fueron atacados, y mataron el marine.

Tomado de:
Q De The Independent. Especial para Página/12.
http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-173947-2011-08-07.html

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