sábado, 22 de octubre de 2011

La alimentación en América Latina. Entre retos y oportunidades

Por Emilio Godoy*


La innovación al servicio de la producción de alimentos en México.

Crédito: Mauricio Ramos/IPS

MÉXICO, 14 oct (IPS) - Aunque amenaza con agravar el hambre y la pobreza, la presente crisis alimentaria, que se estima llegó para quedarse varios años, implica diversificar la agricultura, adaptarla al cambio climático y aumentar la productividad, sostienen la FAO y expertos.

El informe titulado "Panorama de la seguridad alimentaria y nutricional en América Latina y el Caribe. Altos precios de los alimentos: oportunidades y riesgos", presentado este viernes 14 por la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), alerta que los valores de mercado de los alimentos ya tocaron su más alto nivel histórico y muestran gran volatilidad.

Ambos factores "ponen en riesgo los avances" en la lucha contra el hambre y la desnutrición infantil en la región, cita el reporte, difundido en el marco de las celebraciones del Día Mundial de la Alimentación, este domingo 16, y del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, el lunes 17.

Para los países fuertes productores de alimentos, como Argentina, Brasil, México y Uruguay, la coyuntura puede ampliar el valor de sus exportaciones, mientras que proveedores de materias primas, como Bolivia, Chile y Perú, pueden compensar las compras caras con los precios elevados de petróleo, cobre u oro. Pero naciones como las centroamericanas sufren la carestía.

En Guatemala, donde la mitad de sus 14 millones de habitantes viven en condiciones de pobreza y 17 por ciento en la indigencia, según agencias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la situación alimentaria es todavía muy precaria.

Rony Palacios, de la no gubernamental Red Nacional por la Defensa de la Seguridad y Soberanía Alimentaria en Guatemala, dijo a IPS que las medidas del gobierno para contrarrestar la inseguridad alimentaria han sido "inefectivas y no responden a problemas estructurales".

"Se firman tratados comerciales que permiten la compra subvencionada de arroz, maíz, trigo y otros, de cuya producción éramos autosuficientes, mientras que ahora dependemos de su importación, lo cual ha provocado una pérdida de nuestra soberanía alimentaria", explicó.

La primera oleada alcista ocurrió en 2008, con un impacto fuerte sobre los segmentos más pobres de la región. A partir de junio de 2010, los precios volvieron a elevarse y en agosto pasado el nuevo índice fue "130 por ciento mayor que el que hubo en promedio en el período 2000-2005", según la FAO.

En América Latina y el Caribe, el hambre afectó el año pasado a 52,5 millones de personas, que equivalen a nueve por ciento de su población total, 600.000 menos que en 2009.

El descenso se corresponde con las políticas instrumentadas por los gobiernos para abatir el flagelo, que, empero, muestra resultados dispares en la región.

Brasil es reconocido como vanguardista en seguridad alimentaria, gracias al plan "Hambre cero", puesto en marcha por el presidente izquierdista Luíz Inácio Lula da Silva (2003-2010) y proseguido por su sucesora y correligionaria, Dilma Rousseff, con el nombre de "Brasil sin miseria", orientado hacia la población más vulnerable.

"Los progresos se deben a importantes estrategias públicas que convirtieron esfuerzos de la sociedad en políticas de Estado, no sólo de gobiernos", dijo a IPS el director del no gubernamental Instituto Brasileño de Análisis Sociales y Económicos (Ibase), Francisco Menezes.

"Brasil partió de un nivel muy preocupante, en el que prevalecía el hambre" hace dos décadas, precisó Menezes, quien presidió el gubernamental Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria.

Mientras, Dolores Rojas, coordinadora de Campañas de Oxfam México, sostuvo que en la región "se empieza a hablar de la necesidad de hacer cambios en los productos que se siembran". "Pero no hay una planificación y menos una coordinación con los productores", lamentó.

Derechos y ocasiones

En 2010, el Congreso legislativo brasileño cambió la Constitución para declarar la alimentación y la nutrición adecuada como un derecho humano.

El parlamento mexicano siguió en mayo pasado la misma vía para garantizar el derecho a la alimentación, pero ese cambio solo entró en vigor el jueves 13 al ser publicado en el Diario Oficial de la Federación.

Desde 2005, Guatemala cuenta con la ley de Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, que creó un consejo nacional y la secretaría respectiva, aunque sin reforma constitucional y sin resultados perceptibles para la población.

"Tenemos herramientas legales de enorme contenido, pero lamentablemente permanecen como letra muerta", lamentó ante IPS Luis Monterroso, de la unidad de derecho a la alimentación de la Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala.

La FAO indicó que la región no exhibe problemas de disponibilidad de alimentos, cuyos pronósticos para 2011 son "en general favorables, a excepción de los cereales que pueden sufrir una leve caída". El problema son los precios.

Las cotizaciones de los alimentos fueron 36 por ciento más altas en agosto pasado, comparadas con el mismo mes de 2010. En particular los precios del trigo y del maíz aumentaron 62 y 104 por ciento, respectivamente, sólo en el último año.

Los altos valores de los alimentos, empero, representan una oportunidad de mejores ingresos para la agricultura familiar, subrayó la FAO. "Para ello se requiere de políticas que aumenten su productividad y mejoren sus condiciones de inserción en los mercados, insumos y financiamiento", planteó esta agencia especializada de la ONU.

La agricultura familiar es fuente de la mayor parte de la ocupación de los trabajadores rurales brasileños.

En el censo agropecuario de 2006 se registró la existencia de 16,6 millones de trabajadores rurales, que representan 18,9 por ciento de la población ocupada en Brasil. De ese total, 84,4 por ciento laboraba en pequeñas propiedades de menos de 200 hectáreas.

En México, unos cinco millones de personas dependen de esa modalidad agrícola, con una superficie promedio de seis hectáreas y con equivalencias a 39 por ciento de la producción agropecuaria total y 70 por ciento de los puestos de trabajo en el sector, indican datos de la FAO.

El gobierno del conservador Felipe Calderón gestiona tres programas de apoyo agrícola, sin beneficios claros para los cosechadores pequeños.

La agricultura familiar cobra mucha importancia, según Monterroso, porque "sirve para el autoconsumo, principalmente de granos básicos como el maíz y frijoles, aunque sus reservas apenas les duran entre cinco y siete meses".

"Si el Estado les ofreciera apoyo a estos campesinos, podrían aumentar su capacidad de producción y alimentación, pero se sigue apoyando el modelo de exportación", lamentó.

La FAO sugirió medidas como la generación de mecanismos de gobernanza mundial y regional de la seguridad alimentaria y nutricional, la transformación de patrones de producción y consumo, más transparencia en los mercados internacionales, dinamizar los locales y adaptar el sector agropecuario al cambio climático.

"No es prioridad la adaptación al cambio climático ni el apoyo a la agricultura familiar. La atención del gobierno está puesta en la agricultura a gran escala y las importaciones como política, lo cual con la crisis nos pone en situación de vulnerabilidad", recalcó Dolores Rojas.

En Brasil quedan pendientes "nuevas cuestiones a trabajar, siendo las más visibles la contaminación de alimentos –este país es el mayor consumidor mundial de agrotóxicos– y la volatilidad de los precios, que resulta de tratarlos como mercancías, sujetas a la especulación en bolsas a futuro que tienen gran impacto en los precios", según Menezes.

*Aportes de Danilo Valladares (Guatemala) y Mario Osava (Río de Janeiro)(FIN/2011)

Tomado de:
http://www.ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=99365

Altermundialistas en el corazón de Manhattan: La protesta de Wall Street se intensifica y expande.


ELMERCURIODIGITAL 18.10.11

Sergio Ferrari y Ariel Ferrari*.- Un mes después de que iniciaran su movimiento el 17 de septiembre pasado, los "indignados de Wall Street" ratificaron su decisión de continuar la protesta. En paralelo, el último sábado 15 centenas de miles de personas ocuparon calles, plazas o parques en al menos 951 ciudades de 82 países.

Para ello, debieron sortear en las últimas horas el ultimatum lanzado por la Brookfield Properties, propietaria del Zuccotti Park, plaza ubicada en el corazón mismo del centro financiero más importante del mundo.

El mismo debería aplicarse el último viernes 14 de octubre con el pretexto de proceder a la limpieza y arreglo del sitio hoy ocupado por varias centenas de activistas que acampan en el lugar. En la práctica hubiera significado el desmantelamiento de la acción.

La veloz convocatoria de emergencia lanzada por los indignados y sus redes sociales para defender su campamento así como el tino político de las autoridades municipales neoyorkinas distendieron la tensión permitiendo que la protesta continúe.

Ciudad civil norteamericana

El balance de este primer mes de resistencia anti-Wall Street no puede ser más optimista para los promotores, que al inicio no fue más que un pequeño grupo de militantes que recogieron la idea lanzada en julio pasado por la revista anti-consumista canadiense Adbusters --editada por la fundación del mismo nombre.

Adbusters propuso entonces la ocupación pacífica de Wall Street “en señal de protesta en contra del liderazgo de las políticas de Gobierno de Estados Unidos y su fracaso para prevenir o introducir cambios efectivos en la crisis financiera global”.

Esta llamado, retomado por diferentes redes alternativas, entre ellas Anonymus, se concretó el tercer sábado de septiembre cuando una decena de militantes se instalaron en el Zucotti Park. Inspirados, además, por las movilizaciones de la primavera árabe y de los indignados de España que iniciaron hace algunos meses en Madrid la protesta juvenil europea.

“Somos el 99%”

De inmediato los promotores estadounidenses se presentaron como un “espacio abierto y horizontal” contra el capitalismo neoliberal, al que definen en uno de los sitios de internet del movimiento como “un pulpo gigante, que como un vampiro, se adhiere con sus tentáculos al rostro de la humanidad, chupando despiadadamente con sus ventosas cualquier cosa que huela a dinero". Su consigna central es: “somos el 99%, ellos son solo el 1%”, en abierta confrontación al poder financiero y la corrupción.

El intenso trabajo de información ciudadana; la creatividad de su accionar; la amplitud de la convocatoria y el apoyo creciente de sectores estudiantiles y sindicales --que convocaron juntos, por ejemplo, la manifestación callejera del 5 de octubre-- han ido reforzando la protesta en las cuatro semanas de existencia, convirtiéndola en un hecho político y mediático de primer orden en los Estados Unidos mismos.

De ser prácticamente ignorado por los grandes medios de información en los primeros días, hoy el movimiento ocupa importantes espacios de radio, televisión y grandes medios como el New York Times, que lo sigue casi cotidianamente.

Pero fue, sin embargo, su expansión nacional, lo que le dio más consistencia a esta voz altermundialista que apuesta al método pacífico y la confluencia ciudadana sin distingos políticos, raciales y religiosos.

Grupos similares en varias decenas de las principales ciudades del país han ido adhiriendo y promueven en la actualidad acciones similares. Tal vez, la más trascendente, la de los indignados de la ciudad de Washington, quienes desde la primera semana de octubre ocupan la Plaza de la Libertad en la capital norteamericana, a escasas centenas de metros de la Casa Blanca, la sede presidencial.

Miles de personas han participado, hasta ahora, de una u otra forma, en las movilizaciones realizadas en diferentes Estados. En un buen número, toleradas o aceptadas por las autoridades. En otros casos, como en Boston, fuertemente reprimidas con centenares de detenidos.

El movimiento ha logrado reunir, además, el apoyo de importantes personalidades como los cantantes raperos Kanye West y Lupe Fiasco, el filósofo Noam Chomsky, el director cinematográfico Michael Moore, el escritor y militante argentino Juan Gelman y la artista Yoko Ono, entre otros.

En lo que ya es considerada como la movilización de la sociedad civil planetaria más amplia de los últimos tiempos, el sábado pasado centenas de miles de personas se movilizaron 82 países, según el balance anticipado por el periódico suizo Le Courrier.

En España más de 500 mil personas ganron las calles de 80 ciudades. En Roma no menos de 200 mil indignados. Varias decenas de miles en Portugal…Así como en numerosas ciudades latinoamericanas. Asia, Africa, América Latina y América del Norte así como Europa sumaron sus protestas contra un modelo económico donde, según los manifestantes, el 1% de enriquece mientras el 99% de la población se mpobrece gradualmente.

Tomado de:
http://www.elmercuriodigital.net/2011/10/altermundialistas-en-el-corazon-de.htm

Sociedad Interamericana de Prensa: Líderes autoritarios y crimen organizado amenazan la prensa.

El presidente de Perú, Ollanta Humala (c-i), habla acompañado por el presidente de la SIP, Gonzalo Marroquín (c-d), hoy, lunes 17 de octubre de 2011, durante la inauguración de la 67 asamblea general de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en Lima (Perú). Humala se quejó de que un sector de la prensa de su país lo prejuzgó al inicio de su carrera política y agregó que les demostrará que se equivocaron. EFE/Paolo Aguilar

CARLA SALAZAR. AP

LIMA. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) inauguró el lunes su 67 Asamblea General señalando su preocupación por las acciones de gobiernos totalitarios en la región que buscan limitar y restringir la libertad de expresión en sus países.

Gonzalo Marroquín, director del diario Siglo XXI de Guatemala y presidente de la SIP, expresó en la ceremonia de inauguración que en la actualidad en Latinoamérica “estamos en medio de una guerra, la guerra entre el autoritarismo y la libertad… el panorama no es para nada halagüeño”.

El directivo dijo que los grandes enemigos de la libertad de expresión en la región son el crimen organizado y los gobiernos totalitarios.

“Al crimen organizado le incomoda la información que desnuda su actividad… y a ciertos gobernantes les molesta que la prensa investigue y descubra hechos de corrupción, que advierta sobre sus fines aviesos de manipulación o simplemente revele su incapacidad”, dijo Marroquín.

Señaló que desde la última asamblea de la SIP en abril, 21 periodistas han sido asesinados en el continente.

Sostuvo que hay gobiernos que están “tejiendo toda una maraña de leyes restrictivas” para impedir que la población acceda a la información.

“La mecánica es limitar, atacar, acosar y silenciar a la prensa independiente, la que se convierte en el blanco pero no la víctima principal. Esta, la víctima principal, no es otra que la sociedad misma que se ve limitada y que sin duda puede entonces ser sometida a regímenes totalitarios”, dijo.

Señaló que el común denominador de esos gobiernos es afirmar que quienes los critican están en contra de la democracia y mencionó como ejemplo de presidentes que no respetan los principios de la democracia a Hugo Chávez de Venezuela, Cristina Fernández de Argentina, Daniel Ortega de Nicaragua y Rafael Correa de Ecuador.

“Cuando un presidente puede darse el lujo de entablar un juicio multimillonario contra periodistas y medios como demanda personal pero utilizando todos los poderes del estado para obtener un fallo favorable, cuando otro gobernante cierra medios a su antojo… no cabe más que mencionar que estamos enfrentados con un poder muy grande y muy ambicioso”, dijo Marroquín.

El presidente Ollanta Humala, quien fue invitado por la SIP a inaugurar la asamblea, expresó en su discurso el compromiso de su gobierno con “el respeto irrestricto a la libertad de expresión”, a la vez que exhortó a la prensa peruana a ser fiscalizadora de su gestión.

“Necesitamos que nos digan la verdad cuando nos equivocamos”, dijo el mandatario peruano.

A la vez demandó a los medios a regirse por el “amor a la verdad” y “no por intereses particulares”.

Marroquín en su intervención solicitó a Humala que impulse la despenalización de los delitos de difamación “como una muestra de tolerancia, pero también para fortalecer y promover el libre flujo informativo y el derecho a la información del pueblo peruano”.

En la víspera la SIP escuchó informes país por país sobre la situación de la libertad de prensa.

Destacaron la demanda judicial contra el diario El Universo de Ecuador y el cierre temporal del semanario Sexto Poder, de Venezuela. Además el canal venezolano Globovisión enfrenta un nuevo proceso judicial administrativo por haber informado sobre un motín en la prisión El Rodeo que dejó 22 muertos en junio.

En México, cinco periodistas fueron asesinados en los últimos seis meses por el crimen organizado y la intimidación también han alcanzado a instalaciones de medios de comunicación como el caso del diario Vanguardia en Saltillo, Coahuila, donde fueron arrojados explosivos que provocaron daños materiales.

El informe mexicano cita a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que señaló en 10 el número de periodistas asesinados en lo que va del 2011, y 76 desde el año 2000, lo que convierte a ese país en uno de los más violentos para ejercer el periodismo.

Tomado de:
http://www.elnuevoherald.com/2011/10/17/1046664/sip-lideres-autoritarios-y-crimen.html#ixzz1bBrHh6cu

lunes, 10 de octubre de 2011

Coca y narcotráfico: Campesinos de Padre Abad piden auditar a Devida, PDA y gobierno regional Ucayali.


Felipe A. Páucar Mariluz.

Congresistas, dirigentes, agricultores y autoridades comunales, presentaron múltiples denuncias sobre presuntos actos de corrupción en el PDA, Devida y gobierno regional Ucayali. Foto Leyenda del Huallaga.

180 agricultores, delegados y dirigentes de los productores de coca, cacao y palma aceitera, presentaron a los congresistas Walter Acha y Teófilo Gamarra una serie de denuncias sobre presuntos actos de corrupción en el PDA, Devida y Gobierno regional Ucayali, en la ejecución del programa de desarrollo alternativo, para que se investigue y conocer donde están los millones que se dice haber invertido o gastado en la región Ucayali con el fin de justificar la denominación de ‘Milagro Ucayali’, cuando en esa región existe mucha pobreza a consecuencia de los presupuestos que habrían sido malversados y apropiados.

Padres de familia que hicieron uso de la palabra rompieron en llanto cuando narraron que en el proceso de erradicación de sus cultivos de coca fueron afectados sus cultivos de cacao, café, palma aceitera y ganados, uno de ellos dijo que luego que el Corah asentó su campamento en sus terrenos dedicados a la crianza de ganados, 7 de sus animales habían desaparecido, otras padres de familia también lloraron al narrar su situación de extrema pobreza que hacen que sus hijos que estudiaban en las universidades y colegios dejaron de hacerlo luego de la erradicación de sus fuente de vida.

Después de 3 horas de intervenciones los congresistas asumieron la tarea de presentar en el congreso las denuncias que habían recogido en la reunión y en el campo y que parte de su tarea será reunirse en otras oportunidades con el pueblo para estar en permanente contacto con ellos.

En la reunión se solicitó que para la mesa técnica de trabajo que se instalará en Pucallpa el próximo 19 de octubre se solicite la presencia de las autoridades de la región y de las municipalidades por que da la impresión que no les importa la problemática de los agricultores, faltando al compromiso electoral de apoyarlos.

La otra cara de la lucha contra el narcotráfico: Coca y Pobreza.

La huelga de los productores de coca de la Aguaytía y la designación del nuevo zar antidrogas, no solo ha polarizado el debate sobre la lucha contra el narcotráfico y la erradicación de cultivos de la hoja de coca sino que, fundamentalmente, ha puesto en evidencia los magros resultados obtenidos en estos propósitos. Sin embargo, la relación entre coca y pobreza, no forma parte de este barullo.

Felipe Páucar Mariluz, reconocido periodista tingalés, en su constante preocupación sobre estos temas, con suma inquietud asevera que “estamos en lo mismo hace 40 años”, y que de mantenerse estos niveles del incremento del narcotráfico se corre el peligro de afrontar la misma realidad de Colombia y México. Enfatiza que en todos estos años, principalmente se ha priorizado el combate al último eslabón de la cadena del narcotráfico, es decir, la erradicación de los cultivos de la hoja de coca, sin incidir con las mismas políticas en el control de los insumos químicos, el lavado de activos y la detención de los barones del narcotráfico.

En esa senda, el economista Denis Pereyra Díaz, especialista en temas de desarrollo alternativo de la zona, afirma que desde el 2008 la economía de la coca tiene un mayor peso en la región. Sobre el asunto de la erradicación, es claro en afirmar que tiene que realizarse en base a otras acciones que la complementen. “No debe ser una estrategia de primer orden sino debe haber una mayor fiscalización de los insumos químicos lo que asfixiaría la producción de los derivados de la hoja de coca”, manifestó a manera de ejemplo. “En términos generales -asevera-, la política integral de lucha contra las drogas en los últimos 30 años, ha sido un fracaso, salvo el modelo llamado Tocache, San Martín.

Ambas apreciaciones de quienes conocen la realidad del problema in situ, no hacen más que ratificar que la lucha contra el narcotráfico en el país, esencialmente en el Alto Huallaga, no ha dado los resultados esperados, a pesar de haberse inyectado cuantiosos millones de dólares en esta región durante más de tres décadas. En el análisis que hace Denis Pereyra, plantea que debe realizarse mayor inversión en el desarrollo socioeconómico por parte del Estado, porque a decir verdad, a pesar del auge de la coca en la región, la pobreza en la que se encuentran sumidos lo campesinos productores (no los dueños de las extensas hectáreas ni los intermediarios) de la llamada hoja sagrada, es similar a la de otras regiones alto andinas.

Entonces, si esta es la realidad social del campesino de a pie, del obrero de la industria de las grandes mafias, ¿qué se hizo para encarar esta realidad? Muchos de estos campesinos son migrantes, desde distintos puntos del Perú, pero especialmente de las zonas andinas de Huánuco: Pachitea, Dos de Mayo, Huamalíes, Lauricocha, Yarowilca, Marañón, Huacaybamba, Ambo; es decir, de las áreas más pobres de la región y el país.

La realidad social de estas provincias no ha cambiado mucho en estos 40 o 30 años de lucha contra el narcotráfico. La tasa de pobreza general de estas poblaciones, en promedio, se aproxima al 70%, mientras que la pobreza extrema se estima en cerca del 50%, exceptuando, por supuesto las provincias de Leoncio Prado y Huánuco. ¿Qué se hizo para revertir esta realidad social? Los actuales indicadores nos dicen que la acción del Estado ha sido intrascendente. Si gran parte de ese presupuesto destinado a la lucha contra el narcotráfico en estas últimas tres décadas, se hubiera invertido en el desarrollo socioeconómico de estas y otras provincias paupérrimas, estamos seguros que el narcotráfico no tendría la base social que tiene hoy.

El ejército de pobres del departamento de Huánuco se estima en cerca a 500 mil habitantes, de un total de 819 578, de acuerdo con las proyecciones del INEI al 2009. ¿Cuántos son los campesinos cocaleros en todo el Alto Huallaga? ¿Pasan los 50 mil? Entonces, ¿cuál es el problema social de Huánuco? Obvio, las cifras nos dan una respuesta contundente. Sin embargo, el protagonismo, la capacidad de movilización y todo el engranaje que moviliza la coca, hacen que los problemas regionales graviten en alrededor de ella, incluyendo sus derivados y todo su entorno.

Lo que aquí esbozamos, de ninguna manera, está orientado a hacerle el juego al narcotráfico, desde la producción de la coca destinada a estos fines hasta quienes se solazan con impunidad en las grandes ligas de la mafia. El tema va, coincidiendo con quienes ven con mayor realismo el problema de la lucha contra la coca (no su uso ancestral) y sus derivados, por replantear la política antinarcóticos del gobierno de turno, considerando, por ejemplo, esta variable de la pobreza, con la lógica de minar la base social del que se lucra no sólo el narcotráfico sino también una serie de intereses que giran en el perímetro de ella. (Rubén Valdez Alvarado, Edic. 034, Fases, Set. 2011).

Tomado de:
http://www.fases.pe/?p=213

Terrorismo y narcotráfico: Pobladores de Huipoca rechazan ser calificados como violentistas y ‘narcoterroristas’.


Felipe A. Páucar Mariluz.

Agricultores de Huipoca, se consideran satanizados por la prensa y analistas vinculados al ministerio del interior y embajada USA. Foto Leyenda del Huallaga.

120 personas entre delegados, dirigentes y autoridades, se reunieron en la municipalidad de Huipoca con los congresistas Walter Acha Romaní y Teófilo Gamarra, la tarde del sábado 8. Esta reunión sirvió para dar a conocer a los parlamentarios las dificultades que hacen frente por la falta de un plan integral de desarrollo y el abandono de la autoridad regional y del gobierno nacional, con el pretexto que es una población violenta y azuzada por ‘narcoterroristas’.

“Rechazamos enérgicamente ser calificados como ‘narcoterroristas’ por la prensa y personas afines al presidente regional Jorge Velásquez, al PDA y a Devida” dijo uno de los dirigentes del Frente de Defensa del Agro en Ucayali. “Nuestro único delito fue exigir transparencia en el proyecto cacao que el gobierno regional alegó financiar para Huipoca, cuando la mayor contribución era de los propios campesinos, además de haberse sobrevaluado la mayoría de los componentes, por ejemplo una mochila Jacto que en el mercado esta valorizado en 210 soles, en el plan de inversiones se valorizó en 480 soles.

El proyecto para 800 has de cacao tiene un aporte de 2 millones 100 mil soles del gobierno regional solo para semillas, bolsas, algunas herramientas y un poco de fertilizantes, la mayor parte es para gastos del gobierno regional en logística y asistencia técnica, mientras que el grueso del aporte para la plantación, cuidado y mantenimiento es de los agricultores por un monto de 3 millones 800 mil soles haciendo un total 5 millones 900 mil, que inicialmente se dijo estaría financiado por USAID.

En la reunión se denunció que se estaba erradicando los cultivos de coca en Pandishal y Shanantía, donde los agricultores habían reportado supuestos abusos y excesos, como la destrucción de cercas de alambre para el ganado, apropiación de animales menores, etc.

Los congresistas tomaron nota de los pedidos y denuncias y se comprometieron a solicitar la información oficial, así como solicitar a la contraloría una investigación de los presuntos actos de corrupción.

La base contraterrorista de la marina de guerra de Ucayali esta ubicada a 30 metros del local de la municipalidad de Huipoca. Foto Leyenda del Huallaga.

Desde que llegamos a Huipoca hasta que nos retiramos en horas de la noche, habiendo apreciado su comportamiento durante la reunión, sus pobladores demostraron ser amigables, sin esas características de personas violentas con la que se les ha construido una imagen negativa de belicosidad descontrolada.

El acusar de violentista y narcoterrorista a los habitantes Huipoca y de una falta de seguridad, similar a la ‘tierra de nadie’, es en nuestro concepto un despropósito que obedece a intereses subalternos e inconfesables. Simplemente porque si así fuera el gran cómplice de esta realidad sería el batallón contraterrorista de Huipoca de la marina de guerra ubicado en una loma que es colindante al pueblo de Huipoca, que ese día estaba de fiesta en homenaje a Miguel Grau y celebrando el día de la Marina de Guerra del Perú.

Un espiral de coca, protestas y carencias

El Bajo Cauca es la región de Antioquia con mayor cantidad de cultivos ilícitos. Según la Gobernación de Antioquia, los programas de erradicación en el Bajo Cauca redujeron las plantaciones prohibidas en un 53 por ciento, al pasar de 9.926 hectáreas en 2008 a 4.604 en 2010. En la gráfica, disturbios en Tarazá.

AUTORIDADES INSISTEN EN que las movilizaciones en el Bajo Cauca fueron presionadas por las Farc. Los campesinos alegan que abandonaron sus veredas por fumigaciones e incumplimientos por parte del Gobierno. Una historia que se repite en esta subregión.


Juan Carlos Monroy


La historia se repite cada vez que arrecia la fumigación de la hoja de coca en las zonas rurales del Bajo Cauca antioqueño, que con unas 4.000 hectáreas sembradas es la región con mayor cantidad de estos cultivos ilícitos. Miles de campesinos abandonan sus parcelas para salir a los cascos urbanos a protestar. El resultado final son varios días de problemas y disturbios.

La movilización más reciente que repitió esta dosis de protesta social y episodios de violencia tuvo como escenario a Tarazá y, en menor medida, a Puerto Valdivia.

Fue la séptima movilización masiva desde 2008 en estos municipios. Esta vez las protestas duraron 12 días en los que se desplazaron unas 2.400 personas de las veredas hacia el casco urbano de Tarazá y otras 300 en Puerto Valdivia. Las manifestaciones provocaron disturbios, choques con las autoridades por bloqueos en la Troncal a la Costa, la quema de tres tractomulas y el cierre del comercio en el casco urbano, lo que provocó otra protesta, la de los comerciantes afectados por el golpe a sus bolsillos, amenaza de saqueos y medidas como la ley seca, que decretaron las autoridades para controlar los desórdenes. Una mujer murió en las refriegas.

Según los labriegos, el inconformismo fue motivado por los incumplimientos en compromisos adquiridos por el Gobierno en la anterior movilización, en febrero de este año, y aspersiones aéreas que se reanudaron hace un mes no sólo destruyeron cultivos de coca, sino que como un efecto colateral indeseado dañaron sus cosechas de yuca, plátano, maíz, cacao y caña de azúcar.

Esta es la razón por la que Antonio Henao abandonó su finca en la vereda El Rayo: "hace un mes pasaron las avionetas fumigando, después de que en febrero pasado cuando protestamos se acordó que la erradicación sería solo manual".

Él, de unos 60 años sostiene que tenía casi lista para recolectar una buena cosecha de yuca, plátano y maíz. "La fumigación dañó todo".

Este es un tema tan polémico como complejo. Se ha avanzado en la destrucción de más de 4.000 hectáreas de coca desde 2007. Pero los ataques a los grupos de erradicación manual y las minas antipersonal en Tarazá y Cáceres han dejado muertos y heridos entre erradicadores y policías de los Escuadrones Móviles de Carabineros de la Policía encargados de su protección. Según las autoridades, esto también influye para acudir a las aspersiones aéreas.

Por eso, uno de los principales compromisos pactados en el acuerdo firmado la noche del viernes pasado, tras una reunión de tres horas entre líderes comunitarios de los campesinos y una comisión del Gobierno Nacional, es el estudio de reclamaciones por daños a cultivos lícitos provocados por la aspersión aérea. Según Isman Andrés Henao, vicepresidente de la Asociación de Campesinos del Bajo Cauca, la afectación se dio en 17 veredas de Tarazá, entre ellas Las Acacias, Dos Canoas, La Unión, El Rayo y Vista Hermosa y las pertenecientes al corregimiento La Caucana.

Ese acuerdo puso fin a las protestas y posibilitó el retorno de los campesinos a sus veredas, que comenzó el viernes con los labriegos de las veredas más cercanas al casco urbano de Tarazá y continuó ayer con los de las zonas rurales más alejadas, entre ellas varias de Ituango, como el corregimiento Santa Rita.

Otros compromisos fueron mejorar la coordinación de las acciones de aspersión para evitar nuevos daños, titulación de tierras, reforzar los proyectos productivos para la sustitución de la hoja de coca, la constitución de un comité local de derechos humanos y capacitación en el tema concertación de un plan de inversión para el Bajo Cauca.

Problemática sin resolver

De acuerdo con los líderes campesinos, las autoridades locales y otras personas conocedoras de la región, las protestas evidencian la problemática social del Bajo Cauca antioqueño, aún sin resolver, a pesar de los esfuerzos del Estado.

"En pleno siglo XXI hay veredas donde la gente sigue viviendo como en las cavernas, a punta de velas... eso no es vida digna. Este fue otro compromiso para empezar a llevar este servicio en un mes a las veredas Las Acacias y Dos Canoas", comenta Henao.

Las vías son otro reclamo en toda la región. Carlos, campesino proveniente de una lejana vereda a cinco horas de camino, sostiene que el mal estado de éstas hace imposible que los campesinos puedan sacar sus productos agrícolas a los cascos urbanos y así conseguir buenos ingresos.

"Una carga de yuca se vende en el pueblo en 50 mil pesos, pero lo lejano y el mal estado de la vía hace que el costo del flete sea de 25 mil y si se suma eso a lo invertido en el cultivo no le queda a uno nada de ganancia. La de naranja se vende en 13 mil pesos, pero el solo flete vale 8.000", explica.

No solo hay reclamos por la deficiencia de vías veredales, sino por el mal estado de la Troncal a la Costa, que presenta hundimientos de la banca y pasos restringidos por derrumbes en varios tramos en la región.

Con buenas vías, dicen los labriegos, se desestimula la siembra de la coca, de la que vivieron en los últimos 20 años muchas familias campesinas. "Los vecinos vivían en la pobreza y solo cuando empezaron a sembrar coca empezaron a mejorar. Incluso muchos que ahora son comerciantes legales ahora consiguieron los recursos para empezar con la coca", cuenta un campesino que vive en La Caucana.

Pero hay más carencias

Esta inconformidad, según el exasesor de Paz de Antioquia, Jaime Fajardo Landaeta, es aprovechada por los grupos armados ilegales como las Farc para infiltrar y presionar estas protestas para cuestionar al Estado ante las comunidades.

"El Bajo Cauca tiene una posición estratégica ya que comunica al centro y occidente del país con la Costa Atlántica. Por ahí se mueven grandes recursos mineros, lo que la convirtió en centro de disputa de grupos armados. Entonces, la guerrilla o las bandas criminales pueden presionar para estas protestas, pero no es la única causa".

Para Fajardo, quien trabajó en el estudio y formulación del proyecto de Desarrollo y Paz del Bajo Cauca , después de Urabá, el Bajo Cauca presenta los índices de pobreza más altos, bajas coberturas en salud, educación, servicios públicos y alta desnutrición. Todo eso ha sido caldo de cultivo para el narcotráfico y el Estado ha sido ineficiente en resolver estos problemas".

El secretario de Gobierno de Tarazá, Didier Andrés Upegui, reconoce que en las zonas rurales hay muchos cultivos de coca e indicios de que en la protesta hubo presiones de las Farc para sacar de las veredas a más de 2.000 campesinos.

"Esa es la información de la Fuerza Pública, pero además tuvimos conocimiento que seis familias que se desplazaron a Medellín, al parecer, por amenazas y allá declararon su situación a la Personería".

Pero el funcionario municipal también reconoce la problemática social y daños en los cultivos agrícolas. "En algunas veredas parece que sí hubo daños a cultivos de pan coger, incluso en una donde se ejecutó un proyecto de sustitución de coca por cacao con apoyo de las Naciones Unidas".

La respuesta del actual Gobierno Departamental, cuyos esfuerzos reconocen en la región varios alcaldes, es la intervención a través del Centro de Fusión del Bajo Cauca, conformada por instituciones oficiales, el Ejército, Policía y creado para coordinar la inversión en la región y acciones de la Fuerza Pública.

El secretario de Gobierno de Antioquia, Andrés Julián Rendón, ha destacado que este Centro ha logrado avances en reducción de la violencia con programas como las Casas de Justicia, titulación de predios y apoyo a la sustitución de cultivos ilícitos con proyectos productivos de café, cacao y caña de azúcar.

La influencia de las Farc en las protestas es una denuncia reiterada de las autoridades. La Policía reiteró a lo largo de las protestas que la movilización fue presionada y aprovechada por el frente 18 de esa guerrilla para infiltrarse y generar desórdenes, situación que negaron los campesinos. El coronel José Gerardo Acevedo, comandante de la Policía Antioquia, aseguró que "hay interceptaciones en las que se dan instrucciones para promover las manifestaciones que originaron los disturbios".

La semana pasada el presidente Juan Manuel Santos aseguró que las protestas en Antioquia estaban "infiltradas" por la guerrilla.

Mientras se convierten en realidad los pactos en el papel y los anuncios de inversión, el Bajo Cauca continúa en una encrucijada de lucha contra la ilegalidad, carencias sociales, violencia y la coca.

Por el momento, los labriegos volvieron a sus tierras.

» Un proceso de reinserción con dudas

Luego de la desmovilización de estructuras paramilitares aparecieron las bandas criminales en el Bajo Cauca. Allí el proceso de reinserción no funcionó y es una de las regiones de mayor reincidencia de exparamilitares con dominio de actividades criminales, que un buen número se vincularon con las bandas criminales, entre ellos muchos mandos medios de los bloques Minero y Central Bolívar. Ángel de Jesús Pacheco Chanci, alias "Sebastián", jefe de "los Paisas", asesinado este año, fue ejemplo de ello.

Tomado de:
http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/U/un_espiral_de_coca_protestas_y_carencias/un_espiral_de_coca_protestas_y_carencias.asp?CodSeccion=211

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