miércoles, 16 de noviembre de 2011

Proyecto minero Conga: Entre el oro y el agua. Entre la vida y la muerte

Por María Elena Hidalgo

Ocho de cada diez pobladores de Huasmín, Encañada y Sorochuco son pobres, pero prefieren el agua a los beneficios de la explotación minera.

Elegir entre el agua y el oro es lo mismo que escoger entre la vida o la muerte para los pobladores de los distritos de Huasmín y Sorochuco, de la provincia de Celendín, y de Encañada, de la provincia de Cajamarca. Ellos rechazan el proyecto minero Conga, que demandará una inversión de 4.800 millones de dólares, una de las más grandes en la historia del país. No lo quieren porque es una amenaza para los recursos hídricos. Sin agua, dicen los comuneros, se mueren.

Y sin embargo Conga podría representar para los tres distritos una notable inyección de recursos por el canon minero. Hoy, según cifras del Ministerio de Economía y Finanzas, Huasmín percibe 1,7 millones de soles por concepto de canon minero, mientras que Sorochuco 1,2 millones. En cambio, Encañada recibe 21,3 millones de soles, lo cual representa más del 90% de su presupuesto (26,8 millones de soles). Pero para los pobladores no se trata sólo de dinero.

El oro no se bebe

“Dicen que somos antimineros y que no queremos el desarrollo, pero no es así. Lo que no queremos es que afecten nuestras aguas que usamos para nuestro consumo y el de nuestro ganado. Queremos que se conserven nuestras lagunas naturales”, dice Daniel Gil Terrones, poblador del caserío El Lirio.

“El conflicto estalló debido al traslado de cuatro lagunas ubicadas dentro de las seis mil hectáreas de terreno que son parte del proyecto Conga, de la compañía minera Yanacocha. Según los funcionarios de la empresa es necesario remover las lagunas porque ponen en peligro la explotación de cobre y oro.

El proyecto Conga se encuentra ubicado en la cabecera de cuenca de los ríos Jadibamba, Chirimayo, Chugurmayo, Quengorio y Rejo, afluentes del Sendamal (Celendín). También el Chaullagón, afluente del Chonta (Cajamarca), y el Quengorío, afluente del Llaucano (Bambamarca).

Estos ríos serían afectados por el traslado de las lagunas Perol, Cortada o Mala, Azul y Chica. Estas serán trasvasadas a los reservorios Chailhuagón, Perol, Inferior y Superior que construirá Yanacocha.

Pobres pero dignos

Es una paradoja. Las comunidades que se oponen al proyecto minero Conga se encuentran entre los más pobres del país. Virtualmente ocho de cada diez pobladores viven en la pobreza. En efecto, según el último reporte del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en Huasmín el 88,3% es pobre y el 50% vive en extrema pobreza. En Sorochuco el 79,1% es pobre y el 46,3% habita en extrema pobreza. Y en Encañada, 78,5% es pobre y el 44,3% extremadamente pobre. En Encañada, que recibe importantes transferencias por canon minero, estos recursos parece que no han servido para aliviar el sufrimiento de las comunidades.

Cualquiera que no vive en Encañada, Huasmín o Sorochuco dirá que los campesinos están locos por rechazar al proyecto Conga, porque podrían cambiar radicalmente sus vidas con el canon minero. Pero no es así de simple. Los comuneros prefieren el agua, que es la vida.

Las autoridades de los diferentes caseríos del distrito de Huasmín se congregaron el pasado jueves en el caserío de San José de Pampa Verde, para reunirse con el presidente de la región Cajamarca, Gregorio Santos Herrera, y el alcalde de Huasmín, José Marín Agusti. En el encuentro, los pobladores afirmaron que no aceptarán la remoción de las lagunas altoandinas, que forma parte del proyecto Conga.

Huasmín es un distrito ubicado a 106 kilómetros de la ciudad de Cajamarca. La gran parte de su comunidad se dedica a las labores de agricultura y ganadería. Sus cultivos son diversos debido a que cuentan con cuatro microclimas que les permite cosechar arroz, oca, papa, coca y maca, en la zona más alta; y plátano, yuca y caña de azúcar en la parte baja.

Diferencias que matan

Huasmín cuenta con 68 caseríos y se estima que 45 serían afectados por los trabajos de la mina.

La compañía del proyecto Conga sólo ha reconocido a 15 caseríos dentro de su área de influencia. A diferencia del resto, la minera les dará trabajo y apoyo social a los pobladores de esos 15 caseríos. Al resto, nada.

Esta diferencia que promueve la minera entre los caseríos ha gestado encono, un sentimiento de discriminación y humillación: el principal combustible de los conflictos sociales.

Esto explicaría por qué los pobladores y las autoridades de Cajamarca acordaron en Pampa Verde declarar improcedente al proyecto Conga y solicitaron el retiro inmediato y definitivo de la compañía Yanacocha en la zona.

Los 1.500 comuneros que asistieron a la reunión decidieron organizarse caserío por caserío y ronda por ronda, para contrarrestar la campaña de convencimiento que la minera ha emprendido en la zona en busca de aceptación sobre las bondades que Conga traería a los pobladores.

“Le pedimos al presidente Humala que cambie a esos ministros. Por ejemplo, el primer ministro Salomón Lerner ha dicho que el proyecto Conga seguirá adelante luego de que se solucionen ‘algunos aspectos técnicos’”, dijo el secretario general de la Plataforma Interinstitucional de Celendín, Milton Sánchez.

Con una inversión estimada en 4.800 millones de dólares –de los que ya se desembolsaron 60 millones–, en estos momentos Conga se encuentra en la primera etapa de su construcción, es decir, en la edificación de los reservorios para luego dar paso a la construcción de la mina y, finalmente, el equipamiento de la misma.

Vale el esfuerzo

Representantes de Yanacocha sostienen que el problema suscitado con las comunidades es producto de la desinformación que promueven las autoridades. Sostienen que las comunidades que han recibido información correcta apoyan plenamente el proyecto.

De acuerdo a los estudios presentados por el proyecto Conga, los reservorios de Chailhuagón, Perol e Inferior serán de consumo exclusivo de las comunidades, mientras que el agua del reservorio Superior será compartido entre la comunidad y la mina.

“El agua que usará la mina del reservorio Superior será almacenada e ingresada a una planta de tratamiento, y luego será vertida al reservorio Inferior y usada por la comunidad. Esta agua será de nivel tres, el mismo nivel con el que cuentan actualmente las aguas de las lagunas. Hay que tomar en cuenta que el proyecto Conga usará el proceso de flotación para extraer los minerales y no se usará cianuro”, argumenta Marco Balcázar.

“Se quiere afectar la cabecera de cuenca donde nacen los ríos que van hacia Bambamarca, Cajamarca y Celendín. Las labores de minería destruirán los bofedales y humedales que son zonas de recarga de agua y que serán usados como botaderos y tapados por los desmontes de la mina. La región no lo puede permitir.

Protegeremos las lagunas con la ley en la mano”, se pronuncia el presidente Gregorio Santos. Con el anuncio de Santos, todo indica que el conflicto por Conga recién comienza.

“Es todo un ciclo de vida que se puede cortar”

1] Para el gerente de Recursos Naturales y Gestión Ambiental de la región Cajamarca, Rolando Reátegui Lozano, el trasvase del agua afectará irreversiblemente el caudal de los ríos que se alimentan de estas lagunas, además de los humedales y acuíferos que hay en la zona, lo cual alterará los ecosistemas que dependen de dichas fuentes de agua.

2] “No se dan cuenta que las lagunas que forman los ríos que van hasta el Marañón y el agua terminan en el mar. Eso es todo un ciclo de vida que se piensa cortar”, señala Rolando Reátegui Lozano.

3] Según el proyecto minero Conga, de la minera Yanacocha, una vez que se trasvase la laguna Perol, su lecho se convertirá en un tajo abierto de 800 metros de profundidad. Las autoridades de la región Cajamarca han dicho que ese trabajo afectará la quebrada del río Chirimayo y al río Jadibamba, y por tanto dañará la cuenca del río Sendamal.

4] De igual modo, el cambio de colocación de las lagunas Chica y Azul dañará la quebrada del río Ferrullioc, que nace a partir de estas dos lagunas.

5] Los pobladores de la comunidad Huasmín aseguran que invitaron a los ministros de Energía y Minas, de Agricultura, y de Medio Ambiente, a la reunión que sostuvieron el jueves pasado en la localidad de Pampa Verde, pero fueron totalmente ignorados por estos funcionarios.

Opinión

Perspectiva. Para el padre Marco Arana, conocido experto en conflictos sociales originados por problemas socioambientales, el proyecto minero Conga afectará no solo las lagunas sino también los ríos, manantiales, afloraciones y los humedales de la zona.

Afectación. “Todo está interconectado. No es verdad que sólo se trata de trasvasar las lagunas. Los ejecutivos de la minera afirman que habrá nuevas filtraciones de manera natural, pero eso no es posible”, explica el padre Marco Arana. www.ecoportal.net

La República

Tomado de:
www.larepublica.pe
http://www.ecoportal.net/content/view/full/101066

México: HRW denuncia abusos generalizados en la “guerra contra el narcotráfico”

ELMERCURIODIGITAL

Miembros de las fuerzas de seguridad habrían participado en más de 170 casos de tortura, 39 “desapariciones” y 24 ejecuciones extrajudiciales desde que Calderón asumió la presidencia en diciembre de 2006.

"En el marco de la lucha contra la delincuencia organizada en México, militares y policías han cometido violaciones de derechos humanos generalizadas y casi ningún caso está siendo investigado adecuadamente", señaló Human Rights Watch en un informe.

El informe de 229 páginas, “Ni Seguridad, Ni Derechos: Ejecuciones, desapariciones y tortura en la ‘guerra contra el narcotráfico’ de México”, examina las consecuencias para los derechos humanos del enfoque del Presidente Felipe Calderón en la lucha contra los poderosos carteles de narcotráfico que operan en México. A través de investigaciones exhaustivas llevadas a cabo en cinco de los estados más violentos del país, Human Rights Watch encontró evidencias que sugieren fuertemente que miembros de las fuerzas de seguridad habrían participado en más de 170 casos de tortura, 39 “desapariciones” y 24 ejecuciones extrajudiciales desde que Calderón asumió la presidencia en diciembre de 2006.

“En vez de reducir la violencia, la ‘guerra contra el narcotráfico’ de México ha provocado un incremento dramático de la cantidad de asesinatos, torturas y otros terribles abusos por parte de las fuerzas de seguridad, que sólo contribuyen a agravar el clima de descontrol y temor que predomina en muchas partes del país”, señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.

Una delegación de Human Rights Watch presidida por Kenneth Roth, director ejecutivo de la organización, y por Vivanco presentó el informe al Presidente Calderón, a miembros del Congreso mexicano y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como a organizaciones de la sociedad civil.

Poco tiempo después de asumir la presidencia en diciembre de 2006, Calderón declaró la “guerra” contra la delincuencia organizada y convocó al Ejército mexicano a participar en la lucha contra los carteles, a pesar de los extensos antecedentes de abuso e impunidad de esta institución. Más de 50.000 soldados fueron asignados a esta iniciativa, además de miles de miembros de la Marina, de la Policía Federal y de fuerzas de policía estatales y locales.

En los cinco estados relevados —Baja California, Chihuahua, Guerrero, Nuevo León y Tabasco— Human Rights Watch comprobó que las fuerzas de seguridad aplican torturas sistemáticamente para conseguir que los detenidos confiesen mediante coerción o proporcionen información sobre los carteles. El informe también contiene evidencias contundentes que sugieren que soldados y policías han perpetrado “desapariciones” y ejecuciones extrajudiciales, y que en muchos casos han adoptado medidas para ocultar sus delitos.

Human Rights Watch analizó datos recabados a través de más de 200 entrevistas efectuadas a víctimas y autoridades, 60 pedidos de información pública y del examen de un amplio espectro de estadísticas oficiales. Si bien la incidencia de las violaciones graves de derechos humanos ha aumentado drásticamente en el contexto de las medidas adoptadas por México contra el narcotráfico, no sucedió lo mismo con la investigación y el juzgamiento de estos abusos, según comprobó Human Rights Watch.

Esto se debe, en parte, a que los soldados que cometen violaciones de derechos humanos contra civiles continúan siendo investigados y juzgados en la jurisdicción militar, aun cuando la Suprema Corte de Justicia de México y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han expresado en sus pronunciamientos que estos abusos deben ser investigados en la jurisdicción penal ordinaria, y que los tribunales militares carecen de la imparcialidad y la transparencia necesarias para juzgar a sus propios miembros. El resultado de esta práctica ha sido una impunidad casi total, afirmó Human Rights Watch. En los cinco estados relevados, entre 2007 y abril de 2011 los agentes del Ministerio Público militar iniciaron 1.615 investigaciones sobre delitos presuntamente cometidos por soldados contra civiles. Ni un sólo soldado ha sido condenado en estos casos.

Los agentes del Ministerio Público civil tampoco han adoptado medidas básicas —como entrevistar a testigos clave o visitar la escena del crimen— para investigar denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas por policías y otros funcionarios civiles. Por ejemplo, según información solicitada al Ministerio Público estatal en los cinco estados relevados, se presentaron cientos de denuncias de torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes ante las comisiones de derechos humanos de los estados. No obstante, ningún funcionario ha sido acusado en estos estados por hechos de tortura.

“Estos abusos casi nunca se investigan adecuadamente pero, a pesar de ello, es común que las autoridades se refieran a las víctimas como delincuentes y asuman que sus denuncias son falsas”, expresó Vivanco. “Como resultado, las víctimas y sus familiares no tienen otra opción que impulsar sus propias investigaciones para reivindicar a sus seres queridos”.

En varias oportunidades, el Presidente Calderón ha declarado públicamente que el 90 por ciento de las víctimas de muertes vinculadas al narcotráfico —que su gobierno estima fueron cerca de 35.000 entre 2007 y enero de 2011— eran delincuentes. No obstante, datos obtenidos por Human Rights Watch permiten dudar de la fiabilidad de estas afirmaciones. La Procuraduría General de la República, que cuenta con facultades constitucionales para investigar penalmente los homicidios vinculados con la delincuencia organizada, indicó a Human Rights Watch que solamente había iniciado 997 investigaciones de este tipo de homicidios entre 2007 y agosto de 2011. Y, según la justicia federal, los jueces federales solamente han condenado a 22 personas acusadas de homicidio y otros delitos relacionados con la delincuencia organizada.

Human Rights Watch comprobó que un amplio espectro de funcionarios judiciales participaron en las violaciones de derechos humanos. Entre ellos se incluyen jueces que admiten pruebas conseguidas posiblemente mediante tortura, agentes del Ministerio Público que obtienen “confesiones” de acusados que son mantenidos incomunicados en bases militares, y peritos médicos que omiten o minimizan lesiones cuando examinan a los detenidos.

El informe formula recomendaciones específicas a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial destinadas a abordar los abusos documentados en el informe, incluidas las siguientes:

El Congreso debería reformar el Código de Justicia Militar para impedir que las investigaciones de presuntas violaciones de derechos humanos contra civiles se lleven a cabo en la jurisdicción militar; y los procuradores generales de justicia de la República y de los estados deberían tomar la iniciativa de investigar todos los casos de posibles violaciones de derechos humanos, incluidas aquellas supuestamente cometidas por el Ejército.

Los funcionarios públicos deberían abstenerse de efectuar declaraciones en las cuales desestimen las denuncias de abuso antes de que éstas hayan sido investigadas, así como de afirmar que las víctimas de abusos son delincuentes antes de que hayan sido condenadas por algún delito.

Los jueces deberían hacer cumplir la prohibición de emplear pruebas obtenidas mediante tortura, y los legisladores deberían derogar las disposiciones legales —como el arraigo y otras normas excesivamente amplias que permiten la detención de personas in flagrante (mientras cometen un delito)— que facilitan el abuso de los detenidos.

“El gobierno mexicano se enfrenta a carteles que han cometido crímenes aberrantes contra oficiales y civiles por igual”, aseveró Vivanco. “Sin embargo, en su respuesta, las fuerzas de seguridad deben actuar empleando un estándar diferente, no sólo porque el respeto de los derechos es lo correcto, sino porque además es indispensable para asegurar el éxito de cualquier estrategia para mejorar la seguridad pública”.

Tomado de:
http://www.elmercuriodigital.net/2011/11/mexico-hrw-denuncia-abusos.html

El mapa de la pobreza en América Latina

CASI LA MITAD DE LOS NIÑOS DE AMERICA LATINA SON POBRES

La Cepal y la Unicef darán a conocer hoy un informe que refleja la situación de la pobreza infantil en la región. La Argentina ocupa la cuarta mejor posición en el ranking.


La medición toma en cuenta el acceso a la vivienda, a la salud, a la educación y a la alimentación.
Imagen: Rafael Yohai

Por Sebastián Premici

La pobreza infantil en América latina alcanza al 45 por ciento del total de menores que viven en la región. Esto quiere decir que existen 80,9 millones de menores que tienen una o varias necesidades básicas insatisfechas. Así lo determinó un informe elaborado conjuntamente por la Comisión Económica para América latina y el Caribe (Cepal) y Unicef, que será presentado hoy en el marco de los Diálogos de Protección Social. La investigación utilizó una metodología de medición que apunta no sólo a los niveles de ingresos de las poblaciones más vulnerables, sino que contempla un conjunto de derechos establecidos por la Convención Internacional del Niño, como el acceso a la vivienda, la educación, el agua potable y la alimentación. De los 18 países de la región, la Argentina ocupa el cuarto lugar en cuanto a la calidad de vida de los niños pobres, detrás de Costa Rica, Chile y Uruguay. Más abajo aparecen Venezuela, Brasil, México, Perú y Colombia, entre otros.

Unicef estableció en 2005 una definición de la pobreza: “Los niños y niñas pobres son los que sufren una privación de los recursos materiales, espirituales y emocionales necesarios para sobrevivir, desarrollarse y prosperar”. Esta aproximación pretende generar una metodología diferente para medir las situaciones de vulnerabilidad en la región.

“La pobreza no es sólo una cuestión de ingresos, hay múltiples factores que definen a una persona en estas circunstancias. La idea de crear una nueva metodología de medición apunta a identificar las distintas áreas de acción para que los Estados puedan hacer políticas públicas”, explicó a Página/12 María Nieves Rico, experta de la División de Desarrollo Social de la Cepal.

La investigadora será una de las especialistas que presentará hoy el informe en el auditorio de la Universidad de San Andrés, junto al Cippec y la Fundación Tzedaká.

El informe titulado “Pobreza infantil en América latina y el Caribe”, toma los datos de los institutos de estadísticas de cada uno de los países. En el caso de la Argentina, se recogieron de la Encuesta Permanente de Hogares que elabora el Indec. La pobreza infantil en el país se ubica en el 28,7 por ciento. El mejor rankeado es Costa Rica (20,5), seguido por Chile (23,2) y Uruguay (23,9).

En contraposición, los países con mayor pobreza infantil son El Salvador (86,8), Guatemala (79,7), Bolivia (77,2) y Perú (73,4), entre otros. Brasil, una de las potencias económicas de la región, tiene una pobreza infantil del 38,8 por ciento.

La investigación de la Cepal y Unicef determinó que el 53 por ciento de los 80,9 millones de niños pobres se ve perjudicado por una sola privación moderada o severa y sólo uno de cada cinco niños en esta situación se ve privado en tres o más dimensiones. “Esto sugiere que es posible reducir de manera sustancial la pobreza infantil con acciones que si bien no necesariamente serán de bajo costo, pueden localizarse en un área específica de intervención”, señala la investigación.

Por ejemplo, en el caso de la Argentina, el indicador de mayor peso en los niveles de pobreza es el de vivienda (24,8). Luego le siguen saneamiento (3,7), educación (2,7) y agua potable (2,6). Estos son datos de 2006, la fecha de corte utilizada para realizar el informe. Sin embargo, tanto desde la Cepal como la Unicef aseguraron que la pobreza siguió bajando. Según indicó a este diario la investigadora Rico, para 2009 la pobreza infantil en la Argentina había descendido de 28,7 a 25,7 por ciento. El resto de los indicadores también tuvieron una mejoría: saneamiento (2,3), agua (1,6) y vivienda (21,7). El único indicador que sufrió un agravamiento fue educación (3,2). Estos datos no aparecen publicados en el informe.

“Lo que podemos notar en el caso argentino es el peso que tiene el acceso a la vivienda y el hacinamiento en la definición de la pobreza infantil. Por eso queremos elaborar una guía metodológica para que los gobiernos puedan adoptarla y tener un enfoque más global para encarar esta problemática”, agregó la experta de la Cepal.

En el caso de Brasil, la composición de la pobreza infantil es diferente. En 2007 se ubicó en un 38,8 por ciento, mientras que en 2009 fue de 38,7. El indicador de mayor peso en la medición de la pobreza tiene que ver con el saneamiento (34,7), le siguen las dificultades con el agua (8,6) y la vivienda (2,7).

“La información analizada permite identificar áreas de política pública en las que es necesario actuar con decisión y de manera urgente e integral”, explica el informe.

spremici@pagina12.com.ar

Tomado de:
http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-181014-2011-11-11.html

domingo, 6 de noviembre de 2011

Golpe al corazón de las FARC




La estrategia de Juan Manuel Santos arrincona a la guerrilla. Se calcula que la organización solo cuenta con 6.000 miembros, frente a los 18.000 que tuvo en los noventa.

Maite Rico Madrid 5 NOV 2011

Alfonso Cano, en una imagen tomada en el año 2000. / Scott Dalton (AP)

“Le estamos respirando en la nuca”. Con esta gráfica expresión, el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, explicaba hace unos meses que el Ejército tenía cada vez más acorralado a Alfonso Cano, jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). No era un farol. Esta pasada madrugada, Cano y varios de sus hombres han caído en un enfrentamiento en el departamento del Cauca. El golpe más contundente al corazón del grupo armado que ha ensangrentado el país durante casi medio siglo.

La Operación Odiseo, que ha acabado con el líder máximo de las FARC, comenzó en la mañana del viernes, con un bombardeo a una base guerrillera en las inexpugnables montañas selváticas del occidente andino. Cuando las tropas terrestres llegaron al campamento, encontraron unas gafas, una billetera y unos viejos periódicos… Cano había escapado del ataque, pero andaba cerca. Horas después era abatido, junto a varios de sus hombres, en un choque armado.

A Cano, de 63 años, le pisaban los talones desde que, en mayo de 2008, sucedió en el mando de las FARC a Manuel Marulanda, Tirofijo. El octogenario fundador de la guerrilla había muerto de un infarto en su campamento. Del nuevo líder se dijo que era “intelectual y dialogante”, y hubo quienes aventuraron una inminente apertura de la vía negociadora.

Es cierto que Guillermo León Sáenz, que era su verdadero nombre, tenía formación académica (había estudiado Antropología en Bogotá) y organizaba cursillos de marxismo leninismo. Su procedencia urbana y clasemediera lo distanciaban de los viejos dirigentes guerrilleros, campesinos y agraristas. Pero su ortodoxia ideológica y su disciplina marcial parecían desmentir su “talante dialogante”. A principios de 2008, por ejemplo, ordenó el asesinato de 40 de sus hombres por faltas menores de disciplina.

De sus dotes negociadoras tampoco ha quedado mayor constancia: Cano ignoró los llamamientos tanto del expresidente Álvaro Uribe como de su sucesor (y ex ministro de Defensa) Juan Manuel Santos, que tras asumir el cargo, hace un año, envió mensajes muy directos al jefe de las FARC. Es más, en los últimos meses, la guerrilla, si bien muy debilitada, había intensificado los ataques contra civiles y fuerzas de seguridad.

El cadáver del máximo dirigente de las FARC, Alfonso Cano / Leonardo Muñoz (EFE)

Con la muerte de Alfonso Cano, Santos se apunta un éxito decisivo en la estrategia de puño de hierro con guante de seda que puso en marcha con Uribe. Por un lado, presión militar constante. Por otro, mano tendida para los guerrilleros que dejen las armas. La combinación ha sido letal para las FARC. Miles de hombres se han desmovilizado para acogerse a los programas de reinserción (se calcula que la guerrilla no cuenta hoy con más de 6.000 miembros, de los 18.000 que llegó a tener en los años noventa). Además, en los últimos años, la ofensiva militar ha arrinconado a las FARC en las áreas más inhóspitas y ha quebrado su sistema de comunicaciones.

Desde 2007, y fruto del trabajo de los servicios de inteligencia colombianos —sin duda, los mejores de América Latina—, los cabecillas del grupo armado han ido cayendo uno a uno, muertos o detenidos: desde Raúl Reyes al Mono Jojoy, desde Martín Sombra al Negro Acacio.

Sin coordinación y sin liderazgos claros, el futuro de la organización se complica todavía más. Los dos nombres que suenan con más fuerza como reemplazo de Cano (Luciano Marín, alias Iván Márquez, y Rodrigo Londoño, alias Timochenko) viven desde hace años en la vecina Venezuela. Sobre el terreno, la línea de mando y control está cada vez más desarticulada.

Algunos analistas creen que este golpe puede forzar a las FARC a aceptar la rendición y a negociar el desarme. Santos, incluso, impulsa un controvertido proyecto de reforma temporal de la Constitución para crear unos mecanismos de “justicia transicional” que faciliten el abandono de las armas. Pero pocos echan las campanas al vuelo. Desde hace años, las FARC, que engrosan las listas internacionales de organizaciones terroristas, han dejado de ser “la guerrilla más antigua del continente” para convertirse en uno de los nuevos carteles del narcotráfico.

Golpe a las FARC

El Ejército colombiano abate a Alfonso Cano, líder de las FARC

Con su caída, la cúpula de la guerrilla más antigua de Latinoamérica queda descabezada.- El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, pide a la guerrilla: "desmovilícense".

Armando Neira Bogotá 5 NOV 2011 - 08:15 CET81

Alfonso Cano, líder de las FARC abatido por el Ejército de Colombia / LUIS ACOSTA (AFP)

Alfonso Cano, líder máximo de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), el grupo guerrillero más antiguo de Latinoamérica, fue abatido por el Ejército colombiano el viernes por la tarde. Con su baja, la cúpula de la organización insurrecta queda descabezada: Pedro Antonio Marín, alias Tirofijo o Manuel Marulanda, falleció de muerte natural en la profundidad de la selva, y Jorge Briceño, Mono Jojoy, también fue abatido en un bombardeo a su guarida.

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ha pedido a las FARC: "desmovilícense"; de lo contrario, como hemos comprobado, terminarán o en una cárcel o en la tumba", al anunciar que la muerte de Alfonso Cano es el golpe más contundente a esta guerrilla en su historia.

Con la muerte de Cano las FARC sufren un severo golpe militar y pierden a su pilar ideológico. En la larga historia de esta organización marxista -casi medio siglo- solo tres hombres han logrado imponer con su pensamiento un liderazgo de hierro: Jacobo Arenas, Tirofijo y Alfonso Cano. Ahora no está ninguno de ellos y los analistas militares consideran que las FARC se asoman a un horizonte de quiebra.

Cano fue ultimado en la zona rural de Suárez, en el sureño departamento del Cauca. Las primeras informaciones dicen que fue gravemente herido en un bombardeo en el que también cayó su compañera sentimental. Esta acción se habría producido por la tarde. Cano fue recogido por varios miembros de su escolta e inició una fuga que finalmente se frustró.

Con la muerte de Cano las FARC sufren un severo golpe militar y pierden a su pilar ideológico

“Las tropas del Ejército iniciaron su búsqueda y después de varias horas lo alcanzaron, hubo un fuerte cruce de disparos y le dieron muerte”, le dijo a EL PAÍS una fuente del Ministerio de Defensa. Sin embargo, el Gobierno anunció que dará más detalles próximamente. Los combates seguían y era probable que se capturase o fulminase a otros integrantes de esta guerrilla, que en la actualidad tiene unos 10.000 guerrilleros.

“Uno no puede decir que sea el fin del fin porque en un grupo tan grande pueden quedar reductos que insistan en la vía militar. Sin embargo, sus posibilidades de maniobra ahora son mínimas. La única salida es seguir el ejemplo de ETA y renunciar a las armas”, dijo el ex presidente Andrés Pastrana, quien conoció de cerca a Cano cuando gobierno y guerrilla realizaron los fracasados diálogos de paz del Caguán, una década atrás.

El nombre real de Cano era Guillermo León Sáenz Vargas. Nació en un hogar de clase media en Bogotá en 1948. Le encantaba jugar al fútbol en las calles de la ciudad, actividad que alternaba con sus actividades políticas.

Cuando era joven entró a estudiar antropología y derecho en la Universidad Nacional, la más reputada del país y donde por aquel entonces se respiraban los aires frescos de la revolución cubana. Entonces entró a Juventudes Comunistas (JUCO), el espacio de formación de los nuevos cuadros del Partido Comunista. Aquí se fue integrando en las corrientes izquierdistas de la lucha armada.

En Bogotá fue detenido por repartir propaganda clandestina invitado a la insurrección. Tras seis meses de cárcel decidió enrolarse en las FARC y abandonó sus estudios, a punto de terminar. En la organización armada fue nombrado jefe de la comisión de Finanzas del Estado Mayor Central de la Organización. Era el año 1978.

En una guerrilla altamente formada por campesinos iletrados, él se destacó por su oratoria y coherencia en su discurso. Jacobo Arenas y Tirofijo lo invitaron a su mesa y le cedieron el honor de representarlos en las actividades más sensibles para las FARC, como los diálogos de paz.

Durante el gobierno de Belisario Betancur (1982-1986), las conversaciones de 1991 en Caracas, y Tlaxcala (México) en 1992, su figura se destacó. Sin embargo, como las negociaciones fracasaron se ganó la fama de débil dentro de un grupo que privilegiaba sin duda al más hábil disparando, secuestrando o lanzando bombas.

Sin embargo, tras la muerte de Arenas, Tirofijo lo siguió arropando como su alumno predilecto, incluso por encima de Jojoy, que había hecho grandes méritos militares, al punto de tener al país en jaque. En 1999 las FARC tenían presencia en los 32 departamentos de Colombia y en todos los foros internacionales la sentencia apocalíptica de que Colombia era un país inviable se escuchaba cada vez con más frecuencia.

El presidente Pastrana apostó por los diálogos en el Caguán (1999-2002), donde Cano volvió a emerger como el líder de las FARC. Por entonces se permitió la licencia de anunciar frente a las cámaras de televisión el lanzamiento del Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia, cuya dirección asumió en el 2001, una opción política clandestina de izquierda para intentar abordar el poder en caso de que las conversaciones fracasaran, como en efecto ocurrió.

Al morir Tirofjio se preveía una disputa interna con Jojoy, pero este advirtió a sus seguidores de que el jefe era Cano. En septiembre de 2010, Jojoy, cabecilla de la infraestructura militar y de tráfico de drogas de la guerrilla, fue muerto en un bombardeo y Cano prosiguió su lucha, que terminó este viernes. El futuro de las FARC, ahora sí, es incierto. El Gobierno, satisfecho, anunció ayer que el país respira desde ahora un aire más tranquilo.

Estos son los posibles reemplazantes de Alfonso Cano, máximo líder de las FARC

Timochenko (Rodrigo Londoño) y Iván Márquez (Luciano Marín), los posibles sucesores de Alfonso Cano.

Tras la muerte del máximo cabecilla de las FARC, Alfonso Cano, en manos de las Fuerzas Armadas de Colombia, ello crea una situación de zozobra dentro del guerrilla armada, y a la vez una situación de no saber quién será el que tome su lugar.

Es así que en esta vertiente, donde no se sabe si se pueda estar del todo claro la decisión que tomen, existen dos opciones para suceder a Cano. Estos son Iván Márquez (Luciano Marín), amigo cercano de Cano y Timochenko (Rodrigo Londoño).

Ambos personajes gozan de respeto dentro de la organización, lo cual se adhiere los varios años que llevan como miembros.

Con sus más de treinta años en las FARC, Luciano Marín (56), alias “Iván Márquez”, se vuelve, quizás, en el que más opciones tiene de ocupar el cargo de Cano, pues es quien ha mantenido una afinidad ideológica con él.

En 1977 Márquez se vinculó a las Juventudes Comunistas (JUCO). Allí hizo parte de las redes de apoyo de las FARC. Ya durante el gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002), fue parte del grupo que negoció la paz en la zona de distensión. Pero fue en vano, ya que los diálogos se partieron sin llegar a un acuerdo.

Con Álvaro Uribe en el poder (2002-2010), "Márquez" fue quien lideró las negociaciones con el gobierno en el famoso “acuerdo humanitario”, que consistía en que las FARC despejaran los municipios de Florida y Pradera para llevar a cabo la liberación de políticos, militar y policías.

Pero otra vez se frustraron ante la negativa del gobierno colombiano a darle concesiones a las FARC, así que Uribe nombró al presidente venezolano, Hugo Chávez, para que sea mediador de la liberación de rehenes. "Iván Márquez" se reunió con Chávez en Caracas, donde también se encontraba la senadora colombiana Piedad Córdoba, pero ante una amigable y efusiva foto, el gobierno truncó toda negociación.

El estratega “Timochenko”

Rodrigo Londoño (52), alias “Timochenko”, se formó en Europa en el bloque de países comunistas en plena Guerra Fría (1945- 1989); ello le permitió desarrollar un perfil guerrillero como Jorge Briceño Suárez o "Mono Jojoy".

Al igual que “Márquez”, “Timochenko” goza de un respeto, al igual que los años que lo perfilan como posible sucesor de Cano. “Timochenko” es considerado como el estratega, el articulador, el cerebro militar, así como el que dispone de realizar purgas internas. Es quien vela por que se cumplan los estatutos, el reglamento del régimen disciplinario y las normas internas de Comando.

Una de las características más próximas de “Timochenko”, es que ha sabido ascender rápido en las FARC luego de terminar la carrera de medicina.

Otra cualidad que lo favorece en el grupo es que mantiene una red de contactos en países como Brasil y Venezuela.

Tomado de:
http://internacional.elpais.com/internacional/2011/11/05/actualidad/1320462005_921751.html.

V Consejo Andino de la Coca: Entre la represión, la pobreza y la política.


Felipe A. Páucar Mariluz.

Según los dirigentes el balance del V Consejo Andino es ampliamente positivo, pese a las dificultades y discusiones altisonantes entre los gremios. Foto Leyenda del Huallaga.

El 26 y 27 de octubre se realizó en la ciudad de Lima, distrito del Rímac, local del FREDIPA, el V Consejo Andino de la Coca, donde participaron 750 personas entre dirigentes, delegados y productores de coca de Perú y Bolivia. No asistió Colombia, por estar haciendo frente a una campaña represiva por la eliminación de los cultivos de coca y estar nuevamente entre dos fuegos en la lucha entre la guerrilla de las FARC y las fuerzas contra terroristas colombianas, según se informó.

Entre los asistentes por el Perú, estuvieron bases de Huanuco, San Martín, Ucayali, Puno, Cuzco, Ayacucho, Junín, Cajamarca, La Libertad, Apurimac, entre otros, los que debatieron sobre la problemática en el país, mientras que unos 50 delegados de Bolivia, compartían sus planes y logros con sus colegas de Perú.

El líder cocalero y ex diputado de Bolivia Dionisio Núñez presidió la mesa de trabajo No 2, “Gestión ante la OMS y ONU por la defensa de la hoja de coca”, que en uno de los acuerdos validados por la plenaria de asistentes estuvo la de “Reiniciar la campaña nacional e internacional por la revaloración de la hoja de coca y su contribución a la humanidad”. Al referirse a la realidad de Bolivia sobre coca y narcotráfico dijo que su gobierno apuesta por una estrategia nacionalista que ha sido ponderada por las naciones unidas y que el líder mundial por la defensa del cultivo de la coca es Evo Morales, presidente de los cocaleros y de Bolivia.

Entre los gremios cocaleros peruanos asistentes estuvieron: La Conpaccp que fue la organizadora del encuentro binacional, la Fepcacyl del Cuzco, La Federación de Campesinos de Sandia, Puno, La Federación de Productores del Vrae y la Central Nacional Agropecuaria y Cocalera del Perú, Cenacop del Monzón donde destacaron Ángel Malpartida y Guido Guevara. Por Ucayali participaron activamente Pedro Pérez Baylón de Aguaytia y por Huipoca Héctor Miranda Sánchez y Walter Merino, entre decenas de líderes cocaleros con posiciones que deberán evaluarse en algún momento por el gobierno.

Se adoptaron 20 acuerdos en 4 mesas de trabajo, los que serán dados a conocer próximamente por la Conpaccp y sobre los cuales se trabajará para el congreso por la unidad en marzo y el VI Consejo Andino en agosto de 2012.

Los asistentes lamentaron que el gobierno peruano le haya dado la espalda a tan importante evento, quizás por que ahora elogia y aplaude la política antidrogas de estados Unidos. Mientras que en la inauguración y durante el evento estuvieron presentes el embajador y el primer secretario de Bolivia, así como otros destacados líderes bolivianos. El “Hijo de la coca” como denominó Pedro Pérez Baylon a Ricardo Soberon de Devida no solo brilló por su ausencia sino que la obvió olímpicamente.

“Todos somos pueblo”. Será el partido político de los cocaleros.

Cocaleros no se dan por vencidos, ahora batallaran desde la política. Foto Leyenda del Huallaga.

Producido el V Consejo Andino de la Coca, con acuerdos como un nuevo congreso por la unidad de los gremios cocaleros y que el VI Consejo Andino se realice en Bolivia en agosto del 2012, una de las decisiones que podría cambiar el rumbo de la lucha a favor de los cultivos de coca, es la que adoptó la Confederación Nacional de Productores Agrícolas y de Coca de las Cuencas Cocaleras del Perú, Conpaccp, la de formar un partido político, tal como fue el acuerdo del congreso cocalero realizado en Aguaytia en 2010.

Para este efecto los dirigentes nacionales adquirieron el Kit electoral que les posibilitará iniciar el recojo de firmas y ser presentados a la autoridad electoral, proceso que no es nada fácil, sobre todo con una maquinaria de comunicaciones adscrita o financiada por la embajada USA, que les pisa los talones para desacreditarlos o simplemente fungiendo de profesionales e independientes ocultar sus actividades como ocurrió con el reciente V Consejo Andino.

Serafín Andrés Lujan el presidente de la Conpaccp y cuya tenaz persistencia hizo posible el V Consejo Andino es consciente que el primer escollo a vencer será la división existente entre los gremios cocaleros que en varios casos no responden a los intereses de los cultivadores y de la sociedad peruana, sino a la de apetitos de ciertos caudillos o violentistas.

“Todos Somos Pueblo” es una denominación inicial que podría variar al momento de cumplir con la entrega de los planillones y su aprobación por el Jurado Nacional de Elecciones, según Serafín Andrés.

Otro de los escollos a superar será el financiamiento para la movilización en pos de las firmas que deberá ser a nivel nacional, a juzgar por la austeridad observada en el reciente encuentro cocalero en Lima.

martes, 1 de noviembre de 2011

Primeros 100 Días de Ollanta Humala.

Con la economía mundial en la encrucijada, presidente Ollanta Humala prepara anuncios que aterrizan sus promesas electorales. Lote 88 de Camisea y el fortalecimiento de los programas sociales en la lista.








92 días en Palacio. 33 tuits. 11 decretos de urgencia y 13 supremos. 47 proyectos de ley remitidos por el Ejecutivo. 62% de popularidad según las encuestas.








El estilo impuesto por Ollanta Humala al aproximarse sus primeros 100 días de gobierno es tan telegráfico como el párrafo precedente. Con intervenciones públicas muy dosificadas y pocas metidas de pata sin el guión a la mano, Humala y un entorno donde destaca nítidamente la primera dama se vienen esforzando por impulsar una presidencia donde las palabras son administradas como escaso combustible.

Pero la discreción retórica no implica inercia política.








ECONOMÍA EN ORDEN








Las primeras acciones de Ollanta Humala como Presidente de la República trastocaron las expectativas creadas a partir de su trayectoria antisistema. El viraje ya se advertía a inicios de año y se pronunció con la publicación de la llamada Hoja de Ruta después de la primera vuelta.
Es probable que el mayor cambio del gobierno actual resida en no cambiar la economía. Solo entre el lunes y miércoles últimos, Humala tuvo encuentros con una delegación de empresarios chilenos, la vicepresidenta del Banco Mundial, Pamela Cox, y el gurú de la competitividad, Michael Porter. El Presidente ha invertido sus esfuerzos en ganarse la confianza de los mercados y pocos momentos más significativos al respecto que su conferencia en el Peruvian Business Council en Nueva York, el pasado setiembre.








Allí, ante una audiencia de más de 200 pesos pesados, Humala trajo un mensaje conciliador de un poco más de cuarto de hora, durante el que se esforzó en presentar a su gobierno “como un amigo”. Las líneas matrices y la solidez de los fundamentos se los dejó al ministro Luis Miguel Castilla, que se despachó en inglés durante los siguientes 60 minutos. El Presidente deja hacer en la cancha de la Economía.








Y no hay tiempo que perder. Ello se expresa con toda claridad en los dos paquetes de medidas de estímulo implementadas desde el MEF en previsión de un posible agravamiento de la Economía global, que comprometen el 1.5% del PBI en líneas de crédito, bonos de estímulo y obra pública.








ALA IZQUIERDA








A pesar de que lleva a varios zurdos a bordo, Humala parece empeñado en diferenciar la identidad nacionalista de su gobierno. Para ser justos, desde el año 2006 el actual Presidente declaró en varias oportunidades que no se consideraba de izquierda.








De consejeros palaciegos en materia económica quedaron Félix Jiménez, jefe del controvertido primer plan de gobierno de Gana Perú, y Óscar Dancourt. Pero no fueron, como se esperaba, designados directores del Banco Central de Reserva. Allí queda al frente Julio Velarde, lo que proyecta un claro mensaje de continuidad que se completa con Castilla en el MEF, donde antes fuera viceministro.








Cada vez que ha podido, Humala ha mostrado independencia de criterio frente al ala izquierda de su gobierno. El riesgo que enfrenta, de otro lado, es el de la derechización.








Personajes como el propio Diez Canseco y el sindicalista Mario Huamán parecen contar con un limitado campo de acción en la esfera del Ejecutivo. Kurt Burneo, quien a su vez estuviera al frente del programa de Perú Posible y es considerado como un economista con énfasis social, pasó de ser MEF casi seguro a la cartera de Producción. Según lo que Humala prometió, iba a ser el llamado a inaugurar la cartera de Inclusión y Desarrollo Social.








A pesar de que el proyecto de ley del nuevo ministerio se cocinó en el despacho de Burneo, la cartera acaba de recaer en la economista Carolina Trivelli, quien forjó su perfil técnico en el Instituto de Estudios Peruanos y se especializa en microcréditos y pobreza rural. Burneo, por su parte, se queda al frente de un ministerio que tradicionalmente ha tenido bajo perfil pero que hoy, con la oferta electoral del nuevo gobierno, confronta importantes desafíos.








El de los programas sociales fue un acento exitosamente impulsado por Humala durante la campaña. Fue allí donde se concentró sobre todo el concepto de inclusión social hoy tan repetido. Las expectativas son altas pero los nuevos programas que ofreció funcionarán, en buena medida, sobre plataformas de otros ya existentes. En sus primeras intervenciones, Trivelli se ha encargado de aterrizar, y por lo tanto relativizar, el verdadero alcance del nuevo ministerio. Todavía está por verse el efecto en una canasta donde el gobierno puso demasiados huevos.








ACENTO NACIONALISTA








Otra promesa electoral que Humala identificó con su vertiente de nacionalismo fue la del mayor activismo estatal, y fiscal, sobre los recursos naturales.








La del impuesto a las sobreganancias mineras fue la primera gran negociación y pudo ser cerrada para servirse de plato fuerte en la presentación del gabinete encabezado por Salomón Lerner ante el Congreso el pasado 25 de agosto, quien pronunció un discurso ordenado y ambicioso. La anunciada cifra inicial de S/.3 mil millones adicionales de recaudación minera depende del incierto escenario internacional y la volatilidad del precio de los metales. El monto real, gravado sobre las utilidades operativas y no sobre las ventas, como se hacía antes, se conocería recién el próximo año.








Otra promesa que no se ha quedado en el tintero electoral es destinar lo más pronto posible el gas del Lote 88 para el consumo interno y, más específicamente, para el gasoducto del sur. El pasado 21 de octubre Lerner reiteró la intención presidencial y hasta el presidente de Repsol, Antonio Brufau, estimó que las negociaciones llegarán a buen puerto (ver más). Las negociaciones en curso con el Consorcio Camisea son intensas y los actores guardan hermético silencio.








El gobierno tiene en la mira otros gestos destinados a marcar respetuosas distancias con el gran capital, aunque sin llegar a colisionar con el modelo. Lerner adelantó que se están culminando los informes de valorización y evaluación de los 19 años de concesión otorgada a Telefónica y que espera iniciar negociaciones con la empresa en los próximos 15 días.








El ministro de Trabajo, Rudecindo Vega, prometió también que la ley general del sector, debatida durante ocho años en el Congreso, será promulgada en el presente período.








En cambio, con la reducción del peso político de personajes como Jiménez, también desaparecieron del glosario oficialista conceptos sugerentes que Humala se esforzó en subrayar durante la campaña. Uno de los más discutidos y prometedores era el de “Economía Nacional de Mercado”. Como ocurrió con la reforma constitucional, Humala prefiere no insistir en crear olas que proyecten mensajes de inestabilidad en un mar mundial que puede picarse mucho más.








ESPEJISMO DE ENCUESTAS








El balance parece rendir frutos. Las encuestas le dan a Humala una aceptación por encima del 60%, lo que supera incluso su votación electoral.








Tal resultado no debería, sin embargo, hacer que el gobierno descanse en sus laureles. Alan García no tenía números muy distintos a estas alturas de su segunda administración y luego se estabilizó en una popularidad que, si bien no llegó a las peligrosas profundidades de Alejandro Toledo, superó rara vez el 40%. Humala, por cierto, no ha dicho nada parecido a lo que el chakano declaró a los pocos días de asumir el mando (“pensé que ser presidente era más difícil”).








En el vecindario vale la pena echarle un vistazo al caso del chileno Sebastián Piñera. A los 100 días de asumir al poder, lo que le tocó en marzo del 2010 apenas producido un destructivo terremoto, contaba con un 54% de imagen positiva. Hace un año, luego del exitoso rescate de los mineros, voló hasta el pico casi perfecto del 90%. Hoy, golpeado por las protestas estudiantiles y una situación social deteriorada, cae a un 22% de pocos precedentes en el país del sur.








El presidente peruano también enfrenta obstáculos que le pueden pasar factura en los sondeos.








BUMERÁN ANTICORRUPCIÓN





El lema electoral de Humala fue “honestidad para hacer la diferencia”. La corrupción es un mal endémico, pero ubicarla al centro de la agenda política suele significar una apuesta muy arriesgada, políticamente costosa más temprano que tarde. En la plancha presidencial, el ex procurador Omar Chehade encarnaba la voluntad de lucha anticorrupción. Y ese papel se reforzó cuando Humala tuvo al fujimorismo de oponente en la segunda vuelta.








No son pocas las voces que reclaman la renuncia de Chehade a la vicepresidencia, luego de que el general PNP (r) Guillermo Arteta revelara un supuesto interés del también congresista por precipitar el desalojo de la azucarera Andahuasi, tomada por sus trabajadores enfrentados a la familia Wong, que tiene la mayoría de las acciones.








A la tercera parece ir la vencida. Luego de blindar al atribulado Ricardo Soberón, ex asesor de cocaleros puesto al frente de Devida, y a la ministra Aída García Naranjo, enredada en un episodio de intoxicación que les costó la vida a tres niños en Cajamarca, Humala ha debido tomar distancia de su vicepresidente, ahora investigado en doble función por el Ministerio Público y el Parlamento.








La temprana debacle de Chehade también significa problemas para la comisión parlamentaria que investigará al gobierno de Alan García. Ir con todo detrás de la administración precedente es un viejo deporte de la política peruana. Chehade era bolo fijo en la comisión por parte del oficialismo y su participación ha quedado en suspenso. Al mismo tiempo, la muy probable asignación de la presidencia del grupo a Javier Diez Canseco, cuya muy negativa opinión sobre García es bastante conocida, podría restarle objetividad a un grupo de trabajo incapaz todavía de arrancar motores.








Los temores de una parálisis parlamentaria por la fragmentación de las bancadas parecen, de momento, superados. Pero el escenario de la avenida Abancay y la situación de Chehade remiten a otro gran problema en ciernes para el gobierno. En medio de tanto discurso anticorrupción, la bancada oficialista ya es la más incómoda. Les pasó siendo oposición y les vuelve a pasar ahora. La debilidad de los filtros para seleccionar a sus candidatos y la falta de transparencia en sus cuentas de campaña pasan ahora la factura.








CONFLICTOS REVERDECIDOS








Otra impronta problemática que ya se percibe en algunos niveles del gobierno es la militarista. La reciente purga de generales en la Policía tuvo al coronel EP (r) Adrián Villafuerte como uno de sus silenciosos protagonistas tras bastidores. Según se desprendió de la exposición del ministro del Interior Óscar Valdés la semana pasada ante el Congreso, el Ejecutivo se vio obligado a morigerar el impulso y alcance iniciales del ajustón policial.








Y no es solo el recelo entre la Policía y los militares retirados que acompañan al Presidente. Los encontrones ya se dieron también entre las facciones castrenses. La más evidente fue la que enfrentó a Villafuerte con Óscar Gómez Rodríguez, coronel EP (r) perteneciente a la promoción de Humala y al frente de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI). Se sabe que Gómez Rodríguez, que viene de trabajar en el sector minero, le ha puesto especial atención al ámbito de los conflictos sociales.








Detrás de los titulares de periódicos y el traqueteo político, allí se esconde uno de los más grandes retos para el gobierno. Hasta ahora no hay razón para pensar que el discurso de inclusión social, o señales alentadoras como la aprobación de la ley de consulta previa, vayan a ser suficientes para frenar una dinámica de protesta social disparada durante los dos últimos lustros.








El último reporte de la Defensoría del Pueblo da cuenta de que el mes pasado surgieron 12 nuevos conflictos sociales y se produjeron 67 acciones de protesta, la cifra más alta en lo que va del año. Hay 148 conflictos activos y 67 latentes. Más de la mitad del total son socioambientales y, al revisar el detalle, se encuentra que ello equivale a la resistencia de las comunidades a proyectos mineros que, consideran, pueden terminar por contaminar el valioso recurso hídrico. En el uso del agua está el campo de batalla. Quellaveco en Moquegua es un ejemplo reciente.








A ello se añade que la efervescencia corresponde a bastiones electorales humalistas: Puno a la cabeza con 20 conflictos y Cusco, Cajamarca y Ancash con 16 cada uno. Humala fue el político más beneficiado con el clima de protesta y ahora, montado en el caballo, descubre que el discurso que lo llevó al poder puede volverse contra él mismo. Aquellos inversionistas que lo escucharon en Nueva York todavía se preguntan si el gobierno tiene la voluntad real de impulsar las inversiones amenazadas por la protesta. En la muñeca para solucionar los conflictos se encontrará el truco del almendruco.








Y si la inclusión social es llevar a todos los beneficios del crecimiento económico, nada más frustrante que un Estado que arrastra los pies. Otras protestas recientes, como la que enfrenta la minera Yanacocha en Cajamarca, tienen relación con un canon millonario que no aterriza entre la ciudadanía. La inversión pública viene rezagada, encargada a gobiernos regionales y locales que se estrenaron este año, como lo advierte un decreto de urgencia publicado el miércoles 26 que introduce medidas para mantener el dinamismo de la Economía. Según el congresista Juan Carlos Eguren, a estas alturas del año pasado, se había ejecutado el 47% del presupuesto. Ahora vamos en 41%. Y Puno, el gran fortín humalista, se encuentra en el sótano de la tabla con apenas 13% de ejecución.








Hemiciclo en Balance








Consenso importante en las votaciones, pero procesión va po dentro.

Daniel Abugattas con Mario Huamán. A pesar de gestos, ala izquierda con un espacio cada vez más limitado.








Se temía que la fragmentación parlamentaria hiciera difícil alcanzar consensos, pero hasta el momento ello no ha ocurrido. Luego de un traspié inicial con el debate de la Ley de Consulta Previa, el presidente del Legislativo, Daniel Abugattas, ajustó las riendas y el martes 23 de agosto logró su aprobación en el pleno por unanimidad (113 votos a favor) y exoneración de segunda votación. Similar resultado tuvieron las leyes para modificar el régimen tributario minero, aprobadas el 22 de setiembre. El fujimorismo votó en bloque a favor de los tres proyectos. En las próximas semanas vienen votaciones claves, como la de la imprescriptibilidad de delitos de corrupción, el nombramiento de los directores restantes del Banco Central de Reserva y el del Defensor del Pueblo.








Hasta el momento la oposición no se ha sentido como tal en las votaciones. Los primeros vientos que soplaron contra el oficialismo vinieron con la designación de Ricardo Soberón a la cabeza de Devida, que tuvo que defenderse el 13 de setiembre ante la comisión de Defensa. El fujimorista Alejandro Aguinaga lo acusó de “petardear” la política antidrogas y Víctor Andrés García Belaunde no descartó interpelar al premier Salomón Lerner por avalarlo. Los nacionalistas capearon el temporal, pero les costó un poco más de esfuerzo encajar el golpe que les significó la cuasi interpelación de Aída García Naranjo el 6 de octubre por el caso del Pronaa. Pecando tal vez de exceso de ímpetu la bancada fujimorista fue por la censura, y aunque la pegada fue menos fuerte de lo que parecía (alcanzaron 28 de los 66 votos necesarios), las más de 3 semanas en las que estuvo expuesta en los medios constituyeron el primer gran desgaste del gabinete.








Tomado de:




http://www.caretas.com.pe/Main.asp?T=3082&S=&id=12&idE=970&idSTo=0&idA=55399&NL=1

Torturadores de la escuela del horror

El tribunal ha dictado prisión perpetua para 12 represores de la dictadura argentina

Otros cuatro represores han sido condenados a penas de hasta 25 años


El País / EFE Madrid / Buenos Aires 27 OCT 2011 - 13:06 CET2


Más de 200 testigos han declarado en el primer juicio de la megacausa por delitos de lesa humanidad cometidos en la antigua Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), el mayor centro clandestino de detención de la dictadura argentina (1976-1983).

En este primer tramo se ha juzgado a 18 represores acusados, entre otros delitos, de los asesinatos de Esther Ballestrino de Careaga, Azucena Villaflor y María Ponce, fundadoras de Madres de Plaza de Mayo, y de las monjas francesas Alice Domon y Leonie Duquet, del llamado grupo de la Iglesia de Santa Cruz de Buenos Aires donde se reunían familiares de desaparecidos. También se juzga el asesinato del periodista y escritor Rodolfo Walsh.

El tribunal ha dictado prisión perpetua para:

Alfredo Ignacio Astiz
Excapitán de la Armada y agente de inteligencia, conocido como el Ángel Rubio o el Ángel de la muerte. Se infiltró en Madres de Plaza de Mayo. Formó parte del Grupo de Tareas de la ESMA. En 1990 fue condenado en ausencia a cadena perpetua en Francia por el asesinado de dos monjas francesas. De regreso a Argentina, Astiz se mantuvo en libertad hasta 2006 en que fue procesado, inicialmente, por el caso de las monjas francesas. Durante el juicio ante el Tribunal Oral número cinco, Alfredo Astiz, que cumplirá 60 años este mes, entregó una copia de la Constitución argentina a los tres jueces que presiden la sala y reclamó ser tratado como “un perseguido político”. Astiz proclamó: “Yo cumplí y cumplo la Constitución. He dado al combate lo mejor que pude”. En unas declaraciones recogidas en su día por una periodista argentina, el marino afirmó: “Lo digo siempre: soy un bruto pero tuve un solo acto de lucidez en mi vida. Meterme en la Armada”.

Jorge Eduardo Acosta


Alias El Tigre, excapitán de fragata de la armada argentina. Fue jefe de Inteligencia y jefe del Grupo de Tareas de la ESMA. Nació el 27 de mayo de 1941. Le imputaron 82 delitos, entre ellos el secuestro y la desaparición de la familia Tarnopolsky, las torturas y el probable homicidio de Nilda Noemí Actis Goretta, Lisandro Cubas, Carlos Alberto García y Ricardo Coquet, entre otros detenidos todavía desaparecidos. Responsable de los secuestros del primer grupo de madres que reclamaban por sus hijos desaparecidos en la iglesia de la Santa Cruz en diciembre de 1977 y de las monjas francesas Alice Domont y Leonie Duquet. Miembro del Centro de Informaciones sobre la Represión, en 1981 viajó a Suráfrica como asesor en lucha contrainsurgente. Beneficiado por la Ley de Obediencia Debida, fue detenido nuevamente y permanece en arresto preventivo por su participación en el robo de niños nacidos en cautiverio.

Ricardo Miguel Cavallo


Alias Serpico, Marcelo o Miguel Ángel. Excapitán de corbeta. Detenido en agosto de 2000 en México por orden del juez español Baltasar Garzón. Fue extraditado a España en 2003, donde cumplió prisión en Alcalá-Meco a la espera de su juicio. Finalmente, fue entregado a la justicia argentina en marzo de 2008. Se le considera parte de la maquinaria de exterminio de la dictadura argentina. La fiscalía española le pedía hasta 17.000 años por crímenes de lesa humanidad.

Antonio Pernías.


Apodado la Rata. Excapitán de fragata. En agosto de 2010, durante su declaración en la megacausa, admitió la existencia de los vuelos de la muerte durante la dictadura. Oficial de Inteligencia del Grupo de Tareas 33/2 de la ESMA. Torturó, entre otros, a Carlos García, Graciela Daleo, Ricardo Coquet y María Milia de Pirles. Fue responsable de la desaparición y la tortura de las monjas francesas y de los familiares de desaparecidos secuestrados en la iglesia de Santa Cruz. Participó en los homicidios de los curas palotinos Pedro Duffau, Salvador Barbeito, Alfredo P. Kelly, Alfredo Leaden, y José Barbeti. La Ley de Obediencia Debida le amparó cuando se encontraba ya en prisión preventiva rigurosa, acusado de haber cometido 22 delitos."En la ESMA, en particular, se aplica la tortura de los dardos, consistente en la utilización de dardos envenenados para caza mayor. Este tipo de tortura lo diseña Antonio Pernías, que pretende usarlo con los detenidos y para los secuestros. Experimenta con aquéllos aplicándoles distintas dosis, para determinar la adecuada que los paralice durante una hora", señalaba uno de los testimonios recogidos en el auto de procesamiento del juez Garzón.

Julio César Coronel

Mayor del Ejército de Tierra, alias Maco. Oficial de Operaciones. Participó en los secuestros de Lidia Vieyra, Rodolfo Walsh, Remo Berardo y en la tortura a las monjas francesas. Es el encargado de la falsificación de documentos en la ESMA. "Los prisioneros son seleccionados por un grupo de oficiales integrado por el director de la ESMA, el jefe del Grupo de Tareas, los jefes de Inteligencia, Operaciones y Logística y algunos otros oficiales. Éstos confeccionan la lista de quienes son incluidos en el traslado semanal. El día señalado, los pedros [aquellos que poseían las llaves de las celdas] llaman por su número a los elegidos, los sacan de las cuchas [celdas] en las que se encuentran recluidos y los verdes [guardias] los conducen al sótano. Allí un enfermero les aplica una inyección de pentotal para adormecerlos. En ese estado son cargados en camiones y conducidos al sector militar del Aeroparque de la ciudad de Buenos Aires Jorge Newbery donde, con aviones militares se les lleva mar adentro y se les tira vivos al agua", señalaba uno de los testimonios en el auto del juez Garzón.

Jorge Radice

Ex teniente de fragata, apodado Ruger o Gabriel, formó parte de uno de los grupos paramilitares de la ESMA y en otras actuaciones está acusado de la apropiación de bienes de desaparecidos.

Adolfo Miguel Donda

Excapitán de fragata, perteneció al sector de inteligencia del Grupo de Tareas. Acusado de apropiación de niños. El juez español Baltasar Garzón solicitó su extradición en 2003.

Raúl Scheller


Miembro del sector de Inteligencia del Grupo de Tareas que actuó en la ESMA.

Alberto González


Excapitán de Corbeta, apodado Luis o Gato, acusado de torturas y de participar en los secuestros de las monjas francesas Domon y Duquet, entre otros delitos.

Néstor Omar Savio


Exteniente de navío, se le acusa de ser administador de los bienes robados por paramilitares de la ESMA.

José Antonio Montes


Vicealmirante de la Armada y ministro de Relaciones Exteriores. Actualmente, está ingresado en el hospital militar.

Ernesto Weber


Agente de Operaciones de la ESMA apodado 220 (voltios) por su manejo de las descargas eléctricas en las torturas. Acusado también de participar en el secuestro de Rodolfo Walsh.

El tribunal ha dictado 25 años de prisión para:


Juan Carlos Fotea


Alias Lobo, sargento de la Policía Federal. Detenido en 2006 en España y extraditado en enero de 2007.


Manuel García Tallada


Fue jefe del Estado Mayor del Comando de Operaciones Navales. Antiguo jefe de la ESMA y lugarteniente de Eduardo Massera.

El tribunal dictó 20 años de prisión para:


Carlos Capdevilla


Alias Tommy. Excapitán de corbeta. Fue médico de la ESMA y atendió a los partos en la maternidad clandestina que funcionó en la Escuela. Acusado de apropiación de menores.

El tribunal dictó 18 años de prisión para:


Juan Antonio Azic


Alias Piraña. Acusado de apropiación de dos niñas nacidas en cautiverio en la ESMA. Intentó suicidarse en 2003, cuando el juez español Baltasar Garzón solicitó su detención con fines de extradición.

El tribunal dictó la absolución de:


Juan Carlos Rolón


Oficial de inteligencia. Formó parte del Grupo de Tareas. Fue instructor de cursos sobre técnicas represivas para militares de varios países latinoamericanos.


Pablo García Velazco


Oficial de inteligencia y miembro del Grupo de Tareas. En 1978 se radicó en España, donde fue procesado por su particiación en la desaparición y tortura de más de 100 personas y posteriormente extraditado a Argentina. Actualmente ingresado en el hospital militar.


Tomado de:
http://internacional.elpais.com/internacional/2011/10/27/actualidad/1319713563_524024.html

Transnacionales al banquillo

UN “JUICIO ETICO” A LAS EMPRESAS DEL MODELO EXTRACTIVO Y CONTAMINANTE

Intelectuales, científicos y organizaciones sociales desarrollan un inédito espacio donde evaluarán el accionar de las grandes empresas en Latinoamérica. El “Juicio ético” se hará en la UBA y durará todo el fin de semana.

Organizaciones sociales e intelectuales buscan demostrar que las compañías violan derechos humanos.

Por Darío Aranda

Monsanto. Barrick Gold. Repsol. Minera Alumbrera. Ledesma. Alto Paraná. Cargill. Sólo algunas de las grandes empresas que sustentan un modelo de extracción de recursos no renovables, con consecuencias sociales, ambientales y sanitarias. A ellas apunta el “Juicio ético a las transnacionales”, espacio donde un centenar de organizaciones sociales, intelectuales y científicos convergen desde hoy y hasta el domingo en Buenos Aires para demostrar, en base a decenas de testigos y pruebas, que la acción de las compañías “viola derechos humanos”. También se analizará el rol de los diferentes poderes del Estado, las universidades y los grandes medios de comunicación respecto del modelo extractivo.

Siete grandes cerealeras concentran el 85 por ciento de la exportación de granos del país: Nidera, Cargill, Noble, Molinos, ADM, Louis Dreyfus y Bunge. Sólo ocho compañías manejan el 87 por ciento de la extracción petrolera: Repsol-YPF, Pan American Energy, Chevron, Petrobras, Occidental, Tecpetrol, Petro Andina y Total.

En la década del ’80 había siete mil empresas que se repartían la producción de semillas en el mundo. En la actualidad sólo veinte compañías dominan el 50 por ciento del mercado. Un relevamiento del Grupo ETC (Erosión, Tecnología y Concentración) alerta que diez compañías dominan el 57 por ciento del mercado de semillas. Las tres principales son Monsanto, Dupont y Syngenta, que dominan el 39 por ciento del mercado mundial.

Son sólo algunos de los datos investigados y sistematizados para el Juicio ético a las transnacionales y que dan dimensión del poder del sector privado sobre ámbitos clave de la geopolítica actual.

“Las grandes corporaciones transnacionales constituyen un eslabón clave de las cadenas contemporáneas del neocolonialismo. Son operadoras centrales del extractivismo, del saqueo de los bienes de la naturaleza, de la destrucción y contaminación de los territorios y de la vulneración de los derechos de las poblaciones”, resume la convocatoria del Juicio ético, promovido por el proyecto de “Resistencias Populares a la Recolonización del Continente”, impulsado por el Centro de Investigación y Formación de los Movimientos Sociales Latinoamericanos y el Equipo de Educación Popular Pañuelos en Rebeldía.

Forman parte de la actividad numerosas organizaciones territoriales. Asamblea Ciudadana Riojana, Comunidad Diaguita Calchaquí de Tafí del Valle, Asamblea Socioambiental del NOA, Asamblea del Algarrobo y Vecinos Autoconvocados de Andalgalá, Observatorio Petrolero del Sur, Unión de Trabajadores Desocupados de General Mosconi, Foro Ambiental y Social de la Patagonia, Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), Observatorio de Conflictos Mineros, Asamblea Popular por el Agua de Mendoza, Frente Popular Darío Santillán, Foro Permanente por el Medio Ambiente y Acción por la Biodiversidad, entre otros.

El juicio cuenta con una “fiscalía popular” y también con un “tribunal ético”, conformado por Adolfo Pérez Esquivel, Alcira Daroqui, Alejandra Ciriza, Andrés Carrasco, Liliana Daunes, Javier Rodríguez Pardo, Marcelo Ruiz, Maristella Svampa, Mirta Antonelli, Nora Cortiñas, Norma Giarracca, Roberto Gargarella y Vicente Zito Lema, entre otros. También participan referentes de organizaciones de Brasil, Uruguay, Colombia, Chile, Honduras y Paraguay.

El juicio tuvo una primera instancia regional, con audiencias realizadas en la Patagonia, en el NOA y en la Triple Frontera, cuyas conclusiones e información se sistematizarán en el encuentro de Buenos Aires. Desde hoy y hasta el domingo se valorará la legitimidad y consistencia de las denuncias de los casos presentados, y se emitirá una sentencia que será remitida tanto a los medios de comunicación como a las instancias políticas y jurídicas que puedan asumir un nivel de intervención política frente al accionar de las corporaciones.

“El proyecto busca aportar argumentos, pruebas, materiales y herramientas que fortalezcan los procesos de resistencia de los movimientos populares que sufren de manera especial las consecuencias de estas políticas”, explicó Claudia Korol, integrante de Pañuelos en Rebeldía. Korol anunció que al finalizar la actividad se fundamentará y aprobará una “sentencia popular que analizará las responsabilidades políticas de los diferentes poderes del Estado, de los medios de comunicación y de las universidades en el establecimiento del actual modelo, hecho a medida de las transnacionales”.

Las actividades tendrán dos sedes, que se irán alternando. La Facultad de Ciencias Sociales de la UBA (Santiago del Estero 1029) y la sede de Pañuelos en Rebeldía (Carlos María Ramírez 1469, Pompeya).

También estarán en el banquillo las mineras Pan American Silver (impulsa el proyecto “Navidad”, que vulnera derechos de pueblos indígenas de Chubut), Río Tinto-Vale (proyecto Potasio Río Colorado, en Mendoza) y Agua Rica (Catamarca).

Modelo agropecuario, industria forestal, obras de infraestructura (represas y carreteras, entre otras que vulneran derechos de poblaciones locales), petróleo y gas y megaminería a cielo abierto son algunas de las actividades que avanzan en toda Latinoamérica y que estarán bajo análisis durante los tres días. Se analizará el perfil corporativo de cada empresa, la característica de los territorios donde se instalan, el tipo de explotación que realizan y el modus operandi frente a la sociedad, los impactos sociales y ambientales, la criminalización de la protesta y la violación de derechos humanos.

Tomado de:
http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-179952-2011-10-28.html

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