viernes, 29 de junio de 2012

Declaración sobre drogas de Lima, ninguna autocrítica, un paso al vacío.

Felipe A. Páucar Mariluz.


Representantes de 61 países y 10 organismos multilaterales perdieron la oportunidad para cambiar la represiva guerra contra las drogas, no se recogió las iniciativas para flexibilizar las penas a los consumidores que son unos enfermos antes que unos delincuentes. Foto difusión.

La expectativa generada en torno a la Conferencia Internacional sobre drogas realizado en Lima el 25 y 26 de junio, no fue respondida por la Declaración de Lima sobre Drogas, que solo contiene reconocimientos, balances parcializados, sugerencias y destemplados pedidos de corresponsabilidad en el combate al flagelo de las drogas.

Ninguna autocrítica, menos una censura a algún país que incumplió compromisos asumidos con la firma de convenios internacionales, menos un balance real por país sobre resultados en la lucha contra el narcotráfico emprendidos muchas veces en forma solitaria.

Al leer la declaración da la impresión que todo lo hecho en materia de interdicción, previsión y control del consumo de drogas, desarrollo alternativo, control de lavado de activos y del uso indebido de insumos químicos, estuvo bien realizado y no hubiera nada que corregir, por lo tanto nada sobre el cual hacer un mea culpa.

Se perdió una oportunidad más para debatir los cambios a la estrategia antidrogas básicamente norteamericana que ya lleva 100 años y en este periodo fracasó en todos sus extremos, así lo nieguen los agentes de los gobiernos inmersos en los numerosos programas y actividades que disponen de fondos importantes.

El primer punto de la declaratoria se explaya sobre un reconocimiento a los esfuerzos realizados por los Estados y las organizaciones internacionales competentes, así como la contribución de la sociedad civil para luchar contra el Problema Mundial de las Drogas, y reitera la profunda preocupación por el Problema Mundial de las Drogas, que constituye una grave amenaza para la seguridad y salud pública, el bienestar de toda la humanidad y la seguridad nacional; debilita el estado de derecho y fomenta la corrupción; y socava el desarrollo sostenible, los ordenamientos jurídicos, la estabilidad política y económica, y las instituciones democráticas;

En el punto cuatro, reconocen la necesidad de intensificar los esfuerzos para el logro de los objetivos establecidos en la Declaración Política y el Plan de Acción sobre Cooperación Internacional en favor de una Estrategia Integral y Equilibrada para Contrarrestar el Problema Mundial de las Drogas de 2009;

El punto 5 insiste en que el Problema Mundial de las Drogas debe abordarse en un marco multilateral, regional y bilateral, adoptando medidas concretas, amplias y eficaces basadas en pruebas para reducir considerablemente tanto la demanda como la oferta de drogas ilícitas, en virtud del principio de responsabilidad común y compartida;

El punto 6 reconoce cierto progreso logrado en el plano local, regional e internacional, si bien expresan preocupación por las tendencias mundiales negativas en materia del cultivo, producción, fabricación, tráfico y distribución ilícitos, y el uso indebido de drogas;

El punto 7, destaca la urgente necesidad de responder a los graves desafíos planteados por los crecientes vínculos entre el tráfico ilícito de drogas, la corrupción y otras formas de delincuencia organizada transnacional, incluyendo la trata de personas, el tráfico de armas de fuego, los delitos cibernéticos y, en algunos casos, el terrorismo y el blanqueo de dinero;

El punto 13, acoge con beneplácito el importante papel que desempeña la sociedad civil, en particular las organizaciones no gubernamentales, en la lucha contra el Problema Mundial de las Drogas, y observamos que se debería permitir que los representantes de las poblaciones afectadas y de las entidades de la sociedad civil, según corresponda, participen en la formulación y aplicación de estrategias de reducción de la demanda y la oferta de drogas;

El punto 16, reconoce la necesidad de prevenir la desviación de precursores químicos utilizados para la fabricación de drogas ilícitas, respetando la legislación nacional y las tres convenciones sobre fiscalización internacional de drogas;

El punto 18, acoge con beneplácito la convocatoria de la Conferencia Internacional sobre el Desarrollo Alternativo, organizada por los Gobiernos de Tailandia y el Perú, que se celebrará en Lima los días 15 y 16 de noviembre de 2012, en la que se espera examinar un conjunto de principios rectores internacionales que sirvan de directrices para elaborar estrategias más eficaces de desarrollo alternativo…

Se avanzó en algo, pero la declaración pudo ser más agresiva y reflexiva orientada al cambio que es urgente, fue un paso pequeño cuando se esperaba uno gigante para frenar el avance imparable de las drogas y sus delitos conexos. En conclusión, “mucho ruido y pocas nueces.”

Zar antidrogas de Estados Unidos visitó el “Bolsón Cuchara” en fiesta de San Juan.

Felipe A. Páucar Mariluz.


Zar antidrogas habría asumido varios compromisos en Tingo María, como posibilitar el comercio de manteca de cacao en Estados Unidos por parte de la Cooperativa Agraria Industrial Naranjillo, que extrañamente ha sido vetada por los manufactureros. Foto embajada USA.

En un hecho que causó sorpresa en unos y desazón en otros, el Zar antidrogas de Estados Unidos cuyo cargo es de subsecretario de Asuntos Antinarcóticos y Cumplimiento de la Ley a Nivel Internacional de Estados Unidos, William R. Brownfield, la embajadora estadounidense en Lima, Rose Likins y el director de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos de dicha sede diplomática, Jeffrey M. Hovenier, así como varios integrantes de la UNODC visitaron el valle del “Bolsón Cuchara” donde se efectúan algunas plantaciones de cacao, café y reforestación y otros funcionarios de gobierno, entre ellos la jefa de Devida Carmen Masias.

Los funcionarios norteamericanos vinculados a la lucha contra las drogas se reunieron con el presidente del Consejo de Ministros al día siguiente, fecha en que se inicio el conclave internacional para la búsqueda de soluciones al tema de las drogas y delitos conexos.

El llamado zar antidrogas de Estados Unidos participa en la Conferencia Internacional de Ministros de Relaciones Exteriores y Jefes de Organismos Nacionales Especializados contra el Problema Mundial de las Drogas, que culminó ayer.

Estados Unidos es el principal país cooperante que tiene el Estado peruano en la lucha contra el tráfico ilícito de drogas y su apoyo ha sido renovado para aplicar la Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas 2012-2016, iniciada por Gobierno en mayo.

El plan nacional fue expuesto ante los responsables de alto nivel del Gobierno estadounidense, en Washington D.C., por parte de la presidenta ejecutiva de Devida, Carmen Masías, quien destacó que varios puntos de la estrategia coinciden con las acciones de lucha antidrogas del gobierno de Estados Unidos.

Llegaron a Tingo María en un avión de la embajada y se dirigieron hasta “Bolsón Cuchara” para hablar con algunos agricultores beneficiarios del desarrollo alternativo ejecutado por Devida vía convenio con Naciones Unidas, al regreso y por iniciativa de un funcionario de Naciones Unidas visitaron la planta industrial del cacao de la cooperativa Agraria Industrial Naranjillo, inaugurada en setiembre de 1985 y donde los Estados Unidos no aportaron un solo dólar, a pesar que se perdió casi un año en gestionar el apoyo a la industria del cacao como alternativa a la coca.

Los fondos con que Naciones Unidas apoyaron en la fase final a la industria del cacao fueron de origen europeo y decidido en una visita en 1984 de una comitiva de 24 funcionarios de varios países de Europa que fueron recibidos en una sesión de consejo de administración y vigilancia de la Cooperativa Agraria Naranjillo donde se tuvo que sustentar el proyecto agroindustrial en ejecución, una tarea nada fácil.

Ex presidentes y socios de la cooperativa Naranjillo rechazaron que se presente a la cooperativa Naranjillo como resultado del desarrollo alternativo y que esto sea permitido y celebrado por sus actuales dirigentes timoratos y desinformados. Además opinaron que si Estados Unidos quiere apoyar hoy que condone la deuda de 130 mil dólares que la cooperativa tienen con el PDA, préstamo que fue dilapidado por el gerente Tomislavo Zecevich en 1999 o que garantice precios aceptables y sostenibles para el cacao y café cuyos productores se debaten en angustiosa crisis económica que lleva al desaliento.

Militares, narcos y elecciones.

Por Jorge Luis Bernetti *


Las inminentes elecciones presidenciales mexicanas, previstas para el 1º de julio próximo, ponen sobre la mesa de análisis la complejísima situación del país (103 millones de habitantes en 1.958.000 km2 de superficie) que es el último límite de América latina con los Estados Unidos y se encuentra sometido a una violencia extrema. Una guerra contra el narcotráfico se desarrolla en México con cerca de 50 mil personas muertas hasta enero de este año, en donde se enfrentan las bandas de traficantes contra las Fuerzas Armadas y policiales. En ese contexto, 45 periodistas han sido asesinados durante el sexenio del conservador presidente Felipe Calderón, del Partido de Acción Nacional (PAN), y la cifra de las mujeres y hombres de prensa asesinados ha llegado a 109 desde el 2001.

Esa extraordinaria manifestación de violencia delictiva y represión estatal permanece, pese a verificarse en América latina, poco presente en la consideración pública de la Argentina. La política de abrir la famosa guerra empleando a las Fuerzas Armadas acelerada por Calderón dista de haber resuelto el problema del narcotráfico, en tanto los Estados Unidos, con larga frontera de tres mil kilómetros con México, permanece en vigencia como el mayor mercado de consumo de las drogas consideradas peligrosas producidas en México.

Desde hace doce años, el azul y blanco PAN gobierna México con la profundización del neoliberalismo que se instaló en las tierras conquistadas a sangre y fuego por el colonialismo español, a partir de la asunción de la presidencia por Carlos Salinas de Gortari, el presidente proveniente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) que gobernó México desde los años ’30 como herencia de la Revolución de 1910-1917 y dejó el poder el 2000 en manos del panista Vicente Fox.

El Ejército Mexicano y su Armada han sido fundados y reconocen su origen en la Revolución de comienzos de siglo. La impresionante conmoción que produjo la revolución campesina y cívica de 1910-1917 terminó con la oligarquía positivista y la larga dictadura del general Porfirio Díaz, tan parecido a nuestro general Julio A. Roca, y con las instituciones de su régimen, entre ellas el denominado ejército federal. A diferencia de lo que sucede en la Argentina, el actual Ejército Mexicano reconoce su origen en 1917, cuando la Revolución que protagonizaba triunfó y se dictó la Constitución (social) de Querétaro. El Colegio Militar de México se reconoce como “Heroico” por recuperar la tradición de los jóvenes cadetes que se inmolaron en 1847 desde las alturas del cerro de Chapultepec, sede del palacio homónimo, antes que rendirse al invasor norteamericana que amputó a México la mitad de su territorio. A su turno, la actual Escuela Naval es también denominada “Heroica”, por la resistencia que ejecutó contra la invasión marítima de los Estados Unidos durante el desarrollo de la Revolución que afectara intereses económicos del Norte.

Educadas las FF.AA. en esa tradición revolucionaria y de enfrentamiento contra los norteamericanos, lo militar fue subordinado a lo político por la propia acción civilizatoria de los políticos y generales, ellos mismos los principales políticos de la Revolución. Desde 1934, cuando precisamente el general Lázaro Cárdenas asumió el gobierno, profundizó la reforma agraria y fundó Petróleos Mexicanos (Pemex), los presidentes se sucedieron, civiles y por sexenios. El PRI careció de oposición seria y se preocupó por no tenerla. Birló las elecciones de 1988, cuando Salinas comenzó su gobierno desmantelador del Estado revolucionario, al dejar fuera de carrera por un notorio fraude electoral al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, hijo de Don Lázaro, candidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD), fusión de la izquierda popular del PRI y de la izquierda reconciliada con las mejores tradiciones revolucionarias.

En México no hay Secretaría (Ministerio) de Defensa, sino una Secretaría de la Defensa que es, propiamente del Ejército, y otra de la Marina. Sus titulares, miembros del gabinete presidencial, son los máximos jefes militares en actividad. Constituyen una corporación que ha crecido en autonomía en los finales de los gobiernos priístas y en la docena de años panistas. El investigador Sergio Aguayo, catedrático del Colegio de México y profesor del Colegio de Defensa Nacional, ha dicho que “en las últimas décadas lo más impresionante es que las fuerzas Armadas han adquirido un poder propio, con más presupuesto y más efectivos, frente al presidencialismo, que ya no existe. Quedan la elite técnico-financiera, la Corte Suprema y los militares”. (El País, 29/4/12, Madrid).

La decisión de hacer ingresar a las FF.AA. en la lucha contra el narcotráfico nació de la superación de la capacidad operativa represiva de nacionales y estatales (provinciales) ineptas y corrompidas. (Las FF.AA. mexicanas son dos –Ejército y Armada– porque la Fuerza Aérea continúa siendo, como en la Argentina previa a 1945, un arma de la fuerza terrestre). Fuera de operaciones golpistas del tipo sudamericano luego del gobierno de Cárdenas, el Ejército, sobre todo, y la Armada, sirvieron como cuerpo represivo contra insurgencias campesinas y guerrilleras. El combate contra las poderosas y siniestras bandas de narcotraficantes llevó a las FF.AA. a un combate urbano cotidiano, sobre todo en el norte y los litorales del país, que no le ha brindado, precisamente, hasta ahora la victoria. Y esa lucha condujo a la corrupción de efectivos surgidos de su seno para que se generara una de las mafias más poderosas: los Zetas. “El titular de la UEDO (Unidad Especializada contra la Delincuencia Organizada), José Luis Santiago Vasconcelos, afirmó que el grupo de los Zetas estaba conformado por alrededor de cuarenta ex militares, entre tenientes, subtenientes y ex gafes (Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales). Destacó que un nunca se había visto la participación de un grupo tan grande en ninguna otra organización de traficantes.” (Astorga Luis, Seguridad, Traficantes y Militares, Tusquets. México, 2007).

La militarización de la vida cotidiana mexicana no ha resuelto el problema de la destrucción de las bandas de narcotraficantes y ha incrementado la autonomización de las FF.AA. aztecas.

En los próximos comicios presidenciales mexicanos, la puja se ha centrado entre la candidata del gobernante PAN, Josefina Vásquez Mota, el favorito de las encuestas –el priísta Enrique Peña Nieto, ex gobernador del estado de México, una suerte de provincia de Buenos Aires alrededor del Distrito Federal– y Andrés Manuel López Obrador, del PRD. AMLO, como lo sintetizan los medios, es el candidato nacional-popular. En cambio, Peña Nieto es la figura abiertamente sostenida por el monopolio mediático Televisa, que produjo, a pesar suyo, el renacimiento del movimiento estudiantil mexicano. Esta militancia, que se autodenomina Yo soy el 132, se originó, paradojas de América latina, en la privada Universidad Iberoamericana, como resistencia al perfil oligárquico de aquél. López Obrador lucha desde abajo en las encuestas contra Peña Nieto y avanza contra los pronósticos del poder. AMLO es el único candidato que ha prometido retirar de las calles en seis meses a los militares.

El desafío que enfrenta México es enorme. Confundir Defensa con Seguridad ha conducido a la trampa en la que están hoy sus FF.AA. La falta de preparación y corrupción de las fuerzas policiales condujo a echar mano a las militares: craso error que multiplicó la violencia.

En el caso argentino, la drástica separación de Defensa y Seguridad, que establecieron con amplísimo consenso las leyes de Defensa y de Seguridad Interior, ha fijado una garantía y una previsión imprescindibles, que se han visto sólidamente reforzadas por la política de Defensa ejecutada por los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. La creación y el desarrollo del Ministerio de Seguridad en el ámbito nacional, a cargo de Nilda Garré, avanza en el mismo adecuado rumbo.

Tener una política moderna de despenalización de consumo personal de drogas marcha en el mismo sentido que la lucha sin tregua contra las bandas controladoras del tráfico organizado, en el plano de una política de seguridad donde el Estado ataca a los grandes capitalistas del negocio con los métodos pertinentes (jurídicos, financieros y de fuerza legítima) y se vincula adecuadamente con las problemáticas de los usuarios. En México se está jugando también este decisivo partido con peso en la escena latinoamericana y mundial.

* Ex vocero del Ministerio de Defensa.

Tomado de:
http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-197389-2012-06-28.html

Drogas, alarmantes tendencias.

El reporte mundial de Naciones Unidas sobre los estupefacientes muestra alarmantes tendencias en cuanto al consumo, con la apertura de nuevos mercados y el auge de las drogas sintéticas.



LA REDUCCIÓN DE LA DEMANDA DE DROGAS REVISTE PRIORIDAD Tanto quien dice que no hace nada malo al fumar marihuana, como aquel que propone la legalización de las drogas, están desconociendo la magnitud de la industria criminal del narcotráfico.

El último Reporte Mundial de Drogas, de Naciones Unidas, viene a recordarnos la dimensión de este imperio del mal, al trazar un preocupante panorama sobre el consumo de estupefacientes, la apertura de nuevos mercados en el Tercer Mundo y alarmantes tendencias en el auge de las drogas sintéticas.

No sólo se trata del negocio ilícito más lucrativo, que mueve anualmente unos 332 mil millones de dólares, sino también del mayor causante de muertes violentas. Además de los 200 mil muertos que deja, directamente, el consumo.

Las drogas ilícitas, enfatizan los directivos de la Oficina de Drogas y Crimen de Naciones Unidas (ODC) "destruyen familias y causan sufrimiento a otras miles de personas, crean inseguridad y contribuyen a la propagación del VIH".

El informe divulgado ayer muestra que el mapa del consumo y el tráfico de estupefacientes está en expansión. Mientras el consumo de drogas como la marihuana, la cocaína y la heroína se mantiene estable, los alucinógenos sintéticos ganan nuevos adeptos, principalmente entre los jóvenes.

Se estima que entre 150 y 300 millones de personas consumen estupefacientes.

Colombia, con una producción anual de entre 350 y 400 toneladas de cocaína, sigue siendo uno de los principales abastecedores, pese a los programas de erradicación y el combate de las autoridades a las organizaciones narcotraficantes, incluida la guerrilla.

Y lo más preocupante es que el descenso observado en la producción de cocaína en Colombia, que se registró entre los años de 2006 y 2010, parece estar revirtiéndose.

Según el Sistema de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci) de la ONU, en 2011 volvió a observarse un crecimiento en las áreas cultivadas, lo que resulta deplorable, luego de que en 2010 se llegara a la superficie cultivada de 62.000 hectáreas, la más baja desde los años 80.

El Simci habla de un incremento en los cultivos en las zonas de frontera con Venezuela y Ecuador, luego de la suspensión del sistema de aspersión química aérea, por acuerdo con los gobiernos de esos países.

También contribuye a este incremento la perplejidad que deben sentir los policías y soldados que están en la línea de fuego y a quienes se les exige resultados, cuando al mismo tiempo el Presidente Santos en el exterior genera dudas sobre la utilidad de la lucha contra el narcotráfico.

La Fuerza Pública colombiana ha hecho un enorme sacrificio en vidas y el país ha asumido con millonarias inversiones un combate frontal al narcotráfico, pero lamentablemente ha faltado también corresponsabilidad de las naciones consumidoras.

Vencer esta industria criminal demanda esfuerzos globales, pero estos se diluyen hoy entre la permisividad en cuanto al consumo y la poca decisión política de los Estados consumidores para combatir el comercio ilegal de precursores químicos y perseguir los grandes capitales que genera el tráfico de drogas.

El daño causado por esta industria criminal es inmenso. Hoy se requerirían unos 250.000 millones de dólares, un 0,4 por ciento del PIB mundial, para asumir los costos médicos de los adictos del planeta, en tanto que el impacto en la productividad de una nación podría representar entre un 0,9 por ciento del PIB de Estados Unidos y del 0,3 al 0,4 por ciento, en países de menor desarrollo.

Las drogas, pues, no son un negocio tan inocente como muchos quisieran hacerlo creer. La ONU lo vuelve a recalcar.

Tomado de:
http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/D/drogas_alarmantes_tendencias/drogas_alarmantes_tendencias.asp?CodSeccion=219

sábado, 2 de junio de 2012

Tropas colombianas cierran hospital de las FARC en Bogotá


Por Richard McColl


Médicos colombianos llevan a un soldado herido a un hospital de Cali, tras un ataque de las FARC contra una base de la armada en febrero de 2005. [Reuters/Fredy Builes]

BOGOTA. Fuerzas del Gobierno han logrado cerrar hospitales clandestinos manejados por las FARC en la capital colombiana, y han desmantelado una sección de la red de apoyo a la guerrilla llamada Redes de Apoyo al Terrorismo (RAT).

Dos sencillas casas de ladrillo en el distrito de clase obrera de Usme en Bogotá fueron puestas bajo vigilancia por parte de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN) de la policía nacional en las semanas previas a la operación, conocida como "República 130". Agentes de la DIJIN observaron que combatientes heridos eran llevados a la casa para tratamiento y recuperación, la cual era dirigida por enfermeras de las FARC conocidas por los alias de Tatiana y Viviana.

"Estas mujeres utilizaban sus conocimientos, trabajando en un edificio acondicionado no sólo como almacén de medicamentos, sino también como clínica para atender a los guerrilleros heridos y para su rehabilitación", afirmó el director de la DIJIN, general Carlos Ramiro Mena.

La incursión se realizó tras el anuncio el 26 de febrero de que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia ya no secuestrarían civiles para pedir rescate. Pero el presidente colombiano Juan Manuel Santos ha insistido en que las FARC suspendan la práctica del secuestro y todos los demás actos de terrorismo antes de iniciar conversaciones de paz con el Gobierno.

En noviembre pasado, las tropas gubernamentales dieron de baja a Guillermo León Sáenz Vargas, también conocido como Alfonso Cano. El comandante supremo de las FARC, de 63 años de edad, murió en un tiroteo en las montañas del Departamento del Cauca, al suroeste de Colombia. Poco después, el presidente Juan Manuel Santos señaló que la muerte de Cano era "el golpe más devastador que este grupo ha sufrido en su historia”.

Bajo el mando de Henry Castellanos Garzón, conocido como Romaña, los guerrilleros heridos en acción en el departamento del Meta, ubicado al sur de Bogotá con acceso al vasto Parque nacional del Sumapaz, eran traslados a Usme. Allí, los rebeldes, pertenecientes al frente Ariari de las FARC, recibían cuidados hasta recuperar su salud.

A principios de marzo, 12 miembros de la red de apoyo RAT fueron capturados y se confiscó una pequeña fábrica que producía uniformes militares idénticos a los utilizados por las tropas del Gobierno. Se indicó que estos uniformes serían enviados a zonas de conflicto en el sur, donde militantes de las FARC, disfrazados como tropas gubernamentales, establecerían falsos retenes cerca de instalaciones militares para fines de secuestro y extorsión.

Si bien estas redadas en Usme y Meta han producido éxitos significativos, la información recopilada durante la operación sirve para recordar a los civiles y al Gobierno cuán cerca están las FARC de Bogotá y la facilidad con que los rebeldes pueden llegar a la ciudad.

El distrito de Usme ha sido problemático desde hace tiempo para la policía de Bogotá, ya que se extiende hacia una inmensa estepa abierta a gran altura, a sólo 19 kilómetros de la capital. Con alturas que van desde 1.500 a 4.300 metros sobre el nivel del mar y con puntos de entrada que descienden desde la cordillera de los Andes hacia las selvas de tierras bajas de los departamentos de Meta y Huila, se trata de una región difícil de patrullar, característica aprovechada por Romaña y el miembro del Secretariado de las FARC, Mauricio Jaramillo, alias El Médico.

Romaña, quien todavía elude a las fuerzas de seguridad, era la mano derecha de Jorge Briceño Suárez, alias el Mono Jojoy, excomandante militar de las FARC. El Mono Jojoy fue dado de baja durante un ataque en septiembre de 2010 en el Meta. Romaña supervisa ahora la misma zona que controlaba su antiguo jefe y a la vez trabaja muy activamente en la coordinación de las llamadas "milicias urbanas" del grupo rebelde, así como también supervisa el transporte de armas, municiones y explosivos hacia Bogotá.

Aunque Romaña permanece prófugo en el Meta, fuerzas de la DIJIN lograron capturar a un guerrillero con el nombre de Jaider Henao Naranjo, alias Diego Guapuchón.

En un comunicado de prensa, Mena, de la DIJIN, afirmó que este subversivo era "directamente responsable de coordinar el tráfico de armas, municiones y explosivos para la organización en Bogotá, la mayoría de los cuales se negociaron a través de la venta de coca en diversas zonas periféricas de la ciudad de Mesetas [en el departamento del Meta]”.

En un giro que muestra la importancia de la operación policial y militar, Naranjo, capturado junto a su hermano, Alexis Henao Naranjo, tiene enlaces directos con Mauricio "El Médico" Jaramillo, miembro del Secretariado de las FARC a cargo de las unidades de guerrilla móviles.

Con la captura de estas milicias urbanas de las FARC, la policía sostiene que han cerrado una investigación en ejecución desde noviembre de 2011, cuando una granada fue detonada en el norte de la ciudad, dado que el Mono Jojoy, Romaña y Guapuchón estaban entre los máximos dirigentes de las FARC con conocimientos en explosivos.

Tomado de:
http://www.dialogo-americas.com/es/articles/rmisa/features/regional_news/2012/04/09/aa-farc-hospital

¿Enfermedad o delito?

Imagen: Pablo Piovano
Por Luis Ohman *


El ex ministro de Justicia y Derechos Humanos y actual senador de la Nación, Aníbal Fernández, llevó al encuentro de Ginebra la posición del Estado Argentino: la despenalización del consumo individual de sustancias psicoactivas, cuestión que presentó como Proyecto de despenalización en el Senado de la Nación.

Es una decisión de enorme valentía intelectual que se constituye en el punto de partida para abrir la discusión y la acción de un verdadero plan estratégico para la prevención y atención primaria en salud respecto del gravísimo problema del consumo.

Se trata de un problema de salud psicosocial, inmerso en la marginalidad y la exclusión de las capas más vulnerables –los más jóvenes– y extendida hacia otros sectores sociales. Forma parte de una profunda crisis axiológica y una patología emergente donde lo social es parte de la clínica individual, familiar y colectiva. En cambio, el tráfico y la venta son un problema penal.

Los funcionarios de la Sedronar de las últimas décadas han fracasado pues han sido el instrumento de una política del modelo del unilateralismo hegemónico y de la guerra contra las drogas, sin autonomía política, empeorando el grave problema del consumo. La locura consiste en hacer siempre lo mismo y esperar un resultado distinto. No producir un cambio de paradigma atenta contra el sentido común y es sencillamente un disparate ante tan grave problema social. La designación de Rafael Bielsa es la esperanza cierta de un cambio de paradigma que se concrete de manera eficaz en el desarrollo de las políticas públicas de promoción de la salud, prevención primaria del consumo y abuso de sustancias.

Las políticas oficiales –policiales– de lucha contra las drogas en América latina reflejadas en la penalización del consumo, la llamada guerra contra las drogas, las penas sin delito, la penalización y el castigo de la enfermedad han fracasado. Más aún, potenciaron un dispositivo de criminalización secundaria fundado en el encierro, con prácticas y saberes médicos funcionales a un modelo de conservación y perpetuación de la violencia.

Para la psiquiatría moderna –las neurociencias– no hay más sujeto individual y colectivo, sólo mediadores químicos e imágenes, y como tratamiento, medicación y encierro.

¿No hay más preguntas sobre las condiciones generadoras de la violencia, sobre el consumo, las formas de dependencia y pérdida de autonomía?

Dice M. Ponty: “Para conocer y juzgar una sociedad es preciso llegar hasta su sustancia profunda, el lazo humano del cual está hecha y que depende sin duda de las relaciones jurídicas, pero también de las formas de trabajo, de la manera de amar, de vivir y de morir”.

¿Es que al mercado no le importa un sujeto autónomo y autolegislador? No, no le importa.

Más aún, lo produce y lo construye para el mero consumo; la violencia se ha convertido en una técnica puramente racional, y el eterno retorno del discurso de la guerra, la búsqueda desesperada del enemigo que siempre es el más débil y el más vulnerable.

Todo el dispositivo de criminalización primaria fundado en la Ley 23.737 transforma a la agencia penal en un instrumento de altísima selectividad sobre los sectores juveniles más vulnerables y promueve un derecho penal selectivo.

El discurso de las políticas criminalizantes es el de la guerra contra las drogas, del que resulta la criminalización de la pobreza y el conflicto social, y el joven excluido como drogadicto –delincuente, peligroso– fundado en etiquetamientos y concepciones claramente racistas y discriminatorias.

¿Es posible entender que si la violencia juvenil es un problema de la salud pública en América latina, y si la OPS ha planteado como una prioridad en las políticas de salud el lenguaje de prevención y promoción de la salud, éstos estén ausentes y que el conflicto social que padecen millones de jóvenes excluidos tenga sólo como respuesta políticas de persecución policial y encierro?

La Ley 23.737 impone la pena de seis años de prisión a quien tenga estupefacientes, y a 15 años de aprobada la ley el consumo se incrementó, el narcotráfico corrompe policías y gobiernos, para asegurar el lavado de activos financieros que surgen del negocio del narcotráfico.

En la Argentina hace ya varias décadas el poder concentrado trafica influencias, corrompe la vida democrática construyendo poder mafioso y la representación política pierde autonomía. En tanto, en Uruguay no se penaliza la tenencia de droga para consumo personal; en Brasil se aprueba una ley que elimina la privación de la libertad para los consumidores y aumenta la persecución y el castigo para el narcotráfico.

Es decir que mientras Brasil y Uruguay diferencian en su legislación claramente entre enfermedad y delito, aquí, en la Argentina, castigamos y penalizamos la enfermedad profundizando el sentimiento de inseguridad e incertidumbre de miles de jóvenes que en tiempos de sida y exclusión circulan entre policías y jueces, sin futuro y sin destino.

Lo primero que debería decir es que el discurso oficial no acepta el fracaso de las políticas que incrementan de modo sistemático; la violencia institucional y las experiencias concentratarias promueven las tecnologías de la mano dura y la idea de la prevención general absoluta como una nueva racionalidad del fundamentalismo del mercado.

Destruido el Estado de Derecho con el terrorismo de Estado y después el Estado de Bienestar con las políticas neoliberales, el Estado, que en la Argentina era un factor de inclusión y progreso social, se transformó por el contrario en un factor de exclusión y discriminación. Se trata de tener en cuenta el primer párrafo del artículo 19 de la Constitución nacional, que consagra el más importante de los límites materiales que impone la Carta Magna a la injerencia coercitiva del Estado. Es decir: el Estado no puede establecer una moral, debe garantizar el ámbito de libertad individual y las penas no pueden caer sobre actos que son ejercicio de esa libertad individual. “De cara a los adolescentes o jóvenes con problemas de conducta, frecuentemente afectados por vivencias de exclusión y estimulados por fantasías autodestructivas, obligarlos a una terapia con el telón de fondo de la cárcel parece una tentativa más del prohibicionismo destinadas al fracaso.” (Luis Niño, Encrucijadas - UBA).

Es claro que la ley 23.737 es inconstitucional pues rompe con el principio de lesividad. El bien jurídico afectado es la “seguridad nacional” y constituye un “peligro social”, construcción ideológica paradigmática del terrorismo de Estado y del Estado autoritario que produce la idea de tutela para confiscar el conflicto y seleccionar a la víctima más débil del sistema, joven, excluido y enfermo.

La llamada guerra contra las drogas como parte de las políticas de mano dura necesita difundir el miedo y el pánico como gran argumento de las políticas de seguridad y control social. Pánico y miedo son las categorías del poder hegemónico que ha pasado de la guerra fría al frío cálculo de un nuevo fascismo para administrar y dominar el espacio urbano, la ciudad, donde funcionan sus negocios. Ante la magnitud del problema del consumo, síntoma psicosocial de tres décadas de devastación social, la emergencia es un eufemismo que encubre la catástrofe social y el drama de miles de jóvenes sin proyecto.

Propuesta:

1. Políticas keynesianas en salud, gran inversión en recursos económicos y recursos humanos.

2. No esperar la demanda, atender la necesidad.

3. Políticas de Estado de promoción, formación de la salud, prevención y asistencia.

4. Políticas en salud, con políticas sociales integradas de carácter interdisciplinario, interinstitucional e intersectorial.

5. Instalación de las políticas y los recursos humanos y económicos en el territorio, en el lugar donde anida el conflicto. Atender la necesidad: el equipo de salud psicosocial debe estar en la escuela, en el barrio, en las poblaciones precarias, en los clubes y en todo lugar donde esté planteada la necesidad de atención y prevención.

6. El cambio de paradigma de una política asistencial que siempre llega tarde a una política de atención de la necesidad con fuerte participación comunitaria y actores sociales concretos, movimientos sociales, clubes, sociedades de fomento, organizaciones barriales, ong y la escuela como un lugar central en la construcción de valores y de jóvenes liderazgos para un proceso de cambio social.

7. Concentrar el plan en trastornos y conflictos sociales combinados que se producen en un mismo espacio, fortaleciendo recursos y objetivos: drogas, violencia social e interpersonal, sobre todo en los jóvenes, armas, violencia de género, embarazos adolescentes y sexualidad en tiempos del sida, el deporte, sobre todo el fútbol, como herramienta de promoción de la salud y prevención de la violencia, políticas focalizadas en los jóvenes varones que son en un 95 por ciento los actores de delitos, violencia personal y de género, una audaz política de reparación de daño para afrontar la epidemia de consumo de “paco” en las poblaciones de jóvenes excluidos y marginales.

* Médico Psiquiatra. Egresado de la Escuela de Salud Pública. Presidente del Capítulo de Criminología y Psiquiatría de APSA.

Tomado de:
http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-195380-2012-06-01.html

HRW: Colombia tiene que reformar el “Marco Jurídico para la Paz”

ELMERCURIODIGITAL 1.6.12


Este viernes 1 de junio de 2012, el senador colombiano Roy Barreras se reune en Washington D.C. con José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. El encuentro fue solicitado por el Senador Barreras con la finalidad de discutir sobre el “Marco Jurídico para la Paz”, un proyecto de enmienda constitucional del cual es ponente en el Senado. Human Rights Watch considera que la reunión es una oportunidad positiva para proponer una serie de reformas clave al proyecto de acto legislativo, que permitirían a Colombia promover iniciativas de paz sin vulnerar los derechos fundamentales de las víctimas de crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad.

Human Rights Watch repudia enérgicamente las devastadoras consecuencias que el conflicto armado colombiano ha tenido para la población civil. Durante casi cinco décadas de conflicto, se han cometido miles de homicidios, desapariciones forzadas, torturas, secuestros y violaciones sexuales, y varios millones de colombianos han sido desplazados forzosamente. Apoyamos plenamente los esfuerzos destinados a concluir este nefasto capítulo de la historia colombiana. Sin embargo, las iniciativas de paz no deberían implicar una renuncia a la búsqueda de justicia. Lamentablemente, si se mantiene su redacción actual, ese sería justamente el efecto del Marco Jurídico para la Paz. De hecho, en vez de subsanar los graves defectos de la propuesta, la versión más reciente del proyecto de acto legislativo podría llegar a ampliar el alcance de la impunidad ofrecida por la enmienda al interpretarse que extiende sus beneficios a ex funcionarios del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS)[1].

La enmienda conculcaría una de las garantías básicas consagradas por el derecho internacional: el acceso a un recurso judicial en casos en que se vulneren derechos fundamentales[2]. De acuerdo con el proyecto, el juzgamiento de atrocidades se limitaría a casos que puedan atribuirse a un grupo reducido de guerrilleros, paramilitares y militares que sean considerados los “máximos responsables”. Las autoridades judiciales renunciarían a la investigación y persecución penal de todos los demás casos de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra en los cuales no pueda establecerse un vínculo con los “máximos responsables”[3]. La exclusión de estos casos implicaría negar a las víctimas su derecho fundamental de acceso a la justicia. En vez de ello, la Constitución de Colombia les daría la posibilidad de ser incluidos en un informe elaborado por una comisión de la verdad.

Incluso los “máximos responsables” que sean condenados por delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra como resultado de la reforma podrían beneficiarse con la suspensión de la ejecución de las penas que les sean impuestas[4]. Por consiguiente, los “máximos responsables” que sean condenados por participar en los más graves delitos ocurridos en Colombia podrían evitar pasar ni un sólo día en prisión, y de este modo los escasos juicios penales que se lleven a cabo se convertirían en una mera parodia de justicia. Exonerar a los “máximos responsables” de sus penas equivaldría a sustraer a estas personas de su responsabilidad penal y, con esta medida, Colombia estaría indicando que no existe una voluntad genuina de que sean juzgados. Como resultado, Colombia se expondría a ser investigada por la Corte Penal Internacional[5].

A pesar de las modificaciones incorporadas en la versión más reciente del proyecto legislativo, la reforma continúa contemplando la posibilidad de la renuncia a la persecución penal y la suspensión de la pena para militares responsables de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra [6]. Estos beneficios constituyen una concesión innecesaria e irrazonable a favor de quienes cometieron crímenes aberrantes.

Un aspecto que resulta incluso más preocupante es que uno de los cambios incorporados a la versión más reciente del proyecto de acto legislativo podría llegar a ampliar el espectro de beneficiarios de la reforma y permitir que se incluya a ex funcionarios del DAS. Si bien la versión anterior del proyecto contemplaba la renuncia a la persecución penal y la suspensión de la ejecución de penas “para cada una de las distintas partes que hayan participado en las hostilidades”, la reforma actualmente autoriza la concesión de estos mismos beneficios “para los distintos grupos armados al margen de la ley y para los agentes del Estado” (énfasis agregado). La diferencia crucial es que mientras la versión anterior habría limitado los beneficios a los agentes del Estado que participan en el conflicto —policías y militares— la nueva redacción parece contemplar a todos los agentes del Estado, lo cual podría permitir a los ex funcionarios del DAS recibir los beneficios de la ley. Por consiguiente, la enmienda podría abrir la puerta a que el Congreso disponga la excarcelación del ex director del DAS, Jorge Noguera, quien fue condenado en 2011 por haber puesto este organismo al servicio de grupos paramilitares, incluyendo para asesinar a un activista social. El Congreso también podría excluir de la posibilidad de investigación y juzgamiento a la gran mayoría de ex funcionarios del DAS responsables de la vigilancia ilegal de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, defensores de derechos humanos, periodistas y sindicalistas.

La última versión del proyecto de acto legislativo también incorpora un cambio positivo, aunque insuficiente. Concretamente, el proyecto dispone ahora que la reglamentación de la reforma se efectuará a través de una “ley estatutaria”. Las leyes estatutarias requieren el examen previo de la Corte Constitucional de Colombia, que a través de sus resoluciones ha tradicionalmente protegido los derechos de las víctimas. No obstante, existe una incertidumbre total sobre cuál sería el pronunciamiento de la Corte en este caso, especialmente considerando que adoptará su determinación sobre la base de una interpretación de una Constitución que ha sido modificada por el Marco Jurídico para la Paz y, por ende, contempla menos garantías para los derechos de las víctimas. En todo caso, sí se sabe que la manera más efectiva de reconocer los derechos de las víctimas es asegurar que la reforma constitucional que autoriza estas leyes sea consistente con el derecho internacional de los derechos humanos.

Los promotores del Marco Jurídico para la Paz han invocado las falencias de la Ley de Justicia y Paz para justificar la reforma. Al hacerlo, han creado un falso dilema. Es cierto que la Ley de Justicia y Paz en general no ha conseguido que se obtenga justicia por las atrocidades cometidas por paramilitares. Sin embargo, las opciones con que cuenta Colombia no incluyen solamente la Ley de Justicia y Paz o el Marco Jurídico para la Paz. Colombia podría priorizar el juzgamiento de casos relacionados con los crímenes más graves y sus máximos responsables, y conceder reducciones sustanciales de las penas a quienes cumplan con ciertos requisitos.

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, instamos al Senado a reformar el proyecto de enmienda constitucional para asegurar que: 1) las víctimas de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra tengan acceso a un recurso judicial efectivo; 2) los “máximos responsables” de atrocidades, tras ser condenados por la justicia, reciban penas acordes con la gravedad de los delitos; y 3) la reforma no prevea el beneficio de la renuncia a la persecución penal y la suspensión de la ejecución de penas para agentes del Estado, incluidos militares.

[1]Informe de ponencia para primer debate en Senado (segunda vuelta) al proyecto de acto legislativo N.° 14 de 2011 Senado – 094 de 2011 Cámara, 30 de mayo de 2012.

[2]Ver, por ejemplo, Convención Americana sobre Derechos Humanos (“Pacto de San José de Costa Rica”), adoptada el 22 de noviembre de 1969, Serie de Tratados de la OEA N.° 36, 1144 U.N.T.S. 123, en vigor desde el 18 de julio de 1978, reimpresa en los Documentos Básicos en Materia de Derechos Humanos en el Sistema Interamericano, OEA/Ser.L.V/II.82 doc.6 rev.1 en 25 (1992), art. 25; Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), adoptada el 10 de diciembre de 1948, Res. Asamblea General 217A(III), Doc. de la ONU. A/810 en 71 (1948), art. 8.

[3]La reforma dispone que el Congreso, por iniciativa del gobierno, podrá “mediante ley estatutaria determinar criterios de selección que permitan centrar los esfuerzos en la investigación penal de los máximos responsables de delitos que adquieran la connotación de crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, o genocidio... y autorizar la renuncia condicionada a la persecución judicial penal de todos los casos no seleccionados” (énfasis agregado). La versión más reciente del proyecto presentada para el séptimo debate legislativo dispone que las condiciones incluirían “la dejación de las armas y la contribución al esclarecimiento de la verdad y a la reparación integral de las víctimas”.

[4]El proyecto de ley dispone que el Congreso “podrá mediante ley estatutaria... establecer los casos en los que procedería la suspensión de la ejecución de la pena”. El proyecto no prevé restricciones respecto de quiénes se pueden beneficiar con la suspensión de la pena.

[5]El artículo 17(a) del Estatuto de Roma dispone que la Corte resolverá la inadmisibilidad de un caso cuando “[e]l asunto sea objeto de una investigación o enjuiciamiento en el Estado que tiene jurisdicción sobre él, salvo que éste no esté dispuesto a llevar a cabo la investigación o el enjuiciamiento o no pueda realmente hacerlo” (énfasis agregado).

[6]La última versión del proyecto presentada para el séptimo debate legislativo contiene una disposición que establece que “En desarrollo de la finalidad de los instrumentos de justicia transicional, en el caso de los agentes del Estado, las herramientas a las que se refiere el presente artículo podrán ser diseñadas de manera específica para que sean aplicadas, a la terminación del conflicto armado, a quienes hayan infringido las normas penales”.

Tomado de:
http://www.elmercuriodigital.net/2012/06/hrw-colombia-tiene-que-reformar-el.html

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