¿Tocache en la encrucijada? En movilización denuncian que las obras se paralizan.

Felipe A. Páucar Mariluz.

La demora del juzgado en definir la situación legal de Corina de la Cruz, puede perjudicar a la población de la provincia de Tocache. Foto Leyenda del Huallaga.

Tocache esta lejos de ser la tierra de amor y paz que un grupo de personas pregonan. Desde hace buen tiempo la población esta dividida por el enfrentamiento entre sus autoridades y dirigentes y por el incremento de la pobreza luego de la erradicación de los cultivos de coca y que un buen número de agricultores se dedicaran a cultivos de café, cacao y palma aceitera, cuyos precios cayeron en forma estrepitosa en los últimos dos años por la crisis internacional y por deficiente comercialización de las cooperativas y asociaciones de agricultores.

Un sector de la prensa enemiga declarada de la alcaldesa suspendida Corina de la Cruz Yupanqui atizaron la confrontación en respaldo a ex alcaldes que perdieron las elecciones por haber manejado la municipalidad como su fuera su feudo, para un sector de la población. Mientras otro sector rechaza a Corina de la Cruz por haber manejado el municipio en forma autoritaria y no haber marcado distancia de la corrupción, como prometió durante su campaña electoral.

Hace unos días, doscientos pobladores del área rural llegaron a la ciudad de Tocache desde los distritos de Uchiza, Progreso, Shunte y Pólvora, atendiendo a la convocatoria de un denominado Comité de Lucha del Frente Cívico Patriótico de los Intereses de la provincia de Tocache, para protestar por la supuesta paralización de obras y por el caos administrativo en la municipalidad provincial.

La movilización determinó la intervención de 45 efectivos de la policía nacional y el ejército peruano, que acordonaron la plaza de armas para impedir el ingreso de los reclamantes. Mientras que pobladores que estaban en la plaza de armas fueron desalojados por la policía en una acción considerada arbitraria.

El presidente del Comité de Lucha del frente Cívico patriótico de los Intereses de Tocache, Francisco Lozano Cotrina y el secretario Mario Domínguez Medina encabezaron la movilización por las principales calles partiendo del mercado de abastos, recorrieron la avenida Freddy Aliaga y otras calles hasta ubicarse en las inmediaciones de la plaza de armas, de donde el comandante de la policía permitió el acceso de centenares de manifestantes que improvisaron un mitin, donde se pronunciaron dirigentes del Frente Cívico y representantes de comunidades.

La regidora de la municipalidad de Tocache, Martina Sepúlveda, mostró su preocupación por la supuesta paralización de obras y por la disolución de la Comisión de adjudicación de la obra de rehabilitación y mejoramiento de agua potable y desagüe de la provincia de Tocache valorizada en 44 millones. Según la regidora se pone en peligro la ejecución de esta obra ya que el ministerio de vivienda aprobó un cronograma que se tiene que cumplir y no se está cumpliendo.

Consultado algunos líderes que no participaron de la movilización, manifestaron que todo este movimiento es por interés de negociar en la nueva adjudicación de la millonaria obra, por que aparentemente todo estaba decidido a favor de la alcaldesa suspendida y sus funcionarios de confianza, pero el nuevo alcalde encargado, no quiere quedarse sin los beneficios que podría estar detrás de la adjudicación de esta y otras obras, que se dice fueron gestionadas por Delacruz Yupanqui.

¿A dónde va el Monzón?

Felipe A. Páucar Mariluz.



Se hace necesario un cambio de actitud hacia el Monzón, dejando atrás la manida satanización que a nada bueno condujo. Foto Leyenda del Huallaga.

Con motivo de las exequias del ex líder del Monzón, Iburcio Morales, quien murió en la cárcel acusado de colaborar con el terrorismo, acusación que los campesinos y familiares rechazaron, fui enviado por IDL Reporteros para la cobertura periodística de un hecho que tuvo impacto en los habitantes del valle y en los predios políticos del gobierno, que para evitar los cuestionamientos sobre su negativa en concederle libertad por motivos humanitarios, accedió al indulto en el caso de otras 3 personas que también tenían cáncer en fase terminal.

Durante nuestra corta permanencia en la zona, considerada como liberada por el narcotráfico por parte de advenedizos que fungen de analistas y expertos, conversamos con pobladores, comerciantes, encargados de la oficina del Ministerio de Agricultura, de la empresa de la coca y el alcalde Job Chávez Santiago, entre otros, con amplitud y normalidad.

En cuanto a las conclusiones, primero, que la zona estaba tranquila y pude realizar mi trabajo sin ningún problema, en la carretera y el pueblo nadie se interesaba por indagar si era periodista, ni el porqué tomaba fotografías y filmaba. Segundo, que el Monzón aparte de tener aproximadamente 5 mil hectáreas de cultivos de coca, según el extensionista ingeniero Guillermo Cotrina Cabello pagado por la municipalidad de Monzón, también tiene 2 mil 600 hectáreas de cultivos de café de buena calidad y con un nivel productivo de 30 quintales/ha/año, además de cultivos de cacao y ganadería.

Según el alcalde, el municipio ejecuta obras en educación, transportes y comunicaciones y agua potable por 14 millones de soles con fondos de los gobiernos nacional y regional y que pronto la empresa que ganó la buena pro para la rehabilitación de la carretera semi destruída en el tramo Bella a Palo Acero con un monto cercano a los 8 millones de soles, iniciaría los trabajos.

Además el alcalde negó estar apoyando a los dirigentes cocaleros y prueba de ello era que su parcela de coca fue erradicada por el Corah en el caserío Matapalo y esa parcela producía 30 arrobas y no 300 como dieron a conocer algunos medios de comunicación.

El 17 de octubre se nos dijo que todos los dirigentes de la Federación de Organizaciones de Productores Agropecuarios del Valle de Monzón habían renunciado, debido a la indiferencia del gobierno nacional por atender sus pedidos de desarrollo y evitar la erradicación de los cocales hasta que se genere una economía alternativa a la coca y por otras consideraciones.

Días después se hizo pública esa renuncia causando desconcierto en la población y una serie de conjeturas sobre los motivos que llevaron a tomar esa decisión, más aún si la erradicación de los cultivos de coca continuaba en el valle.

Se conoció que una comisión había viajado a la ciudad de Lima para intentar reunirse con el presidente del consejo de ministros, el presidente Ollanta Humala y la primera dama Nadine Heredia, con el fin que la erradicación de los cultivos de coca se suspendan para evitar un posible conflicto social de mayor envergadura.

Según los técnicos, el Monzón tiene potencialidades y recursos naturales para cambiar de fuente económica en el mediano y largo plazo, así que solo hace falta ponerle fuerza a ese objetivo.

El narcotráfico no es visible como si lo es en otras zonas del país por sus signos exteriores de riqueza. El terrorismo en la práctica ha desaparecido, mientras la delincuencia común está controlada por la población y los comités de autodefensa. Es indispensable el apoyo del gobierno con fondos propios o de fuente extranjera pero que sean usados con transparencia y eficiencia para evitar el rechazo.

Hacia dónde va el Monzón?, pocos lo intuyen, pero es indudable que las posiciones sobre el desarrollo sostenible han variado y sería cuestión de algunos años para que la luz pueda verse al final del túnel.

Premian a ganadores de IV edición de la Conferencia Latinoamericana de Periodismo de Investigación.

Felipe A. Páucar Mariluz.

La tribuna del periodismo de investigación en Latinoamérica cumplió 10 años y va en crecimiento. Foto difusión.

Del 12 al 15 de octubre se realizó la IV edición de la Conferencia Latinoamericana de Periodismo de Investigación (COLPIN 2012). La sede esta vez fue Bogotá y fue organizado por el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) y a Revista Semana como anfitriona y coorganizadora.

En el evento más importante del periodismo investigativo de la región se mostraron 36 de las 210 investigaciones que concursaron al Premio Latinoamericano de Periodismo, que otorga IPYS y Transparencia Internacional y que en esta edición cumplió 10 años. Las exposiciones estuvieron acompañadas de charlas magistrales con expertos del periodismo y del ámbito judicial. COLPIN se ha convertido en la tribuna de contacto entre investigadores latinoamericanos y de Estados Unidos y Europa.

Se evaluaron investigaciones sobre corrupción, derechos humanos, narcotráfico, entre otros. Además, experiencias periodísticas utilizando las nuevas tecnologías. En este campo una de las ponencias más destacadas fue la de Gianina Segnini, jefa de la unidad de investigación del diario La Nación de Costa Rica, quien junto a Rigoberto Carvajal, programador y ahora también periodista, demostraron cómo funciona el trabajar en equipo para hacer investigaciones con el uso de bases de datos. En el marco de esta ponencia el abogado y asesor legal de IPYS, Roberto Pereira, expuso sobre los límites legales a la búsqueda de información en Internet.

Hubo presentaciones especiales a cargo de los destacados periodistas Gerardo Reyes y Humberto Padgett. El primero, jefe de la unidad de investigación de la cadena Univisión de Miami, presentó su investigación “Rápido y furioso” que destapa la ruta de las armas en la frontera de México y Estados Unidos. El periodista de la revista Emeequis de México, Humberto Padgett, presentó sus investigaciones sobre la “República marihuanera” y “Los niños perdidos”, trabajos galardonados este año con los premios Rey de España y Ortega y Gasset.

En la edición de COLPIN 2012 los ganadores del premio fueron los periodistas Andreza Matais, José Ernesto Credendio y Catia Seabra, de Folha de Sao Paulo, Brasil, por la serie de reportajes “El patrimonio y las consultarías que derrumbaron al primer ministro del gobierno de Dilma Rousseff”.

El segundo lugar fue para el trabajo “Niños condenados”, de Jose Luis Costa y Adriana Irión, del diario Zero Hora, también de Brasil y el tercer lugar lo obtuvo la periodista peruana Milagros Salazar de IDL Reporteros con la serie de reportajes sobre “La Pesca Negra”.

El jurado calificador estuvo integrado por Gerardo Reyes, Fernando Ruiz, Maria Teresa Ronderos y Marcelo Beraba que tuvo que elegir tres de las 210 investigaciones presentadas al premio, provenientes de 19 países de la región.

El premio del público, 120 periodistas de toda América Latina, fue para el trabajo de Daniela Arbex titulado "El Holocasuto de Colonia". El segundo lugar se lo llevó el reportaje televisivo "Crimen y Castigo" de Roberto Cabrini, que destapó una red de curas pedófilos en Brasil. Y finalmente el tercer lugar fue para el trabajo "Rápido y furioso" de Gerardo Reyes.

En la clausura el IPYS extendió la invitación a los asistentes para participar de COLPIN 2013 que se realizará en río de Janeiro, Brasil, en simultáneo con el Congreso de ABRAJI y la Conferencia Global de Periodismo de Investigación 2013 (GIJC).

Indignación en el Monzón por muerte de Iburcio Morales en la cárcel.

Felipe A. Páucar Mariluz.
 

Iburcio Morales, una víctima del trato desigual de la democracia y la justicia peruana Foto Leyenda del Huallaga.



El otrora poderoso dirigente cocalero y ex alcalde del distrito de Monzón, Iburcio Morales Baltasar, falleció la mañana de sábado 13 en el penal de Castro Castro de Lurigancho afectado por un cáncer terminal al hígado, enfermedad que lo aquejaba desde antes de ser detenido en el “Operativo Eclipse 2010” acusado de colaborar con el terrorismo.

Detención y acusación que se generó a partir de la versión de terroristas arrepentidos y por información de inteligencia que habría interceptado las comunicaciones telefónicas con el ‘camarada Artemio’, hoy preso y juzgado como líder terrorista.

Hace algunos meses Iburcio Morales y sus familiares al conocer que su enfermedad no tendría cura y que la vida se le extinguía, solicitaron al presidente Ollanta Humala la “Gracia Presidencial” de libertad como un acto humanitario, toda vez que no había sido sentenciado, haber transcurrido 18 meses desde su detención y por no habérsele probado ser un terrorista como se le imputaba.

Según los familiares de los detenidos en el operativo de noviembre de 2010, el mega proceso judicial adolece de graves irregularidades y el juez de la causa habría fallado por la variación del mandato de detención de varios fugitivos por mediación de sus abogados, sin embargo no accedió a la variación en el caso de Morales Baltasar pese a existir un informe favorable en ese sentido.

“Iburcio Morales no era Fujimori, por eso los medios de comunicación y la prensa salvo excepciones no tocaron su caso, por que no tenía poder económico y político” manifestaron dirigentes del valle del Monzón, quienes expresaron su indignación y solidaridad con la familia del malogrado ex dirigente cocalero y ex alcalde de un distrito, “por el cual siempre luchó”, a decir de sus allegados.

Trascendió que los restos de Iburcio Morales serán llevados hasta el Monzón para ser sepultados allí y que los dirigentes comunales y agropecuarios ofrecerán una conferencia de prensa hoy en la ciudad de Tingo María, mientras los familiares de los detenidos en “Eclipse 2010” preparan una protesta frente al palacio de justicia en Lima, para los próximos días.

Iburcio Morales en vida tomó bajo control en más de una oportunidad la ciudad de Tingo María en la lucha por la defensa del cultivo de la coca en su valle y no obstante la protesta que generaba en la población por los abusos que presuntamente se habrían cometido, logró que algunos periodistas enemigos declarados de Nancy Obregón y Elsa Malpartida, dirigentes cocaleras del Huallaga, lo trataran como amigo, con consideración y respeto, según relataban en sus medios de prensa.

La situación lamentable de Iburcio Morales debe llevar a una reflexión en torno a la lucha contra el terrorismo y a una revisión sobre lo acontecido en torno a los llamados mega operativos “Huracán” “Eclipse”, etc, percibidos y denunciados en su momento, con aparente contenido político buscando el efecto mediático en la opinión pública. No es solo el caso de Iburcio Morales, sino de otros presos como Eduardo Ticeran Salazar, otro dirigente cocalero del Monzón, enfermo grave con tuberculosis avanzada, recluido en el penal de máxima seguridad de ‘Piedras Gordas’.

Al terrorismo se le debe tratar con la mayor firmeza y dureza dado el caso, sea que provenga de grupos criminales antisistema o de elementos de las fuerzas de seguridad que como depredadores de los derechos humanos configuraron el terrorismo de Estado.

Palmicultura y pobreza: La verdad se revela en II Congreso de la Palma aceitera

Felipe A. Páucar Mariluz.

La mayoría de asistentes al II Congreso de Palma aceitera fueron profesionales y estudiantes de la UNAS. Foto Leyenda del Huallaga.



Al cierre del II Congreso de la Palma Aceitera en la ciudad de Tingo María, surgieron voces discrepantes de aquellas que presentaban al cultivo de la palma aceitera como un cultivo alternativo a la coca que generaba bonanza económica en las familias que la explotaban en Huanuco, San martín y Ucayali.

Hasta el sábado en la tarde, las versiones e informes oficiales daban cuenta que una agricultor con 3 hectáreas de palma aceitera podía vivir bien con una economía que les permitía abandonar la pobreza generada por el cultivo de la coca.

Fue la representante del gobierno regional San Martín, ingeniera Marisol Ramírez Fasanando, quien con franqueza describió una realidad distinta, “En (Pongo) Cainarachi, donde los palmicultores tiene en promedio 2.5 hectáreas, el agricultor no vive de la palma, sino que la palma vive del agricultor, es por eso que estamos trabajando una segunda etapa para incrementar el número de hectáreas por cada palmicultor.” Aseguró, dando a entender que el proyecto financiado y desarrollado por Naciones Unidas en su primera etapa había sido un fracaso.

También el representante del gobierno regional Ucayali, ingeniero Miguel Sánchez Toledo, dijo que un agricultor con 5 hectáreas de palma aceitera estaba entre bien y mal, por lo que aseguraba que la tendencia era que cada agricultor tuviera mas de 10 hectáreas y con cifras demostró que la utilidad por hectárea es variable y está en función a la productividad y precios, que en los últimos meses habían caído.

Al momento de elaborar las conclusiones y recomendaciones participaron varios líderes y directivos de empresas de palma, uno de ellos llegó a decir que en Padre Abad, se estaba gastando un millón de soles para cursos de capacitación intrascendentes y de poca utilidad, por lo que consideraba, se debía investigar todo el dinero que el programa de desarrollo alternativo había destinado a la palma aceitera, porque muy poco había llegado a los agricultores.

Al momento de dar lectura a las conclusiones, el presidente de la Conapal, Ledgard Arévalo Díaz, dio a conocer que los organizadores lamentaban y mostraban su extrañeza por que ninguna de las autoridades consideradas en el programa como invitados y expositores habían asistido, enviando a sus representantes, lo que indicaría el poco interés en el evento que concentró a más de 700 participantes y una especie de desplante a los palmicultores y expositores internacionales asistentes.

Otro aspecto que se reveló en el Congreso fue que las pequeñas y medianas plantas de obtención de aceite bruto están incurriendo en grave atentado medioambiental, al verter las aguas utilizadas en el proceso industrial a los ríos o riachuelos o por tener pozas de oxidación precarias que contaminaban el agua del subsuelo, práctica prohibida en Colombia y otros países donde se utilizan los biodigestores para eliminar todos los desechos del proceso de extracción del aceite del fruto de la palma.

En el Perú se hace necesario un censo de los cultivos de palma aceitera, opinó un dirigente, porque cada institución u organización sea de base o de gobierno u ONG, tiene sus propias cifras, en función a sus intereses, que no necesariamente tienen relación con la realidad del campo.

Según el ministerio de agricultura existen 56 mil hectáreas de cultivos de palma en producción, sin embargo para el funcionario del Grupo Palmas del Grupo Romero, Héctor Dongo, existen cerca de 60 mil hectáreas y solo 23 mil en producción, igual sucede con los niveles de producción que van desde 8 a 30 toneladas por hectárea. Mientras otros aseguran que son un poco más de 45 mil has.

En el caso de la comercialización se hizo poco o nada a nivel de pequeños y medianos productores, quienes no saben cómo, cuándo y a que precio venden su producción los gerentes o dirigentes de sus empresas y es por ello las bajas utilidades que obtienen cada año.

En suma, si bien el Congreso de Palma, abarcó muchos temas, incluso en exceso para ser un Congreso y que derivó en algunos momentos en un gran caos organizacional, tuvo el beneficio de que algunos funcionarios y dirigentes se atrevieron a decir su verdad, una verdad que desde hace tiempo lo venimos señalando, en el sentido que el desarrollo alternativo con el cultivo de palma aceitera promovido por el gobierno nacional, regional, local o la cooperación internacional tuvo fallas sustanciales que llevaron a que los palmicultores de las organizaciones sociales estén hoy desconcertados y pobres, igual o peor a como estuvieron cuando eran cocaleros. (Continuará)

Democracia, narcotráfico y seguridad

Por Fabián Peralta (*)

Todos sabemos que la recuperación de nuestra democracia en el año 83 fue producto de la locura de Malvinas y no de una disputa popular capaz de acorralar a los militares. Así, la democracia nació más por retroceso de los militares que por avances de la ciudadanía organizada. Esto permitió que los factores de poder existentes antes del 83 quedaran prácticamente intactos después de la asunción de las autoridades elegidas.

Empezó entonces nuestro sistema a ponerse en movimiento con dificultades, con falencias y con una pesada herencia de muertes, injusticias, crisis sociales y económicas y la imperiosa necesidad de reconstruir al Estado en todos sus planos y niveles. Llegamos a los tumbos (levantamiento militares de por medio) a la década de los 90 donde se rifó literalmente al Estado. Un combo de democracia débil y Estado ausente, con el aditamento de una enorme brecha social entre los muchos que nada tienen y los pocos que tienen todo; de esa manera se fue edificando un escenario muy propicio para el afincamiento de sectores criminales que ven en un Estado débil su oportunidad.

Paralelamente los E.E.U.U. decidió llevar adelante la llamada “Guerra a las Drogas” en Colombia; y esta equivocada decisión, que lejos de resolver el problema lo profundizó, produjo el efecto de desplazar territorialmente a algunas de las actividades del crimen organizado. Entonces se definen nuevas rutas de la cocaína, nuevos lugares donde producir, otras modalidades y destinos donde lavar el dinero producido por el delito y además otros mercados donde vender las sustancias ilegales.

En este contexto es que las organizaciones criminales encuentran en nuestro país un lugar “Apto” para seguir desarrollando sus lucrativos negocios, operando sobre una economía con un importante porcentaje de informalidad (lo que hace mucho mas sencillo el lavado), empiezan a corromper estructuras de las fuerzas de seguridad, a controlar territorios donde vender o producir sustancias, a garantizar rutas nuevas y también a elegir a nuestro país como lugar de residencia personal y familiar, a hacer uso de la disponibilidad de precursores químicos en nuestro país; y todo les resulta relativamente fácil.

Es inevitable y necesario decir que la dirigencia política no vio o no quiso ver el avance del narcotráfico y de todas las circunstancias que hacían vulnerable a nuestra república. La marginalidad social, la debilidad del Estado, la precariedad de los sistemas educativos y sanitarios, sumados a otras razones de orden geográficas o económicas como por ejemplo la salida al océano atlántico, la cercanía a países productores, la enorme extensión fronteriza, la disponibilidad de precursores y la informalidad de la economía ya mencionada, presentaba a la Argentina como un país propicio para esta actividad delictiva.

También y como ventaja comparativa favorable nuestro país ofrece mano de obra calificada, por ejemplo en manejo de precursores; y cuerpos de profesionales (jurídicos y contables) imprescindibles para una etapa importantísima como es la del lavado del dinero sucio obtenido por los delitos.

En este marco crece en Argentina y en Santa Fe el consumo, el trafico y la producción de sustancias ilícitas y esto significa el surgir y el consolidarse de bandas y organizaciones que se disputan el “negocio”, en ocasiones a los tiros y empezamos a familiarizarnos con los mal llamados ajustes de cuentas, que constituyen asesinatos casi siempre impunes.

El narcotráfico es sinónimo de corrupción y esa contaminación a los distintos niveles del estado es letal para nuestra democracia. Cada funcionario estatal sea de las fuerzas de seguridad, sea del poder político o judicial corrompido es un avance del crimen organizado sobre el sistema democrático y así tenemos cada vez menos y peor democracia.

El desarrollo de organizaciones criminales que además de involucrarse con el narcotráfico suelen estar relacionadas o complementadas con la trata de personas o el tráfico de armas o de autos, sustentado sobre el avance corrompedor sobre las fuerzas estatales genera impunidad y complicidades que invariablemente se traducen en mayores y crecientes niveles de delincuencia común y por ende inseguridad.

Es imposible entender los niveles de inseguridad sin relacionarlos con el desarrollo del crimen organizado y más puntualmente del narcotráfico, sin esta presencia que socava las instituciones de la democracia no tendríamos a la inseguridad al tope de cualquier encuesta que se quiera hacer.

Es por eso que una política seria que pretenda reducir los niveles de inseguridad debe contemplar cómo reducir a las organizaciones criminales que operan en nuestra región. Es innegable que hay muchas otras razones que evaluar a la hora de pensar políticas que nos conviertan en una sociedad más segura como la socioeconómica o la sociológica o cultural, pero sin disminuir el narcotráfico será muy difícil.

La inseguridad se apoya en la impunidad, la complicidad de sectores de las fuerzas de seguridad estatales, en ocasiones en la ineficacia judicial y la inoperancia de algunos dirigentes políticos y esto se puede traducir en FALTA DE PRESENCIA Y EFICACIA ESTATAL. A mayor narcotráfico menos Estado y a menos Estado más inseguridad. Ese es el desafío y esa es la principal tarea de todos los que tenemos responsabilidades institucionales.

(*)Fabián Peralta es diputado de la Nación del Gen-Santa Fe

Tomado de:
http://www.parlamentario.com/articulo-7969.html