lunes, 29 de julio de 2013

Narcotráfico y desarrollo alternativo: ¿Qué hay para el Huallaga en el mensaje presidencial?

Felipe A. Páucar Mariluz

 
Dirandro destruye pista clandestina en Ciudad Constitución, Pichis Palcazu, se informó de una cifra menor. Foto IDL Reporteros.
 
Los cuestionamientos a lucha contra las drogas que prioriza la erradicación de los cultivos de coca, mediante la firma de convenios para “coca cero” entre Devida y los alcaldes y la crisis por la que atraviesan los cultivos tradicionales de cacao, café y palma aceitera pero etiquetados como alternativos, hacían necesario que el mensaje de fiestas patrias del presidente Humala fuera explícito y puntual en la adopción de nuevas medidas que eviten la frustración y el retroceso a la pobreza extrema que el incremento de los precios en el mercado internacional del café y cacao había logrado superar en parte. Pero no fue así.    

El presidente prefirió tomar como logro principal que “El Perú erradicará 22 mil hectáreas de plantaciones ilegales de hoja de coca este año, una cifra sin precedentes en el país.” Lo que justificó por que el narcotráfico y la minería ilegal producen desde la percepción de su gobierno el 60 por ciento de la inseguridad en el país, dado que es el responsable de delitos conexos como terrorismo, tráfico de insumos y 'sicariato'.

Pero es en el conjunto de cifras sobre lucha contra el narcotráfico que el mandatario crea un laberinto de dudas cuando afirmó que en una franca lucha contra el narcotráfico se procedió a la destrucción 33 pistas aéreas clandestinas, una cifra que parece exagerada porque es en los últimos meses y en el Pichis Palcazu donde se destruyeron estas pistas. De igual forma sobre la destrucción de 810 laboratorios de clorhidrato de cocaína y 1,421 pozas de maceración, haciendo un total de 2231 laboratorios y pozas de maceración, una cifra desconocida si nos atenemos a los partes de prensa de los operativos policiales de interdicción al narcotráfico. El ministerio del Interior a través del Frente Huallaga debería alcanzar el detalle sobre cuándo y dónde fueron realizadas estas destrucciones, para evitar dudas.

El anuncio de la incautación de más de 22 toneladas pasta básica de cocaína, de 14 toneladas de cocaína y 7 toneladas de marihuana, que hacen un total de 43 toneladas de estupefacientes incautados y destruidos, constituye una cifra igualmente desconocida por la prensa, más aún si no se precisó si esas cifras corresponden a este año o a los dos años de gobierno. Convendría precisarlas para no dejar vacíos.

"En el año 2012 se han erradicado más de 14 mil hectáreas de plantaciones de hoja de coca y para esta año nos hemos propuesto erradicar 22 mil más, cifra sin precedentes en nuestro país", aseguró Ollanta Humala, convirtiendo a esta actividad en el elemento central de su estrategia de lucha contra las drogas, pero no dijo nada sobre logros en el lavado de activos o en desmantelamiento de los clanes de la droga que según la policía existen pero no los ubican y menos capturan. En su reemplazo capturan a dirigentes o ex dirigentes cocaleros que estaban haciendo vida pública y normal. Sin duda una especie rara de narcos y terroristas que tendríamos en el Perú.

Sobre la instalación de comisarías o puestos policiales como parte de la lucha contra las drogas y el terrorismo en las zonas cocaleras, es preciso indicar que estas deberían ser implementadas por que las que están funcionando recientemente no tienen ni una motocicleta y para lo único que sirven en muchos de los casos es para el control vehicular con los consiguientes problemas denunciados hasta el cansancio. Las comisarias recientemente instaladas se encuentran en el Alto Huallaga y Pichis Palcazu.

Sin embargo es comprensible la omisión por tratarse de un mensaje a la Nación y de corto plazo, por eso la tarea de complementar y ampliar lo dicho por el presidente le corresponde a Devida y al ministerio del Interior, en nuestro caso también al Frente Policial Huallaga. 
Específicamente para el Alto Huallaga y el Vraem no hubo anuncios sobre inversiones importantes para superar una serie de problemas de infraestructura, de patología agrícola, delincuencia común, corrupción en las instituciones públicas, caso gobiernos municipales. Ahora la esperanza esta puesta en los 600 millones que anteriormente se anunció para el Alto Huallaga, se espera que sean una realidad y no una frustración más.

Tribunal Constitucional avala el secretismo judicial en procesos por corrupción.

Felipe A. Páucar Mariluz

La solvencia ética del TC está en caída libre y no termina de demostrar a la comunidad que no defiende los intereses colectivos ante la injerencia del poder económico, así sea ilícito. Foto Ipys.
 
El Instituto Prensa y Sociedad expresó mediante un pronunciamiento su discrepancia y oposición por un fallo emitido por el Tribunal Constitucional donde se establece que los procesos judiciales por casos de corrupción deben mantenerse en secreto, en evidente complicidad con los autores material e intelectual de ilícitos contrarios a los intereses colectivos y en desmedro de los presupuestos públicos escasos. El pronunciamiento es el siguiente:

“En manifiesta contradicción con el inciso 4) del artículo 139º de la Constitución según el cual “Los proceso judiciales por responsabilidad de funcionarios públicos (…) son siempre públicos”, el Tribunal Constitucional publicó recientemente en su página web una sentencia en la que sostuvo exactamente lo contrario.

Sentenció que la opinión pública no puede acceder a la información sobre las decisiones que adoptan los jueces en los procesos por corrupción de funcionarios públicos, porque ello pone en riesgo o afecta el derecho a la intimidad de los procesados.

Con este criterio, el Tribunal Constitucional decidió rechazar la demanda de hábeas data presentada por Yván Montoya Vivanco, que en ejercicio de su derecho fundamental de acceso a la información pública, solicitó que se le entreguen copias: (i) de la decisión del Segundo Juzgado Penal Liquidador Transitorio de Lima, de iniciar un proceso por la presunta comisión del delito colusión desleal y otros; (ii) del dictamen del Fiscal Provincial emitido en dicho proceso y; (iii) del informe final del Juez de Instrucción.

Para tratar de justificar su decisión, el Tribunal Constitucional compara esta información con la solicitud de información médica ginecológica contenida en historias clínicas.

Para el Instituto Prensa y Sociedad, IPYS, esta decisión resulta inaceptable por inconstitucional, en la medida que consagra el secretismo absoluto sobre las decisiones que adoptan los jueces en los procesos penales por corrupción, expropiando indebidamente del conocimiento de la comunidad, información de alto interés público.

Por lo demás, deja abierta la posibilidad de que cualquier persona que difunda información sobre decisiones judiciales adoptadas en los procesos por corrupción, pueda ser demandada o denunciada por afectar el derecho a la intimidad de los procesados por delitos de corrupción.

A su vez, se afecta el derecho constitucional de las personas a analizar y criticar las resoluciones y sentencias judiciales debilitando sensiblemente el control ciudadano de las decisiones judiciales en materia anticorrupción.

“Las decisiones que adoptan los jueces en el marco de los procesos judiciales, sobre todo en materia anticorrupción, no se encuentran exentas del principio de transparencia, en tanto información de alto interés público. Sólo en supuestos excepcionales que deben ser analizados caso por caso, es posible restringir la publicidad en este ámbito, ante la imperiosa necesidad de proteger la eficacia de los procesos judiciales o los derechos de los procesados y las víctimas, por ejemplo, tratándose de menores de edad o de delitos de agresión sexual.

“Estas excepciones deben ser probadas en todos los casos. Por ende, la exclusión de la información es la excepción y no la regla como ha establecido el Tribunal Constitucional”, opinó Roberto Pereira, abogado constitucionalista y experto en asuntos referidos a las libertades informativas. 

Consultado por el IPYS, Yván Montoya señaló que esta sentencia sienta un pésimo precedente en material de acceso a la información pública. El abogado del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Universidad Católica (IDEHPUCP) expresó su rechazo a esta sentencia, señalando que los argumentos son pobres y claramente refutables.

“Esta decisión del TC marca un terrible precedente en material de acceso a la información y sobre todo anula una herramienta preventiva en la fiscalización de la función pública. Además de ser una sentencia bastante pobre en sus argumentos, apela a la intimidad cuando la Constitución señala claramente que respecto de la función pública los funcionarios deben estar expuestos al escrutinio de la ciudadanía. Acá no se trata de un tema de salud, se trata de procesos por corrupción contra funcionarios que trabajaron en Cofopri”, declaró Montoya.
 IPYS demanda que el Tribunal Constitucional rectifique a la brevedad esta decisión a través de las vías que correspondan, a efectos de que no sea invocada por los procesados por delitos de corrupción, para impedir que el público conozca las decisiones que adopten los jueces que los juzgan.” Finaliza el comunicado.

Proética y Transparencia Internacional presenta estudio sobre corrupción: Barómetro 2013

Felipe A. Páucar Mariluz.



La sensación que la corrupción es el primer mal de la sociedad peruana crece, sin que exista intención política de combatirla.

"Un 20 por ciento de peruanos en general reportó haber tenido que pagar una coima al llevar a cabo el trámite en ocho instituciones de servicio público, es decir, uno de cada cinco. Esta proporción ubica a Perú, en comparación con el resto de países de América, en una situación que no es la más crítica, pero tampoco es la mejor", advierte.

El Poder Judicial es percibido como la institución más afectada por la corrupción, de acuerdo con el Barómetro Global de la Corrupción 2013, estudio en el cual, además, uno de cada cinco peruanos dice haber pagado una coima para recibir atención pública.

La percepción de gravedad de la corrupción, según el estudio elaborado por Transparencia Internacional, se extiende también a los partidos políticos, la Policía Nacional y el Congreso de la República.

En otros países de América, a diferencia de Perú, los partidos políticos ocupan el primer lugar en la percepción de la corrupción. En ambos casos, sin embargo, "se afecta la legitimidad del sistema democrático y se afianza la desconfianza de los ciudadanos hacia lo público".

Estos datos –asegura Proética, encargada del estudio en Perú– demuestran la urgencia de implementar medidas que prevengan el aprovechamiento del cargo público para beneficio personal como el Plan Nacional Anticorrupción 2012-2016 y reformas específicas en estas instituciones.

Sobre el pago de coimas en instituciones o servicios públicos, el Barómetro Global de la Corrupción 2013 revela también que el 44 por ciento de los encuestados refirió haber pagado un soborno en la Policía.

Otro 32 por ciento indica que se vio obligado a hacerlo en el Poder Judicial; el 13 por ciento, al efectuar trámites para obtener registros y permisos; el 12 por ciento, por la propiedad de la tierra; y el 11 por ciento, por servicios educativos.

Entre las razones más frecuentes que mencionan para el pago de un soborno están: agilizar un trámite (43 por ciento), como única forma de asegurar que el servicio termine con éxito (34 por ciento).

En el primer caso, Proética explica que el pago de un soborno está vinculado con lo lento de los procesos en las instituciones públicas, mientras que la segunda respuesta indica la sensación de incertidumbre de que su trámite se vaya a completar.
Bolivia (36 por ciento) y México (33 por ciento) registran las tasas más altas en el pago de coimas; en tanto que Canadá y Uruguay, con 3 por ciento cada uno, son los países donde el pago de sobornos es menos común.

Tres policías muertos por caída de helicóptero en cerro la Moyuna: víctimas de la guerra contra las drogas.

Felipe A. Páucar Mariluz

Traslado a Lima de policías fallecidos al caer un helicóptero en el cerro la Moyuna. Foto Leyenda del Huallaga.
 
Según estimados de especialistas en lucha contra las drogas, desde la década del 90 serían más de 200 los helicópteros caídos en la infructuosa tarea del combate contra las drogas ilícitas y el terrorismo en Colombia, Bolivia, Perú, Estados Unidos, México, Brasil, etc. Se calcula en aproximadamente un millar de policías, militares y civiles muertos y heridos en los accidentes fatales, que en mayoría de las veces las familias no fueron indemnizadas económicamente, mientras un ejército de discapacitados espera por ayuda.

El fatal accidente de un helicóptero asignado a la lucha contra las drogas por el gobierno norteamericano donde perecieron el capitán PNP Ronald Vargas Theran, piloto, Amadeo Loaiza Mercado, copiloto y el SOB PNP Carlos Cercado Pinares, el artillero en la nave tipo UH2H siniestrada en el cerro la Moyuna, trae a colación el debate sobre la eficacia de actual modelo de combate al narcotráfico que prioriza al productor de materia prima en el caso del Perú.

A la hora de evaluar la Guerra Contra las Drogas, la interrogante radica entonces en si todas estas vidas perdidas, todo este dinero usado, toda esta violencia vivida, toda esta corrupción impune, esta formidable erosión de las libertades civiles está, al menos, dando sus frutos. Pues bien, quizá baste con citar la primera frase del informe "Evaluación nacional sobre la amenaza de la droga" en su edición de 2010, informe elaborado por el Departamento de Justicia de EEUU: "En general, ha aumentado la disponibilidad de drogas ilícitas".

Los números no mienten. En el 2007, el precio al detalle de un kilogramo de cocaína pura en las calles estadounidenses era el más bajo jamás registrado; era un 22% inferior al registrado en 1999, año en que se lanzó el Plan Colombia con el objetivo de detener la producción de cocaína en el país sudamericano. Como se conoce en el Perú la lucha se inició en 1979 con el operativo Verde Mar I.

Si bien el terreno sembrado con coca en Colombia ha disminuido un 60% en la última década, los avances tecnológicos en la producción de cocaína han facilitado un aumento de la productividad. El rendimiento por hectárea sembrada ha aumentado en casi dos tercios desde el 2000, como reportara recientemente The Economist.

Así pues, hay menos área sembrada con coca, pero la cantidad de cocaína producida sigue siendo la misma. Más aún, durante el mismo periodo de tiempo la siembra de coca se ha disparado en Perú (donde se ha experimentado un aumento importante) y en Bolivia se habría incrementado un 42%. Según estimados de las Naciones Unidas.

La razón por la que la oferta es tan versátil radica en que la demanda es bastante estable. EEUU sigue siendo el principal consumidor de drogas ilegales. Tan solo en el 2008, más de 25 millones de estadounidenses mayores de 12 años (un 14% de la población) admitieron haber consumido alguna droga ilícita o un medicamento controlado sin prescripción médica. Según el 82% de los estudiantes norteamericanos del último año de secundaria, es "muy fácil" o "relativamente fácil" conseguir marihuana.

Si bien el mercado estadounidense es el más importante, no es el único que cuenta. El consumo de drogas ha ido en aumento en otras regiones, como Europa del Este y Asia Central, incluso en el Medio Oriente. Esto indica que, aun si EEUU lograra controlar el consumo de sustancias ilícitas en su territorio (algo que no ha conseguido en más de 40 años de combate contra las drogas), otras regiones podrían cubrir cualquier laguna en la demanda. Habrá demanda para rato, y, por tanto, también habrá oferta y como es lógico, habrá producción de coca.

La experiencia de Portugal demuestra que hay alternativas. Sin embargo, la despenalización, aunque es un paso en la dirección correcta, no elimina el mercado negro en la producción y comercialización de las drogas. Eso sólo lo logra la legalización.

Al legalizar las drogas, los gobiernos tendrían más control sobre el mercado de estupefacientes; podrían regular y gravar su producción y venta, como ya hacen con el tabaco y el alcohol. Además, el dinero derivado de tales impuestos les permitiría brindar tratamiento a los adictos. Al igual que con la despenalización, la legalización haría posible afrontar de mejor manera el flagelo de la drogadicción, al remover el estigma que pesa sobre los consumidores, según intelectuales y expertos.

Ya no se escucha tanto el argumento de que las víctimas de la guerra contra las drogas son casi siempre delincuentes. Incluso los gobiernos han tenido que abandonar ese raciocinio a medida que grupos de derechos humanos junto con las familias de quienes han muerto o desaparecido se organizaron para presionar y destapar la verdad acerca de lo que ha pasado con sus seres queridos. La creencia de que organizaciones delictivas, algunas veces con ayuda de fuerzas del orden corruptas, están secuestrando personas con capacidades especializadas está ganando credibilidad.

Los estadounidenses están empezando a entender que la prohibición no es una manera efectiva de desalentar el uso de drogas. Pero si se quiere hacer una sociedad más justa, será mejor que no esperemos a que la enorme burocracia gubernamental de EE.UU. que vive de la "guerra" dé un paso al costado. Ellos hacen oídos sordos al mensaje de los que buscan un cambio en la guerra contra las drogas.
El tema de la inseguridad para los pilotos y tripulantes de los helicópteros entregados por la NAS es una realidad en la medida que las maquinas son viejas, muchas de ellas, se asegura son de la segunda guerra mundial. Evo Morales, el presidente de Bolivia, dijo que los 12 helicópteros entregados por estados Unidos son viejos y si deseaba podría llevarse, cuando surgió el problema de la nacionalización de la lucha contra las drogas, algo que el frustrante Ollanta Humala jamás se atrevería a hacer.

Desarrollo alternativo en Cahicoto: pobladores, “Queremos que Carmen Masias venga al Monzón”

Felipe A. Páucar Mariluz



 
Cachicoto expresó rechazo a la caravana de Devida. Policía impide ingresó de pobladores de este centro poblado. No hubo violencia. Foto Leyenda del Huallaga
Gran polémica y discrepancias desde diversos sectores fue lo que generó la denominada “Caravana para el desarrollo” organizado por Devida en el Centro Poblado Cachicoto, hace unas semanas. Las entidades del Estado que participaron ofrecieron servicios e ilustraron sobre la forma como un poblador puede acceder a los programas sociales como Juntos, Qali Warma, programa vaso de leche, entre otros.

Las instituciones y empresas privadas que participaron fueron escasas, algunas municipalidades como la de Leoncio Prado, Dámaso Beraún y Jircan, solo para exponer algunos componentes de los programas financiados por Devida-Usaid que ejecutan en medio de críticas y disconformidad.   

Un cálculo optimista estima en dos mil las personas asistentes en los dos días, entre niños, adolescentes y adultos. Se aseguró que la ‘caravana’ tuvo poca participación y la mayoría de participantes fueron de caseríos aledaños y no del CP Cachicoto. Sin embargo, para la jefa de Devida Carmen Masias asistieron cuatro mil pobladores, para el coronel PNP César Echevarría asistieron entre 5 y 6 mil personas. El jefe de la oficina de Devida Tingo María Juan Luna Linares calificó de exitoso el evento y para el comisionado para la paz y desarrollo Watson Chagua fue ‘histórico’.

La reconocida periodista Flor Chávez directora de un sintonizado informativo en radio La Ribereña aseguró que en los dos días de la caravana habrían asistido entre 1500 y 2000 personas, similar cantidad fue estimada por otros funcionarios que estuvieron en el lugar, mientras que varios jefes de los ronderos manifestaron que hubo poca participación si se hacía un comparativo con otras caravanas donde también participaron.

Un grupo de 80 pobladores de Cachicoto con la alcaldesa de Cachicoto, Carmen Flores y el dirigente campesino Ángel Malpartida fueron a expresar su malestar porque se había dado prioridad a la participación de pobladores de otros caseríos a quienes se les llevó en decenas de vehículos para luego retornarlos en horas de la tarde. También calificaron de engaño para el Monzón a la caravana, porque para ellos no resolvía nada, era “Pan de un día”.

El grupo que intentó ingresar a las instalaciones de la I.E Antoni Raymondi donde se desarrollaba la caravana, fue impedida en un primer momento por un cordón policial, para luego el grupo cumplir con su cometido e ingresar de uno en uno. Solicitaron que una comisión de alto nivel con Carmen Masias al frente fuera hasta el Monzón donde se tendría la participación de la mayoría de los 25 mil pobladores del valle del Monzón tal como ocurrió cuando arribaron Nils Ericson y otros funcionarios de gobierno en la década pasada.    

La Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA), a través de la Oficina Zonal de Tingo María, en coordinación con pocas instituciones públicas y privadas, realizó la “Caravana para el Desarrollo y la Inclusión” como lo denominan, en el centro poblado de Cachicoto,  distrito Monzón, donde después de la erradicación se incrementó la extrema pobreza..

La jornada tuvo por objetivo, en versión oficial, acercar la plataforma de los servicios del Estado en el marco del plan post erradicación de cultivos ilegales de coca. DEVIDA estimó beneficiar a más de cinco mil pobladores de Cachicoto y de otras comunidades como Tazo Grande, Manchuria, río Espino, Soledad, Sachavaca, Camote, pero objetivamente ni remotamente alcanzaron este objetivo.

Con la caravana de Cachicoto, DEVIDA realizó cuatro caravanas en las zonas de Huipoca (Ucayali), Supte, Venenillo y Cachicoto (Huánuco), el presente año. Con estas actividades intentan contribuir al desarrollo alternativo iniciado con la instalación de cultivos como cacao, café y palma aceitera.

En la caravana, el Ministerio de Salud atendió consultas en pediatría, ginecología, obstetricia, odontología, psicología, gastroenterología, cirugía, y se entregó medicinas en forma gratuita.
Mientras que la presidenta ejecutiva de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), Carmen Masías, dijo en medios de comunicación de Lima que en el valle del Monzón cuatro mil personas recibieron diversas atenciones de salud, educación, alimentación, constituyendo esta actividad en la primera del Estado en el valle, información que no se ajusta a la verdad.

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