Felipe A. Páucar Mariluz*
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| Avioneta narco incendiada en Colombia en plena pandemia. Foto cortesía Mindefensa. |
“Estados Unidos ha desplegado masivos recursos en
Latinoamérica para combatir el tráfico de narcóticos, con un ejército de
agentes de la Administración para el Control de Narcóticos (Drug
Enforcement Administration, DEA), además
del trabajo conjunto con otros organismos, como Seguridad Interna y Control
Estadounidense de Inmigración y Aduanas (ICE) y el Comando Sur del ejército
estadounidense. Europa, por otro lado, solo cuenta con un puñado de agregados
policiales o agentes de enlace designados a América Latina y algunos escasos
puestos navales en el Caribe. La presencia europea y la capacidad en
Latinoamérica son mínimas.” InSight Crime.
El Congreso de Estados Unidos publicó un extenso informe
sobre la política de drogas en el continente americano, en el cual establece
una larga lista de recomendaciones para detener el narcotráfico y abordar los
problemas de salud pública creados por el consumo de drogas. El informe
adelanta cómo podría ser la lucha contra las drogas y el crimen organizado
durante la administración del presidente electo Joe Biden.
Fue publicado por la Comisión de Política de Drogas del
Hemisferio Occidental de la cámara baja del Congreso en Washington, el informe
aboga por cambios profundos y sistemáticos en la forma en que Estados Unidos
combate el narcotráfico. Propone, además, una mayor coordinación internacional,
un enfoque más holístico en la formulación de las políticas y una revisión a
las anticuadas penalidades que se imponen a los países que no logran alcanzar
los objetivos anuales.
“Es posible que nunca pongamos fin al tráfico ilegal de
drogas, así como no podemos eliminar el consumo de sustancias”, se lee en el
documento. “Pero podemos manejar mejor estos graves problemas mediante una
estrategia integral”.
El informe recomienda que Estados Unidos establezca
“acuerdos de asistencia extranjera” multianuales desarrollados por los
embajadores con los líderes políticos y de seguridad en los países. Señala que
dichos acuerdos permitirían un mayor intercambio de información, así como mayor
transparencia entre los países y soluciones de mayor costo-beneficio para
asuntos como el crimen organizado, la reforma de la justicia criminal y los
derechos humanos.
Los planes también podrían incluir la sincronización de los
esfuerzos para prevenir las transacciones digitales ilícitas, que, como dice el
informe, están siendo cada vez más utilizadas por los grupos de crimen
organizado para lavar las ganancias de las drogas.
“Lo que un país como Colombia necesita es muy diferente a lo
que uno como México, El Salvador u Honduras podría necesitar”, dijo Shannon
O’Neil, presidenta de la Comisión, al referirse a la propuesta durante un
encuentro sobre el informe realizado el 3 de diciembre de 2020.
“En ese sentido, permite ahorrar dinero y evita poner en
marcha políticas que son poco eficaces para un contexto en particular”, agregó.
El informe rechaza los enfoques tradicionales para la
formulación de políticas antidrogas, que hasta el momento han demostrado ser
limitantes, y propone no sucumbir a disyuntivas falsas como “seguridad pública
versus salud pública”, que, recalca el informe, pueden obstaculizar estrategias
más eficaces, holísticas y multifacéticas. El informe hizo uso extensivo de las
investigaciones y análisis propios del grupo investigativo InSight Crime.
Lo que deben hacer los diseñadores de políticas, continúa el
informe, es tomar los mejores aspectos de ambos lados del debate: seguir
invirtiendo en estrategias tradicionales, como el financiamiento a la formación
de los policías y la destrucción de laboratorios de drogas, pero
complementarlos con planes para mejorar la salud pública, los derechos humanos
y el desarrollo económico alternativo.
Todo esto requeriría la unión de la comunidad internacional
e involucrar al sector privado con el fin de discutir formas creativas para
generar cambios a largo plazo, puntualiza el informe. Por ejemplo, menciona la
titulación de tierras en zonas rurales donde el cultivo de coca está creciendo.
Al otorgar títulos de tierras, los agricultores pueden acceder al crédito y a
los servicios gubernamentales, y de esta manera atraer inversiones es que les
permitan alejarse de los cultivos ilícitos. Lo que no dice el informe que el
financiamiento de capital de trabajo es casi nulo por negligencia de los
gobiernos.
El informe también insta a que los funcionarios revisen lo
que se conoce como el proceso de certificación y clasificación, mediante el
cual la Casa Blanca publica una lista anual de países productores y de tránsito
que han “evidentemente fracasado” en la lucha por detener los delitos
relacionados con las drogas. Los países que aparecen en la lista pueden recibir
sanciones como castigo, aunque esto es poco común.
Este proceso equivale a una lista de “buenos y malos”, como
se lee en el documento, con una teatralización que aliena innecesariamente a
los socios latinoamericanos y no logra evitar la corrupción. El proceso también
ha sido señalado de tener motivaciones políticas, como dice el informe, dado
que a veces algunos aliados estadounidenses quedan por fuera de la lista sin
las debidas explicaciones.
La felicidad entre funcionarios de Devida y el Mininter parecen indicar que la lucha contra las drogas es una estrategia fallida con resultados manipulables a conveniencia. Foto Devida.
El informe contiene recomendaciones acertadas que se habían
quedado en el tintero durante mucho tiempo, y que, si se aplican correctamente,
podrían mejorar los problemas de narcotráfico y consumo de drogas que
actualmente son endémicos en América Latina y Caribe.
En primer lugar, el informe refiere viejos debates entre
disyuntivas falsas como “seguridad pública versus salud pública”, dos
estrategias que solo tienen sentido si se aplican juntas.
No podemos controlar el suministro de drogas nocivas sin
reducir a la vez la demanda, y no podemos detener la demanda si no se limita
también la oferta.
En Colombia, por ejemplo, la fumigación aérea de cultivos
ilícitos de coca es costosa y aliena a las comunidades rurales. Sin embargo,
los esfuerzos de erradicación de la coca pueden cumplir un papel como parte de
una estrategia más amplia para abordar el asunto si se combinan con “incentivos
positivos”, como la construcción de carreteras y el aumento de las
oportunidades agroindustriales para ayudar a los cultivadores en la transición
a la economía legal.
“No podemos controlar el suministro de drogas nocivas sin
reducir a la vez la demanda, y no podemos detener la demanda si no se limita
también la oferta”, puntualiza el informe. Esta afirmación da directamente en
el clavo.
En segundo lugar, las acciones de buena fe coordinadas por
Estados Unidos, como sugiere el informe, son en general positivas, ya que se ha
demostrado los buenos resultados de los trabajos de coordinación actualmente en
marcha. A pesar de que padecen de muchas deficiencias, los trabajos en conjunto
con Estados Unidos han dado lugar a una reforma legítima de la justicia
criminal y a una recuperación económica de la que otros países podrían
beneficiarse.
En México, por ejemplo, la Iniciativa Mérida parece haber
ayudado a disminuir las tasas de homicidios como resultado de una reforma
policial apoyada por Estados Unidos, como indica el informe. La aplicación de
estrategias similares —mejoradas con base en errores previos— podría ser
constructiva si se diseñan según las necesidades específicas y el contexto
sociopolítico de cada país. Al menos, esto sería más rentable que muchos de los
esfuerzos que se adelantan actualmente. Pero, el informe omite la realidad
escalofriante que vive México con las mafias organizadas de la droga que han
convertido a varios estados en verdaderos escenarios de guerra con numerosas
muertas y el terror como amenaza permanente de violación de los derechos
humanos.
Por último, la decisión del informe de rebatir la eficacia
del proceso de certificación y clasificación en temas de drogas podría crear un
cambio profundo en la lucha internacional contra el narcotráfico. Incluir a un
país en la lista de los que han “fallado evidentemente” se presenta como una
amenaza, y entorpece innecesariamente las relaciones con los países, que de
hecho ya son frágiles. También hace que Estados Unidos parezca poco comprensivo
con las necesidades de la región, y que se interesa solo por mantener el
control del panorama político.
Tal vez el mejor ejemplo de esto último es Bolivia, que ha
aparecido en la lista cada año desde 2008, cuando el expresidente Evo Morales
expulsó al embajador y a la Administración para el Control de Drogas de Estados
Unidos, DEA.
Si bien Estados Unidos tenía y tiene razones para dudar por
el manejo del cultivo de coca en el país, como la implementación de un mercado
legal de coca a nivel nacional, su decisión de incluir a Bolivia en la lista en
un momento en que Perú y Colombia estaban produciendo mucha más coca se vio
como algo políticamente motivado, y puso más distancia entre los dos países.
Perú, es otro país que sufre los efectos de la ‘guerra
contra las drogas’ mediante políticas punitivas y meramente represivas, que
tienen en el denominado Programa de Desarrollo Alternativo Sostenible una
zanahoria para mitigar en algo el palo que se utiliza contra los agricultores
productores de la materia prima para la cocaína. Los informes muestran cientos
de millones de soles supuestamente invertidos en las cuencas cocaleras pero el
desagregado de esas inversiones o gastos no se conocen al detalle. Los alcaldes
son parte de este tinglado oscuro y falso al defender los escasos recursos que
intermedian entre Devida y los supuestos excocaleros beneficiarios.
Efectos de la COVID-19 en la producción y mercados de
drogas.
Al culminar el año 2020, un año para no olvidar, se puede
afirmar con certeza que la pandemia mundial de COVID-19 ha sumido al mundo en
una crisis sin precedentes. En muchos países la enfermedad ha llevado al límite
la capacidad de los proveedores de servicios de salud, y las restricciones
impuestas por los Gobiernos han perturbado considerablemente la economía
mundial.
En lo que respecta a los mercados de drogas, se desconoce
aún cuál ha sido el impacto de la pandemia y es difícil predecirlo, pero podría
ser de gran alcance. Las restricciones a la circulación limitaron el acceso a
los precursores y las sustancias químicas esenciales, por lo que algunos
productores pudieron verse obligados a buscar nuevas formas de fabricar drogas.
Es posible que los traficantes tuvieran que encontrar nuevas rutas y métodos,
ya que las restricciones a los viajes les impiden cruzar fronteras, mientras
las cuarentenas al interior de los países casi paralizaron la estructura de
acopio y mercadeo. Los hábitos de consumo y la disponibilidad de las drogas
pudieron cambiar, y la capacidad de respuesta de los Gobiernos se vio mermada.
La transformación que ha traído consigo la COVID-19 no tiene
precedentes, pero se puede aprender algo de las crisis anteriores. Tras la
crisis económica de 2008, algunos consumidores comenzaron a buscar sustancias
sintéticas más baratas y se produjo un cambio en los hábitos de consumo en
favor de las drogas inyectables. Mientras tanto, los Gobiernos recortaron los
presupuestos relacionados con las drogas, lo mismo sucedió con esta pandemia.
La droga sintética que desplaza a la cocaína y morfina, en unos años podría reemplazarlo, entonces podría decirse que estaría cerca el adiós a la coca y la cocaína. Foto Conadic.
Los Gobiernos respondieron del mismo modo a la actual crisis
económica, las intervenciones, como la prevención del consumo de drogas y los
comportamientos de riesgo conexos y los servicios de tratamiento, podrían
sufrir un duro golpe. Además, las operaciones de incautación y la cooperación
internacional pasaron a un segundo plano, lo que facilitó las operaciones de los
traficantes.
Lo que podría explicar las voluminosas incautaciones de
cocaína en operativos multinacionales realizadas en la costa de Venezuela, en
España, Bélgica, Estados Unidos, Colombia, Ecuador, Brasil, entre otros países.
El mayor impacto inmediato en el tráfico de drogas se
produjo en los países en los que se introducen grandes cantidades de drogas en
vuelos comerciales. Las drogas de síntesis, como la metanfetamina, son
transportadas por correos en el interior del organismo u ocultas en el equipaje
personal, a veces en grandes cantidades. Habida cuenta de las restricciones que
se imponen prácticamente en todas partes al tráfico aéreo de pasajeros, el
abastecimiento de drogas mediante vuelos comerciales pudo interrumpirse por
completo durante varios meses. Las actividades de tráfico a través de la red
oscura y por correo postal pudieron aumentar, aunque la cadena de suministro
postal internacional también se vio afectada.
La recesión económica y las medidas de confinamiento podrían
haber perturbado los mercados de drogas. Con el aumento del desempleo y la
falta de oportunidades será más probable que las personas pobres y
desfavorecidas caigan en hábitos nocivos de consumo de drogas, sufran
trastornos por consumo de drogas y recurran a actividades ilegales –bien de
producción, bien de transporte– vinculadas a las drogas. Asimismo, es probable
que las organizaciones que se dedican al tráfico de drogas se aprovechen de la
situación para prestar servicios a las personas vulnerables y engrosar sus
filas con nuevos miembros. Dado que los Gobiernos han perdido capacidad de
respuesta, esos cambios podrían arraigar rápidamente y convertirse en la nueva
realidad de muchas comunidades.
El impacto podría ser comparable a la crisis económica de
2008, que creó múltiples problemas económicos y políticos que afectaron a los
productos agrícolas de agroexportación principalmente en lo que respecta a la
producción, comercialización, transporte, precios y nuevas exigencias sobre
calidad de los productos (café, cacao, banano, etc.) por parte de los
consumidores.
Una realidad que abruma es: el narcotráfico globalizado, el
crimen organizado globalizado, la violencia globalizada, males para los que la
traumática experiencia del 2020 no parece afectarles si se tiene en cuenta los
indicios de lavado de dinero en el comercio y las finanzas, que en la mayoría
de veces están a la vista, pero que los organismos e instituciones de
inteligencia no perciben o simplemente no les interesa prevenir o controlar.
(Fuente: Global initiative, InSight Crime, Opendemocracia, ONUDC, ONDCP, OMS,
OPS, El País, archivos Leyenda del Huallaga).
*) Ingeniero
agrónomo – Periodista investigador.
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