Crisis en la Amazonía: La Trascendencia del VIII Foro Panamazónico

La marcha del Fospa por derechos y reivindicaciones. Foto cortesía.

La crisis ambiental, ecológica y forestal en la Amazonía tiene casi un siglo, pero es desde la década de 1920, según estudios y análisis, que se acelera el proceso destructivo de la flora y fauna, la biodiversidad y por extensión la calidad de vida humana en la ubérrima región esperanza del mundo.

La selva amazónica es la mayor extensión de bosque primario del mundo, y solo en Brasil alberga a más de 24 millones de personas y de cientos de miles de indígenas.

La selva es esencial para la supervivencia de millones de habitantes, suministrando comida, agua, hogar y medicinas, y jugando un papel fundamental en su crecimiento y desarrollo.

Se estima que es el hábitat de la tercera parte de las todas especies terrestres o de agua dulce que se conoce. De hecho, la cuenca del Amazonas es uno de los lugares más ricos en flora y fauna del planeta debido a que alberga aproximadamente 40 mil especies de plantas, 427 de mamíferos, 1.294 de aves, 378 de reptiles, 426 de anfibios y unas 3 mil especies de peces.

La cuenca del Amazonas cubre una superficie de aproximadamente 6,5 millones de Km2.,  en 9 países de Latinoamérica, lo que representa el 5% de la superficie de la Tierra. Es el hogar del sistema fluvial más grande del planeta, conteniendo aproximadamente una quinta parte del volumen mundial total de agua que se consume.

El 63% de la cuenca del Amazonas (4,1 millones de Km2) se encuentra en Brasil. Hasta la fecha, la deforestación ha provocado la pérdida de 700.000 Km2 , un área equivalente a dos veces la superficie de Polonia. Sólo en las últimas tres décadas ha desaparecido el 18% de selva amazónica.

En el VIII Foro Social Panamazónico, FOSPA, que se realizó en la ciudad de Tarapoto, del 28 de abril al 01 de mayo de 2017 participaron 1,500 personas y organizaciones de varios países, que entre reflexiones, compartir experiencias y propuestas desde sus diversos saberes,  aportaron para fortalecer la defensa y el cuidado de la Amazonía, sus comunidades, especies y derechos.

Antonio Martín Manchi un líder indígena que junto a su organización participó del FOSPA, habló sobre los principales problemas que viven desde las comunidades y pueblos, como la actividad extractiva, la deforestación total, las migraciones, las invasiones de tierras en territorios comunales, las concesiones petroleras, mineras, la contaminación de los ríos y los monocultivos. Ante esta dura realidad buscan impulsar la creación de conciencia en seguridad territorial que garantice el desarrollo.

“Queremos que el gobierno titule las tierras, que respete nuestro territorio. Queremos impulsar una economía desde la mirada más autóctona de los cultivos y dejar lo transgénico. Cuando hablamos de territorio hablamos también de salud, educación, cultura, economía, es todo… estamos en un estado de derecho y como pueblos necesitamos que nos respeten, así como nosotros lo hacemos”. Su intervención fue reconocida y aplaudida.

Acuerdos y conclusiones del FOSPA 2017. Fuente Signis.

Al finalizar el VIII FOSPA se dio lectura a la Carta de Tarapoto, que resume las principales conclusiones a las que arribaron las 9 mesas de trabajo. Esta carta será una guía que orientará el trabajo de las organizaciones e instituciones involucradas en el Foro Social Panamazónico.

“Los pueblos amazónicos y andinos reunidos en el VIII Foro Social Panamazónico reafirmamos nuestro compromiso con la vida y la naturaleza, convocando a construir y fortalecer una gran alianza de los pueblos basada en el reconocimiento y respeto de nuestra diversidad y convicciones, pero también de nuestros disensos. Siguiendo el camino trazado de los Foros Sociales Panamazónicos el llamado a la lucha y la resistencia continúa”, expresa. Estos son algunos de los compromisos y acciones de dicha carta:

Construir nuevos paradigmas a partir de las propuestas de vida plena, buen vivir, vivir bien, autogobiernos territoriales, etc., que levantan, entre otros, los pueblos originarios amazónicos y andinos.

Exigir a los estados que las políticas y normas nacionales se adecuen a las leyes internacionales sobre derechos de los pueblos indígenas, amazónicos y andinos.

Denunciar y luchar contra la corrupción relacionada con el modelo extractivista y los mega proyectos de explotación en la Amazonia y el Ande.

Fortalecer la articulación y la unidad de las organizaciones sociales, indígenas, amazónicas y andinas, de mujeres, afro-amazónicos, comunidades, sectores académicos y otros movimientos sociales.

Exigir el reconocimiento de los derechos colectivos de los territorios comunales y territorios integrales, a partir de la diversidad territorial y de los escenarios sociales que existen en la Panamazonía. Valorar los saberes, conocimientos y prácticas de los pueblos.

Reconocer y fortalecer las identidades andino amazónicas, producto de un rico y complejo intercambio que ha dado lugar al fortalecimiento de la cultura de nuestro pueblo.

Exigir a los Estados que garanticen el derecho a la comunicación, democratizando -de manera efectiva- los medios y las tecnologías de comunicación.

Exigir el fin de todo tipo de violencia contra las mujeres, tanto en las comunidades como fuera de ellas.   En especial, contra las mujeres defensoras de derechos. El FOSPA adopta como suyo el “Tribunal de los Derechos de las Mujeres”.

Defender a los pueblos en aislamiento y contacto inicial. Los Estados deben respetar su derecho al aislamiento, reconocerlos, demarcar y proteger sus territorios y garantizar su naturaleza transfronteriza.

Exigir el reconocimiento de nuestra acción en la educación comunitaria intercultural, como expresión del respeto a las culturas amazónicas y andinas y la construcción de una ciudadanía intercultural.

Promover nuevas relaciones entre lo urbano-rural, campo-ciudad, generando y promoviendo el consumo responsable basado, entre otros, en la agricultura ecológica.

Promover la agroforestería ecológica y la gestión sostenible del bosque andino amazónico, desde las organizaciones indígenas, para la seguridad y soberanía alimentaria.

Recuperar productos y especies nativas a través del intercambio de semillas y cultivos dentro de las comunidades, entre ellas y la población en general.

Reivindicar y fortalecer las identidades de los pueblos amazónicos y andinos, recuperando el uso de las lenguas originarias.

Incorporar a los sabios y sabias, ancianos y ancianas como fuente de saberes acumulados históricamente que orientan y defienden la identidad de los pueblos amazónicos y andinos.

Impulsar la vigilancia y el monitoreo ambiental participativo, desde las organizaciones locales, para prevenir la afectación de derechos y el incremento de los conflictos que genera el extractivismo.

Acudir a la justicia internacional para buscar sanciones contra empresas multinacionales violadoras de derechos. Proponer e impulsar instrumentos políticos para ello.

El FOSPA se solidariza con los pueblos afectados por las guerras, la intervención de sus territorios y la criminalización de la protesta de los defensores y defensoras de derechos, que les obliga a abandonar sus territorios. (Con aportes de Signis, Repam y Comisión Organizadora).

En Tocache clausuran diplomado en educación ambiental para docentes.

Existe la necesidad que los gobiernos local y regional asuman el reto de formar profesionales para la educación y concientización en el conflicto hombre – naturaleza en grave crisis. Foto Leyenda del Huallaga.

La Universidad Nacional Agraria de la Selva, Prodatu II y la Ugel Tocache, coordinaron y desarrollaron el Diplomado en Educación Ambiental para Docentes que se impartió en 6 meses, desde julio a diciembre y tuvo como activos participantes a 30 docentes en educación primaria y secundaria de los 5 distritos de la provincia de Tocache, departamento de San Martín.

En la ceremonia de clausura estuvieron presentes el Ingeniero Hugo Huamaní Yupanqui coordinador del diplomado, el Ingeniero Gilberto Medina de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional Agraria de la Selva entidad responsable del dictado de los cursos y talleres, el Ingeniero Alexander Vergaray en representación del Prodatu II que financió el diplomado, la docente Luz María Rengifo de la Ugel Tocache encargada de acreditar la participación de los docentes y 27 de los 30 docentes que culminaron exitosamente el diplomado con la presentación de una monografía.

Como consecuencia del Cambio Climático y el cumplimiento de las Metas del Milenio en materia ambiental se requiere que los profesionales de la educación y de otras áreas tomen conciencia que para el mantenimiento de la vida, así como para asegurar el desarrollo de la sociedad, la ciencia y la técnica, se requiere disponer y cuidar de un gran número de recursos renovables y no renovables, como el suelo, las plantas, los animales, el agua y el aire y así como los recursos no renovables; los combustibles y los minerales. La protección de todos estos recursos resulta de la mayor importancia para el desarrollo de la sociedad.

Sin embargo conocemos que la actuación del hombre ha puesto en peligro los recursos renovables, y ha ocasionado que se agoten los no renovables, aunque se tenga la falsa impresión que la atmósfera, las aguas y los suelos parecen tan vastos que resulta difícil creer que el comportamiento de los seres humanos pueda llegar a afectarlos.

La población aumenta constantemente; cada vez hay más edificios, más vehículos, más industrias, más polvo, más desperdicios, más ruido y, en peligroso contraste para la supervivencia del hombre a largo plazo, cada vez hay menos campos agrícolas, menos árboles, menos animales; cada vez es más difícil encontrar el agua dulce de calidad, alimentos frescos, combustibles y minerales.

Entonces, el interés por la protección del medio ambiente está centrado en la salud y el bienestar del hombre, el cual es el agente causante fundamental de la continua degradación del medio y, al mismo tiempo, la víctima principal. La ignorancia sobre esta amenaza lleva a las instituciones educativas y promotoras de desarrollo a formar profesionales que puedan asumir la tarea de transmitir conocimientos a niños y jóvenes.

Porque de la adopción de una actitud consciente ante el medio que nos rodea, y del cual formamos parte indisoluble, depende en gran medida de la enseñanza y la educación de la niñez y la juventud. Por esta razón, corresponde a la pedagogía y a la escuela desempeñar un papel fundamental en este proceso.

Desde edades tempranas debe inculcarse al niño las primeras ideas sobre la conservación de la flora, la fauna y los demás componentes del medio ambiente. El maestro debe realizar su trabajo de manera que forme en los estudiantes, respeto, amor e interés por la conservación de todos los elementos que conforman el medio ambiente. En la escuela y en el hogar debe forjarse esta conciencia conservacionista del hombre del mañana.

El niño crece y se desarrolla bajo la influencia de un complejo proceso docente-educativo, en el que la escuela cumple un encargo social que tiene el objetivo de que el futuro ciudadano reciba enseñanza y educación, y se integre a la sociedad en que vive de una manera armónica, formado política e ideológicamente en correspondencia con los principios de nuestra sociedad.

En este sentido hay que educar al niño, adolescente y jóvenes  para que ocupen el lugar que le corresponde en la naturaleza, como elemento componente de esta. Él debe comprender que es parte integrante del sistema ecológico y que, como tal, tiene deberes que cumplir.

Las plantas, los animales, el suelo, el agua y otros elementos, son indispensables para la vida del ser humano, por lo que resulta un deber ineludible para todos conservar estos recursos naturales básicos. La responsabilidad en la protección del medio ambiente y los recursos naturales y artificiales, es finalmente de todos.

La formación y el desarrollo de hábitos correctos en los estudiantes, en lo concerniente a la protección del medio ambiente en la escuela y sus alrededores, contribuyen a vincular la teoría con la práctica y a familiarizarlos con estas tareas y exigencias a escala local.

Esto facilita que comprendan la importancia de la protección del medio ambiente y sus distintos factores, a nivel regional y nacional, y cómo una sociedad puede planificar y controlar la influencia del medio ambiente en beneficio de la colectividad.

Estas conclusiones se obtienen de las respuestas que dieron un grupo de docentes a las preguntas: ¿Cuál cree es el origen de la crisis ecológica?, ¿Cuáles son los principales contaminantes en la provincia de Tocache? Y ¿Cómo replicar en los alumnos los conocimientos recibidos en el diplomado?

Por ejemplo, para el docente Rolin Palacin León del caserío Nuevo Horizonte en el distrito de Nuevo Progreso, el diplomado fue muy importante porque permitió a los docentes mejorar y afianzar conocimientos para replicarlos en las aulas con mayor solvencia; de esta manera, dijo, contribuiremos a evitar que se siga talando los bosques en forma indiscriminada, quemando los campos, arrojando los desperdicios y aguas servidas a los ríos, es decir, formar una cultura de respeto a la ecología y el medio ambiente.

En la ceremonia de cierre el Ingeniero Hugo Huamani agradeció la participación de los docentes al tiempo de invocarles replicar los conocimientos adquiridos. El Ingeniero Gilberto Medina se refirió a la importancia que ha adquirido en el mundo el cuidado del medio ambiente, al extremo que en Estados Unidos se ha prohibido la construcción de grandes represas y centrales hidroeléctricas porque destruyen la ecología y el medio ambiente.

El Ingeniero Alexander Vergaray puso énfasis en los objetivos del Prodatu II, mientras la docente María Rengifo Torres manifestó su satisfacción por contar en su provincia con 30 docentes especializados en temas ambientales.

Entrevistado el alcalde de Uchiza, Luis Escalante Mosquera, manifestó que 7 de los docentes que participaron del diplomado pertenecen a su distrito y estos profesionales serán tomados en cuenta en los programas y proyectos que impulse su municipalidad, de igual forma en la réplica de conocimientos en beneficio de los estudiantes, agradeció a la UNAS, a la Ugel Tocache y al Prodatu II por haber apostado por un diplomado en educación ambiental.

Palmicultura y pobreza: La verdad se revela en II Congreso de la Palma aceitera

Felipe A. Páucar Mariluz.

La mayoría de asistentes al II Congreso de Palma aceitera fueron profesionales y estudiantes de la UNAS. Foto Leyenda del Huallaga.



Al cierre del II Congreso de la Palma Aceitera en la ciudad de Tingo María, surgieron voces discrepantes de aquellas que presentaban al cultivo de la palma aceitera como un cultivo alternativo a la coca que generaba bonanza económica en las familias que la explotaban en Huanuco, San martín y Ucayali.

Hasta el sábado en la tarde, las versiones e informes oficiales daban cuenta que una agricultor con 3 hectáreas de palma aceitera podía vivir bien con una economía que les permitía abandonar la pobreza generada por el cultivo de la coca.

Fue la representante del gobierno regional San Martín, ingeniera Marisol Ramírez Fasanando, quien con franqueza describió una realidad distinta, “En (Pongo) Cainarachi, donde los palmicultores tiene en promedio 2.5 hectáreas, el agricultor no vive de la palma, sino que la palma vive del agricultor, es por eso que estamos trabajando una segunda etapa para incrementar el número de hectáreas por cada palmicultor.” Aseguró, dando a entender que el proyecto financiado y desarrollado por Naciones Unidas en su primera etapa había sido un fracaso.

También el representante del gobierno regional Ucayali, ingeniero Miguel Sánchez Toledo, dijo que un agricultor con 5 hectáreas de palma aceitera estaba entre bien y mal, por lo que aseguraba que la tendencia era que cada agricultor tuviera mas de 10 hectáreas y con cifras demostró que la utilidad por hectárea es variable y está en función a la productividad y precios, que en los últimos meses habían caído.

Al momento de elaborar las conclusiones y recomendaciones participaron varios líderes y directivos de empresas de palma, uno de ellos llegó a decir que en Padre Abad, se estaba gastando un millón de soles para cursos de capacitación intrascendentes y de poca utilidad, por lo que consideraba, se debía investigar todo el dinero que el programa de desarrollo alternativo había destinado a la palma aceitera, porque muy poco había llegado a los agricultores.

Al momento de dar lectura a las conclusiones, el presidente de la Conapal, Ledgard Arévalo Díaz, dio a conocer que los organizadores lamentaban y mostraban su extrañeza por que ninguna de las autoridades consideradas en el programa como invitados y expositores habían asistido, enviando a sus representantes, lo que indicaría el poco interés en el evento que concentró a más de 700 participantes y una especie de desplante a los palmicultores y expositores internacionales asistentes.

Otro aspecto que se reveló en el Congreso fue que las pequeñas y medianas plantas de obtención de aceite bruto están incurriendo en grave atentado medioambiental, al verter las aguas utilizadas en el proceso industrial a los ríos o riachuelos o por tener pozas de oxidación precarias que contaminaban el agua del subsuelo, práctica prohibida en Colombia y otros países donde se utilizan los biodigestores para eliminar todos los desechos del proceso de extracción del aceite del fruto de la palma.

En el Perú se hace necesario un censo de los cultivos de palma aceitera, opinó un dirigente, porque cada institución u organización sea de base o de gobierno u ONG, tiene sus propias cifras, en función a sus intereses, que no necesariamente tienen relación con la realidad del campo.

Según el ministerio de agricultura existen 56 mil hectáreas de cultivos de palma en producción, sin embargo para el funcionario del Grupo Palmas del Grupo Romero, Héctor Dongo, existen cerca de 60 mil hectáreas y solo 23 mil en producción, igual sucede con los niveles de producción que van desde 8 a 30 toneladas por hectárea. Mientras otros aseguran que son un poco más de 45 mil has.

En el caso de la comercialización se hizo poco o nada a nivel de pequeños y medianos productores, quienes no saben cómo, cuándo y a que precio venden su producción los gerentes o dirigentes de sus empresas y es por ello las bajas utilidades que obtienen cada año.

En suma, si bien el Congreso de Palma, abarcó muchos temas, incluso en exceso para ser un Congreso y que derivó en algunos momentos en un gran caos organizacional, tuvo el beneficio de que algunos funcionarios y dirigentes se atrevieron a decir su verdad, una verdad que desde hace tiempo lo venimos señalando, en el sentido que el desarrollo alternativo con el cultivo de palma aceitera promovido por el gobierno nacional, regional, local o la cooperación internacional tuvo fallas sustanciales que llevaron a que los palmicultores de las organizaciones sociales estén hoy desconcertados y pobres, igual o peor a como estuvieron cuando eran cocaleros. (Continuará)

¿La herencia del Plan Colombia?: Santos 'No permitiremos más masacres ambientales'

Por: Elespectador.com

El mandatario denunció que en los últimos 20 años se han talado más de 6 millones de hectáreas de bosques en el país.

Foto: Presidencia de la República

Juan Manuel Santos en el marco del lanzamiento de la política forestal de su Gobierno.

Más de seis millones de hectáreas de bosques, que representan el 10% de la cobertura boscosa de Colombia, fueron taladas durante los últimos 20 años en el país, dijo el presidente Juan Manuel Santos en el marco del lanzamiento de la política forestal de su Gobierno.

Por eso, el mandatario de los colombianos aseguró este jueves que su Gobierno no permitirá masacres ambientales en el país, como las que se han presentado en las últmas dos décadas.

“Ya lo he dicho, y hoy lo repito aquí con todas sus letras: No podemos seguir permitiendo esta masacre ambiental”, afirmó el Jefe de Estado durante el acto de presentación de la Política Forestal del Gobierno, en la Casa de Nariño.

De acuerdo con Santos, la Política Forestal ayudará a hacer realidad el compromiso de impulsar y potencializar la reforestación en el país. “El tema forestal tiene todo que ver con este tema, porque la reforestación puede ser nuestro gran protector frente a futuras olas invernales como la que acabamos de sufrir”, expresó el Mandatario.

Entre 2005 y 2010 se perdieron aproximadamente unas 240 mil hectáreas de bosques anuales. “¡Esto equivale a decir que cada año se tala un área casi cercana a la totalidad del departamento del Atlántico!”, indicó el Jefe de Estado. En ese sentido, hizo un llamado a los colombianos para “no seguir permitiendo que se acabe ese gran tesoro que tenemos, y que nos convierte en un país privilegiado”.

Reveló que el año pasado, sólo entre septiembre y diciembre –en la segunda temporada invernal– se presentaron cerca de 190 deslizamientos de tierra, un promedio de casi tres diarios en distintos lugares del país. “En estos deslizamientos, la deforestación tiene buena parte de la responsabilidad, pues sin árboles hay erosión, y esa erosión da lugar a tierras frágiles que terminan derrumbándose”, añadió Santos.

Finalmente, recordó que así como el Gobierno Nacional emprendió una cruzada contra la minería ilegal, también se ha incluido como un objetivo estratégico la lucha contra el tráfico ilegal de madera, que en Colombia es del 42 por ciento, según el Banco Mundial.

“Nuestra meta es asegurar que toda la madera que se extraiga, se comercialice y se utilice provenga exclusivamente de fuentes legales. Y esto lo vamos a lograr, precisamente, con esta Política Forestal”, concluyó el Presidente de la República.

Tomado de:
http://www.elespectador.com/especiales/medio-ambiente/articulo-323253-no-permitiremos-mas-masacres-ambientales-santos

Hugo Cabieses: Producción y comercio de drogas afecta la región amazónica.

Felipe A. Páucar Mariluz.

Policía andina coordina estrategia conjunta para combatir las drogas y preservar el medio ambiente. Foto difusión

El estudioso en temas de coca y narcotráfico y ex asesor de campesinos productores de coca, Hugo Cabieses, esta mejor posicionado en el gobierno que su amigo de ‘luchas’ Ricardo Soberon, en el ministerio del ambiente sin embargo existen tantos problemas que pronto la jauría anticoca le apuntará al cuello, por lo pronto reproducimos parte de un informe de InfoSur donde emite opinión y deja traslucir un sesgo de posible incomodidad frente al cultivo de la coca.

“De los 20 millones de hectáreas de tierra deforestada en Perú, tres millones han sido perdidas por el cultivo de hoja de coca que se utiliza para fines ilegales”, afirmó Hugo Cabieses Cuba, Viceministro de Desarrollo Estratégico de Recursos Naturales del Ministerio del Ambiente de Perú.

Actividades relacionadas con el narcotráfico y la minería ilegal han transformado al menos 18.000 hectáreas de selva en desierto, entre las que se incluyen tierras indígenas, en la región amazónica Madre de Dios. El gobierno peruano se encuentra decidido a reducir el daño que provocan los narcotraficantes en el ecosistema de la región amazónica.

Según un estudio realizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP) y la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), entre 2000 y 2005 se deforestaron 5,8 millones de hectáreas.

Brasil perdió la mayor parte de tierra durante ese período, ya que se erradicaron 68 millones de hectáreas de selva, lo cual representa el 79,5% del total de la tierra deforestada. En Perú, la cifra de deforestación alcanzó el 8,2%, seguido por Bolivia (5,3%) y Colombia (3,4%).

Además del daño ocasionado por los narcotraficantes, existen otras acciones dañinas que afectan el frágil ecosistema de la región amazónica, como la tala ilegal, la minería informal y la modificación el uso del suelo para la agricultura, según el ministerio del Ambiente.

“cambiar la forma en que el suelo amazónico es utilizado para la agricultura es un proceso de ocupar territorio que modifica la vegetación amazónica, sin respetar sus características físicas, químicas y ecológicas”, afirmó.

Cabieses añadió que muchas veces se talan árboles y se entregan a contrabandistas de madera. Una vez que se ha despejado el suelo, los traficantes plantan la hoja de coca. Esta hoja, ingrediente fundamental que se utiliza en la producción de cocaína, se vende en cantidades de 11 kilogramos a US$ 60.

“Que cada año se arrojan grandes cantidades de desechos químicos, como querosene, ácido sulfúrico y acetona, a ríos y lagos”, indicó José Álvarez Alonso, biólogo del Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana. Álvarez dijo que la producción de droga en pozos de maceración contribuye a la erosión de los suelos, la obstrucción de ríos y la escasez del agua.

“Todo esto está afectando a las comunidades locales, quienes comen los peces que habitan en los ríos donde se arrojan estos productos”, dijo Álvarez. “Los narcotraficantes tratar de aumentar la producción utilizando grandes cantidades de productos agroquímicos y esto es letal para la fauna nativa.”

José Álvarez Alonso, especialista del Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana, señaló que los narcotraficantes están generando varios inconvenientes en sus comunidades. “El impacto se da en el medio ambiente y es tanto económico como social.”

El daño es aún mayor si se considera que solamente el 46% de la población amazónica tiene acceso a agua potable, según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP). El UNEP advierte que el agua que tiene como fin el consumo humano está contaminada porque el 70% de los desechos sólidos se encuentran sobre la superficie, haciendo imposible que se pueda controlar la liberación de gases y líquidos tóxicos.

En Perú hay cerca de 60 áreas naturales en la Amazonia, donde está prohibido el uso de recursos existentes para fines no científicos. Los narcotraficantes se han apoderado de cerca de 6.259 hectáreas en al menos 16 de estas reservas, según el Ministerio del Ambiente.

“La estrategia del Ministerio del Ambiente será involucrar a las comunidades y a la gente que vive cerca de las áreas protegidas, para poder reunir 32.000 voluntarios para estos bosques y parques”, puntualiza Hugo Cabieses. (Con información Infosur).

Colombia. Movilización indígena contra espiral guerrera

Por Constanza Vieira

Pancarta del Centro de Educación, Capacitación e Investigación para el Desarrollo Integral de la Comunidad (Cecidic), de Toribío. Crédito: Gentileza del Cecidic

BOGOTÁ, 22 jul (IPS). El poderoso Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), en el sudoeste de Colombia, convocó una minga (trabajo colectivo para el bien común) para poner "freno a la militarización promovida por el ejército y las FARC", la añeja guerrilla izquierdista que el 9 de este mes atacó seis pueblos nativos.

"Con la minga salimos, pero no sabemos cuándo regresamos", dijo a IPS el dirigente indígena del pueblo coconuco Darío Tote, coordinador regional del programa de educación del CRIC, dirigido a las nueve etnias del departamento del Cauca.

"Los niños indígenas están aterrorizados. Para ir a la escuela les salen por el camino actores armados que no se sabe qué son, si el ejército, guerrilla o paramilitares (grupos irregulares contrainsurgentes de ultraderecha)", señaló Tote.

"Los aterrorizan los uniformes, las armas, los tiros, los helicópteros, los aviones", añadió.

"Estamos en alerta, en asamblea permanente", dijo, lo cual significa "estar juntos con nuestros familiares, nuestros hijos…".

Tote adelantó que la "minga de resistencia por la autonomía y armonía territorial y por el cese de la guerra" partirá en unos ocho a 15 días y recorrerá el territorio indígena ocupado.

Su primera misión es desmontar de en medio de la población civil las trincheras y bases de la policía y el ejército y los campamentos de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia).

“No queremos darle ventaja militar a ninguno de los bandos, sino defender la vida y la autonomía de las comunidades", advierte el CRIC en un documento con un fuerte pronunciamiento conocido el jueves, pero fechado en la víspera, es decir el 20 de julio, Día de la Independencia de Colombia.

"Esperamos que ambos actores entiendan que nuestro propósito es esencialmente humanitario. Llamamos a nuestros amigos y amigas para que así se lo hagan entender al gobierno y a las FARC", agrega el CRIC.

Unos 6.000 indígenas se reunieron en audiencia, el miércoles y el jueves, con la junta directiva regional del CRIC en Toribío, capital del pueblo nasa trepada sobre la Cordillera Central de los Andes en el norte caucano.

El municipio está formado por resguardos reconocidos por las autoridades coloniales españolas desde 1702 y en los cuales hoy viven unas 28.000 personas, 90 por ciento de ellas indígenas nasa.

Fue en Toribío, donde en 1910 el líder indígena Quintín Lame se enfrentó a los terratenientes del Cauca por la tenencia de tierras. También donde se creó el CRIC en 1971 y se definieron sus derroteros: "unidad, tierra y cultura".

El cura párroco católico del lugar desde 1977 y hasta su asesinato en 1984 fue el indígena Álvaro Ulcué, promotor en 1980 del Proyecto Nasa como instrumento comunitario para el desarrollo integral, que ha ganado reconocimientos internacionales en gobernabilidad local y lucha contra la pobreza.

Un poco más al norte y al oriente, al otro lado del filo de la cordillera, se libra una batalla gigantesca pues, según el gobierno, allí está el cuartel general de "Alfonso Cano", actual comandante en jefe de las FARC.

El 9 de este mes era día de mercado y unas 1.500 personas bullían en la plaza de Toribío. De pronto, muy cerca comenzó un recio cruce de disparos. Se escuchó una fuerte explosión que tenía su epicentro en la calle siguiente a la plaza por el costado norte, a espaldas de la parroquia donde unos 40 feligreses participaban de una misa.

Del cielo prístino llovieron esa mañana, en un radio de 400 metros y a gran velocidad, trozos de metal: pedazos de cilindros metálicos de gas, el parachoques de un bus rural, la transmisión del enorme vehículo voló 70 metros y se incrustó en la pared de la casa cural.

Es que la explosión provino de un autobús cargado de cilindros de gas que la guerrilla aparentemente dejó rodar desde la sede del Proyecto Nasa hasta la estación de policía, una cuadra falda abajo y que es una fortaleza de cemento. Por eso el edificio apenas sufrió rasguños.

Adicionalmente, las FARC lanzaron explosivos "que cayeron en lugares con amplia presencia de población civil". La guerrilla no midió "la magnitud del daño", dijo un portavoz de la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que acudió al lugar tras el ataque de las FARC.

"No sabíamos para dónde correr", relató la gente de Toribío a los agentes humanitarios de la Organización de las Naciones Unidas.

Una hora y media duró el ataque de esta guerrilla izquierdista surgida en 1964 en la misma región inexpugnable donde las fuerzas de seguridad del Estado persiguen en la actualidad a Cano.

"Uno no se explica cómo en la plaza solamente murió el carnicero Jesús Muñoz", dijo a IPS Henry Caballero, administrador de empresas que estaba trabajando en la oficina del Proyecto Nasa y que por casualidad no fue herido por los vidrios destrozados.

"Era de esperar que muriera más gente en la plaza, porque estaba llena", agregó. Perecieron tres civiles y un policía, mientras que otras 122 personas resultaron heridas.

El ataque destruyó 27 viviendas civiles y averió otras 433, así como la iglesia. Además quedaron sin clases 1.175 alumnos por lo dañada que quedó la escuela a la que concurren y el único banco del poblado fue destruido.

"No puede haber ninguna justificación para tanto desprecio por los seres humanos y por un proceso político que ha dado muestras indudables de construcción de dignidad, democracia, autonomía y justicia social", dice el documento del CRIC.

Se agrega en el texto que los nativos sienten "esta agresión como un ataque contra todos los pueblos indígenas" (…) y por eso "entendemos que han tumbado la casa de cada uno de nosotros y nosotras, que la lluvia y el frío sentido estos días por ausencia de techo lo hemos sentido en cada resguardo indígena del Cauca".

"Si no detenemos esta guerra, el país asistirá a una terrible masacre de civiles y a la destrucción de buena parte del proyecto político pacífico y democrático que los indígenas hemos parido con gran esfuerzo durante años", prevé el CRIC.

Según el reporte de mitad de año de la no gubernamental Corporación Nuevo Arco Iris, el Cauca es una de las cinco regiones donde se ha profundizado el enfrentamiento armado interno y la fuerza pública habría "adoptado estrategias defensivas".

En el Norte del Cauca ya hay casi 15.000 efectivos militares y el jueves se anunció otro incremento del pie de fuerza. Ante ello, las FARC, según los indígenas, están desplazando tropas de otras regiones hacia ese lugar y recrudecieron el reclutamiento de menores y milicianos.

Mientras, "el Estado ha subordinado la ley y sus propios intereses económicos al sostenimiento de una guerra y de las mafias económico-militares que la promueven", afirma el CRIC.

"Para la insurgencia ya no se trata de tener una fuerza armada para defender un proyecto político, sino de destruir todos los proyectos políticos, incluido el de ellos, con el propósito de mantener el aparato militar", se sostiene en el documento.

"Cada actor de la guerra viola el derecho humanitario de manera consciente, bajo el argumento de que el otro ya lo había hecho", denuncian los indígenas.

La Minga incluye una comisión humanitaria conformada por mujeres, ancianos y exgobernadores indígenas que presentará directamente a ambos bandos los puntos de vista de la Autoridad Indígena, reconocida constitucionalmente como autoridad estatal en sus territorios.

Tomado de:
http://www.ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=98706

Vía crucis en la carretera Federico Basadre

Informe, Felipe A. Páucar Mariluz

Carretera Federico Basadre Colapsada en la Chancadora. Foto Leyenda del Huallaga.

La carretera Federico Basadre en el tramo Puente Chino - la Ducha del Diablo en aproximadamente 20 kilómetros esta semi destruida en varios tramos por acción de la naturaleza debido a lo frágil del terreno, a las intensas lluvias que se registran constantemente y a la deficiente construcción del asfaltado por la empresa brasilera Odebrecht.

Durante el gobierno del presidente Alejandro Toledo se adjudicó a esta empresa la rehabilitación de la CFB con el asfaltafo de 50 kilómetros entre Aguaytia y Puente Chino, el presupuesto fue de 160 millones de soles, la obra se culminó sin la suficiente supervisión y control del ministerio de transportes según versión de un trabajador que laboró como jefe de campo, que además señaló que casi al final de la obra la empresa solicitó un adicional del 15% para reforzar las áreas críticas de la vía lo que fue negado por Transportes y Comunicaciones, entonces se limitaron a colocar barricadas endebles en la chancadora que luego fue destruido por el río Yuracyacu en el 2005 luego del embalse que se produjo a la altura del puente Hidayacu.

En el 2006 fue inaugurado por Alejandro Toledo y unos años después en segunda oportunidad por Alan García, pero esta carretera hoy por hoy representa un problema mayor, los tramos colapsados hace 5 años fueron repuestos precariamente con material de cantera antes que con rocas y es por eso que en cada creciente del río Yuracyacu se producen bloqueos por caídas de huaycos mientras que un tramo de 400 metros en el sector la Chancadora es destruido totalmente causando graves perjuicios en el transporte con peligro de las vidas de transportistas y pasajeros que se trasladan desde Tingo María a Pucallpa y viceversa.

Cientos de vehículos esperan días para continuar viaje. Foto Leyenda del Huallaga.

Otros tramos de esta vía están camino a su destrucción total con lo que la situación de transitabilidad se tornará caótica y el aislamiento de gran parte de Ucayali será un problema de difícil solución si es que no se adoptan medidas inmediatas desde los gobiernos nacional y regional, primero con la asignación de presupuestos para un trabajo de calidad que garantice durabilidad y seguridad, toda vez que esta vía es estratégica y de gran impacto económico para una parte de la amazonía peruana.

Se han registrado pérdidas de vidas humanas y millones en pérdidas económicas y todo apunta a que la situación se tornará insostenible. Los ministros y demás funcionarios de gobierno se conforman con hacer visitas furtivas y realizar grandes promesas de solución urgente cada vez que colapsa un tramo de la carretera, pero pasadas unas horas se olvidan, encargando a algunas cuadrillas de trabajadores y pocas maquinas la improvisada y desordenada faena con pobres resultados.

Ante la situación planteada en esta vía se pensó como alternativa la carretera que une Villa Rica con Von Humbolt, que el 2007 recorrimos en su integridad pasando por Puerto Bermúdez, Ciudad Constitución y otros caseríos, ese año la carretera era difícil de transitar entre Villa Rica y Ciudad Constitución, de este lugar hasta Von Humbolt varios tramos se encontraban en rehabilitación con la construcción de varios pontones y un puente de regular tamaño por gestión de la presidenta regional Luzmila Templo, según se leía en los paneles.

Pasajeros corren riegos para cruzar tramo crítico. Foto Leyenda del Huallaga

Hace unos días viajamos a Pucallpa y nos encontramos con una hilera de cientos de vehículos de carga en espera, algunos de carga pesada lograron pasar por la improvisada trocha de 500 metros, pero un trailer cargado con madera se atascó mientras que 3 tractores trabajaban en el lecho del río, los conductores le gritaban al chofer que se encontraba en el volante, “Baja y ve a pedirle al tractorista que te ayude a salir, tienes que darle su chacon, sino no vendrá a ayudarte” esta afirmación que era repetida por otros conductores desnuda la presunta corrupción en el grupo de maquinistas que en aparente forma deliberada dificultaban el pase de vehículos con el fin de captar la ‘propina’.

Vehículos de gran tonelaje sufren con el deterioro de la vía. Foto Leyenda del Huallaga.

Las personas corren riesgo al pasar caminando por la improvisada trocha o por el cauce del río, además de cubrirse de lodo hasta la pantorrilla, se habilita una vía por el lecho del río para que los vehículos livianos puedan continuar viaje.

Mientras esto ocurría en la Federico Basadre, en Pucallpa el equipo de comunicaciones de la municipalidad de Coronel Portillo retornaba de un viaje a Villa Rica con imágenes y fotos de los trabajos de rehabilitación de la carretera Fernando Belaunde que utilizaron para levantar la imagen del alcalde en ejercicio Ulises Saldaña por problemas judiciales con el titular Luis Valdez: “Carretera Villa Rica – Von Humboldt la más apropiada, segura y rápida para llegar hacia Lima” se leía en algunos medios que basaban la información en notas de prensa del municipalidad de Pucallpa.

La explicación para el diligente actuar del área de imagen de esta municipalidad podría estar en la pretensión de Ulises Saldaña de postular al congreso por el grupo de Castañeda Lossio, por que lejos de exigir al gobierno nacional solución al problema crítico de la Federico Basadre desvían la atención con la alternativa de la carretera Fernando Belaunde la entrevista al alcalde de Villa Rica Juan La Torre fue repetida en varias oportunidades en el programa televisivo de la municipalidad y otros programas dejando entrever que los trabajos eran el resultado de gestiones de un grupo de alcaldes con el liderazgo de Saldaña.

Para el director regional de Transportes y Comunicaciones de Ucayali ingeniero Martín Villafuerte los trabajos que realiza el Consorcio Viales para la rehabiltación de la carretera FBT demorarán 5 años, “Para el 2015 debe estar terminado” señaló.

El gobierno nacional debe encarar con seriedad el problema de la carretera Federico Basadre, dando solución rápida por que el invierno recién empieza y el vía crucis puede tornarse en trágico en las siguientes semanas.

Derrame de petróleo contamina río que abastece a 11 comunidades nativas peruanas

Un nuevo derrame de petróleo en el río Corrientes está perjudicando la vida de 11 comunidades peruanas de Villa Trompeteros. El incidente ocurrió en la madrugada del día 24 y fue fruto de la rotura de una válvula en la base de la empresa Pluspetrol. Cinco días después, nadie se dirigió a las comunidades para responsabilizarse o explicar la gravedad del problema.

A las 3h de la mañana del día viernes 24, habitantes de Villa Trompeteros fueron sorprendidos por manchas de petróleo en el río que abastece agua y alimento a 11 comunidades. La sorpresa no fue tan grande, ya que el río constantemente es víctima de derrames de petróleo por parte de la reincidente Pluspetrol.

Al buscar explicaciones, la población escuchó de la empresa petrolera que fueron sólo tres barriles los que se vertieron y contaminaron el río. El desprecio mostrado por el problema, así como la connivencia de las autoridades de la provincia de Loreto, que sólo repitieron los datos difundidos por la petrolera, causaron movilización e indignación.

Según informaciones de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) que, junto con la Federación de Comunidades Nativas del río Corrientes (Feconaco), denunció el caso y hasta el momento no fue determinada a ciencia cierta la cantidad de barriles de petróleo crudo que contaminó el río. Sin embargo, de acuerdo con denuncias de la población, la cantidad fue superior a la divulgada por la Pluspetrol, ya que la mancha de petróleo tiene de 15 a 20 km de extensión.

Las comunidades peruanas están siendo ampliamente afectadas, pues el río Corrientes es fuente de agua y alimentos. Con el derrame, está faltando agua para beber. Los que intentaron matar la sed con el agua contaminada están sufriendo las consecuencias de una posible intoxicación con varias manchas en el cuerpo.

Miembros de la Defensoría del Pueblo y del organismo supervisor Osinergmin visitaron la región el viernes (24) para constatar las dimensiones del derrame y después se instalaron en la base de la empresa para pedir explicaciones.

Las comunidades afectadas por el estrago provocado por la Pluspetrol piden que, de inmediato, las autoridades provinciales y regionales se pronuncien sobre el caso, investiguen y castiguen a los responsables. No es la primera vez que ocurre un derrame de petróleo en el río Corrientes, pero siempre se espera que sea el último.

Según informaciones de la Feconaco, solamente durante el año de 2009 se registraron en el río Corrientes 16 derrames de petróleo, de los cuales, diez se consideran de grandes proporciones. Todos fueron de responsabilidad de la Pluspetrol Norte. En 2008, el número fue todavía mayor: 18 vertidos perjudicaron la vida y la salud de parte de la población peruana y dañaron el medio ambiente. Los perjuicios causados por el petróleo volcado en el río fueron filmados, fotografiados y detallados en informes. Incluso así las comunidades continúan sin recibir explicaciones o reparaciones.

El 19 de junio de este año, la Pluspetrol Norte, filial de la petrolera argentina Pluspetrol, fue responsable de otro gran derrame, esta vez en el río Marañon. Se estima que cerca de 400 barriles de 159 litros se hayan vertido y contaminado las aguas del río. Más de cuatro mil habitantes de la Amazonia peruana, distribuidos en 28 comunidades ribereñas, fueron afectados por el incidente. www.ecoportal.net

Tomado de:
http://www.ecoportal.net/content/view/full/95803

Doe Run Perú al borde del cierre definitivo

Perú

Doe Run Perú no está operando con un plan ambiental, debe US$110 millones a sus proveedores mineros y tiene inversiones pendientes con el Estado por US$150 millones. Este martes podría ser el plazo fatal.
Doe Run Perú, una unidad del estadounidense Renco Group, paralizó su operación en la fundición en junio del 2009.

Lima. Reuters

La mayor metalúrgica de Perú podría cerrar definitivamente sus puertas este martes si no presenta garantías de que podrá cumplir con un vital plan ambiental y honrar sus deudas.

La posible clausura de Doe Run Perú, que una vez fue la sexta exportadora de metales del país, generaría malestar en un sector crucial para la economía local y dejaría en el aire la concreción de un plan ambiental en una de las localidades más contaminadas del mundo.

Doe Run Perú, una unidad del estadounidense Renco Group, paralizó su operación en la fundición en junio del 2009, luego de que un grupo de bancos cortó sus líneas de crédito tras una crisis financiera que la llevó a la firma al borde de la quiebra.

La compañía, que opera la refinería de La Oroya, debe US$110 millones a sus proveedores mineros y tiene inversiones pendientes con el Estado por US$150 millones para la culminación del plan de reparación ecológica, llamado PAMA.

La empresa debía entregar el jueves pasado al gobierno los contratos de fideicomisos y un avance de sus acuerdos con los acreedores. Y aunque dijo a Reuters que los entregarían, las autoridades precisaron que no lo hizo.

Restando menos de 12 horas para que venza el plazo, un funcionario del Ministerio de Energía y Minas dijo a Reuters que "no hay ningún indicativo de que pueda presentar". La fuente agregó que tampoco tienen prevista una reunión con la empresa.

Si la firma incumple con retomar sus labores el martes podría enfrentar en un proceso de liquidación, según fuentes del gobierno.

Empleo. La prolongada crisis de Doe Run ha preocupado al gobierno del presidente Alan García, porque el despido de 3.500 trabajadores directos y otros 16.000 indirectos de la firma generaría un problema social. Si bien el Ministerio de Trabajo prevé reubicar a los trabajadores metalúrgicos, éstos rechazan esa opción.

"Son 13 meses de espera y aún seguimos en incertidumbre, hoy día a las 6.00 de la tarde tenemos asamblea y mañana (martes) estamos incorporándonos a nuestro centro de trabajo convoque o no convoquen el reinicio de las operaciones", dijo a Reuters el dirigente sindical Royberto Guzmán.

El año pasado, enfrentamientos entre la población de La Oroya y la policía dejaron una persona muerta.

Ejecutivos de Doe Run Perú afirman que han desembolsado US$70 millones en salarios parciales a sus trabajadores durante el período de paralización de la firma, según un acuerdo previo con el sindicato de la minera y el gobierno.

Sin acuerdos. Doe Run anunció en marzo un acuerdo financiero con la operadora de materias primas suiza Glencore, que allanaba el camino para reiniciar las operaciones y completar al plan ambiental en el contaminado pueblo adyacente al complejo.

El acuerdo contemplaba un préstamo de US$100 millones, según Doe Run. Un portavoz de Glencore en Suiza declinó dialogar con Reuters sobre el pacto con la firma. Hasta el lunes, Doe Run aún no alcanzaba un acuerdo definitivo con todos sus acreedores.

"El 14 de julio hubo una reunión que ofrecieron algo, nosotros dijimos que sí y cuando los plasmaron en un papel decía totalmente distinto", dijo una fuente de una de las empresas acreedoras. "Entonces tuvimos que decir que no", agregó la fuente.

Entre sus acreedores figuran la productora de metales preciosos Buenaventura, la productora de zinc y plata Volcan y la polimetálica El Brocal. En Perú, Doe Run refina material polimetálico de los Andes centrales de la nación en unos 10 metales: cobre, zinc, plata, plomo, indio, bismuto y oro, entre otros.

La compañía, que también opera la mina de cobre Cobriza, reportó en 2008 ventas por US$1.217 millones.

Perú, un gran proveedor mundial de metales, es el primer productor de plata, el segundo de cobre y el sexto de oro.

Tomado de:
http://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/mayor-metalurgica-peru-esta-al-borde-de-cierre-definitivo

Gobierno y Autoritarismo: No es Válida la Expulsión del Religioso Paul Mc Auley

Protestas de indígenas que según el gobierno aprista fueron soliviantadas por religiosos, entre ellos Paul Mac Auley. Foto IDL-SC

Como es de conocimiento público, la Dirección General de Migraciones (Digemín) del Ministerio del Interior ha cancelado la residencia del religioso británico Paul Michael John Thomas Mc Auley, otorgada en el año 2006, argumentando que este ha participado en actividades que afectan el orden público.

Uno de los rasgos que caracterizan el Estado de Derecho es precisamente el cumplimiento de la ley por todos los poderes públicos y los particulares. Sin embargo, para que la ley sea válida, no solo debe ser expedida según el procedimiento legislativo previamente establecido, sino que debe ser compatible con los derechos, principios y valores contenidos en la Constitución.

La medida adoptada por el gobierno busca proteger un bien jurídico constitucional como es el orden público. En efecto, según el artículo 63 inciso 1 de la Ley de Extranjería (Dec. Leg. 703), procede la cancelación de la residencia en el país del extranjero que realice actos contra el orden público interior. En virtud de ello, la decisión del Ministerio del Interior contenida en la R.M. 0571-2010-IN/1601, del 11 de junio pasado, sostiene que se estaría afectando el “orden público interior”.

Sin embargo, los autores de la resolución olvidan que las marchas y protestas a favor de la protección del medio ambiente, no son actos ilegales e inconstitucionales, sino todo lo contrario, son actos que gozan de cobertura y protección. La libertad de reunión es un derecho constitucional fundamental reconocido en el artículo 2.12 de la Constitución, y que consiste en la posibilidad que tiene un conjunto de ciudadanos de agruparse temporalmente con un objetivo común. En el ámbito político, la libertad de reunión se manifiesta en actividades como manifestaciones públicas, marchas de protesta, mítines realizados con fines político partidarios o electorales.

Ciertamente, para nadie es un secreto que estas protestas sociales muchas veces terminan o recurren en actos violentos y vandálicos. En tales casos debemos ser conscientes que las mismas, como manifestación y concreción del derecho constitucional de reunión, se encuentran sujetas a límites. En efecto, para que la protesta sea considerada como una legitima manifestación del derecho a la libertad de reunión, debe ejercerse pacíficamente y sin armas, y no afectar derechos de terceros.

La Resolución del Ministerio del Interior señala que “Paul Michael John Mc Auley se encuentra presidiendo la Asociación Red Ambiental Loretana registrada el 10 de febrero del 2006 y que desde la creación de dicha asociación ha venido participando en diferentes actividades de carácter político, tales como marchas de protesta por las principales calles de la ciudad de Iquitos contra el Estado Peruano y demás actos que constituyen alteración del orden público los mismos que se detallan en el Atestado”.

Como puede advertirse, lo único que dice la Resolución es que Paul Mc Auley ha participado en marchas de protesta, pero no ha probado en forma objetiva, la afectación del orden público. La participación en marchas de protesta per se no amenaza el orden público. Además, en la resolución materia de análisis no hace referencia a actos de violencia y vandalismo. Como lo señala el TC “los motivos que se aleguen para prohibir o restringir el derecho de reunión, deben ser “probados”. No deben tratarse, en consecuencia, de simples sospechas, peligros inciertos, ni menos aún de argumentos insuficientes, antojadizos o arbitrarios; sino de razones objetivas, suficientes y debidamente fundadas” (STC 4677-2004-PA/TC, f.j. 18).

Es más el TC recoge el principio de favorecimiento del derecho de reunión, según el cual “si existieran dudas sobre si tal ejercicio en un caso determinado puede producir los efectos negativos contra el orden público con peligro para personas y bienes u otros derechos y valores dignos de protección constitucional, aquellas tendrían que resolverse con la aplicación del principio o criterio de favorecimiento del derecho de reunión (favor libertatis), sin que baste para justificar su modulación o prohibición la mera sospecha o la simple posibilidad de que se produzcan dichos resultados”[1]. En este caso, en aplicación de este principio, debemos de concluir que no se ha violado ni amenazado el orden público.

De otro lado, sabemos que los derechos no son absolutos, pueden ser limitados cuando está de por medio la protección de otro derecho constitucional o de un bien jurídico digno de protección. En el presente caso, el conflicto y la tensión central se daría entre el orden público y de otro lado un conjunto de derechos donde destaca el de reunión.

Sin embargo, en el supuesto negado de que realmente el derecho de reunión ejercido por Paul Mc Auley hubiera afectado realmente el orden público, el test de proporcionalidad (y más en concreto el sub principio de necesidad) establece que solo será constitucional la limitación de este derecho, cuando no haya otra manera de obtener protección del bien jurídico que se quiere proteger. En otras palabras, si realmente se quiere evitar que Paul Mc Auley no participe en actividades que comprometa el orden público, existen otras maneras de lograr lo mismo, sin tener que recurrir a la cancelación de su residencia. Es decir, habría otras formar de lograr lo mismo sin sacrificar el ejercicio de derechos constitucionales.

La conclusión es evidente, la participación de Paul Mc Auley en marchas de protesta social pacífica constituye el ejercicio legítimo del derecho constitucional de reunión, y la resolución analizada no ha demostrado que se haya habido una afectación objetiva y probada.

Asimismo, la decisión del Ministerio del Interior viola otros derechos constitucionales relacionados con el debido proceso y la tutela judicial efectiva. Nos referimos al derecho a la motivación de toda decisión no solo judicial sino administrativa, más aún cuando se afecta el derecho a la defensa, toda vez que nunca se le permitió defenderse.

La resolución materia de comentario, no solo cancela la residencia, sino que da un plazo de 7 días para Paul Mc Auley abandone el país. Ante esta violación, que afecta el derecho constitucional a la libertad ambulatoria, corresponde la interposición del recurso de hábeas corpus, a efectos que el juez constitucional analice la constitucionalidad de la cancelación de residencia y de la expulsión del país.

[1] Sentencia del Tribunal Constitucional español. Nº 195/2003, Fundamento 7. Citado por la sentencia recaída en el exp. Nº 4677-2004-PA/TC, f.j. 18.

Tomado de:
http://www.idl.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=71

Planeta muerto, planeta vivo: El día del Ambiente y el sistema economicista

En la amazonía peruana, según los ‘especialistas mediáticos’ por versión expresa de Estados Unidos, el cultivo de la coca es el único responsable de la degradación del medio ambiente. Ocultan y encubren al gigante del norte uno de los principales destructores del medio ambiente y la ecología en el mundo y quien se niega a firmar y cumplir con los convenios internacionales para frenar el cambio climático. Foto Internet.

Nos ha tocado transitar nuestras vidas, o al menos gran parte de ellas, en una era en la que la sociedad humana se encuentra regida en su gran mayoría por un sistema economicista. Término que según el Diccionario de la Real Academia Española, significa el "criterio o doctrina que concede a los factores económicos primacía sobre los de cualquier otra índole".

Es decir, que en la toma de decisiones se priorizan los factores económicos por sobre los sociales, los ambientales e incluso por sobre la vida misma de las personas o cualquier otro ser vivo del planeta.

Las grandes multinacionales han sido extremadamente hábiles para maximizar sus beneficios económicos en el corto y mediano plazo. Sin embargo, se comportan de una forma casi idiota en cuanto a un período mayor de tiempo. Priorizando obtener mayores ganancias en el menor tiempo posible, están auto boicoteando sus beneficios a largo plazo.

Destruyen y degradan los ecosistemas de los cuales se nutren de materias primas al no utilizarlos de forma sustentable. Tal es el caso por ejemplo de la industria pesquera. Que ha reducido por sobreexplotación de tal forma las poblaciones de algunas especies, que ya se encuentran cercanas a la extinción.

Por supuesto, no es el único caso, también la industria maderera, la agricultura, la energética y tantas otras vienen teniendo este tipo de comportamiento que las llevará no sólo a la autodestrucción, sino está causando una rápida aceleración de las crisis ambiental, social, alimentaria, de biodiversidad y de muchos otros tipos que afecta a toda la humanidad.

El 5 de junio se celebra el Día mundial del medio ambiente y el PNUMA ha presentado un nuevo e interesante informe titulado Planeta muerto, planeta vivo, donde se presentan argumentos económicos a favor de la reparación del mundo natural que ha sido dañado y degradado.

Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la restauración de los ecosistemas dañados o perdidos —desde bosques y sistemas de agua dulce hasta manglares y humedales— , lejos de ser un impuesto al crecimiento y el desarrollo, pueden generar rendimientos sustanciales.

El informe se basa en miles de proyectos para restaurar los ecosistemas de todo el mundo y expone más de 30 iniciativas que están transformando la vida de comunidades y países.

Entre ellos cabe mencionar la restauración de los caudales de agua hacia los ríos y lagos, la mejora de la estabilidad y fertilidad de los suelos, que son fundamentales para la agricultura, y la lucha contra el cambio climático por medio del secuestro y almacenamiento del carbono de la atmósfera. En el informe subraya que el mantenimiento y la gestión de los ecosistemas intactos debe ser la prioridad fundamental.

Sin embargo, dado que más del 60% de esos ecosistemas —desde las marismas y los arrecifes de coral a los bosques tropicales y los suelos— ya se encuentra degradado, es preciso que la restauración adquiera ahora el mismo nivel de prioridad. La reparación y rehabilitación de los ecosistemas también genera empleos en un mundo donde viven 1.300 millones de personas desempleadas o subempleadas, al tiempo que apoya los objetivos internacionales de reducir sustancialmente el ritmo de pérdida de la diversidad biológica, tema clave para 2010.

Es imperioso que la humanidad abandone este sistema economicista, pero es un cambio que llevará tiempo. Mientras tanto los dueños del mundo deberían darse cuenta que en la naturaleza pueden encontrar un socio, un aliado y dejar de tratar al planeta como a un esclavo que se encuentra a su servicio y al que se lo exprime hasta el límite de sus fuerzas, ya cuando este esclavo no pueda mas, seremos nosotros quienes sufriremos las peores consecuencias.

Tomado de:
http://co103w.col103.mail.live.com/default.aspx?rru=inbox

Clima y justicia. Primero el derecho ambiental que el código minero en la Argentina

UN FALLO DE LA CORTE SUPREMA JUJEÑA PRIORIZA EL DERECHO AMBIENTAL POR SOBRE LAS DISPOSICIONES DEL CODIGO MINERO

El máximo tribunal de Jujuy ordenó a los jueces inferiores otorgar un amparo pedido por vecinos de Tilcara contra un proyecto minero por el peligro de la contaminación.

Vecinos de Tilcara realizaron marchas, encuentros y campañas sobre los riesgos de la minería.

Por Darío Aranda

El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Jujuy, máximo órgano judicial de la provincia, emitió un fallo que sienta precedente en los cuestionamientos sobre la minería a gran escala. Hace hincapié en el principio precautorio –ante la posibilidad de perjuicio ambiental irremediable es necesario tomar medidas protectoras– e invierte la carga de la prueba: las poblaciones cercanas a los yacimientos no deberán probar los perjuicios sino que el gobierno y las empresas tienen que aportar pruebas ciertas de que la actividad extractiva no afecta ni afectará el medio ambiente. “La sentencia cambió el paradigma jurídico al introducir el derecho ambiental en la actividad minera”, afirmó Alicia Chalabe, abogada patrocinante, y explicó que “existen muchísimas causas en las provincias por la acción negativa de la megaminería, pero siempre los juzgados interponen el Código Minero y no dan cabida al derecho ambiental. El Superior Tribunal de Jujuy, en sus fundamentos, es totalmente innovador y pionero”. La medida responde a una apelación de vecinos de Tilcara, que habían presentado un recurso de amparo para frenar el avance de una empresa minera en la Quebrada de Humahuaca. El Tribunal Contencioso Administrativo había rechazado el pedido de los autoconvocados, pero ahora el máximo tribunal de Jujuy cuestionó duramente a los jueces de primera instancia, les ordenó que revean el caso y los instó a “ajustarse a derecho” (tener en cuenta las leyes y jurisprudencia vigente).

“Hasta tanto se demuestre (...) que no existe la posibilidad o el peligro cierto de que las tareas que se realicen en la zona produzcan contaminación o conlleven daño ambiental, es deber de los jueces (...) proveer de inmediato al resguardo y hacer efectiva la tutela judicial o protección de los intereses colectivos, tratándose de un derecho humano fundamental, tanto de quienes allí habitan como de todos los habitantes, a un medio ambiente sano y sin contaminación, efectuando lo que fuera menester para evitarla”, afirma el Superior Tribunal de la provincia.

“Hace ya mucho tiempo se expresó que el principio de precaución en materia ambiental plantea que la incertidumbre científica no debe ser excusa para la adopción de medidas que tiendan a evitar la posibilidad cierta de la recurrencia de un daño ambiental grave ni para convalidar las acciones u omisiones humanas potencialmente dañosas”, remarca el máximo tribunal provincial y afirma que “es deber de todos coincidir en que esos daños (al medio ambiente) se prevengan, ya que una vez producidos resultan en la práctica de una casi imposible reparación”.

Vecinos de Tilcara realizaron marchas, encuentros, talleres y campañas de información sobre lo que implica la actividad minera a gran escala. En agosto de 2008, ocho vecinos sumaron otra acción: presentaron un recurso de amparo. Exigían que el Estado provincial no otorgara más permisos de cateos, exploración y explotación minera a cielo abierto, pedían la prohibición de utilización de sustancias químicas como cianuro, mercurio y ácido sulfúrico, entre otras, y solicitaron que se cancelaran los permisos concedidos en la Quebrada de Humahuaca. Apuntaban directamente a los permisos de cateos y exploración otorgados a la empresa Uranios del Sur, que abarcaba una superficie de 14.100 hectáreas en la zona de los “amarillos”, perteneciente a las comunidades indígenas Yacoraite y El Angosto de Yacoraite, departamento de Tilcara.

En abril de 2009, la Cámara Contencioso Administrativo (integrada por Sebastián Damiano, Benjamín Villafañe y Luis Oscar Morales) rechazó el amparo vecinal. Ahora, el máximo tribunal lo criticó: “La sentencia no se ajustó a derecho vigente y, por el contrario, adoleció del vicio de arbitrariedad, por ser incongruente y autocontradictoria”, lamenta el Superior Tribunal de Justicia, y precisa que los jueces “desatendieron e ignoraron” la existencia de presuntos daños ambientales en ocho causas penales, asentadas en los juzgados federales de Jujuy.

“Es inadmisible el rechazo (del amparo) ejercido por no haberse arrimado prueba, según el criterio del Juzgado Contencioso Administrativo”, cuestiona el máximo tribunal provincial, y reitera la necesidad de invertir la carga de la prueba, responsabilizando al gobierno provincial y al sector privado: “De acuerdo a la doctrina y jurisprudencia (...) en caso de probables, posibles o bien que puedan presumirse ya provocado un daño ambiental por contaminación deberá acreditar su inexistencia no sólo quien esté en mejores condiciones de hacerlo sino quien precisamente sostiene tan ciegamente que tal contaminación no existe”. Y carga contra el gobierno por no haber aportado, en su defensa, un estudio técnico que asegure que no existe ni existirá contaminación por la actividad minera. Desde el gobierno jujeño no respondieron las consultas sobre el fallo.

El Tribunal Superior señala que los daños ambientales obligan al sistema judicial a “dejar moldes ortopédicos (...) y elaborar nuevas respuestas legales para brindar una adecuada respuesta desde la perspectiva jurídica”. Explica que, siempre en daños ambientales, no se trabaja sólo con la certeza “sino que se apunta a la probabilidad”.

La sentencia del Superior Tribunal de Justicia es del 23 de febrero pasado, pero recién fue dada a conocer ahora. El dictamen se basó en los argumentos expuestos por el juez del tribunal a cargo del expediente, Héctor Tizón, quien fundamentó con aspectos jurídicos ambientales y remarcó la importancia de seguir el principio precautorio, artículo 4 de la Ley General del Ambiente (25.675). El juez avanzó un paso más al utilizar el concepto de “daños generacionales”, enmarcado en el derecho ambiental moderno, que consiste en “aquellos que por su magnitud repercuten no sólo en la generación actual sino que sus efectos van a impactar en las generaciones futuras”.

“El Tribunal Superior agrega suficiente argumentación legal como para ser usada en otras medidas judiciales del país, aporta un marco legal importante y marcará precedente en cuestiones ambientales”, explicó Movida Nimuendaju, otra de las organizaciones sociales de Jujuy que lucha contra la megaminería.

La exploración minera cuestionada ocurre en la Quebrada de Humahuaca, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 2003. El fallo también aborda ese aspecto. “Resulta un absurdo contrasentido permitir nuevas explotaciones, como las mineras a cielo abierto, en un territorio declarado Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad, ya que ese título es revocable (...) y causaría seguramente daños a la infraestructura turística ya realizada”.

Los Vecinos Autoconvocados de Tilcara y Juella celebraron la revocación del fallo de primera instancia y resaltaron la importancia de la trama argumentativa, que alude a leyes y conceptos ambientales que nunca habían tenido cabida en un tribunal máximo. “La gran minería a cielo abierto es la peor opción de ‘progreso’ para nuestra provincia. Mueve mucho dinero pero entre pocas personas, contamina el medio ambiente, usa millones de litros de agua diarios, perjudica la agricultura y la ganadería, arruina la vida en el campo”, afirman.

Los Autoconvocados consideran un gran paso el fallo, y explican que el Juzgado de Primera Instancia debiera hacer propio lo señalado por el Superior Tribunal, pero prefieren esperar los hechos. “No tiene fecha para expedirse, por lo cual hay un riesgo de que la causa duerma en un cajón”, alertó la abogada patrocinante, Alicia Chalabe, y llamó la atención sobre “gran poder de lobby de las empresas mineras”.

El juez que hizo eje en el derecho ambiental, Héctor Tizón, dejó el máximo tribunal (se jubiló una semana después del fallo). Abogado y escritor, Tizón fue el claro impulsor del innovador fallo, aunque en minoría. Los jueces José Manuel del Campo, María Silvia Bernal, Sergio Jenefes y Sergio González apoyaron la sentencia, aunque no adhirieron a la argumentación. Sin embargo, como no explicaron cuáles eran sus argumentos, se impusieron los fundamentos explicitados por Tizón, a cargo del expediente. El voto de esos cuatro jueces también es un factor de alerta de los Vecinos Autoconvocados.

Tomado de:
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-144528.html

Retrocede ritmo de deforestación mundial por primera vez en los últimos 10 años. Según informe de la FAO

En la amazonía peruana, el primer responsable de la destrucción de los bosques, es el extractor de madera, junto con los cultivos a cielo abierto. Foto Internet.

La FAO asegura que la tala ha dismuido en muchas partes del planeta gracias a campañas lideradas por los gobiernos. Así lo celebró esta semana la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) a partir de su reporte Evaluación de los recursos forestales mundiales 2010.

A pesar de que algunos países aún mantienen tasas alarmantes de tala forestal, el ritmo de la deforestación del planeta retrocedió por primera vez en los últimos 10 años.

La FAO asegura que la tala ha disminuido en muchas partes del planeta gracias a campañas lideradas por los gobiernos.

Así lo celebró esta semana la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) a partir de su reporte Evaluación de los recursos forestales mundiales 2010.

El reporte muestra que 13 millones de hectáreas de bosque fueron deforestadas por año entre el 2000 y el 2010 y, aunque esto parece mucho, es al menos tres millones de hectáreas menos por año que lo que se deforestaba en los 90, cuando la tasa anual era de unos 16 millones.

Según Eduardo Rojas, subdirector general de la FAO, la regresión ocurrió gracias a esfuerzos coordinados en todo el mundo. Por ejemplo, destacó que China, India y Vietnam aumentaron sus superficies boscosas en casi cuatro millones de hectáreas por año.

Las mayores pérdidas de árboles se registraron en Brasil, Indonesia y Australia.

La reducción en Australia de medio millón de hectáreas se debe principalmente a la sequía que ha afectado la mayoría del país en años recientes, causada -se piensa- como consecuencia del cambio climático global.

Las cifras para Indonesia y Brasil no fueron muy sorprendentes pues ambos países tiene vastísimas áreas de bosques y grandes industrias madereras; aún así, la deforestación se está desacelerando.

"Tanto Brasil como Indonesia reportan una caída significativa en la deforestación", aseguró el doctor Loyche Wilkie.

"En Brasil ha sido espectacular y eso se debe principalmente a que hay una meta política para reducir la deforestación en 80% para 2020 que está apoyada por el presidente".

A medida que se reduce la deforestación, también ha habido un incremento en la siembra de nuevos bosques, particularmente en China, lo que arroja un neto positivo de tres millones de hectáreas al año.

La Evaluación de los recursos forestales mundiales se basa principalmente en los datos suministrados por los gobiernos.

Los detalles también incluyen el uso y administración de los bosques. Es aquí donde se están viendo resultados alentadores, según Eduardo Rojas, director general asistente del departamento forestal de la FAO.

La FAO está realizando otro estudio utilizando observación satelital del que esperan obtener una evaluación mucho más detallada y que será publicada el próximo año.

Nacion.com / BBC Mundo / FAO

Tomado de:
http://www.ecoportal.net/content/view/full/91957

Semana Santa trágica en Huánuco: muerte y desolación en ciudad de Ambo y poblado de Cancejos

Centenares de personas se aglomeraron en el Centro de Salud para interesarse por sus familiares muertos o heridos. Foto Gobierno Regional de Huánuco (GRH).

Aproximadamente a las 7:20 de la noche del jueves, un huaico de grandes proporciones, proveniente de la laguna de Rumichaca que previamente se embalsó, arrasó el barrio “El Arroyito” y afectó el estadio de Ambo, ubicada a 20 minutos al sur de la ciudad de Huánuco.

El caos y el temor se apoderaron de los pobladores que pedían auxilio en medio de la oscuridad y el fango de varios metros, se estimó que 85 viviendas fueron arrasadas y un centenar de personas podrían haber fallecido o estar desaparecidas.

La masa de fango arrastró los cuerpos de personas, animales y todo lo que encontraba a su paso hasta el río Huallaga que al unirse al río Huerta unos metros antes del barrio de “El Arroyito”, incrementó su caudal descomunalmente.

Medalith Sotil de Defensa Civil y Víctor Hidalgo del gobierno regional coordinaron la ayuda a los 43 heridos rescatados, siete fueron trasladados a hospitales de la ciudad de Huánuco por su gravedad, según informó el área de relaciones públicas.

Efectivos de los bomberos, de la policía y del Ejército colaboraron con el rescate de las personas que quedaron aisladas en la zona de desastre. Foto GRH.

Esta mañana se trasladará maquinaria pesada del Gobierno Regional Huánuco, Ministerio de Transportes pero se estima que será insuficiente debido a las proporciones de la tragedia.

La Carretera Central quedó cerrada al tránsito en la ciudad de Ambo, porque en la unión el río Huallaga y Huertas se formó un embalse que podría generar más muertes y destrucción en el curso del río Huallaga: las ciudades de Huánuco y Tingo María.

En la ciudad de Huánuco, numerosos curiosos apostados en el puente Calicanto, expresaron con pena que vieron pasar decenas de cadáveres arrastrados por el río Huallaga.

Las pérdidas materiales son incalculables y aún no se puede determinar las perdidas humanas en una de las peores tragedias en la provincia de Ambo.

En otro alud de piedras y lodo registrado la noche del miércoles 5 personas murieron, tres desaparecieron y 43 viviendas fueron destruidas. La carretera que une Huánuco con Tingo María quedó interrumpida a altura del kilómetro 46, donde cientos de vehículos y pasajeros permanecieron por más de 40 horas.

Afectados por alud. Cientos de pasajeros quedaron varados a los largo de un kilómetro de la Carretera Central, entre Huánuco y Tingo María. Foto El Comercio.

El alud de lodo y piedra que cayó a las 8.30 de noche del miércoles 31 desde un cerro ubicado al margen derecho de la carretera donde antes se cultivaba papas y en los últimos años flores para la exportación casi borran del mapa a la comunidad de Cancejos, distrito de Chinchao, departamento de Huánuco.

Entre las víctimas figuran un bebe de apenas seis meses de edad y el pastor evangélico Guillermo Lázaro Reyes, de 68 años. Los otros tres pobladores Juliana Ríos Villanueva (69), y las menores Ruth y Yanet Vega Ponce, de 12 y 6 años, fallecieron camino al Hospital Hermilio Valdizán en Huánuco.

Según se informó la torrencial lluvia de varias horas ocasionó el desastre, las autoridades buscan a otras tres personas que desaparecieron tras el huaico que se extendió a lo largo de un kilómetro de la Carretera Central. El reporte de Defensa Civil también dio cuenta de 43 viviendas destruidas y otras diez inhabitables.

Tanto en Ambo como en Cancejos la situación es desesperada para cientos de familias que fueron afectadas o damnificadas, que hace urgente la ayuda del gobierno y la sociedad civil.

Algunos pasajeros que llegaron desde Lima a las 9 horas del 02 de abril haciendo trasbordo y recorriendo a pie decenas de kilómetros, señalaron que es toda una odisea atravesar los huaycos que son 5 además de Cancejos, “el peligro de sufrir un accidente y hasta perder la vida es el mayor problema para los viajeros que se encuentran sin recursos por tanto padecen hambre y frío en una zona difícil” indicaron.