De la ‘guerra’ perdida a las drogas. Al centenario de lucha sin tregua en Perú.

Felipe A. Páucar Mariluz.

En Defensa del cultivo de la coca y cuestionando el desarrollo alternativo considerado un fracaso. FAPM.

Se cumplieron 200 años de la ‘guerra’ contra las drogas, desde el conflicto armado entre China e Inglaterra en disputa por el mercado del Opio, y se cumplieron 100 años de la lucha contra las drogas y el narcotráfico en Perú, Colombia, México, Bolivia. Las drogas avanzan incontenibles, mientras el narcotráfico como parte del crimen organizado amenaza la seguridad interna y externa de los países, la estabilidad política, la democracia y afecta la salud, educación y cultura de las personas adictas o consumidoras. Un problema regional se convirtió en un conflicto global sustentado por el paradigma de la represión, con el agregado de la corrupción y el manejo mediático que sobredimensiona su real impacto en las sociedades. En la última década se alzan voces contra la violencia represiva que resultó inútil, y reclamando o exigiendo un cambio de estrategia que priorice la salud, la educación, los derechos humanos, la ética y la transparencia, que conduzcan al control/erradicación de las drogas y sus aliados del crimen transnacional. En tanto, las realidades expuestas en las siguientes líneas continuaran sin límites en el tiempo:

                “Aunque Colombia y México aparecen como los dos países esencialmente afectados por la problemática de las drogas, como proveedores y consumidores, no sólo sus gobiernos se plegaron dócilmente a las políticas dictadas por Estados Unidos y financiadas por el pleno del aparato diplomático y militar y sus múltiples agencias. Otros países, en especial del área andina, se sumaron a la comparsa, al servicio de los planes elaborados por el republicano Richard Nixon (1969-1974), el presidente al que politólogos e historiadores definen como el más bruto de los gobernantes del siglo XX. El objetivo era confrontar militarmente con las mafias de la droga, un oponente sin límites éticos ni morales, lo que llevó a los ejércitos regulares a traspasar fronteras y adentrarse en el mundo del terrorismo de Estado… «En esa fracasada estrategia se han gastado miles y miles de millones de dólares. La cosa a saber es quiénes se beneficiaron», se preguntó la Oficina de Drogas y Crimen de la ONU (ODCONU) en un reporte previo a la Asamblea General del organismo. La respuesta es indirecta. La economía mundial podría crecer un punto por año si los recursos puestos en el circuito del narcotráfico se destinaran al desarrollo de la economía formal. La ONU asegura que el narcotráfico genera unas ganancias anuales de aproximadamente 650.000 millones de dólares… Ese es el nido que Petro y AMLO invitan a patear. (Tiempo Argentino, 04/12/22).

                La Resolución Ómnibus sobre Drogas de las Naciones Unidas acordada en noviembre de este año manifiesta que: “La Comisión aprobó un proyecto de resolución sobre el problema mundial de las drogas, por 116 votos a favor contra 9 en contra (Bielorrusia, Camerún, Irán, Nicaragua, Nigeria, Federación de Rusia, Siria y Turquía) con 45 abstenciones. Según el texto, la Asamblea instaría a los Estados miembros y otros donantes a continuar financiando la respuesta al problema mundial de las drogas para abordar la creciente epidemia de VIH/SIDA entre las personas que se inyectan drogas y en las cárceles”.

“Yo les demando desde aquí, desde mi Latinoamérica herida, acabar con la irracional guerra contra las drogas. Hay que dejar de criminalizar a los eslabones más débiles de la cadena, los cultivadores de coca, y enfocar los esfuerzos en golpear a las organizaciones criminales que se lucran del narcotráfico. Si no corregimos el rumbo y esta se prolonga otros 40 años, Estados Unidos verá morir de sobredosis 2,8 millones de jóvenes por fentanilo que no se produce en América Latina. Verá millones de afroamericanos en cárceles privadas. Verá morir el sueño de la democracia ¿Qué es más venenoso para la humanidad, la cocaína, el carbón o el petróleo? ¨ (Discurso de Gustavo Petro, en la 77 Asamblea General de ONU 2022).

“La superficie cuantificada con cultivos de coca en Bolivia se ha incrementado en un 4% para 2021, registrando una superficie de 30.500 ha; 1.100 ha más con respecto a 2020, donde se cuantificaron 29.400 ha”. (Monitoreo de Cultivos de Coca en Bolivia 2021, Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Unodc, 29/11/2022).

“Colombia ha aumentado sus cultivos de plantas de coca -principal ingrediente de la cocaína- en un 43%, según señala un nuevo informe de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Colombia es el mayor productor de cocaína del mundo, el año pasado el área de cultivo de coca se expandió a 204.000 hectáreas. Es la cifra más alta desde que la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) comenzó a recopilar dichos datos en 2001. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, calificó la guerra contra las drogas como un fracaso”. (BBC, 21/10/2022).

El viceministro de Desarrollo Rural, Darío Fajardo, en Colombia opina que sigue pasando lo que ocurría en la época colonial española: “se obedece, pero no se cumple”. A raíz del informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) sobre la Política rural en Colombia 2022, donde se reconoce que en el sector rural prevalece la pobreza, el Viceministro se refirió a la situación actual del campo. (MasColombia, 28/11/2022).  “Colombia desplegará 400 militares para combatir a los grupos narcotraficantes que operan en las fronteras con Perú, Ecuador y Brasil, ante el aumento de asesinatos y desplazamientos en los últimos meses, anunció el gobierno el lunes 27 de noviembre. (Vistazo, 28/11/2022).

"Como dije en el pasado, nadie debería estar en la cárcel solo por consumir o poseer marihuana. Hoy estoy tomando medidas para poner fin a nuestro enfoque fallido", dijo Biden en Twitter. El mandatario también pidió a los gobernadores de los diferentes estados del país que emitan indultos similares para los condenados por delitos estatales relacionados con la posesión de marihuana. La marihuana recreativa ya es legal en 19 estados y Washington DC. El uso médico es legal en 37 estados y tres territorios de EE.UU. Sin embargo, esta droga sigue siendo ilegal bajo la ley federal de EE.UU., incluso en estados donde millones de adultos pueden comprarla y consumirla legalmente. Un funcionario de la Casa Blanca dijo que los indultos beneficiarán a unas 6.500 personas que fueron condenadas por cargos federales de posesión simple de marihuana entre 1992 y 2021 y a miles más que fueron condenadas por posesión en el Distrito de Columbia, donde se encuentra Washington. (BBC, 06/10/2022). Sin embargo la medida fue calificada como electoralmente política y tiene limitaciones legales y raciales: “La mayoría de las sentencias por marihuana han sido delitos estatales, en los cuales Biden no tiene la autoridad de conceder indultos; al presidente solo le queda la esperanza de que los gobernadores sigan su ejemplo”. (The New York Time, 30/11/2022).

“Las autoridades de Tailandia han regalado un millón de plantas de cannabis para incentivar su cultivo. Tailandia legalizó el cultivo y consumo de cannabis este mes, revirtiendo una política de línea dura que contemplaba largas condenas de prisión o incluso la pena de muerte por delitos de drogas. El corresponsal de la BBC en el Sudeste Asiático, Jonathan Head, informa sobre lo que está detrás de este cambio dramático. Aquello formaba parte de la "guerra contra las drogas" del entonces primer ministro Thaksin Shinawatra, que más tarde se intensificó y derivó en la matanza de muchos cientos de sospechosos de narcotráfico. (BBC, 27/06/2022).

“La Guardia Civil y la Ofast de la Policía Nacional Francesa, con el apoyo de Europol y Eurojust, ha procedido a la detención de diez personas e incautado más de 11 toneladas de droga pertenecientes a una organización criminal dedicada al tráfico internacional de drogas entre Marruecos y España con otros países europeos”. (Diario de Jaen, 03/12/2022).

“En la población fronteriza de Desaguadero confluyen los cargamentos de cocaína y pasta base de coca para pasar de Perú a Bolivia. En el extremo sur del lago, la población queda dividida hacia la mitad de la frontera por el río Desaguadero. Una investigación realizada en septiembre de 2022 por el diario boliviano El Deber reveló el papel que juegan decenas de muelles ilegales que rodean el lago (Titicaca) en la recepción de drogas y más”. (Insightcrime, 30/11/2022).

“El desarrollo alternativo, en vez de cultivos ilegales de hoja de coca, no es solo una actividad económica; es, esencialmente, un instrumento de protección a los pueblos indígenas, de mitigación del cambio climático y de generación de planes de vida concertados con las comunidades” (Ricardo Soberon, Andina. 30/11/2022). La verdad es que en 41 años el desarrollo alternativo fracasó en el objetivo de generar una economía licita alterna a la coca y cocaína, menos que los pequeños logros alcanzados sean sostenibles; es un pequeño paliativo a la pobreza de los cultivadores, no prioriza la protección del medio ambiente o los territorios nativos e indígenas que son violentados y sus líderes asesinados. En cambio sí privilegió el manejo político mediático con el fin de justificar los millonarios recursos utilizados sin transparencia, eficiencia y responsabilidad social o para presentarlo como la panacea de un cambio que facilitaba la lucha contra la coca y cocaína, lo que por enésima vez con el incremento a 100 mil hectáreas de cocales y 800 toneladas de cocaína/año, es desmentida rotundamente.

El 23 de noviembre de 2022, en la base de la Dirección de Operaciones Especiales, DIROES, Ate – Vitarte, el Viceministro del Interior Abel Gamarra Malpartida aseguró que: “Desde el Mininter reafirmamos nuestra política de tolerancia cero al tráfico ilícito de drogas, con la misión de imponer el principio de autoridad, en bien de la paz social, el orden público y la seguridad ciudadana”; fue al momento de iniciar con la incineración de 19.2t., de drogas e informar que durante el 2022 se destruyeron 64 pistas de aterrizaje clandestinas del narcotráfico, el último fue el 21 de noviembre en el distrito de Yuyapichis, provincia de Puerto Inca en la región Huánuco, con ello se habría cortado los vuelos clandestinos entre Perú y Bolivia. El Perú reinició la interdicción aérea en 2016 sin ayuda extranjera, cada avioneta transporta entre 250 y 350 kilos de cocaína. Gamarra informó que durante el presente año se decomisó e incineró 81.7t., de drogas (en abril 16.5, en agosto 16.6, en octubre 16.8 y noviembre 19.2t.), fueron destruidas 848 pozas de maceración y 492 laboratorios utilizadas para la conversión de hojas de coca en cocaína, además, se detuvieron 11 570 personas vinculadas al narcotráfico. Estas cifras permiten corroborar que la producción de coca, cocaína y el narcotráfico tuvieron un ascenso impresionante entre los años 2016 y 2022.

“El narcotráfico sigue siendo considerado como el grupo de poder al margen de la ley con mayor influencia en la política del país, con un 96%, según la XLII Encuesta del Poder de Semana económica e Ipsos Perú. El año pasado, también se ubicó en el primer lugar, con 99%. Le siguen la minería ilegal, el crimen organizado, Sendero Luminoso y la delincuencia, en ese orden, al igual que en la encuesta del 2021”. (Semana económica, 26/11/2022). 

En agosto de 2022 se desarrolló el mega Operativo ´Patriota’ desde Pichari y Mazamari en el corazón del Vraem, las fuerzas combinadas del Ejército, Marina, Policía Nacional, Fuerza Aérea y Fiscalía centraron su objetivo en la base principal del Militarizado Partido Comunista del Perú, MPCP ubicado en Vizcatan del Ene, por primera vez se utilizó un misil teledirigido que impactó en un cerro de agreste vegetación donde se suponía vivían cerca de 200 elementos alzados en armas, más familias con niños presuntamente secuestrados y conocidos como los ‘pioneritos’. Desde mucho antes los servicios de inteligencia criminal  reportaron que el grupo sedicioso contaba con 150 hombres con armas largas y gran poder de fuego capaz de derribar helicópteros y causar grandes bajas en personal de combate, sin embargo, la gran cantidad de armamento, pertrechos y otros aditamentos de guerra presentados como decomisados en conferencia de prensa por altos oficiales trajo a la memoria la especie de shows mediáticos de los años 80 y 90s en el Huallaga, donde material armamentístico de las propias fuerzas del orden en uso o dados de baja eran presentadas como propiedad de terroristas. La muerte de 2 efectivos militares y de 3 presuntos terroristas, más el material requisado en lo que habría sido el campamento principal de Víctor Quispe Palomino camarada ‘José’, darían fe de los logros de un operativo que si bien no pudo capturar al líder del PMCP le causó  daño al desarticularlo momentáneamente y aminorar el impacto de posibles futuras acciones que venían preparando contra las fuerzas de seguridad y población civil según información de inteligencia operativa.

 

Comandos en Vizcatan del Ene en misión que golpearía al corazón del MPCP. Captura video difusión.

  “Golpeamos en el corazón al cabecilla terrorista del Vraem”. Por primera vez el escondite del jefe terrorista del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro, Víctor Quispe Palomino, fue intervenido por efectivos militares durante la Operación ‘Patriota’, afirmó el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general de división EP Manuel Gómez de la Torre. “El diseño de la operación responde a una acción directa sobre el objetivo, una operación ofensiva neta. “Hemos ingresado en el Vizcatán, desbaratando su sistema de comando, control y comunicaciones. En esos momentos están totalmente incomunicados”, aseguró a la prensa.

 

Por la ruta del Bicentenario, en Ayacucho. Setiembre 2022.

 

Tres meses después, el alto mando del ejército dispuso el cese en el cargo del autor de este ‘aplaudido’ operativo, generando confusión y especulaciones. “El general EP Miguel Gonzáles Bojórquez, actual jefe del Comando Especial Vraem, fue pasado a la situación de retiro por decisión del alto mando del Ejército y del Gobierno. Gonzáles figura en la relación de oficiales dados de baja por causal de renovación de cuadros, la cual tendrá efecto a partir del 1 de enero del 2023”, (Perú 21, 10/11/2022).

En octubre entrevistamos a un efectivo en Pichari (puede ser del ejército, la policía, la marina, etc.) que participó en el Operativo ‘Patriota’, el manifestó que todo lo informado por la oficialidad sobre el operativo y los resultados eran verdad, con excepción que el objetivo de la acción armada era adelantarse a la acción de ataque clandestino con emboscadas de los terroristas al personal del Proyecto Especial Corah y del personal de resguardo que iniciarían la erradicación compulsiva de cultivos de coca en varios sectores cercanos a Vizcatan del Ene, objetivo que se cumplió plenamente tanto en la cantidad de hectáreas de cultivos de coca erradicados (mil) y que no existiese ninguna acción que afectara la seguridad o pusiera en peligro la integridad del personal civil y uniformado. “Puedo dar fe que el operativo se planeó y ejecutó con tal precisión y grado de sorpresa que incluso los pobladores de la zona no sabían lo que realmente estaba ocurriendo, pero eso sí, el objetivo principal no fue la captura o aniquilamiento del camarada ‘José’ y su banda, aunque se logró asestarle un fuerte golpe que nunca se lo imaginaron, es la primera vez que formé parte de un operativo tan bien planeado, estructurado y eficientemente ejecutado”, reconoció aquel día el suboficial.

Este operativo cuidadosamente elaborado, con el uso de alta tecnología obtuvo resultados positivos, demostrando que sí se puede acabar con la amenaza terrorista y que eso se pudo hacer desde los años 80 de no haber existido un aparente cálculo político y el tácito contubernio de varios gobiernos con la actividad criminal. Demostraría también que el gobierno de Pedro Castillo no protege al terrorismo, ni promueve el narcotráfico como aseguran sus detractores, y que en contrario continua controlando el tráfico ilícito de drogas, pero con acciones insuficientes.

 

Ingeniera Especialista del Cite Vraem capacitando a emprendedoras chocolateras en distrito Santa Rosa, módulo “Santa Cacao”. Julio 2022.

 

“En el VRAEM el principal desafío es combatir la pobreza, cuyo promedio alcanza al 51,5 % de su población; y la extrema pobreza al 18,7%, frente a un 3,8% del promedio nacional.  Las personas que habitan el VRAEM, sufrieron en carne propia la tragedia de la violencia terrorista y del narcotráfico que desencadenó una crisis social prolongada. Escenario análogo a lo ocurrido en 1824 en la Pampa de la Quinua, donde el ejército patriota victorioso frente a los realistas, selló la independencia de Latinoamérica” (Plan de Desarrollo Concertado Vraem, PDC 2018-2021).

El Vraem, es una macrorregión de 5 departamentos que no está en guerra, tampoco es el paraíso de la droga, ni tienen hegemonía el narcotráfico y el terrorismo. Sí es una zona con un enorme potencial social y económico, donde un sector mayoritario de su población se dedica a actividades lícitas. A pesar de ello, también es una zona donde la pobreza se enseñorea. Es tranquila y sin duda más segura que Lima la capital de la República o las grandes ciudades donde el crimen organizado y la delincuencia común han sentado su ámbito de operaciones en perjuicio de sus habitantes. Se dirá, pero en el Vraem se produce y transforma el 40% de la coca y cocaína del país y que es el único lugar donde el terrorismo siendo una incógnita crea un ambiente de inestabilidad, lo que podría ser cierto, pero aun así es un vasto y extenso valle con enormes posibilidades de crecimiento y desarrollo. Aquí el programa de desarrollo alternativo mal ejecutado y peor financiado por décadas, desperdició y echó a perder grandes oportunidades generando desconfianza y resentimiento. Recorrí en gran parte el Vraem como dirigente cooperativista en 1983 y 1984 visitando las grandes cooperativas, Satipo, Pangoa, Quinacho y Cocla, incentivando la agroindustrialización; luego en 1988, 2008, 2012, 2015, 2018 al 2022 como profesional agrario y periodista independiente con escasos recursos y sin acompañamiento de nadie que tenga intereses particulares contrarios a la verdad, ética y transparencia. En los lugares (que son  muchos) donde aún no pudimos llegar cruzamos información con comunicadores y otros profesionales de probada seriedad y credibilidad.

La Guerra de los Cien Años. Narcotráfico y Terrorismo.

El libro “La Guerra de los Cien Años. Narcotráfico y Terrorismo” escrito por el Ingeniero y periodista Felipe Ascención Páucar Mariluz es una obra que condensa los resultados de una investigación independiente sobre hechos, sucesos y acciones producidos en 100 años de lucha contra las drogas, básicamente contra la cocaína. En el caso de Perú el combate comienza en 1920 con la represión al cultivo de la coca y a la producción de cocaína que hasta esa fecha fue legal contando con autorización del Estado en varias zonas del territorio nacional. Se analiza el pasado y presente sobre políticas, estrategias y herramientas legales utilizadas en la mal llamada ‘guerra contra las drogas’ que requirió de la inversión y gasto de miles de millones de dólares en Perú, Latinoamérica y el mundo. Los resultados son parte del debate entre los que la consideran un éxito y los que asumen que fue un fracaso. La droga cocaína y la coca se multiplicaron de la mano de mafias que sofisticaron sus actividades y ampliaron sus redes criminales sostenidos por la corrupción vinculada al narcotráfico como parte del crimen organizado.

 

El libro identifica una Data Negra del Narcotráfico y Terrorismo que propicia un manejo mediático e irresponsable por personas que fueron actores directos en el manejo del problema, que al fracasar avanza amenazante en un círculo vicioso de nunca acabar.

 

“El Perú en 1920 pudo producir 20 toneladas de cocaína, hoy se calcula entre 400t y 800t. Si en 1930 pudieron ser 20 millones los adictos a las drogas, hoy se deduce en 300 millones; 30 millones a la cocaína. En 1920 la corrupción era un problema menor, hoy es una de las columnas del narcotráfico. En 1920 el lavado de dinero de la cocaína pudo sumar 100 millones, hoy son 3 mil millones de soles/año. En 1919 se inició la lucha contra la coca y cocaína, hoy es un penoso e interminable proceso y un reto. En 1978 fueron empadronados 26 mil productores de coca, hoy se desconoce cuántos de ellos están activos. En 1992 el Perú pudo tener 242 mil hectáreas de coca con 200 mil familias, hoy existirían entre 62 y 80 mil has con 70 mil familias. Entre 1987 y 1994 el Perú tuvo características de narcoestado, hoy esa posibilidad es remota. Según la Dirandro en 2021, se decomisaron 41 856 kilos de cocaína, el 10% de la producción. En 150 días del 2022 se decomisaron 25t de droga en más de 5 500 operativos. El Corah informa haber erradicado en cuatro meses 8 mil has de cocales en Aguaytía, San Gabán y Tingo María. A junio del 2022 la cooperación entre bandas europeas y latinoamericanas ha impulsado la producción, consumo y tránsito por Europa de cocaína de la más alta calidad, según Europol y ONUDC”.

 

“El hecho de que las autoridades concentren sus esfuerzos en las zonas tradicionales de producción de drogas como el Huallaga y VRAEM, incentiva a que la coca prolifere en nuevas regiones potencialmente lucrativas para el narcotráfico como las fronteras con Brasil, Bolivia y en la cuenca amazónica”. (InsightCrime, octubre de 2019). El desarrollo alternativo se inicia en el Huallaga en 1981, al 2022 un 20% de los 400 mil productores de coca, café y cacao fueron atendidos pero permanecen en la pobreza, por ello persisten en la coca.

 

En 42 años de terrorismo (SL, MRTA, PMCP) en connivencia con el narcotráfico causaron 69 mil muertes según la CVR y LUM.  En 1930 Perú, Bolivia y Colombia pudieron producir 80t de cocaína, hoy serían entre 1 500t y 2 000t. Al 2022, 3 mil personas están condenadas a muerte por delitos de drogas en 35 países. En 2021, hubo 131 ejecuciones, un aumento del 336% respecto al 2020. (IDPC- OHCHR, abril de 2022). “Es necesario replantear el análisis de un tema que, por desgracia, ha sido tratado siempre con maniqueísmo, fariseísmo y unilateralidad”. Jorge Eastman; exministro de Colombia. 

Son 33 capítulos cuidadosamente elaborados, muy concisamente para facilitar la lectura y comprensión sobre temas que requieren ser ampliados, lo que constituye un reto a futuro. Si usted lo adquiere y lee habrá invertido bien en tiempo y dinero.

Globalización de las drogas: Estrategias fallidas y revisión de la política antidrogas de Estados Unidos.

Felipe A. Páucar Mariluz*

  

Avioneta narco incendiada en Colombia en plena pandemia. Foto cortesía Mindefensa.

“Estados Unidos ha desplegado masivos recursos en Latinoamérica para combatir el tráfico de narcóticos, con un ejército de agentes de la Administración para el Control de Narcóticos (Drug Enforcement  Administration, DEA), además del trabajo conjunto con otros organismos, como Seguridad Interna y Control Estadounidense de Inmigración y Aduanas (ICE) y el Comando Sur del ejército estadounidense. Europa, por otro lado, solo cuenta con un puñado de agregados policiales o agentes de enlace designados a América Latina y algunos escasos puestos navales en el Caribe. La presencia europea y la capacidad en Latinoamérica son mínimas.” InSight Crime.

El Congreso de Estados Unidos publicó un extenso informe sobre la política de drogas en el continente americano, en el cual establece una larga lista de recomendaciones para detener el narcotráfico y abordar los problemas de salud pública creados por el consumo de drogas. El informe adelanta cómo podría ser la lucha contra las drogas y el crimen organizado durante la administración del presidente electo Joe Biden.

Fue publicado por la Comisión de Política de Drogas del Hemisferio Occidental de la cámara baja del Congreso en Washington, el informe aboga por cambios profundos y sistemáticos en la forma en que Estados Unidos combate el narcotráfico. Propone, además, una mayor coordinación internacional, un enfoque más holístico en la formulación de las políticas y una revisión a las anticuadas penalidades que se imponen a los países que no logran alcanzar los objetivos anuales.

“Es posible que nunca pongamos fin al tráfico ilegal de drogas, así como no podemos eliminar el consumo de sustancias”, se lee en el documento. “Pero podemos manejar mejor estos graves problemas mediante una estrategia integral”.

El informe recomienda que Estados Unidos establezca “acuerdos de asistencia extranjera” multianuales desarrollados por los embajadores con los líderes políticos y de seguridad en los países. Señala que dichos acuerdos permitirían un mayor intercambio de información, así como mayor transparencia entre los países y soluciones de mayor costo-beneficio para asuntos como el crimen organizado, la reforma de la justicia criminal y los derechos humanos.

Los planes también podrían incluir la sincronización de los esfuerzos para prevenir las transacciones digitales ilícitas, que, como dice el informe, están siendo cada vez más utilizadas por los grupos de crimen organizado para lavar las ganancias de las drogas.

“Lo que un país como Colombia necesita es muy diferente a lo que uno como México, El Salvador u Honduras podría necesitar”, dijo Shannon O’Neil, presidenta de la Comisión, al referirse a la propuesta durante un encuentro sobre el informe realizado el 3 de diciembre de 2020.

“En ese sentido, permite ahorrar dinero y evita poner en marcha políticas que son poco eficaces para un contexto en particular”, agregó.

El informe rechaza los enfoques tradicionales para la formulación de políticas antidrogas, que hasta el momento han demostrado ser limitantes, y propone no sucumbir a disyuntivas falsas como “seguridad pública versus salud pública”, que, recalca el informe, pueden obstaculizar estrategias más eficaces, holísticas y multifacéticas. El informe hizo uso extensivo de las investigaciones y análisis propios del grupo investigativo InSight Crime.

Lo que deben hacer los diseñadores de políticas, continúa el informe, es tomar los mejores aspectos de ambos lados del debate: seguir invirtiendo en estrategias tradicionales, como el financiamiento a la formación de los policías y la destrucción de laboratorios de drogas, pero complementarlos con planes para mejorar la salud pública, los derechos humanos y el desarrollo económico alternativo.

Todo esto requeriría la unión de la comunidad internacional e involucrar al sector privado con el fin de discutir formas creativas para generar cambios a largo plazo, puntualiza el informe. Por ejemplo, menciona la titulación de tierras en zonas rurales donde el cultivo de coca está creciendo. Al otorgar títulos de tierras, los agricultores pueden acceder al crédito y a los servicios gubernamentales, y de esta manera atraer inversiones es que les permitan alejarse de los cultivos ilícitos. Lo que no dice el informe que el financiamiento de capital de trabajo es casi nulo por negligencia de los gobiernos.

El informe también insta a que los funcionarios revisen lo que se conoce como el proceso de certificación y clasificación, mediante el cual la Casa Blanca publica una lista anual de países productores y de tránsito que han “evidentemente fracasado” en la lucha por detener los delitos relacionados con las drogas. Los países que aparecen en la lista pueden recibir sanciones como castigo, aunque esto es poco común.

Este proceso equivale a una lista de “buenos y malos”, como se lee en el documento, con una teatralización que aliena innecesariamente a los socios latinoamericanos y no logra evitar la corrupción. El proceso también ha sido señalado de tener motivaciones políticas, como dice el informe, dado que a veces algunos aliados estadounidenses quedan por fuera de la lista sin las debidas explicaciones.

 

La felicidad entre funcionarios de Devida y el Mininter parecen indicar que la lucha contra las drogas es una estrategia fallida con resultados manipulables a conveniencia. Foto Devida.

El informe contiene recomendaciones acertadas que se habían quedado en el tintero durante mucho tiempo, y que, si se aplican correctamente, podrían mejorar los problemas de narcotráfico y consumo de drogas que actualmente son endémicos en América Latina y Caribe.

En primer lugar, el informe refiere viejos debates entre disyuntivas falsas como “seguridad pública versus salud pública”, dos estrategias que solo tienen sentido si se aplican juntas.

No podemos controlar el suministro de drogas nocivas sin reducir a la vez la demanda, y no podemos detener la demanda si no se limita también la oferta.

En Colombia, por ejemplo, la fumigación aérea de cultivos ilícitos de coca es costosa y aliena a las comunidades rurales. Sin embargo, los esfuerzos de erradicación de la coca pueden cumplir un papel como parte de una estrategia más amplia para abordar el asunto si se combinan con “incentivos positivos”, como la construcción de carreteras y el aumento de las oportunidades agroindustriales para ayudar a los cultivadores en la transición a la economía legal.

“No podemos controlar el suministro de drogas nocivas sin reducir a la vez la demanda, y no podemos detener la demanda si no se limita también la oferta”, puntualiza el informe. Esta afirmación da directamente en el clavo.

En segundo lugar, las acciones de buena fe coordinadas por Estados Unidos, como sugiere el informe, son en general positivas, ya que se ha demostrado los buenos resultados de los trabajos de coordinación actualmente en marcha. A pesar de que padecen de muchas deficiencias, los trabajos en conjunto con Estados Unidos han dado lugar a una reforma legítima de la justicia criminal y a una recuperación económica de la que otros países podrían beneficiarse.

En México, por ejemplo, la Iniciativa Mérida parece haber ayudado a disminuir las tasas de homicidios como resultado de una reforma policial apoyada por Estados Unidos, como indica el informe. La aplicación de estrategias similares —mejoradas con base en errores previos— podría ser constructiva si se diseñan según las necesidades específicas y el contexto sociopolítico de cada país. Al menos, esto sería más rentable que muchos de los esfuerzos que se adelantan actualmente. Pero, el informe omite la realidad escalofriante que vive México con las mafias organizadas de la droga que han convertido a varios estados en verdaderos escenarios de guerra con numerosas muertas y el terror como amenaza permanente de violación de los derechos humanos.

Por último, la decisión del informe de rebatir la eficacia del proceso de certificación y clasificación en temas de drogas podría crear un cambio profundo en la lucha internacional contra el narcotráfico. Incluir a un país en la lista de los que han “fallado evidentemente” se presenta como una amenaza, y entorpece innecesariamente las relaciones con los países, que de hecho ya son frágiles. También hace que Estados Unidos parezca poco comprensivo con las necesidades de la región, y que se interesa solo por mantener el control del panorama político.

Tal vez el mejor ejemplo de esto último es Bolivia, que ha aparecido en la lista cada año desde 2008, cuando el expresidente Evo Morales expulsó al embajador y a la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos, DEA.

Si bien Estados Unidos tenía y tiene razones para dudar por el manejo del cultivo de coca en el país, como la implementación de un mercado legal de coca a nivel nacional, su decisión de incluir a Bolivia en la lista en un momento en que Perú y Colombia estaban produciendo mucha más coca se vio como algo políticamente motivado, y puso más distancia entre los dos países.

Perú, es otro país que sufre los efectos de la ‘guerra contra las drogas’ mediante políticas punitivas y meramente represivas, que tienen en el denominado Programa de Desarrollo Alternativo Sostenible una zanahoria para mitigar en algo el palo que se utiliza contra los agricultores productores de la materia prima para la cocaína. Los informes muestran cientos de millones de soles supuestamente invertidos en las cuencas cocaleras pero el desagregado de esas inversiones o gastos no se conocen al detalle. Los alcaldes son parte de este tinglado oscuro y falso al defender los escasos recursos que intermedian entre Devida y los supuestos excocaleros beneficiarios.

 

Efectos de la COVID-19 en la producción y mercados de drogas.

Al culminar el año 2020, un año para no olvidar, se puede afirmar con certeza que la pandemia mundial de COVID-19 ha sumido al mundo en una crisis sin precedentes. En muchos países la enfermedad ha llevado al límite la capacidad de los proveedores de servicios de salud, y las restricciones impuestas por los Gobiernos han perturbado considerablemente la economía mundial.

En lo que respecta a los mercados de drogas, se desconoce aún cuál ha sido el impacto de la pandemia y es difícil predecirlo, pero podría ser de gran alcance. Las restricciones a la circulación limitaron el acceso a los precursores y las sustancias químicas esenciales, por lo que algunos productores pudieron verse obligados a buscar nuevas formas de fabricar drogas. Es posible que los traficantes tuvieran que encontrar nuevas rutas y métodos, ya que las restricciones a los viajes les impiden cruzar fronteras, mientras las cuarentenas al interior de los países casi paralizaron la estructura de acopio y mercadeo. Los hábitos de consumo y la disponibilidad de las drogas pudieron cambiar, y la capacidad de respuesta de los Gobiernos se vio mermada.

La transformación que ha traído consigo la COVID-19 no tiene precedentes, pero se puede aprender algo de las crisis anteriores. Tras la crisis económica de 2008, algunos consumidores comenzaron a buscar sustancias sintéticas más baratas y se produjo un cambio en los hábitos de consumo en favor de las drogas inyectables. Mientras tanto, los Gobiernos recortaron los presupuestos relacionados con las drogas, lo mismo sucedió con esta pandemia.

 

La droga sintética que desplaza a la cocaína y morfina, en unos años podría reemplazarlo, entonces podría decirse que estaría cerca el adiós a la coca y la cocaína. Foto Conadic.

Los Gobiernos respondieron del mismo modo a la actual crisis económica, las intervenciones, como la prevención del consumo de drogas y los comportamientos de riesgo conexos y los servicios de tratamiento, podrían sufrir un duro golpe. Además, las operaciones de incautación y la cooperación internacional pasaron a un segundo plano, lo que facilitó las operaciones de los traficantes.

Lo que podría explicar las voluminosas incautaciones de cocaína en operativos multinacionales realizadas en la costa de Venezuela, en España, Bélgica, Estados Unidos, Colombia, Ecuador, Brasil, entre otros países.

El mayor impacto inmediato en el tráfico de drogas se produjo en los países en los que se introducen grandes cantidades de drogas en vuelos comerciales. Las drogas de síntesis, como la metanfetamina, son transportadas por correos en el interior del organismo u ocultas en el equipaje personal, a veces en grandes cantidades. Habida cuenta de las restricciones que se imponen prácticamente en todas partes al tráfico aéreo de pasajeros, el abastecimiento de drogas mediante vuelos comerciales pudo interrumpirse por completo durante varios meses. Las actividades de tráfico a través de la red oscura y por correo postal pudieron aumentar, aunque la cadena de suministro postal internacional también se vio afectada.

La recesión económica y las medidas de confinamiento podrían haber perturbado los mercados de drogas. Con el aumento del desempleo y la falta de oportunidades será más probable que las personas pobres y desfavorecidas caigan en hábitos nocivos de consumo de drogas, sufran trastornos por consumo de drogas y recurran a actividades ilegales –bien de producción, bien de transporte– vinculadas a las drogas. Asimismo, es probable que las organizaciones que se dedican al tráfico de drogas se aprovechen de la situación para prestar servicios a las personas vulnerables y engrosar sus filas con nuevos miembros. Dado que los Gobiernos han perdido capacidad de respuesta, esos cambios podrían arraigar rápidamente y convertirse en la nueva realidad de muchas comunidades.

El impacto podría ser comparable a la crisis económica de 2008, que creó múltiples problemas económicos y políticos que afectaron a los productos agrícolas de agroexportación principalmente en lo que respecta a la producción, comercialización, transporte, precios y nuevas exigencias sobre calidad de los productos (café, cacao, banano, etc.) por parte de los consumidores.

Una realidad que abruma es: el narcotráfico globalizado, el crimen organizado globalizado, la violencia globalizada, males para los que la traumática experiencia del 2020 no parece afectarles si se tiene en cuenta los indicios de lavado de dinero en el comercio y las finanzas, que en la mayoría de veces están a la vista, pero que los organismos e instituciones de inteligencia no perciben o simplemente no les interesa prevenir o controlar. (Fuente: Global initiative, InSight Crime, Opendemocracia, ONUDC, ONDCP, OMS, OPS, El País, archivos Leyenda del Huallaga).

*) Ingeniero agrónomo – Periodista investigador.

 

2020 el año del silencio: Pandemia, Economía y Crimen Organizado en la Amazonía.

Todos los males juntos en un año para la reflexión y la toma de decisiones políticas en los altos niveles de la administración mundial en particular en los países que integran la Amazonía, la esperanza del mundo. Foto Internet.

El reto en 2021 consiste principalmente en que los líderes del mundo antepongan intereses propios en beneficio de los miles de millones de habitantes a nivel global y centren sus esfuerzos en resolver los problemas más urgentes o angustiantes. Es un misterio lo que será el 2021 y cómo aumentarán o disminuirán nuestras preocupaciones y padecimientos, pero queda la esperanza que también saldremos adelante.

En el caso del Perú, el gobierno del expresidente Martín Vizcarra tomó decisiones que en principio fueron bien recibidas pero luego ante fallas notorias y la falta de información o transparencia en la distribución y gasto aparecieron los cuestionamientos. Se conoce que más de 60 mil millones de soles fueron destinados a programas y rubros para enfrentar la pandemia, pero lo que no se conoce es cuánto de esos recursos llegaron a los pobres y pobres extremos. Tampoco cuánto de lo que se entregó a los dos mil municipios y 25 gobiernos regionales fueron invertidos o gastados oportuna y eficientemente y cuánto de ello nutrió las abultadas carteras de los corruptos de ‘cuello y manos blancas’.

La transparencia y eficiencia en todos los niveles de la administración pública empoderados por la gran corrupción deberían ser tarea del gobierno transitorio del presidente Francisco Sagasti para esperar mejores resultados en tranquilidad y paz social que ayudaría a recuperar el crecimiento y desarrollo en un quinquenio. Eso al menos es el deseo en ¡Año Nuevo!. 

Lograr un balance del año 2020 que satisfaga los criterios, opiniones y precepción de todos no es sencillo, dada la diversidad de circunstancias y posiciones frente a los males que aquejan a la humanidad. Desde nuestra perspectiva y en esta oportunidad nos detenemos en los resultados evaluados hasta hoy de la pandemia Covid-19, del tráfico de drogas, del oro y de personas en el mundo y en la Amazonía de la que es parte el Perú. Planteamos este objetivo y añadimos información e investigaciones producidas por instituciones, organismos y medios de alta confiabilidad y credibilidad.

“La política busca el poder; el periodismo, la verdad. La política se desvía cuando predomina el bien particular sobre el bien común, pero el poder es siempre su medio; el periodismo se desnaturaliza cuando busca el poder antes que la verdad. Siguiendo lo que entendió Adam Smith hace más de 200 años, un medio se debe fundamentalmente a su audiencia, como cualquier otro servicio a sus usuarios.  Insistir en hechos y datos antes que en intereses inmediatos o subalternos es la esencia de la credibilidad”. Gonzalo Zegarra, El Comercio.

Pandemia y economía.

Cuando comenzó 2020, la economía global acababa de alcanzar su décimo año consecutivo de crecimiento ininterrumpido, una racha que la mayoría de economistas y autoridades de finanzas gubernamentales esperaban que persistiera durante los próximos años. No obstante, en apenas dos meses, un nuevo y misterioso virus detectado por primera vez en China en diciembre de 2019 se estaba extendiendo rápidamente por todo el mundo, rompiendo esas expectativas y provocando la recesión mundial más pronunciada en generaciones.

El Fondo Monetario Internacional estima que la economía mundial se ha contraído un 4,4% este año en comparación con una contracción de solo un 0,1% en 2009, cuando el mundo enfrentó por última vez una crisis financiera.

El cierre de empresas y de cualquier actividad no esencial ordenado por los gobiernos en gran parte del mundo desencadenó una ola de desempleo no vista desde la Gran Depresión.

En algunos países, como China, los niveles de infección por COVID-19 se suprimieron eficazmente mediante confinamientos estrictos pero relativamente breves, lo que permitió que las tasas de desempleo se mantuvieran bajas. Otros, como Alemania, implementaron planes respaldados por el gobierno para mantener a los empleados en las nóminas de la empresa incluso aunque escaseara el trabajo.

En lugares como Brasil y Estados Unidos, la propagación incontrolada del virus y las respuestas sanitarias y económicas de los gobiernos provocaron una pérdida de puestos de trabajo. Unos 22 millones de personas quedaron sin empleo en Estados Unidos solo en marzo y abril y la tasa de desempleo saltó a cerca del 15%. La mayoría de los economistas espera que los mercados laborales tarden un año o más en volver a algo parecido a antes de la pandemia.

Que asestó un duro golpe al comercio mundial y los volúmenes de exportación cayeron abruptamente a su nivel más bajo en casi una década en marzo y abril. Desde entonces, la recuperación ha estado liderada en gran medida por China, que se encuentra sola entre las principales economías que experimentan un crecimiento interanual de las exportaciones.

Los niveles sin precedentes de estímulo gubernamental evitaron daños aún mayores a muchas economías, pero también se sumaron a una montaña global de deuda soberana acumulada por los gobiernos, lo que plantea dudas sobre si una crisis financiera será la próxima con la que deberá lidiar el mundo.

Sin embargo, tasas de interés históricamente bajas que rondan y a veces están por debajo del 0%, implican que los costos de pagar la deuda para las economías del Grupo de Siete (G7) están en su nivel más bajo desde los años 70, cuando la carga de la deuda era solo una fracción de lo que es ahora.

"La deuda hoy es sostenible y lo seguirá siendo unos años, porque mientras la actividad económica y el empleo no hayan recuperado impulso, es poco probable que los bancos centrales hagan algo con sus tasas. Eso permite a los gobiernos mantener el apoyo fiscal en forma de planes de retención y apoyo a las empresas", dijo Laurence Boone, economista jefe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que es una organización internacional cuya misión es diseñar mejores políticas para una vida mejor.

Una consecuencia de esa generosidad fue que el gasto de los consumidores se mantuvo mejor de lo que muchos esperaban. Aunque el gasto en servicios se desplomó y sigue deprimido -en restaurantes y para viajes y ocio en particular-, los consumidores apostaron por comprar bienes, especialmente artículos caros como automóviles y mejoras para el hogar, que se beneficiaron de las tasas más bajas.

Otro efecto directo de todo ese gasto público ha sido un aumento del ahorro entre los consumidores en muchas partes del mundo. Los pagos de apoyo gubernamentales en las economías desarrolladas pasaron a las cuentas bancarias de los hogares y, con los consumidores confinados en los primeros días de la pandemia en particular, las tasas de ahorro se dispararon.

Comenzaron a volver a la tierra en la última parte de 2020, pero se siguen muy por encima de niveles anteriores. Algunos economistas ven esto como el combustible que ayudará a impulsar el repunte económico en 2021 y más allá, cuando las vacunas del COVID-19 permitan una recuperación más amplia y los consumidores comiencen a moverse, y a gastar, con mayor libertad. 

Crimen organizado en la Amazonía.

La extinción de especies animales y vegetales valiosas es una realidad mientras la amenaza del crimen organizado se acrecienta en la Amazonía. Foto Mongabay Latam.

La destacada investigadora Livia Wagner investiga diversos problemas en la Amazonia y en un evento internacional refirió que no le fue fácil ingresar a La Pampa, en Madre de Dios. Lo intentó tres veces hasta que pudo llegar para conocer el vínculo entre la minería ilegal y el crimen organizado en el Perú. Eso fue hace cinco años, entonces esta experta de la Iniciativa Global Contra el Crimen Organizado Transnacional se dedicó a estudiar cómo funcionan las mafias dedicadas a la explotación de oro y el tráfico de personas en uno de los lugares más afectados por la minería ilegal en Latinoamérica.

En ese momento realizó una investigación en cuatro países del continente: México, Colombia, Brasil y Perú. Así pudo conocer cómo se interrelacionan las actividades ilegales y cómo se presentan en cada país.

Estuvo en el V Congreso Nacional de Fiscales Especializados en Materia Ambiental de Perú y habló sobre cómo se realiza esta actividad ilegal y la cadena de actores que se deben tener en cuenta para enfrentar al crimen organizado (narcotráfico, explotación del oro, trata de personas, etc.).

Se le preguntó, ¿Usted ha dicho que la minería ilegal y el tráfico de oro han superado al narcotráfico en cuanto a ganancias? Respondió que eso tiene que ver con el precio del oro, que es volátil pero ha aumentado bastante. La minería ilegal produce mucha ganancia y eso atrae a los grupos criminales. Además, están en áreas remotas y sin presencia fuerte del Estado, factores favorables para que las redes criminales se expandan. Por eso ha superado el valor del tráfico de drogas y de la cocaína.

¿Usted ha explicado que los crímenes ambientales no van solos, sino que se conectan? En la minería ilegal es muy obvio, especialmente en Latinoamérica, la conexión con la explotación sexual y cuantos más trabajadores hay, entonces hay más explotación sexual. Incluso, hace 5 a 10 años, había explotación laboral de los mineros. Es algo de lo que ya no se habla, pero existía el reclutamiento forzado de los trabajadores antes de la fiebre del oro. Ahora lo que está aumentando es la forma o estructura de la trata de personas, pues hasta el perfil del traficante de mujeres ha cambiado. Antes eran hombres, pero actualmente son las mismas mujeres que han sido explotadas sexualmente quienes se dedican a esta actividad porque, muchas veces, no pueden regresar a su lugar de origen, entonces se dedican a la trata o la explotación sexual.

¿Qué otros delitos se conectan con la minería ilegal? A nivel de fuerza laboral hay una conexión con el tráfico de drogas. Significa que los trabajadores que un día están en la minería, también se mueven a la producción de cocaína. Otra cosa que tiene que ver con la producción de drogas o el transporte de drogas es que usan los mismos aviones para trasladar oro. Es decir que las avionetas para transporte ligero de 200 a 300 kilos y las rutas que se usan para transportar la droga a Bolivia se usan para el oro también.

¿El oro y la cocaína se trasladan juntas? No se puede decir que un grupo maneja los dos productos. En Perú, solo hay un caso que se sabe que usaba la minería formal para lavar activos que fueron producto del narcotráfico, que fue el de Sánchez Paredes, pero el resto de grupos no están en las dos cosas, están como en paralelo.

Lo que no está cambiando en todos estos años es que la mirada está principalmente y casi explícitamente en el minero ilegal. En mi presentación he tratado de destacar que no es suficiente abordar al trabajador. Obviamente el trabajador es el que comete la actividad ilícita, pero para el ecosistema de la minería ilegal uno necesita múltiples actores en diferentes niveles y jerarquías. Y eso no ha cambiado. Todavía se enfocan en la criminalización del minero, pero con eso no basta y con eso no se va a resolver nada.

Deben enfocarse más en los actores que facilitan, voluntariamente o no, que la minería ilegal pueda pasar los flujos ilícitos financieros, los bancos que están aprovechando que la minería está prosperando, las empresas que proveen maquinaria, son todos actores que están involucrados. Enfocarse en el trabajador es lo más fácil para presentar que se está haciendo algo, pero no es la solución y no es nada eficaz porque hasta ahora uno ve que no ha cambiado nada y la Operación Mercurio lo que está haciendo es un desplazamiento de esta actividad, pero no está enfrentando el problema. Además, las operaciones tienen que ser coordinadas entre las diferentes fiscalías.

La ganancia financiera es un elemento primordial del crimen organizado. Si además de seguir las rutas del oro, también se siguen las del dinero (lavado), se sabrá hacia dónde llegar. Mirando las rutas uno ya sabe quiénes son los actores que forman parte de esa ruta del dinero y de toda la cadena de suministro. Es incómodo porque se van a encontrar actores que en realidad no deberían estar involucrados.

La expansión o la presencia de la minería ilegal es al mismo tiempo una expresión de la corrupción en todos los niveles. Es el policía que les avisa a los mineros que habrá una interdicción. Ese es un primer nivel, pero llegando a niveles más altos, hay muchos más involucrados. El ecosistema de actores formales deja que eso suceda.

La minería ilegal es muy diferente en cada país. Lo único que se puede decir que los une es que todos son parte de la cuenca amazónica y que hay redes criminales que están involucradas, en diferentes niveles. Antes en Perú el involucramiento era de redes criminales, pero no era el crimen organizado como en Colombia o en México. Pero la trata de personas con fines de explotación sexual siempre está presente, es un elemento que siempre está ahí.

Los niveles del involucramiento de las redes criminales eran diferentes. En Colombia, las FARC y el ELN manejaban las minas y la trata de personas para fines de explotación sexual y explotación laboral. Eso no había en Perú, donde la gente migraba hacia la región de Madre de Dios voluntariamente. En Colombia era diferente, la gente no podía salir de la mina porque las FARC y el ELN las manejaban. Significa que eran diferentes niveles de cómo manejaban las minas ilegales. 

El problema con el oro ilegal es que uno lo puede ‘legalizar’ fácilmente a través de las refinadoras y después no se sabe de dónde vino. En una barra de oro el 5 % podría venir de la minería ilegal de Madre de Dios, pero todo lo juntan y lo refinan. Mientras el oro no ha sido refinado se puede hacer la trazabilidad porque en el caso de la minería aluvial la pureza del oro es un poco más baja que la minería de roca. Es posible hacer la trazabilidad, aunque es costoso y las empresas no tienen interés en hacerlo. Ese es el problema, no solo se puede tener el oro de minas certificadas porque esas minas certificadas producen muy poco oro. La demanda sube y las empresas no tienen suficiente oro, entonces ahí comienzan a traer oro de fuentes informales e ilegales.

Su auge depende del precio del oro. Todo lo que está dentro del crimen organizado depende del lucro o de la ganancia financiera. Si el oro baja, la gente se irá a la pesca ilegal o a otra actividad. Siempre depende del precio del oro.

Se ha hablado de trabajar en conjunto, de crear redes entre las fiscalías en América Latina. Se deben hacer operaciones coordinadas, pero son entidades diferentes, cada una tiene su forma de trabajo. Pero tienen que trabajar en conjunto y cuando eso se establezca, las entidades verán los beneficios de control y erradicación del crimen organizado que afecta en estos temas también a la Amazonía.

A todo esto, ¿Cómo combatir las actividades ilegales que depredan la Amazonía? Una manera es que la población cuide sus territorios y las haga respetar. 

Desde el Ministerio del Ambiente hay un Programa Nacional de Conservación de Bosques para la mitigación del cambio climático aunque en teoría es bueno en la práctica deja mucho que desear y lamentar. (Con información: Mongabay Latam, Reuters, América Economía, Universidad Los Andes, Banco Mundial, MINAM, El Comercio).

Narcotráfico: El fantasma del fracaso en el Día Internacional de Lucha Contra las Drogas.

Felipe A. Páucar Mariluz.



 

 

La interdicción contra las drogas se focalizó en el Vraem con algunos logros, pero insuficientes. Foto difusión.

 

Según los estudios, que hay para todos los gustos e intereses, el consumo global de la drogas se mantiene estable, de acuerdo a los resultados de un trabajo de Naciones Unidas. En el Perú los resultados muestran un descenso en el consumo de drogas en escolares, no obstante en varios departamentos se incrementó en forma exponencial, por lo que la conclusión preliminar es que la estrategia de prevención del consumo de drogas no da resultados, igual que la interdicción al tráfico ilícito de drogas que propagandiza asilados logros.

 

“El tráfico ilícito de drogas ocasiona serias consecuencias en las sociedades que lo padecen. Si su crecimiento no es controlado a tiempo, puede debilitar la democracia de un país, socavando la estructura del Estado y reduciendo la credibilidad de sus autoridades. Su carácter económico ilícito propicia el establecimiento de mercados negros con altos márgenes de ganancias, frecuentemente asociados al crimen organizado, sicariatos, tráfico de armas y formas de terrorismo; en los que productores, vendedores y adictos se coluden, creando enormes oportunidades e incentivos para la corrupción de autoridades, amenazando la institucionalidad de los gobiernos...” Enfatizó en un discurso, Alberto Otarola, presidente de Devida.

 

El IV Estudio Nacional: Prevención y Consumo de Drogas en Estudiantes de Secundaria del Perú, elaborado por la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA), determinó que a nivel escolar el consumo de drogas desciende.

 

Sin embargo, a pesar de los avances se registran señales de alarma en escolares de nivel secundaria que consumen (3.8%) más del doble de drogas ilegales que la población general del país (1.5%).

Alrededor de 900,000 estudiantes de secundaria ha consumido alguna vez en su vida drogas legales (alcohol o tabaco) y 177,000 alumnos han hecho uso de alguna sustancia ilegal, es decir, marihuana, PBC, cocaína, éxtasis, inhalantes u otras.

 

En algunas regiones del país el consumo de sustancias ilegales sigue creciendo y tiende a concentrarse en las ciudades que se ubican en las rutas de supuesta salida de las drogas.

 

En los departamentos de Ancash, Ayacucho, Cusco, Lambayeque y Tacna, el consumo de Pasta Básica de Cocaína (PBC) se incrementó en más del 100%. El consumo de marihuana aumentó en más de 100% en los escolares de Cusco y Tacna.

 

El informe reveló que el uso de cocaína creció en 450% en Ayacucho y en cerca de 300% en Tacna y Ancash, en Huánuco el consumo de cocaína se duplicó.

 

El presidente ejecutivo de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA), Alberto Otárola Peñaranda, anunció que Devida incrementará su presupuesto en apoyo a la Dirección Antidrogas del Perú (DIRANDRO) para fortalecer las acciones en la lucha contra el narcotráfico, la tónica de la represión será su fuerte, al igual que casi todos sus antecesores.

 

La DIRANDRO cumple un papel importante en la prevención, investigación y combate al tráfico ilícito de drogas. El gobierno entregó binoculares, GPS, chalecos antibalas, visores nocturnos, así como reactivos químicos para la detección de clorhidrato de cocaína y marihuana. Insumos químicos para los laboratorios,  equipos de cómputo y cámaras fotográficas entre otros, para dependencias en las zonas con presencia de narcotráfico en Ucayali, Huánuco, Piura, Ayacucho, Junín, Cuzco y otros del Vraem.

Alto Huallaga: Menos coca, nada de terrorismo, pero, ¿más narcotráfico?

Presunta terrorista del Monzón capturada en Tingo María, junto a cartel que promueve la delación como estrategia antidrogas. Foto difusión.

La información proporcionada por la Dirandro y el Corah, como erradicación de  cultivos de coca, presencia del narcotráfico con la producción de drogas y presunta continuidad del terrorismo senderista, no permite una lectura real de la problemática vinculada a estos flagelos generadores de conflictos sociales, políticos y económicos en el Alto Huallaga y que en cierta forma repercuten en la estructura del Estado.

Como lo dijimos antes, no somos de los que confían a pie juntillas y con la venia del oriental las cifras que permanentemente reportan éxitos en la guerra contra las drogas y en la lucha contra el terrorismo, pero como al fin y al cabo son cifras oficiales y las que tienen valor, las tomamos en cuenta para nuestro análisis, con los reparos que no significan poner en duda estas informaciones.  

Aparentemente la actividad senderista es nula en el Alto Huallaga, pero constantemente se nos informa de la captura de campesinos requisitoriados casi en su totalidad por los dichos de delincuentes terroristas confesos acogidos a procedimientos que les permitan un grado de impunidad, como sucedió en los 90 con la puesta en vigencia de la ley de arrepentimiento, mediante el cual cientos de inocentes fueron encarcelados y hasta desaparecidos por la brutalidad de lucha contrasubversiva.

Se informa que en momentos que ingresaba a una bodega del jirón Yurimaguas de la ciudad de Tingo María, fue capturada Lizzeth Rada Flores de 43 años por el presunto delito de terrorismo, a solicitud del 3er. Juzgado de Lima, para ser trasladada a la OFINT-DIVOEAD-Huallaga, donde se realizó las diligencias de ley y derivarla a la autoridad correspondiente.

La detenida Lizzeth Rada Flores alias la ‘flaca o loca’, se encuentra comprendida en el Atestado N°06-2007-DIRCOTE-DIVITER-DEPITAC-TM-SIO, “Operativo Huracán 2007”, donde se la identifica como esposa de la persona conocida como ‘Loco Severo’, presunto integrante de Sendero Luminoso que operaba en el Valle del Monzón y que presuntamente habría participado en el aniquilamiento de los hermanos Solano y Manuel Meléndez Gómez, conjuntamente con otros terroristas al mando de Samuel Rodríguez  Amasifuen ‘camarada jimmy’ reo en cárcel.

Por otra parte también se informa que personal del Grupo de Operaciones Antidrogas Tácticos en Jungla, de la DIVOEAD Huallaga, con conocimiento – se entiende no presencia - de José Huamán López, fiscal adjunto antidrogas de Leoncio Prado y el apoyo de dos helicópteros UH 2H., realizó operativo policial de interdicción contra el tráfico ilícito de drogas, al tener conocimiento que presuntos traficantes de drogas conocidos como ‘Jaime”, “pollo” y “Fredy”, se estaban dedicando a actividades ilícitas como acopio de insumos químicos fiscalizados, elaboración de pasta básica de cocaína, en pozas de maceración de coca instaladas a orillas del rio Monzón; caseríos Tamshi Bajo y Huayruro.

En Huayruro fue ubicado un centro de acopio de insumos químicos fiscalizado en una chacra con plátanos donde se halló 900 kilos de kerosene y gasolina. En Tamshi Bajo se incineraron 2 pozas de maceración de coca para la elaboración de pasta básica de cocaína además se destruyeron 1800 kilos de insumos químicos fiscalizados y no fiscalizados.

Finalmente se afirma que el Corah logró erradicar 18 mil 199 hectáreas de cultivos de coca, faltarían entonces solo 3 mil 800 hectáreas para cumplir con la erradicación de 22 mil has., que es la meta del presente año.

También se afirma que en octubre erradicaron 2 mil 046 hectáreas en los caseríos Alto y Bajo Corvina, Mohena, Corvina, Mendoza, Bambú, Bijao, Siria, Miraflores, Kimpirari y Villa Real; pertenecientes a los departamentos de Huánuco, Pasco y San Martín.

Lo sorprendente es que en octubre habría destruido 47 pozas de maceración para la producción de pasta básica de cocaína con lo que va del 2013 son 220 pozas de maceración destruidos. Esto evidenciaría que la actividad del narcotráfico continúa avanti sin obstáculos que dificulten su criminal actividad.

Los campesinos califican las permanentes incursiones del Corah como ‘operación picaflor’ debido a los constantes repasos en las parcelas que en algunos casos fueron erradicadas hasta 5 veces. Llegan en grupo, erradican unas cuantas plantas y regresan a Tingo María, esto habría sucedido hace unos días en el caserío Cafesa donde un contingente del Corah llegó y al encontrar una pequeña parcela sobrante se limitaron a erradicarla y regresar por donde había ingresado, según los pobladores esa habría sido la única faena del día de ese grupo.

Sería conveniente se informara si se realizan auditorias independientes a las áreas erradicadas teniendo en cuenta que ya se efectuaron denuncias sobre un presunto incremento arbitrario de las áreas erradicadas con el objeto de cumplir con las metas y quedar todos contentos. Ojala así sea.

Declaración sobre drogas de Lima, ninguna autocrítica, un paso al vacío.

Felipe A. Páucar Mariluz.

Representantes de 61 países y 10 organismos multilaterales perdieron la oportunidad para cambiar la represiva guerra contra las drogas, no se recogió las iniciativas para flexibilizar las penas a los consumidores que son unos enfermos antes que unos delincuentes. Foto difusión.

La expectativa generada en torno a la Conferencia Internacional sobre drogas realizado en Lima el 25 y 26 de junio, no fue respondida por la Declaración de Lima sobre Drogas, que solo contiene reconocimientos, balances parcializados, sugerencias y destemplados pedidos de corresponsabilidad en el combate al flagelo de las drogas.

Ninguna autocrítica, menos una censura a algún país que incumplió compromisos asumidos con la firma de convenios internacionales, menos un balance real por país sobre resultados en la lucha contra el narcotráfico emprendidos muchas veces en forma solitaria.

Al leer la declaración da la impresión que todo lo hecho en materia de interdicción, previsión y control del consumo de drogas, desarrollo alternativo, control de lavado de activos y del uso indebido de insumos químicos, estuvo bien realizado y no hubiera nada que corregir, por lo tanto nada sobre el cual hacer un mea culpa.

Se perdió una oportunidad más para debatir los cambios a la estrategia antidrogas básicamente norteamericana que ya lleva 100 años y en este periodo fracasó en todos sus extremos, así lo nieguen los agentes de los gobiernos inmersos en los numerosos programas y actividades que disponen de fondos importantes.

El primer punto de la declaratoria se explaya sobre un reconocimiento a los esfuerzos realizados por los Estados y las organizaciones internacionales competentes, así como la contribución de la sociedad civil para luchar contra el Problema Mundial de las Drogas, y reitera la profunda preocupación por el Problema Mundial de las Drogas, que constituye una grave amenaza para la seguridad y salud pública, el bienestar de toda la humanidad y la seguridad nacional; debilita el estado de derecho y fomenta la corrupción; y socava el desarrollo sostenible, los ordenamientos jurídicos, la estabilidad política y económica, y las instituciones democráticas;

En el punto cuatro, reconocen la necesidad de intensificar los esfuerzos para el logro de los objetivos establecidos en la Declaración Política y el Plan de Acción sobre Cooperación Internacional en favor de una Estrategia Integral y Equilibrada para Contrarrestar el Problema Mundial de las Drogas de 2009;

El punto 5 insiste en que el Problema Mundial de las Drogas debe abordarse en un marco multilateral, regional y bilateral, adoptando medidas concretas, amplias y eficaces basadas en pruebas para reducir considerablemente tanto la demanda como la oferta de drogas ilícitas, en virtud del principio de responsabilidad común y compartida;

El punto 6 reconoce cierto progreso logrado en el plano local, regional e internacional, si bien expresan preocupación por las tendencias mundiales negativas en materia del cultivo, producción, fabricación, tráfico y distribución ilícitos, y el uso indebido de drogas;

El punto 7, destaca la urgente necesidad de responder a los graves desafíos planteados por los crecientes vínculos entre el tráfico ilícito de drogas, la corrupción y otras formas de delincuencia organizada transnacional, incluyendo la trata de personas, el tráfico de armas de fuego, los delitos cibernéticos y, en algunos casos, el terrorismo y el blanqueo de dinero;

El punto 13, acoge con beneplácito el importante papel que desempeña la sociedad civil, en particular las organizaciones no gubernamentales, en la lucha contra el Problema Mundial de las Drogas, y observamos que se debería permitir que los representantes de las poblaciones afectadas y de las entidades de la sociedad civil, según corresponda, participen en la formulación y aplicación de estrategias de reducción de la demanda y la oferta de drogas;

El punto 16, reconoce la necesidad de prevenir la desviación de precursores químicos utilizados para la fabricación de drogas ilícitas, respetando la legislación nacional y las tres convenciones sobre fiscalización internacional de drogas;

El punto 18, acoge con beneplácito la convocatoria de la Conferencia Internacional sobre el Desarrollo Alternativo, organizada por los Gobiernos de Tailandia y el Perú, que se celebrará en Lima los días 15 y 16 de noviembre de 2012, en la que se espera examinar un conjunto de principios rectores internacionales que sirvan de directrices para elaborar estrategias más eficaces de desarrollo alternativo…

Se avanzó en algo, pero la declaración pudo ser más agresiva y reflexiva orientada al cambio que es urgente, fue un paso pequeño cuando se esperaba uno gigante para frenar el avance imparable de las drogas y sus delitos conexos. En conclusión, “mucho ruido y pocas nueces.”

Zar antidrogas de Estados Unidos visitó el “Bolsón Cuchara” en fiesta de San Juan.

Felipe A. Páucar Mariluz.

Zar antidrogas habría asumido varios compromisos en Tingo María, como posibilitar el comercio de manteca de cacao en Estados Unidos por parte de la Cooperativa Agraria Industrial Naranjillo, que extrañamente ha sido vetada por los manufactureros. Foto embajada USA.

En un hecho que causó sorpresa en unos y desazón en otros, el Zar antidrogas de Estados Unidos cuyo cargo es de subsecretario de Asuntos Antinarcóticos y Cumplimiento de la Ley a Nivel Internacional de Estados Unidos, William R. Brownfield, la embajadora estadounidense en Lima, Rose Likins y el director de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos de dicha sede diplomática, Jeffrey M. Hovenier, así como varios integrantes de la UNODC visitaron el valle del “Bolsón Cuchara” donde se efectúan algunas plantaciones de cacao, café y reforestación y otros funcionarios de gobierno, entre ellos la jefa de Devida Carmen Masias.

Los funcionarios norteamericanos vinculados a la lucha contra las drogas se reunieron con el presidente del Consejo de Ministros al día siguiente, fecha en que se inicio el conclave internacional para la búsqueda de soluciones al tema de las drogas y delitos conexos.

El llamado zar antidrogas de Estados Unidos participa en la Conferencia Internacional de Ministros de Relaciones Exteriores y Jefes de Organismos Nacionales Especializados contra el Problema Mundial de las Drogas, que culminó ayer.

Estados Unidos es el principal país cooperante que tiene el Estado peruano en la lucha contra el tráfico ilícito de drogas y su apoyo ha sido renovado para aplicar la Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas 2012-2016, iniciada por Gobierno en mayo.

El plan nacional fue expuesto ante los responsables de alto nivel del Gobierno estadounidense, en Washington D.C., por parte de la presidenta ejecutiva de Devida, Carmen Masías, quien destacó que varios puntos de la estrategia coinciden con las acciones de lucha antidrogas del gobierno de Estados Unidos.

Llegaron a Tingo María en un avión de la embajada y se dirigieron hasta “Bolsón Cuchara” para hablar con algunos agricultores beneficiarios del desarrollo alternativo ejecutado por Devida vía convenio con Naciones Unidas, al regreso y por iniciativa de un funcionario de Naciones Unidas visitaron la planta industrial del cacao de la cooperativa Agraria Industrial Naranjillo, inaugurada en setiembre de 1985 y donde los Estados Unidos no aportaron un solo dólar, a pesar que se perdió casi un año en gestionar el apoyo a la industria del cacao como alternativa a la coca.

Los fondos con que Naciones Unidas apoyaron en la fase final a la industria del cacao fueron de origen europeo y decidido en una visita en 1984 de una comitiva de 24 funcionarios de varios países de Europa que fueron recibidos en una sesión de consejo de administración y vigilancia de la Cooperativa Agraria Naranjillo donde se tuvo que sustentar el proyecto agroindustrial en ejecución, una tarea nada fácil.

Ex presidentes y socios de la cooperativa Naranjillo rechazaron que se presente a la cooperativa Naranjillo como resultado del desarrollo alternativo y que esto sea permitido y celebrado por sus actuales dirigentes timoratos y desinformados. Además opinaron que si Estados Unidos quiere apoyar hoy que condone la deuda de 130 mil dólares que la cooperativa tienen con el PDA, préstamo que fue dilapidado por el gerente Tomislavo Zecevich en 1999 o que garantice precios aceptables y sostenibles para el cacao y café cuyos productores se debaten en angustiosa crisis económica que lleva al desaliento.