2020 el año del silencio: Pandemia, Economía y Crimen Organizado en la Amazonía.

Todos los males juntos en un año para la reflexión y la toma de decisiones políticas en los altos niveles de la administración mundial en particular en los países que integran la Amazonía, la esperanza del mundo. Foto Internet.

El reto en 2021 consiste principalmente en que los líderes del mundo antepongan intereses propios en beneficio de los miles de millones de habitantes a nivel global y centren sus esfuerzos en resolver los problemas más urgentes o angustiantes. Es un misterio lo que será el 2021 y cómo aumentarán o disminuirán nuestras preocupaciones y padecimientos, pero queda la esperanza que también saldremos adelante.

En el caso del Perú, el gobierno del expresidente Martín Vizcarra tomó decisiones que en principio fueron bien recibidas pero luego ante fallas notorias y la falta de información o transparencia en la distribución y gasto aparecieron los cuestionamientos. Se conoce que más de 60 mil millones de soles fueron destinados a programas y rubros para enfrentar la pandemia, pero lo que no se conoce es cuánto de esos recursos llegaron a los pobres y pobres extremos. Tampoco cuánto de lo que se entregó a los dos mil municipios y 25 gobiernos regionales fueron invertidos o gastados oportuna y eficientemente y cuánto de ello nutrió las abultadas carteras de los corruptos de ‘cuello y manos blancas’.

La transparencia y eficiencia en todos los niveles de la administración pública empoderados por la gran corrupción deberían ser tarea del gobierno transitorio del presidente Francisco Sagasti para esperar mejores resultados en tranquilidad y paz social que ayudaría a recuperar el crecimiento y desarrollo en un quinquenio. Eso al menos es el deseo en ¡Año Nuevo!. 

Lograr un balance del año 2020 que satisfaga los criterios, opiniones y precepción de todos no es sencillo, dada la diversidad de circunstancias y posiciones frente a los males que aquejan a la humanidad. Desde nuestra perspectiva y en esta oportunidad nos detenemos en los resultados evaluados hasta hoy de la pandemia Covid-19, del tráfico de drogas, del oro y de personas en el mundo y en la Amazonía de la que es parte el Perú. Planteamos este objetivo y añadimos información e investigaciones producidas por instituciones, organismos y medios de alta confiabilidad y credibilidad.

“La política busca el poder; el periodismo, la verdad. La política se desvía cuando predomina el bien particular sobre el bien común, pero el poder es siempre su medio; el periodismo se desnaturaliza cuando busca el poder antes que la verdad. Siguiendo lo que entendió Adam Smith hace más de 200 años, un medio se debe fundamentalmente a su audiencia, como cualquier otro servicio a sus usuarios.  Insistir en hechos y datos antes que en intereses inmediatos o subalternos es la esencia de la credibilidad”. Gonzalo Zegarra, El Comercio.

Pandemia y economía.

Cuando comenzó 2020, la economía global acababa de alcanzar su décimo año consecutivo de crecimiento ininterrumpido, una racha que la mayoría de economistas y autoridades de finanzas gubernamentales esperaban que persistiera durante los próximos años. No obstante, en apenas dos meses, un nuevo y misterioso virus detectado por primera vez en China en diciembre de 2019 se estaba extendiendo rápidamente por todo el mundo, rompiendo esas expectativas y provocando la recesión mundial más pronunciada en generaciones.

El Fondo Monetario Internacional estima que la economía mundial se ha contraído un 4,4% este año en comparación con una contracción de solo un 0,1% en 2009, cuando el mundo enfrentó por última vez una crisis financiera.

El cierre de empresas y de cualquier actividad no esencial ordenado por los gobiernos en gran parte del mundo desencadenó una ola de desempleo no vista desde la Gran Depresión.

En algunos países, como China, los niveles de infección por COVID-19 se suprimieron eficazmente mediante confinamientos estrictos pero relativamente breves, lo que permitió que las tasas de desempleo se mantuvieran bajas. Otros, como Alemania, implementaron planes respaldados por el gobierno para mantener a los empleados en las nóminas de la empresa incluso aunque escaseara el trabajo.

En lugares como Brasil y Estados Unidos, la propagación incontrolada del virus y las respuestas sanitarias y económicas de los gobiernos provocaron una pérdida de puestos de trabajo. Unos 22 millones de personas quedaron sin empleo en Estados Unidos solo en marzo y abril y la tasa de desempleo saltó a cerca del 15%. La mayoría de los economistas espera que los mercados laborales tarden un año o más en volver a algo parecido a antes de la pandemia.

Que asestó un duro golpe al comercio mundial y los volúmenes de exportación cayeron abruptamente a su nivel más bajo en casi una década en marzo y abril. Desde entonces, la recuperación ha estado liderada en gran medida por China, que se encuentra sola entre las principales economías que experimentan un crecimiento interanual de las exportaciones.

Los niveles sin precedentes de estímulo gubernamental evitaron daños aún mayores a muchas economías, pero también se sumaron a una montaña global de deuda soberana acumulada por los gobiernos, lo que plantea dudas sobre si una crisis financiera será la próxima con la que deberá lidiar el mundo.

Sin embargo, tasas de interés históricamente bajas que rondan y a veces están por debajo del 0%, implican que los costos de pagar la deuda para las economías del Grupo de Siete (G7) están en su nivel más bajo desde los años 70, cuando la carga de la deuda era solo una fracción de lo que es ahora.

"La deuda hoy es sostenible y lo seguirá siendo unos años, porque mientras la actividad económica y el empleo no hayan recuperado impulso, es poco probable que los bancos centrales hagan algo con sus tasas. Eso permite a los gobiernos mantener el apoyo fiscal en forma de planes de retención y apoyo a las empresas", dijo Laurence Boone, economista jefe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que es una organización internacional cuya misión es diseñar mejores políticas para una vida mejor.

Una consecuencia de esa generosidad fue que el gasto de los consumidores se mantuvo mejor de lo que muchos esperaban. Aunque el gasto en servicios se desplomó y sigue deprimido -en restaurantes y para viajes y ocio en particular-, los consumidores apostaron por comprar bienes, especialmente artículos caros como automóviles y mejoras para el hogar, que se beneficiaron de las tasas más bajas.

Otro efecto directo de todo ese gasto público ha sido un aumento del ahorro entre los consumidores en muchas partes del mundo. Los pagos de apoyo gubernamentales en las economías desarrolladas pasaron a las cuentas bancarias de los hogares y, con los consumidores confinados en los primeros días de la pandemia en particular, las tasas de ahorro se dispararon.

Comenzaron a volver a la tierra en la última parte de 2020, pero se siguen muy por encima de niveles anteriores. Algunos economistas ven esto como el combustible que ayudará a impulsar el repunte económico en 2021 y más allá, cuando las vacunas del COVID-19 permitan una recuperación más amplia y los consumidores comiencen a moverse, y a gastar, con mayor libertad. 

Crimen organizado en la Amazonía.

La extinción de especies animales y vegetales valiosas es una realidad mientras la amenaza del crimen organizado se acrecienta en la Amazonía. Foto Mongabay Latam.

La destacada investigadora Livia Wagner investiga diversos problemas en la Amazonia y en un evento internacional refirió que no le fue fácil ingresar a La Pampa, en Madre de Dios. Lo intentó tres veces hasta que pudo llegar para conocer el vínculo entre la minería ilegal y el crimen organizado en el Perú. Eso fue hace cinco años, entonces esta experta de la Iniciativa Global Contra el Crimen Organizado Transnacional se dedicó a estudiar cómo funcionan las mafias dedicadas a la explotación de oro y el tráfico de personas en uno de los lugares más afectados por la minería ilegal en Latinoamérica.

En ese momento realizó una investigación en cuatro países del continente: México, Colombia, Brasil y Perú. Así pudo conocer cómo se interrelacionan las actividades ilegales y cómo se presentan en cada país.

Estuvo en el V Congreso Nacional de Fiscales Especializados en Materia Ambiental de Perú y habló sobre cómo se realiza esta actividad ilegal y la cadena de actores que se deben tener en cuenta para enfrentar al crimen organizado (narcotráfico, explotación del oro, trata de personas, etc.).

Se le preguntó, ¿Usted ha dicho que la minería ilegal y el tráfico de oro han superado al narcotráfico en cuanto a ganancias? Respondió que eso tiene que ver con el precio del oro, que es volátil pero ha aumentado bastante. La minería ilegal produce mucha ganancia y eso atrae a los grupos criminales. Además, están en áreas remotas y sin presencia fuerte del Estado, factores favorables para que las redes criminales se expandan. Por eso ha superado el valor del tráfico de drogas y de la cocaína.

¿Usted ha explicado que los crímenes ambientales no van solos, sino que se conectan? En la minería ilegal es muy obvio, especialmente en Latinoamérica, la conexión con la explotación sexual y cuantos más trabajadores hay, entonces hay más explotación sexual. Incluso, hace 5 a 10 años, había explotación laboral de los mineros. Es algo de lo que ya no se habla, pero existía el reclutamiento forzado de los trabajadores antes de la fiebre del oro. Ahora lo que está aumentando es la forma o estructura de la trata de personas, pues hasta el perfil del traficante de mujeres ha cambiado. Antes eran hombres, pero actualmente son las mismas mujeres que han sido explotadas sexualmente quienes se dedican a esta actividad porque, muchas veces, no pueden regresar a su lugar de origen, entonces se dedican a la trata o la explotación sexual.

¿Qué otros delitos se conectan con la minería ilegal? A nivel de fuerza laboral hay una conexión con el tráfico de drogas. Significa que los trabajadores que un día están en la minería, también se mueven a la producción de cocaína. Otra cosa que tiene que ver con la producción de drogas o el transporte de drogas es que usan los mismos aviones para trasladar oro. Es decir que las avionetas para transporte ligero de 200 a 300 kilos y las rutas que se usan para transportar la droga a Bolivia se usan para el oro también.

¿El oro y la cocaína se trasladan juntas? No se puede decir que un grupo maneja los dos productos. En Perú, solo hay un caso que se sabe que usaba la minería formal para lavar activos que fueron producto del narcotráfico, que fue el de Sánchez Paredes, pero el resto de grupos no están en las dos cosas, están como en paralelo.

Lo que no está cambiando en todos estos años es que la mirada está principalmente y casi explícitamente en el minero ilegal. En mi presentación he tratado de destacar que no es suficiente abordar al trabajador. Obviamente el trabajador es el que comete la actividad ilícita, pero para el ecosistema de la minería ilegal uno necesita múltiples actores en diferentes niveles y jerarquías. Y eso no ha cambiado. Todavía se enfocan en la criminalización del minero, pero con eso no basta y con eso no se va a resolver nada.

Deben enfocarse más en los actores que facilitan, voluntariamente o no, que la minería ilegal pueda pasar los flujos ilícitos financieros, los bancos que están aprovechando que la minería está prosperando, las empresas que proveen maquinaria, son todos actores que están involucrados. Enfocarse en el trabajador es lo más fácil para presentar que se está haciendo algo, pero no es la solución y no es nada eficaz porque hasta ahora uno ve que no ha cambiado nada y la Operación Mercurio lo que está haciendo es un desplazamiento de esta actividad, pero no está enfrentando el problema. Además, las operaciones tienen que ser coordinadas entre las diferentes fiscalías.

La ganancia financiera es un elemento primordial del crimen organizado. Si además de seguir las rutas del oro, también se siguen las del dinero (lavado), se sabrá hacia dónde llegar. Mirando las rutas uno ya sabe quiénes son los actores que forman parte de esa ruta del dinero y de toda la cadena de suministro. Es incómodo porque se van a encontrar actores que en realidad no deberían estar involucrados.

La expansión o la presencia de la minería ilegal es al mismo tiempo una expresión de la corrupción en todos los niveles. Es el policía que les avisa a los mineros que habrá una interdicción. Ese es un primer nivel, pero llegando a niveles más altos, hay muchos más involucrados. El ecosistema de actores formales deja que eso suceda.

La minería ilegal es muy diferente en cada país. Lo único que se puede decir que los une es que todos son parte de la cuenca amazónica y que hay redes criminales que están involucradas, en diferentes niveles. Antes en Perú el involucramiento era de redes criminales, pero no era el crimen organizado como en Colombia o en México. Pero la trata de personas con fines de explotación sexual siempre está presente, es un elemento que siempre está ahí.

Los niveles del involucramiento de las redes criminales eran diferentes. En Colombia, las FARC y el ELN manejaban las minas y la trata de personas para fines de explotación sexual y explotación laboral. Eso no había en Perú, donde la gente migraba hacia la región de Madre de Dios voluntariamente. En Colombia era diferente, la gente no podía salir de la mina porque las FARC y el ELN las manejaban. Significa que eran diferentes niveles de cómo manejaban las minas ilegales. 

El problema con el oro ilegal es que uno lo puede ‘legalizar’ fácilmente a través de las refinadoras y después no se sabe de dónde vino. En una barra de oro el 5 % podría venir de la minería ilegal de Madre de Dios, pero todo lo juntan y lo refinan. Mientras el oro no ha sido refinado se puede hacer la trazabilidad porque en el caso de la minería aluvial la pureza del oro es un poco más baja que la minería de roca. Es posible hacer la trazabilidad, aunque es costoso y las empresas no tienen interés en hacerlo. Ese es el problema, no solo se puede tener el oro de minas certificadas porque esas minas certificadas producen muy poco oro. La demanda sube y las empresas no tienen suficiente oro, entonces ahí comienzan a traer oro de fuentes informales e ilegales.

Su auge depende del precio del oro. Todo lo que está dentro del crimen organizado depende del lucro o de la ganancia financiera. Si el oro baja, la gente se irá a la pesca ilegal o a otra actividad. Siempre depende del precio del oro.

Se ha hablado de trabajar en conjunto, de crear redes entre las fiscalías en América Latina. Se deben hacer operaciones coordinadas, pero son entidades diferentes, cada una tiene su forma de trabajo. Pero tienen que trabajar en conjunto y cuando eso se establezca, las entidades verán los beneficios de control y erradicación del crimen organizado que afecta en estos temas también a la Amazonía.

A todo esto, ¿Cómo combatir las actividades ilegales que depredan la Amazonía? Una manera es que la población cuide sus territorios y las haga respetar. 

Desde el Ministerio del Ambiente hay un Programa Nacional de Conservación de Bosques para la mitigación del cambio climático aunque en teoría es bueno en la práctica deja mucho que desear y lamentar. (Con información: Mongabay Latam, Reuters, América Economía, Universidad Los Andes, Banco Mundial, MINAM, El Comercio).

Perú en la encrucijada: De la pandemia al golpe a la democracia.

Felipe Ascención Páucar Mariluz*

No es algo nuevo, es casi una costumbre en un país de oportunistas que buscan crear sismas en un sistema democrático endeble. Foto Internet.

 

Pero ¿será posible que coincidan en alguien la virtud del buen ciudadano y la del hombre de bien? Decimos que el buen gobernante debe ser bueno y sensato, y que el político ha de ser sensato.” Aristóteles

¿Qué es el olvido? ¿Tiene fecha de caducidad la memoria? ¿Cómo corregir una ruina moral? ¿El fin justifica los medios? En el caso de una banda de asesinos en serie con coartada ideológica como ETA, ¿no fue más bien al revés? ¿Es cierto que el dolor no tiene bando? ¿Los malos son malos hasta el fin de sus días, y los buenos, buenos? Y mil y una preguntas más fluyen bajo la trama, los personajes y los mensajes de Patria” (El País).

En 1992, en plena guerra interna contra el terrorismo senderista y emerretista, una especie de comando cívico militar encabezado por Alberto Fujimori perpetró un golpe de Estado contra la democracia con los efectos sociales y políticos deplorables que conocemos. En 28 años nuestra clase política y sus representantes no aprendieron lo suficiente respecto a priorizar o anteponer el interés nacional al objetivo partidario o personal mezquinos. Entonces la justificación fue un Congreso beligerante y arisco al poder que se debía cerrar (disolver) y hoy al revés es el Congreso (su presidente) que intenta acceder a palacio de gobierno porque su titular le mintió al país y por tanto es una persona con ‘incapacidad moral permanente’ y para facilitar el acceso al alto cargo llama a los titulares del poder militar, en lo que podría configurar un hecho de sedición.

 

La trama golpista.

 

En un contexto de graves problemas sanitarios y económicos por la pandemia de la Covid-19, se suma otra crisis generada por el enfrentamiento entre los poderes políticos del Estado, a raíz de tres grabaciones presentadas por el presidente de la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República, Edgar Alarcón, en la sesión del Pleno del 10 de setiembre. En esta prueba documental se escucha al jefe de Estado, Martín Vizcarra, participar en conversaciones comprometedoras que lo vincularían con la contratación pública  (presuntamente irregular) del cantante Richard Cisneros.

Este hecho ha generado una discusión que viene desde inicios de este siglo en torno al significado de la incapacidad moral prevista como causal de vacancia presidencial en el inciso 2 del artículo 139 de la Constitución, la cual fue presentada en una moción de orden del día y admitida el 11 de setiembre con 65 votos adherentes. Para vacar al presidente se requiere de 87 votos.

 

La Constitución de 1993 en debate.

 

Lo que hoy se estipula como incapacidad moral permanente fue incluida por primera vez en el texto constitucional de 1839 como «perpetua imposibilidad moral», siguiendo con la misma fórmula hasta la Constitución de 1860. Sin embargo, en 1823 en el que se empleó esta institución para vacar al militar y político peruano José Mariano de la Riva-Agüero y Sánchez Boquete, primer presidente de la República; y a dos presidentes vacados por la misma causal: Guillermo E. Billinghurst (1914) y Alberto Fujimori Fujimori (2000).

Dentro de los múltiples problemas que surgen del contenido que se le ha dado contemporáneamente a la incapacidad moral permanente, considero que son dos los más relevantes en tanto colisionan directamente con los preceptos constitucionales: i) la incompatibilidad con nuestra forma de gobierno presidencial, y ii) la vulneración al principio de legalidad por falta de tipicidad de las conductas configuradoras de incapacidad moral.

“En un régimen presidencialista, en tanto forma de gobierno, se caracteriza porque el más alto funcionario en la estructura del Estado es el Presidente de la República, quien es el jefe de Estado y de las fuerzas armadas, personifica a la Nación, dirige las relaciones internacionales, es elegido democráticamente y su autoridad solo se somete a la Constitución. Si esto es así, en un modelo de gobierno presidencial ha de garantizarse la estabilidad política del Primer Mandatario, el principio de gobernabilidad que recae sobre su investidura democrática, y la continuidad de su mandato; de tal modo que si el poder le ha sido atribuido por el pueblo por sufragio universal (soberanía popular), deberán establecerse ciertos supuestos sumamente graves y excepcionales que configuren vulneraciones irremediables a la Constitución a la que se encuentra sometido, pues de lo contrario se dañaría el régimen democrático, generando inestabilidad política con múltiples consecuencias sociales, culturales y económicas.” (Vicente Villalobos.)

Entonces, así como la Constitución establece supuestos excepcionales para la procedencia de la acusación en el ejercicio del control político parlamentario, también el procedimiento ha de ser agravado. En efecto, para la procedencia de la acusación se requieren de la votación favorable de la mitad más uno del número legal de miembros del Congreso; después de ello el Primer Mandatario deberá ser procesado judicialmente, por lo que si se corrobora la comisión de cualquiera de los ilícitos antes señalados, es a partir de este momento en que el Congreso se encontrará facultado para destituirlo de su cargo, operando la sucesión estipulada por la Constitución.

Así, pues, el primer problema de la incapacidad moral permanente es que ha sido empleada por la práctica parlamentaria para evitar este procedimiento agravado, y a su vez para subsumir cualquier conducta que pueda ser calificada como contraria a la moral, indigna o aberrante socialmente, que a discrecionalidad de los parlamentarios sea considerada como impedimento para seguir ejerciendo sus funciones, lo que aumenta notablemente el riesgo de atentar contra la estabilidad política y el principio de gobernabilidad del mandato presidencial.

En suma, los parlamentarios al evaluar la aprobación de vacancia presidencial han de observar el contexto social presente, prever el impacto del ejercicio de su poder cuyo titular originario es el pueblo (algo que no deben olvidar), considerar que aunque las medidas pueden ser las mismas, la oportunidad de su aplicación tiene un impacto distinto. Por tanto, el debido proceso legal es un criterio cuya observancia es una exigencia constitucional al adoptar y aplicar un acto de poder.

 

Incapacidad moral permanente.

 

La incapacidad moral, establecida en el inciso 2 del artículo 113 de la Constitución de 1993, ha sufrido una distorsión debido a la irresponsable práctica parlamentaria del Congreso de la República, tal vez por afán del ejercicio arbitrario del poder o por desconocimiento del origen histórico de los preceptos constitucionales. Los congresistas deben recordar que, si bien su investidura les ha sido concedida en tanto forma de gobierno de democracia representativa, el titular originario del poder es el pueblo, por lo que todo acto aplicado en el ejercicio de sus funciones indudablemente surtirá impacto negativo o positivo en el cuerpo social.

Se han brindado dos soluciones al problema interpretativo de la incapacidad moral permanente, cuya selección corresponde al titular del poder representado por el parlamento peruano. Pero antes de ello, no debe soslayarse que nuestro modelo de Estado tiene como fuente el presidencialismo norteamericano, lo que quiere decir que sobre el Presidente de la República recae la mayor responsabilidad política al ser el más alto funcionario en la estructura estatal consagrada por la Constitución, razón por la cual la regla consiste en el respeto de la continuidad del mandato presidencial y garantizar la estabilidad política, y la excepción establecida en una lista taxativa de supuestos que revistan un grado de gravedad tal que haga imposible o repudiable que el Primer Mandatario de turno continúe en personificando a la Nación.

Por otro lado, el debido proceso legal es un parámetro de justicia que esperemos sea considerado por el parlamento peruano este viernes 18 de setiembre, fecha en la cual se debatirá la aprobación de la vacancia presidencial, con la presencia del Presidente Martín Vizcarra y/o su abogado a efectos de ejercer su derecho de defensa, si es que no prospera la demanda competencial. Y es que todo acto de poder debe ejercerse siempre bajo el principio de razonabilidad, el cual conlleva al titular de esa cuota de poder que le permite aplicar determinada medida a examinar el impacto social de ello, evaluando la gravedad del contexto social vigente y preservando siempre los valores constitucionales superiores.

 

Parámetros para declarar la incapacidad moral permanente.

 

A esto se debería agregar que la imputación de incapacidad moral permanente debería estar ligada a un proceso en el que lo imputado, debería ser comprobado, bajo parámetros procedimentales concretos y tras un debido proceso de acuerdo a las reglas mínimas establecidas en la propia Constitución, así como en las disposiciones internacionales vigentes, como dice Sar, bajo los parámetros y derechos siguientes: 1. Debe tratarse de una incapacidad permanente. 2. El parámetro de evaluación debe ser la moral pública, y 3. La conducta infractora debe tener una base objetiva, y en aplicación efectiva de los derechos siguientes: Derecho a una comunicación previa y detallada de los cargos, Derecho a la presunción de inocencia, Principio de imparcialidad. Derecho de defensa, Derecho a probar, Publicidad del proceso, Derecho a la motivación y, la razonabilidad y proporcionalidad de la sanción. De modo, que este no es un mero trámite, o no puede decirse que basta con la aplicación simple del artículo 113 de la Constitución y los pertinentes del Reglamento del Congreso, porque, como ya lo dijimos, no está, necesariamente solo en juego, la persona del Presidente, sino, la figura presidencial en términos políticos.

 

La asonada contra la democracia.

 

Le decisión de vacar al presidente Vizcarra se adoptó luego de un debate muy pobre de argumentos políticos, ya no se diga en el campo constitucional. Permitió confirmar, no obstante, que la bancada que lidera la vacancia es UPP, dirigida desde la cárcel por Antauro Humala, ejecutando una estrategia de incremento de tensiones políticas en medio de la crisis como condición para mejorar sus posibilidades electorales. En esa ruta se ha encontrado con la bancada de Podemos, un cuestionado grupo portador de los vicios más nefastos de la política peruana, liderado por Daniel Urresti y la familia Luna.

El comportamiento de APP es igualmente lamentable. Su adhesión a la estrategia de la vacancia devela el escaso compromiso democrático de su bancada y el peligroso pragmatismo de su líder y candidato presidencial. Nos notifican su falta de escrúpulos para cruzar al lado de la inestabilidad y los intereses turbios que alimentan la operación para destituir al presidente,

La puesta en escena pierde consenso en la sociedad, pero revela su esencia, compuesta de grabaciones subrepticias, amenazas, envío de emisarios con ofertas y trámites apresurados para legalizar las supuestas pruebas. Entre la Comisión de Fiscalización y la Presidencia del Congreso se ha instalado una interacción claramente mafiosa. La República.

 

Retroceso de la intentona antidemocrática.

 

“Luego de todo lo que hemos pasado, debemos comprender que la disolución de un Congreso o la vacancia presidencial son medidas extremas que se toman luego de haber agotado todos los caminos democráticos. Hasta hoy, no existen elementos suficientes ni procedimientos necesarios para vacar al presidente, por eso, Fuerza Popular votó mayoritariamente contra la admisión de la vacancia”, afirmó a través de un video difundido en sus redes sociales. Keiko Fujimori, El Comercio.

Otros grupos políticos y sus bancadas en el Congreso recapacitan y toman distancia de la vacancia presidencial sobre todo luego de conocerse las movidas torpes del presidente Manuel Merino de Lama, y del presidente de la Comisión de Fiscalización y Contraloría Edgar Alarcon Tejada de UPP, un personaje para el que la Fiscalía solicitó 17 años de prisión por 7 presuntos delitos cometidos cuando era Contralor de la República,.

 

La demanda Competencial.

 

La ministra de Justicia, Ana Neyra, anunció que el Gobierno interpondrá una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional (TC). Esto luego de la moción de vacancia admitida por un sector del Congreso al presidente Martín Vizcarra. ¿Pero cómo funciona este proceso?

La demanda competencial es un proceso constitucional que se presenta cuando hay un conflicto entre los poderes del Estado. Es decir cuando alguna de estas entidades adopta decisiones o ejercita alguna de sus facultades "invadiendo las de otro o haciendo menoscabo en atribuciones de otro poder del Estado", indica Oscar Urviola, expresidente del TC.

Óscar Urviola precisó que la demanda competencial se tramita ante el TC y está considerada en el artículo 202° de la Constitución Política y en el Código Procesal Constitucional.

"La demanda competencial puede ir acompañada de una medida cautelar, que no existe en el proceso de inconstitucionalidad. Y otra particularidad también es que en este proceso la resolución tiene que expedirse dentro de los 60 días hábiles desde que se puso la demanda", afirmó.

La medida cautelar es propia del proceso competencial y busca evitar que el perjuicio o la vulneración de las competencias de otro poder del Estado se consume y pueda complicar la situación.

"Esta tiene por objeto impedir que se cumpla alguna resolución o que se deje efectuar algún acto que puede ser precisamente el motivo del conflicto de competencia. Esta resolución va a paralizar el proceso", indicó Urbiola.

 

Conclusión.

 

Hasta el momento queda claro que ni la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ni la del Tribunal Constitucional ha desarrollado de manera adecuada la aplicabilidad de las garantías jurisdiccionales al procedimiento de declaración de la incapacidad moral permanente del Presidente, siendo esta otra materia que se encuentra indeterminada y sujeta a ser tratada posteriormente por medio de acciones políticas. También que el proceso iniciado apresuradamente en el Congreso adolece de incongruencias y vacíos legales que la tornan en una espada de Damocles contra el país dadas las circunstancias difíciles por las que atraviesan los 32 millones de peruanos.

La investigación a las denuncias en el caso Richard Cisneros que involucran al presidente Martín Vizcarra continúan a cargo de la fiscalía y se deberá esperar a que culmine su mandato para hacer frente en los tribunales a una posible condena por una falta político-administrativa cuyos alcances legales están por precisarse a fin que la impunidad por hechos de corrupción no sigan siendo una práctica nefasta.

“Se debe a nuestro propio fracaso moral y no a un capricho de la suerte el que, si bien retenemos el nombre, hayamos perdido la realidad de una república.” Cicerón.

 

(Con información y aportes: lpderecho.pe -Los problemas de la incapacidad moral permanente como causal de vacancia presidencial, Vicente Villalobos V., El País, La República, El Comercio, RPP Noticias, Tesis: La vacancia presidencial por incapacidad moral permanente, Agustín Valdez-Stuard, Universidad de Piura).

 

*) Ingeniero Agrónomo – periodista investigador.

Efecto Coronavirus y la sombra de genocidio.

 Felipe A. Páucar Mariluz^*.

Presidente Martín Vizcarra en el centro de la turbulencia política en tiempos de pandemia y elecciones. Foto Internet.

“La corrupción al interior de los sistemas de salud es una empresa criminal arraigada en América Latina, pero la explotación del dolor y la desesperación causados por la pandemia es particularmente horrible.” InSight Crime.

El mundo se acerca a 27 millones de contagios y 900 mil muertes por la Covid-19. En América Latina y Caribe a 8 millones de infectados y 300 mil fallecidos. Entre las causas está que durante los meses de pandemia se ha disparado el número de grupos “anticiencia”. Han aflorado negacionistas del SARS-CoV2, conspiranoicos, antivacunas y vendedores de tratamientos ineficaces y peligrosos. Ello sumado a fallas y negligencias en la emergencia sanitaria determina un futuro incierto con recesión económica y posible hambruna global.

Perú tiene casi 680 mil casos y 30 mil fallecidos (podrían ser 40 mil según el Sinadef). La tendencia de contagios y muertes es a la baja en mayoría de regiones, mientras se mantiene o crece en Cusco, Puno, Tacna, Moquegua, Apurímac e Ica. Nos queda batallar y resistir hasta junio de 2021 cuando la vacuna llegue a los países y sea aplicada en forma masiva.

Cuatro provincias de la región Huánuco, concentran el 88% de casos, mientras siete provincias el 12%. Diresa  informa de 26,500 casos, 610 muertos, 121 hospitalizados y 23 en UCI al 04 de septiembre. “Se vino la avalancha y a diario se registra 600 a 700 casos, es lo que está ocurriendo desde fines de julio”, refiere Darly Del Carpio decana del Colegio Médico de Huánuco.

Al inicio de la pandemia, Perú lideró rankings auspiciosos como el de los primeros países que impusieron restricciones y los que destinaron mayores paquetes de ayuda para la gente afectada por la suspensión de actividades. Meses después se reportaron  altas cifras de contagios y muertes como consecuencia de las deficiencias de la cuarentena y la caída económica.

Hoy nuestro país es el que tiene la tasa de mortalidad por covid-19 más alta de los 20 países más afectados por el virus, según la Universidad Johns Hopkins. El Perú acumula 89,4 muertos por cada 100.000 habitantes, esta medición lo pone por delante de países como Estados Unidos (187 mil muertos), Brasil (125 mil decesos) y México (67 mil fallecidos).

La pandemia desnudó nuestras limitaciones y miserias, el engaño en que nos tuvieron malos gobernantes desde los años 70s. Foto Internet.

En 173 días de emergencia nacional se denunciaron abusos y presuntos actos de corrupción durante la ejecución del programa nacional contra la pandemia. Una mezcla de factores como deficiente salud pública, restricciones económicas y problemas e inequidades sociales, limitaciones estructurales y errores coyunturales explicarían por qué Perú llegó a esta situación. Obviamente, las responsabilidades son compartidas en todos los niveles del Estado.

Covid - 19 y genocidio.

En lo político hay grupos que intentan sacar ventaja de la situación de crisis coyuntural por la que atraviesa el país, una de ellas es la denuncia por presunto ‘genocidio’ contra el presidente Martín Vizcarra efectuada por la prima de Ollanta Humala; Liliana Humala, por muertes y secuelas producidas durante la emergencia nacional para controlar la Covid – 19, que se basan en situaciones anteriores distintas.

Según el Centro Internacional de Derechos Humanos, CIDH, en materia de violaciones de derechos humanos bajo la figura de genocidio destaca la Sentencia de la Corte Suprema de Justicia del caso Fujimori (Cantuta y Barrios Altos), donde se consolida la teoría de la autoría mediata por organización en la jurisprudencia Nacional e Internacional. El proceso confirmó que la autoría mediata por organización es la estructura dogmática más adecuada para juzgar crímenes cometidos desde y a través de aparatos organizados de poder. A seguir un acercamiento a algunos casos registrados en nuestra historia reciente:

Ollanta Humala Taso en campaña electoral prometió a los campesinos cocaleros no erradicar sus cultivos porque aplicaría políticas y estrategias de interdicción contra las mafias del narcotráfico, pero una vez en el poder autorizó destruir con violencia los cultivos de coca principalmente en el valle del Monzón (Huánuco), donde tres campesinos murieron y varios resultaron heridos al intentar defender sus plantaciones en los caseríos Tamshi y Sachavaca ante la arremetida policial - militar de un comando especial de fuerzas combinadas integradas por 400 efectivos para brindar seguridad a 800 trabajadores del Proyecto Especial Corah que lograron erradicar 6 mil de las 8 mil hectáreas que se estimaba existía el 2012. Se planteó que Humala Tasso fuera denunciado por infracción a los derechos humanos/genocidio, que al final no prosperó. No obstante la acción represiva dejó el saldo de miles de familias en pobreza y extrema pobreza, produjo el éxodo de un 15% de la población y otras secuelas que agravaron la realidad socioeconómica.

Fernando Belaunde, Alan García, Alberto Fujimori y Alejandro Toledo toleraron o avalaron excesos y arbitrariedades cometidos en los valles del Huallaga, Pichis Palcazu, Aguaytía, Vraem, San Gaban, etc., con el registro de muertes, torturas, secuestros y desapariciones de campesinos que defendían su fuente de ingresos y de narcotraficantes para arrebatarles el dinero o la droga. Hubo denuncias por violación de derechos humanos que fueron archivados en fiscalías y juzgados en parte debido a la presión mediática de medios y prensa aliada al poder.

Organismos internacionales, abogados y especialistas en derechos humanos concluyeron que los expresidentes Fernando Belaunde Terry, Alan García Pérez y Alberto Fujimori tuvieron responsabilidad por las masacres, matanzas, torturas y desapariciones durante la guerra interna periodo 1980 – 2000, al utilizar y validar estrategias de ‘guerra’ como “tierra arrasada”, “muerto el perro se acabó la rabia”, “no importa matar a cien con tal de eliminar a un terrorista”, “delación sincera o premiada”, ‘jueces sin rostro’ y creación de comandos clandestinos paramilitares de aniquilamiento selectivo “Rodrigo Franco” y “Colina”; suscribiendo el terrorismo de estado para enfrentar al terrorismo sedicioso y criminal de Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Túpac Amaru; en conjunto responsables de 60 mil muertes y desapariciones, según el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, CVR.

La ley y el delito de genocidio.

Jurídicamente el genocidio es un delito internacional que comprende cualquiera de los actos perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal; estos actos comprenden la matanza de miembros del grupo, lesión grave a la integridad física o mental de los miembros.

La figura de genocidio en el código penal peruano, artículo 319, dispone que será reprimido con pena privativa de libertad no menor de veinte años el que, con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, social o religioso, realiza cualquiera de los actos siguientes: 1. Matanza de miembros del grupo. 2. Lesión grave a la integridad física o mental a los miembros del grupo. 3. Sometimiento del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física de manera total o parcial. 4. Medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo. 5. Transferencia forzada de niños a otro grupo.

Desde un punto de vista jurídico, el genocidio, ya sea cometido en tiempo de paz o en tiempo de guerra se considera un delito de derecho internacional. Tanto la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948 como el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI) de 1998 recogen una idéntica definición.

En el lenguaje común, sin embargo, el término tiene un significado diferente para la Real Academia Española que describe al genocidio: como exterminio o eliminación sistemática de un grupo social por motivo de raza, de religión o de política.

Este segundo significado es el que mueve a muchas personas a calificar como genocidio determinadas matanzas de personas que, en realidad, no se ajustan al tipo penal del delito de genocidio definido internacionalmente.

Desde el punto de vista legal, la autoría mediata en virtud del dominio por organización se fundamenta en el "dominio sobre la organización". La estructura organizacional y funcional del aparato debe estar conformada de modo tal que las órdenes de los "jefes supremos", "lideres" o "mandos" sean ejecutadas "automáticamente". La estructura jerárquicamente organizada permite la automatización en el cumplimiento de las órdenes.

En conclusión, el delito de genocidio por lo sucedido durante la pandemia de la Covid – 19 NO se configura. (Fuente: ONU, MINSA, PCM, Informe CVR, Corte Suprema de Justicia, CIDH, TC, Blog Leyenda del Huallaga, BBC Mundo, Monografías.com).

·      * Ingeniero – Periodista investigador.