lunes, 21 de julio de 2025

Nuevo Orden Mundial: EE.UU. Democracia en Crisis, Guerra Comercial y Represión Inmigrante.

Felipe A. Páucar Mariluz*

 

La audacia de Trump al inicio de gestión, estrecha la mano a Putín y le da la espalda a México, Canadá y UE socios estratégicos de E.U. Foto cortesía Sputnik.

¿Trump, el ‘Emperador’? La peligrosa ruta en retroceso desde la doctrina Monroe a la ‘doctrina’ de la impredecibilidad y las decisiones temperamentales, que afectarán a Estados Unidos en magnitud desconocida.

 

"La Doctrina Monroe nunca ha estado más viva": de dónde surge la idea de que América Latina es el patio trasero de EE.UU.” (BBC Nws, mayo 31 de 2025).

 

Las duras decisiones y medidas arancelarias, de recortes presupuestales, persecución a inmigrantes e intervenciones en conflictos bélicos que Donald Trump ejecutó mediante órdenes ejecutivas o anuncios con cartas en los primeros seis meses de gobierno contra sus aliados, quienes no lo son y de sus propios ciudadanos cayeron como un baldazo de agua fría no esperados. Analistas y políticos advierten que el globo de ensayo podría reventarle en la cara con consecuencias estratosféricas.  A medida que pasa los meses en la Casa Blanca, Trump aborda la política, economía y diversos temas sociales de manera impredecible con resoluciones o cartas de aviso que han causado un ‘terremoto’ interno y en varios países del mundo, en particular en aquellos donde Estados Unidos tiene una presencia importante o dominante. Nadie puede predecir qué pasará al día siguiente, como tampoco en qué terminará la aventura al final de su mandato. Hasta el momento pese al impacto de las medidas internas y externas tanto la política, la economía y los sectores sociales están controlados. Aunque las aguas se agiten cada vez más, la brutal represión que viola derechos humanos no permite a las aisladas protestas o movilizaciones avanzar y expandirse. A poco de cumplir medio año como 470 presidente de Estados Unidos Donald Trump puede respirar con cierta tranquilidad, aunque nos imaginamos que debe dormir poco por las pesadillas que le causarán el llanto y las maldiciones de millones de afectados por su autoritarismo implacable. También por la urgencia de pasar del periodo de inicio al estilo ’loco’ a la consolidación de resultados positivos para sus connacionales, lo que le permitiría continuar en el cargo hasta lograr los objetivos trazados en campaña electoral. De Trump todo se puede esperar, dicen quienes lo conocen, no por nada es un millonario con astucia y ansias de más poder político y económico que hasta el momento ha evadido una serie de investigaciones; para muestra su relación con Elon Musk otro archimillonario quien de CEO preferido hoy pasó a ser un apestado en el gran Capitolio, también la forma como trata a fiscales y jueces Trump se cree el ‘emperador’ del mundo y hará lo imposible por demostrarlo argumentan quienes desaprueban sus decisiones. El caballo de Troya en el que en apariencia se ha convertido amenaza con retrotraer a los siete caballos del Apocalipsis. Estamos advertidos.

 

A continuación, un análisis sobre lo que Trump hizo y dejó de hacer en 180 días de su segundo mandato basado en los análisis de importantes medios de comunicación con cobertura nacional e internacional. Aporte que reconocemos:

 

Un escándalo de grandes proporciones que afecta directamente a Trump estalla a solo días de cumplir medio año como presidente de Estados Unidos. “La decisión final del Departamento de Justicia sobre el caso Epstein detonó una lucha partidista que ahora es usada contra Donald Trump. Si el caso Epstein había desatado una tormenta mediática, ahora se convirtió en un cataclismo político. Republicanos y demócratas están en pleno fuego cruzado, mientras que el presidente Donald Trump llama “tontos” a seguidores que le exigen cumplir su promesa de campaña: desclasificar los archivos sobre los crímenes cometidos por el fallecido multimillonario pedófilo.” (Panampost, julio 16 de 2025).

 

“El segundo mandato de Donald Trump está resultando mucho más inestable para los mercados financieros que el primero. A principios de abril, los mercados se tambalearon cuando anunció elevados aranceles "recíprocos" y luego repuntaron cuando suspendió la mayoría de ellos. Los inversores aún temen que los aranceles de Trump, sea cual sea su forma final, aviven la inflación y depriman el crecimiento económico. Sin embargo, el mercado laboral se mantiene sólido hasta el momento, y con una inflación moderada, los ingresos reales han aumentado. El PIB cayó en el primer trimestre, pero el panorama se complicó por la prisa por importar bienes y acumular inventarios antes de que entraran en vigor los aranceles más altos. Sin embargo, las tensiones comienzan a notarse: las ventas minoristas se están debilitando, la construcción de viviendas ha caído a su nivel más bajo desde mediados de 2020 y la represión migratoria está reduciendo la oferta laboral.” (The Economist, julio 15 de 2025. https://www.economist.com/interactive/trump-approval-tracker/economy).

     

“En el caso de Trump el asunto ha escalado a otros niveles porque ha convertido su impredecibilidad en doctrina. El manejo de los asuntos exteriores y de seguridad se encuentra totalmente centralizado en él, de manera que las decisiones políticas quedan a merced de su temperamento y sus preferencias, en lugar de ser producto de una planeación estratégica. Basta recordar su ataque verbal a países que siempre fueron aliados de Estados Unidos, su apoyo inicial a Putin, sus anuncios sobre Groenlandia y Canadá, su presión a México o la cultura del desdén hacia Europa que ha fomentado en La Casa Blanca y que se ha filtrado en chats y correos... El manejo de los aranceles es un buen ejemplo de instrumentalización. Trump los ha convertido en herramienta de presión geopolítica o medida de represalia, sin que primen criterios técnicos estrictamente comerciales. Los últimos comunicados que ha enviado a México y la Unión Europea… A Brasil le ha impuesto 50% de aranceles por diferencias ideológicas, pues está indignado por el juicio contra su aliado Bolsonaro. Y en el caso de Colombia, la imprevisibilidad en las decisiones tanto del presidente Trump como del presidente Petro puede alterar rápidamente el panorama, elevando o disminuyendo el riesgo en cuestión de días.” (El Colombiano, julio 15 de 2025).

 

“Una coalición de 24 estados y el Distrito de Columbia demandaron el lunes a la administración Trump por 6.800 millones de dólares en fondos educativos que la administración retuvo unas semanas antes del inicio del año escolar. El dinero retenido incluye aproximadamente el 14% de todos los fondos federales para la educación primaria y secundaria en todo el país. Ayuda a financiar programas extraescolares gratuitos o de bajo costo que ofrecen a los estudiantes un lugar donde ir mientras sus padres trabajan. También cubre capacitación para mejorar la eficacia del profesorado y ayuda a los niños que aprenden inglés. Los fiscales generales de 22 estados firmaron la demanda, junto con los gobernadores de Pensilvania y Kentucky. Todos son demócratas.” (Nytimes.com, julio 14 de 2025).

 

“A dos semanas del regreso del presidente Trump a la Casa Blanca, USAID estaba al borde del olvido. El día de su toma de posesión, el Sr. Trump firmó una orden que suspendía la ayuda exterior. Sin embargo, sus instrucciones no eran claras, ni siquiera para sus propios funcionarios. Poco después, USAID ordenó a los grupos de ayuda que dejaran de trabajar en proyectos en todo el mundo y prohibió al personal responder preguntas de esos grupos. Dentro de la agencia, los empleados comenzaron a resistirse a demandas que consideraban ilegales o peligrosas. La administración Trump consideró esos actos como insubordinación y reaccionó decidiendo desmantelar la agencia.” (Nytimes, junio 22 de 2025).

 

“El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha celebrado este 4 de julio, Día de la Independencia, tal y como anhelaba: firmando la ley “grande y bonita” que consagra un masivo recorte de impuestos que beneficia particularmente a los más ricos y que se financia con recortes en programas de protección social y con un aumento del endeudamiento. Al mismo tiempo, revierte gran parte de los esfuerzos del expresidente Biden por encaminar al país hacia una economía de energías limpias. Aunque los efectos de la norma pueden acabar costándole las elecciones de mitad de mandato, en 2026, solo dos congresistas conservadores le han negado su apoyo, lo que demuestra el dominio que Trump ejerce sobre el Partido Republicano.” (El País, julio 04 de 2025).

 

“Donald Trump ha abierto un nuevo frente arancelario y político en América Latina. En una carta dirigida al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, el mandatario estadounidense anunció un arancel del 50% sobre todas las importaciones brasileñas a partir del 1 de agosto, una medida que ya ha provocado turbulencias en los mercados y amenaza con escalar hacia una guerra comercial de largo aliento entre dos de las mayores economías del continente. A diferencia de anteriores anuncios arancelarios de Trump —que también apuntaron a Japón, Corea del Sur y Sudáfrica— el mensaje enviado a Brasil estuvo cargado de acusaciones políticas, exigencias diplomáticas y una defensa explícita a su aliado, el expresidente Jair Bolsonaro.” (La República, 10 de julio de 2025).

 

“La UE y México se unen a una creciente lista de países cuyas importaciones enfrentarán una actualización de aranceles el 1 de agosto, ya que Trump comenzó a publicar cartas arancelarias el lunes con tasas de hasta el 40 %. En sus cartas a la UE y México, Trump dice que todas las importaciones están sujetas al arancel del 30 %, excluyendo los “aranceles sectoriales”, como el arancel automotriz del 25 %. En su respuesta, Von der Leyen dijo en un comunicado que la UE sigue “dispuesta a seguir trabajando para lograr un acuerdo” antes de la fecha límite del 1 de agosto.” (CNN, julio 12 de 2025).

 

“Desde su regreso al poder, Trump ha utilizado su singular autoridad como jefe del gobierno federal para replantear a la mayoría blanca como las principales víctimas de la discriminación racial sistémica, aunque ninguna evidencia, ni siquiera los autodeclaraciones de la población blanca, demuestre que esto sea cierto. Además de trastocar la aplicación tradicional de la ley de derechos civiles en el ámbito laboral, ha socavado las protecciones de los derechos civiles en materia de vivienda, educación y políticas ambientales; ha paralizado o clausurado agencias federales de derechos civiles enteras; y se ha retractado de las conclusiones federales sobre violaciones de derechos civiles contra departamentos de policía. Ha impuesto mediante mandato, amenazas y coerción la eliminación de políticas y normas culturales centradas en la integración y la igualdad en el gobierno, la educación y el sector privado. Trump ha afirmado, aunque no tiene autoridad para hacerlo, haber derogado la ciudadanía por nacimiento, que se consagró en la Constitución al final de la esclavitud para garantizar a los estadounidenses negros la ciudadanía por nacimiento y otorga la ciudadanía automática a todas las personas nacidas en suelo estadounidense.” (Nytimes, junio 27 de 2025).

 

“El Departamento de Defensa de los Estados Unidos cuenta con once comandos de combate unificado a través de los cuales apoya y controla las tropas militares estadounidenses desplegadas en zonas de paz y de guerra en todo el mundo. Su misión es unificar la gestión de un área determinada bajo el liderazgo de un solo comandante —uno para cada comando—, el cual ocupa el puesto número tres en la cadena de mando por detrás solo del secretario de Defensa y del presidente de los Estados Unidos. En la actualidad, esta estructura surgida tras la Segunda Guerra Mundial para controlar la expansión militar en el contexto de la Guerra Fría, cuenta con siete comandos geográficos y cuatro funcionales. El último en sumarse a la lista de los geográficos —europeo, Central, Norte, Sur, Pacífico y Espacial— fue el Comando África, contenido en el Comando Europeo hasta 2007. En la lista de los funcionales tampoco figuraba el Cibernético hasta que Donald Trump decidió crearlo en 2018, sumándolo así al de Operaciones Especiales, el Estratégico y el de Transporte.” (El Orden Mundial.com, febrero 14 de 2020). En éste poder militar basa sus decisiones Trump.

 

Éstas son algunas decisiones que el presidente Donald J. Trump tomó y dispuso su cumplimiento mediante Órdenes Ejecutivas en sus primeros dos meses de segundo gobierno: 1. Aplicación de la pena de muerte, siempre que sea posible. 2. Retirada de la Organización Mundial de la Salud (OMS). 3. Retirada del Acuerdo de París. 4. Restaurar la “verdad biológica”. 5. Restablecer la libertad de expresión. 6. Acabar con el uso político del gobierno federal. 7. Reajuste del programa de admisiones de personas refugiadas. Proteger el significado y el valor de la ciudadanía estadounidense. 8. Prohibir que las niñas y mujeres transgénero compitan en equipos deportivos. 9. Reinstauración de ley mordaza global. 10. Paralización de la ayuda exterior y desmantelamiento de USAID. 11. Retirada del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. 12. Sanciones contra la Corte Penal Internacional (la CPI). 13. Recortes del 50% en el Departamento de Educación.


En lo que va de su segundo gobierno los despidos suman casi 200 mil, el cierre y desmantelamiento de oficinas es por decenas y acaba de suscribir el cierre del ministerio de educación, entre otras decisiones que crean estupor, indignación y rechazo. La segunda presidencia de Estados Unidos de Donald Trump, es todo un desafío por lo tanto difícil adelantar si el medio centenar de medidas adoptadas en lo que parece una desbocada carrera contra el tiempo sin objetivos y metas, tendrán éxito y cobrarán relevancia en el futuro. La controversial decisión de abandonar y arremeter contra sus aliados: La Unión Europea, México, Canadá; incluso la China en una supuesta guerra comercial utilizando los aranceles como fin de mejora económica, fue considerada un acto extremo y arbitrario. Decisión que puede configurase como una deslealtad y traición. Igual sucedió con Ucrania al abandonarla en plena guerra y presionarla con una paz claramente favorable a Rusia y al principal agresor el totalitario Vladimir Putin. Una muestra de desacierto e incoherencia se considera el desmantelamiento de USAID el principal instrumento en la estrategia geopolítica y el más eficaz en la controvertida guerra contra las drogas y la llamada ‘Guerra fría´. Las respuestas no demoraron y pusieron entre las cuerdas al agresivo presidente impulsor del lema “Estados Unidos para los estadounidenses”. Su capacidad para intentar sabotear o pisotear el derecho de países amigos, su pretensión de someter a Groenlandia vía subasta de compra y venta intento que fue rechazado mediante un sondeo donde el 94% rechazó perder la libertad e independencia y solo un 6% aceptó formar parte de E.U. México, Canadá, la Unión Europea y China plantearon una posición firme con el anuncio de medidas económicas y políticas. Mientras Ucrania continúa la guerra con golpes letales a Rusia difíciles de esconder.

 

A nivel mundial las medidas tomadas por el presidente Trump al inicio de su segundo mandato para unos son audaces y acertadas, otros la califican como osadas, temerarias con tinte totalitario que contrastan con las tomadas en su primer mandato donde obtuvo resultados diametralmente contrastantes que llevan a la incógnita que si se avizora un futuro en declive para la primera potencia mundial. En 2019 al cumplirse dos años de su gestión Trump publicó lo que consideraba sus aciertos y logros más importantes:  “Encendiendo un auge económico histórico: Las políticas pro crecimiento del Presidente Trump están desatando el crecimiento económico y brindando oportunidades a los trabajadores de todo el país.. el crecimiento del producto interno bruto (PIB) real superó el 3 por ciento en los últimos cuatro trimestres. El PIB real creció a tasas anuales del 3,4 por ciento en el tercer trimestre de 2018 y del 4,2 por ciento en el segundo trimestre. Se han creado más de 5 millones de puestos de trabajo desde la elección del presidente Trump y la tasa de desempleo se mantiene por debajo del 4 por ciento. Recientemente, más de dos tercios de los estadounidenses calificaron “ahora” como un buen momento para encontrar un trabajo de calidad, igualando un récord en una encuesta de Gallup. Las políticas del presidente Trump están ayudando a sacar a los estadounidenses de la pobreza. El Presidente firmó la legislación que reautorizó la Ley de Educación Profesional y Técnica Carl D. Perkins, poniendo a disposición más de mil millones de dólares para programas de educación profesional. La Administración ayudó a lanzar la Iniciativa de Financiamiento para Mujeres Emprendedoras, que podría recaudar más de mil millones de dólares para apoyar a las mujeres empresarias”. (Trumpwhitehouse.archives.gov, enero 20 de 2019). Hoy, solo un buen recuerdo.

 

La X Cumbre de Líderes de América del Norte (USMCA) se llevó a cabo el 10 de enero de 2023 en Palacio Nacional, en la Ciudad de México. En esta cumbre participaron los mandatarios de Canadá, Estados Unidos y México. Los temas abordados en la cumbre fueron: 1. Diversidad, equidad e inclusión. 2. Cambio climático y medio ambiente. 3. Competitividad. Migración y desarrollo. 4. Salud, 5. Seguridad. “La X cumbre del USMCA ha estado marcada por la integración de la economía norteamericana como medio para competir con China. Estados Unidos, México y Canadá juntos representan hoy el 30% del PIB mundial y buscan reconfigurar sus cadenas de suministro para reducir su vulnerabilidad… el mar de fondo que los convocaba: la integración de la economía norteamericana como medio para competir con China. En 2000, el comercio entre América Latina y China rondó los 12.000 millones de dólares (0,6% del PIB regional). En 2021 superó los 445.000 millones (8,5%). Ese año, China supuso el 18 % del comercio exterior regional, frente al 5% en 2005. Sin México es el 24%. Entre 2008 y 2019, bancos estatales chinos prestaron a la región 131.000 millones de dólares, lo que pronto convertirá al gigante asiático en su mayor acreedor”. (www.politicaexterior.com/los-tres-amigos-china-y-la-desglobalizacion). Al patear el tablero Trump echó por la borda todo lo avanzado y a cambio de algo que resulta una aventura que genera un mar de especulaciones, resentimientos y condenas.

 

 “El imperio con pies de barro: la falla económica del proyecto de Donald Trump. Federico Fubini está convencido de que, en toda su retórica imperial, los Estados Unidos de Donald Trump tienen un talón de Aquiles que los hacen mucho más débiles de lo que parecen. Desde hace meses, esta falla está ahí, ante nuestros ojos. Nadie habla de ella. Sin embargo, explica por qué el presidente estadounidense aplica una doctrina de coerción económica aún muy desconocida —la de su asesor económico Stephen Miran— que tiene como objetivo erosionar la soberanía de Europa apuntando al corazón mismo de la zona euro… Sí, por supuesto, y hay que buscarlo en el enorme y creciente déficit público estadounidense. Estados Unidos se ve obligado a encontrar compradores cada año para al menos 2.000 billones de dólares adicionales en bonos del Tesoro —una cantidad ligeramente inferior al PIB de Francia— que debe colocar en los mercados con la esperanza de no tener que aumentar las tasas de interés ofrecidas para atraer a los inversores. Un aumento de este tipo podría desencadenar una espiral recesiva en Estados Unidos y resultar insostenible desde el punto de vista financiero a medio y largo plazo”. (https://legrandcontinent.eu/es/2025/02/21).

 

“Donald Trump ha adoptado una serie de decisiones, a través de órdenes ejecutivas y otras medidas, que nos han generado una profunda preocupación. Aunque confiamos en que algunas de estas medidas terminen siendo anuladas por su carácter anticonstitucional, por contradecir leyes estadounidenses o incluso por decisión del propio Congreso, el impacto va más allá de su posible implementación. Los mensajes que transmiten y las ideas que refuerzan permanecen en el imaginario colectivo, perpetuando patrones de pensamiento que tienden a normalizarlas. Esto no solo abre la puerta a que sean percibidas como necesarias, sino que también pone en riesgo derechos que hasta ahora considerábamos logros sociales establecidos”. (Amnistía Internacional - AI).

 

A la investidura de Donald Trump como nuevo presidente de Estados Unidos, el pasado 20 de enero le siguieron una serie de Órdenes ejecutivas que pone al Orden Mundial vigente en crisis  de dimensiones impredecibles de la que los líderes no terminan de reponerse ni de asimilar el golpe. A partir de ello se especula con un Nuevo Orden Mundial, aunque sea una utopía o un reto difícil pero no imposible de lograr o al menos intentarlo. ¿En qué consistiría y qué esperar del pretendido reordenamiento global? Según el Comercio serían éstas: 1. China reforzará aún más su alianza con los países emergentes de otras zonas del mundo, como África y América Latina, y aspira a ser la primera potencia económica. 2. En medio de la multipolaridad, Estados Unidos buscará seguir siendo la primera potencia, pero con énfasis en su propio crecimiento económico. Su objetivo será evitar un mayor crecimiento de China. 3. Europa perseguirá su autonomía de Estados Unidos y buscará reforzarse militarmente y mantener la unidad del bloque comunitario. 4. Las instituciones supranacionales, como la ONU o el FMI, seguirán pasando por una crisis de desconfianza a nivel global. 5. Los países del Sur Global buscarán mayor crecimiento y cooperación. Y, 6. Los nacionalismos y los gobiernos populistas podrían acentuar su presencia. (El Comercio, 02 de marzo de 2025).

 

“Donald Trump está llevando a Estados Unidos al autoritarismo a marchas forzadas. Tras su vuelta a la Casa Blanca el pasado enero, la ristra de órdenes ejecutivas, el despido masivo de funcionarios, los ataques a los medios y las presiones a sus críticos están sacudiendo el país. Las teorías neo reaccionarias que tanto calan en Silicón Valley han tomado Washington: hay que romper el sistema y hay que hacerlo ya. Reducirlo a cenizas para erigir un orden nuevo. Uno que se parece más a los sistemas de Hungría, Rusia, Emiratos Árabes Unidos o Singapur, que a la democracia liberal occidental”. (El Orden Mundial.com, marzo 16 de 2025).

 

“La representante Máxime Waters (California-43) del Congressional Black Caucus teme que las decisiones del presidente Donald Trump enfilen al país a una “guerra civil”. “Me preocupa que Trump esté al borde de crear una guerra civil”, dijo en la conferencia de prensa de su grupo parlamentario. “Lo mencionó más de una vez. Insinuó que, si no era reelegido, podría desatarse una guerra civil. ¿Saben la responsabilidad que esto nos impone? Nos impone la responsabilidad de vivir y hacer lo que el doctor Martin Luther King nos enseñó. Nos enseñó a organizarnos y a protestar, pero nos enseñó la no violencia. Nos enseñó la no violencia”. (La Opinión.com, marzo 14 de 2025).

 

“Entre 1870 y 1913, el país creció (EE. UU) a una tasa media anual del 4%, muy por delante de Japón, Alemania, Reino Unido o Francia. Fue una era de esplendor para las familias patricias de la costa este a las que pertenecían, entre otros, J.P. Morgan, Andrew Carnegie, Henry Ford, John D. Rockefeller y otros fervientes creyentes en la “poesía del capitalismo y la democracia de los accionistas”. Y no es el único paralelismo entre esa época y la actual. Según escribe Robert Kaplan en Foreign Policy, en su determinista y elemental visión del mundo, Trump ve a Groenlandia, Canadá y al Canal de Panamá como “extensiones orgánicas” de la geografía continental de Estados Unidos. (Política Exterior.com, marzo 14 de 2025).

 

 “La presidenta de la Comisión, Úrsula von der Leyen, ha declarado: «La era de los dividendos de la paz ha terminado. Ya no podemos dar por sentada la arquitectura de seguridad de la que dependíamos. Europa está dispuesta a intensificar sus esfuerzos. Debemos invertir en defensa, reforzar nuestras capacidades y adoptar un enfoque proactivo en materia de seguridad.  Estamos tomando medidas firmes al presentar una hoja de ruta de «Preparación 2030», con un aumento del gasto en defensa e importantes inversiones en capacidades industriales europeas de defensa. Debemos comprar más producción europea, porque eso significa reforzar la base industrial y tecnológica de la defensa europea, y también estimular la innovación, así como crear un mercado de equipos de defensa a escala de la UE». (Defensa.com, marzo 19 de 2025).

 

Considerando que una de las prioridades del gobierno Trump es el combate a las drogas no se entiende cómo le hace guiños a Maduro y en lo más sorprendente desaprovecha la reunión anual sobre drogas de las Naciones Unidas desarrollada del 10 al 14 de marzo de 2025 en Viena para presentar su estrategia de lucha contra la cocaína, el fentanilo y otras drogas: “El gobierno de Donald Trump no presentó ningún proyecto de resolución contra el fentanilo en la reunión más importante de la ONU sobre drogas, que comienza este lunes en Viena, pese a que la lucha contra ese opioide es la principal justificación para imponer aranceles a México, Canadá y China… En 2023, las sobredosis mataron en Estados Unidos a casi 110 mil personas, y la mayoría de los fallecimientos fueron causados por el fentanilo, un analgésico sintetizado por primera vez en 1960 con fines médicos y que organizaciones criminales fabrican de forma ilegal… Los gastos operacionales son más bajos por la flexibilidad geográfica para las instalaciones de fabricación, por efecto de la globalización (...), porque es más sencillo adquirir y sintetizar las sustancias químicas y porque hay más oportunidades de diversificación", explica en su informe anual la (Junta de Fiscalización de Estupefacientes) JIFE, un órgano independiente de la ONU que vela por el cumplimiento de los tratados internacionales sobre drogas”. (EFE, 09 de marzo de 2025).

 

“Según el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS), en 2025 el gasto militar mundial ha alcanzado la cifra récord de 2,46 trillones (americanos) de dólares, frente a los 2,24 trillones (americanos) de 2023. El planeta está viviendo en los últimos años más conflictos geopolíticos (Rusia-Ucrania, Oriente Medio y China-Taiwán), amenazas de seguridad crecientes y sobre todo, avances en tecnologías armamentísticas (IA, drones, tecnología cuántica…) que están encareciendo y aumentando las partidas en el desarrollo y construcción de estos nuevos sistemas… Estados Unidos sigue liderando el 2025 con un presupuesto de defensa de 895.000 millones de dólares, seguido de China con 266.850 millones de dólares y que sigue aumentando sus partidas presupuestarias en defensa… Según los datos de 2025, España se encontraría en el puesto 22 mundial con 23.400 millones de dólares, mientras que los países europeos que se encuentran entre los diez con mayores presupuestos de defensa son: 1. Reino Unido: 71.500 millones de dólares. 2. Francia: 55.000 millones de dólares. 3. Ucrania: 53.700 millones de dólares”. (Escudo Digital, 14 de marzo de 2025).

 

“Hace seis semanas, me paré bajo la cúpula de este Capitolio y proclamé el advenimiento de la edad de oro de Estados Unidos. Desde entonces, no hemos hecho más que actuar, con prontitud y sin descanso, para inaugurar la era más grandiosa y fructífera de la historia de nuestro país. Hemos logrado más en 43 días que la mayoría de las administraciones en cuatro u ocho años —y esto no ha hecho más que empezar—. Esto es sólo el principio. Vuelvo a este hemiciclo esta noche para anunciar que Estados Unidos ha recuperado su impulso. Nuestro espíritu ha vuelto. Nuestro orgullo ha vuelto. Nuestra confianza ha vuelto. Y el sueño americano está en pleno apogeo, más grande y mejor que nunca. El sueño americano es imparable, y nuestro país está a punto de experimentar un resurgimiento como el mundo nunca ha visto, y quizás nunca más verá. Nunca ha habido nada igual”. Dijo Trump en un discurso que demoró 1 hora 40 minutos al asumir su segundo mandato en la Casa Blanca.

 

El 4 de marzo al cumplirse 43 días de mandato el presidente Trump se presentó en el Congreso para recibir el respaldo de los republicanos y el rechazo de los demócratas. Desde la Casa Blanca mediante una nota de prensa expresaron que el presidente había cumplido con varias de sus promesas de campaña: “El presidente Donald J. Trump siempre pondrá al pueblo estadounidense en primer lugar, y al restablecer la misión letal de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y liderar con paz por medio de la fuerza en su política exterior, el presidente Trump está cumpliendo su compromiso de restaurar la seguridad en todo el mundo. El presidente Trump está liderando la paz por medio de la fuerza… El presidente Trump está restableciendo el Ejército de Estados Unidos como el más fuerte, así como la más poderosa fuerza de combate en el mundo. El ejército de Estados Unidos está registrando las cifras de reclutamiento más altas en la historia moderna…”. Casa Blanca, hoja informativa del 4 de febrero 2025).

 

“El caso más paradigmático es la relación con Rusia y Ucrania. Ignorando a sus aliados europeos y a Ucrania misma, Trump ha entablado negociaciones directas con Vladímir Putin... y, no parece importarle si China o Rusia son gobiernos democráticos o comunistas o dictaduras sólo está interesado en ver qué ventaja puede sacar de la relación con ellos”. (El Colombiano, 05 de marzo 2025).

 

“Los países de la Unión Europea han dado un paso sin precedentes hacia su fortalecimiento militar con el lanzamiento del plan ‘ReArm Europe’: una estrategia destinada a movilizar desde la UE hasta 800.000 millones de euros en los próximos cuatro años para reforzar su industria de defensa y garantizar su autonomía estratégica”. (Política Exterior, 10 de marzo 2025).

 

“El siglo XX fue de EE. UU; el siglo XXI no lo será: Trump es el síntoma de una decadencia que lleva años incubándose… No lo entiendo: ¿a qué viene tanto aspaviento? ¿No sabíamos quién era Trump? ¿No habíamos oído sus discursos? ¿No nos habíamos percatado de que no es un político sino un matón? ¿Ignorábamos que, como Putin, solo entiende el lenguaje de la fuerza? ¿Habíamos olvidado que, igual que Putin, desdeña la democracia, y que montó un golpe de Estado? ¿Nadie nos había dicho que aborrece a la UE…?” (Javier Cercas, El País, 28/02/2025).

 

“Estados Unidos ha obtenido 69 puntos en el Índice de percepción de la Corrupción que publica la Organización para la transparencia Internacional. Su puntuación no ha sufrido ningún cambio respecto a la obtenida en 2022… Con esa puntuación Estados Unidos mantiene la 24º posición… En los últimos cinco años, la percepción de los ciudadanos de la corrupción en el sector público en Estados Unidos ha empeorado, lo que ha venido acompañado de un descenso de su posición en el ranking internacional de corrupción”. (Expansión. Datos Macro). “Mientras Trump lanza su cruzada contra los migrantes, el verdadero enemigo de las democracias latinoamericanas sigue creciendo sin que nadie le declare la guerra: el crimen organizado transnacional, que no solo controla territorios y economías, sino también gobiernos. Un enemigo que se alimenta de dos flujos constantes desde Estados Unidos —armas y desinformación— y que Trump, con su retórica simplista y su desprecio por la cooperación internacional, solo parece fortalecer. Y un escenario ante el cual el periodismo y la verdad son la única defensa”. (Mónica Gonzales, “El mes que sacudió al mundo”, Fundación Gabo, febrero 25 de 2025). (Redacción julio 15 de 2025).

 

¿Cómo afectó a Trump la sentencia penal que recibió diez días antes de asumir el cargo? Aunque no lo crea en nada: “El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, recibió este viernes la sentencia por el caso de falsificación de registros comerciales para silenciar una relación con la exactriz de cine para adultos Stormy Daniels previa a las elecciones de 2016. El juez Juan Merchan resolvió una "libertad incondicional", lo que significa que el republicano no pisará la cárcel ni recibirá una multa. Sin embargo, el caso deja a Trump como el primer presidente convicto en un juicio penal en la historia estadounidense. La sentencia se produce 10 días antes de que el republicano asuma un segundo periodo en la Casa Blanca, luego de ganar las elecciones de noviembre pasado”. (BBC News Mundo, enero 10 de 2025).

 

*Periodista e Ingeniero Agrónomo. 

domingo, 29 de junio de 2025

50 Años de Crimen Organizado. Crisis Ambiental y Seguridad en la Amazonía. Triples Fronteras: Perú, Colombia, Brasil, Argentina y Paraguay.

Felipe A. Páucar Mariluz*

 

Droga cocaína decomisada para ser destruida en hornos o con procedimientos especiales. Una rutina ceremonial para anuncios oficiales que muchas veces encubren la realidad del fenómeno socioeconómico y político. Foto difusión.


El narcotráfico es uno de los principales delitos del crimen organizado transnacional que amenaza la seguridad y la economía en la Amazonía y es un problema importante en Latinoamérica y el mundo. En el presente reporte ponemos énfasis en la corrupción como principal problema en el Perú y países limítrofes y por ende en la Amazonía, porque la consideramos como la madre de todos los delitos que en conjunto constituyen el crimen organizado y porque el crimen organizado ha logrado no solo permear, infiltrar, sino posicionarse en instituciones claves de todos los poderes del Estado, que desde nuestro punto de vista están enfermas ética y legalmente, así como adolecen de integridad para ejercer la autoridad necesaria para una eficiente y transparente gobernanza.

 

Si bien la corrupción cubre los anales de la historia del Perú, es en los últimos 50 años que tuvo etapas de mayor agravamiento siendo la más notable el periodo de los gobiernos de Alan García Pérez y Alberto Kenya Fujimori Fujimori entre 1985 y el 2000. Una segunda etapa de corrupción institucionalizada se da en el periodo 2002 al 2015 durante los gobiernos de Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala. La tercera etapa marcada por la corrupción y autoritarismo se produce entre el 2016 - 2025 donde el Perú llegó a tener 6 presidentes: Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Manuel Merino, Francisco Sagasti, Pedro Castillo y Dina Boluarte, es decir, en promedio tuvimos un presidente cada 18 meses cuando el periodo constitucional es de 60 meses. Durante 2 años 6 meses del periodo presidencial de Dina Boluarte se nombraron 69 ministros en una crisis ministerial y de gobierno permanente con pocos antecedentes. Principalmente por la acción subterránea y depredadora de grupúsculos políticos con presuntos vínculos con el crimen organizado: Fuerza Popular (Keiko Fujimori), Alianza Para el Progreso (César Acuña), Renovación Popular (Rafael López), Perú Libre (Vladimir Cerrón), Podemos Perú (José Luna), Apra, Acción Popular, Avanza País (Hernando de Soto); Juntos por el Perú (Verónica Mendoza), entre otras asociaciones atomizadas pero igual de venenosas que en acción concertada modificaron la Constitución, cambiaron y crearon leyes a voluntad e interés violentando la normatividad vigente en su propio beneficio, como también se zurraron en el Referéndum de 2018, donde los peruanos dijeron "sí" a la reforma de la Junta Nacional de Justicia, a la fiscalización de los aportes a los partidos políticos y a la no reelección de congresistas. Hoy la Junta Nacional de Justicia hace gala de un poder ‘imperial’ y repone en el cargo a la destituida por corrupción y autoritarismo ex fiscal de la nación Patricia Benavides y aunque este objetivo no prosperó en lo inmediato nada garantiza que las presuntas mafias en el poder puedan avasallar y someter una vez más la Fiscalía de la Nación.

 

“Con la corrupción, todos pagan. Cada año, tanto en los países desarrollados como no desarrollados, se pagan sobornos por más de un billón de dólares… La corrupción en el poder judicial socava el imperio de la ley y la legitimidad del gobierno. Un poder judicial corrupto menoscaba la capacidad de una sociedad para poner freno a la corrupción… Las prácticas corruptas facilitan el tráfico de drogas y las actividades de la delincuencia organizada.” (Naciones Unidas, Oficina Contra la Droga y el Delito. www.unodc.org). 


“Enfrentar los delitos ambientales como la tala ilegal, la minería ilegal, el tráfico de fauna silvestre y la ocupación y tráfico de tierras en la Amazonía peruana. Los mismos que ponen en riesgo la salud y la vida de los pobladores de la Amazonía y son una limitante para el desarrollo inclusivo y competitivo. Urge también desterrar las actividades criminales ilícitas como los cultivos ilícitos y el crimen organizado, promoviendo las actividades lícitas y otros mecanismos legales, así como brindar protección oportuna a las personas defensoras ambientales para salvaguardar su integridad ante las amenazas del crimen organizado que operan en la Amazonía y reducir los altos índices de corrupción que afectan la gestión nacional, regional y local. Para cumplir con estas acciones se requiere alinear las intervenciones de todos los sectores del gobierno nacional con los enfoques y prioridades definidas en las jurisdicciones amazónicas, en forma integral e integrada.” (Declaración de Iquitos, IV Congreso de Emprendedores Amazónicos, CEA 2023. Especial revista Caretas, junio 9 de 2023). Con el VI CEA 2025 desarrollado en Tingo María son 6 las ediciones que congregaron a más de 2 mil asistentes entre ministros, exministros, gobernadores de la Mancomunidad Amazónica, investigadores, funcionarios y emprendedores que abordaron diversos temas y en cada una de ellas aprobaron una declaración por consenso como una especie de clamor y S.O.S al gobierno nacional y comunidad internacional, que aún no se han pronunciado ni actuado significativamente en la solución de la problemática ni prestado atención a las alternativas planteadas. 


“Un hacker del cártel de Sinaloa rastreó a informantes del FBI con cámaras de la Ciudad de México, según una auditoría del Inspector General del Departamento de Justicia… se reporta que en 2018, mientras el FBI trabajaba en el caso del cártel de drogas de ‘El Chapo’, un individuo vinculado al cártel contactó a un agente del FBI… declaró que el cártel había contratado a un hacker que ofrecía diversos servicios relacionados con la explotación de teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos…. el hacker había observado a personas entrando y saliendo de la Embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México e identificó a personas de interés para el cártel, incluyendo al Agregado Legal Adjunto del FBI (ALA T), y posteriormente utilizó el número de teléfono móvil de ALA T para obtener las llamadas realizadas y recibidas, así como los datos de geolocalización asociados al teléfono del ALA T”. (El Informador.mx, junio 28 de 2025). Ésta revelación nos indica que ahora el crimen organizado además de la corrupción tiene como aliada estratégica a la tecnología de última generación, que la convierte en una amenaza más peligrosa.


2025. La droga constituye un conflicto global: “Particularmente preocupante es que la producción mundial de cocaína alcanzó las 3,708 toneladas en 2023, lo que marca un récord histórico y un aumento del 34% respecto a 2022. Las incautaciones también subieron de forma significativa: se confiscaron 2,275 toneladas, un 68% más que en 2019. Asimismo, se detecta una tendencia ascendente en el mercado de drogas sintéticas, como las metanfetaminas y el “captagón”, impulsadas por costos de producción más bajos y mayor facilidad para evadir controles. El impacto humano es devastador: cerca de 500,000 personas mueren cada año por causas relacionadas con las drogas, y apenas una de cada 12 personas con trastornos por consumo accedió a tratamiento en 2023. El informe también pone el foco en las consecuencias ambientales del narcotráfico, señalando efectos como deforestación, contaminación y residuos tóxicos, particularmente en el continente europeo.” (Todoroca.com, junio 26 de 2025).


1970. Inicio del crimen organizado (narcotráfico, tala ilegal). Guillermo Porto Cárdenas Dávila (Considerado pionero del narcotráfico) nació en Bellavista, San Martín, entonces Loreto en la década de 1920 y fue uno de los primeros e importantes narcotraficantes en la Amazonía peruana, con vínculos políticos y bandas de la droga cocaína en Brasil, Bolivia y Colombia, a Brasil enviaba el estupefaciente vía fluvial (Huallaga – Amazonas) en balsas que transportaba ganado vacuno hasta Iquitos y de aquí hasta Leticia y Tabatinga. Cuando creció económicamente en la década del 60 adquirió una avioneta o avión pequeño al que denominó la ‘Blanquita’ en alusión a que transportaba cocaína entre carne de caballo que asesinaba impunemente porque eran salvajes. Cuando el río Huallaga destruyó la mayoría de casas de adobe durante una inundación fue ‘Mosca loca’ que se encargó de construirle a los damnificados casas de concreto, así como realizar acciones de ayuda social en Bellavista. En versión de pobladores, encaletaba y blanqueaba sus ganancias en testaferros y préstamos a comerciantes que instalaban grandes empresas, los beneficiarios de este tipo de lavado de dinero primigenio se quedaron con los recursos cuando fue asesinado en 1984. En 1973 fue detenido por primera vez acusado de producir y comercializar pasta básica de cocaína en varias localidades de la hoy región de San Martín, pero fue liberado en poco tiempo por la corrupción policial y judicial y por el presunto apoyo político del hacía gala, se informó que un juez llamado Fernando Romero ordenó su libertad contraviniendo leyes vigentes. Se afirmó entonces que incursionó en el contrabando de madera y de especies silvestres, por lo que sería el que dio origen al crimen organizado en la selva del oriente peruano desde 1960. Hasta su detención definitiva y muerte en una asonada del penal el Sexto en 1984 fue considerado un hábil y huidizo delincuente con protección de políticos, autoridades, funcionarios, policías, fiscales y jueces. Tuvo la seguridad y osadía de ofrecer pagar la deuda externa del Perú de unos 7 millones de dólares al expresidente Fernando Belaunde Terry a cambio de licencia para producir cocaína sin ser perseguido. Fue el primero de una serie de capos del narcotráfico que luego operaron con cadenas de factorías de producción, enlaces y redes de acopio, distribución, transporte y comercialización en el Huallaga, Ucayali, Pachitea, Monzón, Aguaytía, Apurímac, Ene y Mantaro todas ellas aceitadas y sostenidas por la corrupción. Otros temidos narcotraficantes en San Martín fueron: Lucio Tijero el ‘Ingeniero’, ´Demetrio Chávez ‘Vaticano´, Tito López, el ‘Padrino’, Fernando Zevallos el ‘Lunarejo’, que operaron en las décadas de 1,980 a 2,010. (Con información La República, El Comercio, Caretas, Mininter e investigación propia).


Según el informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Droga y el Crimen, ONUDC, presentado el 26 de junio, la cocaína ocupa el cuarto lugar entre las drogas más consumidas y que constituye un peligro para la salud como un grave problema para la seguridad de la comunidad mundial. ¿Alguien hubiese imaginado en algún momento que lo empezado rudimentaria y a baja escala por ´Mosca Loca´ se convirtiera en una actividad criminal transnacional que afecta directamente a cientos de millones de personas y mueve miles de millones de dólares en el mundo?:  “Una nueva era de inestabilidad global intensifica los retos para abordar el fenómeno mundial de las drogas, empoderando a los grupos de la delincuencia organizada y catapultando el consumo de drogas a niveles históricamente altos... En 2023, cerca de 316 millones de personas consumieron alguna droga (excluidos el alcohol y el tabaco); es decir, 6% de la población entre 15 y 65 años, frente a 5.2% de la población en 2013. Con 244 millones de usuarios, el cannabis continúa siendo la droga más utilizada, seguido de los opioides (61 millones), las anfetaminas (30.7 millones), la cocaína (25 millones) y el éxtasis (21 millones) … La producción, incautaciones y consumo de cocaína alcanzaron nuevos máximos en 2023, convirtiéndose en la droga ilícita con mayor crecimiento de mercado. La producción ilegal se disparó a 3,708 toneladas, casi 34% más que en 2022. Las incautaciones mundiales alcanzaron un récord de 2,275 – lo que supone un aumento de 68% con respecto a 2019-2023. El consumo creció de 17 millones de usuarios en 2013 a 25 millones en 2023. Informe Mundial sobre las Drogas 2025 de UNODC https://mexico.un.org/es/297059-informe-mundial-sobre-las-drogas-2025-de-unodc-la-inestabilidad-mundial-agrava-el-impacto.


En 1960 eran cerca de 3 mil de hectáreas de coca y los narcos producían pocas toneladas de pasta básica de cocaína, hoy según cifras oficiales que forman parte de la data negra serían más de 90 mil hectáreas de cocales que podrían producir 600 TM de cocaína, pese a los gastos millonarios en represión policial - militar contra el cultivo y la droga y en desarrollo alternativo que tiene resultados discutibles en 44 años de presencia en las zonas cocaleras. Según la Dirandro este año ha triplicado el decomiso de drogas, pero pocos pueden dar credibilidad o asegurar la veracidad de las cifras anunciadas por la inquilina de palacio de gobierno: “La Dirección Antidrogas de la Policía Nacional (Dirandro) incautó más de 141 toneladas de droga entre enero y junio de 2025, triplicando lo decomisado en el mismo periodo del año anterior. Así lo destacó la presidenta Dina Boluarte durante el 34 aniversario de esta unidad especializada, donde también se informó sobre 9,000 operativos, 5,500 detenciones y la destrucción de pistas clandestinas y laboratorios ilegales.” (Revista Caretas, junio 26 de 2025. https://caretas.pe/home_web/home_principal_secundario/dirandro-triplica-incautacion-de-droga-en-2025/).


Estados Unidos es uno de los principales actores de la denominada guerra contra las drogas desde el presidente Ronald Reagan y ha sido el que más  aportó con fondos al cumplimiento de la responsabilidad compartida principalmente a través de la Agencia Internacional de Desarrollo AID desde 1981 en el Huallaga y desde el 2002 mediante USAID que fue desmantelada por Donald Trump a principio de año; sin embargo, ahora se confirma lo que siempre se presumió y denunció que es a su vez uno de los principales países en lavado de dinero de la droga en Latinoamérica y el mundo, es decir, adoptó una postura que podría ser vista como de doble rasero: “El sistema financiero de Estados Unidos absorbe anualmente alrededor de 100 mil millones de dólares provenientes del tráfico de drogas, con énfasis en la cadena de suministro del fentanilo, de acuerdo con un informe reciente del Departamento del Tesoro. A pesar de estas cifras alarmantes, ningún banco estadounidense ha sido acusado o investigado públicamente por su posible implicación en el manejo de estos fondos ilícitos, en contraste con las sanciones impuestas a instituciones financieras en México y China. La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) identificó mil 246 reportes de movimientos financieros vinculados al tráfico de fentanilo, que totalizan más de mil 400 mdd. En este análisis, Estados Unidos concentra el 95% de las alertas de lavado de dinero asociadas con esta droga, y los bancos estadounidenses generaron el 57% de dichas alertas.” (https://canal7slp.tv/2025/100-mil-mdd-del-narcotrafico-ingresan-al-sistema-bancario-de-eua-cada-ano-departamento-del-tesoro/).


“El 14 de junio de 2018, la revista Caretas dio a conocer en un informe que en el Vraem existirían entre 300 a 400 hombres armados del Militarizado Partido Comunista del Perú, MPCP y 8 mil soldados y policías destacados en 52 bases militares y policiales y contaban con 13 helicópteros del ejército y 2 de la policía. Ahora esta logística ha disminuido son 42 las bases, 6 mil efectivos, pero no afecta la operatividad y los éxitos de las fuerzas policiales y militares en esa amplia zona interregional donde la actividad de 250 integrantes del MPCP y su capacidad de fuego es desconocida y hasta un misterio”. (La Guerra de los Cien años. Narcotráfico y Terrorismo, página 13, julio de 2022).


“En Huánuco, San Martín, Ucayali y Loreto, escenario que se analiza en éste libro, se registraron oficialmente 1,857 casos de violencia desde 1981 a 2005 (los producidos fueron muchos más) con 5,550 muertos y desaparecidos (4,910 fueron asesinados y 640 desaparecidos). Pero, si se tomara en cuenta los muertos y desaparecidos por otros hechos criminales que no pudieron ser registrados y que fueron a parar a los ríos o fosas clandestinas, éstas cifras podrían duplicarse pasando a 11 mil. Ésta realidad, representa un indicador importante para medir la intensidad de la violencia extrema en esta amplia zona del país. Sobre todo, si comparamos con las cifras de muertos y desaparecidos registrados por la CVR en Ayacucho 9,834, Junín 2,571, Huancavelica 1,598 y Pasco 398”. (La Guerra Oculta en el Huallaga, Monzón y Aguaytia, página 8, diciembre de 2006). 

En la Amazonía, el crimen organizado: narcotráfico, minería ilegal, tala ilegal, tráfico ilegal de especies protegidas, trata de personas, corrupción incontrolable, terrorismo, paramilitarismo, etc., afecta a comunidades y medio ambiente. El crimen organizado habría permeado en un 72% de las fronteras de Perú, Colombia, Brasil, Argentina, Paraguay y Ecuador afectadas principalmente por el narcotráfico, minería ilegal y trata de personas, según un informe de SUMAÚMA, Jornalismo do Centro do Mundo (https://sumauma.com/es/amazonia-sitiada-narcotrafico-domina-72-das-fronteiras-entre-peru-colombia-brasil-e-equador/). La expansión de estas actividades ilegales está ligada al aumento de la violencia, la deforestación, los incendios intencionales y la usurpación de tierras, según un informe del diario El País, (https://elpais.com/america/2023-11-30/el-crimen-organizado-en-la-amazonia-de-brasil-amenaza-la-lucha-contra-el-cambio-climatico.html). Solo un tercio de los casos analizados en la Amazonía entre 2014 y 2024 incluyeron investigaciones financieras para rastrear las ganancias ilegales. El País (https://elpais.com/america/amazonia-sin-fronteras/2024-12-05/la-falta-de-investigaciones-dificulta-el-combate-al-lavado-de-dinero-de-los-crimenes-ambientales-en-la-amazonia.html). La expansión del crimen organizado en la Amazonía es una amenaza a la seguridad, el medio ambiente y el desarrollo sostenible de la región coinciden varias investigaciones de destacados medios e instituciones gubernamentales y no gubernamentales.


La Amazonía peruana enfrentó un aumento alarmante de incendios forestales provocados, con un 81% más del período 2020-2023, se reportaron 215,592 incendios, también se registró una pérdida de 111,603 hectáreas de bosques por minería aurífera. En la Amazonía peruana, la pobreza monetaria afectó al 27.6% de la población en 2024, lo que equivale a 9.4 millones de personas. La pobreza extrema afecta con mayor intensidad al ámbito rural, con un 15.5%, las regiones amazónicas con mayores niveles de pobreza son: Loreto 40%. Amazonas, con tasas entre 7.8 y 10.5%. Huánuco, Pasco, Ayacucho, Cusco, Junín y Ucayali, tienen tasas de pobreza extrema en porcentajes similares. La Amazonía ha experimentado una significativa deforestación, con la pérdida de más de 111,603 hectáreas debido a la minería, según informes de AMW y MAAP (https://www.maapprogram.org/es/mineria-amazonia-2024/).  Madre de Dios fue una de las zonas más impactadas, con 30,000 hectáreas deforestadas por minería en tres años, según CooperAcción. Aproximadamente 725,000 hectáreas deforestadas por minería corresponden a áreas protegidas y territorios indígenas. La minería ilegal de oro en la Amazonía peruana causó pérdidas económicas por 593 millones de dólares, según ACCA (https://acca.org.pe/mineria-ilegal-de-oro-provoca-perdida-economica-de-mas-de-593-millones-en-la-amazonia-peruana/). La importancia de la Amazonía está en que ésta genera entre el 16% y el 20% del agua dulce del planeta. Contiene el 25% de la biodiversidad terrestre. Se estima que contiene más de 40,000 especies de plantas y 6,000 especies de animales varios en proceso de extinción. El 53.2% de la superficie territorial del Perú son bosques húmedos amazónicos, según el INEI.


“El impacto del cultivo de la coca fue de tal magnitud que en todas las cooperativas agrarias de servicios y de producción provocó una crisis de carácter económico o generó consecuencias de carácter institucional… El sorprendente crecimiento de la coca, sembrío que pasa de aproximadamente 2,228 hectáreas en 1973 a un mínimo de 30,000 Has., en 1980… Naturalmente, el impulso brindado por el narcotráfico ha posibilitado variaciones tan drásticas en la orientación productiva de los colonos. En la práctica, el comercio internacional de estupefacientes no hace más que aprovechar el intento primario de los agricultores andinos de extender la verticalidad ecológica en las zonas tropicales… (Conclusiones del Encuentro Nacional de Autogestión, ENDA, 1986. CEDEP, CIPA, DESCO, INPET: Héctor Bejar, Pierre Foy y Sara Pait).


“En agosto de 1980, al dirigirme al Congreso de la República, dije “que éste gran país nuestro, lleno de contradicciones, de pobrezas y de grandezas está enfermo y necesita ser cuidado con devoción y amor filiales, pero, al mismo tiempo, con la seriedad y mejor capacidad profesional que podamos encontrar para rescatarlo del dolor y la miseria” … La respuesta a los problemas de fondo de una sociedad enferma y desintegrada, no puede obtenerse sino a mediano y largo plazos, igual sucede con una economía postrada y en la que sus principales sectores estaban desequilibrados, en la que campeaba la inflación, y el deterioro de la calidad de vida de la población… Independientemente de los problemas coyunturales, inflación, desequilibrio presupuestal, balanza de pagos, la estrategia para el desarrollo económico tiene metas a mediano y algo plazos, que son las únicas respuestas a los problemas que el Perú arrastra desde el inicio de su vida republicana” (Mensaje a la Nación del presidente del Consejo de Ministros y Ministro de Economía, Manuel Ulloa Elías, enero de 1982). En 1980 Sendero Luminoso inicia sus actividades terroristas y el narcotráfico daba pasos acelerados hacia un boom que logró en 1993, sin embargo, en el mensaje no se puso ni una coma sobre éste problema mayor.


“El Perú, como se sabe, produce más del 60% de la producción mundial de coca, actualmente más de 200,000 familias campesinas, es decir, aproximadamente un millón de personas dependen de su cultivo. Esta economía ilegal e informal transforma la economía nacional y genera, en alianza con el terrorismo, cuadros de violencia criminal que día a día se incrementan… La mayoría de estudiosos e investigadores del fenómeno del narcotráfico ven a esta actividad como producto de un circuito de productores y consumidores, enlazados por organizaciones criminales. Nosotros queremos presentar una perspectiva distinta; nuestro país es el teatro de operaciones, el campo donde se libra una confrontación entre el crimen internacional organizado y la legalidad de los distintos estados involucrados… El narcotráfico para nosotros es un cáncer y queremos erradicarlo… Algunos medios de prensa, nacionales o del exterior, mostraron su sorpresa cuando decidimos no firmar el tratado de asistencia militar propuesto por Estados Unidos… No somos en absoluto contrario a un efectivo programa de represión para erradicar los cultivos ilegales de coca y controlar, así, la oferta de pasta básica de cocaína, pero deseamos que el aspecto de represión sea abordado dentro de un contexto global, un contexto que tome en consideración las posibilidades concretas de los agricultores en las zonas cocaleras existentes, y los potenciales, para desarrollar actividades económicas alternativas. (Estrategia de lucha contra el narcotráfico: Doctrina Fujimori, discurso de Alberto Fujimori, 26 de octubre de 1990). Se ha demostrado que el gobierno de Fujimori y el Alan García fueron los principales responsables para el crecimiento y consolidación del narcotráfico, terrorismo y la corrupción que causaron grave perjuicio al país al negociar con el crimen poder político y dinero. Están frescas las imágenes de un Alan García abogado e indultador de narcos y de Montesinos como negociador y el enlace con narcos y terroristas en representación de Fujimori.     


“En el denominado caso “narcoindultos”, la Procuraduría Anticorrupción denunció la participación del expresidente García Pérez en la liberación irregular de personas sentenciadas por el delito de narcotráfico, a cambio de lo cual se habría entregado dinero a los funcionarios y servidores públicos responsables del procedimiento de gracias presidenciales. La Procuraduría denuncia que García Pérez, valiéndose de su poder como jefe de Estado, habría creado el contexto adecuado para la comisión del delito de cohecho pasivo impropio y, en este sentido, habría instaurado una asociación ilícita conformada con diversos funcionarios públicos, dentro de los cuales se encontraría el ex Ministro de Justicia Aurelio Pastor Valdivieso.” (Caso Narcoindultos, IDEH PUCP, julio de 2012). “Cuando Alan García liberó durante su segundo gobierno a más de mil presos por narcotráfico agravado en la mayor excarcelación de ese tipo que se conozca en el mundo, justificó su decisión y apeló a la piedad cristiana a fin de dar a los reos una segunda oportunidad. También dijo que quería aliviar la sobrepoblación carcelaria en Perú.” (AP, noviembre 05 de 2015).

 

“A la vez, la expansión del narcotráfico avanza de manera implacable, alimentando una economía ilegal paralela basada en la muerte, la violencia y la destrucción de familias enteras. La ausencia o fuga del Estado –en sus tres poderes– en las barriadas pobres es suplida por las mafias: ofrecen préstamos de dinero, protección, remedios, comida y hasta una falsa pertenencia. Pudre el tejido social, apolilla los sueños más profundos, descompone la convivencia en sus niveles más básicos. Allí adonde el Estado no llega, o llega tarde, el crimen organizado se instala con facilidad. Los grupos criminales aprovechan la vulnerabilidad de los más débiles, y reclutan niños y adolescentes como distribuidores o “soldaditos” en los barrios más humildes, lo que compromete no solo su salud, sino también su dignidad y su futuro.” (La Nación, junio 24 de 2025).


“La asociación entre el narcotráfico y Sendero Luminoso está ampliamente comprobada y opera en el departamento de Huánuco y la margen izquierda del Alto Huallaga. El objetivo es liberar dicho territorio de la presencia del Estado y otorgarse muchas facilidades para sus actividades. De esa manera, es Sendero quien controla los precios que se pagan a los campesinos productores de coca y obtiene una participación garantizando al mismo tiempo las cosechas y entregas, por un lado, y la protección militar por el otro, a los narcotraficantes que, a su vez, los provee de armas. (Informe Comisión del Senado sobre Violencia y Pacificación, página 342).

 

“Según la opinión del general en retiro Edgar Luque Freyre, quien se desempeñó durante cuatro años, entre 1987 y 1990, como director de la DIGIMIN durante la gestión de José Barzalo Burga y posteriormente con Agustín Mantilla Campos, uno de los principales énfasis del gobierno aprista fue organizar, desde la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior, un sistema de inteligencia lo suficientemente competente como para hacer frente con éxito al fenómeno del terrorismo y también a las mafias internacionales de la droga que se habían instalado en el Perú. El propio Luque Freyre admite que entonces ya existían pruebas concretas de la alianza entre subversión y narcotráfico: El narcotráfico abastecía determinado tipo de armamento y la subversión le protegía los vuelos para llevar droga al exterior. nosotros presentamos testimonios, fotografías, pero el gobierno (de Alan García) prefirió mantenerlo oculto por razones que a veces son difíciles de entender. Desde su particular percepción, el narcotráfico había infiltrado numerosas esferas del poder, desde el Congreso hasta los organismos que se supone tenían que perseguir el delito, y ni que decir de la propia policía. La serie de escándalos como el referido al ex asesor Luis López Vergara, brazo derecho del ex ministro del Interior Luis Percovich Roca, involucrado con el narcotraficante Reynaldo Rodríguez López, o la defenestración del senador Yashimura por su sociedad con Guillermo Cárdenas Dávila, alias «Mosca Loca», en cuyo avión bautizado «Blanquita» se habían trasladado los principales candidatos de Acción Popular durante la campaña del 1980, no serían casos aislados. La captura del diputado aprista Miguel Ángel del Pomar, involucrado con una red de narcotráfico internacional que enviaba cocaína a Alemania, o la del diplomático Francisco Tweedle, en cuya valija fueron hallados varios alijos con droga, fueron evidencias rotundas de su alto poder corrosivo. Años después, la grabación de una conversación telefónica entre el congresista de Cambio 90 por Chachapoyas, Manuel La Torre Bardales, el narcotraficante Abel Muñoz Seijas, contador de Demetrio Chávez Peñaherrera, y un sujeto identificado como Carpio, en marzo de 1993, confirmaría que estas acciones ilegales continuaron durante el gobierno fujimorista.” (Narcotráfico, conflicto armado interno y corrupción, Comisión de la Verdad y Reconciliación, Informe Final CVR página 758, agosto de 2003).

 

Según el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, en 2022, los costos directos del crimen alcanzaron el 3.44% del PIB de la región de América Latina y Caribe. El costo del crimen equivale al 78% del presupuesto público para educación, el doble del presupuesto público para asistencia social y 12 veces el presupuesto para investigación y desarrollo. (Informe BID 2024).


De acuerdo a la Contraloría, los gobiernos locales han dejado una herencia costosa: 6,653 obras paralizadas que suman 91 mil 705 millones en proyectos inconclusos. El 2022, fueron 1,879 proyectos detenidos, con un costo total de 21,595 millones. En 2023, la cifra aumentó a 2,298 obras, con un costo de 26,992 millones. Y en 2024, un nuevo récord: 2,476 proyectos paralizados, por un valor de 43,118 millones, según un informe de Vigilante.pe. Esto revela un crecimiento constante en el número de obras inconclusas y abandonadas, también una alarmante acumulación de recursos públicos que no se traducen en mejoras reales en beneficio de las poblaciones necesitadas, ello principalmente por la falta de eficiencia, transparencia y responsabilidad institucional con incidencia social. Situación similar y en algunos casos peor se dan en los gobiernos regionales y gobierno nacional por efecto indirecto de la corrupción.


La corrupción es un delito que potencia y sostiene al crimen organizado y una práctica que, al distorsionar el uso de los recursos públicos y debilitar las instituciones, obstaculiza el acceso equitativo a derechos fundamentales como la salud, la educación, la justicia y una vida digna. La corrupción no es neutra: profundiza desigualdades, perpetúa la exclusión y socava el principio de igualdad ante la ley. Es una violación indirecta pero real: no siempre la corrupción aparece como una agresión directa, pero sus consecuencias impactan derechos concretos. Es un obstáculo para la obligación estatal de garantizar y proteger los derechos. Tiene un impacto diferenciado: golpea con más fuerza a mujeres, niños, poblaciones vulnerables e indígenas, personas en pobreza, personas con discapacidad, entre otros. Se considera a la corrupción como la columna vertebral del crimen organizado transnacional al dar origen y sostener a otros 21 delitos graves. Un congreso con congresistas en defensa de su propia inmunidad ha reducido los delitos del crimen organizado calificando a varios como delitos comunes, lo que evidencia que la política con visos gansteriles es la principal responsable de la crisis de inseguridad que vive nuestra nación. (Con aporte IA).


Cada año la delincuencia organizada según la Contraloría General de la República (2023) le roba al país apoderándose de sus presupuestos 22 mil millones de soles, que en percepción de la sociedad que sufre su impacto negativo ésta podría ascender hasta 30 mil millones de soles (cerca de 8 mil millones de dólares) /año. Los recursos son sustraídos ilícitamente de los gobiernos nacional, regional y municipal principalmente. A la fecha no hay institución u organización ni ley efectiva/eficiente que lo prevenga, detenga y sancione; muchas de los existentes son sindicadas como parte o cómplice de un sistema oculto que corroe la democracia. Es repudiada por un sector mayoritario, pero a la vez aceptada resignadamente como un mal menor impune. El ascenso y consolidación de la corrupción en el Perú es real porque la misma CGR estimaba en 2016 que el monto perdido era de 16 mil millones.

 

“La corrupción es un fenómeno que afecta la gobernabilidad del país, la confianza en las instituciones y los derechos de las personas, tiene además diferentes manifestaciones y aparece de manera diversa en el escenario social, político y económico. Sus efectos negativos llegan a trascender inclusive fronteras, valiéndose de redes sofisticadas delictivas que aprovechan la debilidad institucional y sectores vulnerables para capturar la toma de decisiones. La corrupción al ser un fenómeno multidimensional se da de manera sistemática, y en diferentes niveles y sectores de la administración pública, apareciendo así en procesos pre decisionales como el financiamiento indebido de agrupaciones políticas en campañas electorales; durante la toma de decisiones, como por ejemplo, en el diseño de políticas públicas dirigidas a intereses particulares, a consecuencia de conflictos de intereses y el tráfico de influencias; y, en procesos post decisionales, en la gestión pública afectando la eficiente provisión de servicios públicos”. (Política Nacional de Integridad y Lucha Contra la Corrupción, Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, CAN, 2017),

 

“La corrupción se alimenta de la impunidad y ésta corroe, aún más que el delito, las fibras morales de una nación. Es hora, pues, de iniciar una nueva etapa de nuestra vida republicana, de liberarnos de la corrupción, pero también del autoritarismo, y construir una democracia constitucional firme, estable y longeva”. (Valentín Paniagua Corazao, Presidente Constitucional de la República al inaugurar la I Conferencia Nacional Anticorrupción, julio de 2001).

 

“Frente a los graves hechos de corrupción, el gobierno transitorio asumió la tarea histórica de emprender un vasto plan de acción destinado a investigar y sancionar a los responsables de la apropiación ilegal de fondos públicos. La dimensión del problema ha sido inédita en el país. Nunca antes se apreció que desde las más altas esferas del poder político se hayan efectuado actos de corrupción de funcionarios, control de los medios de comunicación y sojuzgamiento de organismos constitucionalmente autónomos, bajo la presión o extorsión para lograr mediatizar sus decisiones a fin de que sean proclives a los detentadores del poder, sin control de ningún tipo. Las investigaciones de los hechos de corrupción han logrado incluir hasta la fecha, a una serie de personas que ocuparon puestos del más alto nivel, desde Congresistas, Ministros de Estado, miembros del Poder Judicial, Jurado Nacional de Elecciones, Ministerio Público, miembros de las Fuerzas Armadas, entre otros, cuyas conductas han resquebrajado, en parte, la legitimidad del sistema político requiriéndose una profunda acción de parte del Estado y la sociedad civil para reconstruir nuestras instituciones y forjar una ética pública”: (Conclusiones I Conferencia Nacional Anticorrupción, Lima, julio de 2001).

 

El Consorcio para la Ética Pública, Proética,  la Asociación de Exportadores (ADEX), la Asociación Civil Transparencia Internacional (TI), el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), la Comisión Andina de Juristas (CAJ),  presentaron los días, 26, 27, 28 de julio de 2001 la serie de informes de destacados investigadores y personalidades nacionales e internacionales que abarcaban la corrupción producida y registrada durante el nefasto periodo de los gobiernos de Alan García y Alberto Fujimori, entre 1987 al 2000, donde el país también tuvo que vivir la violencia fratricida del terrorismo de Sendero Luminoso (SL), del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), del tráfico ilícito de drogas y del crimen organizado que empezaba a consolidarse ante el autoritarismo e impunidad vigentes, y, además, estos pasivos vergonzantes eran tolerados o justificados por un sector de peruanos interesados o confundidos al extremo de ser calificados como ‘geishas’ y ‘caídos del palto’ por el inefable Alberto Fujimori, extinto expresidente en la década del 90. Ellos o sus descendientes son los que hoy polarizan al país y destruyen la institucionalidad e independencia de poderes para después ofrecer reconstruirlo en el supuesto que sea nuevamente gobierno.

 

Van 25 años y el objetivo planteado por Valentín Paniagua y otros que lucharon por recuperar la democracia no se logró, es más, pareciera que retrocedimos 40 años y estamos virtualmente derrotados por una fuerza corrupta oscura propiciada por los que directa o indirectamente detentaron/detentan el poder político y económico, los presuntos responsables del avance, fortalecimiento e institucionalización de la actividad criminal en casi todos los estamentos de la sociedad.

 

“Boluarte suma casi 70 ministros en 30 meses de gobierno. Cada 15 días en promedio hay un nuevo ministro. En la compleja cartera de Interior ha tenido ocho ministros. El último duró menos de 50 días… En 2016-2026, nos habrán gobernado siete presidentes, solo comparable con el periodo 1879-1890 de la guerra con Chile y la reconstrucción… Es importante aumentar la conciencia ciudadana de la relevancia capital de nuestro voto en abril del 2026, para ojalá romper esta inercia de inestabilidad, mediocridad y corrupción en el liderazgo nacional. (Álvaro Henzler, presidente de la Asociación Civil Transparencia. El Comercio, mayo 18 de 2025).


El Perú, ha mostrado un retroceso en la lucha contra la corrupción, con un descenso en su ranking en el Índice de Percepción de la Corrupción. El Perú experimentó su mayor caída en el Índice de Percepción de la Corrupción desde 2012, cayendo al puesto 121. La corrupción sigue siendo un factor que agrava la crisis de seguridad, con un aumento de extorsiones y sicariato. La corrupción también reproduce y consolida la desigualdad social, consolida el clientelaje político y perpetúa la ineficacia de la burocracia y, por lo tanto, impide contar con una administración pública eficiente al servicio de la satisfacción de los derechos de los peruanos.

 

“Perú ha obtenido 33 puntos en el Índice de percepción de la Corrupción que publica la Organización para la transparencia Internacional. Su puntuación ha descendido en el último informe, lo que significa que los peruanos perciben un incremento de la corrupción en el sector público del país. La disminución de su puntuación ha provocado que Perú empeore su posición respecto al resto de los países hasta la posición número 121, de los 180 del ranking de corrupción gubernamental, luego sus habitantes creen que existe mucha corrupción en el sector público. La evolución de la percepción de la corrupción en los últimos cinco años en Perú ha empeorado, lo que ha venido acompañado de un descenso de su posición en el ranking internacional de corrupción.” (Expansion.com/Datosmacro.com, 2023).

 

El poder ejecutivo de la mano de un Congreso con congresistas presuntos defensores y protectores del crimen organizado modificó el DL 9921 que funcionaba con deficiencias y limitaciones, pero funcionaba razonablemente. El Poder Judicial como la Fiscalía de la Nación en sendos comunicados y mensajes públicos rechazaron las modificaciones y advirtieron que éstas benefician/beneficiarán a la actividad criminal, al tiempo de emplazar y solicitar la rectificación tal como sucedió con la ley que impedía la detención del delincuente si éste no se encontraba en situación de flagrancia. Admitieron que la nueva ley de extinción de dominio colisiona con la normativa internacional y pone en riesgo la seguridad jurídica y la cooperación en materia legal del país frente a organismos como la Convención de las Naciones Unidas para Prevenir la Corrupción de Mérida y Palermo o el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), por lo que existe el riesgo de que el Perú sea incluido en las listas gris o negra de países que no combaten con decisión política y eficiencia judicial el crimen organizado en sus variadas formas, todas ellas lesivas a la legalidad y a la economía del Perú.  

 

“Antes de ser modificada, la ley establecía que no solamente se incautaban los bienes, títulos o derechos de naturaleza ilícita, sino también los objetos, instrumentos o ganancias provenientes de ciertos delitos… “Otro punto que debemos resaltar es que solamente determinados delitos van a ser pasibles de procesos de extinción de dominio; entre ellos, el narcotráfico, la trata de personas, el sicariato y la minería ilegal. Si bien se menciona a la corrupción, se le ha puesto como una excepción. Esto, evidentemente, favorece a todos los políticos que están siendo investigados por estos delitos” (IDL Reporteros, abril 25 de 2025). 

 

¿Cómo afecta la corrupción a la institucionalidad del Perú? Dicho impacto también ha sido resaltado por el Tribunal Constitucional del Perú, en el Exp. 000172011-PI/TC-Lima, al indicar que «la corrupción socava la legitimidad de las instituciones públicas, atenta contra el desarrollo integral de los pueblos y contra las bases mismas del Estado». (TC, 14 jun. 2023). Hoy el TC en varios casos toma decisiones que benefician al crimen organizado, en especial a la corrupción en el Congreso, Ejecutivo y grupos políticos cuyos representantes son investigados como presuntos jefes de organizaciones criminales. La corrupción institucional es el fenómeno en los organismos públicos de colocar la protección de la reputación por encima de la fidelidad a la verdad, especialmente en el contexto de una investigación independiente o pública. La Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN) es un espacio integrado por instituciones públicas, privadas y la sociedad civil con el objeto de articular esfuerzos, coordinar acciones y proponer políticas de mediano y largo plazo dirigidas a prevenir y combatir la corrupción en el país. Pero, sin decisiones vinculantes sus acciones son inocuas frente a la generalización con impunidad de la corrupción.

 

“Un informe reciente del Banco Mundial vuelve a poner el foco sobre cómo el crimen organizado obstaculiza el desarrollo económico en América Latina y el Caribe, y destaca la relación cíclica entre la pobreza y la criminalidad. La edición más reciente del Reporte Económico de América Latina y el Caribe (LACER, por sus siglas en inglés) prevé que la región tendrá el crecimiento económico más lento del mundo en los próximos dos años: 2,1% en 2025 y 2,4% en 2026. Si bien la pobreza persistente y la reducción de la ayuda internacional siguen frenando el progreso, el informe sostiene que el crimen organizado es un factor clave que agrava los problemas económicos. El informe identifica cuatro mecanismos mediante los cuales los grupos criminales de América Latina y el Caribe impiden el desarrollo: monopolizan los mercados lícitos e ilícitos en sus territorios; imponen gobiernos criminales que suplantan al Estado y cobran “impuestos” sobre servicios básicos; extorsionan a negocios legales, aumentando sus costos, y cooptan al Estado a través de la corrupción y la manipulación de actores políticos. Además, el crimen organizado en la región es más violento que en otras partes del mundo. Mientras que la tasa de victimización —frecuencia con la que una persona es víctima de un delito— triplica el promedio global, las tasas de homicidios fueron 5,4 veces más altas que el promedio entre 2000 y 2009. En la década siguiente, esa brecha se amplió a ocho veces más. Esto demuestra un “exceso” de homicidios en relación con los niveles de victimización, según el informe. No obstante, no todos los homicidios pueden atribuirse directamente al crimen organizado. “Estamos muy por encima del nivel de violencia que se esperaría, dado el nivel de pobreza y desigualdad en la región. Entonces debemos preguntarnos por qué hay tanto crimen organizado y por qué es tan letal”, dijo a InSight Crime William Maloney, economista del Banco Mundial para América Latina y el Caribe”. (InSight Crime, mayo 12 de 2025). 

 

El Índice de Percepción de la Corrupción IPC de 2024, publicado en febrero de 2025, clasifica actualmente a 180 países "en una escala de 100 (muy limpio) a 0 (altamente corrupto)" según la situación entre el 1 de mayo de 2023 y el 30 de abril de 2024. Dinamarca, Finlandia, Singapur, Nueva Zelanda, Noruega, Suiza y Suecia (todos con calificaciones superiores a 80 en los últimos cinco años son los percibidos como los países menos corruptos del mundo, ocupando sistemáticamente un puesto alto en la transparencia financiera internacional, mientras que el país aparentemente más corrupto es Sudán del Sur (con una puntuación de 8), junto con Somalia (9) y Venezuela (10). (Transparencia internacional).  En el contexto sudamericano, Perú se posiciona entre los países más corruptos, con 36 puntos en el Índice Global de Corrupción 2021, solo detrás de Bolivia y Venezuela. Estas tendencias subrayan la necesidad crítica de implementar medidas anticorrupción efectivas y fortalecer la integridad institucional.

 

“Corrupción e indiferencia causan pérdidas de vida invalorables; mientras unos pocos obtienen suculentas ganancias, la sociedad es derrotada por una problemática grave y dolorosa… ¿Antes no había drogas? Sí, pero no en la escala en la que fueron creciendo sin detenerse.” (La Nación.com, junio 24 de 2025).


“De enero a mayo de este año se han registrado 584 asesinatos por sicariato en el país. De ellos, 507 eran peruanos, 47 venezolanos, 4 colombianos y 25 no indica. El 43% registraban antecedentes o requisitorias por diversos delitos, integraban bandas y organizaciones criminales… Por delito de extorsión, el año pasado fueron arrestados 175 hampones y este año 269… La PNP retuvo a 4,017 menores, 378 personas fueron detenidas en 228 operaciones contra el crimen organizado y otras 215 fueron arrestadas en 341 operativos de investigación contra delitos de alta complejidad.” (La República, junio 14 de 2025).


“Problemas como el pandillaje, la delincuencia, el consumo de drogas y la violencia familiar se han convertido en el centro de nuestras preocupaciones, según las encuestas. La inseguridad afecta sin lugar a dudas nuestras vidas, pero no nos afecta a todos por igual ni en la misma medida. El desempleo, informalidad, exclusión y pobreza, generados por el actual modelo económico, calan más en sectores de menores recursos que habitan en zonas donde la inseguridad es también mayor. Si a ello le sumamos un gobierno central que se resiste a reformar las instituciones tutelares de la seguridad, como es el caso de la policía nacional, y autoridades locales con pocos recursos y que no asumen una responsabilidad política, la situación se trina dramática. La seguridad no es un asunto de más armas y más tecnología, sino de voluntad política en un contexto de más y mejor democracia.” (Otra Mirada 15, noviembre de 2010). Pasaron casi 15 años y los problemas y conflictos descritos se mantienen o empeoraron como los casos de extorsión y sicariato que abonan a la inseguridad y toman características y dimensiones que infunden terror en poblaciones urbanas y rurales que ven afectadas su salud mental y actividades presentes y futuras. 


La amenaza de las dos triples fronteras. La Triple Frontera Perú (Santa Rosa), Colombia (Leticia) y Brasil (Tabatinga) al que se suma Ecuador (Sucumbíos, Orellana, Pastaza y Santiago) son el escenario de actividades criminales que ponen en riesgos y atentan a la seguridad o economías legales en la Amazonía. El crimen organizado en sus modalidades de tráfico de drogas, trata de personas, tala ilegal y minería ilegal principalmente son financiados y protegidos por grupos criminales como el Comando Vermelho, el Primero Comando Capital PCC y los Choneros que han tomado bajo control amplias zonas de las regiones Loreto, Ucayali y amenazan a San Martín, Madre de Dios; la seguridad en Perú es débil o inexistente por lo que la amenaza a futuro es una realidad preocupante según información de autoridades locales, religiosos, moradores y trabajadores temporales que piden mantener en reserva sus identidades, en algunos casos Mongabay, Ojo Público y otros se ocuparon del espinoso tema. “La Triple Frontera (Paraguay, Brasil y Argentina) fue hasta hace poco una zona olvidada por las autoridades, aunque ya era un cruce de numerosos tráficos: mano de obra, prostitución, lavado de dinero, armas y drogas… Las principales fuentes ilegales de ingresos en la Triple Frontera son la cocaína, el cannabis, los opiáceos, la trata de personas, el robo, el tráfico de armas, los delitos medioambientales y la minería ilegal, según una investigación de Insight Crime (2021).  … La cocaína, cultivada en Perú o en Bolivia –donde la producción está en auge– llega a la región de la Triple Frontera por carretera, por vía aérea en pequeños aviones (narcoavionetas) que aterrizan en aeropuertos clandestinos, o por alguno de los ríos de la subregión. Y suele salir de allí en barco, en esos enormes buques portacontenedores que se dirigen hacia el océano… El destino de la droga es principalmente Europa. Varios grupos intentan controlar este lucrativo negocio. El más mencionado es el PCC brasileño, el Primer Comando da Capital, que estaría detrás del "tsunami de cocaína" que ha invadido Europa en los últimos años, según la expresión de un responsable francés. Si bien existen rivalidades entre carteles y grupos de traficantes que se enfrentan violentamente, también pueden cooperar… La Unión Europea, por su parte, lanzó en enero de 2024 una Alianza Europea de Puertos para coordinar la lucha contra el tráfico ilícito… (Informe de la periodista de Radio Francia Internacional, RFI, Isabelle Le Gonidec, junio 25 de 2025).  

 

* Ingeniero Agrónomo – Periodista investigador.

lunes, 19 de mayo de 2025

La Guerra Perdida Contra la Corrupción: Delitos Contra el Crimen Organizado y la Administración Pública.

Felipe A. Páucar Mariluz*

 

Manuel González Prada hace cien años: “el Perú es un organismo enfermo: donde se pone el dedo, salta la pus”. José Carlos Mariátegui dijo sentirse “nauseado de la política criolla”. Borges lo diferencia como: los podridos, congelados e incendiados. Foto captura LR.


“Cada año la delincuencia organizada le roba al país apoderándose de sus exiguos presupuestos entre 25 y 30 mil millones de soles (cerca de 8 mil millones de dólares) en los gobiernos nacional, regional y municipal y no hay institución, organización ni ley que los detenga o  sancione ejemplarmente”.

 

“La corrupción se alimenta de la impunidad y ésta corroe, aún más que el delito, las fibras morales de una nación. Es hora, pues, de iniciar una nueva etapa de nuestra vida republicana, de liberarnos de la corrupción, pero también del autoritarismo, y construir una democracia constitucional firme, estable y longeva”. (Valentín Paniagua Corazao, Presidente Constitucional de la República al inaugurar la I Conferencia Nacional Anticorrupción, julio de 2001).

 

“Frente a los graves hechos de corrupción, el gobierno transitorio  asumió la tarea histórica de emprender un vasto plan de acción destinado a investigar y sancionar a los responsables de la apropiación ilegal de fondos públicos. La dimensión del problema  ha sido inédita en el país. Nunca antes se apreció que desde las más altas esferas del poder político se hayan efectuado actos de corrupción de funcionarios, control de los medios de comunicación y sojuzgamiento de organismos constitucionalmente autónomos, bajo la presión o extorsión para lograr mediatizar sus decisiones a fin de que sean proclives a los detentadores del poder, sin control de ningún tipo. Las investigaciones de los hechos de corrupción han logrado incluir hasta la fecha, a una serie de personas que ocuparon puestos del más alto nivel, desde Congresistas, Ministros de Estado, miembros del Poder Judicial, Jurado Nacional de Elecciones, Ministerio Público, miembros de las Fuerzas Armadas, entre otros, cuyas conductas han resquebrajado, en parte, la legitimidad del sistema político requiriéndose una profunda acción de parte del Estado y la sociedad civil para reconstruir nuestras instituciones y forjar una ética pública”: (Conclusiones I Conferencia Nacional Anticorrupción, Lima, julio de 2001).

 

El Consorcio para la Ética Pública, Proética,  la Asociación de Exportadores (ADEX), la Asociación Civil Transparencia Internacional (TI), el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), la Comisión Andina de Juristas (CAJ),  presentaron los días, 26, 27, 28 de julio de 2001 la serie de informes de destacados investigadores y personalidades nacionales e internacionales que abarcaban la corrupción producida y registrada durante el nefasto periodo de los gobiernos de Alan García y Alberto Fujimori, entre 1987 al 2000, donde el país también tuvo que vivir la violencia fratricida del terrorismo de Sendero Luminoso (SL), del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), del tráfico ilícito de drogas y del crimen organizado que empezaba a consolidarse ante el autoritarismo e impunidad vigentes, y, además, estos pasivos vergonzantes eran tolerados o justificados por un sector de peruanos interesados o confundidos, los mismos que hoy polarizan y destruyen la institucionalidad e independencia de poderes para después pretender reconstruirlo en el supuesto que sean nuevamente gobierno. Pasaron 24 años y el objetivo planteado por Valentín Paniagua no se logró, es más, retrocedimos 40 años y estamos virtualmente derrotados por una fuerza corrupta oscura propiciada por los caballos de Troya que directa o indirectamente detentaron/detentan el poder político y económico, tácitos responsables del avance, fortalecimiento e institucionalización de la actividad criminal.

 

“(Dina) Boluarte suma casi 70 ministros en 30 meses de gobierno. Cada 15 días en promedio hay un nuevo ministro. En la compleja cartera de Interior ha tenido ocho ministros. El último duró menos de 50 días… En 2016-2026, nos habrán gobernado siete presidentes, solo comparable con el periodo 1879-1890 de la guerra con Chile y la reconstrucción… Es importante aumentar la conciencia ciudadana de la relevancia capital de nuestro voto en abril del 2026, para ojalá romper esta inercia de inestabilidad, mediocridad y corrupción en el liderazgo nacional. (Álvaro Henzler, presidente de la Asociación Civil Transparencia. El Comercio, mayo 18 de 2025).


Al 2025, el Perú, ha mostrado un retroceso en la lucha contra la corrupción, con un descenso en su ranking en el Índice de Percepción de la Corrupción. El Perú ha experimentado su mayor caída en el Índice de Percepción de la Corrupción desde 2012, cayendo al puesto 127. La corrupción sigue siendo un factor que agrava la crisis de seguridad, con un aumento de extorsiones y sicariato. La corrupción también reproduce y consolida la desigualdad social, consolida el clientelaje político y perpetúa la ineficacia de la burocracia y, por lo tanto, impide contar con una administración pública eficiente al servicio de la satisfacción de los derechos de los peruanos. Cada año la delincuencia organizada le roba al país apoderándose de sus exiguos presupuestos entre 25 y 30 mil millones de soles (cerca de 8 mil millones de dólares) en los gobiernos nacional, regional y municipal.

 

Si bien la corrupción cubre los anales de la historia del Perú, es en los últimos 100 años esta tuvo etapas de mayor agravamiento siendo la más notable el periodo de los gobiernos de Alan García Pérez y Alberto Kenya Fujimori Fujimori entre 1987 y el 2000. Una segunda etapa de corrupción general e institucionalizada se da en el periodo del 2016 al 2025 donde el Perú llegó a tener 6 presidentes: Pedro Pablo Kusynski, Martín Vizcarra, Manuel Merino, Francisco Sagasti, Pedro Castillo y Dina Boluarte, es decir, en promedio tuvimos un presidente cada 18 meses cuando el periodo constitucional es de 60 meses. Durante 2 años 5 meses del periodo presidencial de la presidenta Dina Boluarte se nombraron 69 ministros en una crisis ministerial y de gobierno permanente con pocos antecedentes. Esto entre otros factores por la acción subterránea y depredadora de grupúsculos políticos con presuntos vínculos con el crimen organizado: Fuerza Popular (Keiko Fujimori), Alianza Para el Progreso (César Acuña), Renovación Popular (Rafael López), Perú Libre (Vladimir Cerrón), Podemos Perú (José Luna), Apra, Acción Popular, Avanza País (Hernando de Soto); Juntos por el Perú (Verónica Mendoza), entre otras asociaciones atomizadas pero igual de venenosas y prevaricadoras que en acción concertada modifican la constitución, cambian las leyes, violentando la normatividad vigente en su propio beneficio, como también se zurraron en el Referéndum de 2018, donde los peruanos dijeron "sí" a la reforma de la Junta Nacional de Justicia, a la fiscalización de los aportes a los partidos políticos y a la no reelección de congresistas.


El poder ejecutivo de la mano de un Congreso con congresistas promotores, defensores y protectores del crimen organizado en sus 22 modalidades de delito, modificó el DL 9921 que funcionaba con deficiencias y limitaciones pero funcionaba razonablemente. El Poder Judicial como la Fiscalía de la Nación en sendos comunicados y mensajes públicos rechazaron las modificaciones y advirtieron que éstas benefician/beneficiarán a la actividad criminal, al tiempo de emplazar y solicitar la rectificación tal como sucedió con la ley que impedía la detención del delincuente si éste no se encontraba en situación de flagrancia. Admitieron que la nueva ley de extinción de dominio colisiona con la normativa internacional y pone en riesgo la seguridad jurídica y la cooperación en materia legal del país frente a organismos como la Convención de las Naciones Unidas para Prevenir la Corrupción de Mérida y Palermo o el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), por lo que existe el riesgo de ser incluidos en listas gris o negra de países que no combaten con decisión política y eficiencia judicial el crimen organizado en sus variadas formas, todas ellas lesivas a la legalidad y a la economía del Perú.  

 

“Antes de ser modificada, la ley establecía que no solamente se incautaban los bienes, títulos o derechos de naturaleza ilícita, sino también los objetos, instrumentos o ganancias provenientes de ciertos delitos… “Otro punto que debemos resaltar es que solamente determinados delitos van a ser pasibles de procesos de extinción de dominio; entre ellos, el narcotráfico, la trata de personas, el sicariato y la minería ilegal. Si bien se menciona a la corrupción, se le ha puesto como una excepción. Esto, evidentemente, favorece a todos los políticos que están siendo investigados por estos delitos” (IDL Reporteros, abril 25 de 2025). 

 

¿Cómo afecta la corrupción a la institucionalidad del Perú? Dicho impacto también ha sido resaltado por el Tribunal Constitucional del Perú, en el Exp. 000172011-PI/TC-Lima, al indicar que «la corrupción socava la legitimidad de las instituciones públicas, atenta contra el desarrollo integral de los pueblos y contra las bases mismas del Estado».(TC, 14 jun. 2023). Hoy el TC en varios casos toma decisiones que benefician al crimen organizado, en especial a la corrupción en el Congreso, Ejecutivo y grupos políticos cuyos representantes son investigados como presuntos jefes de organizaciones criminales. La corrupción institucional es el fenómeno en los organismos públicos de colocar la protección de la reputación por encima de la fidelidad a la verdad, especialmente en el contexto de una investigación independiente o pública. La Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN) es un espacio integrado por instituciones públicas, privadas y la sociedad civil con el objeto de articular esfuerzos, coordinar acciones y proponer políticas de mediano y largo plazo dirigidas a prevenir y combatir la corrupción en el país. Pero, sin decisiones vinculantes sus acciones son inocuas frente a la generalización con impunidad de la corrupción.

 

“Un informe reciente del Banco Mundial vuelve a poner el foco sobre cómo el crimen organizado obstaculiza el desarrollo económico en América Latina y el Caribe, y destaca la relación cíclica entre la pobreza y la criminalidad. La edición más reciente del Reporte Económico de América Latina y el Caribe (LACER, por sus siglas en inglés) prevé que la región tendrá el crecimiento económico más lento del mundo en los próximos dos años: 2,1% en 2025 y 2,4% en 2026. Si bien la pobreza persistente y la reducción de la ayuda internacional siguen frenando el progreso, el informe sostiene que el crimen organizado es un factor clave que agrava los problemas económicos. El informe identifica cuatro mecanismos mediante los cuales los grupos criminales de América Latina y el Caribe impiden el desarrollo: monopolizan los mercados lícitos e ilícitos en sus territorios; imponen gobiernos criminales que suplantan al Estado y cobran “impuestos” sobre servicios básicos; extorsionan a negocios legales, aumentando sus costos, y cooptan al Estado a través de la corrupción y la manipulación de actores políticos. Además, el crimen organizado en la región es más violento que en otras partes del mundo. Mientras que la tasa de victimización —frecuencia con la que una persona es víctima de un delito— triplica el promedio global, las tasas de homicidios fueron 5,4 veces más altas que el promedio entre 2000 y 2009. En la década siguiente, esa brecha se amplió a ocho veces más. Esto demuestra un “exceso” de homicidios en relación con los niveles de victimización, según el informe. No obstante, no todos los homicidios pueden atribuirse directamente al crimen organizado. “Estamos muy por encima del nivel de violencia que se esperaría, dado el nivel de pobreza y desigualdad en la región. Entonces debemos preguntarnos por qué hay tanto crimen organizado y por qué es tan letal”, dijo a InSight Crime William Maloney, economista del Banco Mundial para América Latina y el Caribe”. (InSight Crime, mayo 12 de 2025). 

 

El Índice de Percepción de la Corrupción IPC de 2024, publicado en febrero de 2025, clasifica actualmente a 180 países "en una escala de 100 (muy limpio) a 0 (altamente corrupto)" según la situación entre el 1 de mayo de 2023 y el 30 de abril de 2024. Dinamarca, Finlandia, Singapur, Nueva Zelanda, Noruega, Suiza y Suecia (todos con calificaciones superiores a 80 en los últimos cinco años son los percibidos como los países menos corruptos del mundo, ocupando sistemáticamente un puesto alto en la transparencia financiera internacional, mientras que el país aparentemente más corrupto es Sudán del Sur (con una puntuación de 8), junto con Somalia (9) y Venezuela (10). (Transparencia internacional).  En el contexto sudamericano, Perú se posiciona entre los países más corruptos, con 36 puntos en el Índice Global de Corrupción 2021, solo detrás de Bolivia y Venezuela. Estas tendencias subrayan la necesidad crítica de implementar medidas anticorrupción efectivas y fortalecer la integridad institucional. Los siguientes son los delitos más comunes y reincidentes que conforman la criminalidad organizada en la administración pública, analicemos:

 

Abuso de autoridad. Cuando un funcionario público, abusando de sus atribuciones, comete un acto arbitrario que cause perjuicio a alguien. Se sanciona con pena privativa de libertad no mayor de 3 años. Si los hechos derivan de un procedimiento de cobranza coactiva: pena privativa de libertad no menor de 2 ni mayor de 4 años.

Cobro indebido. Cuando un funcionario público, abusando de su cargo, exige o hace pagar o entregar contribuciones no debidas o en cantidad que excede a la tarifa legal. Se aplica pena privativa de libertad no menor de 1 ni mayor de 4 años

Cohecho. Llamado soborno, es un delito de encuentro que consiste en solicitar, ofrecer o aceptar regalos o retribuciones a un funcionario público para que haga una infracción administrativa en sus funciones. El provecho puede ser propio o para un tercero. Se le llama delito de encuentro porque se necesita mínimo dos personas para que se cometa: Un funcionario público. Un tercero que requiere de sus servicios. Quien cometa el cohecho, es decir corrompa, será el sujeto activo, mientras quien acepta el cohecho (corrupto) será el sujeto pasivo. Modalidades: Cohecho activo: es el que hace referencia a quien ofrece el soborno. Tipos: Cohecho activo genérico: el ciudadano ofrece, da o promete a un funcionario público un donativo o beneficio para que realice u omita actos en contra de sus obligaciones con o sin faltar a su obligación. Se sanciona, si el funcionario acepta y delinque violando sus funciones: pena privativa de libertad no menor de 4 ni mayor de 6 años. Si el funcionario acepta y delinque sin violar sus funciones: pena privativa de libertad no menor de 3 ni mayor de 5 años.

Colusión.  Es cuando el servidor público pacta con un tercero para defraudar al Estado en los contratos públicos de bienes, obras o servicios que se le ha encargado. Modalidades. Colusión simple: se comprueba que hay un acuerdo para defraudar al Estado en los contratos públicos, sin necesidad de que se haya ejecutado lo acordado. Colusión agravada: aquí sí se ha ejecutado la defraudación patrimonial al Estado ya sea por desembolso de dinero, pérdida de bienes, firma indebida de contratos, etc. Sanciones. Colusión simple, la sanción penal oscila entre 3 a 6 años de prisión. Colusión agravada, la sanción penal oscila entre 6 a 15 años.

Concusión. Es cuando un funcionario público, abusando de su cargo, obliga o induce a una persona a dar o prometer indebidamente, para sí o para otro, un bien o un beneficio patrimonial. Sanción Se da pena privativa de libertad no menor de 2 ni mayor de 8 años.

Enriquecimiento ilícito. Es cuando un funcionario público aprovecha su cargo para incrementar ilícitamente su patrimonio respecto a sus ingresos, afectando así al Estado. Se identifica a un funcionario que comete este delito cuando presenta un aumento muy notorio de su patrimonio o su gasto económico personal, en comparación a su declaración jurada de bienes y rentas y a sus ingresos actuales. Sanciones. Con pena privativa de libertad no menor de 5 ni mayor de 10 años. Para funcionarios públicos de la alta dirección: pena privativa de la libertad no menor de 10 ni mayor de 15 años.

Malversación de fondos. Es cuando un funcionario público da al dinero o bienes que administra un uso definitivo diferente de aquel a la que estaban destinados, afectando el servicio o la función encomendada y en consecuencia al Estado. Sanciones. Con pena privativa de libertad no menor de 1 ni mayor de 4 años. Si el dinero o bienes eran de programas sociales o para fines asistenciales: pena privativa de libertad no menor de 3 ni mayor de 8 años.

Negociación incompatible o aprovechamiento indebido de cargo. Es cuando el funcionario público, en forma directa o indirecta o por acto simulado, se interesa indebidamente, en provecho propio o de un tercero, por cualquier contrato u operación en que interviene debido a su cargo. Sanción. Con pena privativa de libertad no menor de 4 ni mayor de 6 años.”

Nombramiento o aceptación ilegal de cargo. Es cuando un funcionario público da un cargo a una persona que no cumple con los requisitos legales para desempeñarse en un determinado puesto. Y la aceptación ilegal del cargo se da cuando una persona que no reúne los requisitos legales acepta dicho cargo. Sanciones. Tanto el que nombra a una persona que no cumple los requisitos como el que acepta el cargo, serán reprimidos con 60 a 120 días-multa.

Patrocinio ilegal. Se da cuando un funcionario público promueve o asesora intereses de particulares ante la administración pública. Sanción. Se aplica pena privativa de libertad no mayor de 2 años.

Peculado. Es cuando un funcionario se apropia o usa ilegalmente los bienes y recursos del Estado que recibe o administra. Este delito afecta el patrimonio del Estado. Modalidades. Peculado doloso: el funcionario se aprovecha de su cargo y usa o se apropia indebidamente de bienes públicos para él o un tercero. Peculado culposo: se da por negligencia de un funcionario que facilita o permite que otra persona sustraiga dinero u otros bienes del Estado. Sanciones. En peculado doloso: pena privativa de libertad no menor de 4 ni mayor de 8 años. Con agravante (mayor a 10 UIT): pena privativa de la libertad entre 8 y 12 años. En Peculado culposo: pena privativa de libertad no mayor de 2 años. Con agravante (lo robado tenía fines asistenciales): pena privativa de libertad no menor de 3 ni mayor de 5.

Tráfico de influencias. Es cuando una persona con influencias reales o simuladas, recibe, hace dar o prometer para sí o para un tercero, donativo, promesa o beneficio con el fin de interceder ante un funcionario público que ha de conocer o conoce un caso judicial o administrativo. Sanciones. Con pena privativa de libertad no menor de 4 ni mayor de 6 años. Si lo realiza un funcionario público: pena privativa de la libertad no menor de 4 ni mayor de 8 años. https://www.gob.pe/27152-delitos-contra-la-administracion-publica-delitos-de-corrupcion-trafico-de-influencias

Otros delitos de extendida e impune práctica a pesar de su gravedad y que pueden socavar la integridad y la transparencia de las instituciones estatales son: La Extorsión: Consiste en obtener una ventaja económica o de otro tipo, mediante la amenaza o violencia, obligando a una persona o institución a cumplir con la demanda. Ejemplos: Exigir dinero a un funcionario a cambio de un favor, o amenazar con dañar a alguien si no entrega una suma de dinero. El Chantaje: Implica obtener una ventaja a cambio de no revelar información que pueda dañar a la víctima. Ejemplos: Exigir dinero a un funcionario a cambio de no revelar un secreto laboral o personal, o amenazar con difundir información privada. La Discriminación: Se refiere a la diferenciación injusta y desfavorable basada en características protegidas por ley. Ejemplos: Negar un empleo a un candidato por su raza o religión, o no conceder un ascenso a una mujer por su género o desplazarla en respeto y reconocimiento frente a otras personas en igual condición y responsabilidades. Consecuencias: Daño a la integridad de la administración pública: La extorsión y el chantaje pueden corromper a funcionarios y minar la confianza del público en las instituciones y afectación de los derechos fundamentales: La discriminación viola el principio de igualdad y dignidad de las personas con el socavamiento del estado de derecho: La impunidad de estos delitos genera una sensación de inseguridad y desconfianza en la justicia.

 

Moral, ética y corrupción. “La corrupción moral se refiere a la pérdida o deterioro de la integridad y los valores éticos en una sociedad o individuo, lo que conduce a comportamientos inmorales y a la desviación de los principios morales. Esta corrupción puede manifestarse a través de acciones deshonestas, ilegales o de la falta de principios morales. En el contexto bíblico, la corrupción se entiende como una desviación de la vida recta y el orden moral de Dios, y se utiliza para describir la decadencia moral de individuos y sociedades. En términos generales, la corrupción moral implica la violación de normas éticas y morales, así como la pérdida de confianza en los valores compartidos por una comunidad. La corrupción moral puede tener diversas manifestaciones, como el abuso de poder por parte de funcionarios públicos para beneficio personal, el soborno, el nepotismo, el fraude electoral y la malversación de fondos. También puede manifestarse a través de la falta de integridad en las relaciones personales y profesionales, la mentira, el engaño y la falta de respeto por los derechos de los demás. La corrupción moral es un problema que afecta a diversas áreas de la vida, incluyendo la política, la economía, la educación y las relaciones personales. Para combatirla, es necesario fomentar la ética, la integridad y la responsabilidad en la sociedad, así como promover la transparencia y la rendición de cuentas. La educación, la participación ciudadana y la lucha contra la impunidad son elementos clave para prevenir y reducir la corrupción moral”. (Síntesis Inteligencia Artificial, mayo 17 de 2025). Usted juzgue.

 

Periodismo de investigación. En Perú, América Latina y Caribe y en el mundo el periodismo de investigación tiene un papel relevante en la develación y combate del crimen organizado transnacional en particular la corrupción. El Instituto Prensa y Sociedad ha promovido y promueve desde 1993 el periodismo de investigación primero en alianza con medios de comunicación importantes como la revista Caretas, la revista Oiga y diarios La República, El Comercio, etc., para luego instituir la Conferencia Latinoamericana de Periodismo de Investigación, COLPIN, formar parte del Encuentro de Periodismo Investigación Europa – Latinoamérica, que en su octava edición se desarrollará en Lima del 21 al 22 de mayo y los premios al periodismo de investigación. La red más grande del mundo en periodismo de investigación que tiene cerca de 70 organizaciones es OCCRP, Proyecto de Denuncia del Crimen Organizado y la Corrupción (Organized Crime and Corruption Reporting Project), con sede en Ámsterdam y personal en seis continentes, es una sala de prensa sin fines de lucro, impulsada por una misión, que colabora con otros medios de comunicación para publicar historias que generan acciones reales. Esfuerzo y recursos que no son tomados en cuenta por los gobiernos, el Ministerio Público, Poder judicial, Tribunal Constitucional, de allí que pocas de las investigaciones se convirtieron en denuncia con sanción penal. Quizás el caso emblemático develado por el periodismo de investigación en la última década sea Lavajato de la red criminal Odebrecht que involucró a los expresidentes Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala, la exalcaldesa Susana Villaran y a más de 60 autoridades y empresarios  en los que tuvieron especial aporte IDL Reporteros con Gustavo Gorriti y Hildebrant en sus Trece con César Hildebrant, ambos reconocidos por su trabajo contra la corrupción. Ojo Público, Mongabay, Inshgt Crime, Infobae, entre otros también contribuyen en la lucha contra la corrupción.


Los Podridos, Congelados e Incendiados. “Jorge Basadre en La Promesa de la Vida Peruana, tiene un párrafo de una enorme vigencia a la hora de enfrentar nuestra actual situación. Dice Basadre: “… la promesa de la vida peruana sentida con tanta sinceridad, con tanta fe y con tanta abnegación por próceres y tribunos, ha sido a menudo estafada o pisoteada por la obra coincidente de tres grandes enemigos de ella: los Podridos, los Congelados y los Incendiados. Los Podridos, han prostituido y prostituyen palabras, conceptos hechos e instituciones al servicio de sus medros, de sus granjerías, de sus instintos y de sus apasionamientos. Los Congelados se han encerrado dentro de ellos mismos, no miran sino a quienes son sus iguales y a quienes son sus dependientes, considerando que nada más existe. Los Incendiados se han quemado sin iluminar, se agitan sin construir. Los Podridos han hecho y hacen todo lo posible para que este país sea una charca; los Congelados lo ven como un páramo; y los Incendiados quisieran prender explosivos y verter venenos para que surja una gigantesca fogata”. (Luciano Revoredo, La Abeja, setiembre 22, 2021).

 

Fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas: Implementar mecanismos que permitan la supervisión y el control de la gestión pública. Promover la igualdad y la no discriminación: Implementar políticas que aseguren la igualdad de oportunidades y la protección de los derechos fundamentales.  Fortalecer la lucha contra la corrupción: Establecer mecanismos de denuncia y sanción efectivos para los delitos de extorsión, chantaje y discriminación.  Educación y sensibilización.

 

Trabajo en equipo o en red. En 47 años de ejercicio periodístico (1978-2025) en 8 regiones de la zona centro oriente peruana (Huánuco, San Martín, Ucayali, Loreto, Pasco, Junín, Ayacucho, Cusco) conocí a periodistas que reconozco por la solidaridad, colaboración y apoyo brindados a mi trabajo en sus organizaciones y medios de comunicación o como profesionales destacados: Ricardo Uceda, Ángel Páez, Enrique Zileri, Gilberto Hume, María Luisa Martínez, Gustavo Mohme, Edmundo Cruz, Cecilia Valenzuela, José Mariño, Marco Vásquez, Virgilio Grajeda, Kela León, Jenny Cabrera, Adriana León, Miguel Sagred Gutiérrez, María Elena Hidalgo, Mónica Veco, Gisú Guerra, Miguel López, Liz Quiroz, Jorge Mejía, Miguel Silvestre, Mario Cueto, Adolfo Fasanando, Walter Aguilar, Órbil Mata, Jenica Marquina, Pio Pinto, Aldo Saucedo, Smilzinia Mendoza, Lino Campos, Rubén Valdez, Luis Velásquez, Lincoln Díaz, Julio Trujillo, Javier Trujillo, Yuri Valdivieso, Betty Ávila, José Claudio Torres, Sergio Madueño, Álvaro del Águila, Edgardo Panduro, Alejandro Rupay, Guillermo Mariño, Eladio Arcaya, Nicolás Álvarez, Flor Chávez, Miguel Salinas, Walter Campos, Humberto Saavedra, César Villacorta, Mingo Padilla, Geovani Acate… Gracias totales.


*Ingeniero Agrónomo – Periodista.


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Edición Web, Reporteros e investigadores: Grupo Prensa Verde.

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