Felipe A. Páucar Mariluz.
Hasta el 2012, el terrorismo y el
narcotráfico eran los problemas más sensibles en parte del territorio peruano,
con la captura del ‘camarada Artemio’ líder del Comité regional Huallaga de
Sendero Luminoso, CRH-SL, la precepción ha cambiado, pese a que ninguneadas
voces aseguren que la inseguridad sigue ligada a estos flagelos, que sin duda
deben ser combatidos hasta derrotarlos y controlarlos para que la lograda
precaria paz sea sostenible.
En 2013, la delincuencia e
inseguridad ciudadana (77%) ocupaban el primer lugar en el ranking de los
principales problemas del país, seguidas por la corrupción (44%), la situación
económica (30%) y la falta de empleo (28%), según reveló una encuesta nacional
urbana de GfK .
En octubre de 2014, la encuesta
nacional de GfK muestra el grado de incertidumbre de la ciudadanía. El ministro
Urresti, con 41%, es el ministro con mejor aprobación. Ollanta Humala alcanza
25% y la primera dama Nadine Heredia 30%.
A la pregunta de si se siente
seguro o inseguro de caminar por las calles de su ciudad, 84% respondió
inseguro, frente a un 11% que dijo sentirse seguro y un 5% que no sabe, no
precisa.
Todos los niveles socioeconómicos
comparten la misma incertidumbre al transitar por las vías del país. En Lima,
el porcentaje alcanza el 89%, mientras que en provincias llega al 80%. Pero hay
que tener cuidado, una cosa es la percepción de un sector de la gente
encuestada y otro el real efecto de la delincuencia en la sociedad donde los
actos de violencia siguen siendo aislados salvo zonas puntuales donde el
descuido y la complicidad con el crimen organizado es evidente.
En línea con la sensación de la
gente, el no combatir la delincuencia es considerado, por un 65%, el aspecto
más negativo de la gestión del presidente Ollanta Humala, aquí más de uno
responsabiliza al morbo desmedido de los medios de comunicación y en particular
de los programas periodísticos en radio y televisión que compiten por mostrar sangre
y huesos.
En cuanto a la corrupción un
elevado 90% cree que el nivel de corrupción es muy alto en el país, lo que
evidentemente es un pasivo fuerte para el gobierno de Ollanta Humala quien
llevó en campaña el compromiso de luchar contra la corrupción, por ello es
percibido como el tercer personaje más corrupto del país antecedido por
Alejandro Toledo y Alan García que se lleva el deshonroso trofeo del presidente
más corrupto en la historia peruana, desplazando al reo en cárcel Alberto
Fujimori.
La aprobación en primera
instancia en el Congreso de la República de la no reelección de presidentes
regionales y alcaldes es un avance pero nace coja porque también debió alcanzar
a los congresistas, quizás porque la decisión parte del equívoco que los congresistas
no manejan presupuestos, pero es innegable que fungen de lobistas de intereses
particulares y ello es igualmente dañino.
Jefa de Devida María del Rosario Morales Sánchez de la oficina Tingo
María con mujeres del valle del Monzón. Foto Leyenda del Huallaga.
Tampoco es cierto que tanto
presidentes regionales como alcaldes no roban durante su primer mandato sino
que deben esperar un segundo. El elevado número de candidatos en las recientes
elecciones parte de la premisa que se compite por la ‘mina de oro’ y que ganar
las elecciones es como sacarse la Tinka, sabedores de la impunidad que
caracteriza la gestión.
La corrupción y la impunidad son
males lesivos que fueron agravándose con el tiempo hasta llegar a ser
insostenibles, porque en “arca abierta el justo peca” y ello involucra a los
organismo de fiscalización y control que fracasaron en controlar o erradicar el
delito, aquí están en falta la Contraloría General de la República, las
Oficinas de Control Interno y otros organismos e instituciones creados para velar
por la transparencia y eficiencia en el manejo de los presupuestos para lograr
obras públicas de calidad y programas sociales de magnitud e impacto en los más
necesitados.
En cuanto al narcotráfico se ha
construido una telenovela de nunca acabar con el objetivo de incentivar la represión en los eslabones débiles de la
cadena criminal del tráfico ilícito de estupefacientes, ante la incapacidad de
controlar y desarticular a los capos de la mafia se descarga el peso de las
armas de las fuerzas policiales y armadas y la espada judicial contra los
campesinos cultivadores de materia prima que a falta de alternativas económicas
sostenibles se aferra a sus cultivos no obstante ser conscientes que gran parte
de su producción va a convertirse en droga. Sin embargo aquí hay que reconocer
el esfuerzo que hace el gobierno por cambiar esta realidad, de acuerdo a los
manifestado por el presidente de Devida Alberto Otárola.
En el Huallaga, casi no hay coca,
el narcotráfico es inexistente, mientras el terrorismo ha desaparecido en lo
militar, pero se insiste en la represión al ampliar el estado de emergencia en
una amplia zona con el consiguiente recorte de los derechos constitucionales y
la afectación a la inversión privada, con el justificativo que persisten las
columnas narcoterroristas desplazándose por las márgenes del Huallaga como
“Pedro por su casa”. Tal vez haya la necesidad de un trabajo más inteligente
antes que represivo para avanzar y lograr el desarrollo sostenible en
agricultura, ganadería, forestería, turismo y cultura.
Devida publicitaba desde hace
buen tiempo que la “hora del cambio había llegado” efectivamente este cambio se
hizo visible con la presencia de una mujer recta e inflexible con la
ineficiencia en la jefatura de la oficina desconcentrada de Tingo María desde
hace algunos meses, por tales méritos habría sido ascendida a un cargo
importante en la oficina principal, se espera que su reemplazante continúe con
el trabajo emprendido hasta obtener logros que son absolutamente necesarios
para cortar el círculo vicioso del uso de cuantiosos presupuestos con escasos
resultados tangibles. En un sondeo realizado con ocasión de las caravanas por
el desarrollo y la inclusión, se percibe que la imagen de Devida cambia a
positivo incluso en zonas hasta hace poco hostiles.