Felipe
A. Páucar Mariluz
Traslado a Lima de policías fallecidos al caer un helicóptero en el cerro la Moyuna. Foto Leyenda del Huallaga. |
Según estimados de
especialistas en lucha contra las drogas, desde la década del 90 serían más de
200 los helicópteros caídos en la infructuosa tarea del combate contra las
drogas ilícitas y el terrorismo en Colombia, Bolivia, Perú, Estados Unidos, México,
Brasil, etc. Se calcula en aproximadamente un millar de policías, militares y
civiles muertos y heridos en los accidentes fatales, que en mayoría de las
veces las familias no fueron indemnizadas económicamente, mientras un ejército
de discapacitados espera por ayuda.
El fatal accidente de un
helicóptero asignado a la lucha contra las drogas por el gobierno
norteamericano donde perecieron el capitán PNP Ronald Vargas Theran, piloto,
Amadeo Loaiza Mercado, copiloto y el SOB PNP Carlos Cercado Pinares, el
artillero en la nave tipo UH2H siniestrada en el cerro la Moyuna, trae a
colación el debate sobre la eficacia de actual modelo de combate al
narcotráfico que prioriza al productor de materia prima en el caso del Perú.
A la hora de evaluar la Guerra
Contra las Drogas, la interrogante radica entonces en si todas estas vidas
perdidas, todo este dinero usado, toda esta violencia vivida, toda esta
corrupción impune, esta formidable erosión de las libertades civiles está, al
menos, dando sus frutos. Pues bien, quizá baste con citar la primera frase del
informe "Evaluación nacional sobre la amenaza de la droga" en su
edición de 2010, informe elaborado por el Departamento de Justicia de EEUU:
"En general, ha aumentado la disponibilidad de drogas ilícitas".
Los números no mienten. En el
2007, el precio al detalle de un kilogramo de cocaína pura en las calles
estadounidenses era el más bajo jamás registrado; era un 22% inferior al
registrado en 1999, año en que se lanzó el Plan Colombia con el objetivo de
detener la producción de cocaína en el país sudamericano. Como se conoce en el
Perú la lucha se inició en 1979 con el operativo Verde Mar I.
Si bien el terreno sembrado
con coca en Colombia ha disminuido un 60% en la última década, los avances
tecnológicos en la producción de cocaína han facilitado un aumento de la
productividad. El rendimiento por hectárea sembrada ha aumentado en casi dos
tercios desde el 2000, como reportara recientemente The Economist.
Así pues, hay menos área
sembrada con coca, pero la cantidad de cocaína producida sigue siendo la misma.
Más aún, durante el mismo periodo de tiempo la siembra de coca se ha disparado
en Perú (donde se ha experimentado un aumento importante) y en Bolivia se
habría incrementado un 42%. Según estimados de las Naciones Unidas.
La razón por la que la oferta
es tan versátil radica en que la demanda es bastante estable. EEUU sigue siendo
el principal consumidor de drogas ilegales. Tan solo en el 2008, más de 25
millones de estadounidenses mayores de 12 años (un 14% de la población)
admitieron haber consumido alguna droga ilícita o un medicamento controlado sin
prescripción médica. Según el 82% de los estudiantes norteamericanos del último
año de secundaria, es "muy fácil" o "relativamente fácil"
conseguir marihuana.
Si bien el mercado
estadounidense es el más importante, no es el único que cuenta. El consumo de
drogas ha ido en aumento en otras regiones, como Europa del Este y Asia
Central, incluso en el Medio Oriente. Esto indica que, aun si EEUU lograra
controlar el consumo de sustancias ilícitas en su territorio (algo que no ha
conseguido en más de 40 años de combate contra las drogas), otras regiones
podrían cubrir cualquier laguna en la demanda. Habrá demanda para rato, y, por
tanto, también habrá oferta y como es lógico, habrá producción de coca.
La experiencia de Portugal
demuestra que hay alternativas. Sin embargo, la despenalización, aunque es un
paso en la dirección correcta, no elimina el mercado negro en la producción y
comercialización de las drogas. Eso sólo lo logra la legalización.
Al legalizar las drogas, los
gobiernos tendrían más control sobre el mercado de estupefacientes; podrían
regular y gravar su producción y venta, como ya hacen con el tabaco y el
alcohol. Además, el dinero derivado de tales impuestos les permitiría brindar
tratamiento a los adictos. Al igual que con la despenalización, la legalización
haría posible afrontar de mejor manera el flagelo de la drogadicción, al
remover el estigma que pesa sobre los consumidores, según intelectuales y
expertos.
Ya no se escucha
tanto el argumento de que las víctimas de la guerra contra las drogas son casi siempre
delincuentes. Incluso los gobiernos han tenido que abandonar ese raciocinio a
medida que grupos de derechos humanos junto con las familias de quienes han
muerto o desaparecido se organizaron para presionar y destapar la verdad acerca
de lo que ha pasado con sus seres queridos. La creencia de que organizaciones
delictivas, algunas veces con ayuda de fuerzas del orden corruptas, están
secuestrando personas con capacidades especializadas está ganando credibilidad.
Los
estadounidenses están empezando a entender que la prohibición no es una manera
efectiva de desalentar el uso de drogas. Pero si se quiere hacer una sociedad
más justa, será mejor que no esperemos a que la enorme burocracia gubernamental
de EE.UU. que vive de la "guerra" dé un paso al costado. Ellos hacen
oídos sordos al mensaje de los que buscan un cambio en la guerra contra las
drogas.
El tema de la inseguridad
para los pilotos y tripulantes de los helicópteros entregados por la NAS es una
realidad en la medida que las maquinas son viejas, muchas de ellas, se asegura
son de la segunda guerra mundial. Evo Morales, el presidente de Bolivia, dijo
que los 12 helicópteros entregados por estados Unidos son viejos y si deseaba
podría llevarse, cuando surgió el problema de la nacionalización de la lucha
contra las drogas, algo que el frustrante Ollanta Humala jamás se atrevería a
hacer.
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