50 Años de Crimen Organizado. Crisis Ambiental y Seguridad en la Amazonía. Triples Fronteras: Perú, Colombia, Brasil, Argentina y Paraguay.

Felipe A. Páucar Mariluz*

 

Droga cocaína decomisada para ser destruida en hornos o con procedimientos especiales. Una rutina ceremonial para anuncios oficiales que muchas veces encubren la realidad del fenómeno socioeconómico y político. Foto difusión.

El narcotráfico es uno de los principales delitos del crimen organizado transnacional que amenaza la seguridad y la economía en la Amazonía y es un problema importante en Latinoamérica y el mundo. En el presente reporte ponemos énfasis en la corrupción como principal problema en el Perú y países limítrofes y por ende en la Amazonía, porque la consideramos como la madre de todos los delitos que en conjunto constituyen el crimen organizado y porque el crimen organizado ha logrado no solo permear, infiltrar, sino posicionarse en instituciones claves de todos los poderes del Estado, que desde nuestro punto de vista están enfermas ética y legalmente, así como adolecen de integridad para ejercer la autoridad necesaria para una eficiente y transparente gobernanza.

 

Si bien la corrupción cubre los anales de la historia del Perú, es en los últimos 50 años que tuvo etapas de mayor agravamiento siendo la más notable el periodo de los gobiernos de Alan García Pérez y Alberto Kenya Fujimori Fujimori entre 1985 y el 2000. Una segunda etapa de corrupción institucionalizada se da en el periodo 2002 al 2015 durante los gobiernos de Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala. La tercera etapa marcada por la corrupción y autoritarismo se produce entre el 2016 - 2025 donde el Perú llegó a tener 6 presidentes: Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Manuel Merino, Francisco Sagasti, Pedro Castillo y Dina Boluarte, es decir, en promedio tuvimos un presidente cada 18 meses cuando el periodo constitucional es de 60 meses. Durante 2 años 6 meses del periodo presidencial de Dina Boluarte se nombraron 69 ministros en una crisis ministerial y de gobierno permanente con pocos antecedentes. Principalmente por la acción subterránea y depredadora de grupúsculos políticos con presuntos vínculos con el crimen organizado: Fuerza Popular (Keiko Fujimori), Alianza Para el Progreso (César Acuña), Renovación Popular (Rafael López), Perú Libre (Vladimir Cerrón), Podemos Perú (José Luna), Apra, Acción Popular, Avanza País (Hernando de Soto); Juntos por el Perú (Verónica Mendoza), entre otras asociaciones atomizadas pero igual de venenosas que en acción concertada modificaron la Constitución, cambiaron y crearon leyes a voluntad e interés violentando la normatividad vigente en su propio beneficio, como también se zurraron en el Referéndum de 2018, donde los peruanos dijeron "sí" a la reforma de la Junta Nacional de Justicia, a la fiscalización de los aportes a los partidos políticos y a la no reelección de congresistas. Hoy la Junta Nacional de Justicia hace gala de un poder ‘imperial’ y repone en el cargo a la destituida por corrupción y autoritarismo ex fiscal de la nación Patricia Benavides y aunque este objetivo no prosperó en lo inmediato nada garantiza que las presuntas mafias en el poder puedan avasallar y someter una vez más la Fiscalía de la Nación.

 

“Con la corrupción, todos pagan. Cada año, tanto en los países desarrollados como no desarrollados, se pagan sobornos por más de un billón de dólares… La corrupción en el poder judicial socava el imperio de la ley y la legitimidad del gobierno. Un poder judicial corrupto menoscaba la capacidad de una sociedad para poner freno a la corrupción… Las prácticas corruptas facilitan el tráfico de drogas y las actividades de la delincuencia organizada.” (Naciones Unidas, Oficina Contra la Droga y el Delito. www.unodc.org). 

“Enfrentar los delitos ambientales como la tala ilegal, la minería ilegal, el tráfico de fauna silvestre y la ocupación y tráfico de tierras en la Amazonía peruana. Los mismos que ponen en riesgo la salud y la vida de los pobladores de la Amazonía y son una limitante para el desarrollo inclusivo y competitivo. Urge también desterrar las actividades criminales ilícitas como los cultivos ilícitos y el crimen organizado, promoviendo las actividades lícitas y otros mecanismos legales, así como brindar protección oportuna a las personas defensoras ambientales para salvaguardar su integridad ante las amenazas del crimen organizado que operan en la Amazonía y reducir los altos índices de corrupción que afectan la gestión nacional, regional y local. Para cumplir con estas acciones se requiere alinear las intervenciones de todos los sectores del gobierno nacional con los enfoques y prioridades definidas en las jurisdicciones amazónicas, en forma integral e integrada.” (Declaración de Iquitos, IV Congreso de Emprendedores Amazónicos, CEA 2023. Especial revista Caretas, junio 9 de 2023). Con el VI CEA 2025 desarrollado en Tingo María son 6 las ediciones que congregaron a más de 2 mil asistentes entre ministros, exministros, gobernadores de la Mancomunidad Amazónica, investigadores, funcionarios y emprendedores que abordaron diversos temas y en cada una de ellas aprobaron una declaración por consenso como una especie de clamor y S.O.S al gobierno nacional y comunidad internacional, que aún no se han pronunciado ni actuado significativamente en la solución de la problemática ni prestado atención a las alternativas planteadas. 

“Un hacker del cártel de Sinaloa rastreó a informantes del FBI con cámaras de la Ciudad de México, según una auditoría del Inspector General del Departamento de Justicia… se reporta que en 2018, mientras el FBI trabajaba en el caso del cártel de drogas de ‘El Chapo’, un individuo vinculado al cártel contactó a un agente del FBI… declaró que el cártel había contratado a un hacker que ofrecía diversos servicios relacionados con la explotación de teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos…. el hacker había observado a personas entrando y saliendo de la Embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México e identificó a personas de interés para el cártel, incluyendo al Agregado Legal Adjunto del FBI (ALA T), y posteriormente utilizó el número de teléfono móvil de ALA T para obtener las llamadas realizadas y recibidas, así como los datos de geolocalización asociados al teléfono del ALA T”. (El Informador.mx, junio 28 de 2025). Ésta revelación nos indica que ahora el crimen organizado además de la corrupción tiene como aliada estratégica a la tecnología de última generación, que la convierte en una amenaza más peligrosa.

2025. La droga constituye un conflicto global: “Particularmente preocupante es que la producción mundial de cocaína alcanzó las 3,708 toneladas en 2023, lo que marca un récord histórico y un aumento del 34% respecto a 2022. Las incautaciones también subieron de forma significativa: se confiscaron 2,275 toneladas, un 68% más que en 2019. Asimismo, se detecta una tendencia ascendente en el mercado de drogas sintéticas, como las metanfetaminas y el “captagón”, impulsadas por costos de producción más bajos y mayor facilidad para evadir controles. El impacto humano es devastador: cerca de 500,000 personas mueren cada año por causas relacionadas con las drogas, y apenas una de cada 12 personas con trastornos por consumo accedió a tratamiento en 2023. El informe también pone el foco en las consecuencias ambientales del narcotráfico, señalando efectos como deforestación, contaminación y residuos tóxicos, particularmente en el continente europeo.” (Todoroca.com, junio 26 de 2025).

1970. Inicio del crimen organizado (narcotráfico, tala ilegal). Guillermo Porto Cárdenas Dávila (Considerado pionero del narcotráfico) nació en Bellavista, San Martín, entonces Loreto en la década de 1920 y fue uno de los primeros e importantes narcotraficantes en la Amazonía peruana, con vínculos políticos y bandas de la droga cocaína en Brasil, Bolivia y Colombia, a Brasil enviaba el estupefaciente vía fluvial (Huallaga – Amazonas) en balsas que transportaba ganado vacuno hasta Iquitos y de aquí hasta Leticia y Tabatinga. Cuando creció económicamente en la década del 60 adquirió una avioneta o avión pequeño al que denominó la ‘Blanquita’ en alusión a que transportaba cocaína entre carne de caballo que asesinaba impunemente porque eran salvajes. Cuando el río Huallaga destruyó la mayoría de casas de adobe durante una inundación fue ‘Mosca loca’ que se encargó de construirle a los damnificados casas de concreto, así como realizar acciones de ayuda social en Bellavista. En versión de pobladores, encaletaba y blanqueaba sus ganancias en testaferros y préstamos a comerciantes que instalaban grandes empresas, los beneficiarios de este tipo de lavado de dinero primigenio se quedaron con los recursos cuando fue asesinado en 1984. En 1973 fue detenido por primera vez acusado de producir y comercializar pasta básica de cocaína en varias localidades de la hoy región de San Martín, pero fue liberado en poco tiempo por la corrupción policial y judicial y por el presunto apoyo político del hacía gala, se informó que un juez llamado Fernando Romero ordenó su libertad contraviniendo leyes vigentes. Se afirmó entonces que incursionó en el contrabando de madera y de especies silvestres, por lo que sería el que dio origen al crimen organizado en la selva del oriente peruano desde 1960. Hasta su detención definitiva y muerte en una asonada del penal el Sexto en 1984 fue considerado un hábil y huidizo delincuente con protección de políticos, autoridades, funcionarios, policías, fiscales y jueces. Tuvo la seguridad y osadía de ofrecer pagar la deuda externa del Perú de unos 7 millones de dólares al expresidente Fernando Belaunde Terry a cambio de licencia para producir cocaína sin ser perseguido. Fue el primero de una serie de capos del narcotráfico que luego operaron con cadenas de factorías de producción, enlaces y redes de acopio, distribución, transporte y comercialización en el Huallaga, Ucayali, Pachitea, Monzón, Aguaytía, Apurímac, Ene y Mantaro todas ellas aceitadas y sostenidas por la corrupción. Otros temidos narcotraficantes en San Martín fueron: Lucio Tijero el ‘Ingeniero’, ´Demetrio Chávez ‘Vaticano´, Tito López, el ‘Padrino’, Fernando Zevallos el ‘Lunarejo’, que operaron en las décadas de 1,980 a 2,010. (Con información La República, El Comercio, Caretas, Mininter e investigación propia).

Según el informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Droga y el Crimen, ONUDC, presentado el 26 de junio, la cocaína ocupa el cuarto lugar entre las drogas más consumidas y que constituye un peligro para la salud como un grave problema para la seguridad de la comunidad mundial. ¿Alguien hubiese imaginado en algún momento que lo empezado rudimentaria y a baja escala por ´Mosca Loca´ se convirtiera en una actividad criminal transnacional que afecta directamente a cientos de millones de personas y mueve miles de millones de dólares en el mundo?:  “Una nueva era de inestabilidad global intensifica los retos para abordar el fenómeno mundial de las drogas, empoderando a los grupos de la delincuencia organizada y catapultando el consumo de drogas a niveles históricamente altos... En 2023, cerca de 316 millones de personas consumieron alguna droga (excluidos el alcohol y el tabaco); es decir, 6% de la población entre 15 y 65 años, frente a 5.2% de la población en 2013. Con 244 millones de usuarios, el cannabis continúa siendo la droga más utilizada, seguido de los opioides (61 millones), las anfetaminas (30.7 millones), la cocaína (25 millones) y el éxtasis (21 millones) … La producción, incautaciones y consumo de cocaína alcanzaron nuevos máximos en 2023, convirtiéndose en la droga ilícita con mayor crecimiento de mercado. La producción ilegal se disparó a 3,708 toneladas, casi 34% más que en 2022. Las incautaciones mundiales alcanzaron un récord de 2,275 – lo que supone un aumento de 68% con respecto a 2019-2023. El consumo creció de 17 millones de usuarios en 2013 a 25 millones en 2023. Informe Mundial sobre las Drogas 2025 de UNODC https://mexico.un.org/es/297059-informe-mundial-sobre-las-drogas-2025-de-unodc-la-inestabilidad-mundial-agrava-el-impacto.

En 1960 eran cerca de 3 mil de hectáreas de coca y los narcos producían pocas toneladas de pasta básica de cocaína, hoy según cifras oficiales que forman parte de la data negra serían más de 90 mil hectáreas de cocales que podrían producir 600 TM de cocaína, pese a los gastos millonarios en represión policial - militar contra el cultivo y la droga y en desarrollo alternativo que tiene resultados discutibles en 44 años de presencia en las zonas cocaleras. Según la Dirandro este año ha triplicado el decomiso de drogas, pero pocos pueden dar credibilidad o asegurar la veracidad de las cifras anunciadas por la inquilina de palacio de gobierno: “La Dirección Antidrogas de la Policía Nacional (Dirandro) incautó más de 141 toneladas de droga entre enero y junio de 2025, triplicando lo decomisado en el mismo periodo del año anterior. Así lo destacó la presidenta Dina Boluarte durante el 34 aniversario de esta unidad especializada, donde también se informó sobre 9,000 operativos, 5,500 detenciones y la destrucción de pistas clandestinas y laboratorios ilegales.” (Revista Caretas, junio 26 de 2025. https://caretas.pe/home_web/home_principal_secundario/dirandro-triplica-incautacion-de-droga-en-2025/).

Estados Unidos es uno de los principales actores de la denominada guerra contra las drogas desde el presidente Ronald Reagan y ha sido el que más  aportó con fondos al cumplimiento de la responsabilidad compartida principalmente a través de la Agencia Internacional de Desarrollo AID desde 1981 en el Huallaga y desde el 2002 mediante USAID que fue desmantelada por Donald Trump a principio de año; sin embargo, ahora se confirma lo que siempre se presumió y denunció que es a su vez uno de los principales países en lavado de dinero de la droga en Latinoamérica y el mundo, es decir, adoptó una postura que podría ser vista como de doble rasero: “El sistema financiero de Estados Unidos absorbe anualmente alrededor de 100 mil millones de dólares provenientes del tráfico de drogas, con énfasis en la cadena de suministro del fentanilo, de acuerdo con un informe reciente del Departamento del Tesoro. A pesar de estas cifras alarmantes, ningún banco estadounidense ha sido acusado o investigado públicamente por su posible implicación en el manejo de estos fondos ilícitos, en contraste con las sanciones impuestas a instituciones financieras en México y China. La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) identificó mil 246 reportes de movimientos financieros vinculados al tráfico de fentanilo, que totalizan más de mil 400 mdd. En este análisis, Estados Unidos concentra el 95% de las alertas de lavado de dinero asociadas con esta droga, y los bancos estadounidenses generaron el 57% de dichas alertas.” (https://canal7slp.tv/2025/100-mil-mdd-del-narcotrafico-ingresan-al-sistema-bancario-de-eua-cada-ano-departamento-del-tesoro/).

“El 14 de junio de 2018, la revista Caretas dio a conocer en un informe que en el Vraem existirían entre 300 a 400 hombres armados del Militarizado Partido Comunista del Perú, MPCP y 8 mil soldados y policías destacados en 52 bases militares y policiales y contaban con 13 helicópteros del ejército y 2 de la policía. Ahora esta logística ha disminuido son 42 las bases, 6 mil efectivos, pero no afecta la operatividad y los éxitos de las fuerzas policiales y militares en esa amplia zona interregional donde la actividad de 250 integrantes del MPCP y su capacidad de fuego es desconocida y hasta un misterio”. (La Guerra de los Cien años. Narcotráfico y Terrorismo, página 13, julio de 2022).

“En Huánuco, San Martín, Ucayali y Loreto, escenario que se analiza en éste libro, se registraron oficialmente 1,857 casos de violencia desde 1981 a 2005 (los producidos fueron muchos más) con 5,550 muertos y desaparecidos (4,910 fueron asesinados y 640 desaparecidos). Pero, si se tomara en cuenta los muertos y desaparecidos por otros hechos criminales que no pudieron ser registrados y que fueron a parar a los ríos o fosas clandestinas, éstas cifras podrían duplicarse pasando a 11 mil. Ésta realidad, representa un indicador importante para medir la intensidad de la violencia extrema en esta amplia zona del país. Sobre todo, si comparamos con las cifras de muertos y desaparecidos registrados por la CVR en Ayacucho 9,834, Junín 2,571, Huancavelica 1,598 y Pasco 398”. (La Guerra Oculta en el Huallaga, Monzón y Aguaytia, página 8, diciembre de 2006). 

En la Amazonía, el crimen organizado: narcotráfico, minería ilegal, tala ilegal, tráfico ilegal de especies protegidas, trata de personas, corrupción incontrolable, terrorismo, paramilitarismo, etc., afecta a comunidades y medio ambiente. El crimen organizado habría permeado en un 72% de las fronteras de Perú, Colombia, Brasil, Argentina, Paraguay y Ecuador afectadas principalmente por el narcotráfico, minería ilegal y trata de personas, según un informe de SUMAÚMA, Jornalismo do Centro do Mundo (https://sumauma.com/es/amazonia-sitiada-narcotrafico-domina-72-das-fronteiras-entre-peru-colombia-brasil-e-equador/). La expansión de estas actividades ilegales está ligada al aumento de la violencia, la deforestación, los incendios intencionales y la usurpación de tierras, según un informe del diario El País, (https://elpais.com/america/2023-11-30/el-crimen-organizado-en-la-amazonia-de-brasil-amenaza-la-lucha-contra-el-cambio-climatico.html). Solo un tercio de los casos analizados en la Amazonía entre 2014 y 2024 incluyeron investigaciones financieras para rastrear las ganancias ilegales. El País (https://elpais.com/america/amazonia-sin-fronteras/2024-12-05/la-falta-de-investigaciones-dificulta-el-combate-al-lavado-de-dinero-de-los-crimenes-ambientales-en-la-amazonia.html). La expansión del crimen organizado en la Amazonía es una amenaza a la seguridad, el medio ambiente y el desarrollo sostenible de la región coinciden varias investigaciones de destacados medios e instituciones gubernamentales y no gubernamentales.

La Amazonía peruana enfrentó un aumento alarmante de incendios forestales provocados, con un 81% más del período 2020-2023, se reportaron 215,592 incendios, también se registró una pérdida de 111,603 hectáreas de bosques por minería aurífera. En la Amazonía peruana, la pobreza monetaria afectó al 27.6% de la población en 2024, lo que equivale a 9.4 millones de personas. La pobreza extrema afecta con mayor intensidad al ámbito rural, con un 15.5%, las regiones amazónicas con mayores niveles de pobreza son: Loreto 40%. Amazonas, con tasas entre 7.8 y 10.5%. Huánuco, Pasco, Ayacucho, Cusco, Junín y Ucayali, tienen tasas de pobreza extrema en porcentajes similares. La Amazonía ha experimentado una significativa deforestación, con la pérdida de más de 111,603 hectáreas debido a la minería, según informes de AMW y MAAP (https://www.maapprogram.org/es/mineria-amazonia-2024/).  Madre de Dios fue una de las zonas más impactadas, con 30,000 hectáreas deforestadas por minería en tres años, según CooperAcción. Aproximadamente 725,000 hectáreas deforestadas por minería corresponden a áreas protegidas y territorios indígenas. La minería ilegal de oro en la Amazonía peruana causó pérdidas económicas por 593 millones de dólares, según ACCA (https://acca.org.pe/mineria-ilegal-de-oro-provoca-perdida-economica-de-mas-de-593-millones-en-la-amazonia-peruana/). La importancia de la Amazonía está en que ésta genera entre el 16% y el 20% del agua dulce del planeta. Contiene el 25% de la biodiversidad terrestre. Se estima que contiene más de 40,000 especies de plantas y 6,000 especies de animales varios en proceso de extinción. El 53.2% de la superficie territorial del Perú son bosques húmedos amazónicos, según el INEI.

“El impacto del cultivo de la coca fue de tal magnitud que en todas las cooperativas agrarias de servicios y de producción provocó una crisis de carácter económico o generó consecuencias de carácter institucional… El sorprendente crecimiento de la coca, sembrío que pasa de aproximadamente 2,228 hectáreas en 1973 a un mínimo de 30,000 Has., en 1980… Naturalmente, el impulso brindado por el narcotráfico ha posibilitado variaciones tan drásticas en la orientación productiva de los colonos. En la práctica, el comercio internacional de estupefacientes no hace más que aprovechar el intento primario de los agricultores andinos de extender la verticalidad ecológica en las zonas tropicales… (Conclusiones del Encuentro Nacional de Autogestión, ENDA, 1986. CEDEP, CIPA, DESCO, INPET: Héctor Bejar, Pierre Foy y Sara Pait).

“En agosto de 1980, al dirigirme al Congreso de la República, dije “que éste gran país nuestro, lleno de contradicciones, de pobrezas y de grandezas está enfermo y necesita ser cuidado con devoción y amor filiales, pero, al mismo tiempo, con la seriedad y mejor capacidad profesional que podamos encontrar para rescatarlo del dolor y la miseria” … La respuesta a los problemas de fondo de una sociedad enferma y desintegrada, no puede obtenerse sino a mediano y largo plazos, igual sucede con una economía postrada y en la que sus principales sectores estaban desequilibrados, en la que campeaba la inflación, y el deterioro de la calidad de vida de la población… Independientemente de los problemas coyunturales, inflación, desequilibrio presupuestal, balanza de pagos, la estrategia para el desarrollo económico tiene metas a mediano y algo plazos, que son las únicas respuestas a los problemas que el Perú arrastra desde el inicio de su vida republicana” (Mensaje a la Nación del presidente del Consejo de Ministros y Ministro de Economía, Manuel Ulloa Elías, enero de 1982). En 1980 Sendero Luminoso inicia sus actividades terroristas y el narcotráfico daba pasos acelerados hacia un boom que logró en 1993, sin embargo, en el mensaje no se puso ni una coma sobre éste problema mayor.

“El Perú, como se sabe, produce más del 60% de la producción mundial de coca, actualmente más de 200,000 familias campesinas, es decir, aproximadamente un millón de personas dependen de su cultivo. Esta economía ilegal e informal transforma la economía nacional y genera, en alianza con el terrorismo, cuadros de violencia criminal que día a día se incrementan… La mayoría de estudiosos e investigadores del fenómeno del narcotráfico ven a esta actividad como producto de un circuito de productores y consumidores, enlazados por organizaciones criminales. Nosotros queremos presentar una perspectiva distinta; nuestro país es el teatro de operaciones, el campo donde se libra una confrontación entre el crimen internacional organizado y la legalidad de los distintos estados involucrados… El narcotráfico para nosotros es un cáncer y queremos erradicarlo… Algunos medios de prensa, nacionales o del exterior, mostraron su sorpresa cuando decidimos no firmar el tratado de asistencia militar propuesto por Estados Unidos… No somos en absoluto contrario a un efectivo programa de represión para erradicar los cultivos ilegales de coca y controlar, así, la oferta de pasta básica de cocaína, pero deseamos que el aspecto de represión sea abordado dentro de un contexto global, un contexto que tome en consideración las posibilidades concretas de los agricultores en las zonas cocaleras existentes, y los potenciales, para desarrollar actividades económicas alternativas. (Estrategia de lucha contra el narcotráfico: Doctrina Fujimori, discurso de Alberto Fujimori, 26 de octubre de 1990). Se ha demostrado que el gobierno de Fujimori y el Alan García fueron los principales responsables para el crecimiento y consolidación del narcotráfico, terrorismo y la corrupción que causaron grave perjuicio al país al negociar con el crimen poder político y dinero. Están frescas las imágenes de un Alan García abogado e indultador de narcos y de Montesinos como negociador y el enlace con narcos y terroristas en representación de Fujimori.     

“En el denominado caso “narcoindultos”, la Procuraduría Anticorrupción denunció la participación del expresidente García Pérez en la liberación irregular de personas sentenciadas por el delito de narcotráfico, a cambio de lo cual se habría entregado dinero a los funcionarios y servidores públicos responsables del procedimiento de gracias presidenciales. La Procuraduría denuncia que García Pérez, valiéndose de su poder como jefe de Estado, habría creado el contexto adecuado para la comisión del delito de cohecho pasivo impropio y, en este sentido, habría instaurado una asociación ilícita conformada con diversos funcionarios públicos, dentro de los cuales se encontraría el ex Ministro de Justicia Aurelio Pastor Valdivieso.” (Caso Narcoindultos, IDEH PUCP, julio de 2012). “Cuando Alan García liberó durante su segundo gobierno a más de mil presos por narcotráfico agravado en la mayor excarcelación de ese tipo que se conozca en el mundo, justificó su decisión y apeló a la piedad cristiana a fin de dar a los reos una segunda oportunidad. También dijo que quería aliviar la sobrepoblación carcelaria en Perú.” (AP, noviembre 05 de 2015).

 

“A la vez, la expansión del narcotráfico avanza de manera implacable, alimentando una economía ilegal paralela basada en la muerte, la violencia y la destrucción de familias enteras. La ausencia o fuga del Estado –en sus tres poderes– en las barriadas pobres es suplida por las mafias: ofrecen préstamos de dinero, protección, remedios, comida y hasta una falsa pertenencia. Pudre el tejido social, apolilla los sueños más profundos, descompone la convivencia en sus niveles más básicos. Allí adonde el Estado no llega, o llega tarde, el crimen organizado se instala con facilidad. Los grupos criminales aprovechan la vulnerabilidad de los más débiles, y reclutan niños y adolescentes como distribuidores o “soldaditos” en los barrios más humildes, lo que compromete no solo su salud, sino también su dignidad y su futuro.” (La Nación, junio 24 de 2025).

“La asociación entre el narcotráfico y Sendero Luminoso está ampliamente comprobada y opera en el departamento de Huánuco y la margen izquierda del Alto Huallaga. El objetivo es liberar dicho territorio de la presencia del Estado y otorgarse muchas facilidades para sus actividades. De esa manera, es Sendero quien controla los precios que se pagan a los campesinos productores de coca y obtiene una participación garantizando al mismo tiempo las cosechas y entregas, por un lado, y la protección militar por el otro, a los narcotraficantes que, a su vez, los provee de armas. (Informe Comisión del Senado sobre Violencia y Pacificación, página 342).

 

“Según la opinión del general en retiro Edgar Luque Freyre, quien se desempeñó durante cuatro años, entre 1987 y 1990, como director de la DIGIMIN durante la gestión de José Barzalo Burga y posteriormente con Agustín Mantilla Campos, uno de los principales énfasis del gobierno aprista fue organizar, desde la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior, un sistema de inteligencia lo suficientemente competente como para hacer frente con éxito al fenómeno del terrorismo y también a las mafias internacionales de la droga que se habían instalado en el Perú. El propio Luque Freyre admite que entonces ya existían pruebas concretas de la alianza entre subversión y narcotráfico: El narcotráfico abastecía determinado tipo de armamento y la subversión le protegía los vuelos para llevar droga al exterior. nosotros presentamos testimonios, fotografías, pero el gobierno (de Alan García) prefirió mantenerlo oculto por razones que a veces son difíciles de entender. Desde su particular percepción, el narcotráfico había infiltrado numerosas esferas del poder, desde el Congreso hasta los organismos que se supone tenían que perseguir el delito, y ni que decir de la propia policía. La serie de escándalos como el referido al ex asesor Luis López Vergara, brazo derecho del ex ministro del Interior Luis Percovich Roca, involucrado con el narcotraficante Reynaldo Rodríguez López, o la defenestración del senador Yashimura por su sociedad con Guillermo Cárdenas Dávila, alias «Mosca Loca», en cuyo avión bautizado «Blanquita» se habían trasladado los principales candidatos de Acción Popular durante la campaña del 1980, no serían casos aislados. La captura del diputado aprista Miguel Ángel del Pomar, involucrado con una red de narcotráfico internacional que enviaba cocaína a Alemania, o la del diplomático Francisco Tweedle, en cuya valija fueron hallados varios alijos con droga, fueron evidencias rotundas de su alto poder corrosivo. Años después, la grabación de una conversación telefónica entre el congresista de Cambio 90 por Chachapoyas, Manuel La Torre Bardales, el narcotraficante Abel Muñoz Seijas, contador de Demetrio Chávez Peñaherrera, y un sujeto identificado como Carpio, en marzo de 1993, confirmaría que estas acciones ilegales continuaron durante el gobierno fujimorista.” (Narcotráfico, conflicto armado interno y corrupción, Comisión de la Verdad y Reconciliación, Informe Final CVR página 758, agosto de 2003).

 

Según el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, en 2022, los costos directos del crimen alcanzaron el 3.44% del PIB de la región de América Latina y Caribe. El costo del crimen equivale al 78% del presupuesto público para educación, el doble del presupuesto público para asistencia social y 12 veces el presupuesto para investigación y desarrollo. (Informe BID 2024).

De acuerdo a la Contraloría, los gobiernos locales han dejado una herencia costosa: 6,653 obras paralizadas que suman 91 mil 705 millones en proyectos inconclusos. El 2022, fueron 1,879 proyectos detenidos, con un costo total de 21,595 millones. En 2023, la cifra aumentó a 2,298 obras, con un costo de 26,992 millones. Y en 2024, un nuevo récord: 2,476 proyectos paralizados, por un valor de 43,118 millones, según un informe de Vigilante.pe. Esto revela un crecimiento constante en el número de obras inconclusas y abandonadas, también una alarmante acumulación de recursos públicos que no se traducen en mejoras reales en beneficio de las poblaciones necesitadas, ello principalmente por la falta de eficiencia, transparencia y responsabilidad institucional con incidencia social. Situación similar y en algunos casos peor se dan en los gobiernos regionales y gobierno nacional por efecto indirecto de la corrupción.

La corrupción es un delito que potencia y sostiene al crimen organizado y una práctica que, al distorsionar el uso de los recursos públicos y debilitar las instituciones, obstaculiza el acceso equitativo a derechos fundamentales como la salud, la educación, la justicia y una vida digna. La corrupción no es neutra: profundiza desigualdades, perpetúa la exclusión y socava el principio de igualdad ante la ley. Es una violación indirecta pero real: no siempre la corrupción aparece como una agresión directa, pero sus consecuencias impactan derechos concretos. Es un obstáculo para la obligación estatal de garantizar y proteger los derechos. Tiene un impacto diferenciado: golpea con más fuerza a mujeres, niños, poblaciones vulnerables e indígenas, personas en pobreza, personas con discapacidad, entre otros. Se considera a la corrupción como la columna vertebral del crimen organizado transnacional al dar origen y sostener a otros 21 delitos graves. Un congreso con congresistas en defensa de su propia inmunidad ha reducido los delitos del crimen organizado calificando a varios como delitos comunes, lo que evidencia que la política con visos gansteriles es la principal responsable de la crisis de inseguridad que vive nuestra nación. (Con aporte IA).

Cada año la delincuencia organizada según la Contraloría General de la República (2023) le roba al país apoderándose de sus presupuestos 22 mil millones de soles, que en percepción de la sociedad que sufre su impacto negativo ésta podría ascender hasta 30 mil millones de soles (cerca de 8 mil millones de dólares) /año. Los recursos son sustraídos ilícitamente de los gobiernos nacional, regional y municipal principalmente. A la fecha no hay institución u organización ni ley efectiva/eficiente que lo prevenga, detenga y sancione; muchas de los existentes son sindicadas como parte o cómplice de un sistema oculto que corroe la democracia. Es repudiada por un sector mayoritario, pero a la vez aceptada resignadamente como un mal menor impune. El ascenso y consolidación de la corrupción en el Perú es real porque la misma CGR estimaba en 2016 que el monto perdido era de 16 mil millones.

 

“La corrupción es un fenómeno que afecta la gobernabilidad del país, la confianza en las instituciones y los derechos de las personas, tiene además diferentes manifestaciones y aparece de manera diversa en el escenario social, político y económico. Sus efectos negativos llegan a trascender inclusive fronteras, valiéndose de redes sofisticadas delictivas que aprovechan la debilidad institucional y sectores vulnerables para capturar la toma de decisiones. La corrupción al ser un fenómeno multidimensional se da de manera sistemática, y en diferentes niveles y sectores de la administración pública, apareciendo así en procesos pre decisionales como el financiamiento indebido de agrupaciones políticas en campañas electorales; durante la toma de decisiones, como por ejemplo, en el diseño de políticas públicas dirigidas a intereses particulares, a consecuencia de conflictos de intereses y el tráfico de influencias; y, en procesos post decisionales, en la gestión pública afectando la eficiente provisión de servicios públicos”. (Política Nacional de Integridad y Lucha Contra la Corrupción, Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, CAN, 2017),

 

“La corrupción se alimenta de la impunidad y ésta corroe, aún más que el delito, las fibras morales de una nación. Es hora, pues, de iniciar una nueva etapa de nuestra vida republicana, de liberarnos de la corrupción, pero también del autoritarismo, y construir una democracia constitucional firme, estable y longeva”. (Valentín Paniagua Corazao, Presidente Constitucional de la República al inaugurar la I Conferencia Nacional Anticorrupción, julio de 2001).

 

“Frente a los graves hechos de corrupción, el gobierno transitorio asumió la tarea histórica de emprender un vasto plan de acción destinado a investigar y sancionar a los responsables de la apropiación ilegal de fondos públicos. La dimensión del problema ha sido inédita en el país. Nunca antes se apreció que desde las más altas esferas del poder político se hayan efectuado actos de corrupción de funcionarios, control de los medios de comunicación y sojuzgamiento de organismos constitucionalmente autónomos, bajo la presión o extorsión para lograr mediatizar sus decisiones a fin de que sean proclives a los detentadores del poder, sin control de ningún tipo. Las investigaciones de los hechos de corrupción han logrado incluir hasta la fecha, a una serie de personas que ocuparon puestos del más alto nivel, desde Congresistas, Ministros de Estado, miembros del Poder Judicial, Jurado Nacional de Elecciones, Ministerio Público, miembros de las Fuerzas Armadas, entre otros, cuyas conductas han resquebrajado, en parte, la legitimidad del sistema político requiriéndose una profunda acción de parte del Estado y la sociedad civil para reconstruir nuestras instituciones y forjar una ética pública”: (Conclusiones I Conferencia Nacional Anticorrupción, Lima, julio de 2001).

 

El Consorcio para la Ética Pública, Proética,  la Asociación de Exportadores (ADEX), la Asociación Civil Transparencia Internacional (TI), el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), la Comisión Andina de Juristas (CAJ),  presentaron los días, 26, 27, 28 de julio de 2001 la serie de informes de destacados investigadores y personalidades nacionales e internacionales que abarcaban la corrupción producida y registrada durante el nefasto periodo de los gobiernos de Alan García y Alberto Fujimori, entre 1987 al 2000, donde el país también tuvo que vivir la violencia fratricida del terrorismo de Sendero Luminoso (SL), del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), del tráfico ilícito de drogas y del crimen organizado que empezaba a consolidarse ante el autoritarismo e impunidad vigentes, y, además, estos pasivos vergonzantes eran tolerados o justificados por un sector de peruanos interesados o confundidos al extremo de ser calificados como ‘geishas’ y ‘caídos del palto’ por el inefable Alberto Fujimori, extinto expresidente en la década del 90. Ellos o sus descendientes son los que hoy polarizan al país y destruyen la institucionalidad e independencia de poderes para después ofrecer reconstruirlo en el supuesto que sea nuevamente gobierno.

 

Van 25 años y el objetivo planteado por Valentín Paniagua y otros que lucharon por recuperar la democracia no se logró, es más, pareciera que retrocedimos 40 años y estamos virtualmente derrotados por una fuerza corrupta oscura propiciada por los que directa o indirectamente detentaron/detentan el poder político y económico, los presuntos responsables del avance, fortalecimiento e institucionalización de la actividad criminal en casi todos los estamentos de la sociedad.

 

“Boluarte suma casi 70 ministros en 30 meses de gobierno. Cada 15 días en promedio hay un nuevo ministro. En la compleja cartera de Interior ha tenido ocho ministros. El último duró menos de 50 días… En 2016-2026, nos habrán gobernado siete presidentes, solo comparable con el periodo 1879-1890 de la guerra con Chile y la reconstrucción… Es importante aumentar la conciencia ciudadana de la relevancia capital de nuestro voto en abril del 2026, para ojalá romper esta inercia de inestabilidad, mediocridad y corrupción en el liderazgo nacional. (Álvaro Henzler, presidente de la Asociación Civil Transparencia. El Comercio, mayo 18 de 2025).

El Perú, ha mostrado un retroceso en la lucha contra la corrupción, con un descenso en su ranking en el Índice de Percepción de la Corrupción. El Perú experimentó su mayor caída en el Índice de Percepción de la Corrupción desde 2012, cayendo al puesto 121. La corrupción sigue siendo un factor que agrava la crisis de seguridad, con un aumento de extorsiones y sicariato. La corrupción también reproduce y consolida la desigualdad social, consolida el clientelaje político y perpetúa la ineficacia de la burocracia y, por lo tanto, impide contar con una administración pública eficiente al servicio de la satisfacción de los derechos de los peruanos.

 

“Perú ha obtenido 33 puntos en el Índice de percepción de la Corrupción que publica la Organización para la transparencia Internacional. Su puntuación ha descendido en el último informe, lo que significa que los peruanos perciben un incremento de la corrupción en el sector público del país. La disminución de su puntuación ha provocado que Perú empeore su posición respecto al resto de los países hasta la posición número 121, de los 180 del ranking de corrupción gubernamental, luego sus habitantes creen que existe mucha corrupción en el sector público. La evolución de la percepción de la corrupción en los últimos cinco años en Perú ha empeorado, lo que ha venido acompañado de un descenso de su posición en el ranking internacional de corrupción.” (Expansion.com/Datosmacro.com, 2023).

 

El poder ejecutivo de la mano de un Congreso con congresistas presuntos defensores y protectores del crimen organizado modificó el DL 9921 que funcionaba con deficiencias y limitaciones, pero funcionaba razonablemente. El Poder Judicial como la Fiscalía de la Nación en sendos comunicados y mensajes públicos rechazaron las modificaciones y advirtieron que éstas benefician/beneficiarán a la actividad criminal, al tiempo de emplazar y solicitar la rectificación tal como sucedió con la ley que impedía la detención del delincuente si éste no se encontraba en situación de flagrancia. Admitieron que la nueva ley de extinción de dominio colisiona con la normativa internacional y pone en riesgo la seguridad jurídica y la cooperación en materia legal del país frente a organismos como la Convención de las Naciones Unidas para Prevenir la Corrupción de Mérida y Palermo o el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), por lo que existe el riesgo de que el Perú sea incluido en las listas gris o negra de países que no combaten con decisión política y eficiencia judicial el crimen organizado en sus variadas formas, todas ellas lesivas a la legalidad y a la economía del Perú.  

 

“Antes de ser modificada, la ley establecía que no solamente se incautaban los bienes, títulos o derechos de naturaleza ilícita, sino también los objetos, instrumentos o ganancias provenientes de ciertos delitos… “Otro punto que debemos resaltar es que solamente determinados delitos van a ser pasibles de procesos de extinción de dominio; entre ellos, el narcotráfico, la trata de personas, el sicariato y la minería ilegal. Si bien se menciona a la corrupción, se le ha puesto como una excepción. Esto, evidentemente, favorece a todos los políticos que están siendo investigados por estos delitos” (IDL Reporteros, abril 25 de 2025). 

 

¿Cómo afecta la corrupción a la institucionalidad del Perú? Dicho impacto también ha sido resaltado por el Tribunal Constitucional del Perú, en el Exp. 000172011-PI/TC-Lima, al indicar que «la corrupción socava la legitimidad de las instituciones públicas, atenta contra el desarrollo integral de los pueblos y contra las bases mismas del Estado». (TC, 14 jun. 2023). Hoy el TC en varios casos toma decisiones que benefician al crimen organizado, en especial a la corrupción en el Congreso, Ejecutivo y grupos políticos cuyos representantes son investigados como presuntos jefes de organizaciones criminales. La corrupción institucional es el fenómeno en los organismos públicos de colocar la protección de la reputación por encima de la fidelidad a la verdad, especialmente en el contexto de una investigación independiente o pública. La Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN) es un espacio integrado por instituciones públicas, privadas y la sociedad civil con el objeto de articular esfuerzos, coordinar acciones y proponer políticas de mediano y largo plazo dirigidas a prevenir y combatir la corrupción en el país. Pero, sin decisiones vinculantes sus acciones son inocuas frente a la generalización con impunidad de la corrupción.

 

“Un informe reciente del Banco Mundial vuelve a poner el foco sobre cómo el crimen organizado obstaculiza el desarrollo económico en América Latina y el Caribe, y destaca la relación cíclica entre la pobreza y la criminalidad. La edición más reciente del Reporte Económico de América Latina y el Caribe (LACER, por sus siglas en inglés) prevé que la región tendrá el crecimiento económico más lento del mundo en los próximos dos años: 2,1% en 2025 y 2,4% en 2026. Si bien la pobreza persistente y la reducción de la ayuda internacional siguen frenando el progreso, el informe sostiene que el crimen organizado es un factor clave que agrava los problemas económicos. El informe identifica cuatro mecanismos mediante los cuales los grupos criminales de América Latina y el Caribe impiden el desarrollo: monopolizan los mercados lícitos e ilícitos en sus territorios; imponen gobiernos criminales que suplantan al Estado y cobran “impuestos” sobre servicios básicos; extorsionan a negocios legales, aumentando sus costos, y cooptan al Estado a través de la corrupción y la manipulación de actores políticos. Además, el crimen organizado en la región es más violento que en otras partes del mundo. Mientras que la tasa de victimización —frecuencia con la que una persona es víctima de un delito— triplica el promedio global, las tasas de homicidios fueron 5,4 veces más altas que el promedio entre 2000 y 2009. En la década siguiente, esa brecha se amplió a ocho veces más. Esto demuestra un “exceso” de homicidios en relación con los niveles de victimización, según el informe. No obstante, no todos los homicidios pueden atribuirse directamente al crimen organizado. “Estamos muy por encima del nivel de violencia que se esperaría, dado el nivel de pobreza y desigualdad en la región. Entonces debemos preguntarnos por qué hay tanto crimen organizado y por qué es tan letal”, dijo a InSight Crime William Maloney, economista del Banco Mundial para América Latina y el Caribe”. (InSight Crime, mayo 12 de 2025). 

 

El Índice de Percepción de la Corrupción IPC de 2024, publicado en febrero de 2025, clasifica actualmente a 180 países "en una escala de 100 (muy limpio) a 0 (altamente corrupto)" según la situación entre el 1 de mayo de 2023 y el 30 de abril de 2024. Dinamarca, Finlandia, Singapur, Nueva Zelanda, Noruega, Suiza y Suecia (todos con calificaciones superiores a 80 en los últimos cinco años son los percibidos como los países menos corruptos del mundo, ocupando sistemáticamente un puesto alto en la transparencia financiera internacional, mientras que el país aparentemente más corrupto es Sudán del Sur (con una puntuación de 8), junto con Somalia (9) y Venezuela (10). (Transparencia internacional).  En el contexto sudamericano, Perú se posiciona entre los países más corruptos, con 36 puntos en el Índice Global de Corrupción 2021, solo detrás de Bolivia y Venezuela. Estas tendencias subrayan la necesidad crítica de implementar medidas anticorrupción efectivas y fortalecer la integridad institucional.

 

“Corrupción e indiferencia causan pérdidas de vida invalorables; mientras unos pocos obtienen suculentas ganancias, la sociedad es derrotada por una problemática grave y dolorosa… ¿Antes no había drogas? Sí, pero no en la escala en la que fueron creciendo sin detenerse.” (La Nación.com, junio 24 de 2025).

“De enero a mayo de este año se han registrado 584 asesinatos por sicariato en el país. De ellos, 507 eran peruanos, 47 venezolanos, 4 colombianos y 25 no indica. El 43% registraban antecedentes o requisitorias por diversos delitos, integraban bandas y organizaciones criminales… Por delito de extorsión, el año pasado fueron arrestados 175 hampones y este año 269… La PNP retuvo a 4,017 menores, 378 personas fueron detenidas en 228 operaciones contra el crimen organizado y otras 215 fueron arrestadas en 341 operativos de investigación contra delitos de alta complejidad.” (La República, junio 14 de 2025).

“Problemas como el pandillaje, la delincuencia, el consumo de drogas y la violencia familiar se han convertido en el centro de nuestras preocupaciones, según las encuestas. La inseguridad afecta sin lugar a dudas nuestras vidas, pero no nos afecta a todos por igual ni en la misma medida. El desempleo, informalidad, exclusión y pobreza, generados por el actual modelo económico, calan más en sectores de menores recursos que habitan en zonas donde la inseguridad es también mayor. Si a ello le sumamos un gobierno central que se resiste a reformar las instituciones tutelares de la seguridad, como es el caso de la policía nacional, y autoridades locales con pocos recursos y que no asumen una responsabilidad política, la situación se trina dramática. La seguridad no es un asunto de más armas y más tecnología, sino de voluntad política en un contexto de más y mejor democracia.” (Otra Mirada 15, noviembre de 2010). Pasaron casi 15 años y los problemas y conflictos descritos se mantienen o empeoraron como los casos de extorsión y sicariato que abonan a la inseguridad y toman características y dimensiones que infunden terror en poblaciones urbanas y rurales que ven afectadas su salud mental y actividades presentes y futuras. 

La amenaza de las dos triples fronteras. La Triple Frontera Perú (Santa Rosa), Colombia (Leticia) y Brasil (Tabatinga) al que se suma Ecuador (Sucumbíos, Orellana, Pastaza y Santiago) son el escenario de actividades criminales que ponen en riesgos y atentan a la seguridad o economías legales en la Amazonía. El crimen organizado en sus modalidades de tráfico de drogas, trata de personas, tala ilegal y minería ilegal principalmente son financiados y protegidos por grupos criminales como el Comando Vermelho, el Primero Comando Capital PCC y los Choneros que han tomado bajo control amplias zonas de las regiones Loreto, Ucayali y amenazan a San Martín, Madre de Dios; la seguridad en Perú es débil o inexistente por lo que la amenaza a futuro es una realidad preocupante según información de autoridades locales, religiosos, moradores y trabajadores temporales que piden mantener en reserva sus identidades, en algunos casos Mongabay, Ojo Público y otros se ocuparon del espinoso tema. “La Triple Frontera (Paraguay, Brasil y Argentina) fue hasta hace poco una zona olvidada por las autoridades, aunque ya era un cruce de numerosos tráficos: mano de obra, prostitución, lavado de dinero, armas y drogas… Las principales fuentes ilegales de ingresos en la Triple Frontera son la cocaína, el cannabis, los opiáceos, la trata de personas, el robo, el tráfico de armas, los delitos medioambientales y la minería ilegal, según una investigación de Insight Crime (2021).  … La cocaína, cultivada en Perú o en Bolivia –donde la producción está en auge– llega a la región de la Triple Frontera por carretera, por vía aérea en pequeños aviones (narcoavionetas) que aterrizan en aeropuertos clandestinos, o por alguno de los ríos de la subregión. Y suele salir de allí en barco, en esos enormes buques portacontenedores que se dirigen hacia el océano… El destino de la droga es principalmente Europa. Varios grupos intentan controlar este lucrativo negocio. El más mencionado es el PCC brasileño, el Primer Comando da Capital, que estaría detrás del "tsunami de cocaína" que ha invadido Europa en los últimos años, según la expresión de un responsable francés. Si bien existen rivalidades entre carteles y grupos de traficantes que se enfrentan violentamente, también pueden cooperar… La Unión Europea, por su parte, lanzó en enero de 2024 una Alianza Europea de Puertos para coordinar la lucha contra el tráfico ilícito… (Informe de la periodista de Radio Francia Internacional, RFI, Isabelle Le Gonidec, junio 25 de 2025).  

 

* Ingeniero Agrónomo – Periodista investigador.