Felipe A. Páucar Mariluz*
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| La ‘guerra’ terrorista y contraterrorista se libró con brutalidad y desprecio por la vida afectando derechos humanos. Ataúdes con restos de víctimas de la violencia fratricida. Archivo. |
“Cuando la justicia desaparece solo queda el código del
viejo oeste. La justicia está en el corazón del hombre justo. Algunas personas
no pueden escapar de su pasado, aunque lo intenten”.
Una Verdad Dolorosa.
“En otra parte seguían asesinando; otra parte, golpeando con garrotes; otra parte, con sus armas matando. «Ahora vamos a acabar con estos perros miserables. Los vamos a convertir en ceniza», diciendo así, remataban a los heridos agonizantes y quemándolos con fuego. Entonces, estando así, esa hora yo me agarré fuerte la mano y pensé, me rematarán disparándome en la cabeza o en mi espalda. Seguía haciéndome la muerta en el suelo. Me hice la muerta con la esperanza de que no se les ocurra rematarme...” …. “La CVR ha concluido que la cifra más probable de víctimas fatales de esas dos décadas supera los 69 mil peruanos y peruanas muertos o desaparecidos a manos de las organizaciones subversivas o por obra de los agentes del Estado- … un doble escándalo: el del asesinato, la desaparición y la tortura masivos y el de la indolencia, la ineptitud y la indiferencia de quienes pudieron impedir esta catástrofe humana y no lo hicieron”. (CVR, agosto 23 de 2003). (https://www.verdadyreconciliacionperu.com/articulos/articulosDetalle.aspx?Id=446) … “El informe de Amnistía Internacional de 1998-1999, daba cuenta que, en Perú, algunas personas críticas con el gobierno fueron objeto de amenazas de muerte y de otros actos de intimidación y continuaban encarcelados al menos seiscientos presos de conciencia y personas que podían serlo por acusaciones falsas de delitos relacionados con el terrorismo. Y, en los delitos contra los derechos humanos”. (https://www.amnesty.org/es/wpcontent/uploads/sites/4/2021/06/pol100031999es.pdf).
“Estos son algunos de los delitos y crímenes en que
incurrieron los grupos subversivos, lo que les significó pérdida de apoyo
popular y condena generalizados: - Tomar la justicia por sus manos con el
asesinato de ladrones, drogadictos, prostitutas y homosexuales. - Asesinato de
campesinos acusados de pertenecer a otro grupo terrorista y en algunos casos al
comando Rodrigo Franco o de colaborar con las fuerzas del orden. - Asesinatos
de sus propios miembros o de las fuerzas de base, acusados de traidores o
soplones. - Asaltos a mano armada a bancos, locales comerciales, granjas,
camiones con víveres o saqueos a los centros de salud. - Haber incluido en sus
filas a delincuentes, sicarios y mercenarios. - Haber pactado con el
narcotráfico por cupos en dinero o armas e inclusive en determinados momentos
haberse convertido en productores, comercializadores, asaltantes de la droga. -
Haber pactado con el Ejército o la Policía para negociados con los
narcotraficantes o para enfrentar al enemigo como sucedió con el MRTA. - Haber
efectuado secuestros a empresarios para solicitar rescates, y en algunos casos
llegando hasta el asesinato. - Destrucción de puentes, carreteras y otros
bienes de servicio público. - Emboscadas con el minado de carreteras y puentes
donde fueron asesinados o resultaron discapacitados policías, militares y civiles”.
(La Guerra Oculta en el Huallaga, Monzón y Aguaytía” página. 152, diciembre de
2006). Sesentainueve mil muertes y 70 mil millones de dólares en pérdidas
materiales es el saldo trágico de una guerra fratricida que convulsionó al
país, generando caos y anarquía y culminando con el posicionamiento del
autoritarismo, la discriminación y el crimen organizado en la política e
instituciones tutelares del Estado. 46 años sin luz al final del túnel y es una
amenaza de nunca acabar.
I. Introducción.
El Huallaga (Pasco, Huánuco, San Martín y Loreto), fue tomado progresivamente en amplios espacios por el Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, PC-SL, unos años después lo haría el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, MRTA, en áreas menores de San Martín y Loreto. El grupo senderista tuvo duración de 30 años (1982-2012), y el MRTA aproximadamente 8 años. Periodo en que la vida de la población sobre todo rural se convirtió en algo parecido al infierno donde miles de personas adultos y niños fueron torturados, asesinados y desaparecidos por las hordas terroristas y las fuerzas de seguridad, ambos violaron derechos humanos y cometieron crímenes de Lesa Humanidad. Los militares se vestían como senderistas y estos se hacían pasar como militares, incluso utilizaban el léxico y consignas característicos para confundir a los campesinos y luego acusarlos de terrucos o calificarlos de traidores y soplones, finalmente eran aniquilados sometiéndoles a las peores torturas y sufrimientos extremos. Durante las incursiones de ambos grupos los moradores huían monte adentro por temor a ser victimados o llevados bajo amenaza a las reuniones proselitistas u obligados a proporcionales alimentos. Vivir entre dos fuegos fue la tragedia que tuvieron que enfrentar para no abandonar sus chacras única fuente de sobrevivencia, esta realidad dolorosa no es novedad ni un invento es ampliamente conocida y repudiada, salvo por quienes utilizan este periodo repudiable con fines políticos. Las incursiones y operativos de arrasamiento de las fuerzas legales fueron incontables y aquí les contamos de algunas de ellas. Los asesinados por SL se pudrían en las carreteras o caminos, mientras que los muertos por militares o policías eran desaparecidos en fosas clandestinas, arrojadas a los ríos o quemadas en hornos improvisados. El Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) operaba como una organización terrorista de tendencia marxista-guevarista, entre las décadas de 1980 y 1990. A diferencia de SL., sus acciones tenían un fuerte componente urbano, con el que buscaban visibilizar su lucha y causar un impacto político directo. ¿Pudo el terrorismo ser controlado en poco tiempo dado la superioridad logística y capacidad militar en comparación a los terroristas? Los que participaron en la lucha en forma directa dicen que sí, pero, la versión oficiosa y oficial asegura que no, porque los ataques, emboscadas y sabotajes eran de manera clandestina. ¿En qué grado incidió la corrupción en los resultados de la guerra interna? En mucho, por su vínculo directo con el narcotráfico y otras formas de crimen organizado o por la incidencia directa en autoridades, funcionarios y en la política sin transparencia, integridad y responsabilidad.
II. Antecedentes.
El fujimorista Fernando Rospigliosi, presidente interino del Congreso de la República, en uno de sus arrebatos característicos, propuso: ‘Eximir de cualquier responsabilidad penal a militares y policías que hieran o maten a civiles durante las protestas sociales’… “Es un proyecto de ley paupérrimo. El Estado tiene el monopolio de la fuerza y no es que no la puedan utilizar, pero, hay estándares nacionales e internacionales que prohíben saltarse protocolos y optar directamente por una ejecución. La vida no puede ser un costo colateral para proteger activos”, Rosario Grados, directora de Amnistía Internacional. (Hildebrant en sus trece, 19/12/2025). El congresista de Fuerza Popular también propuso: 1- Impunidad para casos de Lesa Humanidad (Abril 2026): con una iniciativa para modificar la tipificación de delitos de lesa humanidad con criterios restrictivos y aplicación retroactiva, en respuesta a jueces que inaplicaron la Ley 32107. 2- Defensa de Amnistía (Junio 2025): Impulsó el debate del proyecto de ley 7549/2023-CR (similar a la ley de amnistía 32419 publicada en agosto 2025), buscando amnistía para militares y policías investigados por violaciones a DD.HH. entre 1980 y 2000. 3- Regulación penal (Abril 2026): Proyecto de Ley 14337/2025-CR, que busca formalmente tipificar delitos de lesa humanidad bajo el Estatuto de Roma. “La maniobra consiste en incorporar expresamente el delito de lesa humanidad al Código Penal peruano, pero restringiendo sus alcances respecto de lo establecido por el Estatuto de Roma. Al mismo estilo de las peores dictaduras, bajo apariencia técnica y con argucias jurídicas sostenidas solamente por la fuerza del copamiento institucional, el proyecto intenta consolidar un argumento funcional a la impunidad fujimorista”. (La República, 13/05/26). Analistas y organismos de derechos humanos advirtieron que estas propuestas intentan blindar a militares y policías de condenas, perpetuando la impunidad.
El conspicuo converso cuando escribía en la revista Caretas en la década de 1990, era un crítico lacónico y mordaz de Fujimori y Montesinos denunciando al mismo tiempo la autocracia y la conducta criminal del régimen: “El malhumor de Alberto Fujimori va en aumento, conforme crece la protesta contra la infame ley de amnistía promulgada la semana pasada. El martes se fue a un pueblo de la sierra -con las cámaras de todos los canales de TV, por supuesto-, y dijo que salía de Lima porque lo aburrían las críticas de los opositores. Antes, un inocuo informe sobre Sendero en Ayacucho, propalado por un noticiero de TV, lo había sacado de quicio, a tal punto que obligó al canal a suspender la segunda parte del reportaje”. (Controversias Caretas, junio 22 de 1995) … “La bulliciosa reaparición del grupo Colina en la escena nacional revela que los asesinos de La Cantuta gozan de buena salud y disfrutan haciendo ostentación de su poder. Las flores y la esquela amenazadora enviada a la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), concuerdan con el modo de operar de ese escuadrón de la muerte. En 1993, cuando la periodista Cecilia Valenzuela publicó en CARETAS varios reportajes sobre el tema, recibió también flores y notas intimidatorias”. (Caretas, 23/11/1995). Hoy, convertido en el caballo de Troya de Keiko Fujimori olvida que en uno de sus artículos calificó a Alberto Fujimori como un “Dictadorzuelo de segunda”. Llegando al extremo de ser el autor de otras leyes igualmente infames pro amnistía para militares violadores de derechos humanos. La metamorfosis experimentada por el periodista independiente a parlamentario ejecutor de un plan de impunidad y sostén del fujimorato resulta lesivo a la ética. “Quien pacta con el diablo ofrece su alma a cambio de un favor, el poder, la riqueza, la fama, el conocimiento, la juventud… Vende lo más preciado que tiene: su alma, a cambio de algo que codician todos los hombres (pero que, curiosamente, no es la felicidad). El pacto puede ser oral o escrito. Oral, por medio de rituales, conjuros, invocaciones; escrito, por medio de un contrato que a menudo es firmado con sangre”. (Carlos Tello, Milenio, 14/05/2026).
Criminales aventureros e iluminados, todos violadores de derechos humanos, dicen ser presos y perseguidos políticos, cuando en la práctica eran mercenarios con el poder de las armas para matar impunemente, atentando contra la paz y el desarrollo: “No soy terrorista, jamás lo he sido, soy un revolucionario, un combatiente del PCP. Admito mi responsabilidad política en la guerra popular”, dijo Abimael Guzmán Reynoso, quien se negó a pedir perdón a las víctimas y al país por el accionar terrorista de SL. La maquinaria a favor de la impunidad de los victimarios ayer y hoy, hizo que los afectados opusieran resistencia en defensa de la vida y respeto a los derechos fundamentales consagrados en la Constitución y estatutos con rango internacional. ¿Con qué cuajo políticos, militares e insurgentes intentan sustraerse a la ley por las barbaries cometidas en la lucha armada durante los 80, 90 y parte del 2000? Cuando en una sociedad responsable con un estado de derecho respetable, la ley debe aplicarse a todos sin distinción y con mayor fuerza a aquellos que abusaron del poder y cometieron delitos de lesa humanidad”. La historia nos recuerda que tanto Alberto Fujimori como Alan García tampoco pidieron perdón por las atroces violaciones a los derechos humanos cometidos durante sus gobiernos. En el Perú por los hechos producidos tuvimos terrorismo senderista - emerretista y terrorismo de Estado, responsables de cometer violaciones de derechos humanos y delitos de Lesa Humanidad con impunidad.
El Congreso de la República (2021-2026) abdicó o fue desnaturalizado en su funciones primordiales a favor del país por un llamado "pacto mafioso/criminal" aparentemente constituido por una alianza política fáctica entre bancadas congresales de los grupos políticos: Fuerza Popular, Alianza Para el Progreso, Perú Libre, Somos Perú, Avanza País, Renovación Popular; ellos aprobaron leyes que debilitan la lucha contra el crimen organizado y favorecen la impunidad por violaciones de derechos humanos y afectan la institucionalidad e independencia de poderes. Las leyes fueron observadas y criticadas por organismos internos y externos sin que tuvieran efecto alguno. En lo fundamental establecen cambios en la definición de organizaciones criminales, reducción de plazos de colaboración eficaz, restricciones a allanamientos y favorecen la impunidad en delitos de lesa humanidad. Las Principales leyes señaladas como pro crimen y pro impunidad (2021-2026) son: 1- Ley 32108 (Ley de Crimen Organizado): Modificada para exigir que las organizaciones criminales busquen el control de economías ilegales, dificultando la persecución de otros tipos de mafias. 2- Ley 31751 (Ley Soto): Redujo a un año la suspensión de la prescripción penal, favoreciendo el archivo de casos por corrupción. 3- Ley 31990: Limita la colaboración eficaz, reduciendo los plazos para la verificación fiscal. 4- Ley 32107: Prescribe delitos de lesa humanidad cometidos antes de 2002. 5- Ley 32054: Impide procesar a partidos políticos como organizaciones criminales. 6- Ley 31989: Limita la capacidad policial para incautar maquinaria en la minería ilegal. Se señala que las leyes dificultan la captura de implicados en corrupción y crimen organizado, debilitando el sistema fiscal. De los 130 congresistas 70 tienen sentencias, procesos penales y denuncias por diversos delitos, mientras los jefes de las agrupaciones políticas como Keiko Fujimori, César Acuña, José Luna, Rafael López, Vladimir Cerrón y otros tiene sentencias, procesos penales en curso e investigaciones por lavado de dinero y corrupción. Y, en el colmo de la tolerancia o complicidad, 60 de estos congresistas lograron reelegirse como diputados y senadores para el período 2026 – 2031 y por ello es casi nula la esperanza que esta situación anómala cambie, salvo uh milagro dado que Dios y el Papa son peruanos.
El conflicto armado interno en Perú (1980-2000) dejó un
saldo de aproximadamente 69,000 muertos y desaparecidos, según la Comisión de
la Verdad y Reconciliación (CVR). Las masacres fueron sistemáticas, perpetradas
mayoritariamente por Sendero Luminoso (PCP-SL) y, en menor cantidad, pero con
alto impacto, por agentes del Estado, afectando principalmente a comunidades
andinas y amazónicas: A- “Masacres de
Lucanamarca (1983): Sendero Luminoso asesinó a 69 campesinos en Ayacucho. B-
Socos (1983): Policías asesinaron a más de 30 personas en una fiesta familiar.
C- Putis (1984): El Ejército peruano masacró a más de 100 personas, incluyendo
niños, bajo falsas promesas de protección. D- Accomarca (1985): Una patrulla
del Ejército asesinó a 61 personas, incluyendo niños, en Ayacucho. E- Matanza
de los Penales (1986): Intervención militar en centros penitenciarios de Lima
que resultó en cientos de muertos. F- Barrios Altos (1991): El Grupo Colina
(grupo paramilitar del Estado) asesinó a 15 personas. G- La Cantuta (1992):
Secuestro y asesinato de un profesor y nueve estudiantes por el Grupo Colina.
(www.bbc.com). Sendero Luminoso (PCP-SL) es responsable de la mayoría de las
masacres (aprox. 215 reportadas), intensificadas en 1984, 1989 y 1993 en Ayacucho
y Junín. La CVR identificó 122 masacres cometidas por fuerzas de seguridad
estatales entre 1983 y 1984 en Ayacucho, Junín, Pasco, Huánuco, San Martín,
Ucayali. El conflicto generó el desplazamiento forzoso de miles de Asháninkas y
la destrucción de comunidades, con violaciones sistemáticas de DDHH. (www.cverdad.org.pe). Más adelante se
presentan las matanzas y violaciones de derechos humanos en el Huallaga.
Durante el conflicto armado interno las fuerzas militares y policiales entre 1980 y 2025 tuvieron un rol decisivo en controlar y derrotar al terrorismo, aunque por los métodos, consignas y estrategias de combate que utilizaron durante ese periodo aciago tres presidentes de la república, jefes militares, funcionarios y autoridades optaron por el autoritarismo y la corrupción siendo denunciados y juzgados por poner en práctica el terrorismo de Estado y haber incurrido en graves delitos de violaciones de derechos humanos tipificados como de Lesa Humanidad. Sendero Luminoso fue derrotado en el Huallaga en 2012 durante el mandato del presidente Ollanta Humala con la captura del camarada Artemio, Florindo Flores Hala, tras un trabajo de inteligencia de la policía nacional. El Movimiento Revolucionario Túpac Amaru tuvo un protagonismo con menor impacto entre 1984 y 1994, su presencia se dio principalmente en Lima, Junín, San Martín y Loreto (Yurimaguas) donde constituyó células de guerrilleros que tuvieron enfrentamientos con las fuerzas armadas y Sendero Luminoso en un radio de acción extenso, pero fueron controlados en pocos años hasta volver a aparecer en 1996 con la toma de la residencia del embajador japonés al que se puso fin mediante una intervención armada bien planificada del Comando Chavín de Huantar bajo el mando de Juan Valer Sandoval el único fallecido, antes de este episodio el MRTA realizó ataques y secuestros en el ámbito de Lima. El Militarizado Partido Comunista Peruano, MCPC remanente de SL se focalizó en el Vraem donde fue protagonista de algunas acciones armadas con muertos y heridos, se alega que tendría 200 hombres armados y como zona liberada el Vizcatan del Ene, aunque las actividades de todo tipo sean normales en esa jurisdicción, su último ataque violento fue el 11 de febrero de 2023 contra una patrulla policial con 7 fallecidos en el Centro poblado Natividad, Pichari, Cusco. En la actualidad su existencia o amenaza militar real es desconocida originándose el manejo político mediático. La aparente tranquilidad y paz social en el VRAEM fue rota de manera trágica a las 4 de la mañana del 25 de abril 2026, cuando una patrulla militar atacó con disparos a una camioneta con pasajeros en Colcabamba, Tayacaja Huancavelica matando a 5 personas y dos heridos. Ocho militares fueron detenidos por la policía acusados de asesinar y herir a 7 personas, en el Congreso congresistas por la impunidad impidieron que el ministro de defensa Amadeo Javier Flores Carcagno fuera interpelado, mientras que la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Tayacaja inició una investigación preliminar contra ocho militares y tres civiles por el presunto delito de homicidio calificado tras la muerte de cinco personas en la zona de Colcabamba.
No existe cifra oficial única y consolidada sobre el número exacto de militares que participaron o participan en la lucha contra el terrorismo entre 1980 y 2026 en Perú, ya que las fuerzas del orden operaron de manera descentralizada durante más de cuatro décadas, alcanzando picos altos en intensidad en los años 80 y 90. Sin embargo, estimaciones cercanas a la realidad indican que no menos de 50 mil militares y policías intervinieron en diferentes momentos y operaciones contra el terrorismo y de ellos no menos de 500 tuvieron cargos jerárquicos a nivel de autoridad en los frentes militares y policiales, bases contrasubversivas, comisarías, unidades móviles, patrullas, pelotones, etc. Estos en gran mayoría convirtieron el combate al terrorismo que debió ser con respeto a los derechos humanos en terrorismo de Estado, capturando, torturando, asesinando y desapareciendo al 24% de las victimas estimadas por la Comisión de la Verdad y Reconciliación en 69 mil personas de ambos sexos, adultos y niños, en el contexto de la consigna de tierra arrasada con el eslogan ‘muerto el perro se acabó la rabia’ o ‘no importa matar a cien con tal que muera un terrorista’. Pasaron 26 años y el número de victimarios investigados, procesados o sentenciados no pasa de 600 con el agravante que hoy desde el Congreso, el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía de la Nación y el Poder judicial apoyan la impunidad con leyes exprés y donde Fernando Rospigliosi un ex defensor de derechos humanos desde la Asociación Pro Derechos Humanos Aprodeh como director del programa Acción Urgente, es el principal protagonista que busca consolidar leyes pro crimen y pro impunidad en claro perjuicio a las víctimas y sus familiares. Hay algunos jueces valientes e íntegros que se niegan a aplicar la ley de impunidad mediante el control difuso y son objetos de represalias. Miles de miembros del Ejército, Marina, Fuerza Aérea y Policía Nacional participaron, especialmente a partir de 1982, cuando el control de las zonas de emergencia fue confiado a las Fuerzas Armadas, principalmente en Ayacucho. Durante los años del conflicto armado interno, se movilizaron numerosas promociones y contingentes de tropa del servicio militar obligatorio para combatir a Sendero Luminoso y el MRTA. Actualmente, los militares y policías que combatieron durante ese periodo son reconocidos por el Estado peruano como "Pacificadores de la Democracia", sin tener en cuenta que muchos de ellos son violadores de los derechos humanos de la población rural indefensa en mayoría pobre o extremadamente pobre ubicada entre dos fuegos, sin garantías, sin seguridad, sin la protección legal en parte por ausencia del Estado en zonas geográficas difíciles.
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| Helicópteros artillados equipados con ametralladoras, fusiles e instalazas de alto poder destructivo. Mininter. |
“La Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) recibió el
encargo del gobierno de investigar los crímenes y violaciones de los derechos
humanos ocurridos desde 1980 hasta el año 2000 como resultado del conflicto
armado interno que vivió el país durante ese período. El 23 de agosto de 2003,
la CVR presentó su Informe Final al país y, simultáneamente, entregó al
Ministerio Público 47 casos de graves violaciones a los derechos humanos para
su investigación y posterior presentación ante el Poder Judicial. Estos casos
abarcaban las violaciones más graves de los derechos humanos, como: Ejecuciones
arbitrarias y asesinatos (por ejemplo, las ejecuciones de Parco y Pomatambo, la
masacre de Pucará y los incidentes en las prisiones). Desaparición forzada de
personas y secuestros, que implicaban detenciones legales o ilegales seguidas
de la desaparición de las personas (como la desaparición de estudiantes de la
Universidad del Centro, autoridades de Chuschi y el periodista Jaime Ayala
Sulca, entre otros). Casos de tortura, que consistían en infligir sufrimientos
graves, tanto físicos como mentales, con el propósito de obtener confesiones o
información (incluyendo casos como el de Indalecio Pomatanta, Hugo Bustios y el
Cuartel Los Cabitos, entre otros). Violación sexual de mujeres (por ejemplo, el
caso de María Magdalena Monteza y las mujeres de Manta y Vilca en
Huancavelica). La determinación de un hecho como delito de lesa humanidad se
basa en requisitos expresos en la normativa vigente. La conducta del acusado es
un hecho ilícito del cual es consciente, aunque desconozca los detalles del
ataque. El ataque se efectúa contra parte o toda la población civil sin
distinción de nacionalidad, ni si se trata de una época de guerra. Es un hecho
de carácter generalizado, por lo que se entiende que ha sido planificado para
múltiples personas. Es sistemático, el ataque es organizado y las conductas se
vinculan un plan que se sustenta en bases políticas por parte del Estado o de
alguna organización que tenga la responsabilidad de ejercer algún poder
político. Ser uno de los actos castigados en la legislación… (“El delito de
lesa humanidad en la legislación penal del Perú. Análisis y perspectivas.”.
Bach. Shinara Jazmin Cornelio Mendoza. Universidad Nacional Daniel Alcides
Carrión. Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Escuela de Formación
Profesional de Derecho. Pasco. Dic. 2023.
http://repositorio.undac.edu.pe/bitstream/undac/4157/1/T026_76201907_T.pdf).
“El pasado 11 de agosto de 2023, la Cuarta Sala Penal
Superior Nacional reconoció oficialmente la existencia de la masacre de Cayara,
así como el asesinato y desaparición de testigos en junio y diciembre del mismo
año. Sentencia en la cual se condenó a las patrullas militares que participaron
en dichos actos y el caso actualmente está en la Corte Suprema” … “Caso
Chaupiorcco: Pese a leyes de impunidad y sentencia del TC, Corte Suprema
reafirma que graves violaciones a los derechos humanos no pueden quedar
impunes. El 14 de mayo de 2026, la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema
de Justicia de la República notificó la Ejecutoria Suprema del caso
Chaupiorcco, mediante la cual se declaró la nulidad de la sentencia de 15 de
diciembre de 2022 y ordenó un nuevo juicio oral. La referida sentencia había
absuelto a los procesados por la ejecución extrajudicial de cinco campesinos en
Apurímac, en enero de 1988. Asimismo, la Corte Suprema también rechazó aplicar
las leyes de impunidad promovidas por el Congreso (tanto la Ley de Prescripción
como la Ley de Amnistía). Aunado a ello, precisó que la reciente Sentencia del
Tribunal Constitucional sobre la Ley de Prescripción no impide que los jueces
ejerzan control de constitucionalidad y convencionalidad. Así, reafirmó que los
crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles, y que la prescripción no puede
aplicarse a hechos de esta gravedad, pues el derecho a la verdad impide que el
paso del tiempo extinga el deber estatal de investigarlos” ... “Sentencia
histórica en el caso Raccaya. Tras 43 años de espera y un juicio de más de 3
años, la Tercera Sala Penal condenó a 15 años de prisión al Gral. Jorge
Carcovich por la masacre de 41 pobladores en Raccaya (1983). Además, el
tribunal inaplicó la ley 32107 mediante control de convencionalidad,
reafirmando que los crímenes de lesa humanidad NO prescriben”. (Grupo
Reencuentro CVR, Facebook).
“La Ley de Amnistía podría liberar a distintos miembros de
las fuerzas armadas mayores de 70 años. Muchos de ellos han sido condenados o
están siendo juzgados por ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas,
torturas y violencia sexual, cometidos durante el conflicto armado interno bajo
el pretexto de combatir el terrorismo. Según datos de la Coordinadora Nacional
de Derechos Humanos (CNDDHH), la medida podría beneficiar a por lo menos 600
procesos judiciales abiertos por delitos como ejecuciones extrajudiciales,
desapariciones forzadas, tortura y violencia sexual, además de más de 150 casos
con sentencia firme. En total, más de 750 procesos judiciales estarían en
riesgo de cerrarse. “Durante décadas, madres, esposas, hijos e hijas de
víctimas han luchado incansablemente por obtener justicia. Gracias a ese
esfuerzo, el país logró avances significativos en numerosos casos de
violaciones a los derechos humanos”, señala la CNDDHH en un comunicado
reciente”.
(https://wayka.pe/ley-de-amnistia-dejaria-impunes-mas-de-750-crimenes-de-lesa-humanidad/)
“El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos
lamentó profundamente la entrada en vigor de la ley (de amnistía, iniciativa
del Congreso promulgada por el ejecutivo peruano), afirmando que contraviene
las obligaciones del país en virtud del derecho internacional. Ni amnistía ni
prescripción para esos crímenes. Volker Türk consideró que el hecho es
especialmente preocupante en un contexto más amplio de retrocesos en materia de
derechos humanos y el estado de derecho en Perú. “Los crímenes de lesa humanidad
y los crímenes de guerra figuran entre las violaciones más graves del derecho
internacional y no deben ser objeto de amnistías ni prescripción”, subrayó
Türk. Con la promulgación de la ley quedan suspendidos el proceso judicial en
curso al expresidente fallecido Alberto Fujimori, y las investigaciones de
atropellos de los derechos humanos perpetrados en las décadas de 1980 y 1990,
entre ellos las esterilizaciones forzadas de indígenas que afectaron a unas
350.000 mujeres y 25.000 hombres. Además, la legislación anulará las sentencias
ya dictadas a los casos sucedidos durante el gobierno de Alberto Fujimori,
quien salió de prisión por razones humanitarias. Sin rendición de cuentas no
hay verdad, justicia, ni reparación. “La imprescriptibilidad de los crímenes de
lesa humanidad es una norma de jus cogens y de derecho internacional
consuetudinario, de la cual no se admite derogación alguna y a la cual Perú
debe adherirse”, recalcaron los expertos.” (news.un.org/es/story/2024/08/09).
“La tipificación de los crímenes de Derecho internacional
“crímenes internacionales” o crímenes contra la paz y la seguridad de la
humanidad constituye uno de los mayores avances de las normas de la comunidad
internacional: la sanción de las conductas humanas más reprensibles que pueden
ser concebidas, promovidas o ejecutadas por el ser humano organizado desde el
poder público contra otros seres humanos; conductas que, por violar intereses
generales esenciales de la comunidad internacional en su conjunto, son
tipificadas directamente por el Derecho internacional, con independencia de que
lo haga o no el Derecho estatal; y que pueden ser reprimidas por la
jurisdicción internacional además de por la interna, son la esencia del sector
de normas jurídicas internacionales denominado Derecho internacional penal…
Hasta 1945, el modo en que un Estado tratase a las personas bajo su
jurisdicción (derechos humanos) solo estaba regulado por los derechos internos…
La Carta de las Naciones Unidas es el primer tratado internacional de la historia
que internacionaliza los derechos humanos. Derechos de todo ser humano, no de
categorías o grupos (víctimas de la guerra, minorías, refugiados, extranjeros)
que ya tenían cierta protección internacional antes. Fue la piedra del edificio
del Derecho internacional de los Derechos Humanos, también hoy en construcción…
Las infracciones materiales concretas se han de cometer en dicho contexto, como
parte del mismo y con su conocimiento; son tales como: asesinato, exterminio,
esclavitud, deportación o traslado forzoso de población, encarcelación u otra
privación grave de la libertad física; tortura; crímenes sexuales; persecución;
desaparición forzada; apartheid; y otros actos inhumanos de carácter similar,
cláusula abierta de gran relevancia para la lucha contra la impunidad”.
(www.politicaexterior.com/articulo/crimenes-internacionales-ayer-y-hoy).
Los gobiernos elaboraron hipótesis equivocadas sobre las
organizaciones subversivas y procedieron a dar una respuesta fundamentalmente
militar que terminó por agravar el conflicto, propiciando su escalada tal como
el PCP-SL buscaba. Si bien, dada la gravedad de los hechos, era inevitable que
el Estado utilizara a sus fuerzas armadas para hacerle frente, declarando
además los estados de excepción, los gobiernos lo hicieron sin tomar las
previsiones del caso para impedir atropellos a los derechos fundamentales de la
población. Peor aún, a la abdicación de la autoridad civil en la conducción de
la respuesta estatal contrasubversiva se sumó la desatención a las denuncias de
violación de los derechos humanos e incluso, en varios casos, la garantía de
impunidad que se facilitó a los responsables de las mismas. Según los casos
reportados a la CVR, los agentes del Estado, Comités de Autodefensa y
paramilitares son responsables del 37.26% de muertos y desaparecidos. De estos,
especialmente miembros de las fuerzas armadas escalaron la violencia iniciada
por el PCP-SL, resultando responsables del 28.73% de muertos y desaparecidos
reportados a la CVR. Si bien en nuestro país no se repite el esquema clásico
latinoamericano, ello no exime la responsabilidad por la acumulación de graves
denuncias sobre sus agentes que, incluso investigadas, no fueron sancionadas.
En efecto, otra de las peculiaridades del conflicto armado interno es que hubo
importante información, denuncias e investigación sobre los hechos de violencia
y las violaciones a los derechos humanos que no se tomaron en cuenta al momento
de las investigaciones.
Por todo lo expuesto, es importante analizar el conflicto
peruano como parte de un proceso en el que las acciones de violencia
transcurrieron a lo largo de varias décadas, con incrementos graduales de
intensidad y extensión geográfica, afectando principalmente a zonas marginales
al poder político y económico y dejando a los campesinos e indígenas como
símbolos por excelencia de las víctimas. La aparente lejanía del poder y de los
núcleos de decisión, en un país fuertemente centralizado, permitió que el
«problema de la violencia», crucial y cotidiano para cientos de miles de
peruanos, se mantuviese como un tema secundario para las agendas pública y
privada del país por varios años. La gravedad de la situación peruana, sin
embargo, no se limitó a un conflicto no convencional entre organizaciones
subversivas armadas y agentes del Estado, sino que incluyó en el mismo período
1980-2000 la peor crisis económica del siglo que desembocó en un proceso
hiperinflacionario inédito en el país; momentos de severa crisis política que
incluyeron el debilitamiento del sistema de partidos y la aparición de
liderazgos providenciales, un autogolpe de Estado y hasta el abandono de la
Presidencia de la República en medio de uno de los mayores escándalos de
corrupción de la historia peruana..
“La justicia vive hoy una paradoja: es, al mismo tiempo, el
último dique contra la arbitrariedad y el poder sin freno, y uno de los blancos
predilectos de quienes buscan gobernar sin contrapesos. Esta tensión no es
exclusiva de ningún país en particular. Se repite en democracias que se
erosionan lentamente, en regímenes que consolidan su autoritarismo, y también
en los tribunales internacionales que custodian el orden jurídico global y
protegen los derechos humanos. Los ataques a la justicia nacional e
internacional, que no son simplemente críticas legítimas a su desempeño o
discusiones válidas sobre su rol que ocurren en el marco democrático, no son
episodios aislados. Son acciones parte de un patrón que buscan afectar su
independencia, reducir sus capacidades y eliminarla como un límite al poder
político”. (DeJusticia, abril 13 de 2026.
https://www.dejusticia.org/la-justicia-en-jaque-pero-aun-no-en-mate/).
La controversial zona del Alto Huallaga se convirtió, desde
1982, en uno de los escenarios de mayores enfrentamientos y violaciones de
derechos humanos de todo el conflicto armado interno, quedando convertido el
río Huallaga en la fosa de restos humanos más grande del país y quizás del
mundo, al que se sumaron los ríos Monzón, Aguaytía, Ucayali, Pachitea. En tales
circunstancias, todos los actores que intervinieron en la zona terminaron
siendo afectados por el narcotráfico, la corrupción, el autoritarismo y las
violaciones de derechos humanos que de éste se derivan.
 |
| El poder bélico y la capacidad de combate de un militar era superior a la de un combatiente terrorista que por lo general estaba mal armado, salvo los integrantes de columnas o guerrillas. Defensa. |
III. Guerra
Sucia y DD.HH. en el Huallaga.
Extrañamente las matanzas y masacres producidas en el Huallaga no tuvieron la incidencia e impacto de otras zonas como Ayacucho, Junín, Huancavelica o Lima. ¿Por qué las violaciones de derechos humanos y delitos de lesa humanidad cometidos con criminal alevosía y sangre fría contra poblados enteros fueron promovidos, incentivados y ordenados desde altos cargos de la administración estatal incluyendo al propio presidente de la República? ¿Cómo es que organismos como La Defensoría del Pueblo, Fiscalía de la Nación, Poder Judicial y el Tribunal Constitucional abdicaron o concordaron y conspiraron para que los delitos de lesa humanidad no fueran denunciados, procesados y sentenciados (salvo excepciones) no obstante la magnitud y relevancia de estos y del impacto negativo que tuvieron en la sociedad peruana? ¿Se reconoció en algún momento el papel de contribución realizado por La Cruz Roja Internacional, Amnistía Internacional, WOLA, Organismos no gubernamentales defensores de derechos Humanos, la Oficina de derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas o de la OEA?
El presidente interino del Congreso de la República, aseguró
que durante la guerra interna nunca hubo violación generalizada y sistemática
de derechos humanos en un burlón intento de defender sus leyes pro crimen y pro
impunidad evitando que quienes se comportaron como terroristas de Estado y
criminales de guerra violadores de derechos humanos sean procesados y
sentenciados por los delitos de lesa humanidad. En este informe demostramos que
no solo es falsa y tendenciosa su postura de patentar la impunidad en
representación de la posición fujimorista radicalmente autoritaria y represiva;
es LESIVA y HUMILLANTE para las víctimas, sus familias.
En los brutales hechos de sangre que abordamos, se ha violado
el derecho a la vida y la integridad personal, así como el derecho a la
libertad, seguridad y paz social, los que conforman el llamado núcleo duro de
derechos humanos que no admiten excepción. Así, el derecho a la vida se
encuentra consagrado en el artículo 6º del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos y en el artículo 4º de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, así como en las disposiciones contenidas en el artículo 3º
común a los Convenios de Ginebra. El derecho a la integridad personal se
encuentra consagrado en el artículo 7º del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos, el artículo 5º de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos y el artículo 3º común a los Convenios de Ginebra. El derecho a la
libertad y seguridad personales, está consagrado en el artículo 9º del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en el artículo 7º de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos. Los hechos de sangre cometidos con
alevosía, ventaja o desprecio a la vida en el Huallaga permanecieron hasta hoy
en la impunidad al no haber tenido la cobertura, impacto o relevancia que
tuvieron otras masacres y delitos de lesa humanidad cometidos en Ayacucho,
Lima, Junín y otras jurisdicciones en un escenario amplio de guerra fratricida
total. Los casos que describimos y analizamos son algunos de las centenas que
se produjeron en la región Centro Oriente y están contenidos en el Informe de
la Comisión de la Verdad y Reconciliación, CVR, en el libro “La Guerra Oculta
en el Huallaga, Monzón y Aguaytía” y otros medios escritos. Lo que sigue es el
relato de algunas de las masacres, matanzas y arrasamientos de las decenas
producidas en el ámbito del Alto Huallaga y Huallaga Central que en parte nos
tocó dar cobertura para la prensa escrita y televisiva nacional y extranjera de
1984 a 2015:
La Mega “Operación Aries”. Fue la operación militar más
grande y brutal contra una veintena de poblados con el objetivo de intervenir
en poblaciones consideradas a priori como nidos terroristas, con más de mil
militares fuertemente armados y entrenados especialmente para matar que eran
precedidos de acciones bélicas de ablandamiento con helicópteros y aviones
Tucano artillados que dispararon cientos de rockets o instalazas de gran poder
explosivo a casas y grupos de campesinos que huían, seguidas de incursiones por
tierra con la consigna de acabar los grupos senderitas que incluía la quema de
viviendas y asesinatos de toda persona que era encontrado huyendo del ataque
alevoso y criminal. El 23 de abril de 1,994, el Jefe de Frente Huallaga, aceptó
ante los miembros de la Comisión de Derechos Humanos y Pacificación del
Congreso Constituyente Democrático, que desde el 5 de abril de 1,994 se comenzó
a implementar un plan de operaciones contrasubversivas, denominado “Operativo
Aries”. Asimismo, reveló que el plan llevado a cabo era secreto y confirmó que
el lugar donde se desarrollaron las operaciones coincide con el señalado en las
denuncias hechas por los pobladores que escaparon del lugar. La Comisión de la
Verdad y Reconciliación, tomó el testimonio de un efectivo militar que
participó en la operación “Aries”, cuya identidad, por razones de seguridad, se
mantiene en reserva, quien señaló que, para realizar la Operación Aries, las
Fuerzas Armadas prepararon compañías especiales en estrategias antisubversivas.
Estas compañías fueron: en Lima la Compañía de Comando N° 19, en Tarapoto la
Compañía de Comandos, en Tingo María la Compañía Antisubversiva N° 313 y la
compañía Pachacutec. Asimismo, indicó que el gobierno respaldó decididamente la
preparación de estos comandos especiales facilitándoles armamento sofisticado,
municiones, alimentos especiales. Incluso se contó con el apoyo de expertos en
estrategia antisubversiva, uno de ellos traído desde Israel: “Para el tipo de
operación que se tenía que realizar que era fuera de lo normal, nos enseñaron
las operaciones militares de guerra reales, operaciones de combate con un
israelí y las estrategias de cómo entrar a la zona y enfrentar al enemigo:
ejecutivo o selectivo”. Asimismo, el testigo aseguró que, durante el
entrenamiento de los comandos, varias veces estuvo presente el general Nicolás
Hermoza Ríos, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, y el presidente
de la República, Alberto Fujimori Fujimori, apoyando en todo lo necesario para
su mejor preparación. Inclusive horas antes de iniciarse la operación, los
comandos fueron visitados por el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas
Armadas, quién los alentó a cumplir con la misión que se les había encargado...
Al final nos dijo que quería hablar con nosotros sobre la importancia de la
misión y la importancia que tenía este trabajo por el bien del país, de nuestra
familia y de nuestro futuro mismo, habló con nosotros bastante fue como una
antesala antes de salir al campo. El jefe del Frente Huallaga ante la Comisión
de Derechos Humanos y Pacificación del Congreso Constituyente Democrático
confirmó el uso de rockets en el operativo. “Las operaciones son básicamente
terrestres, pero tienen el apoyo de los helicópteros.... el apoyo de fuego
puede ser con helicóptero, con las ametralladoras que van artilladas dentro del
helicóptero... los roquet... El roquet no vaya a pensar que es algo grandazo.
No, el roquet es tan igual como el que lleva el subversivo”. Estos también
fueron confirmados ante la Comisión de la Verdad y Reconciliación: “... A
inicios de abril cuando me encontraba en mi casa ubicada en el Poblado Santa
Teresa... de pronto aparecieron miembros del ejército que habían bajado de un
helicóptero... en la segunda vez que vinieron el ejército empezó a bombardear
toda la zona ... los bombardeos habrán durado unos 20 días, quizás más...” “Desde enero de 1994 el ejército empezó a
ingresar a la zona de Carmen Alto- Caserío de Moyuna, haciendo disparos y
bombardeando, matando a varias personas...” Las Fuerzas Armadas llevaron a cabo
el “Operativo Aries” tomando el puerto de Venenillo, y formando una especie de
pinza que recorrería por chacras y caseríos del “Bolsón Cuchara” y del “Bolsón
Primavera”, para de esa manera, no dejar escapar a los subversivos. “El
Ejército está arriando a la gente para adentro y nosotros cada uno por nuestra
cuenta hemos podido escapar.” Los
comandos que participaron en las acciones fueron apoyados, durante su
recorrido, por helicópteros artillados que lanzaban cohetes y balas a las casas
que los comandos indicaban a través de la radio. “... según que va corriendo la
gente adelante tiran la bomba, por detrás está también el Ejército, a veces
hasta dos helicópteros, yo estoy seguro que la totalidad de esa gente ya no
vive.” Existen suficientes elementos que permiten afirmar que, en el marco de
las operaciones contrasubversivas en la provincia de Leoncio Prado, se
produjeron la muerte de muchas personas. En total suman 39 víctimas no identificadas.
Participaron en los hechos el Capitán EP Roberto Villar Chamorro, Jefe de la
Patrulla “Pachacutec”; el Capitán EP Mario Walter Chala Mena, Jefe de la
Patrulla “Veneno”; el Teniente EP César Doria Sato, Jefe de la Patrulla
“Lozada”; el Teniente EP Hugo Pablo Vásquez Guía, cuyo apelativo era “Javier” o
“Yuyo”; el Teniente EP William Omar Lozano Flores; y los oficiales no
identificados que responden a los apelativos de Capitán “Camilo”, Capitán
“Manssur”, Mayor “Yusepi”. Además, estuvieron involucrados, debido a su cargo,
los entonces General EP Alberto Rodríguez Riveros, jefe del Frente Huallaga;
Coronel EP Emilio Murgueytío Yánez, jefe de Estado Mayor del Frente Huallaga;
y, el Teniente Coronel EP José Orihuela Lavado, jefe del Batallón Contrasubversivo
N° 313, de Tingo María (Fallecido). En este sentido, se puede afirmar que las
ejecuciones de los Operativos “Cuchara”, “en Cayumba Chico, Paraíso”” y
“Aries”, así como los ataques llevados a cabo en Venenillo, ocasionaron
múltiples violaciones de derechos humanos, principalmente porque dentro en la
estrategia militar se consideró como subversivo a la población civil que se
encontraba en la margen izquierda del río Huallaga, en localidades como
Venenillo, Moyuna, Pozo Rico, Bambú, Cerro Alto, Cuchara, zona de Carmen Alto,
Moena, Corvina, etc. “Venenillo era terrible” dice una ex autoridad comunal,
“allí la vida no valía nada, podías ser muerto por los senderistas o los
militares y no pasaba nada”. “Tu mujer y tus hijas en cualquier momento eran
violadas y asesinadas…no podías denunciar porque también te acusaban de
terruco, te torturaban, cortaban el cuello y botaban al río”. “Los narcos que
eran capturados y no podían pagar altas cantidades de dinero eran
desaparecidos”. “Cuando capturaban mandos e incautaban armas largas, les pedían
dinero para darles libertad y entregarles los fales y metracas”. “Los
dirigentes terrucos se vacilaban porque eran capturados y salían como si nada
del cuartel, pero los campesinos pobres acusados de ser senderistas no tenían perdón…”.
Versión de testigos plenamente identificados. Los periodistas Gilberto Hume de
Univisión y Cecilia Valenzuela de la revista Caretas registraron los restos
mortales de 7 campesinos cosechadores de coca en Moyuna de Anda en proceso de
descomposición y generaron gran impacto con sus reportajes.
Desapariciones y Torturas en BCS 313, Los Laureles. En la
provincia de Leoncio Prado, la acción antisubversiva fue asumida por la
jefatura militar del BCS N° 313 de Tingo María, desde el segundo semestre de
1,984. Coincidentemente a partir de esa fecha se registrarse un incremento de
las víctimas de la violencia, agravándose desde la creación del Comando
Político Militar del Huallaga, en 1,989, que luego fue Frente Huallaga. Entre
ese año y 1,993 el número de víctimas ascendió de forma impresionante, conforme
a testimonios recibidos por la Comisión de la Verdad y Reconciliación, los
detenidos eran imputados de pertenecer o haber colaborado con la subversión,
siendo víctimas de maltratos, torturas o asesinatos extrajudiciales. La
provincia de Leoncio Prado fue definida como de una superior intensidad en
violencia; el distrito de José Crespo y Castillo ocupó el segundo lugar a nivel
nacional, después del distrito y provincia de Huanta (Ayacucho) con 929 víctimas
entre muertos y desaparecidos. Durante los 20 años de violencia política hubo
1,607 víctimas, entre muertos y desaparecidos, siendo el distrito de Rupa Rupa
(cuya capital es Tingo María) el que ostenta el segundo lugar (16%), detrás de
José Crespo y Castillo (58%). En suma, la violencia registrada entre los años
de 1,989 a 1,993 alcanzó el 54,61% de la totalidad de hechos ocurridos entre
1980 al 2000 en esta provincia. El Batallón Contrasubversivo N° 313 constituía
un centro de detención en el que se torturaba a personas detenidas por su
presunta vinculación con el terrorismo y, en algunos casos se llegaba al
extremo de ejecutarlos extrajudicialmente. Un ex soldado, que prestó servicio
militar entre el 25 de abril de 1,991 al 15 de abril de 1,993, reconoció haber
pertenecido a una “patrulla especial de Comandos” del Batallón Contrasubversivo
N° 313, y como tal fue testigo de muchas matanzas que hicieron. “A toda gente
detenida, a veces cuando lo torturaban se les pasaba la mano, ya pues tenían
que matarle y tirarle al río Huallaga”. Asimismo, indica que durante el
desarrollo de patrullajes se realizaban detenciones y en algunos casos se
ejecutaba a los detenidos “Sí, eran ejecutadas allí no más, cuando se les
encontraba armamento, allí en la casa y no querían hablar de quién era o cómo
ha llegado eso allá, los detenidos en mayoría eran trasladados al cuartel los
Laureles”. Éste soldado sufrió tratos
humillantes por militares cuando fue detenido el 17 de diciembre de 1993,
acusado de terrorista: “(Fui) torturado quince días... me metieron
electricidad, me golpeaban con el mango del pico, con el palo, me rompieron dos
costillas”. Otro ex soldado que también prestó servicio militar en el BCS No
313 en 1991, recordó que en dicha instalación castrense: “Había un lugar que le
llamaban ‘la parrilla’ (un cuarto pequeño), ahí los miembros del Ejército
torturaban a los senderistas para sacarles información, los que no hablaban
bajo torturas murieron». En tales
circunstancias, según el Testigo N° 700629 (también ex recluta), la liberación
de algunos detenidos se producía a cambio de dinero: “En esta base (Batallón de
Tingo María) también detenían a las personas, pero no mataban a todas,
solamente al que no tenía plata. El Testigo N° 430089, recuerda que el 2 de
noviembre de 1,988, en el marco de un operativo militar, fue detenido su
hermano Guillermo Sandoval Rojas por indocumentado, cuando transitaba cerca al
puente Pendencia (distrito de Daniel Alomías Robles), siendo trasladado al BCS
No 313. Cuando fue a preguntar le negaron información sobre el paradero de su
hermano. Sin embargo, al preguntar: “a unos soldados que estaban en la
tranquera de control, éstos inmediatamente le respondieron: ‘Sí, lo mataron en
la noche y el cuerpo lo botaron al río’. Porque él había saludado a los
soldados diciendo ‘Buenas noches compañeros’, lo detuvieron como senderista».
Además, se registraron los siguientes casos: 1. Desaparición de Samuel Reynaldo
Ramos Diego y Jesús Liceti Mego. En este caso los presuntos responsables son el
Capitán EP de Infantería Robin Eric Valdivieso Ruíz, encargado de las
investigaciones en el Batallón Contrasubversivo N° 313 de Tingo María, y el Sub
Oficial de Tercera EP Augusto Máximo Camallanqui. 2. Desaparición de Víctor
Antonio Martel León. La presunta responsabilidad se deberá determinar entre los
integrantes del Estado Mayor en la fecha que ocurrieron los hechos. 3.
Desaparición de Denor Sandoval Rojas. Conforme al Testigo No700751, los
presuntos responsables serían los oficiales conocidos como “Capitán Esparza”,
“Teniente Israel”, “Teniente Hussein” y “Teniente Rafa” y “Marcelo”. 4.
Desaparición de Atilio Hurtado Sánchez, Margarita Bonifacio Nolasco y Víctor
Bonifacio Nolasco De acuerdo a la declaración del Testigo N° 700751, los
responsables fueron los oficiales conocidos como “Capitán Esparza”, “Teniente
Israel”, “Teniente Hussein” y “Teniente Rafa” y “Marcelo, el soldado Rafael
Ciriaco Modesto, los integrantes del Estado Mayor y el Teniente Coronel EP
Benigno Leonel Cabrera Pino, jefe del Batallón Contrasubversivo N° 313”.
Arrasamientos y matanzas en el margen izquierdo y derecho del río Huallaga.
Los informes de inteligencia del Ejército Peruano indicaban que en 1,993,
Sendero Luminoso controlaba la margen izquierda del río Huallaga, en especial
en las zonas denominadas “Bolsón Primavera” y “Bolsón Cuchara”. Por eso, los
campesinos que habitaban en el lugar eran vinculados a Sendero Luminoso.
Asimismo, se tenía información que en este sector se encontraba el cabecilla
senderista Oscar Ramírez Durand, alias “Feliciano”. El informe de la Fiscalía
Especial, de la Defensoría del Pueblo y Derechos Humanos del Distrito Judicial
de Huánuco y Pasco, indicaba que, en el año de 1,993, se presentaron 53
denuncias sobre detenciones realizadas en el departamento de Huánuco, producto
de las cuales 178 personas estaban desaparecidas. Los jefes militares fueron
denunciados como autores de las detenciones, torturas y desapariciones.”. Según
el representante del Ministerio Público, esta cifra era menor a la que se
registró en 1992 en relación a población urbana, pero no con relación a las
zonas rurales ubicadas en Inti, Venenillo, Sachavaca, Tingo María y otras
comunidades de la provincia de Leoncio Prado. De acuerdo a la Defensoría del
Ministerio Público, sólo en la provincia de Leoncio Prado se registró 315 casos
de detenciones irregulares entre 1,989 y 1,992, de las cuales 183 personas se
encontraban desaparecidas. Asimismo, según la Base de Datos de la Comisión de
la Verdad y Reconciliación, en la provincia de Leoncio Prado, entre los años
1,989 y 1,994 alrededor de 232 personas perdieron la vida y 198 estaban
desaparecidas. La mayoría de los casos se produjeron en los distritos de Rupa
Rupa y José Crespo y Castillo. Asimismo, las fuerzas del orden fueron imputadas
de ser los principales autores de estos hechos. Luego de decretarse en
emergencia el departamento de Huánuco, en especial en la zona del margen
izquierdo del río Huallaga, las fuerzas del orden realizaron varios operativos.
Estas operaciones consistían en “bombardeos aéreos”, ejecutado por aviones de
combate –Tucano- y helicópteros
artillados, lo que se denomina en el lenguaje militar “el ablandamiento”, para
luego dar pase a la incursión de las patrullas del Ejército por tierra. Las
tropas que ingresaban a los poblados que habían pasado por el proceso de
“ablandamiento”, tenían la orden de dar muerte a todas las personas que
encontraban (en realidad muchos no eran terroristas, sino pobladores que huían
de los bombardeos), así como incendiar viviendas, sembríos, animales, para
evitar que sirvan de sustento a los subversivos. la investigación registró los
casos sangrientos siguientes:
1. Arrasamiento en Venenillo y caseríos aledaños. En junio
de 1,989 el diario La República informó que, en el caserío de Venenillo, distrito
José Crespo y Castillo, provincia Leoncio Prado, aproximadamente 300 personas
murieron a raíz de un enfrentamiento entre elementos subversivos y efectivos
militares. Sin embargo, posteriormente se denunció que muchos de los muertos
que fueron identificados y no pasaron de 60 eran civiles, niños y personas que
no participaban del conflicto armado. De acuerdo con el testimonio reservado de
un ex miembro del Ejército Peruano, ante la Comisión de la Verdad y
Reconciliación, en el enfrentamiento armado falleció el capitán Marcos Arangurí
Medina y seis integrantes de la tropa; por esta razón, los efectivos militares
“limpiaron” la zona, es decir, ejecutaron extrajudicialmente a las personas que
encontraron en los alrededores del caserío de Venenillo. Según el declarante,
el jefe del Batallón Contrasubversivo N° 313 de Tingo María, Teniente Coronel
Pedro Tello Delgado, les había comunicado que el General Jefe del Frente
Huallaga, General EP Alberto Arciniega Huby, había ordenado que “arrasen”, lo
que fue asumido como un mandato para ejecutar a todas las personas que
encontraran en los alrededores: “El mismo comandante estaba allí. El general le
ordenó... el comandante nos dice a nosotros que el general ordenó que
arrasemos”. Asimismo, señaló que asesinaron alrededor de 300 personas que
vivían cerca a Venenillo y, posteriormente, quemaron sus cuerpos o los
arrojaron al río: “Más o menos un promedio de 200, 300, entre hombres, niños y
mujeres (...) Nosotros comenzamos a matar y a tirar los cadáveres al río y los
de la DEA llamaron a Tingo María diciendo que de río arriba venían cadáveres.
Nosotros hemos bajado a recogerlos. Eran los mismos que tirábamos. Regresamos y
los comenzaron a quemar. Eran de
Venenillo, Culebra, había un pueblo Dos de Mayo. No me acuerdo más... Era orden del comandante, “que arrasemos
nosotros”. Por su parte, el General Arciniega Huby reconoció ante la Comisión
de la Verdad y Reconciliación que en Venenillo se produjo un enfrentamiento,
producto del cual murió un Capitán, confirmando en ese sentido la versión del
testigo reservado. Sin embargo, negó haber ido a la zona y ordenado el
arrasamiento. Asimismo, aseveró que, al día siguiente de lo ocurrido en
Venenillo, él estuvo en Lima, en el velorio del oficial fallecido. Pero, no
descarta que el jefe del Batallón Contrasubversivo de Tingo María se haya
dirigido al lugar. Con todo, la cifra de 300 muertos era alta y podría tratarse
de información sobredimensionada lo que no quita el impacto en la violación de
derechos humanos registrada y comprobada.
 |
| El llanto del (©) Artemio sentenciado a cadena perpetua por terrorismo agravado, narcotráfico y lavado de activos el 07 de junio de 2013. Fue capturado el 12/02/2012. Justicia. |
2. Operativo «Cuchara». En marzo de 1,992, efectivos del
Ejército de la Base Contrasubversiva N° 313, reforzados con un gran contingente
del Batallón de Comandos Nº 19 -que pertenece a la División de Fuerzas
Especiales (DIFE)-, llevaron a cabo el “Operativo Cuchara”, en las zonas
conocidas como “Bolsón Cuchara” y “Bolsón Primavera”. En esta acción
participaron 600 comandos de Lima; “vienen 115 de Tarapoto; se unen a nosotros
un promedio de 250 hombres. Eran como 900 hombres que entramos al operativo” De
acuerdo a la declaración de un testigo reservado uno de los objetivos de esta
operación eran dar una lección a los pobladores para que no apoye a Sendero
Luminoso: “... Hacer una guerra psicológica, que tengan pánico y que los
pobladores dejen de ser terroristas, ósea que deje de apoyar porque le va a
pasar a ellos, porque si no van a morir, así fueran inocentes para que ya no
haya ese acuerdo porque la gente creía demasiado (en la subversión)…” Estos
hechos fueron confirmados por dos ex reclutas que formaron parte de una
patrulla militar que ingresó en la zona: … “ingresaron diez patrullas, cada
patrulla compuesta de 30 soldados, de la
DIFE de Lima, de Tocache, de Tarapoto, se juntaron todos, primero bombardearon
la zona, entraron los helicópteros... casa que encontraban casa que quemaban y
a la gente la mataban a todos, allí no dejaron ningún sobreviviente, desconozco
cuantas personas fueron asesinadas, las casas eran quemadas con kerosén,
gasolina”. “... las casas, las chozas, las áreas de cultivo y todo lugar donde
se distinguía presencia de personas, era bombardeado por los helicópteros y que
además participó una avioneta (Tucano) la que le disparaba balas por todos
lados. Este operativo según información de la prensa local y nacional fue más
contundente que el de Venenillo y donde pudieron morir un número mayor de personas.
3. Masacre en Pozo Rico. El 19 de marzo de 1,992, cerca de
treinta pobladores, “casi todos familiares”, decidieron huir del caserío
conocido como “Alto Cuchara”, por los constantes bombardeos y porque estaban
seguros que las patrullas del Ejército llegarían en cualquier momento a
atacarlos. Estos pobladores eran: Hermelinda Rivera Cajas, sus hijas Florcita,
Elva y Maira Hinostroza Rivera, su esposo Santos Hinostroza Medrano; Amalia
Rivera Cajas, sus hijos Jean y Jhonatan Hinostroza Rivera, su esposo Samuel
Hinostroza Medrano; Eudocia Moreno Chumbes y sus cuatro hijos, su hermano
Ignacio Moreno Chumbes, su madre Cipriana Moreno Mercado; Gumersindo Moreno
Chumbes, su esposa Feliciana Gonzáles Asca, su primo Francisco Medrano Moreno;
Epifanio Valencia Medrano, Epifanio Hinostroza Medrano; Félix Medrano Moreno;
Fredy Medrano Soria; Paty Moreno Chumbes; Lili Gómez Rivera y Quiroga Pino
Valencia. Cuando estaban cerca del Caserío de Pozo Rico, se encontraron con una
patrulla militar. Frente a este hecho, algunos pobladores se internaron en el
monte tales como Amalia Rivera Cajas, su hijo Jean Hinostroza Rivera, Félix
Medrano Moreno, Fredy Medrano Soria, Paty Moreno Chumbes y Lili Gómez Rivera.
Estas personas vieron las ejecuciones de los demás pobladores: “...empezaron a
registrar las pertenencias de las personas que huían (...) Santos Hinostroza
Medrano fue separado del grupo y lo llevaron hacia el monte, al rato se escuchó
un disparo y vieron que él caía al piso sangrando”. De acuerdo a las
declaraciones obtenidas, los efectivos militares separaron a las mujeres y a
los niños que no pudieron huir y los ejecutaron con disparos de arma de fuego,
primero a los varones, luego a las mujeres y finalmente a los niños. Después de
un mes, Benito Capcha, poblador de Pozo Rico, en uno de sus chacras encontró 23
cadáveres, entre los que había una mujer embarazada, que estaban siendo
devorados por animales de carroña. Posteriormente, con los miembros de su
caserío, sepultaron los restos en “fosas individuales”. Asimismo, la testigo
Liberato Castañeda Rivera reveló que vio los cadáveres de sus familiares en el
cerro Alto Cuchara, cerca del caserío Camote. Así como los cuerpos de 14
personas asesinadas en el cerro Alto Cuchara. Entre las víctimas que se han
logrado identificar se encuentran: Hermelinda Rivera Cajas (29), Florcita
Hinostroza Rivera (06), Elva Hinostroza Rivera (04), Maira Hinostroza
Rivera(09), Santos Hinostroza Medrano (09), Jhonatan Hinostroza Rivera (02),
Samuel Hinostroza Medrano (26), Eudocia Moreno Chumbes (27), Cipriana Moreno
Mercado (80), Francisco Medrano Moreno (23), Gumersindo Moreno Chumbes (29),
Feliciana Gonzáles Asca (26), Epifanio Valencia Medrano, Adelina (23), cuñada
de Ignacio Moreno Chumbes, Hija de Adelina, sobrina de Ignacio Moreno Chumbes, entre otros.
4. Masacre en Bambú. El 9 de marzo de 1,992 Antonio Bazán
Isminio, dueño de plantaciones de cacao y plátanos en el caserío de Bambú,
ubicado en el “Bolsón Primavera” (a media hora de Aucayacu) contrató a doce
personas para que lo ayudaran en la cosecha. Ese mismo día partió con ellos en
su bote, en el que viajaban su hijo Antonio Bazán Rodríguez, y los peones
Jeremías López López y Neptalí Jamaica Homero (14) entre otros. Al día
siguiente Horacio Bazán Isminio (hermano de Antonio), quien trabajaba como
botero en la ruta Aucayacu – Moena, descubrió el bote de su hermano surcando
río abajo, con manchas de sangre y algunas prendas de vestir en su interior.
Cuando fue a la Base Militar de Aucayacu, la que estaba a cargo del Capitán
“Esparza”, quien negó tener conocimiento acerca de los hechos. Sin embargo,
Horacio Bazán supo luego que los agricultores “se encontraron con una patrulla
de comandos del Ejército Peruano de Lima” quienes ingresaron al caserío de
Bambú el 10 de marzo, asesinando a todos los que estaban trabajando en la
cosecha. Le dijeron que los asesinatos se cometieron como represalia por la
muerte de unos comandos en comunidades cercanas, lo que ocasionó la orden de
“matar a todos los que se encontraban en la zona”. Gavina Gomero Bautista
denunció que, cuando los familiares intentaron llegar a Bambú para recoger los
cadáveres de sus seres queridos, fueron amenazados por los militares. Pero
después de tres días llegaron y “encontraron a los cadáveres regados por
distintas partes, con muestras de torturas”. Los familiares de Neptalí Jamanca
Homero hallaron su cuerpo y observaron que presentaba “un orificio de bala a la
altura de la ceja izquierda y la ruptura del cráneo en la parte posterior (del
cráneo)”. Y, los cadáveres de Raúl Tapullima
Rengifo y Segundo Tapullima Shupingagua, mostraban signos de haber sido
golpeados y quemados antes de dispararles. Las personas que perdieron la vida
en estos hechos fueron: Antonio Bazán Isminio, Antonio Bazán Rodríguez,
Jeremías López López, Neptalí Jamanca Homero (14), Raúl Tapullima Rengifo (43),
Segundo Raúl Tapullima Shupingahua (13), Ildefonso Tenazoa Amasifuen, Oswaldo
Shica Soto y Armando Mejía. De acuerdo al testigo, los que participaron en el
operativo “Cuchara” fueron miembros del Batallón de Comandos Nº 19 y de la
División de Fuerzas Especiales (DIFE) del Ejército, entre los que se
encontraban el Teniente EP Víctor Ausúa Montalvo, el Teniente EP Orlando
Hermosa Ibáñez, Teniente EP Luis Luque Solís Luis, Teniente EP William Córdova
Román, Teniente EP Jorge Gonzáles Talledo, Teniente EP Luis Marca Silva.
Asimismo, habrían participado el jefe del Frente Huallaga, General de Brigada
EP Eduardo Bellido Mora y el jefe del Batallón Contrasubversivo N° 313, de
Tingo María. Teniente Coronel EP Benigno Leonel Cabrera Pino.
5. Matanza en Apiza. En 1,985, el Ejército incursionaba en
la comunidad con el objetivo de capturar a los subversivos, con tal fin
atemorizaban y presionaban a la gente.
Como consecuencia, los pobladores tenían la misma percepción de
violencia y abuso tanto del Ejército como de los subversivos. Con frecuencia
los miembros de SL que vivían cerca a la comunidad de Apiza bloqueaban las
carreteras, asaltaban vehículos y los saqueaban repartiendo el producto entre
los pobladores para ganar su adhesión. Siguiendo esta práctica, en enero de
1992, los subversivos asaltaron un camión que llevaba pollos en jabas y un
cargamento de ácido muriático. Ambos productos fueron llevados al pueblo,
obligando a los pobladores a descargar el vehículo. Los pollos serían utilizados
para el consumo y el ácido sería negociado para obtener dinero a cambio. El 19
de enero de 1,992, aproximadamente a las 08:00 de la mañana, ingresó en el
caserío de Apiza un destacamento de fuerzas combinadas al mando del teniente
EP. “Aquiles”. Dicho destacamento estaba compuesto aproximadamente por 100
efectivos, los que estaban divididos en tres grupos: uno de la Policía, uno de
los ronderos y uno del Ejército. Los soldados buscaron en sus chacras a los
pobladores reuniéndolos en una casa de propiedad de Víctor Penadillo. Así, los
militares lograron reunir a 32 personas entre hombres, mujeres y niños. Una vez
reunidos fueron sometidos a
interrogatorios y torturas sobre el paradero de los cabecillas del
PCP-SL. Ante la negativa, los militares comenzaron a torturarlos a todos.
Descubrieron el lugar donde estaba almacenado el ácido muriático (el Ejército
ya tenía conocimiento del saqueo de este producto). Luego procedieron a atar a
las personas con las manos hacia atrás y a tirarlos al suelo. En estas condiciones,
les quemaron la cara y el cuerpo con ácido muriático. La gente murió después de
mucho sufrimiento: “Todos tuvieron una agonía horrible, finalmente terminaban
quemándose con el ácido y morían”. No todos los pobladores corrieron la misma
suerte, varios de ellos lograron escapar por la quebrada hacia un cerro y desde
allí observaron la matanza. Escucharon los gritos de la gente cuando era
quemada con ácido. Vieron cómo les dispararon con armas de fuego y, finalmente,
cómo arrojaron explosivos a la casa en la que habían sido reunidos los
pobladores. Aproximadamente, a las 11 de la mañana se retiró el contingente
militar. Cuando finalmente descendieron atemorizados, vieron los cadáveres
amontonados. Contaron treinta y dos muertos, entre los que se encontraban dos
niños. Todos eran agricultores que tenían su chacra en la zona. Las víctimas
identificadas eran: Maximiliano Cueva Mallqui, Rosas Cueva Mallqui, Ana Durán
Gómez, Noé Espíritu Fernández, Manuela Fernández Dávila, Isidro Leandro,
Antenor Luna, Efronio Mallqui Claudio, Jesús Natividad Estela, entre otros. El
entierro se realizó de manera inmediata ante la posibilidad de que los miembros
del Ejército o los senderistas llegaran.
Los testigos señalaron que los cadáveres fueron enterrados tal como estaban
vestidos y que algunos cuerpos estaban mutilados sin cabeza, sin estómago y
otros presentaban las heridas de bala en la cabeza o en el corazón, el lugar
del entierro se convirtió en un cementerio clandestino. El mismo día de los
asesinatos, la hija de una de las víctimas denunció lo ocurrido ante la
Policía, pero no fue escuchada. No se emprendieron acciones concretas
relacionadas con denuncias formales, menos aún se inició proceso penal alguno,
los responsables continúan impunes. Los sobrevivientes de la matanza en Apiza
recibieron ayuda del Comité Internacional de la Cruz Roja, que les proporcionó
víveres y ropa. Los pobladores
abandonaron sus chacras, sus viviendas y animales y se fueron a vivir a otros
lugares. Años después regresaron en condiciones de desventaja. El 2004, por
acciones pos CVR, se exhumaron los restos mortales de un buen número de
asesinados, sus familiares les dieron sepultura en los cementerios de Aucayacu
y Tingo María.
6. Operativo Paraíso en Cayumba Chico. El 29 y el 31 de marzo
de 1,994, fueron asesinados varios pobladores del Caserío de Cayumba Chico,
distrito Dámaso Beraún, provincia Leoncio Prado. Las denuncias señalaban que,
en dicha ocasión, una patrulla militar ejecutó extrajudicialmente a por lo
menos 6 personas, cuyos cuerpos fueron posteriormente encontrados por una
comisión de representantes de organismos de derechos humanos, congresistas y
periodistas. Las víctimas de este operativo son: Paulino Abad Mazgo (80), Magna
Villar Flores (32), Giuliana Zúñiga Villar (06), Lorenzo Zúñiga Abad (42), Rita
Huaytán de Corne (55), Isabel Beragan Huaytán (14). Asimismo, según algunos
testigos, también son víctimas Esteban Villogas Espinoza, Humberto Reyes
Rodríguez y Natividad Corne Nazario.
 |
| Emerretista en las cercanías de Juanjui, Mariscal Cáceres, San Martín, luego de tomar la ciudad. Cortesía. |
7. Masacre en Tocache. El asesinato de 9 personas
integrantes de la familia Tuanama Tapullima, con posterior incendio de sus
viviendas fue un hecho que marcó la brutalidad de los militares en el contexto
de la lucha contrasubversiva. El hecho
ocurrió el 22 de Agosto de 1,991, después que una patrulla de soldados fueran
emboscados por subversivos cuando surcaban el río Huallaga. En dicha acción
armada murieron seis soldados y dos civiles. Los militares incursionan en las
casas vecinas que pertenecían a integrantes de la misma familia y proceden a
torturarlos, las mujeres antes de ser aniquiladas, fueron violadas
sexualmente. En total esa noche fueron
acribillados nueve personas pertenecientes a una misma familia. Esta versión
corresponde a los familiares; pero hay otra versión que siendo idéntica difiere
cuando sostiene que los cadáveres no fueron quemados sino recogidos por el EP y
llevados a la plaza de armas para ser exhibidos como terroristas aniquilados en
enfrentamiento por el Teniente “Alfonso” jefe de la base contrasubversiva de
Tocache. A partir del hecho sangriento las relaciones entre el alcalde de
Tocache Freddy Aliaga y el jefe militar Alfonso se deterioraron, meses después
fue asesinado por presuntos paramilitares. Como esta masacre se ha registrado
otras y casi todas quedaron en la impunidad.
8. “Bombardeo” en la Morada. Madre Mía. La Morada es la
capital del distrito de Cholón en la provincia de Marañón, departamento de
Huánuco, está ubicado en la margen derecha del río Huallaga, frente a la
localidad de Madre Mía, donde existió desde 1,987 una base militar. Fue el
lugar estratégico para que el narcotráfico y la subversión, sentaran sus bases
y lograran avances notables debido a su ubicación como centro de un valle con
numerosos centros poblados y por su cercana conexión con el pueblo de Paraíso y
Ramal de Aspuzana en la provincia de Tocache. La Morada fue creada el 14 de
junio de 1,960, por un grupo de colonos que llegaron de Lima y el Callao, pero
a decir de ellos quienes llevaron la coca fueron los inmigrantes de Ancash,
Pasco y la sierra de Huánuco. El 06 de julio de 1,989, según relata el
dirigente agrario Wilmer Tello, se produjo un ataque de Sendero Luminoso a una patrulla
del ejército de la base da Madre Mía, a escasos doscientos metros del pueblo,
resultando herido un capitán, según se comentó esta patrulla retornaba de haber
brindado apoyo en el embarque de drogas a una avioneta colombiana (se aseguraba
que eso era rutina). Entonces los pobladores huyeron al interior de la selva
para salvarse de las represalias, la que demoró dos horas en llegar, las
patrullas de soldados por tierra y helicópteros artillados por aire descargaron
toda su furia contra el pueblo, lanzaron “rockets” instalazas y prendieron
fuego a la mayoría de las casas que momentos antes había sido abandonadas por
sus moradores, previamente eran saqueadas. Este violento ataque determinó que
la población saliera del lugar, convirtiéndose por años la Morada en un pueblo
semi “fantasma”, pero hoy ha recuperado la senda del desarrollo, con la
producción de arroz y la ganadería. Varios de nuestros entrevistados dieron
referencias sobre el jefe de la base de Madre Mía quien pidió ayuda a la base
principal de Tingo María, ellos lo identificaban como como un teniente
antecesor de “chizito” por el color y el tipo de cabello, este teniente de
acuerdo a nuestra investigación resultó ser el oficial Juan Valer Sandoval
(Tumbes 1958), quien fuera seguridad de los hijos del expresidente Alberto
Fujimori y como jefe del Comando Chavín de Huantar muriera en el asalto a la
embajada del Japón para el rescate de los rehenes del MRTA. Otros refirieron de
la ferocidad de este militar (chizit) era tal que hacía uso de motosierras para
despedazar a los senderistas o presuntos subversivos, esta versión no pudo ser
corroborada fehacientemente. Aunque no era extraña esta forma de comportamiento
de los oficiales ganados por la ciega venganza. El 14 de junio de 1999 una
patrulla militar disparó una instalaza contra una camioneta repleta de
pasajeros, murieron 11 entre los estaba un conocido ex trabajador del Proyecto
Especial Alto Huallaga que conducía el vehículo, los militares alegaron que
como pasajeros también estaban terroristas que habían participado en el
aniversario de La Morada. La Morada también contaba con 3 pistas de aterrizaje
clandestinas para el embarque y trasteo de cocaína siendo el más importante el
ubicado en Molope donde soldados daban seguridad a las avionetas que cargaban
la droga y evitaban el aterrizaje de helicópteros de la policía antidrogas y
avionetas de la DEA americana.
Los “ajusticiados” y “caídos del cielo”. Además del
“pucallpazo” de febrero de 1,989, la memoria colectiva en Ucayali nos remite a
los ajusticiamientos arbitrarios cometidos por todos los actores armados. Un
ejemplo brutal, similar al de miles de casos a lo largo del proceso de
violencia realizados por grupos de SL, se registró en la localidad de Alonso
Alvarado, a 12 kilómetros de Campo Verde, el año 1,989, según cuenta un ex
senderista conocido como camarada “Alex”. A las ocho de la noche del 14 de mayo
de 1,989, una columna senderista llegó al lugar y capturo a Fidel Lastra
diciéndole que iba a morir por haber traicionado al partido. Le ordenaron
arrodillarse, amarrándole las muñecas a la espalda, y uno de los subversivos
que parecía ser el jefe empezó a golpearle la cabeza con la culata de su arma
hasta que empezó a brotar sangre por los oídos y la nariz; recién en ese
momento los otros “camaradas” fueron autorizados a golpearlo con puños y pies.
Para finalizar, ordenaron a los pobladores, unos 60, que cogieran un cuchillo y
que cada uno de ellos en fila india debía aplicarle un corte en el cuerpo, si
mostraban pena y le inferían una herida pequeña, eran obligados a repetir la
agresión. De esa manera Lastra fue prácticamente “cosido” a puñaladas. Lo
patético era que los propios familiares fueron obligados bajo amenaza de muerte
a participar en el macabro ritual de eliminación “de un traidor”. Por su parte,
las fuerzas armadas también realizaron ajusticiamientos, y a la práctica
extendida de la tortura en sus diversas formas se añadió el asesinato
utilizando helicópteros para arrojar detenidos. Versiones de campesinos que
presenciaron estos hechos refieren haber visto caer desde los helicópteros
sacos negros a los ríos y, según narran los campesinos, uno de estos costales
negros cayó en una oportunidad en su chacra, con los restos despedazados de un
hombre que tenía el rostro quemado y los miembros seccionados. Otros
campesinos, que se dedican a la extracción de madera, manifiestan haber
encontrado huesos de personas en lugares inaccesibles de la selva donde
presumiblemente habrían sido arrojados desde los helicópteros. Los aguajales de
Pucallpa se convirtieron en cementerio para decenas de personas que fueron
secuestradas o detenidas por las fuerzas de seguridad en operaciones de
rastrillaje. El Padre Gérald Veilleux del Vicariato de Pucallpa refiere que la
Marina de Guerra de las bases de Aguaytia y Pucallpa también acostumbraban
lanzar desde los helicópteros a presuntos senderistas y como prueba muestra
fotografías donde se aprecia restos humanos colgando de los árboles, hallados
en el Parque Nacional Von Humbolt, en la provincia de Padre Abad, a estos
muertos la gente de la zona los bautizó como “los caídos del cielo”.
Los arrepentimientos masivos. El punto de partida es poder
diferenciar entre aquellos que se acogieron a la Ley motivados por el temor a
las represalias de las fuerzas armadas, la desinformación o la coacción
directa, y aquellos que si tuvieron algún grado de participación en las filas
de los grupos subversivos. Así podemos señalar que las cifras que aparecen en
el informe de la Defensoría del Pueblo y otras cifras oficiales señalan de
manera gruesa a los «arrepentidos», es decir aquellos que tenían una vinculación con una organización
subversiva y que hacían abandono
voluntario y definitivo, confesando los hechos delictivos en los cuáles hubiera
participado y/o brindaban información oportuna y veraz que permitiera conocer
detalles de grupos u organizaciones terroristas, la identificación de los
jefes, así como futuras acciones que pueden ser impedidas o neutralizadas
gracias a esa información. Así, tendríamos que los 4,950 arrepentidos de
Huánuco han sido miembros de SL y actores de hechos delictivos; pero los
testimonios obtenidos en la zona nos señalan que en realidad estos eran
principalmente campesinos que se vieron
«presionados» a acogerse a esta Ley. La Ley de arrepentimiento afectó
mayormente a las poblaciones que habían sido comprometidas compulsivamente por
Sendero Luminoso y que luego fueron obligadas a arrepentirse. Esta es la única manera de entender estas
cifras. La gente se sentía responsable, se alimentó un sentido de culpa en la
que todos sentían que habían participado. El que fue Fiscal Especial en Tingo
María para los casos de arrepentimiento, nos señaló «...en esa época se vivía
bastante convulsionada en torno al delito de terrorismo, el personal del ejército
sin mucha capacitación entorno a esta ley acudían a los pueblos y les obligaban
a los campesinos, les decían si tú no te arrepientes eres terrorista» y si eres
terrorista te matamos. Eso explica la gran cantidad de gente que se
arrepintió...”, expresó el Fiscal de Huánuco José Herrera. Al preguntarle al
Presidente de la Comisión Evaluadora de la Ley de Arrepentimiento por qué las
cifras son tan altas en Huánuco; él respondió: «porque son campesinos captados
por grupos terroristas por la fuerza y que bajo amenaza son obligados a
realizar actividades terroristas con los cuales no comparte ni simpatiza»
(Oficio N° 168-2,002-JUS-CELA). Ante esta respuesta nos queda la gran pregunta
¿por qué la Comisión evaluadora los siguió llamando arrepentidos y sometiéndolos
a un tratamiento legal que no les correspondía? Esta participación de la
población coaccionada o en algunos casos voluntaria fue aprovechada por las
FFAA para infundir el temor en la población mediante chantajes extorsivos que
afectó a su salud mental. Los mensajes pueden reducirse a: sabemos quién eres,
pero te damos la oportunidad de salvarte. Todo el aparato institucional que se
desplegó en la zona de manera única, se instala la única fiscalía para casos de
arrepentidos a nivel nacional, por ejemplo, desatando una campaña psicológica
para aprovechar los temores de la población. Podemos afirmar que los
testimonios dan cuenta de muchos inocentes que se vieron obligados a colaborar
con SL, como es el caso de las autoridades que Sendero nombraba a dedo. Pero
también existen casos de personas que fueron tentados por el discurso
senderista, que, aunque no cometieron hechos delictivos se sintieron amenazados
con la campaña que llamaba al arrepentimiento. Las FFAA reconocen esta
situación; así por ejemplo en un comunicado oficial N° 041/RRPP de Septiembre
de 1,992 se dice «Entre la abundante propaganda y documentación subversiva
capturada se obtuvieron ochenta y seis (86) «cartas de sujeción al partido»,
formuladas por los individuos pertenecientes a este movimiento narcoterrorista
que constituye una prueba fehaciente de su vinculación al PCP-SL. Con estas
aclaraciones podemos señalar que en el Alto Huallaga el perfil de los
solicitantes para acogerse a la Ley de arrepentimiento era: 1. Gente inocente
ajena a las filas de Sendero Luminoso en su mayoría campesinos dedicados al
cultivo de la hoja de coca y que dependían económicamente de la producción de
su chacra para su subsistencia. Esto tiene como consecuencia que una de las
razones para solicitar acogerse a la Ley de arrepentimiento es el temor a
perder su única fuente de ingresos: sus hectáreas de tierra y cultivos. 2.
Mandos locales sin mayor jerarquía dentro de la estructura de SL en la zona, y
ajenos al discurso ideológico, y que estaban involucrados en la organización
subversiva sin convicción política alguna. Es también importante señalar que,
en la capital del departamento de Huánuco, un número significativo de
solicitantes lo constituyen profesionales que por temor a verse involucrados
optan por acudir ante las oficinas del Ministerio Público de la zona. Según la
versión del Fiscal Decano del Ministerio Público Dr. Ricardo Robles, había
profesionales por ejemplo médicos que fueron obligados por Sendero Luminoso a
curar a sus heridos. Estos temerosos de ser señalados preferían deslindar
responsabilidades acogiéndose a la Ley de arrepentimiento. En el distrito de
Alomía Robles provincia de Leoncio Prado el que actuó como ejecutor y
propagandista del arrepentimiento masivo fue su alcalde Watson Chagua Espinoza y
según un reportaje difundido por canal 5 éste les decía a los campesinos que el
presidente Fujimori daría grandes presupuestos a los distritos con mayor número
de arrepentidos, también que recibirían alimentos y medicinas que luego no fue
cumplido quedando solo en engaño y aprovechamiento político.
Los jueces ‘sin rostro’. Los «jueces sin rostro» en Perú
fueron magistrados anónimos establecidos en 1992 bajo el gobierno de Alberto
Fujimori para juzgar delitos de terrorismo y traición a la patria por Sendero
Luminoso y el MRTA, garantizando su seguridad ante amenazas. Esta medida,
basada en el documentado por Amnistía Internacional, implicaba juicios rápidos
con identidad oculta, lo que derivó en condenas de inocentes, críticas
internacionales y la sentencia de la Corte Interamericana por violación al
debido proceso, siendo desactivados en 1997. www.amnesty.org. Los jueces sin
rostro contra el terrorismo fueron creados en 1992 mediante el Decreto Ley
25475, tras el golpe de Estado, en un contexto de intensa violencia subversiva.
Tanto en la justicia militar como civil, los jueces y fiscales mantenían su
identidad oculta para evitar represalias de las organizaciones terroristas. Se
denunciaron severas violaciones al debido proceso, como la falta de defensa adecuada,
la imposibilidad de conocer al juzgador y la vulneración de la presunción de
inocencia. Aunque desactivados en 1997, el sistema fue cuestionado por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos en 1999 (caso 0540-2003-HC - Tribunal
Constitucional) por atentar contra el derecho a un juez imparcial.
Recientemente, se han presentado propuestas en el Congreso para reinstaurar
esta figura para casos de crimen organizado y extorsión. El sistema de jueces
sin rostro fue una estrategia de emergencia para proteger a los funcionarios
judiciales, pero a costa de severas restricciones a las garantías judiciales,
detalla un informe de Human Rights Watch. Un reconocido abogado penal que fue
un ‘Juez sin rostro´ en la actual Corte Superior de Justicia de Huánuco Jorge
Fernández, dijo que tenía un gran peso de conciencia por haber sentenciado a
decenas de personas como terroristas a largos años de carcelería porque
claramente se notaba que eran inocentes y cuyo delito era ser campesinos y no
tener dinero para pagar por su libertad, “Nosotros solo leíamos la sentencia,
porque todo el expediente incluido la resolución eran elaborados por los
militares, policías y secretarios judiciales… éramos coaccionados” El mayor
impacto lo sufrieron los familiares que luego de la sentencia eran considerados
terroristas y como tal sus vidas se convertían en un viacrucis casi imposible
de sobrellevar.
“Derechos Humanos y
democracia son, hoy, elementos inseparables de la realidad política. Sin
embargo, entre ambas nociones existen diferencias de origen y de función las
que, eventualmente pueden plantear tensiones y dificultades, sobre todo cuando
se pretende atribuir al “principio de la mayoría” potestades ilimitadas, que
incluyen la determinación y configuración, incluso peyorativa, de los derechos
fundamentales”. (Carlos Blancas Bustamante, Democracia y Derechos Humanos,
PUCP). (Con información: Informe CVR, (www.cverdad.org.pe). Política Exterior.
Naciones Unidas, (news.un.org). Tesis, Delitos de Lesa Humanidad,
repositorio.undac.edu.pe. Congreso de la República. Wayka, Coordinadora
Nacional de Derechos Humanos, Amnistía Internacional. Dejusticia, PUCP,
Hildebrant en sus Trece, revista Caretas, revista Sí, revista Oiga. Diarios La
República, El Comercio. “La Guerra Oculta en el Huallaga, Monzón y Aguatía”.
Archivos, etc.).
Reconocemos la labor de jueces independientes que no se
dejan sojuzgar o amedrentar: La “Corte Penal Nacional ha emitido sentencia
contra el Gral EP ® Jorge Carcovich por el asesinato de 41 campesinos (21
menores de edad) perpetrado en 1983 en Umasi, cuando era jefe de la Base
Militar en Canaria (Ayacucho), el Tribunal Penal inaplicó la Ley de
prescripción 32107”, (Carlos Rivera Paz). Valoramos la labor a veces
sacrificada de militares, policías, ronderos, miembros de los Comités de
Autodefensa y del pueblo peruano que rechazó la insania terrorista, las
arbitrariedades y violaciones de derechos humanos por malos elementos de las
fuerzas de seguridad. Condenamos el autoritarismo, la corrupción y las
arbitrariedades cometidas por autoridades en todos los niveles del Estado con
el fin de sacar ventajas y evitar el rápido control del terrorismo y
narcotráfico, situación que provocó la subsistencia injustificada del terror y
contra terror por mucho tiempo.
IV. Conclusiones.
El conflicto armado interno en el Perú (1980-2000) fue el
episodio de violencia más intenso y prolongado de la historia republicana.
Enfrentó al Estado peruano contra los grupos terroristas Sendero Luminoso (SL)
y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), dejando una profunda huella
humanitaria, social y política. Según el informe de la Comisión de la Verdad y
Reconciliación (CVR), el saldo fue: Pérdidas humanas: Se estima una cifra de
69,280 personas fallecidas o desaparecidas. Principales perpetradores: A
Sendero Luminoso se le atribuye la mayor responsabilidad (54%), seguido por
agentes del Estado (37%) y el MRTA (1.5%). Perfil de las víctimas: El 79% de
las víctimas residía fuera de Lima, siendo la población campesina, indígena y
de menores recursos la más afectada. El 56% de las víctimas se dedicaba a
actividades agropecuarias. Desplazamiento forzado: Se calcula que entre 400,000
y 600,000 peruanos se vieron obligados a huir de sus comunidades, abandonando
sus tierras y reconfigurando la demografía de ciudades como Lima, Huancayo y
Ayacucho. Pérdidas económicas: El conflicto provocó una destrucción masiva de
infraestructura agraria, comunicaciones y minería, sumado a un inmenso
retroceso económico en las décadas de 1980 y 1990. Fractura social: Evidenció
profundas brechas de desigualdad, discriminación y exclusión social que
históricamente habían marginado a las poblaciones andinas y amazónicas del
país. “La CVR considera que la
abdicación de la autoridad democrática culminó con la legislación contrasubversiva
aprobada después del golpe de Estado de abril de 1992. De acuerdo con ella, los
jefes de los comandos político-militares no sólo coordinaban y supervisaban,
sino conducían las acciones en los campos no militares. Esa legislación cambió
el Sistema de Defensa Nacional, la ley del Servicio de Inteligencia Nacional y
la ley de situación militar. Esta última permitió que los comandantes generales
de las fuerzas armadas permanecieran en sus cargos aún después de su fecha de
retiro. La nueva legislación incluía, además, penas y procedimientos que
violaban las garantías del debido proceso, así como la Constitución y tratados
internacionales de los cuales el Perú era firmante: Indiferencia y demanda de
dureza… La CVR ha constatado, con pesar, que los gobiernos civiles no
estuvieron solos en esta concesión al uso indiscriminado de la fuerza como
medio de combate contra la subversión. Por el contrario, la proclividad de
dichos gobiernos a la solución militar sin control civil estuvo en consonancia
con un considerable sector de la sociedad peruana, principalmente el sector
urbano medianamente instruido, beneficiario de los servicios del Estado y
habitante de zonas alejadas del epicentro del conflicto. Este sector miró
mayoritariamente con indiferencia o reclamó una solución rápida, dispuesta a
afrontar el costo social que era pagado por los ciudadanos de las zonas rurales
y más empobrecidas”. (https://www.cverdad.org.pe/ifinal/conclusiones.php).
El objetivo supremo de todo peruano Integro debe ser: Nunca
más terrorismo mesiánico. Nunca más terrorismo de Estado. Nunca más
autoritarismo con corrupción institucionalizada. Nunca más golpes de Estado.
Nunca más gobiernos contra el Perú profundo, marginal y olvidado. Nunca más
discriminación: porque quien no tiene de Inga tiene de Mandinga.
* Periodista (1978-2026). Escritor. Ing. Agrónomo-agricultor. Master en Asociaciones y Organizaciones sin Fines de Lucro y Cooperación Internacional. Fecebook, Instagram, X, LinkedIn. http://leyendadelhuallaga.blogspot.com/ https://www.facebook.com/leyendadelhuallaga?locale=es, Revista Pura Selva.
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