* Felipe A. Páucar Mariluz.
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| ‘Artemio’ el último senderista en el Huallaga fue sentenciado a cadena perpetua. Con su captura se acabó el accionar de Sendero Luminoso en Perú. Poder judicial. |
En Perú, en la actualidad no existe el terrorismo
senderista, ni emerretista, tampoco el comunismo y en el caso de los caviares
estos en mayoría emigraron a la centroderecha. Lo que existe es un grupo de
personas armadas en el Vraem con objetivos poco conocidos y accionar
intermitente e irrelevante. También existe un autoritarismo descontrolado con
abuso de poder desde las instituciones tutelares de la república y el Trastorno
Límite de la Personalidad, TLP, (arrebatos inapropiados de ira, injusticia,
arbitrariedad e ilegalidad) en autoridades y funcionarios públicos con el
objetivo de causar graves daños o perjuicios y generar el terror vía una seuda
gobernanza en sectores no pudientes y desvalidos. Que podrían configurar el
Terrorismo blanco en reemplazo del terrorismo mesiánico y terrorismo de Estado
que tuvimos durante el periodo de 1980 al 2000.
Y, según Amnistía Internacional en su informe de abril 2026.
“Las autoridades usaron la fuerza de forma innecesaria y desproporcionada
contra manifestantes, y las víctimas de las protestas ocurridas en el periodo
2022-2023 siguieron sin obtener justicia. Se intensificaron los ataques contra
periodistas y defensores y defensoras de los derechos humanos. Se promulgó
legislación que afectaba el funcionamiento de las organizaciones de la sociedad
civil. Los crímenes de derecho internacional y las violaciones graves de los
derechos humanos cometidas entre 1980 y 2000 podían quedar impunes tras la
entrada en vigor de la Ley 32419. La violencia contra las mujeres y las niñas
siguió siendo motivo de gran preocupación, al igual que el reducido acceso al
aborto y a kits de atención de emergencia en casos de violación sexual. Hubo
retrocesos en el reconocimiento de derechos de la población transgénero. Las
personas venezolanas seguían estando desprotegidas”.
Desde esa perspectiva, ¿Podrían considerarse como una nueva
forma de terrorismo en el Perú los siguientes actos y hechos? 1- ¿Asesinato de
50 personas durante las protestas sociales de 2022 y 2023?, 2- ¿Asesinatos de
personas durante protestas en Lima contra el abuso y la corrupción?, 3- ¿La
captura de instituciones claves como el Tribunal Constitucional, Junta Nacional
de Justicia, Defensoría del Pueblo, Ministerio Público, Jurado Nacional de
Elecciones, etc., ¿por una coalición del pacto criminal desde el Congreso? 4- ¿La
dación leyes pro crimen y pro impunidad para favorecer a sentenciados y
procesados por graves delitos? 5- ¿Los cientos de asesinatos por extorsiones,
chantajes del crimen organizado en evidente contubernio con algunos miembros de
las fuerzas de seguridad? 6- El asesinato a mansalva de 5 jóvenes pasajeros de
una camioneta como corolario de un fallido y arbitrario operativo antidrogas
por militares vestidos de civil? 7- ¿La presunta colusión de jefes policiales y
militares con el crimen organizado y el abuso de poder, caso el ´monstruo’ y
otros? 8- ¿Los negociados corruptos de presidentes, ministros, congresistas y
funcionarios en la compra de aviones por 3500 millones de dólares cuando
sectores estratégicos como salud, educación seguridad, comunicaciones adolecen
de recursos económicos? 9- La institucionalización de la corrupción y
autoritarismo en todos los niveles de gobierno en detrimento de sectores
débiles de la sociedad? 10- La polarización de la sociedad entre la derecha y
la izquierda acicateada por la corrupción en medios de comunicación y prensa
venal? 11- La concesión de privilegios tributarios por decenas de miles de
millones de soles a agroexportadores, industriales, empresas y políticos en
perjuicio de peruanos con menos recursos? 12- El horror que viven miles de
personas y sus familias a quienes el crimen organizado del chantaje y la
extorsión les pusieron en la mira o los secuestraron para torturarlos
mutilarlos y asesinarlos a sangre fría? 13- La impunidad con que fueron
premiados por el Congreso al archivar denuncias constitucionales por delitos
cometidos a los expresidentes Dina Boluarte y José Jerí? 14- La festinación de
una grave denuncia penal por lavado de dinero mediante el avasallamiento del
poder judicial en el proceso penal contra Keiko Fujimori y su partido Fuerza
Popular, en el "Caso Cócteles", que se ejecutó mediante el pitufeo o
blanqueo de millones de dólares mal habidos en 2011 y 2016 y que mediante giros
tinterillescos lograron la anulación del juicio y el archivo de cargos
principales tras intervenciones antijurídicas del Tribunal Constitucional y el
Congreso de la República? 15- ¿La supuesta captura del Ministerio Público
mediante una reconfiguración interna y política, con el nombramiento de Tomás
Aladino Gálvez como fiscal de la nación por la influencia del Congreso más el
Tribunal Constitucional, luego de la defensa cerrada de la Fiscal Patricia
Benavides y la Vendetta contra la fiscal Delia Espinosa, que afecta la
autonomía de la fiscalía y da paso a la impunidad en casos de corrupción de
altos funcionarios? 16- ¿El linchamiento factico y político del presidente de
ONPE Piero Corveto imputado por López Aliaga de fraude electoral tal como lo
hizo Keiko Fujimori en 2016 y 2021, cuando lo que hubo fueron omisiones e
irregularidades durante el proceso, un proceso que no incurrió en delitos como
si lo hubo en el fraude del 2000 protagonizado por Alberto Fujimori y Vladimiro
Montesinos? pienso que sí.
“El ‘terrorismo blanco’ es una forma de violencia sicológica
destinada a provocar pánico, zozobra o alarma en la población sin el uso
directo de la violencia, a menudo mediante amenazas falsas, engaños o guerra de
nervios para desestabilizar. Se basa en la manipulación y la coerción
sicológica para generar miedo”. (lum.cultura.pe). Mientras que el autoritarismo
es una forma de ejercicio del poder, ya sea político o social, caracterizada
por la concentración de autoridad en una sola persona, grupo o élite. Se basa
en la imposición de la voluntad, la sumisión ciega a la autoridad, la
restricción de libertades individuales y la supresión de la disidencia.
En el Perú la lucha contra las drogas (coca y narcotráfico)
tiene 100 años de vigencia y los resultados son discutibles –para unos es un
fracaso y para otros evitó que el crimen organizado se consolidará-; lo cierto
es que de 30 mil hectáreas de coca en 1980 ésta escaló a 243 mil en 1993 y en
la actualidad son cerca de 100 mil/has. No existen carteles narco y tampoco
columnas armadas como en Colombia y México. La policía antidrogas ejecuta una
estrategia gubernamental netamente punitiva y represiva, matizada con algo de
desarrollo, y decomisa solo el 10% de la producción total de cocaína estimada
en 550tm, el resto 500 toneladas son exportadas utilizando las vías aérea y
marítima a Norteamérica, Europa, África, Asia y Oceanía. El organismo encargado
de la erradicación y control de los cultivos de coca fue durante 43 años el
Proyecto Especial para la Reducción y Control de la Coca en el Alto Huallaga,
CORAH, y dado a su escaso rendimiento y resultados negativos fue reemplazado
por un organismo recién creado mediante el Decreto Supremo 003-2026-IN,
Programa de Reducción de Cultivos Ilegales en el Perú (PRECIP), con el objetivo
de fortalecer la lucha contra el tráfico ilícito de drogas mediante la
erradicación de cultivos ilegales en zonas estratégicas del país.
El narcotráfico es la madre de varios delitos del crimen
organizado y utiliza como herramienta eficaz la corrupción y el abuso de
autoridad. Existen indicios que la lucha contra el narcotráfico continúa con el
mismo patrón de los 80s, 90s y 2000 especialmente en el Valle de los Ríos
Apurímac, Ene y Mantaro, VRAEM, esta se ha degradado por el abuso en el uso
indiscriminado de las armas contra población civil con el aval de la Fiscalía y
la subordinación de la policía antidrogas. Los delitos cometidos por
funcionarios públicos y otros ejecutores en los 80s y 90s son los mismos y solo
cambiaron los cargos, rostros y nombres. La masacre del 25 de abril 2026, donde
una patrulla militar vestida de civil atacó a mansalva a una camioneta (donde
no se encontró drogas ni armas) con pasajeros en Colcabamba, Huancavelica
matando a 5 personas y dos heridos, evidencian que en una estrategia fallida
son los militares los que tienen la iniciativa y el control de las patrullas
combinadas con la policía y fiscalía. Ocho militares fueron detenidos y son
investigados acusados de asesinar y herir a personas cuyos familiares aseguran
ser inocentes. La prensa colombiana los tipificó como ‘falsos positivos’. La
narrativa oficial que se ubicaron rastros de droga y casquillo de bala en el
vehículo es hartamente conocida y suscribe la versión, “La policía y los
militares nunca pierden”. Este incidente motiva a pensar que nadie está seguro
en carreteras de zonas marginadas, abandonadas, en pobreza extrema, sin presencia
tuitiva y activa del Estado.
El Perú vive momentos de tensión y desesperanza por la
acción de grupúsculos políticos en el Congreso con injerencia en el Ejecutivo,
secundado por un presunto pacto criminal pro impunidad en delitos de derechos
humanos y crimen organizado. Estos grupos en mayoría fueron castigados por el
voto en las elecciones 2026. Es tal la sensación de arbitrariedad y caos, que
la incertidumbre y la impotencia generado por el abuso de poder y pretensión de
más privilegios del Estado nos hunde en la desesperación. Y, para complicar el
escenario perverso un militar derechista (le dicen el Pantaleón chonguero) con
el apoyo de algunos medios de comunicación ganados por la lenidad propone un
golpe de Estado militar ‘democrático’ tal como lo hicieron Juan Velazco
Alvarado, Francisco Morales Bermúdez y Alberto Fujimori Fujimori en las últimas
seis décadas. El rechazo debe ser firme y total porque los militares tienen
como misión la seguridad externa del país. Los peruanos de bien con la recuperación
de la institucionalidad e independencia de poderes lograremos superar nuestros
problemas internos sin la intervención funesta de iluminados como Abimael
Guzmán y Víctor Polay, responsables de un periodo aciago superado con sangre,
sudor y lágrimas.
Del 2017 al 2026 el Perú atraviesa por una nueva faceta de
aparente terrorismo blanco de carácter político con injerencia en lo económico
y autoritarismo con 50 asesinados en las protestas sociales de 2022-2023 que
permanecen en la impunidad. El Congreso asumió el rol depredador de la
Constitución Política y creador de leyes que acabaron con la institucionalidad
y la independencia de poderes, así como la grosera prerrogativa de cambiar
presidentes por intereses de grupos políticos lobistas que medran en contra de
intereses del país. Un nuevo caldo de cultivo para el terrorismo sería autoría
de 80 congresistas con sentencias y procesos penales en curso. Desde el 2017
Fuerza Popular en conspiración con otras agrupaciones políticas tomaron el
control del Congreso y Ejecutivo con destituciones y nombramientos de
presidentes, es así que tuvimos 8 presidentes con Pedro Castillo Terrones el
único electo, pero defenestrado en poco tiempo. Las leyes pro crimen organizado
y pro impunidad fueron la prioridad de quienes para sostenerse terruquean,
insultan y califican de comunistas o caviares a toda persona que critica o
protesta contra las agresiones y abusos cometidos.
El 2017 con la renuncia de PPK forzado por el acoso de
Fuerza Popular, el Perú inicia un nuevo escenario de violencia, caos,
inestabilidad con impacto directo en la política que a su vez repercute en la
economía y sociedad peruana por la violación de derechos elementales y gestión
autoritaria priorizando la impunidad al proscribir artículos de la Constitución
Política, desconocer decisiones vía referéndum con referencia a la reelección y
bicameralidad congresal por un pacto de crimen organizado encabezado por el
fujimorismo e integrado por Renovación Popular, APP, AP, Podemos, avanza País,
etc. Primó el desprecio a la institucionalidad, venganzas y ajustes a
poblaciones del Perú profundo, vía negociados y privilegios para los poderosos
en detrimento de pobres y pobres extremos. Nada raro sería que como respuesta a
la frustración, impotencia, cólera e ira contenida surjan nuevas formas de
violencia y sería por eso que se potencian la capacidad bélica y militar de las
fuerzas de seguridad asumiendo compromisos económicos por miles de millones de
dólares mientras la salud, educación, vías de comunicación, empleo, derechos
laborales, etc., tienen serios déficits o lucen descuidados y abandonados.
De acuerdo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
CIDH, “… persisten importantes desafíos en materia de institucionalidad
democrática y acceso a la justicia atribuibles al Congreso de la República, que
incluyen inhabilitaciones decididas, presuntamente, por criterios políticos y
la destitución por “incapacidad moral permanente” de la presidenta Dina
Boluarte, que convirtió a la mandataria en la sexta persona removida de la
presidencia desde 2016. A ello se suma la aprobación de una ley que otorgó
amnistía a miembros de las fuerzas de seguridad involucrados en graves
violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado interno, generando
un escenario de impunidad manifiesta, avalado por el Tribunal Constitucional,
que resulta incompatible con las obligaciones internacionales del Estado
peruano”. (Informe Anual 2025, Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
CIDH, acápite 801).
En un escenario como el descrito se cumplieron 14 años el 12
de febrero de 2026, de la captura del último cabecilla de Sendero Luminoso que
marcó el fin de 30 años (1982-2012) del actuar terrorista de Sendero Luminoso
que dio origen al terrorismo de Estado como respuesta y que, entre ambos, más
el narcotráfico causaran aproximadamente 10 mil muertos entre asesinados y
desaparecidos solo en el Huallaga. Sobre la desarticulación y golpe final al
grupo sanguinario se tejieron versiones diversas que no necesariamente eran
coincidentes con la realidad. Artemio empezó su caída después del asesinato de
una mujer embarazada en Wiracocha acusándola de soplonaje, en distrito de
Pueblo Nuevo, Leoncio Prado que fue repudiado por la población. Su captura se
produjo en el caserío Tayshan, valle del Mishollo, distrito de La Pólvora,
provincia de Tocache, región San Martín, gracias a la acción coordinada de
inteligencia de la policía nacional y patrullas del ejército peruano, según
versión de Harvey Colchado autor del libro “Artemio. La cacería del último
cabecilla de Sendero Luminoso”. Fue el presidente Ollanta Humala quien le puso
fin a las correrías clandestinas de SL en el Huallaga y no el fujimontesinismo
quien acabó con el terrorismo de Sendero Luminoso. La narrativa por intereses
políticos es que Fujimori acabó el terrorismo senderista.
Florindo Eleuterio Flores Hala, “camarada Artemio”, que
durante 27 años desde 1985, integró y dirigió el Comité Regional Huallaga de
Sendero Luminoso – CRH-SL, fue capturado el 12 de febrero de 2012, cuatro días
después de ser herido en una mano por un conspirador infiltrado por la policía
antiterrorista, con la misión de matarlo y cobrar la recompensa de cinco
millones de dólares ofrecida por el gobierno norteamericano.
Quedando establecido que fue la campaña promoviendo un pago
por la entrega del “camarada Artemio” (vivo o muerto) que hizo posible su
captura. Mientras otra versión con impacto mediático tuvo por finalidad
posicionar la aparente utilización de una nueva estrategia antiterrorista con
tecnología de punta, orientada a desarticular al grupo subversivo; primero con
la captura o eliminación de los principales mandos, para luego ubicar y detener
al huidizo y astuto ‘senderista histórico’ - como él mismo se calificó en sus
memorias - que durante tres décadas jugó a la ‘gallinita ciega’ y se burló de
las fuerzas de seguridad, principalmente de los ministros del Interior y
Defensa o de jefes de los frentes policial y militar del Huallaga. “Yo pienso
que Artemio tenía acuerdos con la policía y los militares porque no se explica
cómo caminaba como Pedro en su casa por todo el Alto Huallaga, se tomaba sus
tragos en los puertos de Aucayacu, La Morada, Yanajanca, etc. Eran 20 a 30
personas que Vivian en las ciudades y centros poblados como cualquier vecino y
se juntaban cuando tenían que matar a alguien o presentarse ante la prensa con
armamento nuevo que ellos no tenían… era muy extraño”, Francisco C. Zapata R
(nombre figurado) morador de San Francisco, Uchiza.
Luego que el gobierno no aceptara la propuesta del “camarada
Artemio” de una salida política a la ‘guerra interna’, planteada por enésima
vez desde el 2004 en una entrevista con el periodista Gustavo Gorrit de IDL
Reporteros, en diciembre de 2011. ‘Artemio’ y un grupo de 30 senderistas
armados iniciaron una agresiva campaña de agitación y propaganda en el
departamento de San Martín, que dio inicio con la incursión en Campanilla y
volanteos en Juanjui y Tarapoto los primeros días de febrero de ese año.
De regreso a sus predios en Yanajanca y Aucayacu, continuaron
con esta tarea. El martes 7 sin presagiar que se le acortaban los días en
libertad, el “camarada Artemio” y su grupo utilizando camionetas efectuaron
reuniones furtivas, pintas y volanteo en varios caseríos del distrito La
Pólvora en la provincia de Tocache, como: Cachiyacu, Buenos Aires o la Loma,
Luís Salas, Miraflores, Pizana y Mishollo, sin ningún obstáculo. “Hicieron lo
que mejor les convenía, estaban solos”, nos dijo un teniente gobernador de la
zona.
A las 11 de la noche del mismo día terminaron la jornada
proselitista en Santa Rosa de Mishollo y se retiraron a descansar a La Palma de
Mishollo, un caserío ubicado a un kilómetro al sur - oeste del pueblo de Santa
Rosa de Mishollo, es aquí, en circunstancias que dormía en una choza y en un
incidente confuso, sobre el cual hay varias versiones, ‘Artemio’ es herido de
gravedad en una mano por un disparo (a quemarropa) con escopeta calibre 12
conocida como Wacharaca, que de haberlo impactado en el pecho como era la
intención del atacante, lo hubiera matado. Se comentó que ‘Artemio’ logró
desviar el cañón del arma con la mano en un desesperado intento por evitar ser
ultimado, pero lo cierto es que el atacante por la oscuridad de la choza habría
errado el único disparo que pudo realizar.
La policía llegó al pueblo de Santa Rosa de Mishollo en
helicóptero a las 7 de la mañana del día 8 y no encuentran a ‘Artemio’ ni a los
senderistas que lo acompañaban, se informó que solo ubicaron mochillas y unas
cuantas armas usadas. El desplazamiento de ‘Artemio’ aún herido fue por sus
propios medios, caminando y sin los apremios ni la presión de un supuesto gran
operativo que se dijo precedió a la captura del cabecilla senderista. Lo verdad
es que hoy se puede afirmar, que no existió tal operativo policial o de fuerzas
combinadas hasta que ‘Artemio’ fue herido, posteriormente sí, para ubicarlo y
capturarlo en Tayshan.
Una versión da cuenta que ‘Artemio’ se entregó ante la
seguridad de morir por la gravedad de las heridas en la mano y la imposibilidad
de encontrar un médico que lo atendiera quirúrgicamente (A varios les habría
ofrecido hasta 10 mil dólares), para ello envió a los senderistas ‘Lander’ y
‘Cubillas’ que fueron capturados y dieron la ubicación exacta de ‘Artemio’.
Esta versión es coincidente con la dada a conocer en un panfleto por el grupo
senderista del VRAE, que tenía presencia en la zona.
Una vez ubicado el camarada ‘Artemio’, este permaneció
cuatro días atendido por una mujer que se limitó a lavarle la herida y darle
algo de comida, ya bajo el control de las fuerzas de seguridad, que
extrañamente no procedieron a su captura inmediata y montaron un escenario de
persecución con “miles de militares y policías, por tierra, agua y aire” hasta
el domingo 12.
La mañana del domingo 12, fue el teniente gobernador de
Cachiyacu, Gamen Rengifo Cachique propietario de un bote a motor, quien ayudó a
cruzar el Huallaga al contingente de 30 policías y militares que se limitaron a
detener a ‘Artemio’ a las 9 de la mañana y llevarlo hasta Cachiyacu a donde
llegaron a las 10 de la mañana, en medio de un despliegue mediático que incluyó
una caminata por el cauce del río Cachiyacu y la utilización de un motocar para
trasladar a Flores Hala, cuando el puerto de Cachiyacu está| ubicado a solo 100
metros del pueblo. De aquí fue llevado en helicóptero a la base Santa Lucía
entre las 11 y 12 del día.
Los integrantes del Comité Regional Huallaga de SL
intentaron reagruparse bajo el liderazgo del “camarada Braulio” o de uno de los
hijos de ‘Artemio’. Pero como luego siguieron las capturas a importantes mandos
del diezmado SL-CRH, este objetivo no pudo concretarse.
El sábado 3 de marzo a las 10 de la noche, cinco
senderistas, según dijo uno de ellos, por orden del “camarada Braulio”
secuestraron en Santa Rosa de Alto Yanajanca a Norbil Pérez Araujo de 23 años,
en presencia de su hermana Leidi Ofelia Pérez Araujo, se lo llevaron a Nuevo
Jaén y después cerca de las 2 de la mañana del domingo 4 lo condujeron en
motocar hacía el río Huallaga pasando por Santa Rosa de Alto Yanajanca donde le
dieron muerte y arrojaron su cadáver al río Huallaga, acusado de ser amigo de
uno de los senderistas que facilitó la captura de ‘Artemio’, según confesión
del senderista Edgar Trujillo Vásquez quien fue capturado por los pobladores de
Santa Rosa para luego entregarlo a la policía y fiscalía de Tingo María el
martes 6. Ellos se comprometieron a gestionar la seguridad ante el pedido de
investigación y garantías por los pobladores que temían represalias.
Mientras pasan los años las autoridades nacionales y regionales,
no quieren darse por enterados de una realidad difícil para el Alto Huallaga y
a ello contribuyen también algunos comunicadores de la mano de instituciones
del desarrollo alternativo y de varios medios de comunicación El proyecto
especial Corah publicó que dejaba de funcionar dando a entender que con ello el
boom del narcotráfico era realidad, pero a pocas horas el gobierno y el
embajador de Estados Unidos entregaban en Pucallpa 6 de los 9 modernos
helicópteros donados para apoyar la lucha contra los cultivos de coca y el
narcotráfico. Llegó el 2026 y las promesas del expresidente Humala de entregar
sumas millonarias a Tocache y Alto Huallaga para su desarrollo en reparación al
daño causado por el terrorismo senderista, no se cumplieron y hoy existe menos
inversión en desarrollo por parte del gobierno y la cooperación internacional
que en las décadas de 2000 y el 2016, con todas las falencias y corruptelas
denunciadas.
Florindo Eleutrio Flores Hala en uno de las audiencias por
el proceso judicial que afrontó, decidió contar su verdad y reveló lo que era
un secreto a voces. Que él no fue capturado, sino que negoció su entrega con un
oficial conocido como Rumiñahui. Provocando la respuesta del ministro del
Interior, quien defendió la versión oficial y negó la del terrorista, quien
además dijo ser un político, y no un asesino o narcotraficante como se le
acusaba. Al final de este relato reconocemos el esfuerzo y sacrificio de miles
de policías y militares por la pacificación, sobre todo a los íntegros y a los
fallecidos en cientos de confrontaciones, emboscadas y sabotajes. Este
reconocimiento no incluye a los que hicieron abuso de poder, incurrieron en
corrupción y cometieron delitos de lesa humanidad. Estos debieron ser juzgados
y sentenciados con todo el rigor de la ley.
El objetivo supremo de todo peruano Integro debe ser: Nunca
más terrorismo mesiánico. Nunca más terrorismo de Estado. Nunca más
autoritarismo con corrupción institucionalizada. Nunca más golpes de Estado.
Nunca más terrorismo blanco. (Con información: Amnistía Internacional, Comisión
Interamericana de derechos humanos, “La guerra de los cien años: narcotráfico y
terrorismo”, archivos, otros).
* Periodista Investigador. (1978-2026). Ingeniero Agrónomo. Escritor. http://leyendadelhuallaga.blogspot.com/
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