Argentina, Venezuela y Ecuador coinciden en una cosa: sus
gobiernos han reforzado su poder con impunidad judicial y bloqueando la
existencia de voces que los investiguen.
EZEQUIEL VÁZQUEZ-GER
En Venezuela, Hugo Chávez se aseguró poco a poco de ir eliminando todo medio de comunicación independiente. Primero a través de una alianza implícita con el empresario Gustavo Cisneros, propietario de Venevisión; luego con el cierre de RCTV y de cientos de señales de radio; y más recientemente, a través de la compra de medios por parte de “empresarios” afines al gobierno. Resaltan el caso del banquero Víctor Vargas, principal nombre detrás de la compra del diario Últimas Noticias, o del empresario Raúl Gorrín, nuevo dueño del canal de televisión Globovision.
Por otra parte, se aprobó en 2009 una ley de medios diseñada
exclusivamente para desintegrar al principal grupo de medios del país, Grupo
Clarín. Luego de varios años de pelea, la Corte Suprema, a través de una
sentencia polémica acabó por declarar constitucional esta ley. Pero lo que
agravó la situación fue que dicha sentencia fue anunciada solo dos días después
de las últimas elecciones legislativas en las cuales el gobierno había perdido
abruptamente. Ninguna corte independiente se hubiese prestado a tal
manipulación.
La relación corrupción-justicia-medios también se hizo evidente en el país durante la investigación de grandes casos de corrupción. Durante el último año, la poca prensa independiente que queda en la Argentina logró documentar, quizás como nunca antes, hechos de corrupción como el que involucra al actual Vicepresidente Amado Boudou, o al contratista de obra pública amigo de la familia Kirchner, Lázaro Báez. Si bien la evidencia de estos casos es abrumadora, los mismos se encuentran paralizados en la justicia, este último en manos de un polémico juez de nombre Sebastián Cassanello. Como se dijo anteriormente, el gobierno también se encargó de suspender al fiscal que llevaba adelante la investigación.
Para que la corrupción sea efectiva, el funcionario electo
necesita tres cosas: continuidad en el poder, impunidad judicial, y la
inexistencia de voces que lo investiguen. Son estos justamente los pilares
sobre los cuales se basa la destrucción de la democracia en estos países.
Tomado de:
Pocos días atrás el Tribunal de Enjuiciamiento de Fiscales
en la Argentina decidió suspender al fiscal José María Campagnoli, luego de un
pedido por parte de la Procuradora General de la Nación. Campagnoli se
encontraba investigando uno de los escándalos de corrupción más grandes y
documentados de la historia del país. Este abuso del gobierno de Cristina
Fernández sobre el poder judicial es sólo uno de múltiples intentos de su
gobierno por controlar la justicia del país, y se encuentra en línea con lo que
ocurre en otros países vecinos, tales como Venezuela y Ecuador.
Si a las amenazas a la independencia del poder judicial se
le suman los permanentes intentos de estos gobiernos para silenciar la prensa
libre, llegamos a una conclusión obvia pero muchas veces olvidada: La única
manera que estos gobiernos tienen para permanecer en el poder, dejando impunes
sus actos de corrupción, es con una prensa silenciada, y una justicia a su
disposición.En Venezuela, Hugo Chávez se aseguró poco a poco de ir eliminando todo medio de comunicación independiente. Primero a través de una alianza implícita con el empresario Gustavo Cisneros, propietario de Venevisión; luego con el cierre de RCTV y de cientos de señales de radio; y más recientemente, a través de la compra de medios por parte de “empresarios” afines al gobierno. Resaltan el caso del banquero Víctor Vargas, principal nombre detrás de la compra del diario Últimas Noticias, o del empresario Raúl Gorrín, nuevo dueño del canal de televisión Globovision.
A nivel judicial, quizás la señal más fuerte del gobierno de
Chávez fue el meter presa a la Jueza María Lourdes de Afiuni durante más de 5
años, sencillamente por haber acatado una resolución de Naciones Unidas que
pedía por la liberación de un preso político. Hoy el sistema judicial en
Venezuela no existe, sino que está al servicio de la corrupción y el crimen
organizado.
En Ecuador, Rafael Correa utilizó una estrategia más
elaborada. Para acabar con la libertad de prensa, comenzó por expropiar dos de los
canales de televisión más importantes del país, pertenecientes a la familia
Isaías. Si bien prometió venderlos rápidamente, hoy, 5 años después, los
canales no sólo continúan en manos del gobierno sino que constituyen las
principales vías de publicidad oficial. Así mismo, la Asamblea nacional
controlada en su amplia mayoría por el partido oficialista, aprobó una ley de
medios de comunicación que criminaliza a quien opina diferente, obligando a
cada periodista a contrastar con el propio gobierno cada pedazo de información,
eliminando así el periodismo de investigación.
Correa también se aseguró el control de los jueces. Lo hizo
llamando a un referendo constitucional que eliminó al anterior sistema de
justicia, reemplazándolo por uno nuevo, el cual es administrado por un consejo
de la judicatura que se encarga de la selección y suspensión de jueces. Todos
los miembros de este consejo de la judicatura son ex funcionarios de su
gobierno. De este modo, Correa utiliza el sistema judicial para perseguir y
amenazar a los periodistas que intentan investigarlo o los opositores que se
atreven a criticarlo; y también para proteger a sus colegas ante eventuales
investigaciones judiciales de corrupción.
En Argentina, el gobierno desarrolló por un lado una
estrategia de captación de influencias con la cual se le exigía a empresarios
afines a que compren medios de comunicación, a cambio de asegurarse una
posición privilegiada a la hora de participar en diferentes licitaciones del
Estado, o alternativamente, para evitar visitas “espontáneas” de la agencia
recaudadora de impuestos. Ejemplos son el caso del empresario Kirchnerista
Cristóbal López, quién hace no mucho tiempo compro el canal de noticias C5N; o
el Grupo Vila-Manzano, hoy totalmente dedicado al proselitismo “K”.
La relación corrupción-justicia-medios también se hizo evidente en el país durante la investigación de grandes casos de corrupción. Durante el último año, la poca prensa independiente que queda en la Argentina logró documentar, quizás como nunca antes, hechos de corrupción como el que involucra al actual Vicepresidente Amado Boudou, o al contratista de obra pública amigo de la familia Kirchner, Lázaro Báez. Si bien la evidencia de estos casos es abrumadora, los mismos se encuentran paralizados en la justicia, este último en manos de un polémico juez de nombre Sebastián Cassanello. Como se dijo anteriormente, el gobierno también se encargó de suspender al fiscal que llevaba adelante la investigación.
@Ezequielvazquez | www.ezequielvazquez.com
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