Familiares de detenidos en “Operativo Eclipse 2010” presentan denuncia penal contra el ex presidente Alan García.

De la marcha por la Dignidad y la Justicia a la denuncia penal contra los responsables de haber cometido presuntos ilícitos en un operativo irregular y plagado de vicios, según aseguran en el documento de diez páginas. Foto cortesía.

 

Familiares de los detenidos y presos en diversas cárceles a consecuencia del Operativo Eclipse 2010 presentaron ante la fiscalía de Aucayacu una demanda penal por presunta violación de los derechos humanos y otros ilícitos.

Sustentan la denuncia en el Art. 2° Inc. 20 y 23° Art. 159º inciso 5 de la Constitución Política del Estado y Arts. 11°, 92° Inc. 2 y 113° del Decreto Legislativo N° 52 -Ley Orgánica del Ministerio Público; y Art. 317, 376,377,418,422 y 430 del Código Penal vigente. Se formuló denuncia penal contra el ex Presidente de la República Ciudadano Alan García Pérez; el ex Ministro del Interior Helmer Miguel Hidalgo  Medina, contra el ex Director de la DINANDRO General PNP Carlos Moran Soto, también en contra del Dr. Marco Guzmán Baca Fiscal Provincial de la Cuarta Fiscalía Supra provincial Penal de Lima y al Juez del Tercer Juzgado Penal Supraprovincial Manuel Loyola Florian, y al Jueza Yesica León Yarango.

Por haber presuntamente incurrido en los delitos de  Abuso de Autoridad, Prevaricato,  Omisión de Actos Funcionales, Asociación Ilícito para Delinquir y otros, en agravio de los familiares del denunciante y del Estado Peruano;  graves Delitos  incurridos   durante la Operación ¨Eclipse 2010¨, que se viene tramitando en el Expediente Nº 375-2010, ante el Tercer Juzgado Supraprovincial Penal de Lima, señalan que como consecuencia de estas irregulares detenciones se ocasionó la muerte del ex alcalde del distrito de Monzón Iburcio Morales Baltazar.

Alegan que para las detenciones y el encarcelamiento se utilizaron como único medio Probatorio la versión de delincuentes sentenciados, quienes por buscar su libertad se acogieron a la ley Nº 27378  Ley que establece beneficios por colaboración eficaz en el ámbito de la criminalidad organizada. “Muchos de estos testigos claves han caído en contradicciones y no conocen a la gran mayoría de las personas que sindican.”

Solicitan al Fiscal que  después de las investigaciones preliminares se Formalice la Denuncia Penal contra los arriba indicados. En los fundamentos de la denuncia manifiestan:

“Señor Fiscal, el atropello contra nuestra Libertad  se inicia, el 26 de Noviembre del 2010, cuando de manera injusta, arbitraria e ilegal,  nuestros familiares fueron detenidos en el interior de sus respectivos domicilios; en circunstancias que nos encontrábamos durmiendo, sin razón ni motivo alguno…

 

Dicha detención ilegal fue realizada por agentes de la Dirección Antidrogas, apoyadas por el destacamento del Frente Policial Huallaga, según medios informativos, nunca han sido previamente notificados ya que muchos de los detenidos son personas públicas como: Alcaldes en ejercicio de sus funciones, Autoridades Locales como Agentes Municipales, Tenientes Gobernadores, Presidentes de organizaciones Agropecuarios, Políticos, Empresarios, comerciantes, amas de casa y humildes agricultores, que contaban con domicilio fijo, trabajo seguro sin existir ningún riesgo de fuga ni de exiliarse en otro país.”

Agregan que, “nunca les dijeron el porqué de su detención, ya que a muchos no les mostraron ninguna orden que así lo estableciera, y mucho menos se encontraban en la comisión de algún fragante delito, por el contrario fueron secuestrados de sus domicilios como es el caso del Fallecido Iburcio Morales Baltazar entre otras personas, lo que conlleva a que dicho detención fue arbitraria…

Tanto así, que al llegar a la ciudad de Tingo María recién los efectivos intervinientes les dijeron que son policías (pues para variar todos las personas que intervinieron estaban vestidas de civil y se desplazaban en vehículos particulares), que la orden estaba dada desde Lima firmado por la Jueza Yesica León Yarango, a quien después de manera sospechosa lo relevaron del caso por el actual Juez Manuel Loyola Florian. Posteriormente fueron trasladados a la Ciudad de Lima, donde se encuentraban detenidos en las Instalaciones de la DINANDRO – PNP, siendo luego trasladados al Establecimiento Penitenciario Miguel Castro Castro, a Santa Mónica en Chorrillos y otros a Piedras Gordas en Ancon.”

En el amplio alegato se asegura que, “los denunciados aprovechando sus atribuciones y facultades han cometido una Asociación Ilícita creando delitos inexistentes, para luego efectuar operativos arbitrarios como el presente,  sin ningún motivo ni explicación alguna, imponiendo de manera tendenciosa a Colaboradores eficaces y testigos claves, habiéndose evidenciado a lo largo de la investigación que muchos de ellos se han retractado y se han contradicho al haber presentado en el expediente Nº 375-2010 Declaraciones juradas en las que desmienten haber firmado y declarado en contra de los detenidos, asegurando que los mismos, han sido fabricados con la única finalidad de perjudicarlos e involucrarlos en un delito muy grave como es el Terrorismo, ya que la mayoría de nuestros familiares se dedican a la agricultura, y las otras personas son ex dirigentes agropecuarios que nunca han tenido relación con ningún grupo criminal (sendero luminoso, MRTA), de ninguna índole…

Es así, que todas las diligencias se han llevado a cabo con irregularidad, habiéndose todo ello materializado en  la elaboración del atestado policial N-12-DIRANDRO-PNP-DIVINESP, el mismo que es completamente errado todos los hechos que allí contiene, se muestra claramente que muchos de las imputaciones han sido fabricados.”

“Los denunciados con su actuar errado y concertado de acuerdo a las evidencias del caso, no  solo han denunciado falsamente, sino que han fabricado pruebas contra los suscritos siendo personas inocentes, por lo se ha cometido un agravio en contra de nuestros familiares, ya que se ha vulnerado principios Constitucionales y Supranacionales. “

 “Cabe mencionar que este hecho de gravísima violación de los Derechos Humanos actualmente viene siendo revisado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde se denunció la existencia no solamente de este operativo sino de muchos operativos más que el Ministerio del Interior y de Defensa viene desarrollando en varias regiones del país, recientemente ha quedado demostrado con el EXP: 448-2008-O-JR del operativo Huracán desarrollado en el Alto Huallaga, donde después de la irregular detención a humildes pobladores, autoridades y otras personalidades a quienes se les acuso falsamente de terroristas con testigos claves bajo la misma modalidad del operativo Eclipse, fueron absueltos por la sala y liberados después de 06 años de prisión.” Indican.

Finalizan la demanda con un pedido, “A Ud. Señor Fiscal Penal, ante la claridad de los hechos y de la prueba documental, solicitamos se efectúe la correspondiente denuncia Penal, dispensando en esta oportunidad de cualquier investigación previa, con la finalidad de que judicialmente se tome de inmediato las medidas pertinentes, en resguardo de nuestros intereses.

 

La denuncia penal fue suscrita por el abogado Luis Carlos Simeón Hurtado y el Ingeniero Hugo Cabrera Ruíz  asesor principal de la Asociación de Familiares de los detenidos y procesados en el Operativo Eclipse.