Felipe
A. Páucar Mariluz. *
Es repulsivo constatar que la corrupción y la impunidad hayan convertido a los Congresos de la República, gobiernos nacionales, regionales y municipales en entes parecidos a las cloacas más repugnantes, donde casi todo es negocio o cálculo político y casi nada la búsqueda del interés colectivo. Ex presidentes nacionales, regionales y alcaldes denunciados, procesados y encarcelados hay pocos cuando la pérdida económica por efecto de la corrupción llega a los 22 mil millones de soles al año, o cuando los 21 mil expedientes por corrupción reportados entre 2021 y 2022 debería avergonzarnos y unirnos en una lucha sin cuartel contra la delincuencia organizada, estamos divididos por intereses políticos o de otra índole, además de utilizar como herramienta destructiva los dichos sin pruebas de delincuentes confesos y enmascarados bajo la figura de ‘empresarios’ lobistas o colaboradores eficaces, así de penosa es nuestra realidad gobernante y de la administración de la justicia a nivel nacional e internacional. El anti castillismo y el pro fujimorismo; el anti pueblo y el pro poder político-económico; la antiética frente a la ética y la responsabilidad social con transparencia.
La elección del Doctor Milthon Muñoz Berrocal como nuevo
rector de la Universidad Nacional Agraria de la Selva lleva a un sector de la
comunidad universitaria a tener la esperanza que las cosas conocidas y
reprobadas por ser un lastre como la corrupción cambien, hacia una gestión de
puertas abiertas, con la eficiencia y transparencia exigidas, con ello la
corrupción imperante en varios estamentos podrá ser develada y controlada,
aunque los 6 candidatos en la primera vuelta y dos en la segunda tocaron el
tema con pinzas como si se tratara de una ‘papa caliente’, no se sabe si por
temor o connivencia. La UNAS creció en infraestructura pero hay un déficit en
lo académico, sus profesionales se posesionaron bien en parte por propio
esfuerzo y es hora que tengan una presencia activa para construir juntos una
universidad con mejores perspectivas de crecimiento y desarrollo.
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| Ex presidentes investigados y procesados por presunta corrupción en las últimas 3 décadas. Foto composición Cortesía. |
El destacado diario El País se ocupa sobre la endemia de la
corrupción y de las cloacas del Estado y de otras cloacas, que hacemos nuestro
dadas las coincidencias con los quehaceres del Perú: “En la colisión entre los
derechos al honor y a la información, la Constitución hace prevalecer el
segundo por interés público. El comisario jubilado José Manuel Villarejo, a su
llegada a una sesión de un juicio del macrosumario del 'caso Tándem’ en la sede
de la Audiencia Nacional en San Fernando.
EL PAÍS inicia una serie bajo el título Los audios secretos de la
corrupción que intenta arrojar luz sobre episodios oscuros que han marcado una
parte de la historia política y económica de los últimos 20 años en España. El
material que alimenta esta publicación fue requisado por la Policía en el
registro de las viviendas y empresas del comisario jubilado José Manuel
Villarejo tras su detención en noviembre de 2017. Parte de ese material,
almacenado en discos duros con miles de documentos y grabaciones, integra ya
las cerca de 30 piezas separadas abiertas por la Audiencia Nacional. Se trata
del macrosumario del caso Tándem, que implica a cientos de imputados, entre
ellos a grandes empresarios, a banqueros, a dirigentes políticos
—mayoritariamente del Partido Popular— y a comisarios de policía.
El periódico ha tenido ahora acceso a grabaciones y
documentación requisadas al comisario que no han sido incorporadas todavía al
macroproceso judicial abierto, pero cuyo contenido permite poner en contexto
algunos de los escándalos que han zarandeado la vida pública española en los
últimos años. EL PAÍS ha acometido, antes de publicar la serie, una tarea de
comprobación destinada a mostrar que todo lo que se va a leer y escuchar tiene
relevancia pública por los hechos que sucedieron después, de modo que se pueda
completar un relato coherente de lo ocurrido. Se ha verificado que lo que
figura en las grabaciones acabó sucediendo, y de qué modo ocurrió. El trabajo
que inicia EL PAÍS no pretende tener trascendencia penal (eso queda a la
decisión de los tribunales) sino coherencia periodística, mediante un relato
basado en hechos verdaderos enmarcados en los criterios del Tribunal
Constitucional sobre la libertad de información.
Nos encontramos ante un caso de posible colisión entre dos
derechos fundamentales: el derecho de los ciudadanos a la información veraz y
el derecho individual al honor, la intimidad y la propia imagen. Cuando se
produce ese choque, la doctrina constitucional española establece que para que
prevalezca el derecho a la información han de darse estos requisitos: “Que la
información transmitida verse sobre hechos de interés general, con
trascendencia política, social o económica, y que la expresada información sea
veraz”. Este es el caso que nos ocupa. La relevancia de la información que
publicamos afecta a los bienes públicos y a la defensa de los derechos de los
ciudadanos.
La doctrina constitucional indica también que “el derecho al honor se debilita (…) en cuanto sus titulares son personas públicas, ejercen funciones públicas o resultan implicadas en asuntos de relevancia pública (…), siempre que las opiniones o frases no revelen zafiedad, tosquedad o grosería”. EL PAÍS descarta aquellos pasajes carentes de relevancia pública que solo contribuirían al cotilleo malsano. Se trata de facilitar la interpretación auténtica de qué es lo que pasó en una etapa concreta de la democracia española que tuvo gravísimas consecuencias políticas y todavía hoy se dirime en los tribunales. Somos conscientes de que todo ello parte de la acción antiética y presuntamente delictiva de un comisario, pero sus renglones torcidos ofrecen un relato cabal de cómo se desarrollaron en España las acciones corruptas a las que se refiere el macrosumario (Europa Press, El País, mayo 15, de 2022).
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| Presidente Pedro Castillo cumplió 10 meses en el poder y es investigado por presunta corrupción. Foto cortesía. |
Las cloacas del Estado y otras cloacas. Pedro Sánchez tiene
que aclarar si fue informado o no de las escuchas a los independentistas
catalanes. Es preciso saber cuándo y quién se lo notificó si así hubiera
sucedido, o si nadie lo hizo y por qué, y si eludió una responsabilidad que la
ley le adjudica La primera vez que oí a un ministro de la incipiente democracia
española quejarse de la actividad de las cloacas del Estado fue cuando
Fernández Ordóñez, titular de Justicia en el primer Gobierno constitucional de
Adolfo Suárez, se enfrentó a su colega de Interior tras la tortura y asesinato
de un etarra en la Dirección General de Seguridad. El cadáver del activista
constituyó todo un mensaje de cómo entendían algunos que había que solucionar
el futuro político español. Una semana antes, ETA había asesinado en el País
Vasco al ingeniero Ryan, y 10 días después se produjo el golpe de Estado del
23-F. Resultó evidente que las cloacas, las del Estado y las de quienes
conspiraban contra él, habían generado un clima de inestabilidad que facilitara
el apoyo a soluciones de fuerza: cuanto peor mejor. Pero quienes entonces
manejaban sus hilos no estaban controlados por el poder político, víctima
también de su actividad. Yo mismo fui objetivo de sus métodos cuando servicios
de inteligencia militar herederos del franquismo falsificaron documentación
tratando de demostrar que lejos de ser un periodista independiente era un
agente del KGB soviético. Los fontaneros de las cloacas se encargaron de
infiltrarse en grupos de activistas y terroristas de extrema izquierda, como el
FRAP, los GRAPO, o el Partido Comunista Reconstituido y organizaron ellos
mismos los de extrema derecha, como la Triple A. Pero después del 23-F las
propias autoridades del Estado utilizaron a veces a esos mismos individuos,
vulnerando el sistema de leyes que pretendían defender, como en el asunto de
los GAL, que acabó por enviar a la cárcel al ministro del Interior y al
secretario de Seguridad de un Gobierno socialista. Entonces, la actual ministra
de Defensa, a la sazón número dos en el Ministerio del Interior, realizó una
labor considerable de limpieza de las cloacas, retiró los fondos reservados
destinados a la guerra sucia y persiguió los excesos policiales en la lucha
antiterrorista.
Poco después, un escándalo de escuchas ilegales provocó las
dimisiones del vicepresidente del Gobierno, del ministro de Defensa y del
general director del Cesid (Centro Superior de Información de la Defensa).
Dicho instituto fue clausurado por el Gobierno de Aznar, que pactó con la oposición
la ley fundacional del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Se trataba de
organizar unos servicios secretos profesionales y modernos al servicio de la
democracia y sometidos al control judicial. Fue todo un éxito, pero no evitó
que el Gobierno del PP colaborara activamente con el de Estados Unidos en la
guerra sucia contra el terror fundamentalista islámico. Permitió el aterrizaje
en nuestro suelo de aviones de la CIA que transportaron al campo de
concentración de Guantánamo a decenas de sospechosos secuestrados y torturados
por agentes encubiertos. Semejantes prácticas continuaron algún tiempo durante
el Gobierno de Rodríguez Zapatero. Izquierda Unida presionó entonces, en el
Congreso y fuera de él, para recabar información sobre dichos vuelos ilegales,
información que no llegó en tiempo y modo, pues tanto el presidente como los
ministros de Defensa y de Exteriores manifestaron su absoluto desconocimiento
al respecto. Posteriormente, el PP se embarró en las operaciones de la policía
patriótica, todavía bajo investigación judicial de la corrupción.
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| La Procuraduría y la Contraloría no estuvieron ni están a la altura del reto que plantea la lucha contra la corrupción. Foto difusión. |
Este sucinto relato pone de relieve que las cloacas del Estado, de una forma u otra, han existido con todos los gobiernos de nuestra democracia, para no evocar el caso Villarejo o el del Pequeño Nicolás, y sus derivaciones y complicidades jurídicas y mediáticas. Cuestiones que pertenecen también a la memoria histórica que ahora se reclama, y sin la que es imposible comprender el presente. Deberían ayudarnos a exigir una mayor transparencia y un más eficaz control de la legalidad en el ejercicio del poder por parte de nuestros gobernantes, sea cual sea su perfil ideológico. Aunque conviene aclarar que estas conductas no son una exclusiva española. Gobiernos democráticos de Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Alemania, entre otros, protagonizan un catálogo de irregularidades similares y aun mucho peores que las citadas. Para no hablar de la dictadura de Arabia Saudí, los envenenamientos de disidentes rusos, la tiranía venezolana o lo que sucede en la mayoría de los regímenes existentes, algunos miembros incluso de la OTAN, dispuestos a vulnerar los derechos humanos de la ciudadanía en nombre de la seguridad de sus países. Hay cloacas chicas y grandes en según qué lugares, y sus gestores vulneran impunemente la ley.
Todo ello nos ayuda a analizar el comportamiento de Pedro
Sánchez y su equipo en los recientes casos de escuchas telefónicas y el
descubrimiento de una brecha en la seguridad del Estado, con la que se ha
pretendido justificar la vergonzosa y vergonzante destitución de la directora
del CNI. Desde sus comienzos, el Centro Nacional de Inteligencia ha demostrado
gran profesionalidad y aparentemente se ha preocupado por el respeto a la
legalidad. En su ley fundacional se establece que su principal misión es
facilitar al presidente del Gobierno (expresamente citado) y al Gobierno de la
nación “informaciones, análisis y propuestas que eviten peligros, amenazas y
agresiones contra la integridad territorial de España y la estabilidad del
Estado de derecho”. Es pues el presidente el destinatario primordial y directo
de los informes del centro. Por lo mismo, tiene que aclarar si efectivamente
fue informado o no de las escuchas a los independentistas catalanes, algunos
condenados por delitos contra la integridad del Estado y otros obviamente
sospechosos. Es preciso saber cuándo y quién se lo notificó si así hubiera
sucedido, o si nadie lo hizo y por qué, y si eludió así una responsabilidad que
la ley le adjudica. Los titulares de Defensa y de Interior deben además
investigar si otros servicios de información militares o policiales han llevado
a cabo escuchas no sometidas a control judicial, como sí lo estuvieron las del
CNI. Y el de la Presidencia, responsable de la seguridad de las comunicaciones
del Gobierno, explicar los motivos de la resistencia de muchos de sus
integrantes a entregar sus teléfonos al Centro Criptológico Nacional. De esas
conductas, y no de la actividad del CNI, se deriva precisamente la brecha en la
seguridad del Estado que ahora el Gobierno denuncia. También de la
incongruencia e incompetencia de nuestra política exterior en relación con el
Magreb.
Insistiré en que el hecho de que Podemos pretenda eludir su responsabilidad en esta historia es tan infantil como inmoral. Su formación tiene la llave de la continuidad o no de la legislatura. No puede reclamar airadamente una comisión de investigación y hasta la dimisión de la ministra de Defensa y al tiempo continuar en el Gabinete como si tal cosa en nombre de un airado progresismo. Para no hablar de la complicidad y hasta el liderazgo de la actual Generalitat catalana con esas actividades ilegales. Su presidente, hoy fugado de la justicia, pero entonces máximo representante del Estado en su autonomía, recibió a los enviados de las cloacas rusas y las de la burguesía local y el 3%, que llegaron con ofrendas de oro y mirra y promesas de una “operación especial” de tropas extranjeras para promover la independencia unilateral de Cataluña. Para cloaca, esa en la que ellos han venido chapoteando y en la que volverán a ensuciarse si se les deja. La defensa de nuestro Estado de derecho exige que actúe la Fiscalía, que no todo sean filtraciones a la prensa amiga o enemiga y que el Gobierno y su presidente dejen de mentir o de callar cuando se les interroga. (Juan Luis Cebriane, El País, mayo 16, de 2022).
* Artículo a ser publicado en la revista Pura Selva.
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