Cambio climático global, deforestación y sequía: Grave amenaza a la Amazonía.

Felipe A. Páucar Mariluz.

La Laguna de los Milagros, un importante atractivo turístico ubicado a 23 kilómetros al norte de Tingo María se queda sin agua, como nunca antes sucedió, en parte por la dejadez e incapacidad de las autoridades que la abandonaron a su suerte ante el abuso de un grupo de personas que se ‘apropiaron’ del bien natural. El excesivo calor y la falta de lluvias por un periodo ocasionaron el temido desastre ecológico. Refugio Selvático.

“Este mes conmemoramos el Día Mundial de la Alimentación con el lema: “el agua es vida, el agua nutre”. Esto da cuenta de la importancia estratégica de cuidar este elemento, vital para la seguridad alimentaria del planeta” (FAO).

La sequía que afecta a la provincia de Leoncio Prado y a casi todo el Huallaga parece agravarse, dado que los pronósticos sobre lluvias torrenciales por el fenómeno El Niño global no incluyen a la región Huánuco, mientras que en las regiones San Martín, Ucayali y Loreto la incertidumbre crece y parece ser la principal característica, las poblaciones de las ciudades y del área rural progresivamente se quedan sin el vital líquido elemento, mientras entidades como que dicen cuidar y preservar el agua no dan señales efectivas y por lo contrario parecen figuras decorativas o de cliché en las zonas amenazadas que requieren de la urgente presencia de entidades del Estado y la cooperación internacional con actuación activa y liderazgo. En todas las cuencas hidrográficas de la Amazonía la escasez de agua genera alarma porque afecta seriamente el bienestar, la salud y la vida de las personas, así como la fauna y flora de valor incalculable.

 

En el informe, “Cambio climático escasez de agua y seguridad alimentaria” elaborado  por Hivy Ortiz, Coordinadora de la Iniciativa Regional de Agricultura Sostenible y Resiliente de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) para América Latina y el Caribe, y Marcelo Sadres, Especialista en gestión de agua y recursos hídricos de la FAO para América Latina y el Caribe, aquí una parte:

“Se pone en evidencia que América Latina y el Caribe concentra un poco más de un tercio del total de agua dulce del mundo. Sin embargo, la creciente amenaza del cambio climático ha exacerbado la vulnerabilidad del recurso, y eventos extremos, como sequías e inundaciones, son cada vez más frecuentes, dejando consecuencias devastadoras en la región.

La agricultura ha sido uno de los sectores que más ha sufrido ante el cambiante escenario de disponibilidad del agua. Actualmente, el 73% del agua dulce disponible se destina a la agricultura para la producción de alimentos.   Con una población creciente y la necesidad de alimentar a más personas con el mismo o con menos recursos hídricos, la gestión responsable del agua se convierte en un pilar fundamental para garantizar la seguridad alimentaria y nutrición en la región, en un contexto de cambio climático.

Un punto clave es la colaboración regional. La cooperación en materia de aguas transfronterizas y la búsqueda de soluciones comunes para desafíos globales son esenciales para la seguridad hídrica y alimentaria. También lo son la gobernanza y la equidad. No dejar a nadie atrás implica considerar el valor social del agua para la producción de alimentos y la seguridad alimentaria, y requiere de una gobernanza inclusiva y un marco sobre la tenencia de los recursos, agua y suelo. Otro punto clave es el fortalecimiento de la resiliencia ante los desastres relacionados con el agua. Esto implica medidas estructurales y de gestión de los recursos hídricos, sistemas de alerta temprana y la colaboración entre gobiernos, sociedad civil, academia y comunidades locales. También debemos apuntalar la agricultura sostenible y la conservación de suelo, produciendo con menos agua, evitando la degradación y reduciendo el estrés hídrico en zonas agrícolas.

En ese camino, el resguardo a la biodiversidad y a los servicios ecosistémicos de la naturaleza, son fundamentales para apuntalar ecosistemas saludables y sostenibles, desde los océanos y los ríos, para garantizar que se completen los ciclos naturales, entre ellos el del agua, contribuyendo a la lucha contra el cambio climático, a disminuir el riesgo de pandemias y para la seguridad alimentaria. La incorporación de tecnología e innovación, como por ejemplo tecnologías de riego más eficientes, planificación del ciclo del cultivo y del riego con base en información satelital, y la reutilización del agua, son oportunidades que debemos ampliar. También es urgente fortalecer la acción climática regional, particularmente en el sector agrícola, fuente de una amplia gama de soluciones que contribuyen a la adaptación y a la mitigación del cambio climático. En ese contexto, la Plataforma de Acción Climática en Agricultura de América Latina y el Caribe (PLACA), así como otras iniciativas de articulación regional, se han erigido como espacios de alto nivel para abordar estos temas.

En definitiva, es urgente promover prácticas agrícolas sostenibles y resilientes, y desarrollar estrategias de adaptación, para tener un mejor medioambiente y una mejor producción, sin dejar a nadie atrás. Ciertamente, espacios de diálogo político como el Foros de Ministras y Ministros de Medio Ambiente, y espacios más técnicos como la Semana del Clima 2023, ofrecen instancias para presentar nuevas ideas, compartir lecciones aprendidas y encontrar oportunidades para trabajar en conjunto temas tan relevantes como la gestión sostenible del agua y la producción de alimentos nutritivos, en un contexto de cambio climático”.

Igualmente, en un amplio y documentado informe el medio New York Times (Nytimes) describe de manera descarnada la tragedia que vive la Amazonía y que podría agudizarse en los próximos meses, aquí el informe que retrata una señal de alarma a tener en cuenta: “La selva tropical contiene la quinta parte del agua dulce del mundo, pero la deforestación, las lluvias escasas y el calor implacable están dejándola seca. El depósito de agua dulce más grande del planeta está en problemas. La selva tropical de la Amazonía, donde fluye una quinta parte del agua dulce del mundo, está sufriendo los embates de una sequía fuerte que no muestra señales de amainar.

La sequía, probablemente agravada por el calentamiento global y la deforestación, ha generado grandes incendios forestales que han hecho que el aire sea peligroso para millones de personas, incluidas algunas comunidades indígenas, y al mismo tiempo han secado ríos importantes a un ritmo récord. Los ríos llegaron a su nivel más bajo alguna vez registrado, mientras que otros se acercan a niveles históricos. Esto ha sofocado a la población de delfines rosados en peligro de extinción, clausurado una planta hidroeléctrica importante y aislado a decenas de miles de personas que viven en comunidades remotas y que solo pueden trasladarse por bote. “Ahora solo hay tierra donde solía haber un río”, afirmó Ruth Martins, de 50 años, una líder de Boca do Mamirauá, una pequeña comunidad ribereña en la Amazonía. “Nunca hemos experimentado una sequía como esta”.

Las condiciones más secas están acelerando la destrucción de la selva tropical más grande y biodiversa del mundo, y en la que algunas zonas han comenzado a transformarse de ecosistemas húmedos que almacenan enormes cantidades de gases que retienen el calor a unos más secos que están liberando dichos gases a la atmósfera. El resultado es un doble golpe a la lucha global contra el cambio climático y la pérdida de biodiversidad.

Ríos Nanay y Amazonas disminuyeron drásticamente su caudal afectando a poblaciones selváticas y a la fauna y flora. Leyenda del Huallaga.

“Esta es una catástrofe con consecuencias a largo plazo”, dijo Luciana Vanni Gatti, científica del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, quien ha estado documentando los cambios en la Amazonía. “Mientras más pérdida de selva tengamos, menor será su resiliencia”. Estudios recientes han mostrado que el cambio climático, la deforestación y los incendios han hecho que a la Amazonía le cueste más recuperarse de las graves sequías. Gatti también advirtió que lo peor podría está por llegar. Se espera que la temporada de lluvia comience en las próximas semanas y si persiste la sequía, la cual comenzó en junio, esta sería la primera vez en la que estas condiciones tan extremas hayan tomado el control durante el periodo más seco de la Amazonía y hayan continuado hasta su periodo más lluvioso.

Portada de informe, foto captura.

En Tefé, un municipio rural del noroeste de la Amazonía, los residentes cruzan tramos fangosos de lechos de lago en motocicletas y reman canoas por los arroyos estrechos que solían ser ríos. Unas 158 aldeas ribereñas en la misma región han quedado aisladas ya que las vías fluviales que las conectan con localidades más grandes se han secado, dijo Edivilson Braga, coordinador del servicio de defensa civil local. “Están completamente aislados”, afirmó Braga, quien agregó que hasta el momento las autoridades han entregado miles de canastas de alimentos básicos, muchas de ellas por helicóptero, a miles de familias.

La Amazonía ha sufrido sequías en el pasado, pero actualmente está lidiando con “desastres simultáneos”, dijo Ayan Santos Fleischmann, hidrólogo del Instituto Mamirauá, un centro de investigación ubicado en Tefé. La escasez de lluvia, el calor abrasador y las altísimas temperaturas del agua están azolando, al mismo tiempo, a la región. “Esta es una crisis, una crisis humanitaria, ambiental y de salud”, aseveró Fleischmann. “Y lo que más nos aterra es lo que está por venir”. En Boca do Mamirauá, a unas dos horas en lancha de Tefé, la sequía de las vías fluviales ha provocado que las reservas de alimentos básicos y medicamentos disminuyan y ha impedido que los niños puedan realizar el viaje por río a la escuela desde el 20 de septiembre, aseguró Martins, la líder comunitaria.

Por toda la Amazonía se han secado pozos y arroyos, dejando a las comunidades sin agua potable. “Aquí el agua se convirtió en barro”, dijo Tuniel Gomes Figueiredo, quien vive en Murutinga, una aldea de una comunidad indígena de unos 3000 habitantes.

Los pueblos se movilizan por el agua ante la insensibilidad del Estado. Cortesía archivo.

Sin alternativas, algunos residentes están bebiendo, cocinando y bañándose con agua contaminada. “Esta agua está enfermando a los niños y ancianos”, afirmó Braga. A las autoridades de salud también les preocupa que los charcos estancados de agua sobrecalentada puedan incrementar la población de mosquitos portadores de malaria y dengue. La sequía ha afectado a una cantidad incontable de especies animales en una región conocida por su vida silvestre abundante. En el lago Tefé, las temperaturas del agua continúan siendo elevadas y han aparecido más restos de delfines rosados en la última semana, elevando el número de delfines muertos a 153 desde que se recuperaron los primeros cuerpos el 23 de septiembre, informó Fleischmann.

Una proliferación de algas tóxicas, muy probablemente vinculadas con la sequía y el calor extremo, también ha ocupado el lago, creando una mancha roja en el agua, aunque los científicos no están seguros de sí puede perjudicar a humanos o animales. “Estamos utilizando redes para guiar a los delfines hacia otras zonas”, dijo Fleischmann. Si bien la baja humedad y las altas temperaturas pueden por sí solas exterminar plantas y animales, gran parte de la destrucción es causada por una selva más seca que es cada vez más vulnerable a los incendios, los cuales por lo general son iniciados por agricultores y otros que despejan los terrenos. Los incendios forestales han consumido más de 46.000 kilómetros cuadrados de la Amazonía desde el comienzo del año, más del doble del tamaño de Vermont.

El humo de los incendios forestales ha hecho que el aire sea muy nocivo en Manaos, una ciudad de dos millones de habitantes en el corazón de la Amazonía, que recientemente se convirtió en una de las ciudades más contaminadas del planeta, según el World Air Quality Index project. Revisar los datos de la calidad del aire cada mañana se ha convertido en un hábito ansioso en la ciudad, mientras niños y personas mayores terminan en hospitales con dificultades para respirar, según médicos en Manaos.

 

Camila Justa, una veterinaria en Manaos, dijo que nunca había visto un humo tan denso cubrir el cielo y que sufrió un ataque de asma por primera vez en 20 años, mientras que su hijo de 4 años ha tenido neumonía dos veces desde septiembre. “Es muy difícil llenar tus pulmones de aire”, dijo. “Y cuando lo haces, quema”. La sequía ha secado países de toda la región de la Amazonía.

En Bolivia, decenas de municipios tienen escasez de suministro de agua, los cultivos se han marchitado y las lagunas se han secado, “con graves consecuencias para la biodiversidad”, dijo Marlene Quintanilla, directora de investigación de Friends of Nature Foundation, una organización sin fines de lucro. Según los expertos, la ausencia de lluvia en la Amazonía es en gran medida el resultado de dos patrones climáticos.

Impresionante combinación de sol, agua y naturaleza. Cortesía archivo.

Desde el oeste, El Niño, el cual calienta las aguas del Pacífico cerca del Ecuador, está ganando fuerza. Desde el suroeste, las altas temperaturas en las aguas del Atlántico Norte han acelerado el flujo de aire hacia la Amazonía, previniendo la formación de nubes de lluvia sobre la selva. Si bien el vínculo entre el calentamiento global causado por el hombre y la sequía aún no está claro, los modelos climáticos sugieren que “en las próximas décadas, con el aumento de las temperaturas causado por el cambio climático, estos eventos se volverán más frecuentes”, afirmó Gilvan Sampaio, un científico que monitorea patrones climáticos en el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil.

 

Los efectos de un clima cambiante se intensifican por los altos niveles de deforestación en la Amazonía, causado en parte por agricultores que despejan terrenos para cultivos de soya y ganado, cuyos productos se exportan a países de todo el mundo. La tala de árboles, al igual que el calentamiento global, hace que la lluvia sea más escasa y las temperaturas más altas porque los árboles de la Amazonía liberan humedad, lo que baja la temperatura y forma nubes de lluvia. La sequía de los ríos también es un duro golpe para la economía de la región. Las barcazas que transportan maíz con destino a China y otros países se han visto obligadas a reducir su carga a la mitad a lo largo de un río importante este mes porque el agua era muy poco profunda y la erosión del cauce de un río provocó el colapso de un puerto.

Los ríos de la Amazonía también alimentan las plantas de energía que producen cerca de una décima parte de la electricidad de Brasil y la escasez de lluvia causó la clausura de una planta hidroeléctrica. En 2015 se documentaron condiciones de sequía similares, que contribuyeron a la peor temporada de incendios registrada en la Amazonía. Sin embargo, los científicos creen que esta sequía será aún más devastadora porque el océano Atlántico está más cálido y El Niño aún no ha alcanzado su punto máximo. “Esto es solo el comienzo”, afirmó Gatti, la científica.

En una tarde reciente, densas nubes oscurecieron los cielos sobre la aldea ribereña de Boca do Mamirauá. La gente se apresuró a agarrar baldes, listos para llenarlos con agua de lluvia. Pero las nubes siniestras pasaron rápidamente. “Ni una sola gota”, dijo Martins, la líder comunitaria”. (Informe original en: www.nytimes.com/es/2023). (Con información FAO, Nytimes, archivos Leyenda del Huallaga).

43 años de Guerra interna y Conflictos sociales: Perú a 20 años del informe CVR, ¿Qué se avanzó en las conclusiones y recomendaciones?

 Felipe Ascención Páucar Mariluz*.

 

No aprendimos la lección: Tiempos violentos, inseguridad, crimen organizado y criminalidad transnacional; gobiernos y Congreso antidemocráticos y corruptos, dictadura política e injusticia social; un balance penoso 20 años después de la entrega del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, CVR.

 

Ataúdes con restos de 26 asesinados en el Huallaga y Monzón. El terrorismo y el contraterrorismo autores de las muertes impunes. Foto difusión.

 

El conglomerado variopinto anti informe CVR intentó/a restarle importancia a las investigaciones contenidas en nueve tomos, a sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones, con la postura interesada de que éste fue sesgado, pro terrorista o que no sirvió para lograr la reconciliación entre peruanos; quienes afirman ello son los que no leyeron el informe, representantes de los depredadores de derechos humanos o defensores de gobiernos autoritarios como el fujimorismo y aprismo que hicieron de la guerra interna una oportunidad para medrar política y económicamente.

 

“La tendencia autoritaria que experimenta nuestro país no se limita al uso indiscriminado de la fuerza que en la protestas de diciembre pasado dejó como resultado 60 personas muertas, sino también se manifiesta en otros niveles del propio Estado y de la sociedad. Así se puede ver en las recientes medidas administrativas implementadas alrededor de los temas de memoria y del número creciente de discursos de odio que se replican en las redes sociales en apoyo a estas medidas”. Iris Jave ex CVR.

 

El 28 de setiembre de 2023 se reunieron en el Lugar de la Memoria, LUM, más de 100 ex integrantes de la CVR en un reencuentro que podría dar origen a nuevas reuniones con el objetivo de abordar temas nacionales sobre derechos humanos y sostenibilidad de la democracia con la perspectiva de constituirse en un foro de profesionales e intelectuales preocupados por la grave crisis política - social y la amenaza de una crisis económica ante el incremento de la pobreza y extrema pobreza que alcanzaría al 50 % de la población peruana. Fue un encuentro que dejó huella de acuerdo a las versiones de los asistentes en mayoría de la ciudad de Lima, por las funciones laborales de quienes se encuentran fuera de ella.

 

Reencuentro de ex integrantes de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, CVR en Lima. Difusión.

El 5 de octubre después de seis años de exhumados los restos mortales de 16 personas, fueron entregados a sus familiares en una ceremonia de restitución de restos óseos presidida por el presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Huánuco, Rodolfo Vega Billán, que estuvo acompañado por los fiscales de la Primera Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad de Lima, la municipalidad de Leoncio Prado en la ciudad de Tingo María fue testigo del dolor expresado por quienes perdieron a sus seres queridos los años 1991 -1992 durante la guerra terrorista y contraterrorista en el Huallaga. Con anterioridad se hicieron entrega de otros restos mortales a la fecha se tiene información sobre los avances en la ubicación de personas desaparecidas, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, RENADE, da a conocer en el tercer Registro del 25 de agosto de la existencia de 22 295 personas desaparecidas en Perú. Se afirma que pese al gran esfuerzo desplegado son escasos los avances por la falta de recursos logísticos y monetarios debido a una falta de sensibilidad, compromiso político y responsabilidad social de los gobiernos de Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala y los otros seis gobiernos desde 2016 a la fecha. En el logro de justicia y reparaciones es mucho más grave el resultado debido a los pocos casos judicializados y sentenciados a los depredadores de derechos humanos que utilizaron los recursos y las armas del Estado de manera criminal con la justificación de que combatían al terrorista de Sendero Luminoso y del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, MRTA.

Entrega de restos mortales de asesinados durante la guerra interna en el Huallaga. Archivo Leyenda del Huallaga.

El Decreto Supremo Nº 065-2001-PCM creó la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) y estableció como un objetivo de su mandato la presentación de recomendaciones de reformas institucionales que entendidas como garantías de prevención, ayuden a que no se repitan más en el Perú los dolorosos sucesos que se generaron en el proceso de violencia vivido en las últimas dos décadas. El artículo 2° establece que.- La Comisión tendrá los siguientes objetivos:

a) Analizar las condiciones políticas, sociales y culturales, así como los comportamientos que, desde la sociedad y las instituciones del Estado, contribuyeron a la trágica situación de violencia por la que atravesó el Perú.

El 12 de octubre de 1991 se instaló el Consejo de Paz bajo la presidencia de la iglesia católica que había aceptado la convocarla por única vez. José Dammert Bellido presidente de la Conferencia Episcopal en sus primeras expresiones vinculó la paz con la justicia, “Queremos la paz de la justicia, la paz como eje dinámico de la convivencia social, es decir, como un objetivo el terminar con el asesinato y el uso de la muerte como arma política”. El segundo tema planteado fue la defensa de los derechos humanos, censurando por igual a quienes la violan. No solo a los grupos armados embarcados en la irracional competencia por la muerte que transgrede el derecho internacional humanitario sino también al Estado, “No existe mejor forma de quitarle legitimidad al Estado y de minar la democracia, que atacando su verdadera esencia la protección de la persona humana”.

El informe CVR planteó las siguientes recomendaciones. Los miembros de la CVR damos término al delicado encargo que recibimos y, por ello, con la clara conciencia de que no hacemos sino un bosquejo de tareas urgentes que deben ser emprendidas por todos los peruanos, empezando por aquellos que detentan autoridad, formulamos –a la luz de lo vivido– recomendaciones en torno a los siguientes ejes: 1. Reformas institucionales necesarias para hacer real el Estado de Derecho y prevenir la violencia. 2. Reparaciones integrales a las víctimas. 3. Plan Nacional de Sitios de Entierro. 4. Mecanismos de seguimiento de sus recomendaciones.

Sin perjuicio del desarrollo de estos cinco ejes a lo largo de los 9 tomos, que muy pocos leyeron, la CVR se permitió formular las siguientes recomendaciones adicionales: a. Impulsar de manera decidida la difusión del Informe Final que ella ha preparado, de modo que todos los peruanos y peruanas puedan acercarse al conocimiento más pleno de nuestro reciente pasado de forma tal que, al preservarse la memoria histórica y ética de la nación, extraigan las lecciones adecuadas que impidan la repetición de momentos tan dolorosos como los vividos. b. Sugerir que el acceso al informe final, así como al acervo documental recogido o producido por la CVR sea lo más amplio posible, y que se promueva la investigación científica y académica respecto a los temas aquí señalados. La única razón que podría generar una excepción a esa regla debería ser la seguridad de víctimas o testigos. Por tal consideración, recomendamos que la Defensoría del Pueblo implemente un sistema de difusión del acervo documental por medio de instituciones públicas y privadas. c. Alentar a que en el más breve plazo (30 días) el Ministerio Público abra las investigaciones correspondientes contra los presuntos responsables de los crímenes investigados por la CVR. Para tales efectos, hacemos llegar a dicha institución todos los indicios que han servido para que los Comisionados, nos formemos convicción sobre la presunta responsabilidad penal de las personas que sindicamos como probables agentes de delito. d. Recomendar a la Defensoría del Pueblo, depositaria de todo nuestro acervo documental, que haga públicos los nombres de aquellas personas que, en nuestra opinión, se hacen merecedoras de investigación penal si, en el plazo ya señalado, el Ministerio Público no hubiere cumplido con pronunciarse frente a los casos que le fueron alcanzados por la CVR. e. Asimismo, recomendar a la Sala Nacional contra el Terrorismo de la Corte Superior de Justicia de Lima tomar en cuenta los hallazgos establecidos por la CVR en lo que se refiere a crímenes cometidos por miembros de Sendero Luminoso y el MRTA, así como los criterios establecidos para la atribución de responsabilidades de los mandos y líderes de dichas organizaciones subversivas, en el marco de los procedimientos judiciales por delitos de terrorismo actualmente en trámite. f. Exhortar a los poderes del Estado a no utilizar discrecionalmente amnistías, indultos u otras gracias presidenciales, sino dentro del estricto marco establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La CVR ha sido y es contraria a todo tipo de perdón legal por medio del cual se subordine la búsqueda de la verdad y la satisfacción de la justicia a razones de Estado. La reconciliación, como la entendemos y presentamos en este informe, supone descartar la intervención externa en lo que debe ser labor estrictamente jurisdiccional. g. Recomendar a las autoridades que correspondan la adopción de medidas administrativas contra los funcionarios públicos que resulten responsables de estar involucrados en graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo contra aquellos magistrados que no cumplieron debidamente sus funciones de protección de los derechos fundamentales. h. Recomendar que se brinden las seguridades necesarias a testigos y víctimas de graves crímenes y violaciones a los derechos humanos, mediante un sistema que integre los recursos del Poder Judicial, el Ministerio Público, el Ministerio del Interior y la Defensoría del Pueblo. En particular, respetar la reserva de los nombres de los testigos que han brindado información valiosa para nuestras investigaciones.

Durante el Foro a 20 años del Informe Final CVR, en Aucayacu, expusimos los hallazgos de nuestras investigaciones. Leyenda del Huallaga.

El Perú aún herido, el conflicto armado interno en cifras. Las heridas aún abiertas por el conflicto armado interno en Perú la incesante vulneración del derecho a la justicia de las víctimas.

Las heridas de la sociedad peruana quedan aún muy evidentes por las violaciones de derechos humanos que sufrió de 1980 a 2000, periodo de violencia sin precedentes más comúnmente conocido como “conflicto armado interno”, que cobró la vida de 69.280 personas, según una estimación de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), creada en 2001 para esclarecer tales hechos (Degregori, 2014).

Según el Informe final de la CVR, el 54% de las víctimas fue causado por el grupo terrorista PCP-Sendero Luminoso; el 43% fue provocado por agentes del Estado (Fuerzas Armadas y Policía); y el restante 17% fue causado por otros actores (el grupo terrorista Movimiento Revolucionario Túpac Amaru – MRTA, rondas campesinas, comunidades de autodefensa, grupos paramilitares, agentes no identificados). Además del asesinato, entre otras violaciones de los derechos humanos, se cometieron tratos crueles, inhumanos o degradantes, ejecuciones arbitrarias, secuestros, desapariciones forzadas, violaciones sexuales, esterilizaciones forzadas (CVR, 2003).

Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y Sitios de Entierro (RENADE), las personas desaparecidas entre 1980 y el 2000 ascienden a 20.329 personas aunque el número está lamentablemente destinado a subir. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos precisó que desconoce o es incierto el paradero de 13.764 personas, mientras sí se conoce el de 5.700 personas, pero no se tiene certeza legal de su muerte. De los 20.329 desaparecidos, solo se han hallado los restos de 865 personas, que fueron restituidos a sus familiares para la sepultura. Estas cifras convierten al Perú en el segundo país con más desaparecidos de América Latina después de Guatemala (LUM, 2018). Según el Ministerio Público existen 4644 sitios de entierro, de los cuales solo 2200 se encuentran documentados. La exhumación, identificación y entrega de restos de personas desaparecidas a sus familiares es todavía una tarea pendiente en el país (MRREE, 2011; EPAF y CNDDHH, 2008).

Algunas de las tareas pendientes en materia de reparación a las víctimas.

A la luz de las recomendaciones de la CVR, a partir del 2005 se puso en marcha una política de reparación con la Ley Nº 28592 (Aprobación del Plan Integral de Reparación a las Víctimas de la Violencia) y su reglamento de actuación fue aprobado en 2006. Gracias a tales instrumentos legislativos se creó la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN), encargada del seguimiento de las acciones y políticas del Estado en los ámbitos de la paz, la reparación colectiva y la reconciliación, como ente rector del sistema (Ulfe Young , 2013); el Consejo de Reparaciones (CR), encargado de la elaboración del Registro Único de Víctimas (RUV) y de la acreditación, identificación e individualización de las víctimas y diferentes programas de reparación como reparaciones colectivas para los más de 600.000 desplazados en todo el país que han tenido que abandonar sus tierras y sus propiedades por el asedio de los grupos armados, el Programa de Reparaciones Económicas Individuales -PREI-, las reparaciones en el ámbito de salud y educación, las reparaciones simbólicas, la facilitación y acceso habitacional y la restitución de derechos (Lerner Febres, 2007).

Diez años después de ese primer paso en materia de reparación, gracias a la incansable lucha pacífica de los familiares de las personas desaparecidas, en 2016 se promulgó la Ley Nº 30470, Ley de Búsqueda de personas desaparecidas durante el periodo de violencia 1980-2000, que tiene como finalidad la búsqueda, recuperación, análisis, identificación y restitución de los restos humanos de las personas desaparecidas. Asimismo, en 2018 con el decreto legislativo Nº 1398 se aprobó la creación por parte de la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas (DGBPD) en el marco del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, de un banco de datos genéticos que permitirá contrastar el ADN de los familiares de las víctimas con los restos óseos hallados en las fosas (El Comercio, 2018).

A pesar de los pasos que en estos 19 años de postconflicto se han dado hacia la reparación de las víctimas del terrorismo y de las violaciones de los derechos humanos en Perú, los informes de la Defensoría del Pueblo (entre ellos el n. 55, el n. 139, el n. 162) que monitorean la implementación de las recomendaciones de la CVR, reportan graves insuficiencias en las medidas aprobadas y una escasa implementación de las mismas por la presencia de obstáculos administrativos que a menudo no sólo impiden el ejercicio de los derechos de las víctimas sino que les causan severas victimizaciones secundarias (Defensoría del Pueblo, 2000; 2008; 2013).

La insuficiencia de tales medidas se puede constatar, por poner solo uno de los numerosos ejemplos posibles, en el ámbito de la atención médica y de la reparación en salud, en el que no se ofrecen servicios especializados para las víctimas del conflicto. Por lo que se refiere a la atención psicológica, no existe ningún programa de salud mental que otorgue, desde el servicio sanitario nacional, ayuda psicológica o psiquiátrica gratuita a todas las víctimas del conflicto con profesionales especializados en estrés post-traumático. En cuanto a la atención médica, a quien fue víctima del conflicto sólo se ofrecen, a través del Sistema Integral de Salud (SIS), las prestaciones dirigidas a todos los ciudadanos, con la diferencia que para este colectivo tales prestaciones son gratuitas. No obstante, para poder acceder a ellas, las víctimas tienen que acreditarse como tales. Puesto que la identificación y el registro de las víctimas del conflicto armado interno en Perú son aún incompletos, muchas de ellas y/o de sus familiares no logran acceder a los servicios mínimos gratuitos que les garanticen el derecho a la asistencia sanitaria, por no estar registradas. Si pensamos solamente en las víctimas mortales, entre las 69.280 víctimas que el periodo de violencia causó según las cifras publicadas por la CVR, ni siquiera la mitad están inscritas en el Registro Único de Víctimas, el cual otorga el estatus oficial de víctima del conflicto. Por ello y por lo que se refiere a las reparaciones en salud, no sólo no se cuenta en Perú con un servicio especializado de atención médico-psicológica dirigido específicamente a las víctimas del conflicto, sino que, por el aún incompleto registro único, no todas las víctimas pueden acceder a las prestaciones mínimas gratuitas previstas para ellas (Correa, 2013).

Las tareas pendientes a nivel de reparación de las víctimas del conflicto también se pueden extrapolar de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en las cuales el Perú ha sido condenado por graves violaciones. De hecho, Perú es parte del Sistema Interamericano de protección de los Derechos Humanos por haber suscrito la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) el 22 de noviembre de 1969, ratificándola el 12 de julio de 1978. Asimismo, el 21 de enero de 1981, el Estado peruano aceptó la competencia contenciosa de la CIDH. Por lo que las sentencias de la Corte Interamericana, siendo emanadas por un tribunal supranacional, son de su obligatorio cumplimiento. De todos los Estados que ratificaron la CADH, Perú resulta ser, al día de hoy, el más condenado por la CIDH por violación de derechos humanos con 29 sentencias firmes, la mayoría por hechos cometidos en el marco del conflicto armado interno (Ugarte Boluarte, 2014; Ríos Sánchez, 2013).

Tales sentencias confirman que el Estado Peruano vulneró principalmente el derecho a la vida mediante asesinatos, ejecuciones arbitrarias, entre otras prácticas. Asimismo, vulneró el derecho a la integridad física y moral mediante la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes; vulneró el derecho a la libertad personal mediante los secuestros y las desapariciones forzadas y el derecho al debido proceso por haber llevado a cabo juicios con “jueces sin rostro”, entre otras prácticas (Salado Osuna, 2004).

En los casos peruanos relacionados con el conflicto armado interno al momento de establecer la condena, la CIDH se enfoca en diferentes reparaciones: indemnizaciones económicas, reparaciones en salud y educación, reconocimiento público del daño, petición de disculpas y garantía de no repetición, construcción de monumentos conmemorativos, esclarecimiento de los hechos y entrega de los restos mortales, adecuación del ordenamiento jurídico del Estado a la CADH, identificación de los culpables, juicio y sanción de los mismos, entre otras.

Más en concreto, la CIDH ha subrayado reiteradamente la obligación del Estado peruano de investigar los hechos ocurridos para esclarecer la verdad, localizar, exhumar, identificar mediante el uso de técnicas e instrumentos idóneos a las personas desaparecidas y entregar los restos a sus familiares (Derecho a la verdad de las víctimas y de sus familiares) [Caso Anzualdo Castro Vs. Perú. CIDH, 2009].

Por el otro lado, ha ordenado al Estado peruano que se realicen procesos judiciales internos que permitan llegar a la asignación de la responsabilidad penal de lo ocurrido, divulgando públicamente los resultados de dicha investigación y de la sentencia (derecho a la justicia de las víctimas) [Caso La Cantuta Vs. Perú. CIDH, 2006].

Lamentablemente en el ámbito de la garantía del derecho a la verdad y a la justicia es donde mayormente se puede constatar el incumplimiento del Estado peruano de las sentencias de la CIDH. (Con información  OIET,  05/07/2019. Agata Serranò).

 

La CVR una oportunidad perdida? En un artículo de Raúl Asensio, publicado por El Comercio que reproducimos en parte fija con claridad la importancia del informe CVR y de algunas omisiones. Veamos, “Poco antes de la entrega del informe final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR), un colega extranjero me confesó que no pensaba que fueran a lograrlo. No creía que, en un país tan dividido, pudiera culminar con éxito una tarea tan desafiante. Sin embargo, los comisionados lo lograron. Con no poca incertidumbre, los miles de páginas del informe estuvieron listas el día de la entrega. La CVR fue el intento más serio para comprender las raíces del conflicto armado interno. Algunos tomos son mejores que otros, pero es un informe repleto de información, balanceado y acucioso. Cuando se concluyó, parecía que por fin contábamos con una herramienta para avanzar hacia la reconciliación. Dos décadas después, soy menos optimista. Según una encuesta publicada esta semana por el IEP, solo un 38% de los peruanos conoce la CVR. Esta cifra es especialmente baja en el nivel socioeconómico D/E: solo el 28%. Peor aún, la mayoría de quienes conocen la CVR la valoran negativamente: 42% frente al 23% con opinión positiva. El apoyo crece entre los más jóvenes (46%), pero es casi idéntico entre quienes se consideran de izquierda (25%) y derecha (27%).

¿Qué explica estas cifras? Sin duda, un factor clave son los ataques que desde el principio recibió el informe. Pero esto ocurrió en casi todos los países donde hubo comisiones similares. Mi impresión es que hay algo más, algo que ocurrió en los años posteriores a la entrega del informe y que fue un error estratégico de quienes creemos en la importancia del recuerdo y la rendición de cuentas: la importación acrítica de “intervenciones de memoria” ideadas en el cono sur, pensadas para situaciones posconflicto donde el principal y casi único perpetrador era el Estado.

El caso peruano es excepcional en América Latina. La CVR demostró que, aunque las FF.AA. cometieron múltiples crímenes, el principal perpetrador fue un partido político convertido en grupo terrorista. Sin embargo, en lugar de preguntarnos qué significa y cómo se recuerda un conflicto cuyo mayor perpetrador no es el Estado, en los años posteriores a la CVR optamos por repetir prácticas desarrolladas en esos países, pensadas para interpelar al Estado y exigirle una rendición de cuentas por sus crímenes: museos públicos de memoria, reparaciones a cargo del Estado, etcétera.

Esta focalización casi exclusiva en la responsabilidad posconflicto del Estado facilitó los ataques de los enemigos de la CVR y llevó a que parte de la población viera los trabajos de memoria como un esfuerzo sesgado. A pesar de que en el informe dice claramente que el principal perpetrador era Sendero Luminoso, se extendió la idea de que era un informe parcializado y se perdió la oportunidad de convertirlo en eje de una narrativa de reconciliación.

¿Pudo ser de otra manera? No lo sé. Era muy difícil, ya que no existen precedentes latinoamericanos de trabajos de memoria para situaciones posconflicto en los que el principal perpetrador no es el Estado. Hubiéramos tenido que empezar desde cero. Sea como fuere, el caso es que se dejó pasar la oportunidad de generar un modelo peruano de memoria, diferente del cono sur. Quizás este sea un factor por el que, dos décadas después, tan pocos peruanos valoran la labor de la CVR”. (Raúl Ascencio, El comercio, 01/09/23).

• Felipe Ascención Páucar Mariluz: Ingeniero Agrónomo, Periodista, investigador social y del crimen organizado, ex integrante de la CVR sede Región Nor Oriental - Huánuco.