Cómo frenar la violencia de género

El Debate Sobre La Incorporacion De La Figura Del “Femicidio”

En El Codigo Penal En el Congreso hay varios proyectos de ley que proponen considerar un delito específico la muerte de una mujer por violencia machista. Una reunión internacional de mujeres acaba de discutir el tema en Buenos Aires. La conclusión fue aconsejar no hacerlo. Los motivos, el debate.

Por Mariana Carvajal

Alrededor de 83 mujeres fueron asesinadas en lo que va del año por el hecho de ser mujeres: ninguno de esos homicidios ocurrió en situación de robo, de acuerdo con el relevamiento que lleva adelante la ONG La Casa del Encuentro, en base a noticias publicadas en la prensa. En 53 casos, el acusado o imputado sería el esposo, la ex pareja, el novio o el ex novio. En otros diez femicidios se señala como autor a otro familiar directo, es decir, se contabilizan 63 asesinatos de mujeres dentro de su círculo íntimo en menos de tres meses. Frente a tanta sangría provocada por la violencia de género, se presentaron varios proyectos en la Cámara de Diputados para tipificar el femicidio como figura autónoma en el Código Penal. Sin embargo, expertas latinoamericanas, reunidas en Buenos Aires, consideraron que “no es necesario ni conveniente” avanzar por ese camino para combatir la violencia machista. “En los países donde se ha creado la figura penal de femicidio o feminicidio, cumple un rol simbólico. Y el Código Penal no puede cumplir sólo esa finalidad”, cuestionó la abogada y boliviana Julieta Montaño, reconocida internacionalmente por su extensa trayectoria en la defensa de los derechos humanos.

Montaño fue una de las participantes del encuentro convocado por el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem), para analizar exclusivamente la conveniencia de tipificar penalmente el femicidio, a la luz de la experiencia de otros países de la región que ya tienen esa figura. Las diputadas Cecilia Merchán, de Libres del Sur, y Fernanda Gil Lozano, de la Coalición Cívica, impulsan iniciativas con esa finalidad, entre otros legisladores.

El relevamiento del Observatorio de Femicidios de la Casa del Encuentro registró, entre el 1º de enero y el 21 de marzo, catorce muertes como consecuencia de quemaduras. “Otras nueve mujeres sufrieron quemaduras en 2011 pero lograron sobrevivir, aunque la mayoría permanece internada”, informó a este diario Fabiana Túñez, de la ONG.

La reunión de Cladem se extendió por dos días. Las especialistas, de Argentina, Bolivia, México, Panamá, Perú y Chile, coincidieron en que la violencia hacia las mujeres es “un problema grave” en la región y que falta “voluntad política” para enfrentarlo. Y consideraron que se debe combatir con políticas públicas de prevención, fundamentalmente, con presupuestos, recursos humanos y técnicos e infraestructura adecuados. Para lo cual –alertaron– es urgente contar con estadísticas oficiales sobre femicidios.

El debate

Cladem es una red feminista latinoamericana que trabaja por la promoción y defensa de los derechos de las mujeres. Por su trabajo ganó en 2009 el Premio Rey de España en Derechos Humanos. Del encuentro en Buenos Aires participaron expertas de la ONG, entre ellas, su coordinadora regional, la abogada paraguaya Elba Nuñez, la rosarina Susana Chiarotti, la mexicana Guadalupe Ramos Ponce, la boliviana Montaño, y Carmen Antony en representación de Panamá y Chile. Como invitada especial concurrió Villanueva, una de las popes en la región sobre esta problemática. La argentina Chiarotti es responsable del Programa Monitoreo de Cladem e integrante del comité de expertas de la Organización de Estados Americanos (OEA) que vigila la aplicación en el continente de la Convención de Belem do Pará, de prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres. Las seis son referentes muy prestigiosas en sus países como especialistas en la temática.

A mediados de mayo el Cladem convocará a una reunión internacional, con juristas, penalistas y criminólogos de distintos países para seguir analizando la conveniencia de promover la sanción de leyes que tipifiquen el femicidio en el Código Penal. Por el momento, la conclusión de la mayoría de las especialistas del Cladem es que la definición del tipo penal específico dificulta su aplicación porque se traslada un concepto de las ciencias sociales –el femicidio– al derecho penal.

No sólo en la Argentina hay proyectos presentados en el Congreso para crear la figura específica: también en Perú, Paraguay, México, Panamá y Honduras. Como aquí, hay un sector del movimiento de mujeres que reclama la tipificación. En Bolivia todavía no hay iniciativas pero sí una demanda de organizaciones feministas. “Hay un apresuramiento por razones demagógicas y electoralistas. Pero meter la pala en el derecho penal se puede volver en contra”, alertó Chiarotti. “En algunos casos se trata de iniciativas del Estado como respuesta fácil al problema de la violencia de género, como si al tipificar el femicidio se resolviera”, objetó Núñez.

Son cinco los países que incorporaron ya la figura del femicidio en sus ordenamientos legales: Costa Rica, Guatemala, Chile, Colombia y El Salvador. Pero la definición del tipo penal varía de un país a otro. En algunos países se limita al homicidio cometido en el marco de una relación de pareja, como en Costa Rica y Chile. En cambio, en Guatemala y El Salvador, el alcance es más amplio y abarca a los asesinatos ya sean ejecutados por conocidos o desconocidos de la víctima. Pero uno de los problemas observados por las expertas es que la propia definición, por ser demasiado amplia y un tanto vaga, dificulta su aplicación. Por ejemplo, en Guatemala se define femicidio como “muerte violenta de una mujer ocasionada en el contexto de las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres, en ejercicio del poder de género en contra de las mujeres”. Cómo se prueba esa tipificación es una de las dudas de las especialistas. “En muchos casos, las definiciones de femicidio implican una violación de los principios que rigen el derecho penal como la taxatividad y la legalidad”, apuntó a Página/12 la abogada Montaño, directora de la ONG Oficina Jurídica para la Mujer, de Cochabamba, Bolivia.

¿Cómo se puede acreditar si había relaciones desiguales de poder entre la víctima y el victimario? ¿Y si no se pueden probar, hay que absolver al imputado o se lo juzga por homicidio porque de lo contrario el caso quedaría impune? Estas fueron algunas de las preguntas que se hicieron en la reunión. “Redacciones tan confusas dificultan la prueba. ¿Cómo se prueba la misoginia o el odio, si los femicidas muchas veces dicen que mataron a su esposa o a su ex porque la quería tanto?”, indicó a este diario Núñez.

Voluntad política

Aunque su incorporación a los códigos penales en países de la región es bastante reciente (en 2007 en Costa Rica, en 2008 en Colombia y en 2010 en Chile y El Salvador, aunque en este último país entrará en vigencia en 2012), no se conocen condenas, observaron las expertas del Cladem. “Pero más allá de cómo esté tipificado, mayoritariamente acordamos en que el derecho penal no es idóneo para combatir la violencia contra las mujeres”, indicó Núñez, coordinadora regional del Cladem. Y agregó: “La mayoría opinó que no es necesario tipificar el femicidio como figura autónoma porque ya existe la figura del homicidio e incluso con agravantes por el vínculo”. El problema que observan en los países de la región, advirtió Montaño, es la falta de voluntad política para ejecutar políticas públicas integrales contra la violencia hacia las mujeres. “No se asignan presupuestos, recursos humanos, técnicos e infraestructura para que se lleven adelante”, cuestionó. “En los casos en los que no se tiene la figura penal, ese hecho se toma como excusa para no tener estadísticas sobre femicidios”, señaló Núñez.

Tomado de: http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-164963-2011-03-27.html

Perú: 117 mujeres fueron asesinadas en 2010 por la violencia de género

Unas 117 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o ex parejas en 2010 en Perú, mientras que otras 43 fueron blanco de tentativa de asesinato, informó este domingo el ministerio de la Mujer y Desarrollo Social.

Foto: panoramadiario.com

Lima, capital peruana, es la ciudad que registró el mayor número de asesinatos con 37 casos y nueve tentativas, seguida de la región de Arequipa (sur) con siete asesinatos y ocho agresiones.

El departamento que no registró ningún hecho violento en 2010 fue Amazonas (selva norte) , de acuerdo con el ministerio.

El 34% de las víctimas tenía entre 18 y 25 años, el 26% de las mujeres asesinadas estaba entre los 26 y los 35 años, mientras que un 16% tenía entre 36 a 45.

Los celos y la negativa de las víctimas a empezar una relación sentimental fueron los principales motivos de las muertes. El acuchillamiento fue la modalidad más usada por los agresores, seguido de la asfixia, los golpes y los disparos de bala.

Tomado de:
http://www.abc.com.py/nota/peru-117-mujeres-fueron-asesinadas-en-2010-por-la-violencia-de-genero/

La violencia de género mata

La absurda actitud machista contra la mujer también cobra víctimas, mientras la legislación es contemplativa con el agresor. Foto Internet

DEMUS señala responsabilidad política del actual gobierno. Cuestiona insuficiente asignación presupuestal. Demanda mayor liderazgo del MIMDES dentro del Ejecutivo.

En el marco de la conmemoración este 25 de noviembre del Día Internacional de la No Violencia Contra la Mujer, DEMUS se pronuncio sobre la forma en que el gobierno enfrenta este problema de relevante impacto en el género femenino a lo largo de su ciclo vital, y cuestiona su indiferencia e ineficacia.

Las cifras indican que miles de peruanas viven inmersas en situaciones de violencia física, psicológica y sexual. Según la Policía Nacional, 95,749 denuncias de violencia familiar se registraron en el 2009. En el mismo periodo el Instituto de Medicina Legal atendió 77,238 casos de lesiones originados por dicha causa.

Muchas de estas historias terminan en la muerte. El Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público reporta que el año pasado de las 135 mujeres víctimas de feminicidio, el 70 por ciento lo fue a manos de sus parejas. Lo más dramático e indignante es que 15 de estas mujeres habían denunciado por violencia familiar a quienes resultaron siendo sus victimarios, lo que confirma que la Ley 26260 de protección frente a la violencia familiar y sus reiteradas modificaciones no cumplen con proteger a las mujeres ni hacerles justicia.

“Consideramos que el gobierno del presidente Alan García tiene responsabilidad política en esta situación al no destinar la parte necesaria de los recursos del crecimiento económico a enfrentar este grave problema que configura una violación a los derechos humanos de las mujeres. Su posición, de cara a los medios, alude a la pena de muerte en lugar de comprometerse con medidas de prevención, protección y atención financiadas con el presupuesto público” afirmó la directora de DEMUS Jeannette Llaja Villena.

Detalló que no se cuenta con los recursos suficientes para cumplir con el Plan Nacional Contra la Violencia Hacia la Mujer 2009-2015. “Los avances de esta norma no se plasman en la realidad por la irresponsabilidad e indiferencia estatal. Asimismo, los Centros de Emergencia Mujer, las comisarías y los servicios de salud, tienen un desempeño deficiente por razones presupuestales”, subrayó.

De los 114 CEMs existentes en el país, sólo uno cumple con el modelo de atención integral a las victimas según su mandato de acuerdo a los reportes de la Defensoría del Pueblo. Los operadores de salud no conocen los protocolos de atención de la violencia basada en género y por lo tanto no los aplican. Y las comisarías no cuentan con ambientes adecuados, ni personal especializado para atender este tipo de casos.

“En todo lo señalado, la falta de presupuesto es una de las razones fundamentales”, dijo la abogada.

También criticó la falta de liderazgo sostenido y eficaz en el MIMDES para asumir su función rectora en la materia y garantizar en las políticas contra la violencia los enfoques de género, derechos humanos e interculturalidad. Su rectoría y política –manifestó- parecen ejercerse conforme a las creencias de las ministras de turno más que a las normas que las regulan. Fuente Demus.

Violencia familiar, cambios necesarios para evitar la impunidad

A pesar de la existencia de diversos tratados internacionales que han señalado a la violencia contra la mujer como una grave vulneración de derechos humanos, a los cuales el Perú se ha sumado, y que han fijado su reducción como objetivo común de la comunidad internacional, la violencia contra la mujer sigue siendo un grave problema social de grandes proporciones y de resultados aún escasos.

En los últimos años, en el país se ha incrementado la conciencia respecto de la necesidad de erradicar la violencia contra la mujer, sin embargo, un promedio de 40% de mujeres continúa recibiendo maltrato físico y psicológico por parte de sus parejas e incluso de sus ex parejas. Esta es una de las expresiones más palpables de que seguimos manteniendo y reproduciendo una cultura en la que las mujeres son consideradas ciudadanas de segunda categoría y, por lo tanto, la violencia es tolerada, generando niveles altísimos de impunidad.

Esta situación se manifiesta no solo cuando una mujer recibe todo tipo de maltrato en sus relaciones de pareja, sino también cuando las instituciones del Estado no cumplen con sus obligaciones de hacer respetar y garantizar sus derechos. Cuando se condiciona el registro de la denuncia al resultado del médico legista, cuando el proceso se hace interminable y la medida de protección se otorga extemporáneamente o es ineficaz, las ciudadanas sienten que sus derechos no son respetados y la acción del Estado puede ser postergada sin considerar que la violencia contra ellas puede derivar en graves daños a su salud física y psíquica e incluso en asesinatos.

Los registros oficiales con los que cuenta el Ministerio Público y el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (MIMDES) dan cuenta de un preocupante 18% y 12% de mujeres que han sido asesinadas después de haber denunciado, por lo menos en una ocasión, un hecho de violencia familiar, sin que las instituciones del Estado hayan sido capaces de evitarlo.

Uno de los obstáculos que se enfrentan son precisamente los criterios con los que comúnmente intervienen operadores y operadoras de justicia (policía, jueces, médicos legistas, etc.) en los casos de violencia familiar, pues muchas veces no brindan una atención adecuada a las víctimas de violencia porque consideran la violencia justificada. Por ello es indispensable la implementación de políticas orientadas a modificar los patrones culturales que toleran la violencia contra las mujeres como un asunto sin importancia.

Existen importantes esfuerzos por mejorar los contenidos normativos de la Ley de Protección frente a la violencia familiar con el propósito de hacer más efectiva su aplicación. Precisamente la creación de la Comisión Especial Revisora de la Ley de Protección frente a la Violencia –en la que se está discutiendo interesantes propuestas de modificación– constituye una muestra de ello. Sin embargo, las modificaciones en el contenido de la norma no son suficientes. Se requiere cambios de actitudes entre quienes definen y aplican las políticas de prevención atención y sanción de la violencia.

Por ello la Adjuntía para los Derechos de la Mujer ha puesto especial énfasis en supervisar la labor del Estado a través de diversos estudios. En particular el Informe Defensorial N° 110 “Violencia Familiar: Un análisis desde el derecho penal” (2006) en el que se evalúa la eficacia del sistema penal en el procesamiento de casos de violencia familiar, constatándose que existe renuencia por parte de los (y las) jueces para brindar las medidas de protección a las denunciantes de violencia familiar.

Asimismo, a través de nuestras oficinas defensoriales ubicadas en todo el país recibimos las quejas y consultas sobre este y otros casos que afectan los derechos de la mujer y de la población en general.

Tomado de:
http://puma.defensoria.gob.pe/blog/?p=1466

50 millones de mujeres en países en desarrollo dan a luz sin la ayuda de personal cualificado

Por: Natalia Quiroga/Save the Children

La foto es de Michael Bisceglie/Save the Children

343.000 mujeres pierden la vida cada año por complicaciones durante el embarazo o el parto. Cada año casi 9 millones de niños y niñas no llegan a cumplir cinco años y 50 millones de mujeres en países en desarrollo dan a luz sin la atención de personal mínimamente cualificado.

Noruega y Australia son los mejores lugares del mundo para ser madre, según el undécimo Índice Anual de las Madres de Save the Children, en el que se analizan los mejores y los peores lugares para ser madre en función de 10 factores relacionados con el estatus educativo, de salud, económico y político de las madres así como con el bienestar básico de sus hijos e hijas. Afganistán es el último de una lista de 160 países que incluye 43 países desarrollados y 117 países en desarrollo.

España ocupa en el décimotercer lugar, dos puestos por debajo del año pasado, por detrás de Irlanda y Francia y por delante de Reino Unido y Suiza. España presenta una elevada esperanza de vida femenina (84 años) similar a la de Italia o Suiza y sólo superada por Francia y Japón, una baja tasa de riesgo de mortalidad materna, 1 por cada 16.400 y una tasa de mortalidad de menores de cinco años de 4 por cada 1.000.

España tiene una buena puntuación en cuanto a la participación de mujeres en política con un 37% de los escaños ocupados por mujeres. Sin embargo las mujeres ganan 0,52 céntimos por cada dólar que gana un hombre y nuestro país está aún por debajo de otros países europeos en cuanto a la duración de la baja por maternidad, con 16 semanas, inferior a países como Reino Unido o Dinamarca con 52 semanas, Italia con 20 o Portugal con 17, lo que influye negativamente en la posición de nuestro país en el Índice de madres.

“Aunque hay algunos aspectos en los que España necesita mejorar, como las políticas de baja por maternidad, es en los países en desarrollo donde la salud de las madres y sus hijos se enfrenta a graves riesgos” explicó Alberto Soteres, director en España de Save the Children.

“La escasez de matronas cualificadas y las dificultades para acceder a métodos anticonceptivos significa que las mujeres de los peores países para ser madre como Afganistán, Níger o Chad se enfrentan no sólo a más embarazos sino también a situaciones más peligrosas durante los partos, lo cual tiene como resultado un mayor índice de mortalidad materno-infantil”.

Comparativa por países:

• En Etiopía, tan sólo el 6% de los partos recibe asistencia. En Noruega hay personal sanitario cualificado presente prácticamente en todos los nacimientos.

• Una mujer de cada 7 pierde la vida durante el embarazo o el parto en Níger. En España el riesgo de mortalidad materna es 1 de cada 16.400, en Grecia e Italia es menor de 1 de cada 26.000 y en Irlanda 1 de cada 47.600.

• En Afganistán uno de cada 4 niños muere antes de cumplir los cinco años. En España, Francia y Portugal uno de cada 250 niños pierde la vida antes de los 5 años.

• En Níger, las mujeres reciben de media menos de cuatro años de educación. En España, Grecia e Italia una mujer estudia de media durante 17 años y en Australia y Nueva Zelanda durante más de 20 años.

• Las mujeres de Arabia Saudí y Palestina ganan tan sólo 16 y 12 céntimos, respectivamente, por cada dólar que gana un hombre. En España las mujeres ganan 52 céntimos por cada dólar que gana un hombre. Mientras que en países como Mongolia, las mujeres ganan 87 céntimos y en Mozambique 90 céntimos por cada dólar que gana un hombre.

Mujeres en primera línea para salvar vidas

El Estado Mundial de las Madres de Save the Children examina este año cómo las mujeres que trabajan en primera línea de la atención sanitaria están ayudando a salvar las vidas de las madres, los bebés y los recién nacidos, y hace un llamamiento urgente a incrementar el número de trabajadoras sanitarias en las naciones más pobres del mundo.
343.000 mujeres pierden la vida a causa de complicaciones durante el embarazo o el parto y casi 9 millones de niños y niñas pierden la vida antes de su quinto cumpleaños.

La mayor parte de estas muertes tienen lugar en los países en desarrollo donde las madres y sus hijos e hijas no tienen acceso a servicios sanitarios básicos. Cada año 50 millones de mujeres en países en desarrollo dan a luz sin la ayuda de personal con una cualificación sanitaria mínima.

La falta de 4,3 millones de trabajadores sanitarios (incluyendo 350.000 matronas), la desigual distribución de estos trabajadores y las pobres condiciones de trabajo a las que se enfrentan contribuyen a dejar a las mujeres, niños y niñas que más lo necesitan sin acceso a atención sanitaria básica. 57 países tienen “escasez crítica” de trabajadores sanitarios – 36 de ellos en África.

Este informe señala el rol crítico que juegan las trabajadoras sanitarias para salvar las vidas de las mujeres, niños y niñas en los países en desarrollo. Las barreras sociales y culturales evitan en muchos países que las mujeres visiten a trabajadores sanitarios masculinos, especialmente en las áreas rurales. La evidencia demuestra que la inversión en formar a matronas y trabajadoras sanitarias puede marcar la diferencia en la lucha para salvar vidas.

Tomado de:
http://www.canalsolidario.org/noticia/50-millones-de-mujeres-en-paises-en-desarrollo-dan-a-luz-sin-la-ayuda-de-personal-cualificado/23604?utm_medium=email&utm_campaign=boletin&utm_source=semanalCSO

La violencia contra las mujeres como arma de guerra

Por: Escola de Cultura de Pau

La foto es de European Parliament en Flickr

El uso de la violencia sexual como arma de guerra pudo constatarse en la mayoría de conflictos armados durante 2009, según el informe Alerta 2010! Informe sobre conflictos, derechos humanos y construcción de paz, elaborado por la Escola de Cultura de Pau de la Universitat Autònoma de Barcelona, que también ha publicado el Anuario 2010 de procesos de Paz.

Como novedad, el informe Alerta 2010 presenta el Índice de Derechos Humanos de la Escola de Cultura de Pau, que mide el incumplimiento de las obligaciones de los Estados respecto a la protección de los derechos humanos. Lo encabezan Myanmar, Sudán, Pakistán, Nigeria, Tailandia, Rusia, Somalia e India. Además, el informe analiza los 31 conflictos armados registrados durante el pasado 2009, la mayoría concentrados en Asia (14) y África (10). Alerta 2010!, que cumple su novena edición, analiza el estado del mundo durante el 2009 en clave preventiva, muestra las tendencias globales de conflictos armados y tensiones, procesos de paz, derechos humanos, crisis humanitarias y género, e identifica cinco oportunidades de paz para 2010.

En el año del décimo aniversario de la resolución 1325 sobre mujeres y paz del Consejo de Seguridad de la ONU, que obliga los Estados a la protección de mujeres y niñas y a promover su participación en los procesos de paz, la Escola de Cultura de Pau alerta sobre la brecha entre los compromisos formales y las medidas y resultados prácticos. El informe señala que la violencia contra las mujeres, incluida la violencia sexual como arma de guerra, fue una constante en todos los conflictos armados. En casos como la República Democrática del Congo, la violencia sexual adquirió una dimensión crónica.

Además, personal de las Fuerzas Armadas de países como Colombia, Myanmar o EEUU hicieron uso de la violencia sexual y de otras prácticas abusivas contra las mujeres. En paralelo, el informe denuncia que la mayoría de procesos de paz continúan obviando este tema, pese a ser una de las principales amenazas para la paz y seguridad de sus poblaciones.

Pese a los obstáculos, las mujeres protagonizaron iniciativas civiles de paz en numerosos contextos, como en RD Congo, Colombia, Turquía, India, Pakistán y Afganistán. Según destaca el director de la Escola de Cultura de Pau, Vicenç Fisas, “es necesario ampliar los enfoques sobre el impacto de las guerras así como los mecanismos de resolución, ya que las experiencias y contribuciones a la paz de las mujeres son clave para lograr soluciones inclusivas y duraderas a los conflictos”.

Como novedad de su última edición, el informe incluye un índice propio sobre derechos humanos, con un ranking de todos los Estados según su grado de incumplimiento de las obligaciones contraídas en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario. Construido con 22 indicadores, recoge la existencia de ejecuciones extrajudiciales, pena de muerte, tortura, muertes bajo custodia, abusos a defensores de derechos humanos, representantes de ONG y periodistas, y la existencia de menores soldado, entre otros. Se analizan 195 casos, ordenados de mayores a menores abusos. En este listado España ocupa el puesto 121.

Por otra parte, el informe Alerta 2010! destaca que 19 de los 31 conflictos armados de 2009 hacían referencia a aspiraciones identitarias o demandas de autogobierno. La mayoría de los conflictos fueron de intensidad media (15 casos), mientras otros nueve destacaron por sus elevados niveles de violencia (Afganistán, Colombia, Iraq, RD Congo (este), Pakistán (noroeste), Somalia, Sri Lanka, Sudan (meridional) y Uganda (norte). Aunque la cifra global de 31 conflictos se mantiene estable con respecto a 2008, el año 2009 incorporó como un nuevo conflicto armado al sur de Sudán, por el incremento constante de la violencia. Al finalizar el año, se mantenían activos 29 conflictos, debido a la reducción de la violencia en el estado indio de Nagalandia y al fin de la guerra en Sri Lanka, tras la victoria del Ejército sobre el grupo armado LTTE.

Por otra parte, la Escola de Cultura de Pau presenta también el Anuario 2010 de procesos de paz, que analiza las negociaciones abiertas en la actualidad en el mundo. En esta nueva edición se plasman los avances y retrocesos de 66 contextos, de los que 45 (68,2%) tienen abiertos diálogos o negociaciones formales. Según el anuario, más de dos tercios de los conflictos activos tenían abiertos canales de comunicación lo suficientemente consolidados como para llevar a cabo conversaciones o exploraciones que puedan derivar en procesos de paz. Además, en comparación con el 2008, aumentaron los procesos que se consolidaron, disminuyeron los que se producían con interrupciones, pero se incrementaron los casos de conflictos en los que se rompió el proceso de negociación o no se pudo poner uno en marcha (32,3% de los casos).

Destacó el acuerdo de paz en Somalia entre el Gobierno Federal de Transición y una facción moderada del grupo armado de oposición ARS.

Tomado de:
http://www.canalsolidario.org/noticia/informe-alerta-2010-la-violencia-contra-las-mujeres-como-arma-de-guerra-no-cesa/23446?utm_medium=email&utm_campaign=boletin&utm_source=semanalCSO

La Experiencia de dos Periodistas Ciegas en Televisión

Verónica González Bonet y Nuria del Saz son las únicas mujeres periodistas ciegas que trabajan frente a una cámara en televisión. Verónica es argentina, y desde hace un mes realiza una columna semanal en el informativo central del mediodía de Canal 7. Nuria es española, y ya lleva 12 años conduciendo uno de los noticieros de la televisión pública de Andalucía.

En su primera aparición en televisión, Verónica explicó cuáles son los términos correctos para hablar de las personas con discapacidad, presentó la película “Anita” -que cuenta con un sistema de audiodescripción para personas ciegas- y se la vio trabajar en la preparación de su columna, “lo que estuvo bueno porque la gente tiene que saber que no pongo sólo la cara: soy la responsable del espacio”, dice sonriente, actitud que mantendrá durante toda la entrevista con Periodismo Social.

“No esperaba tanto –reconoce- pensé que aparecer en cámara se iba a dar con el tiempo. Me dan libertad con la elección de contenidos. Trabajo con una productora - Ambar Rusi- que se puso la camiseta de la columna. Estoy aprendiendo a trabajar en equipo: camarógrafos, cronistas, editores, conductores, maquilladoras… con quienes tenemos que tener acuerdos sobre la concepción de la discapacidad. Tienen muy buena predisposición. Todos dan de sí lo mejor, y valoran enormemente mi trabajo. Realmente encuentro una total apertura hacia la temática, y me hace sentir muy bien que se acerquen a preguntar cosas que quizás antes no se animaban. Que vayan cambiando la forma de denominar, y sobre todo de considerar a las personas con discapacidad, que se relajen como compañeros de trabajo y me traten de igual a igual”.

Y va sumando retos: “Yo grabo los informes, lo que es un desafío, porque leer en Braille es más lento que la lectura visual. Tengo que hacer coincidir el texto con las imágenes, y sale bien”.

Se muestra sorprendida por las repercusiones de su columna, todavía no termina de entender que la gente la reconozca por “aparecer en la tele”.

Cuenta que recibió un mail de una chica de Italia “diciendo que en ese país no existía la posibilidad de que una periodista ciega pueda tener su espacio en televisión, y felicitaba por la iniciativa; también de Chile, de España. Una de mis columnas fue sobre las personas con discapacidad en Haití, y entonces de otros países se comunicaron para ver cómo podían ayudar”.

Muchos de los mails que recibe en infodiscapacidad@tvpublica.com.ar son de personas que “necesitan hacer catarsis, hablar de su situación. Yo respondo a todos. Esta columna es netamente periodística, no es asistencialista. Yo escucho a todo el mundo, y mi columna está pensada para todo el público, no sólo para las personas con discapacidad. Es para todos y todas”.

Verónica explica que transversaliza la actualidad “porque la discapacidad atraviesa todas las áreas de la vida: educación, salud, situaciones de catástrofes...”, y no duda en afirmar que le gustaría conducir un programa televisivo: “Es mi meta, pero surgió esta posibilidad y está muy buena”, reconoce.

“Imagen y ceguera son compatibles en televisión”

Con doce años de experiencia como presentadora de noticiero, Nuria del Saz afirma que “se puede comunicar audiovisualmente sin ver, se puede contar las noticias con imágenes a pesar de no ver… el que tiene que verlas es el espectador. El presentador tiene que saber comunicar, y esto es posible mediante la palabra y el gesto, así que no importa la condición visual de un presentador. Él es un elemento más en el proceso de producción de noticias en televisión. Otros colegas que sí pueden ver le describen las imágenes, escriben sobre ellas... como con cualquier otro presentador. Pero frente a la cámara importa la fuerza comunicativa, y ésta no va asociada a la capacidad visual del presentador”.

Nuria también destaca el trabajo en equipo del personal de Canal Sur 2 Andalucía, donde “la mayoría de mis compañeros siempre mostraron una actitud receptiva hacia la novedad de tener una compañera ciega en la redacción. Nunca sentí rechazo ni reticencias por parte de ellos. Supongo que sí tendrían sus reservas, pero no lo demostraban. Siempre me han tratado como una más, y doce años después creo que se han olvidado por completo de que soy ciega”.

Comenta que tiene poco contacto directo o personal con la audiencia “salvo el que se produce fortuitamente en la calle. Creo el público aceptó con bastante naturalidad, quizás perplejidad, mi aparición en TV. Pero lo que me transmiten cuando me paran en la calle es su admiración, casi siempre dicen eso, que les resulta admirable y que les gusta mi forma de presentarles la información”.

“Ser ciega es sólo una de mis características”

Verónica González Bonet estudió Licenciatura en Sistemas en la UADE: “Lo elegí porque era un desafío, no por vocación real”, confirma. Y recuerda las dificultades de su primera experiencia universitaria, porque no tenía las herramientas tecnológicas con las que cuenta hoy, y porque en la facultad “no había receptividad; algunas profesoras me hacían hacer trabajos sola, cuando todos trabajaban en equipo. Incluso, aunque fui la primera persona con discapacidad que se recibió en esa Universidad, al momento de la jura no sabía qué tenía que decir, porque no me habían mandando el texto”.

Distinta fue su experiencia estudiando periodismo, carrera a la que llegó gracias a una experiencia sobre liderazgo que realizó en Tailandia, invitada por el Banco Interamericano de Desarrollo. A su regreso, Juan Waehner el titular de la empresa Telefónica -en la que trabajaba- le financió micros radiales que se emitieron por radio América durante seis meses, los cuales hizo con la psicóloga ciega Carolina Buceta.

“Me involucré mucho en los micros. Hice entrevistas, busqué datos, hice producción…y me di cuenta que lo mío era el periodismo. Y empecé a estudiar. Renuncié a Telefónica y me puse a buscar trabajo como periodista”.

-¿Qué le pasa a los entrevistados cuando se encuentran con una periodista ciega?

-Es raro, y depende de las personas. Observo bastante las actitudes. Algunos entrevistados saben que no veo, otros no.

Hace poco le hice una nota al hijo de Mercedes Sosa para una revista de Estados Unidos. Hablamos por teléfono, el no sabía que soy ciega; generalmente no lo digo porque es sólo una de mis características, ni más ni menos importante que otras.

Arreglamos la entrevista y me dice que nos vemos en tal bar y que lo voy a tener que buscar porque no me conocía. Y yo le digo: ‘Vos vas a tener que buscarme a mí, porque soy una persona ciega’.

En general no genera rechazo. Se relajan más. Quizás porque no se sienten observados.

-Pero vos los observás de otra manera. Cuando hacemos entrevistas, las periodistas miramos los gestos, actitudes, que son muy importantes para ver cómo llevar la conversación. Hay un clima.

-Sí, sí. Lo noto por los tonos de voz, si hay dudas, si gesticula… Le presto atención a otras cosas. Y observo de otra manera.

Una de las entrevistas que más recuerdo fue con el intendente de San Martín. Yo todavía era estudiante, y había recabado mucha información para hacerle el reportaje.

Hablamos como 45 minutos, con mucha repregunta. Al terminar, me reconoce que él pensaba que iba a ser fácil.

Yo sé que la discapacidad puede generar en algunas personas menosprecio, pero trato de evitarlo, no me gusta el papel de víctima.

-¿Cómo fue salir a buscar trabajo de periodista?

-Fuuu!! Pensaba que era más difícil buscar trabajo en sistemas que en periodismo. La verdad es que los medios son súper prejuiciosos. Me encontré con gente que cuando veía que era ciega no sabía que hacer, no me preguntaba, me agradecía el haberme molestado…

-Imagino la falta de accesibilidad física también…

-Fui a dejar un curriculum en un lugar, donde tuve que meterme en un pozo para poder entrar, porque estaban arreglando la entrada…

-Hiciste la que hacemos todas: recorrer medio por medio.

-Si, la experiencia fue mala. En una productora una persona me preguntó a qué se dedicaba mi marido, y cuando le dije que trabajaba en sistemas, me dice: “qué les pasa a ustedes que se dedican todos a lo mismo”, presuponiendo que mi marido era ciego… en fin, un prejuicio tremendo. Y toda la entrevista que tuve con él me dejó la sensación de “vos no vas a poder”. Y estuve un año y medio buscando.

-¿Cómo trabajás?

-Grabo las notas en un grabador digital, lo conectó por USB a la computadora, que tiene instalado un software que lee la pantalla con una voz sintetizada. Escucho la nota y la escribo. El software lee lo que escribo y lo que busco en Internet, por ejemplo.
Es un equipamiento muy caro.

-Necesitás estar informada y usar Internet ¿Las páginas web son accesibles?

-Hay de todo. Si tienen mucho flash, nos dificulta la lectura. Si tienen texto alternativo, el software puede leerlo, pero no siempre se encuentra.

-¿Y las versiones digitales de los diarios?

-Página 12 es bastante accesible, Clarín es pesado y tarda en cargarse, Crítica se refresca todo el tiempo y es un lío poder leerlo, La Nación estaba mejor antes, porque te agrupaba por secciones, ahora está mezclado y se complica.

-¿El canal tuvo que hacer algunas adaptaciones técnicas para que vos puedas trabajar?

-No, yo llevo mi netbook con el jaws (software lector de pantalla) instalado, mi línea Braille si es necesario, mi pizarra y punzón para pasarme en Braille los informes.

-¿Cómo es compartir una entrevista con una periodista que no es ciega?

-No me gusta cuando la gente se pisa al hablar, entonces hay que buscar códigos como para que, si la conductora del noticiero pregunta, yo no pregunte a la vez. A mí me tensiona porque hay que buscar códigos. También creo que es una cuestión de conocer a la otra persona, porque así te vas dando cuenta cuando el otro quiere hablar. Lo vamos a ir viendo con los conductores del noticiero a medida que nos conozcamos más. A mí me encanta entrevistar, pero hacerlo con otra persona implica una adaptación de parte mía y de la otra periodista.

Abriendo puertas

Tanto Nuria del Saz como Verónica González Bonet están demostrando que es posible que personas con discapacidad tengan espacio en los medios.

Nuria cree que muchos estudiantes ciegos españoles están cursando periodismo “porque han ido conociendo casos de otros ciegos que llevan ya unos años trabajando en los medios, no sólo en la TV. Me escriben algunos de ellos pidiéndome orientación, contándome sus inquietudes, creo que he sido un referente para algunos”.

Verónica es secretaria de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (Redi) y sabe que en Argentina “hay periodistas ciegos que no consiguen trabajo.

Conozco una colega que hace producción en la Radio de las Madres, pero no tengo referencia de otros medios. Y con el resto de las discapacidades tampoco conozco periodistas que estén trabajando. Es complicado”, reconoce Verónica.

Y concluye: “Una tiene limitaciones, yo no puedo hacer el trabajo que hace la productora de mi columna porque tiene que seleccionar imágenes, buscar tapes, eso no puedo hacerlo. Soy audaz, y aunque sé que tengo limitantes por ser discapacitada, siempre depende de la actitud”.

Tomado de:
http://www.periodismosocial.org.ar/notacompleta.cfm?id=4027

Cooperativismo en el Alto Huallaga: El reto de la mujer campesina.

El periodo de ‘oro’ de la cooperativa Naranjillo fue el quinquenio 1980-85. La inauguración de la planta agroindustrial del cacao fue un evento que marcó un antes y un después en la historia de la institución y del Alto Huallaga. Foto Grupo Prensa Verde (GPV).

El cooperativismo organizado posé un balance positivo en el desarrollo de numerosos países. Tiene antecedentes de lucha pertinaz contra un sistema injusto que propicia la concentración del capital en pocas manos. Capitalismo que logra el éxito a costa de la pobreza de las mayorías. Un sistema cuya satisfacción Per se es la acumulación de la riqueza, responsable del hambre y la hambruna en el mundo.

El cooperativismo impulsa el desarrollo socioeconómico mediante: la democracia participativa, la libertad de adhesión, la solidaridad, la educación persistente y la autorregulación de principios y valores éticos.

La familia cooperativista es el eje del desarrollo en el Huallaga. Esposos Inga en Santa Rosa-Cadena en proceso de preparación del grano aromático. Foto GPV.

La cooperativa Agraria Industrial Naranjillo que cumplió 45 años de fundada, se ha convertido en emblemática del cooperativismo agroindustrial peruano y en el presente año recordará los 25 años de inauguración de la planta agroindustrial para el procesamiento del cacao, que será el próximo 15 de setiembre. Pese a las dificultades y frustraciones, mantiene intacta la esperanza de 5 mil cacaoteros y cafetaleros que aportaron con 820 mil dólares para la compra de la maquinaria, equipos e instalaciones, de una inversión total de 3 millones de dólares.

Recordamos como si fuera ayer la titánica tarea que desarrollamos durante 6 años, para demostrar que los agricultores junto al banco agrario y las naciones unidas si fuimos capaces de convertirnos en industriales, aunque hasta hoy no haya logrado una gerencia y una gestión directriz eficientes, con responsabilidad y cariz humano, capaz de otorgarles los beneficios que reclaman con insistencia.

El CODESFA junto a los directivos recorren largas distancias a pie o caballo para llevar algún estímulo a los socios de las comunidades alejadas. Magno Cántaro presidente del Consejo de administración, Ing. Evelyn Páucar Dávila coordinadora del Codesfa, Ing. Héctor Hernández de fortalecimiento institucional y Florentino Zúñiga del club deportivo. Foto GPV.

El Comité de Desarrollo de la Familia (Codesfa) de la cooperativa Agraria Industrial Naranjillo, debería ser proyectado para mejorar las condiciones de la mujer rural y lograr la participación integral de la familia cooperativista. Porque no obstante el escaso presupuesto, las limitaciones logísticas y las distancias entre los comités sectoriales (16), lograron en solo 3 años la participación planificada en las reuniones de capacitación, en las jornadas de trabajo, en los concursos gastronómicos y en ejercitar progresivamente los derechos a la información, al debate y al aporte, dejando atrás la actitud de actores secundarios en el proceso productivo y administrativo.

Las barreras al cooperativismo serán más fáciles de superar si se considera la participación igualitaria de la familia. En el caso de la mujer cooperativista, aunque se avanzó algo, todavía hay mucho por hacer. La participación de la mujer en los puestos clave de dirección es limitada porque los cargos siguen ocupados en su gran mayoría por los hombres.

La mujer campesina tiene contribución decisiva en el proceso productivo y en la consolidación familiar. En la clausura de la escuela de campo: Javier Magallanes Godoy. María y Rufina, hija y madre agricultoras de Castillo Grande. Foto GPV.

La sociedad posee patrones culturales arraigados en asignar a la mujer el papel de madre y ama de casa y subestimar su capacidad de contribuir en el proceso de producción económica. Las responsabilidades familiares que agobian a la mujer campesina, tienen que ser superadas progresivamente y en el corto y mediano plazo.

En los últimos años han surgido cooperativas en las que destacan las mujeres como trabajadoras y colaboradoras. Participación que debe manifestarse también en la toma de decisiones y en el liderato de las instituciones.

Reafirmar nuestro compromiso con la erradicación de actitudes discriminatorias hacia la mujer puede ser un paso inicial que está al alcance de todas y todos. Luego hagamos un compromiso para atender las necesidades de las mujeres implantando procesos de consulta y educación, garantizando siempre la participación democrática y si fuera necesario, confiando las estructuras para asegurar ese avance, en el objetivo de la transformación que queremos para nuestra sociedad: Una más justa e igualitaria.

Los concursos gastronómicos del Codesfa utilizando insumos nativos se constituyeron en la actividad de aniversario institucional más importante desde el 2006, cada 20 de diciembre. Foto GPV.

Insistimos. El cooperativismo es un sistema que impulsa el esfuerzo colectivo como instrumento social, antes que como estrategia tecnócrata por/para el lucro. Un sistema en el que el éxito de las empresas cooperativas significa pérdida de poder de los grupos que pretenden el dominio total, con la ficción de que solo ellos pueden generar desarrollo, bienestar y progreso.

Rostros curtidos por el sol pero con decisión inquebrantable por la superación de la familia cooperativista, en cada reencuentro con su cooperativa. Los socios son la base de la cooperativa pero no se les valora Foto GPV.

En el pasado, presente y futuro de las cooperativas encontraremos un denominador común: Surgen para atender necesidades del ser humano. Las cooperativas no son entes inflexibles, sino instrumentos hábiles para enfrentar los retos de un mundo cambiante.

Las necesidades cambian, como cambian los momentos históricos de cada pueblo, que lucha por lograr mayores posibilidades de desarrollo, de un mejor porvenir, de lograr equidad en la distribución de las utilidades.

El modelo económico capitalista se derrumba, solo se mantiene gracias a los miles de billones de dólares de subsidios y fondos no reembolsables, la crisis de octubre 2008 es un ejemplo de ello, el denominador común: Sacrificar al pueblo. El desarrollo de los pueblos basado solo en la inversión extranjera, es una postura demagógica, cuando no una utopía.

Un país que sufre los embates de políticas que limitan sus posibilidades de crecimiento y que enfrenta las ineficiencias de su burocracia, de un sistema fiscal que castiga a los trabajadores del campo y la ciudad y compensa a los dueños del capital. Es decir, la torta para los poderosos y las migajas para el débil. El reto es vencerlas, el reto es enfrentarlas, el reto es unir voluntades individuales a favor de un bienestar colectivo.

Socias y socios integrantes del Codesfa sector Naranjillo y de escuelas de campo, luego de jornada de trabajo. Estimular su participación parte por reconocer su contribución dentro de la cooperativa. Foto GPV.

En los planes de desarrollo del capitalismo, no se habla del cooperativismo o de las empresas de los agricultores, menos de modelos autogestionarios como protagonistas. Los incentivos gubernamentales son para los grandes empresarios o representantes de las multinacionales extranjeras que generan empleos inmediatos, muchos de ellos de jornada parcial sin beneficios básicos y sueldos marginales.

Argentina. Un feminicidio cada 36 horas

SEGUN UN RELEVAMIENTO, LA INSEGURIDAD DE LAS MUJERES ES PUERTAS ADENTRO

Cada día y medio, una mujer es asesinada en la Argentina, a manos de un conocido directo de la víctima. En 93 de cada 100 casos, el crimen lo cometió la pareja o ex pareja. El 46 por ciento de las mujeres asesinadas tenía entre 15 y 34 años.

El miércoles se conmemora el Día de la No Violencia contra la Mujer. Imagen: Ana D’Angelo

Por Mariana Carbajal

Cada 36 horas se cometió en el país un feminicidio en los primeros diez meses del año. El dato surge de un relevamiento realizado por el Instituto de Estudios Jurídicos Sociales de la Mujer (Indeso), a partir de los casos publicados en diarios y portales de noticias de todas las provincias. El estudio será presentado hoy en la sede rosarina de la Gobernación de Santa Fe, en el marco de las actividades por la conmemoración del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, que se celebra el miércoles en todo el mundo. En total se registraron 204 feminicidios. En el 93 por ciento de los casos resultó imputado un conocido de la víctima: casi en la mitad de los hechos fue acusado y detenido su pareja o ex pareja. El 46 por ciento de las mujeres asesinadas tenía entre 15 y 34 años.

“Los feminicidios son crímenes de odio contra las mujeres, crímenes misóginos acuñados en una enorme tolerancia social y estatal ante la violencia de género”, definió la mexicana Marcela Lagarde, profesora de Antropología de la Universidad Nacional de México, autora de varios libros sobre el tema y asesora de la ONU en cuestiones de género. “El feminicidio es un acto de extrema violencia, que deja al desnudo las situaciones de terror, humillación, desprecio, hostigamiento, violación, maltrato físico, psicológico, emocional, que vivieron estas mujeres”, explicó Noemí Chiarotti, coordinadora de Indeso, una ONG de Rosario. La especialista aclaró que no toda violencia que ocasiona la muerte de una mujer puede ser considerada como “feminicidio”. “Cuando el género de la víctima es irrelevante para quien la asesina, se trata de un asesinato, no de un feminicidio”, precisó.

Ante la ausencia de estadísticas oficiales, distintas organizaciones de mujeres tomaron la decisión en los últimos años de llevar el registro de los casos publicados en medios gráficos y digitales para darle visibilidad al grave problema de la violencia contra las mujeres en el país, y sensibilizar a la sociedad y a los funcionarios públicos. Los números, entonces, son parciales y, se presume, podrían ser aún mayores.

Entre el 1º de enero y el 30 de octubre de este año, el relevamiento de Indeso encontró 204 feminicidios en la prensa. Este es el segundo año que lleva adelante el seguimiento, con la colaboración de Mujeres Autoconvocadas de Rosario (MAR). En los primeros 10 meses de 2008 contabilizaron 170 feminicidios. Es difícil determinar si hubo un incremento de los casos o el aumento se debe a que trascendieron a los medios en mayor medida. De todas formas, la cantidad impacta. En el 85 por ciento fueron ejecutados por algún familiar cercano de la víctima, según la información periodística: en 51 feminicidios, el acusado fue la pareja de la mujer muerta; en 44 casos, su ex; y en 49 hechos, un conocido o pariente como padre, hermano, cuñado o yerno entre otros.

La búsqueda de los casos estuvo a cargo de Mercedes Pagnutti, quien revisó entre 30 y 40 diarios y periódicos nacionales, regionales y locales, impresos y digitales de todo el país. Según su apreciación, “la saña con la que fueron muertas algunas mujeres fue mayor este año que el anterior”. Casos de feminicidios con treinta a cuarenta puñaladas, contó a este diario, la dejaron sin aliento. “No tengo palabras para expresar lo que se siente al leer ese tipo de hechos. Anímicamente afecta mucho”, comentó. El 35 por ciento de los feminicidios se concretó con arma blanca, el 24,5 por ciento, con arma de fuego y el 30 por ciento con golpes, estrangulamiento, ahorcamiento, inmersión o quemaduras.

Ya el primer día del año, Pagnutti se encontró con dos casos. Uno ocurrió al sur de la provincia de Santa Fe, en la localidad de San Eduardo, departamento General López: allí fue hallada muerta de varias puñaladas María Biletto. Su cuerpo estaba en una casa en construcción. Tenía apenas 14 años. Fue detenido su novio, de 20 años. El segundo feminicidio de 2009 tuvo lugar en la ciudad de Córdoba: Nora Díaz, de 32 años, fue degollada por su pareja delante de sus hijos de 12 y 9 años. Los dos últimos casos incluidos en el estudio corresponden al 30 de octubre. En Luján, provincia de Buenos Aires, María Belloto, de 31 años, apareció estrangulada. Trabajaba como empleada doméstica en un country de la zona. El presunto asesino, de 35 años, sería conocido suyo. Ese mismo día, en la ciudad rionegrina de Cipolletti, Jessica Garrido, de 14 años, también fue estrangulada con un alambre. Su pareja, de 21 años, quedó presa.

Tomado de:
http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-135775.html

Trata de personas. Un negocio sucio e impune

En cinco años sólo 570 personas han sido rescatadas por la policía. Lo que Estrella no sabe es porqué casi todos los tratantes siguen atrapando personas en sus redes sin recibir su merecido.

(1) Muy pocos son los casos en los que la trata es castigada. (2) Adolescentes explotadas en las calles. (3) El servicio doméstico puede ser otra forma de explotación.

La trata de personas queda generalmente sin castigo por la incapacidad de los fiscales, la corrupción policial, la demora del sistema judicial y la ineficacia del gobierno.

También la falta de una legislación clara sobre la muy extendida prostitución, favorece a los traficantes.

Estrella fue traída a Lima por vía terrestre cuando tenía 15 años, anotó Ángela Villón en sus cuadernos de registrar los datos de las mujeres que escapaban de las garras de proxenetas y mafias de tratantes y luego acudían a ella en busca de ayuda. Ya entonces Villón, antigua trabajadora sexual, tenía el hábito de refugiar prostitutas en su casa y regresar a su lugar de origen a menores de edad víctimas de tratantes. Luego comenzaría a defender desde la asociación “Miluska, Vida y Dignidad”, que fundó el año 2002, el ejercicio de la prostitución, pero sin presiones ni amenazas de ninguna mafia.

Ahora esas anotaciones sirven para recrear casos de víctimas de tratantes que nunca alcanzaron ni alcanzarán justicia, como Estrella, aquella quinceañera pobre recién bajada de la sierra piurana que fue obligada por su empleadora a alquilar su cuerpo en las prostibularias calles del Centro de Lima. Dos años pasó esta muchacha siendo utilizada como instrumento de placer carnal hasta que un parroquiano quiso ayudarla y pagó 500 soles para rescatarla de la zona en donde la prostituían. Ella tenía 17 años recién cumplidos y, una vez libre de sus raptores, decidió denunciarlos, pero en la comisaría no le aceptaron la queja porque era “una simple prostituta”. Ese día supo que en nuestro país es difícil, casi imposible, encontrar justicia cuando de castigar a tratantes se trata.

Ahora Estrella, con 23 años, ejerce la prostitución por su propia cuenta. Sabe que el Sistema de Registro y Estadística del delito de Trata de Personas y Afines (RETA) que emplea la Policía Nacional ha detectado, desde su formación en el año 2004 hasta setiembre de este año, 227 casos similares al suyo y también casos de trata en otras modalidades. Conoce además que en los últimos cinco años 80 personas han sido detenidas por cometer este delito pero sólo 21 son procesadas actualmente en los juzgados penales de Lima y Mala. Peor aún, sabe que existe registro de un sólo condenado por trata de personas, se llama Edwin Sánchez y fue sentenciado a diez años de prisión en diciembre de 2006. En cinco años sólo 570 personas han sido rescatadas. Lo que Estrella no sabe es porqué casi todos los tratantes siguen atrapando personas en sus redes sin recibir su merecido.

¿Por qué tan pocos enjuiciados, porqué no se les castiga? ¿Por qué no hay justicia? pregunta Estrella.

Ocurre que, señala Mar Pérez, abogada de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, cuando la Policía detiene a los tratantes y los entrega a las autoridades fiscales para que investiguen el caso, muchas veces los representantes del Ministerio Público no formulan denuncia. Como no dominan el tema, entonces no aplican la legislación y los criminales se van a sus casas luego de pasar algunos días en la carceleta de la Fiscalía.

La congresista Rosario Sasieta, quien preside un grupo parlamentario que analiza el delito de trata, indica que, efectivamente, hay un problema en el tratamiento del delito. “Los fiscales no califican bien el delito, creen que todo lo relacionado a trabajo sexual es prostitución y confunden a los tratantes con proxenetas. No están bien capacitados, hay que hacerles entender a los fiscales que la trata es un delito muy grave, porque es trasladar a una persona de un lugar a otro para sacar provecho de ella, sobre todo mediante la explotación sexual y laboral”, sostiene Sasieta.

Los fiscales, a lo mucho, denuncian a los detenidos como si hubieran cometido el delito de proxenetismo y no como tratantes. Muchas veces, ante la falta de pruebas, los mismos tratantes prefieren confesar que son proxenetas, con la intención de evadir elevadas condenas. Los delincuentes saben que por proxenetismo recibirían sólo una condena de 6 años de prisión mientras que por trata de personas la pena puede llegar a 25 años.

Los detenidos argumentan que ellos sólo cumplen una función protectora con las prostitutas y que desconocen si las muchachas con las que trabajan son menores de edad. Por eso es importante conocer, añade Sasieta, que cuando una chica de 16 años es vista ofreciendo sus servicios sexuales en la calle no es un casoo de prostitución sino un caso de explotación sexual de menores y es casi seguro que existe detrás de esa muchacha una red de esclavistas modernos. Situación diferente es la de las trabajadoras sexuales que por su propia voluntad mantienen relaciones a cambio de dinero.

Mar Pérez añade que existe un tema de “insensibilidad” de los fiscales que por dejadez no ponen empeño al investigar estos casos. Con ella coincide Heidi Noriega, consultora de la ONG Capital Humano y Social, quien indica que “la falta de sensibilidad de los fiscales es un punto crítico, porque ellos realizan su propio análisis, su evaluación del delito y, cuando no consiguen las pruebas suficientes, dicen que un determinado caso de trata no configura este delito”.

Pero no todo es culpa de los fiscales, la Policía tiene también responsabilidad. Ángela Villón denuncia que los efectivos policiales no resultan ser tan efectivos al momento de perseguir a los tratantes y los proxenetas. “Soy testigo de la entrega de coimas a cambio de soltar y dejar en libertad a tratantes; en la policía también se traban muchas denuncias”, dice la directora de “Miluska, Vida y Dignidad”.

“Estas mafias están bien organizadas, allí corre muchísimo dinero porque la trata es un negocio lucrativo, casi casi como el tráfico de armas y el de drogas. Entre los tratantes y la policía hay arreglos y seguro por eso en los operativos los únicas perjudicadas son las mujeres detenidas, casi nunca presentan a los tratantes ni a los proxenetas”, sostiene Villón quien por desenmascarar la asociación entre policías y delincuentes sufrió dos intentos de asesinato que la obligaron a huir a Trujillo.

En esa ciudad norteña Villón encontró lugares de explotación que habían captado niñas discapacitadas y hasta con retardo mental y las obligaban a prostituirse a vista y paciencia de la policía. A su vez, Sasieta critica al gobierno por no resolver problemas como estos y detalla que el informe que elaboró concluye que instituciones públicas como el Ministerio de la Mujer y el Ministerio del Interior cuentan con los recursos y la logística necesarios para luchar contra estos delitos pero los funcionarios responsables hacen poco o nada.

El círculo de la impunidad se cierra en el Poder Judicial, donde demora la solución de los pocos casos de trata que han llegado a los tribunales. Así la justicia para las víctimas de tratantes está aún muy lejana, mientras los delincuentes continúan caminando libres por las calles y llevando su mafiosa actividad a más regiones del país.

La pobreza detrás de la trata

Según Mar Pérez, la trata es un delito que está extendido en el Perú porque es casi una costumbre, sobre todo en el interior del país, donde los padres entregan a sus hijos al padrino o al compradre para que se hagan cargo de los menores. Mar fue testigo de esta situación. Cuenta que viajando por Santa Rosa de Quives, en Canta, una mujer quiso entregarle a su hija para que la críe lejos de esa zona pobre de Lima.

—¿Y qué le dijiste a la mujer?

—Que no podía llevarme a su hija, que no debía entregarla a nadie, por más pobres que sean y que su hija era lo más valioso que podía tener.

La negativa de Mar casi nunca se repite. Ante tal ofrecimiento, personas inescrupulosas reciben a los menores, los traen a Lima y los ponen a trabajar en casas como empleados del hogar o en fábricas de ladrillos o extrayendo minerales en socavones o mendigando en las calles. Como los padres entregan a sus hijos, la trata a nivel nacional, asegura Mar, está muy extendida y es una problemática social grave, mucho más grave que a nivel internacional.

Además, mientras no haya un marco legal que regularice la prostitución, la situación seguirá favoreciendo a las mafias de tratantes y proxenetas, que se camuflan bajo el término “prostitución” y evaden la cárcel. Por eso, asociaciones como “Miluska, Vida y Dignidad”, que preside Ángela Villón, demandan que el Congreso y el gobierno priorice un marco legal para su trabajo para regular, por ejemplo, las cooperativas de trabajadoras sexuales y la entrega de certificados médicos a mujeres sin verificar si son mayores o menores de edad ya que los tratantes consiguen documentación para las muchachas y así explotarlas con “permiso”.

Marcelo Puelles
Redacción

Tomado de:
http://www.diariolaprimeraperu.com/online/informe-especial/un-negocio-sucio-e-impune_47279.html

Mujeres: ¿trofeos de guerra?

Por: German Uribe.

La violencia de género en Colombia es un hecho irrebatible. Es la expresión de una infamia que grita y consterna, pero a la que se la viene tratando más con compasión que con el coraje y la cólera que reclama. Más como estadística y "fenómeno" que como factor gravísimo de anulación histórica de comunidades y pueblos. Y más que noticia diaria, es una de aquellas realidades que por repetitiva y recurrente peligra en convertirse en un mal sin remedio o en una epidemia sin vacuna.

Alejándonos por ahora del tan elocuente y en boga tema de la violencia intrafamiliar, queremos hacer particular mención a la estremecedora tragedia que viven las mujeres colombianas en medio del conflicto armado. "Conflicto", decimos textualmente, aunque esta designación no sea otra cosa que el eufemismo con que ciertos sectores poderosos han querido denominar para su conveniencia la larga guerra en la que vivimos.

Pero veamos lo que ocurre: el conflicto colombiano, ya aclimatado en lo bárbaro e irracional, les ha permitido a todos sus actores, pero de manera significativa al paramilitarismo, ver en la vulnerabilidad y desprotección de las mujeres su caldo de cultivo para avanzar en su infernal guerra sucia. Secuestrando, violando o sencillamente reduciendo a las mujeres, están aterrorizando con ello a familias y poblaciones enteras. Y luego, como perros de presa, se desplazan concretando sus objetivos: asesinatos y masacres con los nombres artificiosos de "limpieza social" o "vindictas políticas"; saqueo de bienes y despojo de tierras. Incluso, el uso de la esclavitud sexual o de servicios personales de niñas adolescentes que suman aquí y allá a su botín de guerra.

Y, lo más alarmante, es que no se ha podido probar aún que tal violencia desatada contra el género femenino no esté rigurosamente concernida con el hecho muy puntual de que aquellas víctimas lo son por el simple hecho de ser mujeres, o mejor, su índole de género les puede estar acentuando su desgracia.

Cuando la banda facinerosa irrumpe en pos de un "trofeo", material o simbólico, al doblegar, asesinar, desaparecer, esclavizar o simplemente "tomar" a la mujer, está con ello agrietando, o bien un núcleo familiar, o bien, la esencia y la savia vital de un eje social o de una comunidad específica. Y los actores del conflicto lo saben. Todos. Hasta los que están allí atornillados en la guerra "defendiendo a las instituciones" o "aquí, salvando la democracia...".

Ya nadie discute que la masa desplazada en nuestro país -la primera en el mundo- se encuentra entre 3 y 4,6 millones de personas. Ahora, es nuestra obligación destacar que, como lo afirma Acnur, "las mujeres y niñas conforman más de dos tercios de la población desplazada en Colombia" y alcanzan a ser el 70,6 por ciento de quienes exigen equidad ante Justicia y Paz.

Ante esta turbadora afrenta, no hay espacio para la distracción o el silencio. Hay que denunciarlo. Y con voz fuerte: el desplazamiento social en Colombia y la violencia de género son, de todos nuestros males, los más ignominiosos y brutales.

Recientemente leí algunos informes y recomendaciones respecto a la situación de la mujer en nuestro conflicto. Tanto Codhes, como Acnur, nos ilustran bien, pero fue un texto de María Himelda Ramírez denominado 'El impacto del desplazamiento forzado sobre las mujeres en Colombia' el que de mejor manera me acercó al tema. Y en un punto específico de su estudio, cuando se propone describir el calvario del éxodo femenino tras la violencia de la guerra, expone algunos aspectos que las autoridades colombianas deberían observar cuando por fin le metan ganas a la resolución de este dramático problema.

Dice: "En el momento crítico del éxodo luego de una masacre o de otras escenas amenazantes, el terror cumple funciones muy efectivas de amedrentamiento. El despojo, la muerte y la expulsión producen un intenso sufrimiento emocional agravado por la incertidumbre respecto al futuro. Los sentimientos de impotencia se ven reforzados por la impunidad... Las mujeres adultas se ven abocadas a la redefinición de sus roles sociales y sus identidades lo mismo que los hombres..."

Llevarse a las mujeres como esclavas sexuales, como su "posesión" para toda clase de usos o, violándolas y asesinándolas, hacerlas sujetos valiosos para la destrucción de familias, comunidades o poblaciones, ¿no las convierte de alguna manera en trofeos de guerra?

Este es, pues, el más degradante y letal de los designios que pesan sobre la mujer en este país de fusiles, "amargas", rocolas y "meros machos", y en donde la violación de una mujer ha llegado a concebirse como un asalto al honor y a las posesiones materiales del adversario.

Tomado de:
http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/otroscolumnistas/mujeres-trofeos-de-guerra_5594628-1

La guerra que se libra en los cuerpos de las mujeres

TODOS LOS ACTORES armados dentro del conflicto del país utilizan el abuso sexual como tortura, factor de desplazamiento y muestra de poderío, pero sólo el 5 por ciento de las mujeres víctimas denuncian el delito.

Archivo. La vergüenza y el miedo a una represalia por parte de su agresor, llevan a las mujeres a abstenerse de denunciar los delitos sexuales cometidos en el marco del conflicto armado, situación que invisibiliza a estas víctimas y esconde al país la realidad de este delito considerado un crimen de lesa humanidad.

Nadie sabrá con exactitud cuántos niños ha engendrado la guerra como consecuencia de las violaciones sexuales que todos los actores armados, legales e ilegales, siguen cometiendo contra las mujeres.

Sólo el 5 por ciento de las víctimas de violación dentro del marco del conflicto armado denuncian el hecho, agresión que es utilizada en el campo de batalla como tortura, como factor de desplazamiento o como muestra de dominio.

Así muchos crean que la violencia del país ha menguado o hasta desaparecido, los cuerpos de muchas mujeres siguen siendo testigos mudos de lo que cualquier hombre con un arma en sus manos parece sentirse con derecho de hacer.

El informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de 2008, indica que "los actos de violencia sexual ocurridos en el contexto del conflicto armado continúan presentando un alto nivel de impunidad".

En el auto 092 de abril de 2008, la Corte Constitucional ordenó a la Fiscalía General de la Nación que investigara 183 casos específicos que denunciaban a abusos sexuales cometidos por miembros de grupos armados ilegales e integrantes de la Fuerza Pública.

Al respecto, la Fiscalía entregó un informe respecto al avance de las investigaciones sobre los delitos de este tipo del que fueron víctimas cerca de 500 mujeres y ocurrieron entre 1993 y 2008, en 88 poblaciones de 26 departamentos.

Por su parte, los postulados a la Ley de Justicia y Paz en sus versiones libres han enunciado 27 casos de violaciones y solo hay 12 confesiones de estos hechos que afectaron a más de 17 víctimas. La mayoría ocurrieron en municipios de la costa atlántica. Estas confesiones contrastan con las 228 víctimas que han denunciado ante la Unidad de Justicia y Paz haber sido víctimas de delitos sexuales por miembros de las autodefensas.

Palabras de mujer

"En marzo de este año en una noche de mucha lluvia llegaron a mi finca unos hombres y empezaron a hacer ruido como para ver si salíamos, prendimos el bombillo de afuera para ver quién era, resultó ser un hombre encapuchado y armado. Nos asustamos y él soltó un tiro al aire. Nos quedamos callados y empezó a preguntarnos por gente conocida, haciéndose pasar por miembro de un grupo armado, nos preguntó que cuántos estábamos en la casa, yo estaba con mi esposo y mi hijo de cinco años. Nos pidió que abriéramos la puerta, que nos iba más bien si abríamos a las buenas. Nunca me imaginé que venía expresamente a violarme", narra Amanda Restrepo* quien debió huir del Nordeste antioqueño con su familia, una vez denunció el hecho.

"Abrimos la puerta, encerraron a mi esposo y a mi hijo y a mí me vendaron los ojos y me sacaron fuera de la casa. Él conocía muy bien mi familia, sabía de todos y con eso y un arma en la mano, me amenazó. Quedarme callada es permitir que él lo siga haciendo, por eso hay que hablar y denunciar por más miedo que uno tenga".

Catherine Zapa es la encargada del tema de mujer y guerra del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), para Antioquia, Córdoba y el Eje Cafetero. Esta enfermera atiende a las mujeres víctimas de delitos sexuales de estas regiones.

"Mediante un convenio que tenemos con Profamilia les brindamos atención médica y psicológica, sin importar si la víctima ha denunciado o no el hecho", señala Catherine, quien indica que las mujeres entre los 15 y los 49 años son las más vulnerables.

Rocío Pineda, defensora de los derechos de la mujer en diferentes organizaciones, explica que en el abuso sexual alrededor del conflicto armado se presenta un triple silenciamiento, "La presión de la sociedad que discrimina y culpa a la víctima, la amenaza del actor armado victimario y la ley, que no le brinda protección, hace que sea aún más complejo de afrontar", dice.

Rocío además hace hincapié en que esta es una práctica de todos los actores armados y que aún la atención a las víctimas no se correlaciona con la gravedad que para una mujer supone una violación. "En el país los delitos sexuales aún son considerados como delitos de segunda categoría, cuando este flagelo se presenta mucho más de lo que nos imaginamos", concluye.

Y es que el subregistro de las víctimas es la constante en estos delitos. "En el país hay un 95 por ciento de impunidad para las agresiones sexuales, en las que el 90 por ciento de los victimarios son hombres", indica Piedad Morales de la Corporación Vamos Mujer.

Además de la agresión mental, física y emocional irreparable que padecen las víctimas de una violación sexual, muchas de ellas quedan embarazadas de su agresor. "Nos llegan muchas historias de mujeres que hoy crían hijos producto del abuso, y si tenemos en cuenta que aproximadamente el 30 por ciento de las mujeres violadas quedan en embarazo y le sumamos factores culturales, Colombia nunca sabrá cuántos hijos han quedado de esta guerra", señala Rocío Pineda.

Incontables y anónimas son las mujeres víctimas de delitos sexuales que ha dejado el conflicto, silenciadas por miedo a su agresor, a ser cuestionadas y discriminadas. Amanda, a pesar del miedo habló y señaló a su violador, y su decisión la obligó a huir de su tierra.

"La justicia ha sido lenta para resolver mi caso y me da rabia pensar que él sigue con una vida normal, con un arma en la mano que le da poder, mientras que por su culpa yo tuve que desbaratar mi vida y la de mi familia".

*Nombre cambiado por solicitud de la fuente.

Contexto

Abuso sexual en masacres

Los delitos sexuales no solo se refieren a violaciones sino que existen otras formas de abuso, que la comunidad internacional ha tipificado en crímenes como son la prostitución forzada, el aborto forzado, la tortura con manoseo del cuerpo y el sometimiento doméstico.

El desplazamiento es una consecuencia de este delito, así lo confirman los datos del Ministerio de Protección Social, que indican que una de cada tres mujeres desplazadas han sido forzadas a tener relaciones sexuales.

Para entender lo presente que están estos delitos en el conflicto armado del país, la Corte Constitucional ha señalado que en por lo menos nueve masacres se conoce que hubo casos de violencia sexual contra las mujeres. Estas son El Salado, en Bolívar; La Hormiga, en Putumayo; Alto Naya, en límites de Cauca y Valle; Ovejas y San Benito Abad, en Sucre; El Tarra y Teorama, en Norte de Santander; y Puerto Caicedo, Putumayo.

Tomado de:
http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/L/la_guerra_que_se_libra_en_los_cuerpos_de_las_mujeres/la_guerra_que_se_libra_en_los_cuerpos_de_las_mujeres.asp?CodSeccion=9

Colombia: Alarmante situación de agresión sexual contra las mujeres

Foto: Archivo El País

La violencia sexual continúa siendo una de las principales formas de agresión contra las mujeres en las regiones azotadas por la presencia de grupos armados ilegales e incluso militares del Ejército.

Así lo evidencian los resultados de la investigación realizada por la Corporación Humanas y el Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género en el 2008, donde se identifican los contextos de la violencia sexual por parte de grupos armados. El estudio se realizó en los departamentos del Atlántico, Magdalena, Santander y Putumayo y en la ciudad de Bogotá.

El primer contexto corresponde a las acciones que realizan los diferentes actores armados para mejorar la posición militar que tienen hasta el momento y avanzar hacia la toma de una zona.

Una mujer negra relató su historia en un ataque de las Farc en el Chocó. “Desde inicios del año 2007, miembros de las Farc estaban buscando a mi esposo que era motorista de una lancha, lo presionaban para que les ayudara. Iban a buscarlo y como no lo encontraron tres tipos me pegaron, me insultaron, destruyeron mi hogar y sin compasión abusaron de mi. Mientras uno me violaba otro me tapaba la boca para que no gritara. El que me violaba y me gritaba que tenía que disfrutarlo para que no me mataran. Lo peor de todo es que aún tengo una enfermedad de transmisión sexual”.

Con alta frecuencia la violencia sexual contra mujeres también se da el contexto de privación de libertad, que puede ocurrir como consecuencia de un retén, detención legal o un secuestro. “Cuando me detuvieron, me montaron en una patrulla y me quitaron la ropa, empezaron a pegarme con las manos y a decirme groserías” , relató una mujer sindicada de pertenecer a la guerrilla y quien fue capturada por el Ejército.

El tercer campo es la ocupación armado de una región. En este caso la violación ocurre por la autoridad. En la Vega de Cáchira (Norte de Santander) , zona de bajo control de las Farc, varias mujeres fueron violadas por guerrilleros de esta agrupación en 1997.

“Tenía 15 años. Los hechos sucedieron en las veredas Cuadras y el Filo, además de mí, otras 15 mujeres fueron abusadas por la guerrilla. Eran las 10 de la noche cuando llegaron a la casa tocando y diciendo que tenían hambre y las mujeres se levantaron a cocinarles. Luego de que comieron empezaron a abusar de nosotras y mataron a los esposos porque se metieron a defendernos”.

Y el último de los contextos identificados en el estudio es el delito cometido en las filas, es decir, violencia sexual contra las mujeres pertenecientes a la agrupación armada.

En las filas de las Farc, una guerrillera tenía 12 años de edad cuando entró a esta guerrilla. “Desde que uno llega allá le ponen dispositivos o inyecciones anticonceptivas. Las embarazadas tienen que abortar, sin embargo, en la mayoría de los casos el comandante es quien decide el futuro. Hay muchas que se han volado por eso y que han sido encontradas y asesinadas”.

Los resultados de esta investigación señalan que la violencia sexual en Colombia es alta y presenta unos patrones que se repiten en las distintas zonas donde hubo presencia de grupos armados.

El documento señala que en la mayoría de los casos reportados, aparecen los paramilitares como los principales agresores.

Según las cifras generales, el número de informes parciales sexológicos por presunto delito sexual ha crecido en los últimos años. Según Medicina Legal, en el 2007 se llevaron a cabo 20.273 exámenes, que implican un aumento de 640 casos respecto al año anterior (2006).

Además, en el 2007, el mayor número de dictámenes parciales sexológicos, 15.056, se realizo a mujeres, entre ellas niñas que están alrededor de los 10 y 14 años.

Para la Corporación Humanas, la gran mayoría de los casos de violencia sexual siguen siendo ocultos y subregistrados.

Tomado de:
http://www.elpais.com.co/paisonline/notas/Mayo112009/alarmantesit.html

No a la violencia contra la Mujer

Mujeres cooperativistas en torno al Comité de Desarrollo de la Familia de la Cooperativa Naranjillo, superan con valentía sus limitaciones y pugnan por salir adelante. Foto Prensa Verde.

“Cuando se habla de violencia a la mujer “nada es tan triste como el silencio del Estado y de la sociedad”.

“Unidos para poner fin a la violencia contra las mujeres” es el lema de las Naciones Unidas en el Día Internacional de la Mujer 2009. El ocho de marzo debe servirnos de reflexión sobre la pandemia de la violencia, que se origina en sociedades desiguales y discriminatorias donde:

- El 70% de las personas que viven en la pobreza son mujeres
- Una de cada tres mujeres sufre violencia en algún momento de su vida
- Las mujeres de entre 15 y 44 años corren mayor riesgo de ser violadas o maltratadas en sus casas que de contraer cáncer
- Las mujeres representan dos tercios de las personas adultas analfabetas del mundo
- Las mujeres ganan entre un 30 y un 40% menos que los hombres por igual tarea
- Más del 80% de las víctimas de trata de personas son mujeres
- Más de la mitad de los nuevos casos de infecciones por VIH ocurren entre jóvenes de 15 a 24 años, y más del 60 por ciento son mujeres.

Estas cifras dimensionan la situación de la mujer y la necesidad de un compromiso social que incluya a los hombres. Por que la libertad de las mujeres en la historia va de la mano con la democracia política, la libertad de pensamiento y el espíritu de tolerancia.

El trabajo de las mujeres en el hogar sigue siendo, además de gratuito, "invisible e inconmensurable". La mayoría de las tareas hogareñas, entre ellas la cocina, la limpieza y el cuidado de los miembros de la familia, son desempeñadas por mujeres que no reciben paga alguna por eso. "En muchas regiones, el trabajo del hogar abarca la recolección de agua y de leña, e incluso el cultivo de alimentos y el cuidado de pequeños hatos de ganado. Aún no se ha reconocido y avaluado la contribución de esta labor invisible al desarrollo social y económico, que resulta esencial para la reproducción de la fuerza de trabajo y el bienestar de las sociedades.

La inequidad y la discriminación se basan en la división del trabajo entre hombres y mujeres, que perpetúan los estereotipos del "macho proveedor" y de "encargada de cuidar a la familia". Como consecuencia, el potencial de mujeres y niñas para participar en la educación, la capacitación, el mercado laboral y la esfera pública se restringe.

Datos oficiales indican que unos 14 millones de mujeres trabajan en actividades remuneradas en México, uno de los países violentos afectados por el narcotráfico tal como lo fue el Huallaga en los 80 y 90s. Según el Instituto Nacional de las Mujeres, 94% laboran en el sector agropecuario y 33% en la construcción sin servicio de salud, ni seguros contra accidentes. Sin embargo, se puede considerar un derecho logrado por las luchas feministas que la Constitución mexicana y la Ley Federal del Trabajo prohíben la discriminación laboral por razones de edad, sexo, embarazo, religión, raza o color de piel. Además, está prohibido el despido de mujeres embarazadas.

La mujer campesina es en realidad la heroína del conflicto armado interno, por que como madre y esposa tuvo que enfrentar la violencia de los poderes armados oficial y clandestino por la defensa de sus seres queridos. Foto cortesia.

En el período de la violencia armada en el país, el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación estima que en el caso de la violación sexual el 98% de los casos registrados corresponden a mujeres. El total de casos reportados durante el estudio fue de 538, de los cuales 527 eran mujeres y 11 varones.

Alrededor del 83% de los casos de violación sexual son imputables al Estado y aproximadamente un 11% a los grupos subversivos. Además de la violación, fueron formas comunes de violencia contra las mujeres los abortos y los embarazos forzados, los actos de desnudamiento, los golpes y la aplicación de electricidad en los genitales, la servidumbre sexual y las mutilaciones sexuales.

La violación sexual se produjo, en forma masiva en caso de incursiones, masacres y en aquellos territorios donde se instalaban bases militares, aprovechando la detención ilegal y los episodios de tortura, en situaciones en que las mujeres debían negociar por sus vidas o la de sus familiares, señala el informe.

Sendero Luminoso utilizaba las masacres, la mutilación o el castigo ejemplar (cortes de diversas partes del cuerpo, mutilaciones y rapados de las mujeres); asimismo, propiciaba las uniones forzadas y el reclutamiento, mecanismo que les permitía acceder a mano de obra gratuita, servicios sexuales y labores domésticas. Uno de los casos más dramáticos era el de las mujeres asháninkas. La mayoría de las violaciones sexuales a mujeres se produjeron en los departamentos de Ayacucho, Huancavelica, Apurimac, Huánuco, San Martín y Ucayali.

La violación fue utilizada como una forma de intimidación, castigo, represalia o como instrumento de presión para obtener información. En muchos casos lo que se buscaba era castigar a aquellos varones con los que estaban unidas o alguna vez lo estuvieron y que no se plegaban al grupo o que ostentaban cargos públicos:

El mensaje para los varones era: “violo tu mujer, tu propiedad, te afrento a ti y el honor de tu familia”, además de recordarles que han fallado en su rol de protección. De este modo, la violencia sexual contra las mujeres implicaba el ejercicio de poder sobre ellas, pero también sobre los hombres.

“…los Sinchis, entraron a mi casa, durante toda la noche a golpearme…después comenzó abusarme, violarme, a mi me violaron toda la noche; yo gritaba, pedía auxilio, me metieron pañuelo a mi boca…esa noche me violaron siete (…) examen médico, me dijo que estás abusada, estás embarazada…Yo no quería vivir…”.

Se aplicaban descargas eléctricas en partes sensibles del cuerpo, en el caso de las mujeres generalmente en los pezones y los genitales. Para aumentar la intensidad de la tortura se arrojaba agua a las víctimas.

Un efectivo que participó y presenció torturas confirma que se trató de una práctica continúa: “Cerca de la base había una canchita y ahí teníamos el calabozo. La llevamos ahí y le comencé a preguntar…estaba amarrada, sentada en la silla, y los pies amarrados a la silla. Desnuda, totalmente desnuda, porque yo leí que en la tortura lo peor que se puede hacer a la persona es desnudarla…”. “le acariciaba el pelo, le tocaba los senos, le manoseaba…”.

La versión de un ex senderista señala “Ahí veía como los subversivos les cortaban los senos y les metían cuchillo por la vagina a las mujeres que supuestamente habían sido infieles a sus maridos. A los homosexuales les cortaban el pene antes de matarlos...”.

A toda esta violencia se agrega la desesperanza y la impunidad, circunstancia que perdura aún terminado el conflicto, por la ineficiencia del sistema de administración de justicia y por la indiferencia de los operadores de justicia, por las amnistías decretadas y por la falta de voluntad política para hacer visible la violencia ejercida en contra de las mujeres.

Mujeres Cafetaleras promoverán Exportaciones de Café

Mujeres cafetaleras y profesionales que asesaran a las organizaciones cooperativas. En la foto fiesta cafetalera con mariachis como parte del turismo rural en crecimiento. Foto Internet.

120 mujeres de las principales cuencas cafetaleras del Perú se darán cita en Lima los días 27 y 28 de noviembre para potenciar sus productos al exterior, en el marco del VI Encuentro Nacional de Mujeres Productoras de Café y Cacao. Ellas representan 5 mil puestos de trabajo en el sector cooperativo. Están agrupadas en 41 organizaciones de Amazonas, Cajamarca, San Martín, Huanuco, Junín, Cusco, Ayacucho y Puno, y agremiadas en la Junta Nacional del Café, JNC. En esta ocasión compartirán experiencias con María Isabel Balbuena, representante de la Federación de Cafetaleros de la Región Sur (FEDECARES) de República Dominicana.

Las dirigentes y líderes además de intercambiar experiencias podrán ofrecer sus productos a los principales compradores de café de Estados Unidos e Inglaterra: Transfair USA, Sustainable Harvest y Twin, que acudirán a la cita.

La presidenta de la Coordinadora Nacional de Mujeres Cafetaleras y Cacaoteras (CONAMUCC), Lucila Quintana Acuña; el vicepresidente de la JNC, Roberto Acuña Acuña y la Directora General de la Mujer del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, Grecia Rojas, presidirán la ceremonia inaugural.

En las jornadas de trabajo se analizará las perspectivas del mercado, el impacto de la crisis en las familias cafetaleras y la apertura del mercado para los países de Asia. Asimismo, asumirán tareas gremiales y evaluarán las limitaciones de desarrollo de las organizaciones de mujeres en las cooperativas y analizarán otras alternativas de mercados para las mujeres del campo.

En la actualidad de las 41 organizaciones socias de la JNC, 21 cuentan con Comités de Mujeres. Entre sus principales logros, durante los últimos años, se cuenta: una considerable participación de la mujer del campo a nivel gremial, la inserción de políticas a favor de las organizaciones de mujeres cafetaleras y un incremento en el porcentaje de mujeres dirigentes en los órganos de decisión. La formación de comités especializados de mujeres en las organizaciones cooperativas cafetaleras e impulsado la promoción de proyectos productivos con iniciativas comerciales a través a de la capacitación permanente.

También estarán presentes en el encuentro, Claudia Aleman, representante de Sustainable Harvest (USA), Victoria Dodman, representante de Twin (Inglaterra).