jueves, 15 de octubre de 2020

Amazonía Peruana. Desarrollo, Sostenibilidad y Biodiversidad en América Latina y Caribe.

Felipe A. Páucar Mariluz*

Cop 25 fue una nueva ilusión por la no concreción de acuerdos urgentes. Foto cortesía.

Desde el 16 de marzo el Perú se sumó a otras naciones en tomar medidas sanitarias con inamovilidad nacional (cuarentena, toque de queda) con el objetivo de evitar la expansión del virus SARS-Cov-2 conocido como Covid – 19, pero con el correr de los meses la pandemia se desbordó saliendo de control con el incremento de contagios y muertes en varias regiones de la Amazonía peruana, que después de seis meses se va controlando con la disminución o estabilización de cifra de infectados. Sin embargo, esta situación de emergencia afectó severamente la realización de actividades, el desarrollo de planes y programas en beneficio de la región amazónica promisoria en recursos y oportunidades que requiere con urgencia atención de los gobiernos nacionales y de la cooperación internacional.   

Perú es uno de los nueve países que constituyen la Amazonía. Con una extensión de casi 8 millones de kilómetros cuadrados, la región del Amazonas está formada por parte de Brasil, Bolivia, Venezuela, Perú, Ecuador, Colombia, Guyana, Surinam y Guayana Francesa.

El 27 de setiembre de 2018, durante la Asamblea General de las Naciones Unidas, la Ministra del Ambiente del Perú junto con otros representantes de Estado de 13 países de América Latina y el Caribe, suscribió el Acuerdo de Escazú de los derechos de acceso a la información, participación pública y justicia en asuntos ambientales. Horas antes, la ministra comunicaba al país a través de un video, que este acuerdo traería oportunidades a la región y al Perú para fortalecer los vínculos entre los países para trabajar para el ambiente y la sociedad; y más aún, trabajar en temas tan importantes y críticos como la transparencia en temas ambientales, el acceso efectivo de la población a la información y la promoción de la justicia ambiental. Sin embargo, transcurrido dos años el Ejecutivo no puso mayor esfuerzo para su aprobación en el Congreso y éste constituido por reconocidos lobistas tampoco se comportó a la altura de los intereses de la Amazonía peruana y americana. 

 

Diez claves para entender el acuerdo de mínimos de la COP25 contra el Cambio Climático en Madrid

El acuerdo Chile-Madrid Tiempo de Actuar con el que ha concluido este domingo la vigésimo quinta Conferencia de las Partes (COP25) del Clima de Naciones Unidas sienta las bases para una mayor ambición frente a la emergencia climática y abre un nuevo ciclo en estas reuniones de Naciones Unidas basadas en la acción y que todos los participantes hagan más y más rápido.

Estas son diez de las principales claves de un documento y una cumbre organizada en tiempo récord, con discrepancias entre los negociadores y que, en línea con anteriores reuniones, ha requerido ampliar las negociaciones durante dos día adicionales. La negociación arrancó el lunes 2 de diciembre de 2019, debía haberse cerrado el viernes 13 y finalizó el domingo 15.

  1. Mayor ambición. El primer borrador fue calificado de insuficiente y criticado por varios países y las entidades no gubernamentales por no ahondar con claridad en este asunto. Tras su reformulación, el acuerdo pide un aumento de la ambición de los compromisos de lucha contra el cambio climático siguiendo el calendario marcado en el Acuerdo de París. Sienta las bases para que, en 2020, los países presenten compromisos de reducción de emisiones (NDC, por sus siglas en inglés) más ambiciosos para responder a la emergencia climática de cara a la COP26 de Glasgow.
  2. El papel de la ciencia. El acuerdo reconoce que las políticas climáticas deben ser permanentemente actualizadas en base a los avances de la ciencia. También reconoce el papel del Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC) de Naciones Unidas y agradece los dos informes especiales publicados por este organismo en 2019, sobre uso del suelo y océanos.
  3. Transversalidad. La cumbre de Madrid confirma que la lucha contra el cambio climático es una cuestión transversal que afecta a ámbitos como las finanzas, la ciencia, la industria, la energía, el transporte, los bosques o la agricultura, entre otros. Ministros de todos los ámbitos y numerosos países han mostrado en la COP25 de Madrid que asumen la agenda climática como propia.
  4. Océanos y usos del suelo. Estos puntos han sido dos de los más debatidos en el plenario, ante el intento de Brasil de que se retirase el articulado, si bien finalmente se sumó a la postura general. El texto reconoce la importancia de los océanos en el sistema climático y como respuesta a los informes especiales del IPCC publicados durante 2019, la Convención de Clima celebrará un diálogo de océanos y otro sobre usos del suelo una sesión de junio de 2020.
  5. La mujer, también desigual por el cambio climático. Se acuerda un nuevo Plan de Acción de Género para impulsar la participación de la mujeres en la negociación internacional del clima, desarrollar medidas que permitan dar respuesta al desigual efecto del cambio climático en mujeres y niñas, y promover su papel como agentes del cambio hacia un mundo libre de emisiones. Estará vigente hasta el año 2025 en el que se revisará.
  6. Financiación de pérdidas y daños. El acuerdo contempla dar directrices al Fondo Verde del Clima para que, por primera vez, destine recursos frente a las pérdidas y daños que sufren los países más vulnerables a los fenómenos climáticos extremos. Esta era una de las cuestiones más solicitadas por los pequeños estados insulares que padecen de manera más directa estos efectos. Supone ampliar el ámbito de financiación de este Fondo más allá de las acciones de mitigación y adaptación. Insta a los países desarrollados a que proporcionen recursos financieros para ayudar a los países en desarrollo. Además, nace la Red de Santiagoque permitirá catalizar asistencia técnica de organizaciones y expertos a estos países vulnerables.
  7. Mercados. La regulación de los mercados de carbono ha sido uno de los temas más debatidos durante esta COP (desarrollo del artículo 6 del acuerdo de París). Inicialmente incluido en el documento, finalmente se decidió su debate por separado. Muchos delegados habían anticipado que en este punto es mejor un no acuerdo a un mal acuerdo.
  8. Multilateralismo. En palabras de la ministra española Teresa Ribera "la COP25 es una reafirmación del valor del multilateralismo y de la cooperación internacional para resolver un desafío global como el cambio climático". "Aún en contextos globales complejos, la COP25 no ha dejado caer la agenda climática en un momento fundamental para la implementación del Acuerdo de París. Al contrario, ha hecho exhibición de un multilateralismo activista".
  9. Sociedad y transición justa. Se reconoce el importe protagonismo de la dimensión social en la COP25 y que las personas deben estar en el centro de la respuesta a la crisis climática. En este sentido el acuerdo "Chile-Madrid Tiempo de actuar" recoge el "imperativo" de que la transición hacia un mundo libre de emisiones debe ser justa, e impulsar la creación de empleo decente y de calidad.
  10. Nuevo ciclo. Los negociadores reconocen la importancia de los actores no gubernamentales en la acción climática y les invita a incrementar su acción. La existencia de un marco de gobernanza global como es el acuerdo de París y su libro de reglas supone que las COP ya no son foros para fijar reglas, sino que se abre un nuevo ciclo basado en que todos los participantes hagan más y más rápido.

Mancomunidad Regional “Pacífico – Centro – Amazónico.”

Una de las macroregiones que aspira ser de las más importantes y poderosas del país quedó constituida en una concurrida ceremonia realizada en la sala Raúl Porras Barrenechea, presidida por el ex congresista Hugo Carrillo Cavero.

Se trata de la Mancomunidad Regional “Pacífico-Centro-Amazónica”, integrada por las regiones Lima, Junín, Huánuco, Pasco, Huancavelica y Ucayali, que une la costa, sierra y selva del país, razón por la que sus propulsores se han trazado como principal finalidad concretar la integración, descentralización y el desarrollo interprovincial.

Anunciaron entonces que se elaborarán y ejecutarán proyectos de inversión interdepartamental y prestarán servicios eficientes y de calidad para satisfacción de la población de la mancomunidad.

Se puso como objetivos la construcción de vías longitudinales, transversales y de conectividad, como la carretera Pucallpa-Huánuco-Ambo-Yanahuanca-Oyón-Huacho, así como el ferrocarril bioceánico Brasil-Ucayali-Huánuco-Lima, la vía alterna a la carretera central Pachachaca-Yauli-Pomacocha-Huascaj-Pedrería-Antioquía-Cieneguilla-Lima, el nuevo ferrocarril central Lima-Junín-Pasco-Huancavelica, el túnel trasandino Pachachaca-San Mateo y la carretera Cerro de Pasco-Huayllay-Canta-Lima.

La majestuosidad de la Amazonía con una diversidad pocas veces apreciada y utilizada. Foto cortesía.

El primer presidente de la mancomunidad señaló durante la ceremonia de asunción al mando que se promocionará el fortalecimiento de cadenas clúster productivas para los mercados internos y externos; se promocionará y fomentará corredores turísticos, circuitos y rutas turísticas, así como se gestionará la construcción de aeropuertos.

 

Declaración de Madrid de los Gobernadores Regionales Amazónicos.

Los gobernadores de la Mancomunidad Regional Amazónica que participaron en Madrid en el marco de la 25ava Conferencia de las Partes de la CMNUCC, emitieron una declaración sobre el importante papel de los bosques y humedales de la Amazonía que provén servicios ecosistémicos vitales para el beneficio de la humanidad, relacionados con la mitigación y adaptación al cambio climático, el mantenimiento del régimen hídrico y pluvial, así como la conservación productiva de la diversidad biológica que alberga, conscientes de la alta diversidad de culturas originarias cuya supervivencia depende de la salud de estos ecosistemas, reconociendo que no hay conservación posible de la Amazonía peruana sin asegurar al mismo tiempo un desarrollo inclusivo, sostenible y competitivo, propusieron:  

  1. Las regiones vienen adecuando sus Planes Regionales de Desarrollo Concertado con enfoques y prácticas de desarrollo sostenible con Estrategias de Desarrollo Rural bajo en emisiones con el compromiso de la reducción de la deforestación.
  2. Los recursos deben ser puestos en valor mediante inversiones públicas y privadas que actúen sinérgicamente para el manejo de bosques, madera, productos no maderables, recursos genéticos y pesqueros, fomentando bionegocios y el turismo.
  3. La recuperación de tierras deforestadas con inversiones para recuperarlas a la productividad y hacerlas sostenibles mediante la reforestación, emprendimientos agropecuarios, piscícolas y agroforestales.  
  4. Mejorar las actividades agropecuarias y agroforestales, recuperando la calidad de los suelos con capacitación y adiestramiento a los agricultores con el debido financiamiento para ponerlas en práctica. Fomentar la organización de los agricultores y la construcción de alianzas público – privadas, articulando tierras, recursos naturales, recursos financieros, acceso a mercados y gerencia de calidad.
  5. La mayor parte de las regiones están ubicadas en el tercio inferior en el Índice de Competitividad Regional por estar distantes de los puertos, con insuficientes carreteras y caminos, así como logística insuficiente y de mala calidad. Se mantiene la marginación de la Amazonía con relación a otras regiones mejor atendidas.
  6. Se debe promover la inversión en infraestructura verde y servicios de desarrollo social con un componente de interculturalidad, se requieren soluciones innovadoras con un ordenamiento territorial para producir conservando y conservar produciendo.
  7. El Estado no prioriza a la Amazonía, la prueba es que los presupuestos para el 2020 se han reducido los montos de compensación por el retiro de exoneraciones tributarias. Los proyectos de bosques y cambio climático son diseñados y ejecutados con la mínima o ninguna  participación de los gobiernos regionales, para al final los procesos desarticulados del gobierno nacional no dar resultados y significar una carga.
  8. La situación de abandono se refleja en el Índice de Progreso Social (Centrum – Católica) que ubica a las regiones amazónicas en un nivel más bajo del país en comparación con otras regiones mejor atendidas, dando lugar a actividades ilegales (narcotráfico, tráfico de tierras, minería ilegal, etc.), también de la identificación de las poblaciones fronterizas con los servicios que brindan países vecinos, lo que los obliga a actuar con responsabilidad generando una paz social que facilite el desarrollo regional y del país.
  9. Saludan la iniciativa del Ejecutivo y Congreso de la República con la “Comisión Multisectorial e Intergubernamental para el Establecimiento de Acciones Públicas Prioritarias para la Promoción del Desarrollo Sostenible de los Territorios de la Amazonía Sostenible.”, pero no se permite a la Mancomunidad Amazóníca conducir los propyectos, que determinan esfuerzos en nuevos fracasos, lo que supone la inoperancia de la Secretaría de Descentralización.

Por todo ello proponen:

  • La conformación de un grupo de trabajo interregional para la elaboración de un Plan de Desarrollo Integral de la Amazonía.
  • Concertar un tratamiento diferenciado para la Amazonía, con la creación de una Agencia Regional de Desarrollo.
  • Un Decreto de Urgencia que modifique el plazo y mandato de la Ley 30977 de Promoción de la Amazonía Sostenible.
  • Solicitan al Gobierno Nacional la atención prioritaria para inversiones en la Amazonía con la conformación de un sólido portafolio de proyectos de inversión y la estructuración de su financiamiento a mediano y largo plazo. Establecer que todos los proyectos se desarrollen y ejecuten bajo el liderazgo de las regiones amazónicas.

 

La Amazonía peruana.

Después de Brasil, Perú es el segundo país en territorio de selva amazónica. Así, la Amazonía peruana comprende un área de 782,880.55 kilómetros cuadrados al este de la cordillera de los Andes.

Es una de las zonas con mayor biodiversidad y endemismos (estado ecológico de una especie que es única para una ubicación geográfica definida) del planeta y ocupa dos regiones naturales: la selva alta y la selva baja, más del 60% del territorio peruano.

Pueblos indígenas. No obstante, a pesar de su extensión, esta demarcación también se caracteriza por ser la menos poblada de Perú, ya que acoge solo al 13% de los habitantes del país. En esta área coexisten los descendientes de más de 51 pueblos indígenas. Además, en ella aún perviven un gran número de comunidades indígenas consideradas aisladas. La contaminación ambiental, la extracción ilegal de madera, la depredación de la fauna, la biopiratería y la desertificación y la explotación petrolera son los principales factores que provocan la destrucción de la selva peruana. El impacto negativo de todos ellos presenta como efectos primordiales la degradación de los recursos naturales y la rápida disminución de las condiciones de vida de la población.

La Iglesia en la Amazonía peruana. Según indica la página oficial del Sínodo de la Amazonía, las primeras expediciones misioneras en el territorio amazónico peruano se produjeron en el siglo XVI, tras el descubrimiento del río Amazonas por Francisco de Orellana (1542).

En el siglo XVII, los jesuitas crearon misiones, acercándose a los diferentes pueblos indígenas de la zona. Durante la época colonial también estuvieron presentes las órdenes de los dominicos, de los mercedarios y de los franciscanos.

A fines del siglo XVI, santo Toribio de Mogrovejo, obispo de Lima, realizó una visita pastoral a la provincia de Moyobamba.

Los jesuitas fundaron numerosas misiones o reducciones a lo largo del río, enfrentándose a los constantes desafíos que ostentaban las condiciones de la selva y a las invasiones portuguesas. En 1760, antes de ser expulsados por decisión del monarca Carlos III, dichas reducciones de los jesuitas abarcaban 12, 229 indígenas en 34 pueblos, con 22 misioneros. (Con información: EFE/ Reuters, Cop 25 Madrid – Chile 2019, Sínodo Episcopal, Mancomunidad Regional Andino – Amazónico, archivos).

 

·        * Ingeniero Agrónomo – Periodista investigador. Unidad de Investigación Revista Pura Selva.

domingo, 13 de septiembre de 2020

Perú en la encrucijada: De la pandemia al golpe a la democracia.

Felipe Ascención Páucar Mariluz*

No es algo nuevo, es casi una costumbre en un país de oportunistas que buscan crear sismas en un sistema democrático endeble. Foto Internet.

 

Pero ¿será posible que coincidan en alguien la virtud del buen ciudadano y la del hombre de bien? Decimos que el buen gobernante debe ser bueno y sensato, y que el político ha de ser sensato.” Aristóteles

¿Qué es el olvido? ¿Tiene fecha de caducidad la memoria? ¿Cómo corregir una ruina moral? ¿El fin justifica los medios? En el caso de una banda de asesinos en serie con coartada ideológica como ETA, ¿no fue más bien al revés? ¿Es cierto que el dolor no tiene bando? ¿Los malos son malos hasta el fin de sus días, y los buenos, buenos? Y mil y una preguntas más fluyen bajo la trama, los personajes y los mensajes de Patria” (El País).

En 1992, en plena guerra interna contra el terrorismo senderista y emerretista, una especie de comando cívico militar encabezado por Alberto Fujimori perpetró un golpe de Estado contra la democracia con los efectos sociales y políticos deplorables que conocemos. En 28 años nuestra clase política y sus representantes no aprendieron lo suficiente respecto a priorizar o anteponer el interés nacional al objetivo partidario o personal mezquinos. Entonces la justificación fue un Congreso beligerante y arisco al poder que se debía cerrar (disolver) y hoy al revés es el Congreso (su presidente) que intenta acceder a palacio de gobierno porque su titular le mintió al país y por tanto es una persona con ‘incapacidad moral permanente’ y para facilitar el acceso al alto cargo llama a los titulares del poder militar, en lo que podría configurar un hecho de sedición.

 

La trama golpista.

 

En un contexto de graves problemas sanitarios y económicos por la pandemia de la Covid-19, se suma otra crisis generada por el enfrentamiento entre los poderes políticos del Estado, a raíz de tres grabaciones presentadas por el presidente de la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República, Edgar Alarcón, en la sesión del Pleno del 10 de setiembre. En esta prueba documental se escucha al jefe de Estado, Martín Vizcarra, participar en conversaciones comprometedoras que lo vincularían con la contratación pública  (presuntamente irregular) del cantante Richard Cisneros.

Este hecho ha generado una discusión que viene desde inicios de este siglo en torno al significado de la incapacidad moral prevista como causal de vacancia presidencial en el inciso 2 del artículo 139 de la Constitución, la cual fue presentada en una moción de orden del día y admitida el 11 de setiembre con 65 votos adherentes. Para vacar al presidente se requiere de 87 votos.

 

La Constitución de 1993 en debate.

 

Lo que hoy se estipula como incapacidad moral permanente fue incluida por primera vez en el texto constitucional de 1839 como «perpetua imposibilidad moral», siguiendo con la misma fórmula hasta la Constitución de 1860. Sin embargo, en 1823 en el que se empleó esta institución para vacar al militar y político peruano José Mariano de la Riva-Agüero y Sánchez Boquete, primer presidente de la República; y a dos presidentes vacados por la misma causal: Guillermo E. Billinghurst (1914) y Alberto Fujimori Fujimori (2000).

Dentro de los múltiples problemas que surgen del contenido que se le ha dado contemporáneamente a la incapacidad moral permanente, considero que son dos los más relevantes en tanto colisionan directamente con los preceptos constitucionales: i) la incompatibilidad con nuestra forma de gobierno presidencial, y ii) la vulneración al principio de legalidad por falta de tipicidad de las conductas configuradoras de incapacidad moral.

“En un régimen presidencialista, en tanto forma de gobierno, se caracteriza porque el más alto funcionario en la estructura del Estado es el Presidente de la República, quien es el jefe de Estado y de las fuerzas armadas, personifica a la Nación, dirige las relaciones internacionales, es elegido democráticamente y su autoridad solo se somete a la Constitución. Si esto es así, en un modelo de gobierno presidencial ha de garantizarse la estabilidad política del Primer Mandatario, el principio de gobernabilidad que recae sobre su investidura democrática, y la continuidad de su mandato; de tal modo que si el poder le ha sido atribuido por el pueblo por sufragio universal (soberanía popular), deberán establecerse ciertos supuestos sumamente graves y excepcionales que configuren vulneraciones irremediables a la Constitución a la que se encuentra sometido, pues de lo contrario se dañaría el régimen democrático, generando inestabilidad política con múltiples consecuencias sociales, culturales y económicas.” (Vicente Villalobos.)

Entonces, así como la Constitución establece supuestos excepcionales para la procedencia de la acusación en el ejercicio del control político parlamentario, también el procedimiento ha de ser agravado. En efecto, para la procedencia de la acusación se requieren de la votación favorable de la mitad más uno del número legal de miembros del Congreso; después de ello el Primer Mandatario deberá ser procesado judicialmente, por lo que si se corrobora la comisión de cualquiera de los ilícitos antes señalados, es a partir de este momento en que el Congreso se encontrará facultado para destituirlo de su cargo, operando la sucesión estipulada por la Constitución.

Así, pues, el primer problema de la incapacidad moral permanente es que ha sido empleada por la práctica parlamentaria para evitar este procedimiento agravado, y a su vez para subsumir cualquier conducta que pueda ser calificada como contraria a la moral, indigna o aberrante socialmente, que a discrecionalidad de los parlamentarios sea considerada como impedimento para seguir ejerciendo sus funciones, lo que aumenta notablemente el riesgo de atentar contra la estabilidad política y el principio de gobernabilidad del mandato presidencial.

En suma, los parlamentarios al evaluar la aprobación de vacancia presidencial han de observar el contexto social presente, prever el impacto del ejercicio de su poder cuyo titular originario es el pueblo (algo que no deben olvidar), considerar que aunque las medidas pueden ser las mismas, la oportunidad de su aplicación tiene un impacto distinto. Por tanto, el debido proceso legal es un criterio cuya observancia es una exigencia constitucional al adoptar y aplicar un acto de poder.

 

Incapacidad moral permanente.

 

La incapacidad moral, establecida en el inciso 2 del artículo 113 de la Constitución de 1993, ha sufrido una distorsión debido a la irresponsable práctica parlamentaria del Congreso de la República, tal vez por afán del ejercicio arbitrario del poder o por desconocimiento del origen histórico de los preceptos constitucionales. Los congresistas deben recordar que, si bien su investidura les ha sido concedida en tanto forma de gobierno de democracia representativa, el titular originario del poder es el pueblo, por lo que todo acto aplicado en el ejercicio de sus funciones indudablemente surtirá impacto negativo o positivo en el cuerpo social.

Se han brindado dos soluciones al problema interpretativo de la incapacidad moral permanente, cuya selección corresponde al titular del poder representado por el parlamento peruano. Pero antes de ello, no debe soslayarse que nuestro modelo de Estado tiene como fuente el presidencialismo norteamericano, lo que quiere decir que sobre el Presidente de la República recae la mayor responsabilidad política al ser el más alto funcionario en la estructura estatal consagrada por la Constitución, razón por la cual la regla consiste en el respeto de la continuidad del mandato presidencial y garantizar la estabilidad política, y la excepción establecida en una lista taxativa de supuestos que revistan un grado de gravedad tal que haga imposible o repudiable que el Primer Mandatario de turno continúe en personificando a la Nación.

Por otro lado, el debido proceso legal es un parámetro de justicia que esperemos sea considerado por el parlamento peruano este viernes 18 de setiembre, fecha en la cual se debatirá la aprobación de la vacancia presidencial, con la presencia del Presidente Martín Vizcarra y/o su abogado a efectos de ejercer su derecho de defensa, si es que no prospera la demanda competencial. Y es que todo acto de poder debe ejercerse siempre bajo el principio de razonabilidad, el cual conlleva al titular de esa cuota de poder que le permite aplicar determinada medida a examinar el impacto social de ello, evaluando la gravedad del contexto social vigente y preservando siempre los valores constitucionales superiores.

 

Parámetros para declarar la incapacidad moral permanente.

 

A esto se debería agregar que la imputación de incapacidad moral permanente debería estar ligada a un proceso en el que lo imputado, debería ser comprobado, bajo parámetros procedimentales concretos y tras un debido proceso de acuerdo a las reglas mínimas establecidas en la propia Constitución, así como en las disposiciones internacionales vigentes, como dice Sar, bajo los parámetros y derechos siguientes: 1. Debe tratarse de una incapacidad permanente. 2. El parámetro de evaluación debe ser la moral pública, y 3. La conducta infractora debe tener una base objetiva, y en aplicación efectiva de los derechos siguientes: Derecho a una comunicación previa y detallada de los cargos, Derecho a la presunción de inocencia, Principio de imparcialidad. Derecho de defensa, Derecho a probar, Publicidad del proceso, Derecho a la motivación y, la razonabilidad y proporcionalidad de la sanción. De modo, que este no es un mero trámite, o no puede decirse que basta con la aplicación simple del artículo 113 de la Constitución y los pertinentes del Reglamento del Congreso, porque, como ya lo dijimos, no está, necesariamente solo en juego, la persona del Presidente, sino, la figura presidencial en términos políticos.

 

La asonada contra la democracia.

 

Le decisión de vacar al presidente Vizcarra se adoptó luego de un debate muy pobre de argumentos políticos, ya no se diga en el campo constitucional. Permitió confirmar, no obstante, que la bancada que lidera la vacancia es UPP, dirigida desde la cárcel por Antauro Humala, ejecutando una estrategia de incremento de tensiones políticas en medio de la crisis como condición para mejorar sus posibilidades electorales. En esa ruta se ha encontrado con la bancada de Podemos, un cuestionado grupo portador de los vicios más nefastos de la política peruana, liderado por Daniel Urresti y la familia Luna.

El comportamiento de APP es igualmente lamentable. Su adhesión a la estrategia de la vacancia devela el escaso compromiso democrático de su bancada y el peligroso pragmatismo de su líder y candidato presidencial. Nos notifican su falta de escrúpulos para cruzar al lado de la inestabilidad y los intereses turbios que alimentan la operación para destituir al presidente,

La puesta en escena pierde consenso en la sociedad, pero revela su esencia, compuesta de grabaciones subrepticias, amenazas, envío de emisarios con ofertas y trámites apresurados para legalizar las supuestas pruebas. Entre la Comisión de Fiscalización y la Presidencia del Congreso se ha instalado una interacción claramente mafiosa. La República.

 

Retroceso de la intentona antidemocrática.

 

“Luego de todo lo que hemos pasado, debemos comprender que la disolución de un Congreso o la vacancia presidencial son medidas extremas que se toman luego de haber agotado todos los caminos democráticos. Hasta hoy, no existen elementos suficientes ni procedimientos necesarios para vacar al presidente, por eso, Fuerza Popular votó mayoritariamente contra la admisión de la vacancia”, afirmó a través de un video difundido en sus redes sociales. Keiko Fujimori, El Comercio.

Otros grupos políticos y sus bancadas en el Congreso recapacitan y toman distancia de la vacancia presidencial sobre todo luego de conocerse las movidas torpes del presidente Manuel Merino de Lama, y del presidente de la Comisión de Fiscalización y Contraloría Edgar Alarcon Tejada de UPP, un personaje para el que la Fiscalía solicitó 17 años de prisión por 7 presuntos delitos cometidos cuando era Contralor de la República,.

 

La demanda Competencial.

 

La ministra de Justicia, Ana Neyra, anunció que el Gobierno interpondrá una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional (TC). Esto luego de la moción de vacancia admitida por un sector del Congreso al presidente Martín Vizcarra. ¿Pero cómo funciona este proceso?

La demanda competencial es un proceso constitucional que se presenta cuando hay un conflicto entre los poderes del Estado. Es decir cuando alguna de estas entidades adopta decisiones o ejercita alguna de sus facultades "invadiendo las de otro o haciendo menoscabo en atribuciones de otro poder del Estado", indica Oscar Urviola, expresidente del TC.

Óscar Urviola precisó que la demanda competencial se tramita ante el TC y está considerada en el artículo 202° de la Constitución Política y en el Código Procesal Constitucional.

"La demanda competencial puede ir acompañada de una medida cautelar, que no existe en el proceso de inconstitucionalidad. Y otra particularidad también es que en este proceso la resolución tiene que expedirse dentro de los 60 días hábiles desde que se puso la demanda", afirmó.

La medida cautelar es propia del proceso competencial y busca evitar que el perjuicio o la vulneración de las competencias de otro poder del Estado se consume y pueda complicar la situación.

"Esta tiene por objeto impedir que se cumpla alguna resolución o que se deje efectuar algún acto que puede ser precisamente el motivo del conflicto de competencia. Esta resolución va a paralizar el proceso", indicó Urbiola.

 

Conclusión.

 

Hasta el momento queda claro que ni la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ni la del Tribunal Constitucional ha desarrollado de manera adecuada la aplicabilidad de las garantías jurisdiccionales al procedimiento de declaración de la incapacidad moral permanente del Presidente, siendo esta otra materia que se encuentra indeterminada y sujeta a ser tratada posteriormente por medio de acciones políticas. También que el proceso iniciado apresuradamente en el Congreso adolece de incongruencias y vacíos legales que la tornan en una espada de Damocles contra el país dadas las circunstancias difíciles por las que atraviesan los 32 millones de peruanos.

La investigación a las denuncias en el caso Richard Cisneros que involucran al presidente Martín Vizcarra continúan a cargo de la fiscalía y se deberá esperar a que culmine su mandato para hacer frente en los tribunales a una posible condena por una falta político-administrativa cuyos alcances legales están por precisarse a fin que la impunidad por hechos de corrupción no sigan siendo una práctica nefasta.

“Se debe a nuestro propio fracaso moral y no a un capricho de la suerte el que, si bien retenemos el nombre, hayamos perdido la realidad de una república.” Cicerón.

 

(Con información y aportes: lpderecho.pe -Los problemas de la incapacidad moral permanente como causal de vacancia presidencial, Vicente Villalobos V., El País, La República, El Comercio, RPP Noticias, Tesis: La vacancia presidencial por incapacidad moral permanente, Agustín Valdez-Stuard, Universidad de Piura).

 

*) Ingeniero Agrónomo – periodista investigador.


sábado, 5 de septiembre de 2020

Efecto Coronavirus y la sombra de genocidio.

 Felipe A. Páucar Mariluz*.


Presidente Martín Vizcarra en el centro de la turbulencia política en tiempos de pandemia y elecciones. Foto Internet.

“La corrupción al interior de los sistemas de salud es una empresa criminal arraigada en América Latina, pero la explotación del dolor y la desesperación causados por la pandemia es particularmente horrible.” InSight Crime.

El mundo se acerca a 27 millones de contagios y 900 mil muertes por la Covid-19. En América Latina y Caribe a 8 millones de infectados y 300 mil fallecidos. Entre las causas está que durante los meses de pandemia se ha disparado el número de grupos “anticiencia”. Han aflorado negacionistas del SARS-CoV2, conspiranoicos, antivacunas y vendedores de tratamientos ineficaces y peligrosos. Ello sumado a fallas y negligencias en la emergencia sanitaria determina un futuro incierto con recesión económica y posible hambruna global.

Perú tiene casi 680 mil casos y 30 mil fallecidos (podrían ser 40 mil según el Sinadef). La tendencia de contagios y muertes es a la baja en mayoría de regiones, mientras se mantiene o crece en Cusco, Puno, Tacna, Moquegua, Apurímac e Ica. Nos queda batallar y resistir hasta junio de 2021 cuando la vacuna llegue a los países y sea aplicada en forma masiva.

Cuatro provincias de la región Huánuco, concentran el 88% de casos, mientras siete provincias el 12%. Diresa  informa de 26,500 casos, 610 muertos, 121 hospitalizados y 23 en UCI al 04 de septiembre. “Se vino la avalancha y a diario se registra 600 a 700 casos, es lo que está ocurriendo desde fines de julio”, refiere Darly Del Carpio decana del Colegio Médico de Huánuco.

Al inicio de la pandemia, Perú lideró rankings auspiciosos como el de los primeros países que impusieron restricciones y los que destinaron mayores paquetes de ayuda para la gente afectada por la suspensión de actividades. Meses después se reportaron  altas cifras de contagios y muertes como consecuencia de las deficiencias de la cuarentena y la caída económica.

Hoy nuestro país es el que tiene la tasa de mortalidad por covid-19 más alta de los 20 países más afectados por el virus, según la Universidad Johns Hopkins. El Perú acumula 89,4 muertos por cada 100.000 habitantes, esta medición lo pone por delante de países como Estados Unidos (187 mil muertos), Brasil (125 mil decesos) y México (67 mil fallecidos).

La pandemia desnudó nuestras limitaciones y miserias, el engaño en que nos tuvieron malos gobernantes desde los años 70s. Foto Internet.

En 173 días de emergencia nacional se denunciaron abusos y presuntos actos de corrupción durante la ejecución del programa nacional contra la pandemia. Una mezcla de factores como deficiente salud pública, restricciones económicas y problemas e inequidades sociales, limitaciones estructurales y errores coyunturales explicarían por qué Perú llegó a esta situación. Obviamente, las responsabilidades son compartidas en todos los niveles del Estado.


Covid - 19 y genocidio.

En lo político hay grupos que intentan sacar ventaja de la situación de crisis coyuntural por la que atraviesa el país, una de ellas es la denuncia por presunto ‘genocidio’ contra el presidente Martín Vizcarra efectuada por la prima de Ollanta Humala; Liliana Humala, por muertes y secuelas producidas durante la emergencia nacional para controlar la Covid – 19, que se basan en situaciones anteriores distintas.

Según el Centro Internacional de Derechos Humanos, CIDH, en materia de violaciones de derechos humanos bajo la figura de genocidio destaca la Sentencia de la Corte Suprema de Justicia del caso Fujimori (Cantuta y Barrios Altos), donde se consolida la teoría de la autoría mediata por organización en la jurisprudencia Nacional e Internacional. El proceso confirmó que la autoría mediata por organización es la estructura dogmática más adecuada para juzgar crímenes cometidos desde y a través de aparatos organizados de poder. A seguir un acercamiento a algunos casos registrados en nuestra historia reciente:

Ollanta Humala Taso en campaña electoral prometió a los campesinos cocaleros no erradicar sus cultivos porque aplicaría políticas y estrategias de interdicción contra las mafias del narcotráfico, pero una vez en el poder autorizó destruir con violencia los cultivos de coca principalmente en el valle del Monzón (Huánuco), donde tres campesinos murieron y varios resultaron heridos al intentar defender sus plantaciones en los caseríos Tamshi y Sachavaca ante la arremetida policial - militar de un comando especial de fuerzas combinadas integradas por 400 efectivos para brindar seguridad a 800 trabajadores del Proyecto Especial Corah que lograron erradicar 6 mil de las 8 mil hectáreas que se estimaba existía el 2012. Se planteó que Humala Tasso fuera denunciado por infracción a los derechos humanos/genocidio, que al final no prosperó. No obstante la acción represiva dejó el saldo de miles de familias en pobreza y extrema pobreza, produjo el éxodo de un 15% de la población y otras secuelas que agravaron la realidad socioeconómica.

Fernando Belaunde, Alan García, Alberto Fujimori y Alejandro Toledo toleraron o avalaron excesos y arbitrariedades cometidos en los valles del Huallaga, Pichis Palcazu, Aguaytía, Vraem, San Gaban, etc., con el registro de muertes, torturas, secuestros y desapariciones de campesinos que defendían su fuente de ingresos y de narcotraficantes para arrebatarles el dinero o la droga. Hubo denuncias por violación de derechos humanos que fueron archivados en fiscalías y juzgados en parte debido a la presión mediática de medios y prensa aliada al poder.

Organismos internacionales, abogados y especialistas en derechos humanos concluyeron que los expresidentes Fernando Belaunde Terry, Alan García Pérez y Alberto Fujimori tuvieron responsabilidad por las masacres, matanzas, torturas y desapariciones durante la guerra interna periodo 1980 – 2000, al utilizar y validar estrategias de ‘guerra’ como “tierra arrasada”, “muerto el perro se acabó la rabia”, “no importa matar a cien con tal de eliminar a un terrorista”, “delación sincera o premiada”, ‘jueces sin rostro’ y creación de comandos clandestinos paramilitares de aniquilamiento selectivo “Rodrigo Franco” y “Colina”; suscribiendo el terrorismo de estado para enfrentar al terrorismo sedicioso y criminal de Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Túpac Amaru; en conjunto responsables de 60 mil muertes y desapariciones, según el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, CVR.


La ley y el delito de genocidio.

Jurídicamente el genocidio es un delito internacional que comprende cualquiera de los actos perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal; estos actos comprenden la matanza de miembros del grupo, lesión grave a la integridad física o mental de los miembros.

La figura de genocidio en el código penal peruano, artículo 319, dispone que será reprimido con pena privativa de libertad no menor de veinte años el que, con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, social o religioso, realiza cualquiera de los actos siguientes: 1. Matanza de miembros del grupo. 2. Lesión grave a la integridad física o mental a los miembros del grupo. 3. Sometimiento del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física de manera total o parcial. 4. Medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo. 5. Transferencia forzada de niños a otro grupo.

Desde un punto de vista jurídico, el genocidio, ya sea cometido en tiempo de paz o en tiempo de guerra se considera un delito de derecho internacional. Tanto la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948 como el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI) de 1998 recogen una idéntica definición.

En el lenguaje común, sin embargo, el término tiene un significado diferente para la Real Academia Española que describe al genocidio: como exterminio o eliminación sistemática de un grupo social por motivo de raza, de religión o de política.

Este segundo significado es el que mueve a muchas personas a calificar como genocidio determinadas matanzas de personas que, en realidad, no se ajustan al tipo penal del delito de genocidio definido internacionalmente.

Desde el punto de vista legal, la autoría mediata en virtud del dominio por organización se fundamenta en el "dominio sobre la organización". La estructura organizacional y funcional del aparato debe estar conformada de modo tal que las órdenes de los "jefes supremos", "lideres" o "mandos" sean ejecutadas "automáticamente". La estructura jerárquicamente organizada permite la automatización en el cumplimiento de las órdenes.

En conclusión, el delito de genocidio por lo sucedido durante la pandemia de la Covid – 19 NO se configura. (Fuente: ONU, MINSA, PCM, Informe CVR, Corte Suprema de Justicia, CIDH, TC, Blog Leyenda del Huallaga, BBC Mundo, Monografías.com).

·      * Ingeniero – Periodista investigador.  


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