Huánuco, Rumbo al Quinto Siglo. Falencias y fortalezas en Desarrollo, Competitividad, Crimen organizado y Lenidad.

Felipe A. Páucar Mariluz*.

 

Los atractivos turísticos de Huánuco son un potencial de desarrollo, con inversiones y políticas de los tres niveles de gobierno. FAPM.

Huánuco, la tierra del Pilcomozo, del mejor clima del mundo y la ciudad de la eterna primavera, con ingentes recursos naturales en sierra y selva es un emporio, pero a la vez se asemeja a un territorio flagelado por las 7 plagas de Egipto. Como región: sus 11 provincias y 84 distritos, Centros poblados y caseríos está a 15 años de cumplir el aniversario 500 de fundación y por factores o circunstancias adversas su crecimiento y desarrollo fue limitado al extremo de ubicarse entre las primeras regiones en pobreza y entre las últimas en competitividad. Uno de los argumentos es que sus electores eligieron mal a gobernadores, alcaldes y congresistas, situación agravada en las dos últimas décadas al determinarse técnicamente que es una de las regiones con altos índices de pobreza, analfabetismo, deterioro de la salud y deficiente conectividad en carreteras, puentes, energía eléctrica, Internet y agua o saneamiento, generados por la viveza e incapacidad en la toma de decisiones que generaron graves falencias administrativas; ausencia de transparencia, escasa o nula responsabilidad legal, coronada por la lenidad como ‘patrimonio’ nefasto e  indeseado.

 

El clamoroso déficit observado en las entidades públicas y privadas, es incitada por la acción depredadora de la corrupción como parte del crimen organizado con la presunta connivencia de un sistema de justicia aparentemente lento para juzgar y sentenciar a los que se apropian de millones con causas sometidas a décadas de interminables investigaciones. Resulta frustrante constatar a diario que autoridades, funcionarios, congresistas, jueces y fiscales están inmersos en graves actos ilícitos en perjuicio de una población en crisis donde la inseguridad y violencia del crimen organizado desde la década de los 80s son parte de un escenario gris, sin salida al final del túnel.

 

Paradójicamente la mayoría de nuestros males se arrastran a través de la historia en una región con alta potencialidad en recursos naturales, logísticos y humanos, siendo los últimos 20 años que se agravaron por la incompetencia, mala gestión y no pocos escándalos de corrupción, falencia ética y moral en los que ejercieron el cargo de gobernadores: Luzmila Templo Condeso, Jorge Espinoza Egoavil, Luis Picón Quedo, Rubén Alva Ochoa, Juan Alvarado Cornelio, Erasmo Fernández Sixto y Antonio Pulgar Lucas; que festinaron, despilfarraron, malversaron y apropiaron los recursos destinados a la superación de problemas crónicos. Se cebaron con ofrecimientos y promesas sin límites, con proyectos direccionados y supervisión amañada en obras mal ejecutadas, abandonadas que nunca se terminaron o jamás funcionaron y varios de ellos denunciados, pero pocos sentenciados por ser cabezas clave del crimen organizado que lograron institucionalizar en el gobierno regional. No tuvimos estadistas, solo comediantes, figuretis, charlatanes y eternos candidatos en campaña aprovechándose de la blandura, tolerancia y condescendencia de una población en mayoría con bajo nivel cultural. El certificado de peor gobernador sería para Juan Alvarado Cornelio que fue encarcelado, seguido de otros sentenciados y con varios procesos penales en curso; se afirma en base al desempeño de dos años que Antonio Pulgar puede superarlos y entre ellos designar al Atila de Huánuco.

 

La corrupción en Huánuco, ha tenido un impacto en el daño patrimonial, en la ejecución de obras públicas y en la desigualdad social. En 2021, la Contraloría General de la República estimó que la corrupción en Huánuco causó un daño patrimonial de S/ 360 millones 206 308 soles.  La corrupción en las obras públicas de Huánuco ha perjudicado a la población por la falta de supervisión de los funcionarios del gobierno regional ha contribuido a la corrupción en las obras públicas. La corrupción reproduce y consolida la desigualdad social. Para combatir la corrupción en Huánuco, se han implementado acciones como: Promover la creación de comisiones anticorrupción. Realizar ferias de sensibilización. Difundir mecanismos de denuncia de actos de corrupción. Implementar un sistema de supervisión riguroso y transparente. Fomentar la participación ciudadana en la vigilancia de los proyectos, hasta hoy con pobres resultados. Y, existen las fiscalías anticorrupción con deficiente desempeño.

 

En el periodo 2014 a 2024 según el Portal de Transparencia del MEF, al gobierno regional Huánuco se le asignó en forma directa s/. 16 mil 349 millones 164,992 soles; además se calcula que el gobierno nacional asignó otros 5 mil millones para obras específicas con lo que el presupuesto global utilizado en la región podría alcanzar los 21 mil millones, vale decir aproximadamente 2 mil millones anuales en promedio, esto explicaría porque muchos candidatos quieren ser gobernadores y de otros tantos en querer ejercer como funcionarios públicos.

 

Al 30 de junio de 2021, la población proyectada de Huánuco por el INEI ascendió a 758,416 habitantes, de los cuales el 42 por ciento se encontró en la provincia de Huánuco, seguido de Leoncio Prado (18 por ciento), Ambo (7 por ciento) y Huamalíes (7 por ciento), entre los principales. El 29 por ciento de la población del departamento se concentra en la zona ceja de selva y selva, sobresaliendo las provincias de Leoncio Prado, Puerto Inca y Marañón; y el resto (71 por ciento) en la zona sierra, destacando las provincias de Huánuco, Huamalíes, Ambo, Pachitea y Dos de Mayo.

 

Respecto a inversión pública en Huánuco, en cinco años (2017-2021), se realizó inversiones por S/ 5 334 millones, lo que representó el 31 por ciento del total del gasto público devengado en dicho periodo en la región (S/ 17 286 millones) por parte de los tres niveles de gobierno. De los S/ 5 334 millones en inversiones públicas entre 2017 y 2021, el 44 por ciento fue ejecutado por los gobiernos locales (S/ 2 323 millones), el 33 por ciento por el Gobierno Nacional (S/ 1 779 millones) y el 23 por ciento restante, por el Gobierno Regional (S/ 1 233 millones). No obstante, la inversión de miles de millones, el Índice de Competitividad Regional (INCORE) 2024, elaborado por el Instituto Peruano de Economía (IPE), revela que Huánuco continúa siendo una de las regiones menos competitivas del país. A pesar de algunas mejoras en ciertos indicadores, la región no logra salir del fondo del ranking nacional. Huánuco se mantiene en el puesto 23 de 25 regiones en el INCORE 2024, destacando negativamente en los pilares de Educación, Salud y Laboral. A pesar de avances en la gestión pública y la inversión, la región enfrenta serios desafíos en infraestructura y servicios básicos. El INCORE 2024 evalúa la competitividad de las regiones peruanas a través de seis pilares: Entorno Económico, Infraestructura, Salud, Educación, Laboral e Institucional. Huánuco se encuentra en una posición crítica en varios de estos pilares, lo que afecta su desarrollo económico y social. (Fuente: INEI, BCRP, IPE).

 

El departamento de Huánuco con sus 11 provincias y 84 distritos, con aproximadamente 800 mil habitantes presenta un desarrollo desigual e injusto con dosis de populismo y arbitrariedad. Huánuco tiene mucho de positivo y tuvo avances a lo largo de sus 485 años de historia, pero pudo ser más sino hubiera existido la codicia criminal, el afán desmedido de riqueza fácil, la ausencia de buenos modelos de conducta y la falta de coherencia entre valores y conducta.

 

Hoy Huánuco es amenazada con la destrucción masiva de la ecología y medio ambiente por una ley antiforestal propiciada por el lobismo congresal con autoría y defensa de la congresista huanuqueña Elizabeth Medina y por la minería informal o ilegal propiciada y facilitada por la deslealtad funcional y el presunto negociado monetario, al que es necesario poner freno con los candados de la ley y la moral. En cuanto al gasto e inversión presupuestal es conocido que al final de cada periodo los gobernadores anunciaban haber gastado más del 80% del presupuesto, pero luego se descubría obras fantasmas, pagos y adelantos ilegales, obras abandonadas o que se caían a pedazos, también negociados escandalosos sin que los autores fueran a la cárcel como responsables de actos ilícitos en contra de los intereses de un pueblo luchador, pero en desventaja frente a la avezada criminalidad. Se asegura que la ley y sus administradores apañan la criminalidad por lo que estamos en esta situación.

 

En el documento “Principales problemas que limitan la educación en la región de Huánuco 2010 – 2018, sus autores Cotrina Luna, Khendy Walter de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán concluyen que Huánuco es una región con una de las más altas tasas de analfabetismo en el Perú. Además, que ha experimentado un incremento sustancial en los niveles de desnutrición crónica en niños menores de 5 años. Indican que Pachitea es la provincia que presenta el menor Índice de Desarrollo Humano del país y el más alto número de personas que no leen ni escriben. Estos problemas revelan la dimensión y gravedad de las dificultades y riesgos que debemos enfrentar como región para lograr un desarrollo sostenido. Aunque la educación no basta por sí sola para resolver los problemas de la pobreza y el subdesarrollo en el Perú, también es verdad que sin educación de calidad no habrá ciudadanía capaz de asumir con efectividad este desafío buscaba construir las bases de una educación que responda a los problemas, demandas y desafíos particulares de la región, sin perder de vista las exigencias del contexto nacional y mundial. La educación es el eje fundamental del desarrollo de los pueblos, sin ella cualquier intento será una ambición infructuosa”. (https://repositorio.unheval.edu.pe/backend/api/core/bitstreams/260a1407-abb5-4e4b-9362-00573babee17/content).

 

Según el informe “Caracterización del departamento de Huánuco” elaborado por el Banco Central de Reserva del Perú, BCRP - Huancayo, con relación a la estructura productiva de 2021, a precios de 2007, Huánuco aportó el 1,1% del Producto Bruto Interno (PBI) del país (1,2% del Valor Agregado Bruto nacional). Según departamentos, en el 2021 la región ocupó el lugar 17 en la contribución al PBI nacional, siendo Lima y Callao el de mayor aporte (43,9%). En los últimos 10 años (2011-2021), el PBI nacional creció a una tasa promedio de 3,1% anual, registrando Huánuco un mayor ritmo de crecimiento, con 4,1%.

 

Los sectores comercio y servicios representaron el 55 por ciento del VAB de Huánuco, seguido por las actividades de transformación con 24 por ciento, y la actividad primaria (agropecuario, pesca y minería) con el 21 por ciento restante. En cuanto a la población económicamente activa (PEA) en Huánuco, por actividades productivas, durante 2021, el 59,5 por ciento de la PEA se concentró en el sector agropecuario y pesca (50,6 por ciento en 2019), el 10,9 por ciento en comercio, el 5,5 por ciento en construcción, el 5,3 por ciento en manufactura, el 0,4 por ciento en minería, y el 18,4 por ciento restante en servicios. (https://www.bcrp.gob.pe/docs/Sucursales/Huancayo/huanuco-caracterizacion.pdf).

 

A propósito, ¿Cómo impactan las organizaciones criminales en el desarrollo de los gobiernos nacionales y subnacionales? Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen, UNODC, 2023, “El crimen y la violencia son un obstáculo para el desarrollo sostenible y el crecimiento económico en América Latina y el Caribe. La región tiene una tasa de homicidios tres veces superior al promedio mundial (18 vs. 5,6 por 100,000 habitantes” (IADB.ORG). Huánuco como región fue afectada por el narcotráfico desde los 70s, por el terrorismo desde 1982 a 2012, por la tala ilegal desde 1900; otros delitos como la corrupción, el lavado de dinero, la trata de personas, la minería ilegal se agravaron desde 1980.

 

El reto del 2025 al 2039 es de realizaciones y compromiso con los más necesitados, de lucha frontal contra el crimen organizado y de castigo ejemplar a quienes se burlaron de sus promesas electorales y se convirtieron en traidores a la voluntad y confianza de sus electores. (05/02/2025).

 

*Periodista investigador.

El Festival Internacional de la Coca Vraem 2023 y las Cifras Anticoca - Cocaína de Naciones Unidas y Devida

Felipe A. Páucar Mariluz.

 

Del 2 al 9 de agosto, la fiesta de la coca en el Vraem congregará a miles de pobladores y visitantes. La otra cara del recurso natural. Foto Difusión.

“Estados Unidos reunió este viernes a decenas de países en un intento de combatir el poderoso opioide sintético que está causando estragos en buena parte del mundo y que ya generó fuertes choques con China y México debido a acusaciones cruzadas de exportar la sustancia para estimular el narcotráfico” (El Litoral, 07/07/2023). En Estados Unidos mueren cada año 100 mil personas por el consumo de esta droga química, incluso sus cadetes sufrieron sus estragos. “Múltiples cadetes de la Academia West Point en vacaciones de primavera sufrieron una sobredosis de cocaína mezclada con fentanilo el jueves en una casa de alquiler en Florida.” (El Litoral 11/03/2022).

“La guerra contra las drogas se ha perdido, presenta resultados más que cuestionados. El enfoque bélico no ha conseguido frenar al narcotráfico y generó más violencia en Estados Unidos y América Latina”, informe 24 horas – France internacional.

“El informe de la DEA que cumplió 50 años de creación el 1 de julio no se refiere a los graves escándalos por corrupción y violación de derechos humanos, esta organización de inteligencia tiene presencia pública y clandestina en 100 países” informe Contra – línea, México.

“El cultivo de coca se incrementó a 95 mil hectáreas en 2022 y ahora está presente en áreas protegidas y comunidades nativas de la Amazonía”, informe Devida presentado el 26 de junio.

“Luisa Sterponi, sobre la dinámica de la cocaína en el Perú. UNODC identificó a la metanfetamina como la droga sintética fabricada ilegalmente más importante del mundo. Esto se debe a que su producción es más barata y sencilla, entre otras razones, ya que no está ligada a cultivos geográficamente fijos. Informe Naciones Unidas 2023.

“Los bajos presupuestos asignados por el gobierno nacional y gobiernos regionales no alcanzan para atender las múltiples necesidades y resolver los problemas de nuestros distritos y caseríos en pobreza; por eso nuestro objetivo es crear nuevas provincias con una nueva demarcación territorial del Vraem”, Alcaldes de AMUVRAEM reunidos en Villa Kintierina. 

“No es que cuestionemos o estemos en contra de la frustrada y falsa guerra contra las drogas y su ineficiente desarrollo alternativo, sino que observamos y criticamos cómo por más de 100 años en el caso del Perú y 200 años en el mundo, se ha priorizado el enfoque bélico con el ataque a las materias primas naturales y a sus productores, protegiendo en cambio como es evidente a quienes proveen los capitales, lavan el dinero ilegal en bancos, financieras, mutuales, cooperativas; trafican con los insumos químicos que convierten en droga a la hoja de coca; la farsa de incautar bienes ilícitos y luego devolverles a los capos del narcotráfico que purgaron carcelería y son beneficiarios de la reducción de penas por fiscales y jueces venales; se ampara la gran corrupción en las fuerzas de seguridad y jefes o funcionarios de los organismos encargados de la lucha contra las drogas; y la falta de decisión política para investigar los miles de millones de dólares despilfarrados o apropiados ilícitamente por unos cuantos privilegiados que se coluden con el poder político o son los amigos predilectos de los grupo de poder económico en algunos casos inmersos en el financiamiento, producción y comercialización de las drogas”.

En América del sur prevalece la cocaína, en América del norte la marihuana más las drogas químicas y en Europa, África y Asía las drogas químicas y naturales”. Ante este panorama sombrío preguntamos, ¿Quién se atreve a ponerle el cascabel al gato de la droga y el dinero fácil?, a estas alturas y con todo lo recorrido difícil saberlo.  Frente a lo expuesto, ¿Qué hubiese sucedido en el mundo sin una guerra contra las drogas? para los defensores de ésta seriamos seres zombis envilecidos de tanto consumir drogas, mientras que para los críticos no hubiese pasado nada o hubiese sido mejor tomando como referencia lo sucedió con la legalización del consumo de alcohol que acabó con las mafias y capos como Alcapone y dio paso a los viciosos del consumo de licores en su diversidad de presentaciones pero a voluntad. 

El festival de la hoja de coca. “El VRAEM en los ojos del Perú y del mundo: Autoridades de Pichari invitan al festival y aniversario 2023. El alcalde de la Municipalidad Distrital de Pichari, CPC Hernán Palacios Tinoco, participa en diversas entrevistas en medios nacionales, regionales y locales del país  con el objetivo de invitar al país y al mundo a participar de las diversas actividades tradicionales y conmemorativas con ocasión del Festival Internacional de la Hoja de Coca y Aniversario del distrito de Pichari, evento llevarse a cabo del 02 al 09 de agosto del año en curso y que busca mostrar a los visitantes el verdadero rostro de potencialidades del VRAEM. Para lo cual, el gobierno local, las autoridades multisectoriales y sociedad civil vienen ultimando detalles a fin de garantizar el desarrollo de la programación establecida bajo los estándares de receptividad, cobijo, seguridad y atención al turismo”. El XVIII Festival Internacional de la Coca se desarrollará con una serie de actividades y con la participación de especialistas, comunicadores y medios de comunicación de Colombia, Bolivia, Brasil, Argentina, entre otros, según se dio a conocer.

La provincialización y demarcación geográfica del VRAEM: El 27 de mayo de 2023, asistimos invitados al “II Fórum Departamentalización, Creación de Provincias y Demarcación Territorial del Vraem” realizado en el local comunal de Villa Kintiarina al que asistieron 11 alcaldes y un regidor representando a una municipalidad. En el Vraem existen 69 distritos según el Decreto Supremo N° 040-2016-PCM y sus modificatorias, constituye ámbito de intervención directa del Vraem: Los distritos Ayahuanco, Canayre, Chaca, Llochegua, Pucacolpa, Putis, Santillana, Sivia y Uchuraccay, de la provincia de Huanta del departamento de Ayacucho. Los distritos Anchihuay, Anco, Ayna, Chungui, Oronccoy, Río Magdalena, Samugari, Santa Rosa y Unión Progreso, de la provincia de La Mar del departamento de Ayacucho. Los distritos Cielo Punco, Inkawasi, Kimbiri, Manitea, Pichari, Villa Virgen, Villa Kintiarina, y Unión Asháninka, de la provincia de La Convención del departamento de Cusco." Los distritos Andaymarca, Huachocolpa, Surcubamba, Tintay Puncu y Roble, de la provincia de Tayacaja del departamento de Huancavelica. Los distritos Pariahuanca y Santo Domingo de Acobamba, de la provincia de Huancayo del departamento de Junín. Los distritos Mazamari, Pangoa, Río Tambo y Vizcatán del Ene, de la provincia de Satipo del departamento de Junín.

A su vez, el ámbito de influencia indirecta del VRAEM comprende: Los distritos Andarapa, Kaquiabamba y Pacobamba, de la provincia de Andahuaylas del departamento de Apurímac. Los distritos Ahuayro, El Porvenir, Huaccana, Los Chankas, Ocobamba, Ongoy y Rocchacc, de la provincia de Chincheros del departamento Apurímac. Los distritos Huamanguilla, Huanta, Iguaín y Luricocha, de la provincia de Huanta del departamento de Ayacucho. Los distritos Chilcas, Luis Carranza, Ninabamba, Patibamba, San Miguel y Tambo, de la provincia de La Mar del departamento de Ayacucho. Los distritos Chinchihuasi, Pachamarca, Paucarbamba y San Pedro de Coris, de la provincia de Churcampa del departamento de Huancavelica. Los distritos Acostambo, Acraquia, Ahuaycha, Cochabamba, Colcabamba, Daniel Hernández, Huaribamba, Lambras, Ñahuimpuquio, Quichuas, Quishuar, Pampas, Pazos, Pichos, Salcabamba, Salcahuasi, Santiago de Tucuma y San Marcos de Rocchac, de la provincia de Tayacaja del departamento de Huancavelica. El distrito Andamarca, de la provincia de Concepción del departamento de Junín. La gran mayoría de estos distritos son pobres y pobre extremos, la excepción son los distritos que reciben canon por varios conceptos, tienen presupuestos millonarios por lo que su crecimiento y desarrollo es diferenciado y es visible el progreso logrado.

Durante la reunión de 6 horas la totalidad de intervenciones fue para resaltar la inmensa cantidad de necesidades insatisfechas por los magros presupuestos que reciben del gobierno nacional y de los gobiernos regionales, manifestaron que la casi totalidad de vías de comunicación terrestre están en condiciones deprimentes y en la práctica son trochas o caminos vecinales mal conservados, solo la vía principal Tambo – San Francisco estaba en regular estado de conservación por ser la mayor extensión asfaltado. Mientras que la vía Quimbiri – Quillabamba en regular estado y la vía Puerto Ene – Satipo está en pésimo estado de conservación. La agricultura es de sobrevivencia con excepción del cacao y café que a pesar de tener promedios de producción bajos (500 – 700 kilos/ha/año) debido a la falta de tecnología y la prevalencia de enfermedades son los que mayor ingresos proveen a los agricultores, de allí la presencia casi obligatoria y defensa del cultivo de la coca como alternativa de ingresos monetarios que les permite vivir en pobreza pero con algo de bienestar. De allí que el objetivo sea crear nuevas provincias para captar mayores presupuestos que les permita crecer y desarrollarse en las próximas décadas. Tarea que no será fácil.

El Programa de Desarrollo Alternativo logró instalar en los últimos años más de 40 módulos de transformación primaria casera de cacao a chocolate y de café que en mayoría están semiutilizados, paralizadas y algunos de ellos en manos de una o dos personas que ejercen la propiedad sin haber invertido en equipos e infraestructura, según versiones de productores que también reclaman por el alto costo de la energía eléctrica que eleva los costos de producción a niveles imposibles de competir con los chocolateros privados que además tienen capitales y apoyo para la comercialización, por lo que año tras año obtienen premios en los suntuosos concursos y salones del cacao y chocolate que no es representativo de la inmensa mayoría de cacaoteros de la agricultura familiar que viven en pobreza. También en este caso la excepción son algunas cooperativas u asociaciones apoyadas por organismos nacionales e internacionales acompañados de un buen gerenciamiento como es el caso de Qori Warmi integrada por mujeres productoras que recibieron premios por la alta calidad de sus granos de cacao y chocolates, la cooperativa Quinacho o algunos productores individuales que destacan en chocolatería por su propio esfuerzo. 

El Salón del Cacao y Chocolate será del 13 al 16 de julio en Lima y en Pichari la II versión de Eco Cacao 2023 del 20 al 22 de julio. Foto Difusión.

El certamen de Devida. Sin observar y quizás sin importar esta realidad marginal poco o nada conocida, a casi mil kilómetros de distancia y en la gran capital Lima el 26 de junio declarado día mundial de lucha contra el tráfico y consumo ilícito de drogas, Devida el organismo nacional rector de la lucha contra las drogas, acompañada de algunos medios y expertos predilectos presentaron, analizaron y comentaron las cifras sobre coca y narcotráfico preparadas para la ocasión, concluyendo como sucede cada año desde hace 4 décadas que “Los cultivos de hoja de coca continúan aumentando en Perú, mientras que el país se mantiene como el segundo productor de cocaína en el mundo, superado por Colombia y tercero Bolivia. Este informe confirma que Devida y sus estrategias/políticas fracasaron desde el 2002 en que fue mutada de Contradrogas cuando existían cerca de 30 mil hectáreas de cocales. Los ex directores y ex funcionarios que pasaron por esta entidad y ahora están en la otra orilla no tienen autoridad alguna para cuestionar y menos para auto alabarse por lo que no fueron capaces de hacer durante el ejercicio de su cargo para controlar o erradicar el narcotráfico y tráfico ilícito de drogas e insumos químicos.

Según el informe de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), la superficie cultivada de hoja de coca en el Perú alcanzó las 95.008 hectáreas en 2022. Esta cantidad representa un incremento del 18% respecto al año anterior. “La tendencia de crecimiento en 2021 fue del 31%. Sin embargo, se ha desacelerado, en 2022, al 18%. ¿Puede esto animarnos? De ninguna manera, porque no deja de ser una tasa de crecimiento. Necesitamos aplicar medidas más contundentes para poder revertir la tendencia”, dijo Carlos Figueroa al momento de presentar su informe. Dejamos constancia que desde junio de 2021 la oficina antidrogas de Estados Unidos ONDCP estimó que el Perú tenía cerca de 100 mil hectáreas de cultivos de coca, lo que no fue desmentida. En el libro “La Guerra de los 100 años: Narcotráfico y terrorismo” hacemos referencia a la ‘data negra’ que nutre estos informes, porque la mayoría de las cifras provienen de cálculos, estimaciones, aproximaciones, monitoreos insuficientes y fotografías satelitales que solo captan una parte de la realidad sobre cultivos existentes en purmas, bosques o suelos enmalezados. Además, de priorizar el manejo político antes que técnico. Las cifras de cultivos de coca existentes en el país y de producción de cocaína en las cuencas cocaleras con estas características tienen un valor mediático, casi simbólico y son meramente referenciales antes que ser una cifra sólida, real y auténtica en la que podamos confiar para la elaboración de nuevas estrategias o el establecimiento de políticas que no sean un engaña muchachos más. Mientras se priorice el combate al cultivo de la coca y se reprima a los productores en tácito beneficio del lavado de dinero, del comercio de insumos químicos ‘fiscalizados’, de la gran corrupción en todos los estamentos públicos y privados; y mientras el consumo de la cocaína se incremente en América del Norte, Europa, Asia, África,  etc., la producción de coca y cocaína seguirá creciendo. 

Se repitió (y ya es un estribillo) que la zona del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem) es donde se concentra la mayor cantidad de cultivos de coca. Allí se ubica el 37,6% del total de áreas monitoreadas a nivel nacional. El informe contiene datos de 13 regiones: Ucayali, Loreto, Ayacucho, Puno, Junín, Huánuco, Pasco, San Martín, Amazonas, Madre de Dios, Cajamarca, La Libertad y Cusco, cuando es conocido que desde el 2010 son 16 las regiones productoras de coca y cocaína en mayor o menor cantidad.

Alcaldes de la Mancomunidad Municipal  AMUVRAEM reunidos en Villa Kintiarina, el clamor es por más presupuestos para las municipalidades para atender las múltiples necesidades de la población en pobreza. Foto Leyenda del Huallaga.

El informe incide en la expansión de los cultivos de hoja de coca en la Amazonía peruana. En 2021, las zonas con presencia de cultivos que registraron mayores incrementos son Madre de Dios con 274%, Bajo Ucayali con 65%, Aguaytía con 58% y Bajo Amazonas con 35%. En la clasificación de regiones, desde 2018, Ucayali y Loreto son las que más incremento registraron.

Informes de Naciones Unidas. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) presentó cifras globales. Según el informe mundial, Perú, Colombia y Bolivia son los mayores productores de hoja de coca y cocaína del mundo. Precisamente, una de las zonas donde mayor aumento se ha registrado en nuestro país ha sido en las fronteras con Colombia y Brasil. En esta última región, una de las zonas fronterizas con mayor cultivo de arbusto de coca es la provincia de Putumayo. En 2022 registró 2.716 hectáreas frente a las 2.193 de 2021.

Según testigos que viajaron a la triple frontera y visitaron el pueblo de Santa Rosa de Yavarí en Perú que limita con Leticia en Colombia y Tabatinga en Brasil, dan cuenta que Santa Rosa es la cenicienta de la zona sumergida en gran pobreza, con comercios cerrados, población abandonada a su suerte no tienen agua, desagüe, ni para comer, utilizan el Real brasileño para sus transacciones y se atienden de los problemas de salud en los centros médicos de Tabatinga de manera gratuita, lo que sería un indicio que el narcotráfico que alguna vez floreció ya no está en esa zona por tanto la coca no tiene valor; conversamos con estas personas en la última estadía en Iquitos para asistir al IV Congreso de Emprendedores Amazónicos del 8 al 10 de junio del presente año donde los oradores llegados de Lima o del exterior tocaron con pinzas y a regañadientes el tema del narcotráfico, sobre todo el lavado de dinero.  

Otro de los informes que se presentó el 26 de junio, con motivo del Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, fue el de la coordinadora del Sistema Integrado de Vigilancia de Cultivos Ilícitos de UNODC, Luisa Sterponi, sobre la dinámica de la cocaína en el Perú. UNODC identificó a la metanfetamina como la droga sintética fabricada ilegalmente más importante del mundo. Esto se debe a que su producción es más barata y sencilla, entre otras razones, ya que no está ligada a cultivos geográficamente fijos.

Pichari tiene características de gran ciudad y será el epicentro de dos actividades importantes que concentrará a productores de coca y cacao local, regional, nacional e internacional. Foto Leyenda del Huallaga.

Durante la presentación de este estudio, la Directora Regional para la Región Andina y el Cono Sur de UNODC, Candice Welsh, comentó que fue considerado los impactos indirectos que provoca en las comunidades: la tala ilegal, minería ilegal, ocupación ilegal de tierras, tráfico de vida silvestre, entre otros. Para la UNODC, “en la zona de la triple frontera entre Brasil, Colombia y Perú, ubicada en la cuenca del Amazonas, las organizaciones dedicadas al narcotráfico vulneran cada vez más los derechos humanos, la seguridad y el bienestar de las poblaciones rurales.

Según el informe 2022 del Proyecto Especial la Reducción y Control de la Coca en el Alto Huallaga CORAH entidad dependiente del Ministerio del Interior y de la Embajada de Estados Unidos, solo se erradicaron 21.628 hectáreas en todo el país, a diferencia de las más de 25.000 reportadas en 2018 y 2019. En 2020 solo se erradicaron 6.273 hectáreas, mientras que en 2021 solo 5.775.  De las más de 21.000 hectáreas erradicadas el año pasado, el 50% se ubican en Huallaga (San Martín) y Aguaytía (Ucayali). “El resto se distribuye en las zonas de San Gabán (17% o 3.759 hectáreas), Callería (14% o 3.113 hectáreas), Pichis-Palcazu-Pachitea (13% o 2.768 hectáreas) y Vraem (6% o 1.202 hectáreas)”. Es ocioso insistir en que estas cifras no tienen sustento técnico porque no hay forma de corroborarlas debido a la falta de transparencia en la publicación de las cantidades, lugares, y productores a los que se les erradica los cultivos, hay un sin número de testimonios que indican que erradicaron solo unas pocas plantas en determinadas parcelas y se registra en las actas como si se hubiera erradicado hectáreas. Otro aspecto controversial es que se haya erradicado cerca de 13 mil hectáreas en San Martín y Padre Abad - Ucayali, cuando es conocido que los cultivos de coca son pocos en estos lugares. Como cambiar esta situación irregular?, no hay visos alentadores mientras se siga sosteniendo que el modelo frustrado del Perú es el mejor y que a falta de capacidad intelectual o moral debemos persistir en él porque no queda otra alternativa según la gran burocracia anticoca - cocaína.

En Loreto – Iquitos, se hace camino al andar y la información con valor se consigue en el lugar. Foto Leyenda del Huallaga.

Los 50 años de la DEA. La Administración de Control de Drogas (DEA, sigla en inglés) es la entidad federal que se encarga de combatir el tráfico y el consumo de drogas en Estados Unidos, así como de coordinar investigaciones estadounidenses relacionadas a las drogas en el exterior. El 1 de julio cumplió 50 años en medio de escándalos por corrupción y violación de derechos humanos. La DEA realizó un informe el 24 de marzo sobre sus actividades y operaciones en 69 países, cuando en realidad están presentes en 100 países con actuación pública y otras clandestinas donde cometieron numerosos abusos como detenciones, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales, pero que no lo admiten. En la década del 80 su presencia fue notoria en el Huallaga, específicamente en Tingo María donde  (portaban ametralladoras con dos cintos porta balas cruzados entre pecho y espalda, se desplazaban en camionetas de la Umopar y llegaron a amenazar de muerte a la Periodista Lota Burenius de la revista Caretas por tomarles fotos en el entonces hotel de turistas, hoy Madera verde, se les conocía como los rambos porque infundían temor. Tienen presencia activa en Perú hasta hoy pero con perfil bajo. En la década del 90 se especuló que fue la DEA que ubicó al financista y articulador de Abimael Guzmán apellidado Arana, la Dincote lo capturó y éste reveló el lugar donde vivía junto con otros líderes de Sendero Luminoso, lo demás es historia aunque contada a conveniencia política. (Con información: Devida, ONUDC, news.eseuro, Soltv, La República, Ojo Público, El Comercio, BBC News, France 24 horas, Contra línea, archivo personal).

La Violencia y el “Gatillo fácil” recorren América Latina.

 Perú, Ecuador, Colombia, Brasil, México, Venezuela, San Salvador, Nicaragua, Bolivia, Honduras, Chile, Argentina, etc. 

 

Felipe Ascención Páucar Mariluz^*.

“La opresión en las sociedades cerradas es meridiana y contundente. El efecto del engaño y la desinformación en las sociedades democráticas es más sibilino. Veinticinco años de cárcel. Esa es la condena que recibió el disidente ruso Vladímir Kara-Murza por pronunciarse en contra de la guerra de Ucrania. Incluso en un país autocrático se trata de una condena absolutamente desproporcionada: un “delito de opinión” pasa a penalizarse tanto como cualquier grave delito de sangre” (El País, abril 24 de 2023).

El triste final de un líder que lideró la lucha política y social en el 2001 que derrotó al gobierno cívico militar de Fujimori – Montesinos y Hermosa Ríos. El Comercio.

En Perú, entre diciembre de 2022 y marzo de 2023 se registraron 48 asesinatos de manifestantes durante los paros y huelgas masivas en el centro, sur y oriente del país, que según las primeras investigaciones fueron causadas utilizando armas de reglamento de la policía nacional y el ejército peruano en medio de una salvaje represión avalada por el ejecutivo y legislativo, estos crímenes que podrían tipificarse como de lesa humanidad fueron denunciados por la fiscalía de la nación que abrió una investigación que se encuentra estancada presuntamente por el intento de ocultamiento de la verdad, el desprecio a los afectados o el espíritu de cuerpo con el gobierno de la presidenta Boluarte. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, adelantó que emitirá la próxima semana un duro y contundente informe contra el gobierno por la estrategia presuntamente criminal que utilizó para controlar el desborde social. La policía nacional emitió un informe sobre la criminalidad en todas las regiones y concluyó que estamos ante un fenómeno ‘histórico’ dado que se registraron hasta 4 mil delitos por día. Entre enero y abril Lima registró 172,326 delitos, Arequipa 46,718, Lambayeque 25,730, Junín 22,071, San Martín 10,256, Huánuco 8,035, Ucayali 4,440. Se ha determinado que los días de mayor actuar delictivo son miércoles y jueves y el horario en que actúan los delincuentes es de 5 a 10 de la mañana.

 

Por otro lado, se va posicionando la hipótesis de que el cuantioso botín de dinero sustraído durante la década del 90 por Alberto Fujimorí podría haber sido entregado a empresas de fachada y personajillos que de la noche a la mañana amasaron grandes fortunas en un proceso de lavado de activos y narcotráfico, que sin embargo hasta hoy no puede determinarse con claridad y contundencia. Junto a la incautación de bienes por más de mil millones de soles a Joaquín Ramírez en el Perú y el extranjero (Miami) con intervención de la fiscalía de lavado de activos y anticorrupción que además sindica a Keiko Fujimori Higuchi como la aliada e integrante principal de la red de crimen organizado en proceso investigativo.  

 

“Tengo 36 años de servicio y la verdad es que nunca he estado en esta situación. Hay ciudades y localidades en el país que no tienen ni un solo patrullero. Los policías están llevando a los detenidos en mototaxi o motocar. Eso realmente es increíble. Eso es una debilidad como institución y también una amenaza por parte de la delincuencia, que obviamente sabe perfectamente que no podemos cubrir espacios para poder ejercer la presencia en las calles”, indicó el teniente general Jorge Angulo”… “La criminalidad ha aumentado significativamente en Lima y en todo el país debido a la crisis política. Haber tenido más de 10 ministros del Interior ha creado inestabilidad en la Policía Nacional. Esto genera que los planes y las estrategias no sean estables. Eso trae desmoralización en la Policía Nacional. También ocurre que los gobiernos, en la última década, no han tenido una política seria. Han limitado su política criminal a aumentar las penas o disminuir los beneficios penitenciarios nada más”, argumentó el fiscal Jorge Chávez Cotrina… “No es misión de las FF. AA. Es gestión de los alcaldes por ley. En la Ley del Sistema Nacional de Seguridad del Ciudadano, los alcaldes son los llamados a resolver el problema de la inseguridad. Tienen que gestionar, ver qué hacen para resolver el problema de la inseguridad”, apuntó Jorge Robles (La República, 23-04-2023).

 

“A poco más de 2 680 kilómetros de Lima, Héctor Rusthenford Guerrero Flores, Niño Guerrero, hila los movimientos de sus hombres. Entre 2.000 y 2.700 obedecen sus órdenes, le envían recados y reciben mensajes directos para delinquir. Este individuo hizo de la celda en la que está recluido, en la cárcel de Tocorón, en Aragua, Venezuela, una oficina de crimen organizado transnacional. Desde allí entreteje las alianzas que han hecho de la banda que lidera, ‘Tren de Aragua’, una megaestructura con tentáculos en nuestro país. La madrugada del domingo 16 de abril, una brigada especial de la Policía incursionó en un inmueble de Lurigancho, Chosica, e intervino a 18 mujeres y 43 varones, todos ellos venezolanos que ingresaron ilegalmente en el país. Agazapados entre barras de licor, se encontraban Erick Jonathan Urbina, el Negro Gordo, cabecilla de la banda ‘Los Injertos del Tren de Aragua’, y su lugarteniente Omeliza Regardiz Urbina, Mily” De acuerdo con informes de la División de Homicidios y de la Brigada Especial de Investigación contra la Criminalidad Extranjera (Beicce), ambos eran encargados de la administración y control del cobro de cupos a mujeres explotadas sexualmente en las plazas de la zona este de Lima, entre otros delitos como la extorsión y el préstamo de dinero “gota a gota” (La República abril 23 de 2023).

 

La novela peruana que más vende e involucra a cuatro expresidentes que estuvieron y estarán presos en la cárcel dorada de Barbadillo encendió sus reflectores con la llegada al Perú desde Estados Unidos de Alejandro Toledo Manrique luego de un proceso de extradición que demoró 6 años realizado por el Perú. Pudieron ser cinco con Alan García Pérez que optó por suicidarse antes de ir a la cárcel o seis con PPK que fue beneficiado con la prisión domiciliaria. Keiko Fujimori estuvo recluida en un penal por haber recibido y lavado cerca de 20 millones de dólares como candidata presidencial el 2011 y 2016, según investigaciones en curso. En definitiva la inmoralidad en el poder es la principal peste que afecta a los peruanos y este denigrante flagelo no es reciente atraviesa toda la historia del Perú con escasas excepciones de buenos y eficientes presidentes de la república, presidentes regionales y alcaldes. Alberto Fujimori, Ollanta Humala, Pedro Castillo y Alejandro Toledo fueron y son los inquilinos del penal de Barbadillo en Ate - Vitarte y hacen frente a la justicia o cumplen condena por delitos cometidos durante el ejercicio de un poder arbitrario y oscuro que es repudiado por los peruanos de bien.

 

“Alejandro Toledo llegará al Perú. Luego de pasar por los procedimientos de rigor, será trasladado en helicóptero hasta el penal de Barbadillo, donde debe cumplir los 18 meses de prisión preventiva que el Poder Judicial dictó en su contra en febrero del 2017. Enfrenta cargos que podrían suponerle una condena de más de 20 años por delitos de corrupción y lavado de activos. Así, a partir de hoy, el Perú se convertirá en el único país en el mundo en contar con tres expresidentes presos, una circunstancia tanto inédita como histórica, no tanto porque nuestros gobernantes a través de los siglos hayan sido un dechado de moralidad, sino porque los facinerosos, golpistas y corruptos que nos han gobernado han muerto sin rendir cuentas ante una justicia que durante mucho tiempo careció de dientes y de voluntad para procesarlos. Como bien sostuvo el politólogo Alberto Vergara en un artículo publicado tres semanas atrás en el diario “El País” de España, tanto Toledo como Alberto Fujimori y Pedro Castillo simbolizan proyectos que en su momento encandilaron a grandes porciones de peruanos y que, unos más temprano y otros más tarde, terminaron naufragando entre lodazales de corrupción y –en el caso de los dos últimos– autoritarismo. Si antes nuestros proyectos de nación morían en guerras o en golpes de Estado, hoy acaban en Barbadillo, un recinto de menos de un kilómetro cuadrado que ha terminado siendo el depositario de las esperanzas de millones de peruanos” (El Comercio, abril 23 de 2023).

 

Qué duda cabe que en esta trama oscura también tenemos responsabilidad periodistas y medios por el tratamiento evasivo y diferenciado a la corrupción de los malandros; porque a aquellos que eran dadivosos se les tocaba con la delicadeza de un pétalo de rosa, mientras que a los pájaros fruteros que cerraban la caja se les daba con palo, para luego en algunos casos convertirse en peones de la deslealtad y la degradación moral.

Pandilleros traslados al Centro de Confinamiento del Terrorismo, una megacárcel construida por el gobierno de Nayib Bukele, en el Salvador. Foto: Presidencia de El Salvador (IPS).

 

En un reciente reportaje IPS Noticias, retrata la crudeza de la violencia y violación de los derechos humanos en nuestro continente, documento periodístico que reproducimos (con el agradecimiento al medio) porque nos revela el grave peligro en seguridad que se cierne contra los habitantes de varias naciones de Latinoamérica: “Gatillo fácil recorre América Latina. La violencia asociada al crimen organizado sitúa a América Latina como la región más peligrosa del mundo y abre paso a un populismo represivo de peligrosas proyecciones, cuyo símbolo más notorio y emulado es Nayib Bukele, el presidente de El Salvador. De acuerdo a informes de Naciones Unidas, América Latina, con 8 % de la población mundial, concentra 37 % de los homicidios del planeta, obviando para estos efectos estadísticos a las muertes en guerras, en accidentes y los suicidios. Se habla entonces de una generalizada crisis de seguridad, donde el mandatario salvadoreño puede exhibir con orgullo una disminución de 56,8 % en el año 2022 de la tasa de homicidios por cada 100 000 habitantes, mientras en las antípodas Ecuador registró un aumento de 82 %.

 

«Delincuencia, narcotráfico y organizaciones criminales son términos recurrentes cuando se caracteriza la inseguridad, pero a menudo se observa una peligrosa deriva en que las leyes y medidas de “gatillo fácil” abren paso a la represión contra las movilizaciones sociales o facultan persecuciones políticas bajo el eslogan de enfrentar el terrorismo». Las comparaciones en porcentajes de un año a otro resultan engañosas si se prescinde de los datos en números absolutos. Por ejemplo, la tasa de homicidios en Chile aumentó 32,2 % en 2022, aunque en números significa 4,6 asesinatos por cada 100 000 habitantes. En El Salvador el guarismo en el mismo año fue de 7,8. Las estadísticas porcentuales, magnificadas por los medios y por el hecho innegable de un aumento en los niveles de violencia de los crímenes, generalizan la inseguridad y el temor en la población. Campo de disputas políticas. La política se hace cargo de la crisis de inseguridad, que sirve en algunos casos para que la oposición interpele al gobierno de turno, o en otros casos para que los gobernantes busquen neutralizar a los opositores. De uno y otro bando surgen medidas de contingencia que no atacan la raíz del problema y pueden profundizarlo en el mediano y largo plazo. La solución más recurrente pasa por aumentar los contingentes policiales y a la vez dotarlos de mayores medios y facultades para actuar contra los delincuentes. El agente dispondrá de un mayor margen de discrecionalidad para dimensionar el peligro y disparar. Es lo que se conoce como “gatillo fácil”.

 

La expresión no es nueva. Se generalizó en varios países de la región entre las décadas de los 60 y 80 del siglo pasado, bajo las dictaduras militares, cuando los cuerpos represivos asesinaban opositores en falsos enfrentamientos o actuaban contra las movilizaciones sociales. El reestreno de esta práctica en el siglo XXI requiere de un tinglado de legitimación que pasa por normas legales, al estilo de la llamada “ley de legítima defensa privilegiada”, promulgada en Chile el 10 de abril, o por normas más amplias que involucran a la policía, los militares y los poderes del Estado, como lo hizo Bukele en El Salvador. El líder del partido Nuevas Ideas utilizó su mayoría en la Asamblea Legislativa para poder reelegirse en la presidencia y el 22 de marzo de 2022 instauró el régimen de excepción, acompañado de varias reformas legislativas que en la práctica le dieron vía libre en su combate a la delincuencia, personificada en las maras y otras pandillas. A más de un año del estado de excepción, Amnistía Internacional denunció una generalizada violación de los derechos humanos en el pequeño país centroamericano: “Esta política ha resultado en más de 66 000 detenciones, en su mayoría arbitrarias, el sometimiento a malos tratos y tortura, violaciones flagrantes al debido proceso, desapariciones forzosas y la muerte de al menos 132 personas bajo la custodia del Estado, quienes al momento de su fallecimiento no habían sido declarados culpables de ningún delito”, señaló.

Alberto y Fidel. El autoritarismo y la corrupción van de la mano. La hipocresía de quienes hacen del poder un nido de serpientes, con la violación de derechos humanos como herramienta fascista. Foto Internet.

El populismo represivo. “Para la comisión de estas violaciones de derechos humanos, ha sido clave la coordinación, en complicidad, de los tres poderes del Estado; la confección de un marco jurídico contrario a los estándares internacionales de derechos humanos, específicamente en lo que concierne al proceso penal; y la falta de adopción de medidas tendientes a evitar las violaciones sistemáticas de derechos humanos bajo un régimen excepcional”, agregó Amnistía. Bukele reemplazó las cárceles por virtuales campos de concentración. El 1,5 % de los salvadoreños están privados de libertad, lo cual hace de este país centroamericano el de mayor población penal en el mundo. Sin embargo, sondeos de opinión muestran que ocho de cada 10 salvadoreños están satisfechos con el actual presidente y quieren su reelección por un nuevo período, mientras algunas voces disidentes advierten que el Estado ha pasado a sustituir a las maras como agente de intimidación y concentración de poder.

La tentación de imitar a Bukele con un populismo represivo que se nutre de medidas efectistas está presente en toda América Latina. En los días que se debatía en Chile la “ley de legítima defensa privilegiada”, Rodolfo Carter, alcalde del municipio de La Florida, en Santiago, demolía ante la televisión viviendas fichadas como residencias de narcotraficantes.

 

En Ecuador, el presidente Guillermo Lasso, amenazado por un juicio político que podría acarrear su destitución, anunció a comienzos de abril que autorizaba la “tenencia y porte de armas de uso civil para defensa personal” como una medida urgente contra el «enemigo común: la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado». Delincuencia, narcotráfico y organizaciones criminales son términos recurrentes cuando se caracteriza la inseguridad, pero a menudo se observa una peligrosa deriva en que las leyes y medidas de “gatillo fácil” abren paso a la represión contra las movilizaciones sociales o facultan persecuciones políticas bajo el eslogan de enfrentar el terrorismo. Criminalización de los pobres. Javier Macaya, presidente de la Unión Demócrata Independiente, partido chileno de extrema derecha que reivindica la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), acusó a la Organización de las Naciones Unidas de amparar la “violencia política” cuando su alto comisionado para los Derechos Humanos, Volker Türk, advirtió los peligros de la “ley de legítima defensa privilegiada”. Los alcances autoritarios del “gatillo fácil” comprenden asimismo una criminalización de inmigrantes y de las barriadas pobres, catalogadas de territorios de pandilleros y de amparar redes de tráfico de drogas, aunque escasamente se persigue a grandes narcotraficantes y consumidores de los sectores de altos ingresos en las urbes latinoamericanas. Las persecuciones políticas se disfrazan de seguridad, como ocurrió en Nicaragua en febrero con la expulsión y pérdida de la nacionalidad de 222 opositores. El gobierno de Daniel Ortega los acusó de “traición a la patria”, los calificó de “terroristas” y “mercenarios” y justificó la medida en nombre de la paz del país.

 

La seguridad está instalada como el gran tema latinoamericano. El último informe de Amnistía Internacional registra arbitrariedades en Venezuela que van hasta desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. Haití, sumido en la ingobernabilidad, es otro país donde la inseguridad tiene como víctima a los derechos humanos. Las complejidades del combate a la delincuencia pasan por potenciar las policías y también por la “justicia por mano propia” de los ciudadanos. En Brasil, el gobierno de extrema derecha de Jair Bolsonaro (2019-2022)  autorizó a la policía a matar criminales y amplió las facilidades para el porte de armas por civiles. Su sucesor desde el 1 de enero, Luis Inácio Lula da Silva suspendió esas medidas. De la mano de la inseguridad, América Latina se convierte en una suerte de arsenal, con armas de mayor poder para las policías, y también con el comercio ilegal que nutre a las organizaciones criminales. Un tercio de las armas de fuego incautadas el año 2017 en México, El Salvador, Honduras, Panamá y Nicaragua, venían de Estados Unidos”. (ED: EG. IPS Noticias abril 13 de 2023).

 

* Ingeniero Agrónomo, periodista, escritor.

La corrupción es el “enemigo público número uno” de los países en desarrollo.

Presidente del Banco Mundial, Jim Yong Kim. Foto: Internet

Tras declarar que la corrupción es el "enemigo público número uno" de los países en desarrollo, Jim Yong Kim, presidente del Grupo del Banco Mundial, describió hoy la forma en que el Grupo del Banco está intensificando su lucha contra la corrupción e instó a que los asociados y el sector privado del mundo en desarrollo sean parte de la solución.

“En el mundo en desarrollo, la corrupción es el enemigo público número uno”, manifestóKim, al hacer uso de la palabra en un encuentro que realizó la Vicepresidencia de Integridad, sector del Banco Mundial dedicado a la investigación y lucha contra la corrupción. “Nunca toleraremos la corrupción y prometo hacer todo lo que esté a nuestro alcance para apuntalar nuestra enérgica lucha en ese sentido”, agregó.

Kim compartió el estrado con el ex presidente del Banco Mundial, James D. Wolfensohn, el ex presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, Paul Volcker, la presidenta de Transparencia Internacional Huguette Labelle, y el secretario de Finanzas de Filipinas,Cesar V. Purisima. Cabe destacar que fue el propio Wolfensohn quien en 1996 declaró públicamente que la corrupción es un “cáncer”, en lo que constituyó la primera vez que un presidente del Banco Mundial hablara abiertamente sobre el tema.

Kim describió los efectos perniciosos que la corrupción puede tener sobre los países en desarrollo. “Cada dólar que un funcionario corrupto o una empresa corrupta se llevan a sus bolsillos es un dólar que se le roba a una mujer embarazada que precisa atención médica, a una niña o niño que merecen recibir educación, o a las comunidades que necesitan agua, carreteras y escuelas. Cada dólar es vital si queremos lograr nuestras metas para erradicar la pobreza extrema para el año 2030 e impulsar la prosperidad compartida”.

Un paso importante para combatir la corrupción y contribuir a que más personas tengan una vida mejor es forjar instituciones con mayor integridad, destacó Kim, describió los tres elementos esenciales del enfoque del Grupo del Banco Mundial:

“En primer lugar, debemos mejorar la forma en que compartimos y aplicamos el conocimiento relativo a la formación de instituciones con mayor integridad; en segundo lugar, debemos dotar de mayor poder a los ciudadanos a través de la información y las herramientas para hacer que sus Gobiernos sean más eficaces y responsables y, en tercer lugar, debemos fundar un movimiento mundial que prevalezca sobre la corrupción”.

Kim anunció que el Grupo del Banco Mundial creará un equipo que aunará a especialistas técnicos en materia de estado de Derecho, sector público, gestión financiera y gestión pública, y adquisiciones y contrataciones públicas. Afirmó que esta “práctica mundial sobre buena gestión" se convertirá en el rasgo principal de las iniciativas futuras destinadas a combatir la corrupción.

A efectos de demostrar de qué forma se pueden lograr avances en la lucha contra la corrupción, Kim dio ejemplos específicos sobre la forma en que el Banco Mundial y sus asociados han actuado sobre el problema.

“Cuando la corrupción amenazaba con desbaratar un proyecto de energía crucial para los países del sur de África, el Banco Mundial intervino e impidió que se le diera un uso indebido a una cifra superior a US$6 millones. En Afganistán brindamos apoyo a la Red por la Integridad en la Reconstrucción (Network for Integrity in Reconstruction), institución que brindó capacitación a 980 personas que monitorearon 281 proyectos de infraestructura por un valor de US$247 millones”.

Además de la acción gubernamental contra la corrupción, Kim instó a otros asociados a unirse a la lucha, incluido el sector privado.

 

“El sector privado también debe ser parte de la solución. Las empresas que trabajan en los sectores de petróleo, gas y minería exhiben una tendencia creciente a divulgar sus contratos con los Gobiernos. Ello le brinda a todo el mundo la posibilidad de examinar detenidamente el comportamiento de los funcionarios públicos y empleados de empresas”.

Kim destacó que, a través de soluciones innovadoras en los sectores clave como el de consultoría en ingeniería, el Banco Mundial ha convencido a las principales empresas para que se comprometan a mantener prácticas empresariales “limpias”.

En el encuentro se hizo entrega de reconocimientos a tres destinatarios de los “Premios a la Integridad” que otorga el Banco Mundial: la Real Policía Montada de Canadá, cuya cooperación en una investigación dio lugar a una acción judicial y sanciones por parte del Banco Mundial; un especialista superior en gestión financiera que tuvo a su cargo la revisión de un proyecto y generó medidas correctivas en las funciones de auditoría y tesorería del gobierno local en China, y un trabajador de Timor Leste que desenmascaró un operativo de fraude y corrupción por una cifra equivalente a US$44 millones en contratos financiados por el Banco Mundial.

 “Inspirado en estos ejemplos, el Grupo del Banco Mundial mantiene un compromiso más fuerte que nunca para continuar la lucha contra la corrupción, y ello constituirá una parte crucial de nuestra labor para erradicar la pobreza extrema e impulsar la prosperidad compartida”; concluyó Kim.

 

Tomado de:

http://www.erbol.com.bo/noticia/economia/24122013/corrupcion_enemigo_numero_uno_de_paises_en_desarrollo

García en la cuerda floja

 

La situación legal y política del ex presidente Alan García Pérez se complica luego de que la Megacomisión que investiga su segundo gobierno aprobara por mayoría recomendar una acusación constitucional en su contra, al encontrar indicios de su participación en la concesión irregular de indultos a sentenciados por narcotráfico.

 

La acusación constitucional es un proceso parlamentario que tiene por objetivo determinar las responsabilidades de un alto funcionario, al que se denuncia por la comisión de un delito cometido en el ejercicio de su función, o por haber cometido una infracción constitucional. Luego de la decisión emitida por la Megacomisión, quedan dos caminos que podrían definir el futuro político de García.

 

En primer lugar, se viene el proceso para su inhabilitación política, con lo cual quedaría impedido de postular a la Presidencia de la República en 2016. Como veremos a continuación, este camino es largo y tedioso. Las conclusiones de la Megacomisión pasarían a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, donde sus miembros deberán evaluar la admisibilidad de la acusación constitucional. Luego, la Comisión Permanente votaría la aprobación o el archivamiento del informe de acusación. La aprobación activaría la creación de una Subcomisión acusadora. Este grupo tendría como principal encargo sustentar la acusación contra García ante el pleno del Congreso. La votación requeriría, para ser favorable, por lo menos de 2/3 del número total de congresistas.

 

¿Se cuentan con los votos para inhabilitar al ex presidente aprista? Todo parece indicar que el único sector político que podría impedir la inhabilitación de García sería el fujimorismo. ¿El fujimorismo se atreverá a jugar a favor del líder aprista que no concedió el indulto a su máximo líder Alberto Fujimori?

 

En segundo lugar, está la investigación preliminar que se sigue por el caso “narcoindultos” en el Ministerio Público. El procurador anticorrupción, Julio Arbizu, señaló que los elementos adicionales que aporte el informe de la Megacomisión serán puestos en conocimiento del Fiscal de la Nación para ampliar la solicitud de incluir a García en la investigación de este caso.

 

En opinión de Arbizu, el caso “narcoindultos” revela que existió una organización criminal que hizo pasar sus acciones a través de un programa de deshacinamiento de cárceles, cuyo fracaso  es un indicio poderoso de que los objetivos eran otros. Este camino requiere, entonces, del compromiso del Ministerio Público por investigar y revelar el grado de vinculación de Alan García y su puesta a disposición del Poder Judicial.

 

Las dudas recaen también en este proceso por los cuestionamientos de afiliación política aprista del Fiscal de la Nación, José Peláez Bardales. ¿Tendrá cancha libre García en el camino judicial?

 

Como lo señalamos anteriormente, el ex presidente Alan García se ha venido librando de las responsabilidades de fondo en delitos de diversa dimensión que lo vienen persiguiendo desde la década de 1990. Por todo ello, resulta necesario investigar al ex presidente Alan García con el mayor detalle posible para evitar que un manto de impunidad lo libre de dar cuentas claras al país. Queda en manos del pleno del Congreso, del Ministerio Público y del Poder Judicial demostrar que en el país las leyes se respetan y los delitos tarde o temprano se pagan.

 

Tomado de:

http://www.otramirada.pe/content/garc%C3%ADa-en-la-cuerda-floja

Corrupción, independencia judicial y libertad de prensa

Argentina, Venezuela y Ecuador coinciden en una cosa: sus gobiernos han reforzado su poder con impunidad judicial y bloqueando la existencia de voces que los investiguen.

  EZEQUIEL VÁZQUEZ-GER

Pocos días atrás el Tribunal de Enjuiciamiento de Fiscales en la Argentina decidió suspender al fiscal José María Campagnoli, luego de un pedido por parte de la Procuradora General de la Nación. Campagnoli se encontraba investigando uno de los escándalos de corrupción más grandes y documentados de la historia del país. Este abuso del gobierno de Cristina Fernández sobre el poder judicial es sólo uno de múltiples intentos de su gobierno por controlar la justicia del país, y se encuentra en línea con lo que ocurre en otros países vecinos, tales como Venezuela y Ecuador.

Si a las amenazas a la independencia del poder judicial se le suman los permanentes intentos de estos gobiernos para silenciar la prensa libre, llegamos a una conclusión obvia pero muchas veces olvidada: La única manera que estos gobiernos tienen para permanecer en el poder, dejando impunes sus actos de corrupción, es con una prensa silenciada, y una justicia a su disposición.

En Venezuela, Hugo Chávez se aseguró poco a poco de ir eliminando todo medio de comunicación independiente. Primero a través de una alianza implícita con el empresario Gustavo Cisneros, propietario de Venevisión; luego con el cierre de RCTV y de cientos de señales de radio; y más recientemente, a través de la compra de medios por parte de “empresarios” afines al gobierno. Resaltan el caso del banquero Víctor Vargas, principal nombre detrás de la compra del diario Últimas Noticias, o del empresario Raúl Gorrín, nuevo dueño del canal de televisión Globovision.

A nivel judicial, quizás la señal más fuerte del gobierno de Chávez fue el meter presa a la Jueza María Lourdes de Afiuni durante más de 5 años, sencillamente por haber acatado una resolución de Naciones Unidas que pedía por la liberación de un preso político. Hoy el sistema judicial en Venezuela no existe, sino que está al servicio de la corrupción y el crimen organizado.

En Ecuador, Rafael Correa utilizó una estrategia más elaborada. Para acabar con la libertad de prensa, comenzó por expropiar dos de los canales de televisión más importantes del país, pertenecientes a la familia Isaías. Si bien prometió venderlos rápidamente, hoy, 5 años después, los canales no sólo continúan en manos del gobierno sino que constituyen las principales vías de publicidad oficial. Así mismo, la Asamblea nacional controlada en su amplia mayoría por el partido oficialista, aprobó una ley de medios de comunicación que criminaliza a quien opina diferente, obligando a cada periodista a contrastar con el propio gobierno cada pedazo de información, eliminando así el periodismo de investigación.

Correa también se aseguró el control de los jueces. Lo hizo llamando a un referendo constitucional que eliminó al anterior sistema de justicia, reemplazándolo por uno nuevo, el cual es administrado por un consejo de la judicatura que se encarga de la selección y suspensión de jueces. Todos los miembros de este consejo de la judicatura son ex funcionarios de su gobierno. De este modo, Correa utiliza el sistema judicial para perseguir y amenazar a los periodistas que intentan investigarlo o los opositores que se atreven a criticarlo; y también para proteger a sus colegas ante eventuales investigaciones judiciales de corrupción.

En Argentina, el gobierno desarrolló por un lado una estrategia de captación de influencias con la cual se le exigía a empresarios afines a que compren medios de comunicación, a cambio de asegurarse una posición privilegiada a la hora de participar en diferentes licitaciones del Estado, o alternativamente, para evitar visitas “espontáneas” de la agencia recaudadora de impuestos. Ejemplos son el caso del empresario Kirchnerista Cristóbal López, quién hace no mucho tiempo compro el canal de noticias C5N; o el Grupo Vila-Manzano, hoy totalmente dedicado al proselitismo “K”.

 Por otra parte, se aprobó en 2009 una ley de medios diseñada exclusivamente para desintegrar al principal grupo de medios del país, Grupo Clarín. Luego de varios años de pelea, la Corte Suprema, a través de una sentencia polémica acabó por declarar constitucional esta ley. Pero lo que agravó la situación fue que dicha sentencia fue anunciada solo dos días después de las últimas elecciones legislativas en las cuales el gobierno había perdido abruptamente. Ninguna corte independiente se hubiese prestado a tal manipulación.

 
La relación corrupción-justicia-medios también se hizo evidente en el país durante la investigación de grandes casos de corrupción. Durante el último año, la poca prensa independiente que queda en la Argentina logró documentar, quizás como nunca antes, hechos de corrupción como el que involucra al actual Vicepresidente Amado Boudou, o al contratista de obra pública amigo de la familia Kirchner, Lázaro Báez. Si bien la evidencia de estos casos es abrumadora, los mismos se encuentran paralizados en la justicia, este último en manos de un polémico juez de nombre Sebastián Cassanello. Como se dijo anteriormente, el gobierno también se encargó de suspender al fiscal que llevaba adelante la investigación.

 Para que la corrupción sea efectiva, el funcionario electo necesita tres cosas: continuidad en el poder, impunidad judicial, y la inexistencia de voces que lo investiguen. Son estos justamente los pilares sobre los cuales se basa la destrucción de la democracia en estos países.

@Ezequielvazquez | www.ezequielvazquez.com

  Tomado de:

 http://elpais.com/elpais/2013/12/16/opinion/1387211369_233521.html#!

Tribunal Constitucional avala el secretismo judicial en procesos por corrupción.

Felipe A. Páucar Mariluz

La solvencia ética del TC está en caída libre y no termina de demostrar a la comunidad que no defiende los intereses colectivos ante la injerencia del poder económico, así sea ilícito. Foto Ipys.

 

El Instituto Prensa y Sociedad expresó mediante un pronunciamiento su discrepancia y oposición por un fallo emitido por el Tribunal Constitucional donde se establece que los procesos judiciales por casos de corrupción deben mantenerse en secreto, en evidente complicidad con los autores material e intelectual de ilícitos contrarios a los intereses colectivos y en desmedro de los presupuestos públicos escasos. El pronunciamiento es el siguiente:

“En manifiesta contradicción con el inciso 4) del artículo 139º de la Constitución según el cual “Los proceso judiciales por responsabilidad de funcionarios públicos (…) son siempre públicos”, el Tribunal Constitucional publicó recientemente en su página web una sentencia en la que sostuvo exactamente lo contrario.

Sentenció que la opinión pública no puede acceder a la información sobre las decisiones que adoptan los jueces en los procesos por corrupción de funcionarios públicos, porque ello pone en riesgo o afecta el derecho a la intimidad de los procesados.

Con este criterio, el Tribunal Constitucional decidió rechazar la demanda de hábeas data presentada por Yván Montoya Vivanco, que en ejercicio de su derecho fundamental de acceso a la información pública, solicitó que se le entreguen copias: (i) de la decisión del Segundo Juzgado Penal Liquidador Transitorio de Lima, de iniciar un proceso por la presunta comisión del delito colusión desleal y otros; (ii) del dictamen del Fiscal Provincial emitido en dicho proceso y; (iii) del informe final del Juez de Instrucción.

Para tratar de justificar su decisión, el Tribunal Constitucional compara esta información con la solicitud de información médica ginecológica contenida en historias clínicas.

Para el Instituto Prensa y Sociedad, IPYS, esta decisión resulta inaceptable por inconstitucional, en la medida que consagra el secretismo absoluto sobre las decisiones que adoptan los jueces en los procesos penales por corrupción, expropiando indebidamente del conocimiento de la comunidad, información de alto interés público.

Por lo demás, deja abierta la posibilidad de que cualquier persona que difunda información sobre decisiones judiciales adoptadas en los procesos por corrupción, pueda ser demandada o denunciada por afectar el derecho a la intimidad de los procesados por delitos de corrupción.

A su vez, se afecta el derecho constitucional de las personas a analizar y criticar las resoluciones y sentencias judiciales debilitando sensiblemente el control ciudadano de las decisiones judiciales en materia anticorrupción.

“Las decisiones que adoptan los jueces en el marco de los procesos judiciales, sobre todo en materia anticorrupción, no se encuentran exentas del principio de transparencia, en tanto información de alto interés público. Sólo en supuestos excepcionales que deben ser analizados caso por caso, es posible restringir la publicidad en este ámbito, ante la imperiosa necesidad de proteger la eficacia de los procesos judiciales o los derechos de los procesados y las víctimas, por ejemplo, tratándose de menores de edad o de delitos de agresión sexual.

“Estas excepciones deben ser probadas en todos los casos. Por ende, la exclusión de la información es la excepción y no la regla como ha establecido el Tribunal Constitucional”, opinó Roberto Pereira, abogado constitucionalista y experto en asuntos referidos a las libertades informativas. 

Consultado por el IPYS, Yván Montoya señaló que esta sentencia sienta un pésimo precedente en material de acceso a la información pública. El abogado del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Universidad Católica (IDEHPUCP) expresó su rechazo a esta sentencia, señalando que los argumentos son pobres y claramente refutables.

“Esta decisión del TC marca un terrible precedente en material de acceso a la información y sobre todo anula una herramienta preventiva en la fiscalización de la función pública. Además de ser una sentencia bastante pobre en sus argumentos, apela a la intimidad cuando la Constitución señala claramente que respecto de la función pública los funcionarios deben estar expuestos al escrutinio de la ciudadanía. Acá no se trata de un tema de salud, se trata de procesos por corrupción contra funcionarios que trabajaron en Cofopri”, declaró Montoya.

 IPYS demanda que el Tribunal Constitucional rectifique a la brevedad esta decisión a través de las vías que correspondan, a efectos de que no sea invocada por los procesados por delitos de corrupción, para impedir que el público conozca las decisiones que adopten los jueces que los juzgan.” Finaliza el comunicado.