El Perú del Bicentenario. El Reto es lograr el desarrollo con Justicia, equidad y transparencia.

 

Líderes latinoamericanos cuyos países están unidos por luchas libertarias del Bicentenario. Foto difusión.

“En el fondo, más que la cifra del superávit o el déficit fiscal al 2021, lo crucial es la habilidad del Estado para cerrar las brechas sociales y de competitividad del país en un espacio razonable de tiempo mientras sigue una conducta responsable financieramente. Así como el dispendio fiscal lleva a países enteros a la ruina, de poco vale un superávit fiscal permanente si las conexiones de agua y desagüe o la infraestructura de los hospitales, los centros educativos, las carreteras o la agricultura andino-amazónica mantienen la misma precariedad producto del abandono por décadas. Esta es la verdadera deuda social o pública que los gobiernos en su casi totalidad de la derecha liberal no ha sido capaces de saldar y por tanto deben tratar de revertir a partir del Bicentenario que se presenta auspicioso como siempre para mercantilistas y los poderosos de la economía así como para los dueños de grupos políticos intrascendentes y negociables, pero, a la vez, sombrío para la inmensa mayoría de peruanos que una vez más confían en la persona de Pedro Castillo Terrones como la persona que los representa y que tratará de hacer realidad el lema, “No más pobres en un país rico”, que fue de todos los grandes pendejos y felones que pasaron por palacio de gobiernos en 200 años. Un objetivo distante frente a la actitud cuestionable de quienes durante la segunda vuelta se comportaron como vulgares sediciosos y golpistas anteponiendo sus intereses al del conjunto de peruanos, con un congreso beligerante que no está a la altura de las urgencias actuales y un legislativo que de arranque enmascara a la corrupción y al terrorismo en la designación de ministros, viceministros y altos funcionarios.

A todo ello, qué sentimientos generan el Bicentenario de la independencia? Orgullo (40%), esperanza y optimismo (32%), amor/cariño (23%), curiosidad/interés (16%), sentimientos encontrados (10%), pena (6%), indiferencia (5%), rabia y odio (3%), vergüenza (2%), otros (1%).

El Proyecto Especial Bicentenario de la anterior Presidencia de Consejo de Ministros tuvo la posibilidad de elegir entre dos caminos. El primero, y más evidente para todos, era el de pensar el Bicentenario como una gran fiesta que se celebraría el 28 de julio de 2021 por las razones que hace 200 años nos fueron dadas. Lastimosamente por irresponsabilidad de grupos políticos al mando de caudillos ganados por la ignorancia y el autoritarismo llegamos a cumplir los 200 años de la independencia política en situaciones deprimentes, con un cerro de problemas y conflictos que amenazan con hacer estallar al país y hundirla más en la corrupción, el caos, la anarquía, la discriminación con la destrucción del estado de derecho, la institucionalidad y la precaria democracia.

El segundo era entender este hito histórico como la gran oportunidad para imaginar juntos el país que queremos ser y emprender el camino para hacerlo realidad, a fin de llegar al 2021 seguros de que hay mucho que celebrar y mucho también que reforzar y construir.

A pesar de las dificultades que esto supone, es esta última ruta la que decidimos transitar. Y es que no podemos ignorar las señales que nos muestran a un país fragmentado, corroído por la corrupción y la devastación del medio ambiente, en el que las personas se resisten a respetar a aquellos que piensan diferente y en donde uno de cada tres ciudadanos no confía en el otro. Sabemos, por nuestra historia, que un país no se libera si no confronta aquello que lo tiene sometido.

Esta senda al Bicentenario la construimos cada día, por ejemplo, a través de los diálogos con los jóvenes quienes, con frustración pero también con esperanza, nos expresan cómo es ese país en el que anhelan vivir. Este trayecto al Bicentenario está hecho de cada oportunidad en la que, reunidos alrededor de una mesa de trabajo, nos encontramos con líderes, lideresas y autoridades honestas y comprometidas con sacar a sus pueblos adelante, gracias a ideas innovadoras y cargadas de posibilidades hacia el futuro.

El camino a la conmemoración de nuestro Bicentenario está lleno de ciudadanos de a pie que, inspirados en Túpac Amaru, Micaela Bastidas, Mariano Melgar o José Olaya, que desean un Perú cada vez más libre y unido.

Se construye cada vez que llega alguien con una historia sobre cómo su comunidad formó parte del proceso independentista y defiende con orgullo su lugar en la historia.

Esa es la gran oportunidad que esta ocasión histórica nos pone en frente, la de entablar la nueva conversación sobre el Perú que queremos ser en nuestro tercer siglo de vida republicana y descubrir que todos deseamos lo mismo, aunque lo digamos de distintas maneras. Imaginar es siempre el inicio de algo grande; así como las obras más ambiciosas están hechas de miles de pequeñas acciones, nuestro país será esa inmensa obra que, con talento y esfuerzo, construimos día a día 33 millones de peruanos.

Un Perú nuevo, que pone a las personas en el centro del desarrollo, cuya mayor expresión de innovación es haber recuperado el respeto por el otro y la convivencia pacífica. Un Perú que encuentra en su historia el camino para seguir avanzando hacia el futuro. Lo ideal es hacer eco de sus propuestas y  llevarlas a la acción.

En el Perú: 1 de cada 2 personas piensa que los demás no practican ningún valor. • 8 de cada 10 personas no confía en los demás. • 7 de cada 10 personas considera la corrupción como el principal problema del país. • 9 de cada 10 peruanos piensa que no sabemos dialogar y que eso genera retraso en el país. • 7 de cada 10 peruanos piensa que no sabemos resolver problemas a través del diálogo. • Solo 5 de cada 10 peruanos apuestan por ponerse de acuerdo sin violencia. • 6 de cada 10 personas cree que, solo dejando de discriminar al diferente, el Perú será mejor. • 6 de cada 10 peruanos piensa que discriminar al que piensa diferente genera retraso en el país. . 5 de cada 10 peruanos piensa que no ver nuestra diversidad como una fuente de riqueza genera retraso en el país. • 7 de cada 10 peruanos piensa que somos egoístas y solo ayudamos cuando tenemos algún beneficio. • 5 de cada 10 peruanos piensa que no respetar el medio ambiente genera retraso en el país • 9 de cada 10 peruanos piensa que dañamos la naturaleza porque no entendemos su importancia • 7 de cada 10 peruanos quiere recuperar la confianza en los demás. • 6 de cada 10 peruanos ve el Bicentenario como una oportunidad de cambio de valores para el país • 10 de cada 10 peruanos que ve el Bicentenario como oportunidad de cambio de valores, está dispuesto a ser parte. Fuente. Datum Internacional.

La región amazónica fue vista como una fuente inagotable de recursos por las élites económicas, pero estas ansias de «progreso» se enfrentaron a una realidad: ese espacio era (y es) habitado por comunidades indígenas, que pronto fueron vistas como el otro, es decir, como seres periféricos. Por eso, el afán explorador -carreteras, inversionistas- se enfrentó en su expansión contra estas comunidades de formas bastante duras, como en Loreto durante la fiebre del caucho.

Pese a su actual reconocimiento por su enorme riqueza natural, lingüística y social, las comunidades amazónicas continúan amenazadas por distintas actividades ilegales, que además de contaminar los ecosistemas, trasgreden las formas de vida locales y traen consigo enfermedades y actividades criminales, teniendo como consecuencia el desplazamiento de estos ciudadanos. Por ello, se busca repensar la Amazonía como uno de los retos de nuestro tercer siglo de vida republicana.

Miradas históricas sobre la corrupción: reflexiones y retos al Bicentenario

La corrupción es realmente uno de los problemas estructurales más complejos que el Perú ha debido afrontar desde su nacimiento como república. Es así que, 7 de cada 10 peruanos la considera el principal problema de los últimos 50 años. No solo ha estropeado el correcto crecimiento de nuestro país, sino que en casi todas las ocasiones ha destruido las relaciones sociales de las pequeñas y grandes comunidades, en el sector público y privado.

 

Nuestro primer símbolo nacional, orgullo de todo peruano de bien. Foto RPP.

San Martín y las proclamas para que los indígenas no paguen tributos. De acuerdo a la tesis del historiador José Igue, Bandolerismo, patriotismo y etnicidad poscolonial: los “morochucos” de Cangallo, Ayacucho en las guerras de independencia, 1814-1824. El 8 de setiembre de 1820, tras desembarcar, San Martín emitió una proclama desde Pisco rechazando la intención del virrey Joaquín de la Pezuela de restaurar la Constitución de Cádiz. En esta proclama, llamada “A los habitantes del Perú”, el libertador argentino sostenía que “la América no puede contemplar la Constitución de las Cortes, sino como un medio fraudulento de mantener en ella el sistema colonial”. Hoy esa realidad se repite con el anuncio de reforma de la Constitución, especialmente el capítulo económico utilizado como herramienta de saqueo y avasallamiento por las sanguijuelas liberales de la economía desde la constitución fujimorista de 1993.

Una semana más tarde, el 16 de octubre, esta proclama ya era utilizada en Ayacucho para declararse en rebeldía. Muchos habitantes no tardaron en emplearla para negarse a pagar tributos a la colonia. Tras tomar y sublevar varias villas de Ica, los libertadores se separan en dos grupos para tomar Lima: San Martín, con su flota, se dirige a Huaura, mientras que Juan Antonio Álvarez de Arenales partió a Huamanga el 21 de octubre con el propósito de independizar a toda la sierra central. Así, San Martín por la costa y Álvarez de Arenales por la sierra, aislarían a Lima.

En resumen, en diferentes investigaciones se muestra que las batallas de Ayacucho, Junín, Huánuco y Pasco, además de las independencias de Tarma o Huamanga, se lograron no solo con la decisión de los criollos que vivían en el lugar, sino con el apoyo decidido de los indígenas, quienes se sumaron a la expedición de Álvarez de Arenales no solo con su presencia, sino también con víveres y animales, quienes tuvieron acceso a proclamas escritas en quechua por orden de San Martín.

El Proyecto Bicentenario se convirtió en un espacio para reflexionar sobre la formación republicana en América Latina. Luego de sus independencias, los países optaron por modelos republicanos que siguen vigentes hasta hoy. Estas nuevas formas de república se basaron en ejes como la creación de marcos legales e institucionales, la soberanía popular y la dinámica política de estas comunidades. Todo esto implicó proyectos y aspiraciones diferentes que muchas veces acabaron en conflicto y que siguen afectando nuestra vida política y el ejercicio ciudadano de la población.

¿Cómo fue la experiencia republicana en la formación de los Estados-nación en América Latina? ¿Cuáles fueron los dilemas que enfrentaron estas comunidades políticas? ¿Se puede hablar de una tradición republicana? ¿Cuán importante es repensar la república frente a los bicentenarios de las independencias latinoamericanas? Esas son algunas interrogantes que no tienen respuesta y no se sabe si algún día la tenderán.

Retos de construir memoria en el Perú tras la época de violencia interna. A pesar de que han transcurrido más de 20 años, las consecuencias de aquel fatídico periodo -más de 69 mil fallecidos según el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR)- siguen afectando la vida de miles de peruanos y es un tema que aún polariza la vida política del país. Dos grupos terroristas aventureros dio origen a un tercer grupo terrorista de la mano de la ley, estos grupos arrasaron con comunidades, sembraron terror y dolor y afectaron gravemente a los peruanos con la profundización de la pobreza, la discriminación y la marginalidad y lo más grave es que miles de personas continúan desaparecidas o no lograron justicia por la terribles violaciones de los derechos humanos. Aquí junto con otras realidades hay una gran deuda impaga que saldar.

Proclamación de la Independencia del Perú (28 de julio de 1821). En la Plaza de Armas de Lima, José de San Martín proclamó la independencia con las siguientes palabras: “El Perú es desde este momento libre e independiente por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de su causa que Dios defiende. ¡Viva la patria! ¡Viva la libertad! ¡Viva la independencia!”. Libertad convertida en libertinaje por los vivos de ayer y que pretenden continuar los vivos de hoy. (Con información Proyecto del Bicentenario, historiadores, Datum, archivos).

Golpeado pero no vencido

Foto

Por Gustavo Gorriti.-

(Foto: Óscar Medrano / Caretas)

Si uno lleva el recuerdo de cómo se veía el cuartel general del CE-VRAE en Pichari en 2008 o en 2012, no es fácil reconocerlo ahora. Se ha construido mucho desde entonces, hay más medios y de mejor calidad.

La sola diferencia en la flota de helicópteros explica muchas cosas. Donde había un par de Mi-17s de transporte, en marcada inferioridad numérica entonces con los UH-1H que tenía la base anti-droga de Palmapampa, ahora hay 6 helicópteros Mi-17 y dos helicópteros de ataque: un Mi-25 y un Mi-35, ambos blindados, veloces y con una gran potencia de fuego. Ahora, además, todos los pilotos tienen los visores y el entrenamiento para volar de noche. La presencia de los Mi-25 y Mi-35, y el vuelo nocturno han reducido significativamente el peligro para los helicópteros Mi-17, fuertes y confiables pero relativamente lentos y previsibles en el vuelo, lo que los hizo vulnerables a los ataques de francotiradores senderistas.

También se ve una mayor disposición de recursos y mejor organización. Sobre todo en Pichari pero igualmente en las bases que visitamos. El despliegue militar es grande y en determinados casos –como en la protección del eje energético y las obras viales– relativamente vulnerable, pero a la vez indispensable. Que las unidades dispersas en la protección del gasoducto o la carretera no hayan sufrido ataques significativos indica por lo menos un repliegue de Sendero.

En Palmapampa y Pichiwillca, los viejos enemigos de Sendero en los Decas –que tienen una visión pragmática y enterada de SL y no le quitan la vista– advierten una presencia claramente disminuida de los seguidores de Quispe Palomino en su área.

"SL-VRAE está lejos de haber sido derrotado, pero sí ha sido significativamente degradado en su capacidad ofensiva y en su alcance territorial".

Pero hay también reveses, que no por silenciados dejan de ser tales. Así como SL-VRAE falló en conquistar terreno ajeno, pese a lo promisorio que le representaba la posibilidad de controlar el eje energético y la inversión minera cercana, tuvo éxito, sin embargo, en reconquistar su propio territorio. Los lugares donde estuvieron las bases militares de Vizcatán, Cerro Judas, Bidón, fueron evacuados por las fuerzas armadas y están ahora de nuevo bajo el control de Sendero, que utiliza esa base de apoyo (en estricto sentido) para reorganizarse, prepararse y tratar de comprender qué sucedió, de dónde vinieron los golpes que lo encontraron tan poco preparado.

Lo que proclamaban años atrás y sin fundamento otros militares: que habían encajonado a SL-VRAE en sus baluartes, parece ser cierto en este caso. SL-VRAE está lejos de haber sido derrotado (y su historia demuestra una fuerte capacidad de supervivencia y de recuperación de adversidades extremas), pero sí ha sido significativamente degradado en su capacidad ofensiva y en su alcance territorial. Eso queda claro al viajar por el VRAE. Lugares que antes sufrieron mucho la violencia senderista, ahora están completamente libres de ella. Sería necio proclamar una victoria que no existe todavía, pero el avance ha sido muy importante.

Aunque hubo antes iniciativas de valor –como lo logrado por la Divinesp, que el general (r) Carlos Morán describió recientemente en IDL-Reporteros, lo cierto es que los logros más importantes contra el SL-VRAE tuvieron lugar durante el gobierno de Ollanta Humala y no en los de sus predecesores. Eso no es casual.

El gobierno de Humala cometió inicialmente varios errores, entre los que destaca nítidamente el caso de Kepashiato, pero apenas asimilado el contrasuelazo tomó algunas decisiones que resultaron determinantes.

Fortaleció, en primer lugar, la posición de Iván Vega, un civil preparado en el tema y con entusiasmo y capacidad de acción, como su representante y coordinador general de operaciones conjuntas entre las fuerzas armadas y la Policía. Vega se concentró en las operaciones contra los llamados “blancos de alto valor” y logró articular a la Policía y las Fuerzas Armadas con una fluidez que no se había dado antes. Su acceso directo al Presidente Humala le permitió destrabar obstáculos y prejuicios, para lograr un inédito nivel de cooperación entre gente de diversos institutos.

Lo mismo ocurrió en el nivel territorial del CE-VRAE –y eso en buena medida por iniciativa del propio Humala– cuando por primera vez se nombró a un Policía (el coronel PNP Arquímedes León) como responsable de inteligencia. El resultado fue bueno y contribuyó, con otros factores, a una gestión militar con menos prejuicios, mayor agilidad intelectual, disposición a experimentar y, en consecuencia, obtener buenos resultados.

La sensación que tuve en el VRAE fue de que los jefes militares avanzan con prudencia a lo que sienten será una victoria no lejana en el tiempo ni en las acciones.

Sus estadísticas parecen demostrarlo. Entre las acciones de todo tipo que realizó SL-VRAE, el 2008 fue el peor año, con más de 200 ataques senderistas contra las fuerzas de seguridad. Luego de una cierta mejoría el 2010 y el 2011, los ataques senderistas se dispararon de nuevo el 2012, con alrededor de 130 acciones. Pero, luego de las muertes de ‘William’, ‘Alipio’ y ‘Gabriel’, hubo un colapso de ataques. En 2015 se registran alrededor de 20 acciones, menos del 10% de las que hubo en 2008.

Claro que cuando uno lee las publicaciones senderistas el cuadro resulta totalmente diferente. Pero, aunque haya referencia a varias acciones concretas, las exageraciones son generalmente grandes y con frecuencia extravagantes.

Lo peor para Sendero es que al sentirse infiltrado, sufrir deserciones y ver a antiguos militantes sirviendo como guías y entrenadores de las fuerzas de seguridad, ha reaccionado con ferocidad y dado muerte a varias personas, reincidiendo así en lo que criticaban tan duramente en el Sendero dirigido por Guzmán.

SL-VRAE, en resumen, está muy golpeado pero no rendido y menos terminado. Y el alivio que necesita pudiera llegarle el próximo año, cuando ocurra una cantidad inusitada de cambios en el ámbito de seguridad.

Iván Vega saldrá de su puesto y es probable que un grupo significativo de sus colaboradores sea cambiado o transferido también, con lo cual la llamada ‘Brigada Lobo’ dejaría de existir. El general César Astudillo deja también el mando del CE-VRAE y, en conjunto, el número de cambios puede ser lo suficientemente grande como para afectar la memoria institucional, la coordinación y continuidad de métodos que han funcionado relativamente bien.

Paralelamente, habrá una transferencia importante de funciones de la Fuerza Armada a la Policía, lo cual sería aconsejable cuando haya dejado de existir una situación de emergencia. Basta ver lo que sucedió en el combate de Virgen Ccasa, la potencia de fuego y la destreza táctica que manejó SL-VRAE ese día para entender que una cosa es progreso y otra conclusión.

La Policía, de otro lado, aunque tiene algunas excelentes unidades especializadas, no tiene por ahora ni el entrenamiento ni el equipamiento necesario, para asumir el control territorial frente a un SL-VRAE diestro en emboscadas y ataques. Cierto que la Fuerza Armada ha ofrecido apoyar a la PNP cuando sea necesario. Pero, ¿cuál es el beneficio de crear la necesidad? En las conversaciones que tuve con el general Astudillo, él remarcó algunas veces que había cosas que la Policía sabía hacer mejor que el Ejército. Y tiene razón. Sin embargo, el control territorial frente a un movimiento insurreccional disminuido pero bien armado y entrenado, no es una de ellas.

Fuente: https://idl-reporteros.pe/golpeado-pero-no-vencido/

Corrupción, independencia judicial y libertad de prensa

Argentina, Venezuela y Ecuador coinciden en una cosa: sus gobiernos han reforzado su poder con impunidad judicial y bloqueando la existencia de voces que los investiguen.

  EZEQUIEL VÁZQUEZ-GER

Pocos días atrás el Tribunal de Enjuiciamiento de Fiscales en la Argentina decidió suspender al fiscal José María Campagnoli, luego de un pedido por parte de la Procuradora General de la Nación. Campagnoli se encontraba investigando uno de los escándalos de corrupción más grandes y documentados de la historia del país. Este abuso del gobierno de Cristina Fernández sobre el poder judicial es sólo uno de múltiples intentos de su gobierno por controlar la justicia del país, y se encuentra en línea con lo que ocurre en otros países vecinos, tales como Venezuela y Ecuador.

Si a las amenazas a la independencia del poder judicial se le suman los permanentes intentos de estos gobiernos para silenciar la prensa libre, llegamos a una conclusión obvia pero muchas veces olvidada: La única manera que estos gobiernos tienen para permanecer en el poder, dejando impunes sus actos de corrupción, es con una prensa silenciada, y una justicia a su disposición.

En Venezuela, Hugo Chávez se aseguró poco a poco de ir eliminando todo medio de comunicación independiente. Primero a través de una alianza implícita con el empresario Gustavo Cisneros, propietario de Venevisión; luego con el cierre de RCTV y de cientos de señales de radio; y más recientemente, a través de la compra de medios por parte de “empresarios” afines al gobierno. Resaltan el caso del banquero Víctor Vargas, principal nombre detrás de la compra del diario Últimas Noticias, o del empresario Raúl Gorrín, nuevo dueño del canal de televisión Globovision.

A nivel judicial, quizás la señal más fuerte del gobierno de Chávez fue el meter presa a la Jueza María Lourdes de Afiuni durante más de 5 años, sencillamente por haber acatado una resolución de Naciones Unidas que pedía por la liberación de un preso político. Hoy el sistema judicial en Venezuela no existe, sino que está al servicio de la corrupción y el crimen organizado.

En Ecuador, Rafael Correa utilizó una estrategia más elaborada. Para acabar con la libertad de prensa, comenzó por expropiar dos de los canales de televisión más importantes del país, pertenecientes a la familia Isaías. Si bien prometió venderlos rápidamente, hoy, 5 años después, los canales no sólo continúan en manos del gobierno sino que constituyen las principales vías de publicidad oficial. Así mismo, la Asamblea nacional controlada en su amplia mayoría por el partido oficialista, aprobó una ley de medios de comunicación que criminaliza a quien opina diferente, obligando a cada periodista a contrastar con el propio gobierno cada pedazo de información, eliminando así el periodismo de investigación.

Correa también se aseguró el control de los jueces. Lo hizo llamando a un referendo constitucional que eliminó al anterior sistema de justicia, reemplazándolo por uno nuevo, el cual es administrado por un consejo de la judicatura que se encarga de la selección y suspensión de jueces. Todos los miembros de este consejo de la judicatura son ex funcionarios de su gobierno. De este modo, Correa utiliza el sistema judicial para perseguir y amenazar a los periodistas que intentan investigarlo o los opositores que se atreven a criticarlo; y también para proteger a sus colegas ante eventuales investigaciones judiciales de corrupción.

En Argentina, el gobierno desarrolló por un lado una estrategia de captación de influencias con la cual se le exigía a empresarios afines a que compren medios de comunicación, a cambio de asegurarse una posición privilegiada a la hora de participar en diferentes licitaciones del Estado, o alternativamente, para evitar visitas “espontáneas” de la agencia recaudadora de impuestos. Ejemplos son el caso del empresario Kirchnerista Cristóbal López, quién hace no mucho tiempo compro el canal de noticias C5N; o el Grupo Vila-Manzano, hoy totalmente dedicado al proselitismo “K”.

 Por otra parte, se aprobó en 2009 una ley de medios diseñada exclusivamente para desintegrar al principal grupo de medios del país, Grupo Clarín. Luego de varios años de pelea, la Corte Suprema, a través de una sentencia polémica acabó por declarar constitucional esta ley. Pero lo que agravó la situación fue que dicha sentencia fue anunciada solo dos días después de las últimas elecciones legislativas en las cuales el gobierno había perdido abruptamente. Ninguna corte independiente se hubiese prestado a tal manipulación.

 
La relación corrupción-justicia-medios también se hizo evidente en el país durante la investigación de grandes casos de corrupción. Durante el último año, la poca prensa independiente que queda en la Argentina logró documentar, quizás como nunca antes, hechos de corrupción como el que involucra al actual Vicepresidente Amado Boudou, o al contratista de obra pública amigo de la familia Kirchner, Lázaro Báez. Si bien la evidencia de estos casos es abrumadora, los mismos se encuentran paralizados en la justicia, este último en manos de un polémico juez de nombre Sebastián Cassanello. Como se dijo anteriormente, el gobierno también se encargó de suspender al fiscal que llevaba adelante la investigación.

 Para que la corrupción sea efectiva, el funcionario electo necesita tres cosas: continuidad en el poder, impunidad judicial, y la inexistencia de voces que lo investiguen. Son estos justamente los pilares sobre los cuales se basa la destrucción de la democracia en estos países.

@Ezequielvazquez | www.ezequielvazquez.com

  Tomado de:

 http://elpais.com/elpais/2013/12/16/opinion/1387211369_233521.html#!

Familiares de detenidos en “Operativo Eclipse 2010” presentan denuncia penal contra el ex presidente Alan García.

De la marcha por la Dignidad y la Justicia a la denuncia penal contra los responsables de haber cometido presuntos ilícitos en un operativo irregular y plagado de vicios, según aseguran en el documento de diez páginas. Foto cortesía.

 

Familiares de los detenidos y presos en diversas cárceles a consecuencia del Operativo Eclipse 2010 presentaron ante la fiscalía de Aucayacu una demanda penal por presunta violación de los derechos humanos y otros ilícitos.

Sustentan la denuncia en el Art. 2° Inc. 20 y 23° Art. 159º inciso 5 de la Constitución Política del Estado y Arts. 11°, 92° Inc. 2 y 113° del Decreto Legislativo N° 52 -Ley Orgánica del Ministerio Público; y Art. 317, 376,377,418,422 y 430 del Código Penal vigente. Se formuló denuncia penal contra el ex Presidente de la República Ciudadano Alan García Pérez; el ex Ministro del Interior Helmer Miguel Hidalgo  Medina, contra el ex Director de la DINANDRO General PNP Carlos Moran Soto, también en contra del Dr. Marco Guzmán Baca Fiscal Provincial de la Cuarta Fiscalía Supra provincial Penal de Lima y al Juez del Tercer Juzgado Penal Supraprovincial Manuel Loyola Florian, y al Jueza Yesica León Yarango.

Por haber presuntamente incurrido en los delitos de  Abuso de Autoridad, Prevaricato,  Omisión de Actos Funcionales, Asociación Ilícito para Delinquir y otros, en agravio de los familiares del denunciante y del Estado Peruano;  graves Delitos  incurridos   durante la Operación ¨Eclipse 2010¨, que se viene tramitando en el Expediente Nº 375-2010, ante el Tercer Juzgado Supraprovincial Penal de Lima, señalan que como consecuencia de estas irregulares detenciones se ocasionó la muerte del ex alcalde del distrito de Monzón Iburcio Morales Baltazar.

Alegan que para las detenciones y el encarcelamiento se utilizaron como único medio Probatorio la versión de delincuentes sentenciados, quienes por buscar su libertad se acogieron a la ley Nº 27378  Ley que establece beneficios por colaboración eficaz en el ámbito de la criminalidad organizada. “Muchos de estos testigos claves han caído en contradicciones y no conocen a la gran mayoría de las personas que sindican.”

Solicitan al Fiscal que  después de las investigaciones preliminares se Formalice la Denuncia Penal contra los arriba indicados. En los fundamentos de la denuncia manifiestan:

“Señor Fiscal, el atropello contra nuestra Libertad  se inicia, el 26 de Noviembre del 2010, cuando de manera injusta, arbitraria e ilegal,  nuestros familiares fueron detenidos en el interior de sus respectivos domicilios; en circunstancias que nos encontrábamos durmiendo, sin razón ni motivo alguno…

 

Dicha detención ilegal fue realizada por agentes de la Dirección Antidrogas, apoyadas por el destacamento del Frente Policial Huallaga, según medios informativos, nunca han sido previamente notificados ya que muchos de los detenidos son personas públicas como: Alcaldes en ejercicio de sus funciones, Autoridades Locales como Agentes Municipales, Tenientes Gobernadores, Presidentes de organizaciones Agropecuarios, Políticos, Empresarios, comerciantes, amas de casa y humildes agricultores, que contaban con domicilio fijo, trabajo seguro sin existir ningún riesgo de fuga ni de exiliarse en otro país.”

Agregan que, “nunca les dijeron el porqué de su detención, ya que a muchos no les mostraron ninguna orden que así lo estableciera, y mucho menos se encontraban en la comisión de algún fragante delito, por el contrario fueron secuestrados de sus domicilios como es el caso del Fallecido Iburcio Morales Baltazar entre otras personas, lo que conlleva a que dicho detención fue arbitraria…

Tanto así, que al llegar a la ciudad de Tingo María recién los efectivos intervinientes les dijeron que son policías (pues para variar todos las personas que intervinieron estaban vestidas de civil y se desplazaban en vehículos particulares), que la orden estaba dada desde Lima firmado por la Jueza Yesica León Yarango, a quien después de manera sospechosa lo relevaron del caso por el actual Juez Manuel Loyola Florian. Posteriormente fueron trasladados a la Ciudad de Lima, donde se encuentraban detenidos en las Instalaciones de la DINANDRO – PNP, siendo luego trasladados al Establecimiento Penitenciario Miguel Castro Castro, a Santa Mónica en Chorrillos y otros a Piedras Gordas en Ancon.”

En el amplio alegato se asegura que, “los denunciados aprovechando sus atribuciones y facultades han cometido una Asociación Ilícita creando delitos inexistentes, para luego efectuar operativos arbitrarios como el presente,  sin ningún motivo ni explicación alguna, imponiendo de manera tendenciosa a Colaboradores eficaces y testigos claves, habiéndose evidenciado a lo largo de la investigación que muchos de ellos se han retractado y se han contradicho al haber presentado en el expediente Nº 375-2010 Declaraciones juradas en las que desmienten haber firmado y declarado en contra de los detenidos, asegurando que los mismos, han sido fabricados con la única finalidad de perjudicarlos e involucrarlos en un delito muy grave como es el Terrorismo, ya que la mayoría de nuestros familiares se dedican a la agricultura, y las otras personas son ex dirigentes agropecuarios que nunca han tenido relación con ningún grupo criminal (sendero luminoso, MRTA), de ninguna índole…

Es así, que todas las diligencias se han llevado a cabo con irregularidad, habiéndose todo ello materializado en  la elaboración del atestado policial N-12-DIRANDRO-PNP-DIVINESP, el mismo que es completamente errado todos los hechos que allí contiene, se muestra claramente que muchos de las imputaciones han sido fabricados.”

“Los denunciados con su actuar errado y concertado de acuerdo a las evidencias del caso, no  solo han denunciado falsamente, sino que han fabricado pruebas contra los suscritos siendo personas inocentes, por lo se ha cometido un agravio en contra de nuestros familiares, ya que se ha vulnerado principios Constitucionales y Supranacionales. “

 “Cabe mencionar que este hecho de gravísima violación de los Derechos Humanos actualmente viene siendo revisado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde se denunció la existencia no solamente de este operativo sino de muchos operativos más que el Ministerio del Interior y de Defensa viene desarrollando en varias regiones del país, recientemente ha quedado demostrado con el EXP: 448-2008-O-JR del operativo Huracán desarrollado en el Alto Huallaga, donde después de la irregular detención a humildes pobladores, autoridades y otras personalidades a quienes se les acuso falsamente de terroristas con testigos claves bajo la misma modalidad del operativo Eclipse, fueron absueltos por la sala y liberados después de 06 años de prisión.” Indican.

Finalizan la demanda con un pedido, “A Ud. Señor Fiscal Penal, ante la claridad de los hechos y de la prueba documental, solicitamos se efectúe la correspondiente denuncia Penal, dispensando en esta oportunidad de cualquier investigación previa, con la finalidad de que judicialmente se tome de inmediato las medidas pertinentes, en resguardo de nuestros intereses.

 

La denuncia penal fue suscrita por el abogado Luis Carlos Simeón Hurtado y el Ingeniero Hugo Cabrera Ruíz  asesor principal de la Asociación de Familiares de los detenidos y procesados en el Operativo Eclipse.

HRW: Colombia tiene que reformar el “Marco Jurídico para la Paz”

ELMERCURIODIGITAL 1.6.12

Este viernes 1 de junio de 2012, el senador colombiano Roy Barreras se reune en Washington D.C. con José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. El encuentro fue solicitado por el Senador Barreras con la finalidad de discutir sobre el “Marco Jurídico para la Paz”, un proyecto de enmienda constitucional del cual es ponente en el Senado. Human Rights Watch considera que la reunión es una oportunidad positiva para proponer una serie de reformas clave al proyecto de acto legislativo, que permitirían a Colombia promover iniciativas de paz sin vulnerar los derechos fundamentales de las víctimas de crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad.

Human Rights Watch repudia enérgicamente las devastadoras consecuencias que el conflicto armado colombiano ha tenido para la población civil. Durante casi cinco décadas de conflicto, se han cometido miles de homicidios, desapariciones forzadas, torturas, secuestros y violaciones sexuales, y varios millones de colombianos han sido desplazados forzosamente. Apoyamos plenamente los esfuerzos destinados a concluir este nefasto capítulo de la historia colombiana. Sin embargo, las iniciativas de paz no deberían implicar una renuncia a la búsqueda de justicia. Lamentablemente, si se mantiene su redacción actual, ese sería justamente el efecto del Marco Jurídico para la Paz. De hecho, en vez de subsanar los graves defectos de la propuesta, la versión más reciente del proyecto de acto legislativo podría llegar a ampliar el alcance de la impunidad ofrecida por la enmienda al interpretarse que extiende sus beneficios a ex funcionarios del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS)[1].

La enmienda conculcaría una de las garantías básicas consagradas por el derecho internacional: el acceso a un recurso judicial en casos en que se vulneren derechos fundamentales[2]. De acuerdo con el proyecto, el juzgamiento de atrocidades se limitaría a casos que puedan atribuirse a un grupo reducido de guerrilleros, paramilitares y militares que sean considerados los “máximos responsables”. Las autoridades judiciales renunciarían a la investigación y persecución penal de todos los demás casos de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra en los cuales no pueda establecerse un vínculo con los “máximos responsables”[3]. La exclusión de estos casos implicaría negar a las víctimas su derecho fundamental de acceso a la justicia. En vez de ello, la Constitución de Colombia les daría la posibilidad de ser incluidos en un informe elaborado por una comisión de la verdad.

Incluso los “máximos responsables” que sean condenados por delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra como resultado de la reforma podrían beneficiarse con la suspensión de la ejecución de las penas que les sean impuestas[4]. Por consiguiente, los “máximos responsables” que sean condenados por participar en los más graves delitos ocurridos en Colombia podrían evitar pasar ni un sólo día en prisión, y de este modo los escasos juicios penales que se lleven a cabo se convertirían en una mera parodia de justicia. Exonerar a los “máximos responsables” de sus penas equivaldría a sustraer a estas personas de su responsabilidad penal y, con esta medida, Colombia estaría indicando que no existe una voluntad genuina de que sean juzgados. Como resultado, Colombia se expondría a ser investigada por la Corte Penal Internacional[5].

A pesar de las modificaciones incorporadas en la versión más reciente del proyecto legislativo, la reforma continúa contemplando la posibilidad de la renuncia a la persecución penal y la suspensión de la pena para militares responsables de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra [6]. Estos beneficios constituyen una concesión innecesaria e irrazonable a favor de quienes cometieron crímenes aberrantes.

Un aspecto que resulta incluso más preocupante es que uno de los cambios incorporados a la versión más reciente del proyecto de acto legislativo podría llegar a ampliar el espectro de beneficiarios de la reforma y permitir que se incluya a ex funcionarios del DAS. Si bien la versión anterior del proyecto contemplaba la renuncia a la persecución penal y la suspensión de la ejecución de penas “para cada una de las distintas partes que hayan participado en las hostilidades”, la reforma actualmente autoriza la concesión de estos mismos beneficios “para los distintos grupos armados al margen de la ley y para los agentes del Estado” (énfasis agregado). La diferencia crucial es que mientras la versión anterior habría limitado los beneficios a los agentes del Estado que participan en el conflicto —policías y militares— la nueva redacción parece contemplar a todos los agentes del Estado, lo cual podría permitir a los ex funcionarios del DAS recibir los beneficios de la ley. Por consiguiente, la enmienda podría abrir la puerta a que el Congreso disponga la excarcelación del ex director del DAS, Jorge Noguera, quien fue condenado en 2011 por haber puesto este organismo al servicio de grupos paramilitares, incluyendo para asesinar a un activista social. El Congreso también podría excluir de la posibilidad de investigación y juzgamiento a la gran mayoría de ex funcionarios del DAS responsables de la vigilancia ilegal de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, defensores de derechos humanos, periodistas y sindicalistas.

La última versión del proyecto de acto legislativo también incorpora un cambio positivo, aunque insuficiente. Concretamente, el proyecto dispone ahora que la reglamentación de la reforma se efectuará a través de una “ley estatutaria”. Las leyes estatutarias requieren el examen previo de la Corte Constitucional de Colombia, que a través de sus resoluciones ha tradicionalmente protegido los derechos de las víctimas. No obstante, existe una incertidumbre total sobre cuál sería el pronunciamiento de la Corte en este caso, especialmente considerando que adoptará su determinación sobre la base de una interpretación de una Constitución que ha sido modificada por el Marco Jurídico para la Paz y, por ende, contempla menos garantías para los derechos de las víctimas. En todo caso, sí se sabe que la manera más efectiva de reconocer los derechos de las víctimas es asegurar que la reforma constitucional que autoriza estas leyes sea consistente con el derecho internacional de los derechos humanos.

Los promotores del Marco Jurídico para la Paz han invocado las falencias de la Ley de Justicia y Paz para justificar la reforma. Al hacerlo, han creado un falso dilema. Es cierto que la Ley de Justicia y Paz en general no ha conseguido que se obtenga justicia por las atrocidades cometidas por paramilitares. Sin embargo, las opciones con que cuenta Colombia no incluyen solamente la Ley de Justicia y Paz o el Marco Jurídico para la Paz. Colombia podría priorizar el juzgamiento de casos relacionados con los crímenes más graves y sus máximos responsables, y conceder reducciones sustanciales de las penas a quienes cumplan con ciertos requisitos.

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, instamos al Senado a reformar el proyecto de enmienda constitucional para asegurar que: 1) las víctimas de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra tengan acceso a un recurso judicial efectivo; 2) los “máximos responsables” de atrocidades, tras ser condenados por la justicia, reciban penas acordes con la gravedad de los delitos; y 3) la reforma no prevea el beneficio de la renuncia a la persecución penal y la suspensión de la ejecución de penas para agentes del Estado, incluidos militares.

[1]Informe de ponencia para primer debate en Senado (segunda vuelta) al proyecto de acto legislativo N.° 14 de 2011 Senado – 094 de 2011 Cámara, 30 de mayo de 2012.

[2]Ver, por ejemplo, Convención Americana sobre Derechos Humanos (“Pacto de San José de Costa Rica”), adoptada el 22 de noviembre de 1969, Serie de Tratados de la OEA N.° 36, 1144 U.N.T.S. 123, en vigor desde el 18 de julio de 1978, reimpresa en los Documentos Básicos en Materia de Derechos Humanos en el Sistema Interamericano, OEA/Ser.L.V/II.82 doc.6 rev.1 en 25 (1992), art. 25; Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), adoptada el 10 de diciembre de 1948, Res. Asamblea General 217A(III), Doc. de la ONU. A/810 en 71 (1948), art. 8.

[3]La reforma dispone que el Congreso, por iniciativa del gobierno, podrá “mediante ley estatutaria determinar criterios de selección que permitan centrar los esfuerzos en la investigación penal de los máximos responsables de delitos que adquieran la connotación de crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, o genocidio... y autorizar la renuncia condicionada a la persecución judicial penal de todos los casos no seleccionados” (énfasis agregado). La versión más reciente del proyecto presentada para el séptimo debate legislativo dispone que las condiciones incluirían “la dejación de las armas y la contribución al esclarecimiento de la verdad y a la reparación integral de las víctimas”.

[4]El proyecto de ley dispone que el Congreso “podrá mediante ley estatutaria... establecer los casos en los que procedería la suspensión de la ejecución de la pena”. El proyecto no prevé restricciones respecto de quiénes se pueden beneficiar con la suspensión de la pena.

[5]El artículo 17(a) del Estatuto de Roma dispone que la Corte resolverá la inadmisibilidad de un caso cuando “[e]l asunto sea objeto de una investigación o enjuiciamiento en el Estado que tiene jurisdicción sobre él, salvo que éste no esté dispuesto a llevar a cabo la investigación o el enjuiciamiento o no pueda realmente hacerlo” (énfasis agregado).

[6]La última versión del proyecto presentada para el séptimo debate legislativo contiene una disposición que establece que “En desarrollo de la finalidad de los instrumentos de justicia transicional, en el caso de los agentes del Estado, las herramientas a las que se refiere el presente artículo podrán ser diseñadas de manera específica para que sean aplicadas, a la terminación del conflicto armado, a quienes hayan infringido las normas penales”.

Tomado de:
http://www.elmercuriodigital.net/2012/06/hrw-colombia-tiene-que-reformar-el.html

A 30 años de la guerra de Malvinas

La ceremonia presidida por Cristina Fernández de Kirchner será al mediodía en Ushuaia. Habrá otro acto en el cenotafio de plaza San Martín y homenajes a los caídos en todo el país. También se realizará una marcha a la embajada británica.

Ushuaia será mañana escenario del acto central por Malvinas, encabezado por la Presidenta.

El Día del Veterano de Guerra y los Caídos en Malvinas se conmemorará mañana en distintos puntos del país. El acto central, a 30 años del inicio del conflicto bélico, será en Ushuaia, donde asistirá la presidenta Cristina Fernández, y también habrá una ceremonia en el cenotafio del barrio de Retiro, en la ciudad de Buenos Aires. Los partidos de izquierda marcharán mañana a la tarde hacia la Embajada de Gran Bretaña. El grupo Jóvenes Latinoamericanos por la Soberanía de Malvinas, conformado por hijos de ex combatientes y jóvenes platenses, comenzará esta noche una vigilia en la plaza Moreno de La Plata. El ex combatiente Eduardo Grau, guardavidas de 49 años, nadará hoy desde la isla Paulino hasta el balneario La Balandra, en Berisso, para homenajear a sus compañeros caídos en 1982. Ayer, la Universidad Nacional de Tres de Febrero y la fundación Taeda inauguraron en el Palais de Glace la muestra audiovisual Malvinas, arte, documento, historia, memoria y actualidad, en tanto alumnos y docentes de la Escuela 78 Melchor Romero de La Plata bautizaron su biblioteca con el nombre del ex combatiente José Luciano Romero, que superó en la votación a los escritores Leopoldo Lugones y Jorge Luis Borges.

La Presidenta encabezará a partir del mediodía de mañana la ceremonia en la plaza Islas Malvinas de Ushuaia, donde se encuentra el Monumento a los Caídos en la guerra. CFK estará acompañada por varios ministros de su gabinete y por la gobernadora fueguina, Fabiana Ríos. El acto en plaza San Martín, encabezado por autoridades militares, comenzará a las 11.30 frente al cenotafio con los nombres de los 649 soldados que murieron durante la guerra. También habrá actos en todas las guarniciones militares del país.

Dirigentes y militantes de Proyecto Sur, de los partidos Del Pueblo y Comunista Revolucionario se concentrarán mañana desde las 14.30 en Santa Fe y Pueyrredón para marchar luego hacia la Embajada de Gran Bretaña. Los adherentes al partido de Pino Solanas convocaron a la manifestación para reclamar la “soberanía irrestricta de la Argentina sobre las Malvinas”. El Partido del Pueblo y el PCR anunciaron que “se prepara una gran marcha nacional unitaria hacia la embajada inglesa” y que con la movilización buscarán “ratificar nuestros derechos” sobre las islas y “reivindicar el heroísmo de los veteranos, que sin armas, como los civiles movilizados, o con las armas en la mano, como soldados, suboficiales y oficiales, enfrentaron al enemigo imperialista”.

El grupo Jóvenes Latinoamericanos por la Soberanía de Malvinas comenzará su vigilia hoy a las 21 en plaza Moreno, donde se realizarán actividades artísticas y una radio abierta para recibir el 2 de abril. La actividad se extenderá hasta mañana a la mañana, cuando los hijos de los ex combatientes participarán del acto central del Centro de Ex Combatientes de Malvinas (Cecim) de La Plata, que se realizará a las 10.30 en la plaza Islas Malvinas, en 19 y 51. La vigilia tiene por objetivo “reflexionar que para nosotros Malvinas no es solamente la guerra, sino que tiene que ver con el presente y el futuro y con el uso de recursos naturales”, explicó Laurentina Alonso, hija de Ernesto Alonso, secretario del Cecim La Plata.

El ex combatiente Eduardo Grau, que integra el flamante Sindicato de Guardavidas de Buenos Aires, anunció que realizará hoy un cruce a nado desde la isla Paulino hasta un balneario de Berisso. “Es una manera de homenajear a mis compañeros caídos en las islas Malvinas, a quienes jamás voy a olvidar”, explicó el ex combatiente. Se estima que Grau tardará nueve horas en realizar el trayecto de 19 kilómetros a río abierto. Héctor Quiroga, secretario general del sindicato, explicó que “es una forma de rendirle un homenaje (a los caídos) desde la clase trabajadora” y agregó que “estamos orgullosos de considerarnos trabajadores comprometidos con una causa tan noble como es el tema de las islas Malvinas”.

Tomado de:
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-190884-2012-04-01.html

Cayó Artemio, presidente Humala lo confirma, pero la novela continúa.

Presidente Humala, entre sorprendido y eufórico anuncia al país la captura del camarada Artemio, que luego sería internado en el hospital de la policía por tener el brazo izquierdo muy afectado y algunas heridas en le flanco izquierdo. Foto captura tv.

Fueron 80 horas de especulaciones sobre la suerte del camarada Artemio, luego que un elemento de su entorno muy cercano le dispara y lo dejara gravemente herido, en las cercanías del pueblo Santa Rosa de Mishollo, específicamente el caserío Las Palmas, en el valle del Mishollo Centro Poblado Pizana en el distrito La Polvora, provincia de Tocache.

El grupo de senderistas que logró hacerlo escapar después de ser atendido en el puesto de salud de Santa Rosa de Mishollo, llegó hasta el poblado Loboyacu cerca a Cachiyacu donde fue capturado por el grupo especializado GOES de la PNP, antes se había difundido la versión que había sido capturado por efectivos del ejército peruano.

Loboyacu se encuentra a 15 kilómetros al sur del río Mishollo, hecho que deja en ridículo a quienes recogiendo datos de pésima fuente manifestaron que Artemio estaba muerto y su cadáver fue encontrado a orillas del río Mishollo. Más aún a quienes afirmaron que Artemio no pudo escapar y que se encontraba cerca al río Mishollo que había logrado cruzar. Ahora se puede precisar que Artemio y su gente no huyeron por el río Mishollo, sino que pudieron hacerlo en camioneta hasta cerca a Cachiyacu.

Una vez capturado fue llevado a la Base antinarcóticos de Santa Lucía, donde minutos después llegó el presidente Ollanta Humala, quien en improvisada conferencia de prensa expresó su euforia por lo que era un triunfo de su gobierno mediante las fuerzas de seguridad PNP y EP, que en forma conjunta combaten al terrorismo y narcotráfico en el Alto Huallaga.

Desde la Base militar de Santa Lucía, en Uchiza, Tocache, el presidente Ollanta Humala anunció, que tras la captura del líder senderista ‘camarada Artemio’ sería trasladado a Lima, para que sea procesado por la Justicia, media hora después el avión Antonov partió con destino a Lima donde llegó a las 4.30 pm, mientras que el presidente Humala y los ministros del Interior y Defensa se dirigieron a Tarapoto donde se encontraba el avión presidencial para enrumbar a Lima. A las 4.43 fue subido a la ambulancia, aquí repitió el gesto de levantar la mano derecha, pero en esta oportunidad lo tenía cubierta con un vendaje blanco.

El presidente mostró el armas, la indumentaria y algunos equipos de comunicación que se dijo fueron incautados durante la persecución y no en enfrentamiento, por que definitivamente no hubo enfrentamiento alguno entre las fuerzas senderistas y la policía nacional, en el lugar donde fue herido, tampoco posteriormente. Luego aseguró que la lucha antiterrorista y contra el narcotráfico no cesará y que de aquí en adelante se abocaran a la captura de los integrantes de Sendero Luminoso en el valle de los ríos Apurímac y Ene (VRAE).

“Hemos derrotado a los delincuentes terroristas en el alto Huallaga capturando con vida al terrorista ‘Artemio’, que en estos momentos se encuentra recibiendo tratamiento médico en la enfermería de esta base”, indicó.

“Hoy día podemos anunciar al país que ha ganado el Perú y hoy día podemos señalar de que los delincuentes terroristas en el alto Huallaga han sido derrotados y tenemos que entrar a un proceso de pacificación”, indicó.

El periodista Moisés Cotrina de Uchiza presente en la base Santa Lucía nos refirió que cuando el camarada Artemio era llevado en una camilla al avión, los periodistas le llamaron por su nombre de combate y este levantando ligeramente la cabeza, levantó el brazo derecho con el puño cerrado, gesto que evidenciaba que no estaba moribundo como especularon algunas personas en declaraciones oportunistas para los medios de comunicación, por lo general desinformados.

La vida del camarada ‘Artemio’, junto con su paradero fue durante muchos años, un misterio difícil de descubrir. Poco a poco fuerzas militares, policiales y el periodismo revelaron detalles del líder senderista.

Según algunas versiones que no fueron confirmadas ni negadas por Florindo Eleuterio Flores Hala este era norteño, se conoce que Flores estudió primaria y secundaria en colegios de Camaná, Arequipa y decidió abandonar sus estudios muy joven.

Tal como se consigna en el libro ¨La Guerra Oculta en el Huallaga, Monzón y Aguaytía¨, Artemio llegó al Huallaga en 1982 cuando este era valle el mayor productor de coca y cocaína de todo el Perú. Se estima que pudo tener 25 años cuando integró el nuevo bastión de Sendero Luminoso y lo lideró hasta ayer.

En un momento le tocó enfrentar a grupos fuertes de narcotraficantes de la zona que desafiaron su poder y, con el grupo subversivo Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, a los que derrotó. En agosto de 1989, su rostro quedó registrado en el recordado video donde Guzmán aparece bailando Zorba El Griego como dirigente del Huallaga.

El camarada ‘Artemio’ operó durante 30 años en el Huallaga y 25 de ellos como máximo líder. Según la Dircote, Artemio sería el responsable de centenares de acciones terroristas y miles de muertes, entre policías, militares y civiles. En estas tres décadas, sus objetivos fueron comisarías, bases militares e instituciones públicas diversas.

El mapa de la pobreza en América Latina

CASI LA MITAD DE LOS NIÑOS DE AMERICA LATINA SON POBRES

La Cepal y la Unicef darán a conocer hoy un informe que refleja la situación de la pobreza infantil en la región. La Argentina ocupa la cuarta mejor posición en el ranking.

La medición toma en cuenta el acceso a la vivienda, a la salud, a la educación y a la alimentación.
Imagen: Rafael Yohai

Por Sebastián Premici

La pobreza infantil en América latina alcanza al 45 por ciento del total de menores que viven en la región. Esto quiere decir que existen 80,9 millones de menores que tienen una o varias necesidades básicas insatisfechas. Así lo determinó un informe elaborado conjuntamente por la Comisión Económica para América latina y el Caribe (Cepal) y Unicef, que será presentado hoy en el marco de los Diálogos de Protección Social. La investigación utilizó una metodología de medición que apunta no sólo a los niveles de ingresos de las poblaciones más vulnerables, sino que contempla un conjunto de derechos establecidos por la Convención Internacional del Niño, como el acceso a la vivienda, la educación, el agua potable y la alimentación. De los 18 países de la región, la Argentina ocupa el cuarto lugar en cuanto a la calidad de vida de los niños pobres, detrás de Costa Rica, Chile y Uruguay. Más abajo aparecen Venezuela, Brasil, México, Perú y Colombia, entre otros.

Unicef estableció en 2005 una definición de la pobreza: “Los niños y niñas pobres son los que sufren una privación de los recursos materiales, espirituales y emocionales necesarios para sobrevivir, desarrollarse y prosperar”. Esta aproximación pretende generar una metodología diferente para medir las situaciones de vulnerabilidad en la región.

“La pobreza no es sólo una cuestión de ingresos, hay múltiples factores que definen a una persona en estas circunstancias. La idea de crear una nueva metodología de medición apunta a identificar las distintas áreas de acción para que los Estados puedan hacer políticas públicas”, explicó a Página/12 María Nieves Rico, experta de la División de Desarrollo Social de la Cepal.

La investigadora será una de las especialistas que presentará hoy el informe en el auditorio de la Universidad de San Andrés, junto al Cippec y la Fundación Tzedaká.

El informe titulado “Pobreza infantil en América latina y el Caribe”, toma los datos de los institutos de estadísticas de cada uno de los países. En el caso de la Argentina, se recogieron de la Encuesta Permanente de Hogares que elabora el Indec. La pobreza infantil en el país se ubica en el 28,7 por ciento. El mejor rankeado es Costa Rica (20,5), seguido por Chile (23,2) y Uruguay (23,9).

En contraposición, los países con mayor pobreza infantil son El Salvador (86,8), Guatemala (79,7), Bolivia (77,2) y Perú (73,4), entre otros. Brasil, una de las potencias económicas de la región, tiene una pobreza infantil del 38,8 por ciento.

La investigación de la Cepal y Unicef determinó que el 53 por ciento de los 80,9 millones de niños pobres se ve perjudicado por una sola privación moderada o severa y sólo uno de cada cinco niños en esta situación se ve privado en tres o más dimensiones. “Esto sugiere que es posible reducir de manera sustancial la pobreza infantil con acciones que si bien no necesariamente serán de bajo costo, pueden localizarse en un área específica de intervención”, señala la investigación.

Por ejemplo, en el caso de la Argentina, el indicador de mayor peso en los niveles de pobreza es el de vivienda (24,8). Luego le siguen saneamiento (3,7), educación (2,7) y agua potable (2,6). Estos son datos de 2006, la fecha de corte utilizada para realizar el informe. Sin embargo, tanto desde la Cepal como la Unicef aseguraron que la pobreza siguió bajando. Según indicó a este diario la investigadora Rico, para 2009 la pobreza infantil en la Argentina había descendido de 28,7 a 25,7 por ciento. El resto de los indicadores también tuvieron una mejoría: saneamiento (2,3), agua (1,6) y vivienda (21,7). El único indicador que sufrió un agravamiento fue educación (3,2). Estos datos no aparecen publicados en el informe.

“Lo que podemos notar en el caso argentino es el peso que tiene el acceso a la vivienda y el hacinamiento en la definición de la pobreza infantil. Por eso queremos elaborar una guía metodológica para que los gobiernos puedan adoptarla y tener un enfoque más global para encarar esta problemática”, agregó la experta de la Cepal.

En el caso de Brasil, la composición de la pobreza infantil es diferente. En 2007 se ubicó en un 38,8 por ciento, mientras que en 2009 fue de 38,7. El indicador de mayor peso en la medición de la pobreza tiene que ver con el saneamiento (34,7), le siguen las dificultades con el agua (8,6) y la vivienda (2,7).

“La información analizada permite identificar áreas de política pública en las que es necesario actuar con decisión y de manera urgente e integral”, explica el informe.

spremici@pagina12.com.ar

Tomado de:
http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-181014-2011-11-11.html

Torturadores de la escuela del horror

El tribunal ha dictado prisión perpetua para 12 represores de la dictadura argentina

Otros cuatro represores han sido condenados a penas de hasta 25 años

El País / EFE Madrid / Buenos Aires 27 OCT 2011 - 13:06 CET2

Más de 200 testigos han declarado en el primer juicio de la megacausa por delitos de lesa humanidad cometidos en la antigua Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), el mayor centro clandestino de detención de la dictadura argentina (1976-1983).

En este primer tramo se ha juzgado a 18 represores acusados, entre otros delitos, de los asesinatos de Esther Ballestrino de Careaga, Azucena Villaflor y María Ponce, fundadoras de Madres de Plaza de Mayo, y de las monjas francesas Alice Domon y Leonie Duquet, del llamado grupo de la Iglesia de Santa Cruz de Buenos Aires donde se reunían familiares de desaparecidos. También se juzga el asesinato del periodista y escritor Rodolfo Walsh.

El tribunal ha dictado prisión perpetua para:

Alfredo Ignacio Astiz
Excapitán de la Armada y agente de inteligencia, conocido como el Ángel Rubio o el Ángel de la muerte. Se infiltró en Madres de Plaza de Mayo. Formó parte del Grupo de Tareas de la ESMA. En 1990 fue condenado en ausencia a cadena perpetua en Francia por el asesinado de dos monjas francesas. De regreso a Argentina, Astiz se mantuvo en libertad hasta 2006 en que fue procesado, inicialmente, por el caso de las monjas francesas. Durante el juicio ante el Tribunal Oral número cinco, Alfredo Astiz, que cumplirá 60 años este mes, entregó una copia de la Constitución argentina a los tres jueces que presiden la sala y reclamó ser tratado como “un perseguido político”. Astiz proclamó: “Yo cumplí y cumplo la Constitución. He dado al combate lo mejor que pude”. En unas declaraciones recogidas en su día por una periodista argentina, el marino afirmó: “Lo digo siempre: soy un bruto pero tuve un solo acto de lucidez en mi vida. Meterme en la Armada”.

Jorge Eduardo Acosta

Alias El Tigre, excapitán de fragata de la armada argentina. Fue jefe de Inteligencia y jefe del Grupo de Tareas de la ESMA. Nació el 27 de mayo de 1941. Le imputaron 82 delitos, entre ellos el secuestro y la desaparición de la familia Tarnopolsky, las torturas y el probable homicidio de Nilda Noemí Actis Goretta, Lisandro Cubas, Carlos Alberto García y Ricardo Coquet, entre otros detenidos todavía desaparecidos. Responsable de los secuestros del primer grupo de madres que reclamaban por sus hijos desaparecidos en la iglesia de la Santa Cruz en diciembre de 1977 y de las monjas francesas Alice Domont y Leonie Duquet. Miembro del Centro de Informaciones sobre la Represión, en 1981 viajó a Suráfrica como asesor en lucha contrainsurgente. Beneficiado por la Ley de Obediencia Debida, fue detenido nuevamente y permanece en arresto preventivo por su participación en el robo de niños nacidos en cautiverio.

Ricardo Miguel Cavallo

Alias Serpico, Marcelo o Miguel Ángel. Excapitán de corbeta. Detenido en agosto de 2000 en México por orden del juez español Baltasar Garzón. Fue extraditado a España en 2003, donde cumplió prisión en Alcalá-Meco a la espera de su juicio. Finalmente, fue entregado a la justicia argentina en marzo de 2008. Se le considera parte de la maquinaria de exterminio de la dictadura argentina. La fiscalía española le pedía hasta 17.000 años por crímenes de lesa humanidad.

Antonio Pernías.

Apodado la Rata. Excapitán de fragata. En agosto de 2010, durante su declaración en la megacausa, admitió la existencia de los vuelos de la muerte durante la dictadura. Oficial de Inteligencia del Grupo de Tareas 33/2 de la ESMA. Torturó, entre otros, a Carlos García, Graciela Daleo, Ricardo Coquet y María Milia de Pirles. Fue responsable de la desaparición y la tortura de las monjas francesas y de los familiares de desaparecidos secuestrados en la iglesia de Santa Cruz. Participó en los homicidios de los curas palotinos Pedro Duffau, Salvador Barbeito, Alfredo P. Kelly, Alfredo Leaden, y José Barbeti. La Ley de Obediencia Debida le amparó cuando se encontraba ya en prisión preventiva rigurosa, acusado de haber cometido 22 delitos."En la ESMA, en particular, se aplica la tortura de los dardos, consistente en la utilización de dardos envenenados para caza mayor. Este tipo de tortura lo diseña Antonio Pernías, que pretende usarlo con los detenidos y para los secuestros. Experimenta con aquéllos aplicándoles distintas dosis, para determinar la adecuada que los paralice durante una hora", señalaba uno de los testimonios recogidos en el auto de procesamiento del juez Garzón.

Julio César Coronel

Mayor del Ejército de Tierra, alias Maco. Oficial de Operaciones. Participó en los secuestros de Lidia Vieyra, Rodolfo Walsh, Remo Berardo y en la tortura a las monjas francesas. Es el encargado de la falsificación de documentos en la ESMA. "Los prisioneros son seleccionados por un grupo de oficiales integrado por el director de la ESMA, el jefe del Grupo de Tareas, los jefes de Inteligencia, Operaciones y Logística y algunos otros oficiales. Éstos confeccionan la lista de quienes son incluidos en el traslado semanal. El día señalado, los pedros [aquellos que poseían las llaves de las celdas] llaman por su número a los elegidos, los sacan de las cuchas [celdas] en las que se encuentran recluidos y los verdes [guardias] los conducen al sótano. Allí un enfermero les aplica una inyección de pentotal para adormecerlos. En ese estado son cargados en camiones y conducidos al sector militar del Aeroparque de la ciudad de Buenos Aires Jorge Newbery donde, con aviones militares se les lleva mar adentro y se les tira vivos al agua", señalaba uno de los testimonios en el auto del juez Garzón.

Jorge Radice

Ex teniente de fragata, apodado Ruger o Gabriel, formó parte de uno de los grupos paramilitares de la ESMA y en otras actuaciones está acusado de la apropiación de bienes de desaparecidos.

Adolfo Miguel Donda

Excapitán de fragata, perteneció al sector de inteligencia del Grupo de Tareas. Acusado de apropiación de niños. El juez español Baltasar Garzón solicitó su extradición en 2003.

Raúl Scheller

Miembro del sector de Inteligencia del Grupo de Tareas que actuó en la ESMA.

Alberto González

Excapitán de Corbeta, apodado Luis o Gato, acusado de torturas y de participar en los secuestros de las monjas francesas Domon y Duquet, entre otros delitos.

Néstor Omar Savio

Exteniente de navío, se le acusa de ser administador de los bienes robados por paramilitares de la ESMA.

José Antonio Montes

Vicealmirante de la Armada y ministro de Relaciones Exteriores. Actualmente, está ingresado en el hospital militar.

Ernesto Weber

Agente de Operaciones de la ESMA apodado 220 (voltios) por su manejo de las descargas eléctricas en las torturas. Acusado también de participar en el secuestro de Rodolfo Walsh.

El tribunal ha dictado 25 años de prisión para:

Juan Carlos Fotea

Alias Lobo, sargento de la Policía Federal. Detenido en 2006 en España y extraditado en enero de 2007.

Manuel García Tallada

Fue jefe del Estado Mayor del Comando de Operaciones Navales. Antiguo jefe de la ESMA y lugarteniente de Eduardo Massera.

El tribunal dictó 20 años de prisión para:

Carlos Capdevilla

Alias Tommy. Excapitán de corbeta. Fue médico de la ESMA y atendió a los partos en la maternidad clandestina que funcionó en la Escuela. Acusado de apropiación de menores.

El tribunal dictó 18 años de prisión para:

Juan Antonio Azic

Alias Piraña. Acusado de apropiación de dos niñas nacidas en cautiverio en la ESMA. Intentó suicidarse en 2003, cuando el juez español Baltasar Garzón solicitó su detención con fines de extradición.

El tribunal dictó la absolución de:

Juan Carlos Rolón

Oficial de inteligencia. Formó parte del Grupo de Tareas. Fue instructor de cursos sobre técnicas represivas para militares de varios países latinoamericanos.

Pablo García Velazco

Oficial de inteligencia y miembro del Grupo de Tareas. En 1978 se radicó en España, donde fue procesado por su particiación en la desaparición y tortura de más de 100 personas y posteriormente extraditado a Argentina. Actualmente ingresado en el hospital militar.


Tomado de:
http://internacional.elpais.com/internacional/2011/10/27/actualidad/1319713563_524024.html

Transnacionales al banquillo

UN “JUICIO ETICO” A LAS EMPRESAS DEL MODELO EXTRACTIVO Y CONTAMINANTE

Intelectuales, científicos y organizaciones sociales desarrollan un inédito espacio donde evaluarán el accionar de las grandes empresas en Latinoamérica. El “Juicio ético” se hará en la UBA y durará todo el fin de semana.

Organizaciones sociales e intelectuales buscan demostrar que las compañías violan derechos humanos.

Por Darío Aranda

Monsanto. Barrick Gold. Repsol. Minera Alumbrera. Ledesma. Alto Paraná. Cargill. Sólo algunas de las grandes empresas que sustentan un modelo de extracción de recursos no renovables, con consecuencias sociales, ambientales y sanitarias. A ellas apunta el “Juicio ético a las transnacionales”, espacio donde un centenar de organizaciones sociales, intelectuales y científicos convergen desde hoy y hasta el domingo en Buenos Aires para demostrar, en base a decenas de testigos y pruebas, que la acción de las compañías “viola derechos humanos”. También se analizará el rol de los diferentes poderes del Estado, las universidades y los grandes medios de comunicación respecto del modelo extractivo.

Siete grandes cerealeras concentran el 85 por ciento de la exportación de granos del país: Nidera, Cargill, Noble, Molinos, ADM, Louis Dreyfus y Bunge. Sólo ocho compañías manejan el 87 por ciento de la extracción petrolera: Repsol-YPF, Pan American Energy, Chevron, Petrobras, Occidental, Tecpetrol, Petro Andina y Total.

En la década del ’80 había siete mil empresas que se repartían la producción de semillas en el mundo. En la actualidad sólo veinte compañías dominan el 50 por ciento del mercado. Un relevamiento del Grupo ETC (Erosión, Tecnología y Concentración) alerta que diez compañías dominan el 57 por ciento del mercado de semillas. Las tres principales son Monsanto, Dupont y Syngenta, que dominan el 39 por ciento del mercado mundial.

Son sólo algunos de los datos investigados y sistematizados para el Juicio ético a las transnacionales y que dan dimensión del poder del sector privado sobre ámbitos clave de la geopolítica actual.

“Las grandes corporaciones transnacionales constituyen un eslabón clave de las cadenas contemporáneas del neocolonialismo. Son operadoras centrales del extractivismo, del saqueo de los bienes de la naturaleza, de la destrucción y contaminación de los territorios y de la vulneración de los derechos de las poblaciones”, resume la convocatoria del Juicio ético, promovido por el proyecto de “Resistencias Populares a la Recolonización del Continente”, impulsado por el Centro de Investigación y Formación de los Movimientos Sociales Latinoamericanos y el Equipo de Educación Popular Pañuelos en Rebeldía.

Forman parte de la actividad numerosas organizaciones territoriales. Asamblea Ciudadana Riojana, Comunidad Diaguita Calchaquí de Tafí del Valle, Asamblea Socioambiental del NOA, Asamblea del Algarrobo y Vecinos Autoconvocados de Andalgalá, Observatorio Petrolero del Sur, Unión de Trabajadores Desocupados de General Mosconi, Foro Ambiental y Social de la Patagonia, Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), Observatorio de Conflictos Mineros, Asamblea Popular por el Agua de Mendoza, Frente Popular Darío Santillán, Foro Permanente por el Medio Ambiente y Acción por la Biodiversidad, entre otros.

El juicio cuenta con una “fiscalía popular” y también con un “tribunal ético”, conformado por Adolfo Pérez Esquivel, Alcira Daroqui, Alejandra Ciriza, Andrés Carrasco, Liliana Daunes, Javier Rodríguez Pardo, Marcelo Ruiz, Maristella Svampa, Mirta Antonelli, Nora Cortiñas, Norma Giarracca, Roberto Gargarella y Vicente Zito Lema, entre otros. También participan referentes de organizaciones de Brasil, Uruguay, Colombia, Chile, Honduras y Paraguay.

El juicio tuvo una primera instancia regional, con audiencias realizadas en la Patagonia, en el NOA y en la Triple Frontera, cuyas conclusiones e información se sistematizarán en el encuentro de Buenos Aires. Desde hoy y hasta el domingo se valorará la legitimidad y consistencia de las denuncias de los casos presentados, y se emitirá una sentencia que será remitida tanto a los medios de comunicación como a las instancias políticas y jurídicas que puedan asumir un nivel de intervención política frente al accionar de las corporaciones.

“El proyecto busca aportar argumentos, pruebas, materiales y herramientas que fortalezcan los procesos de resistencia de los movimientos populares que sufren de manera especial las consecuencias de estas políticas”, explicó Claudia Korol, integrante de Pañuelos en Rebeldía. Korol anunció que al finalizar la actividad se fundamentará y aprobará una “sentencia popular que analizará las responsabilidades políticas de los diferentes poderes del Estado, de los medios de comunicación y de las universidades en el establecimiento del actual modelo, hecho a medida de las transnacionales”.

Las actividades tendrán dos sedes, que se irán alternando. La Facultad de Ciencias Sociales de la UBA (Santiago del Estero 1029) y la sede de Pañuelos en Rebeldía (Carlos María Ramírez 1469, Pompeya).

También estarán en el banquillo las mineras Pan American Silver (impulsa el proyecto “Navidad”, que vulnera derechos de pueblos indígenas de Chubut), Río Tinto-Vale (proyecto Potasio Río Colorado, en Mendoza) y Agua Rica (Catamarca).

Modelo agropecuario, industria forestal, obras de infraestructura (represas y carreteras, entre otras que vulneran derechos de poblaciones locales), petróleo y gas y megaminería a cielo abierto son algunas de las actividades que avanzan en toda Latinoamérica y que estarán bajo análisis durante los tres días. Se analizará el perfil corporativo de cada empresa, la característica de los territorios donde se instalan, el tipo de explotación que realizan y el modus operandi frente a la sociedad, los impactos sociales y ambientales, la criminalización de la protesta y la violación de derechos humanos.

Tomado de:
http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-179952-2011-10-28.html

Altermundialistas en el corazón de Manhattan: La protesta de Wall Street se intensifica y expande.

ELMERCURIODIGITAL 18.10.11

Sergio Ferrari y Ariel Ferrari*.- Un mes después de que iniciaran su movimiento el 17 de septiembre pasado, los "indignados de Wall Street" ratificaron su decisión de continuar la protesta. En paralelo, el último sábado 15 centenas de miles de personas ocuparon calles, plazas o parques en al menos 951 ciudades de 82 países.

Para ello, debieron sortear en las últimas horas el ultimatum lanzado por la Brookfield Properties, propietaria del Zuccotti Park, plaza ubicada en el corazón mismo del centro financiero más importante del mundo.

El mismo debería aplicarse el último viernes 14 de octubre con el pretexto de proceder a la limpieza y arreglo del sitio hoy ocupado por varias centenas de activistas que acampan en el lugar. En la práctica hubiera significado el desmantelamiento de la acción.

La veloz convocatoria de emergencia lanzada por los indignados y sus redes sociales para defender su campamento así como el tino político de las autoridades municipales neoyorkinas distendieron la tensión permitiendo que la protesta continúe.

Ciudad civil norteamericana

El balance de este primer mes de resistencia anti-Wall Street no puede ser más optimista para los promotores, que al inicio no fue más que un pequeño grupo de militantes que recogieron la idea lanzada en julio pasado por la revista anti-consumista canadiense Adbusters --editada por la fundación del mismo nombre.

Adbusters propuso entonces la ocupación pacífica de Wall Street “en señal de protesta en contra del liderazgo de las políticas de Gobierno de Estados Unidos y su fracaso para prevenir o introducir cambios efectivos en la crisis financiera global”.

Esta llamado, retomado por diferentes redes alternativas, entre ellas Anonymus, se concretó el tercer sábado de septiembre cuando una decena de militantes se instalaron en el Zucotti Park. Inspirados, además, por las movilizaciones de la primavera árabe y de los indignados de España que iniciaron hace algunos meses en Madrid la protesta juvenil europea.

“Somos el 99%”

De inmediato los promotores estadounidenses se presentaron como un “espacio abierto y horizontal” contra el capitalismo neoliberal, al que definen en uno de los sitios de internet del movimiento como “un pulpo gigante, que como un vampiro, se adhiere con sus tentáculos al rostro de la humanidad, chupando despiadadamente con sus ventosas cualquier cosa que huela a dinero". Su consigna central es: “somos el 99%, ellos son solo el 1%”, en abierta confrontación al poder financiero y la corrupción.

El intenso trabajo de información ciudadana; la creatividad de su accionar; la amplitud de la convocatoria y el apoyo creciente de sectores estudiantiles y sindicales --que convocaron juntos, por ejemplo, la manifestación callejera del 5 de octubre-- han ido reforzando la protesta en las cuatro semanas de existencia, convirtiéndola en un hecho político y mediático de primer orden en los Estados Unidos mismos.

De ser prácticamente ignorado por los grandes medios de información en los primeros días, hoy el movimiento ocupa importantes espacios de radio, televisión y grandes medios como el New York Times, que lo sigue casi cotidianamente.

Pero fue, sin embargo, su expansión nacional, lo que le dio más consistencia a esta voz altermundialista que apuesta al método pacífico y la confluencia ciudadana sin distingos políticos, raciales y religiosos.

Grupos similares en varias decenas de las principales ciudades del país han ido adhiriendo y promueven en la actualidad acciones similares. Tal vez, la más trascendente, la de los indignados de la ciudad de Washington, quienes desde la primera semana de octubre ocupan la Plaza de la Libertad en la capital norteamericana, a escasas centenas de metros de la Casa Blanca, la sede presidencial.

Miles de personas han participado, hasta ahora, de una u otra forma, en las movilizaciones realizadas en diferentes Estados. En un buen número, toleradas o aceptadas por las autoridades. En otros casos, como en Boston, fuertemente reprimidas con centenares de detenidos.

El movimiento ha logrado reunir, además, el apoyo de importantes personalidades como los cantantes raperos Kanye West y Lupe Fiasco, el filósofo Noam Chomsky, el director cinematográfico Michael Moore, el escritor y militante argentino Juan Gelman y la artista Yoko Ono, entre otros.

En lo que ya es considerada como la movilización de la sociedad civil planetaria más amplia de los últimos tiempos, el sábado pasado centenas de miles de personas se movilizaron 82 países, según el balance anticipado por el periódico suizo Le Courrier.

En España más de 500 mil personas ganron las calles de 80 ciudades. En Roma no menos de 200 mil indignados. Varias decenas de miles en Portugal…Así como en numerosas ciudades latinoamericanas. Asia, Africa, América Latina y América del Norte así como Europa sumaron sus protestas contra un modelo económico donde, según los manifestantes, el 1% de enriquece mientras el 99% de la población se mpobrece gradualmente.

Tomado de:
http://www.elmercuriodigital.net/2011/10/altermundialistas-en-el-corazon-de.htm

Ejecución de Troy Davis suscita rechazo mundial

Manifestantes frente a la Casa Blanca en Washington realizan una vigilia por el condenado a muerte Troy Davis, el 21 de septiembre del 2011.

Charles Dharapak / AP
JORGE A. BAÑALES. EFE

WASHINGTON -- La ejecución de Troy Davis en Georgia la pasada noche, pese a las dudas sobre su culpabilidad y el rechazo suscitado a nivel mundial, ha reabierto el debate sobre la aplicación de la pena de muerte en Estados Unidos.

En un comunicado este jueves, el expresidente de EEUU Jimmy Carter señaló que la ejecución de Davis demuestra que la aplicación de la pena de muerte es “injusta y anticuada”.

“Si uno de nuestros conciudadanos puede ser ejecutado cuando hay tantas dudas acerca de su culpabilidad, el sistema de la pena de muerte en nuestro país es injusto y anticuado”, indicó Carter en un comunicado.

Desde Bruselas, la Unión Europea lamentó la ejecución y llamó a la comunidad internacional a aprobar una moratoria global a la pena capital como paso previo a su plena abolición en el mundo.

En Francia, un portavoz del Ministerio de Exteriores indicó que “deploramos fuertemente que las numerosas peticiones de clemencia no hayan sido escuchadas” y recordó que su país se opone a la pena capital, sin importar dónde y bajo qué circunstancias porque “todo error judicial es irreversible”.

Davis, de 42 años y raza negra, fue condenado en 1991 por el homicidio en 1989 del policía Mark MacPhail, en Savannah. Las pruebas balísticas usadas en su contra son de dudosa credibilidad, y siete de los nueve individuos que testificaron en su contra acabaron cambiando sus declaraciones.

El caso suscitó una intensa movilización internacional y solicitudes de clemencia de personalidades desde Carter al papa Benedicto XVI, además de un millón de firmantes de peticiones alrededor del planeta.

Pero ni los llamamientos del exterior ni las protestas de los grupos de derechos civiles y las vigilias de opositores a la pena capital en EEUU lograron convencer a los tribunales de Georgia o conmover al Tribunal Supremo del país.

Poco antes de la medianoche en la prisión Diagnostic de Jackson, en Georgia, los verdugos ataron a Davis a una camilla y le inyectaron una mezcla letal.

Cuatro horas antes en Huntsville, Texas, verdugos habían puesto fin a la vida de Lawrence Brewer, un blanco de 44 años, miembro de un grupo racista condenado por el asesinato en 1988 de James Byrd, un hombre negro de 49 años.

Según una encuesta de la firma Gallup, el apoyo público a la pena de muerte para los homicidas y asesinos ha disminuido en EEUU del 76 por ciento en 1991 al 65 por ciento el año pasado. La oposición a la pena capital ha aumentado del 18 por ciento al 31 por ciento en el mismo período.

Pero esa oposición sigue siendo una minoría.

Salvo delitos federales, la casi totalidad de las 3,250 personas que esperan su cita con los verdugos y de las 1,269 ejecutadas desde el restablecimiento de la pena de muerte en 1976 fueron juzgados y condenados por delitos en cada estado.

En 34 de los 50 estados del país la pena de muerte es legal.

Tomado de:
http://www.elnuevoherald.com/2011/09/22/1030430/ejecucion-de-troy-davis-suscita.html#ixzz1YpFqiYR5