Poder
hegemónico. Derechos fundamentales. Exclusión. Racismo.
Felipe Ascención Páucar Mariluz*
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| Campesina mamá de víctima de enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad en Juliaca Puno. Fueron 68 los fallecidos hasta el 08 de marzo. El 2009 Alan García asesinó a 35 en Bagua. Foto New York Times. |
“La violencia apaga la
esperanza de una justa solución de los problemas. Animo a todas las partes
implicadas a tomar la vía del diálogo entre hermanos en la misma nación en el
pleno respeto de Derechos Humanos y del Estado de Derecho”, Papa Francisco,
Ángelus en Roma 23 de enero de 2023, al referirse a la convulsa realidad
peruana.
Los derechos humanos
fundamentales, son de obligatorio cumplimiento por toda autoridad que haya sido
investido como tal en un régimen democrático y está obligado a dar fe de manera
pública del respeto estricto a los mandatos de la Carta Magna o Constitución
Política de un país, el no hacerlo significa el desprecio a estos derechos, a la
imposición ilegal de medidas arbitrarias y el desapego a las clases sociales
débiles carentes de poder. Cuántos de los derechos humanos fundamentales se
cumplen o se cumplieron a lo largo de la historia del Perú, con toda seguridad,
muy pocos y ello por cansancio, frustración y desesperanza genera protestas con
movilizaciones violentas nunca antes vistas por parte de personas que molestas
de clamar, suplicar, mendigar justicia y atención recibieron humillación y
desamparo de quienes siendo gobierno asumieron el papel de sátrapas
autoritarios con el fin algunas veces de convertirse en delincuentes
millonarios a costa de los presupuestos de la nación. No se justifica la
violencia, venga de donde viniere, sólo se trata de encontrar una explicación a
lo sucedido recientemente, aunque ello en el actual escenario político –
criminal resulte casi imposible.
Perú
ingobernable. El periodista Jonathan Castro escribió un
artículo que resume el por qué el inició de la protesta y los errores cometidos
por la presidenta Dina Boluarte, sus ministros, congresistas, políticos, medios
y prensa que agravaron el panorama de violencia en el país, por ello tomamos
extractos que nos ayuden a entender y proyectarnos a posibles sucesos del
futuro: “El último video que vi el martes 13 en la noche fue el de un muchacho
que recibió el impacto directo de una bomba lacrimógena. Inmediatamente se
desplomó y el grupo de jóvenes que iba a guerrear junto a él contra la Policía
se replegó, lo cargó y lo protegió. En una foto de la agencia EFE se ve que
tiene un hueco donde debería nacer su ceja derecha. He pasado la última semana
revisando videos de jóvenes ensangrentados por el impacto de proyectiles, gente
asustada porque vandalizaron sus negocios, turbas que transitan obligando a
todos a marchar; y hablando con fuentes en el Ministerio de Salud y la
Defensoría del Pueblo para actualizar la situación de los muertos y heridos durante las protestas… El
miércoles 14 de diciembre, leí en Twitter el último balbuceo de un jefe de
Estado latinoamericano (Gustavo Petro, presidente de Colombia) para justificar
el frustrado golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo: “El apresamiento,
sin juez y sin defensa, de un presidente elegido popularmente ha puesto en
serio cuestionamiento el papel de la Convención Americana en el ordenamiento
jurídico latinoamericano”… Pero el responsable del inicio de estos conflictos
es un solo hombre: Pedro Castillo. El expresidente peruano hizo un fallido
golpe de Estado y seguramente detener a la fiscal que lo investiga que no dejó
otra opción al Congreso más que destituirlo, y a Dina Boluarte, sucederlo en el
cargo. Las protestas no son tan fáciles de entender. Hay consignas que se
repiten con claridad: cierre del Congreso, renuncia de Dina Boluarte, liberación
y restitución de Castillo, y Asamblea Constituyente. Es cierto que la oposición
derechista cobija a personas que quisieron darle golpe de Estado a Castillo
desde antes que asuma el mando; y que también tiene desapego hacia la
democracia. Pero fue Castillo quien ganó las elecciones y debió canalizar el
malestar social en políticas de gobierno que mejoren la vida de los peruanos.
No hizo ni una reforma importante. En lugar de ello, se llenó de sospecha de
corrupción, desarticuló las capacidades del Estado e insertó en el aparato
público a nuevas mafias. Hoy, desde la prisión, fabrica una epopeya de una
gestión que fue miserable. Las protestas atraviesan varias de las capas
superpuestas de problemas arraigados en el Perú: desprecio por el Congreso y
los políticos centralistas, la precariedad con la que el Estado peruano integra
las dinámicas políticas regionales, la ausencia de organizaciones sociales
sólidas, el racismo arraigado, el crecimiento de mafias que aprovechan el caos
para buscar protección, el mal manejo de los conflictos sociales que prioriza
el control policial sobre las políticas de desarrollo, etc.” (Jonathan Castro,
Washington Post).
“La Fiscalía de Perú acusó
formalmente, a través de una denuncia constitucional, al presidente Pedro
Castillo de liderar una organización criminal en el seno de su gobierno. Según
la fiscal general de la Nación, Patricia Benavides, la investigación ha
revelado indicios de que Castillo es el cabecilla de una red responsable de los
delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión. Benavides
también dijo que se estaba produciendo "una feroz obstrucción a la
justicia" desde esa red supuestamente "enquistada en el Gobierno con
la finalidad de copar, controlar y direccionar procesos de contrataciones para
obtener ganancias ilícitas". El presidente Castillo replicó en una rueda
de prensa con medios internacionales que "no hay ningún fundamento
real" y "esas acusaciones son orquestadas". Reiteró que probará
su inocencia y aseguró que se ha puesto en marcha "una nueva modalidad de
golpe de estado en Perú" (BBC octubre 12 de 2022).
La prisión preventiva de 36
meses impuesta por el juez Juan Carlos Checkley al expresidente Pedro Castillo
por supuestamente no acreditar arraigo domiciliario, apunta a enviarlo a la
cárcel por 32 años como atrevidamente adelanto otra juez del grupo de jueces y
fiscales anti Castillo, que no habiendo acreditado pruebas fehacientes en su
contra se basan en supuestos y sospechas para aterrizar un plan destructor
contra Castillo Terrones y su familia, esto en apreciación de sus abogados
defensores y seguidores que no son pocos. Recordemos la serie de novelas que por
capítulos emitieron medios afines a la oligarquía con sintonía garantizada y protagonizados
por Karelim López, Bruno Pacheco, Zamir Villaverde, Carlos Jaico exsecretario
general de palacio de gobierno y ahora ‘el español’ Jorge Hernández Fernández,
entre otros que no pudieron convencer hasta hoy a un sector importante de la
población que efectivamente Pedro Castillo es un corrupto y el jefe de una
organización criminal y que hoy necesitan de 3 años para intentar demostrarlo.
Mientras tanto, Pedro Castillo ha logrado posicionarse como la víctima de un
gobierno supuestamente autoritario y de un Congreso antidemocrático con más
repudio que aprobación, así como, recibir la solidaridad de autoridades y
líderes de varios países de Latinoamérica y el mundo.
En las elecciones de 2020-21,
el laureado escritor Mario Vargas Llosa fue un opositor acérrimo a Pedro Castillo
y su plancha presidencial como activista y promotor de la candidata Keiko
Fujimori, avaló la narrativa de un inexistente fraude electoral, emitió
adjetivos descalificativos contra Castillo, Boluarte, seguidores y votantes, es
decir, adoptó una clara posición antidemocrática y antipueblo, al extremo que
fue calificado (en exceso) como un antiperuano. ¿Cómo entender entonces que
ahora en palacio de gobierno al momento de recibir una distinción honorifica un
Vargas Llosa anti-Casttillo sea ahora pro-Dina Boluarte y sostenga cómodamente que
la candidata que llegó fraudulentamente a ser presidenta como lo aseguró sea
una gran demócrata y defensora de una auténtica democracia vigente en el Perú?
¿Corrección tardía u oportunismo conveniente?
Un Congreso con congresistas
lobistas y con el 6% de aprobación evitó que el primer ministro Alberto Otárola
sea interpelado para responder políticamente por el asesinato de 48 personas
que participaron en las protestas sociales, de esta manera avalan la represión
brutal, violatoria de los derechos humanos fundamentales e indiscriminada,
ubicándose en la orilla opuesta de los intereses de las poblaciones que votaron
por ellos. Fueron 67 los que votaron en contra y se abstuvieron, entre los que
se encuentran dos por Huánuco: Medina y Picón. Lamentable. “Las bancadas que en
forma unánime decidieron proteger al jefe del gabinete ministerial fueron
Fuerza Popular, Acción Popular, Alianza para el Progreso (APP), Renovación
Popular, Avanza País y Somos Perú” (La República, marzo 11 de 2023).
“Las nuevas protestas se dan
en un contexto donde el Gobierno de Boluarte, el Congreso y las fuerzas de
seguridad generan amplio rechazo en la población, según encuestas. En la
víspera de cumplirse el tercer mes de protestas y el mismo tiempo de Boluarte
en el poder, los manifestantes pintaron un enorme mural en Lima con un mensaje
que dice "Estado asesino", una frase que devela las costuras de una
lucha social que, más allá de conseguir vías para solucionarse, pareciera mostrar
el entresijo de un conflicto político interno que podría escalar a una
situación más compleja y profunda, como la ya anunciada "guerra
civil" que advirtieron podría iniciar según las comunidades indígenas
aimaras que habitan en el sur peruano” (RT.com, marzo 7 de 2023).
“El Equipo Especial de Fiscales contra la
Corrupción en el Poder investiga a una presunta organización criminal que
habría liderado el expresidente Pedro Castillo para interceptar las
conversaciones telefónicas de opositores a Castillo y atentar contra la
integridad de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, la fiscal Marita
Barreto, el coronel PNP Harvey Colchado, entre otros. Con el avance de la
investigación preliminar, la fiscalía estableció que uno de los objetivos de la
sindicada organización criminal sería la de designar convenientemente a los
jefes de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) y la Dirección General de
Inteligencia (Digimin). Esto con el objetivo que ambas direcciones financien de
manera ilegal la compra de equipos de intercepción de comunicaciones. Además,
en octubre pasado, según la fiscalía, “se tomó conocimiento” que Jorge
Hernández Fernández, conocido como “El Español”, “se encontraría captando
personas, efectivos policiales o civiles, creando un grupo criminal financiado
por el Gobierno, para asesinar al personal policial y fiscal del Equipo
Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder”. “El Español” fue
capturado el martes pasado y permanece con detención preliminar (El Comercio, marzo
10 de 2023).
“El juez supremo Juan Carlos
Checkley, a cargo del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, impuso
prisión preventiva por 36 meses al expresidente Pedro Castillo Terrones y al
exministro Juan Silva Villegas por los casos Puente Tarata II, Petroperú y Ministerio
de Vivienda y Construcción. Al contrario, rechazó el pedido de la Fiscalía para
imponer prisión preventiva al exministro Geiner Alvarado López, al considerar
que tiene arraigo y ha venido colaborando con las indagaciones de la Fiscalía. Para
Geiner Alvarado, el juez decretó comparecencia restringida, con impedimento de
salida de Lima y Callao, no comunicarse con los otros investigados y testigos y
entregar una fianza de 35 mil soles (La República, marzo 10 de 2023).
La corrupción como parte del
crimen organizado se ha institucionalizado en el Perú, mientras el abuso del
poder hegemónico se posiciona destruyendo esperanzas de progreso y sumergiendo
en la pobreza o extrema pobreza a la mayoría de peruanos de bien, al extremo
que perdieron la ilusión y recurren a la violencia como tabla de salvación. En
este contexto, el expresidente Pedro Castillo solicitó a la Corte
Interamericana de Derechos Humanos que interceda para dejarlo en libertad y
restituirlo como presidente, mientras que el parlamento con congresistas que
quieren verlo preso desde antes que jurara como primer mandatario de la nación,
aprobó una denuncia constitucional contra él validando un extraño e
insubsistente informe de la fiscal de la
nación plagado de especulaciones, basados en declaraciones de ex funcionarios
del entorno presidencial; esta decisión autoriza
a la fiscalía a formalizar una investigación por organización criminal y
corrupción, que como primer paso fue pedir prisión preventiva de 36 meses. Por
otra parte, el Departamento de Estado Norteamericano aprobó la extradición del
expresidente Alejandro Toledo para que afronte varias causas por delitos de
colusión y lavado de activos, pero como el poder del dinero es grande una jueza
y un juez suspendieron temporalmente la orden de detención dada por ese
gobierno con el objetivo de expulsarlo. "Solamente queda el requerimiento
del gobierno peruano para hacer más efectiva y más rápida esta extradición y
que el presidente (Alejandro Toledo) venga a tener el mismo devenir que han
tenido los últimos presidentes de los últimos 28 años: una prisión"
(Sputnik, 22 de febrero 2023).
De 1985 a la fecha todos los presidentes
resultaron ser unos desleales y presuntos delincuentes que se aprovecharon y
embolsicaron millones (Con excepción de Paniagua y Sagasti), como tal fueron
investigados y denunciados por graves actos de corrupción, autoritarismo y
violación de derechos humanos fundamentales: Alan García Pérez quien fue
presidente dos veces y se suicidó para evitar ir a la cárcel y posibilitar la
herencia de sus bienes investigados a su familia. Alberto Fujimori, que cumple
carcelería por corrupción y violación de derechos humanos, tiene a la heredera
pugnando fallidamente por ser la sucesora del fujimorismo, estuvo presa y es
investigada por el blanqueo en sus tres campañas de millones de dólares supuestamente
dinero ilegal. Alejandro Toledo quien deberá responder por graves actos de
corrupción luego de huir a Estados Unidos y este país aprobara su extradición.
Ollanta Humala, investigado por corrupción y violación de derechos humanos
estuvo preso 9 meses, su proceso penal extrañamente sufre de parálisis. Pedro
Pablo Kucsynski acusado por corrupción y con libertad vigilada es uno de los
más grandes lobistas y millonarios. Martín Vizcarra denunciando por actos de
corrupción cuando fue presidente del gobierno regional en Moquegua y cuando era
ministro de Transportes y Comunicaciones. Manuel Merino presidente por 5 días
fue denunciado por el asesinato de dos personas en la feroz represión contra su
asunción al poder. Pedro Castillo, investigado y detenido en la Diroes tras dar
un fallido golpe de Estado y ser investigado por presuntos actos de corrupción
en una red criminal. Finalmente, Dina Boluarte, tras acceder a la presidencia
luego de la forzada vacancia de Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022 hizo
frente a masivas movilizaciones de rechazo que piden su renuncia en gran parte
del país a las que respondió con violenta represión y exposición de un poderío
militar jamás antes visto, es investigada por la muerte de 48 personas
asesinadas por personal de la policía y el ejército peruano, como indican las
primeras investigaciones de la fiscalía e IDL-Reporteros en un reportaje. Esto es una pequeña parte de la penosa y
trágica realidad de un país dividido y polarizado entre los pocos que ostentan
comodidades y riquezas y las grandes mayorías que sobreviven en pobreza y
extrema pobreza en medio de una exclusión y racismo nauseabundo. Muchos fingen
no estar enterados que en el Perú, ‘el que no tiene de Inga, tiene de Mandinga’.
Especial condena merecen los que habiendo apoyado o fueron beneficiarios indirectos
del terrorismo y narcotráfico en sus diferentes aristas y vertientes hoy
simulen excelsa conducta y acusen a otros de ser lo que ellos fueron en algún
momento.
La
emboscada. Como si esta estela lamentable fuera poco, el terrorismo
nos recordó que siguen vigentes y no son cosa del pasado; el Militarizado
Partido Comunista del Perú, MPCP; respondió a la Operación ‘Patriota’ de agosto
de 2022 donde su principal campamento fue destruido, dos de sus integrantes
resultaron muertos y perdieron armas y demás logística por la acción de
inteligencia y las fuerzas combinadas del Ejército, la FAP, la Marina de Guerra
y policía. Unos 20 integrantes del MPCP emboscaron a una camioneta con 8
efectivos de la Dinoes y Comisaría del Batallón Contraterrorista del Centro
Poblado Natividad, en el distrito de Pichari, provincia de la Convención,
Cusco donde con saña fueron ultimados 6,
quedando el capitán Edwin Mego herido y otro efectivo que murió desangrado con
el brazo y pierna derecha destrozados, 5 de los fallecidos fueron rematados con
‘tiros de gracia’ en la cabeza. El atentado en versión oficial se produjo
cuando iban a comprar pescado a Puerto Cocos, pero el ataque por sorpresa y a
mansalva fue en las inmediaciones del ingreso a la comunidad nativa Mimirini y
Nueva Ashaninka ubicada entre Puerto
Cocos y Mantaro, por lo que se deduce que el objetivo era llegar a Mantaro. Los
responsables indirectos de esta masacre dieron distintas versiones con el objetivo
de salvar sus cargos e investigaciones por negligencia e incumplimiento de
reglamentos sobre movilización de personal fuera de los 200 metros del lugar
donde se encuentra una base o comisaría, fue la rutina y otras fallas que
hicieron posible a los sediciosos obtener su objetivo con ventaja inexplicable.
Para variar, supuestos especialistas con cajas de resonancia garantizada inventaron
escenarios, armaron realidades ficticias, crearon fábulas y difundieron falsedades,
con el fin de posicionar la ‘verdad’ oficial.
Origen
y desarrollo de la reciente crisis. En el 2020, nadie pudo predecir lo que ocurriría en las elecciones generales,
tampoco cuales serían sus resultados, ni el decantar trágico en diciembre de
2022, enero y febrero de 2023. La primera vuelta resultó con Pedro Castillo y
Keiko Fujimori como ganadores y un Pedro Castillo ganador en segunda vuelta por
escasos 50 mil votos, triunfo que no fue aceptado por la derecha liberal y sus
grupos políticos Fuerza Popular, Renovación popular, Avanza País, Alianza Para
el Progreso, Acción Popular considerados grupos de lobistas del poder económico
que argumentaron fraude para no admitir su derrota ya que no les sirvieron sus
millones, sus medios de comunicación y prensa a servicio, sus políticos y
analistas contratados para conseguir bajo presión mediática el triunfo de Keiko
Fujimori. Derrotados todos ellos, la tarea de expectorar a Castillo del sillón
presidencial y de la casa de gobierno la asumía un Congreso con congresistas
que a fuerza de pulso lograron la desaprobación y repudio del 94% de los
peruanos. Congresistas, medios y prensa tras un acoso implacable con la figura
de la vacancia presidencial como principal arma vieron facilitar la consecución
de sus objetivos con la hasta hoy inexplicable decisión de decretar un fallido
autogolpe de Estado que fuera anunciado por Castillo. Pedro Castillo le
facilitó la tarea a la oposición considerada golpista por un sector de la
población al realizar un gobierno que desde un principio no cumplió con las
promesas y compromisos asumidos en campaña y también por hacer o pretender
hacer lo mismo que otros presidentes, ministros y funcionarios corruptos con
total impunidad: como despachar fuera de palacio, cometer actos de corrupción
en los que estuvieron inmersos funcionarios de palacio, presuntos delincuentes
hoy testigos privilegiados que hasta escriben libros donde seguro ocultarán su
participación, algunos ministros hoy convertidos en ‘colaboradores eficaces’ y
familiares, según las carpetas fiscales abiertas. Panorama sombrío para el país, que será difícil superar e
imposible salir airosos porque casi todos directa e indirectamente somos
responsables y seremos grandes perdedores.
La situación compleja por la
que atraviesa nuestra patria, debe llevarnos a actuar pensando en el interés
supremo de la nación. En las siguientes líneas intentaremos responder a
interrogantes sobre posturas a favor y en contra de la gran movilización
nacional y los niveles de violencia pocas veces visto en el Perú, así como el
porqué de la estigmatización, discriminación y marginación, que siendo males
ancestrales alcanzó niveles repudiables en los cerca de año y medio de la era
Castillo que con todas las fallas y errores conocidos ya marcó un hito en la
historia del Perú. Quienes con ojeriza quieren ver entre las decenas de miles
de personas movilizadas a lo largo del país a terroristas, narcos, comunistas,
mineros ilegales, vándalos o delincuentes son los que discriminan, marginan,
estigmatizan por defender a líderes corruptos, violadores de derechos humanos o
a grupos de poder hegemónico, cuando no a seudos grupos políticos con acta de
fundación familiar.
“Las regiones que se hacen
presente en Lima, y que principalmente son Cusco, Apurímac, Huancavelica, Puno
y Cajamarca, registran menores niveles de integración económica y estatal,
según los especialistas. Se mantienen en un elevado índice de pobreza monetaria
que supera el promedio nacional. Con el autogolpe de Castillo y la crisis
política, esta parte del país vio que se diluyó la esperanza de resolver su
falta de desarrollo. Esa insatisfacción
gatilló las movilizaciones a nivel nacional… En efecto, Ayacucho, Huancavelica
y Puno superan el promedio nacional con una pobreza que oscila entre el 36,7% y
40,6%. En esta cifra también se incluye a Cajamarca, que se encuentra al norte
del país. Aunque su cifra ha variado en los últimos años, se mantienen en el
grupo con mayor incidencia desde hace más de 10 años, de acuerdo con la data
oficial. Ello implica que, en estas zonas, los gastos de los peruanos son
insuficientes para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias,
entiéndase en salud, educación, vestimenta, transporte, entre otras… En esa
línea, Efraín Gonzales de Olarte, economista de la Pontificia Universidad
Católica del Perú (PUCP), afirma que las regiones protestantes son las menos
desarrolladas y más rurales del Perú, dedicadas a la agricultura y ganadería.
“Son las que tienen menores niveles de integración a la economía de mercado y
al Estado, por ello, la alta tasa de informalidad, que se traduce en bajas
productividades, bajos ingresos (pobreza) y débil integración a los servicios
del Estado (carreteras, educación y salud)”, agrega… El panorama se agudiza por
los bajos salarios de estas regiones. Huancavelica y Puno reportan que su
remuneración es menor al sueldo mínimo. Los varones obtienen un monto de 937 y 900 soles, respectivamente. Pero existe
a su vez una brecha salarial de género que evidencia los montos desiguales
entre hombres y mujeres, siendo estas últimas las menos pagadas, con poco más
de 600 soles. Nuevamente ambos por debajo del promedio nacional. Así, según
Gonzáles, la población no está siendo integrada al mercado del trabajo (María
Morales Isla, Unidad La República Data, enero 28 de 2023).
“En teoría, el mercado y la
democracia son integradores. El mercado incluso tiende a diluir el racismo,
porque favorece el intercambio y asociación entre las personas de cualquier
origen. Pero, en el Perú, ese efecto integrador ha sido severamente limitado
por el costo de las leyes y los reglamentos. Los emergentes no pueden crecer
más allá de cierto punto, o deben desviarse hacia la ilegalidad. Hay dos mundos.
El formal y el informal. Una segregación. Es cierto que el campesinado andino
se ha integrado al mercado y al mundo urbano de manera notoria en las últimas
décadas. Ha surgido una nueva clase media rural y urbana emergente. Pero
informal (Jaime de Altahus, El Comercio, enero 28 de 2023).
“El Perú vive horas críticas.
Diversas marchas se extienden y multiplican en el sur, norte y centro del país
bajo la consigna de nuevas elecciones y la renuncia de Dina Boluarte. Los
violentos enfrentamientos entre la Policía y los manifestantes han dejado el
trágico saldo —en poco menos de 50 días— de más de 60 fallecidos. La represión
ha sido rechazada por diversos presidentes de la región, algunos han removido
su apoyo (como es el caso del gobierno de Gabriel Boric), otros aún no
reconocen a Boluarte (como Gustavo Petro, en Colombia) y han llego a pedir,
inclusive, la libertad del expresidente golpista Pedro Castillo (según
manifestó Andrés López Obrador, presidente de México, en la Celac). Boluarte,
la primera presidenta del Perú, se encuentra aislada, de acuerdo al politólogo
Alonso Cárdenas, sin margen de acción, con un desprestigio muy grande y con el
país convertido en una olla a presión” (La República 27/01/23).
La presidenta Dina Boluarte,
el premier Alberto Otárola, ministros,
especialistas y medios afines estigmatizaban a los manifestantes tildándoles de
terroristas, narcos, comunistas, vándalos y delincuentes. El sábado 22 de
enero, empeoraron la descontrolada protesta con una abusiva intervención al
Campus de la Universidad Mayor de San Marcos a solicitud de su rectora Jerí
Ramón argumentando que ‘había un grupo político detrás de las movilizaciones”, detuvieron
a 193 personas, horas después fueron liberados 192, echo que obligó a la
presidenta a pedir perdón, también se intentó tomar la Universidad Nacional de
Ingeniería pero por la posición enérgica y humanista del rector Alfonso López
Chau no se concretó, “Yo no soy comunista y si tuviera 20 años saldría a
marchar” aseguró. Error tras error como el de asegurar que “la toma de Lima fue
un fracaso”, afirmar que “Puno no es el Perú”, o que la violencia en el sur es
promovida por bolivianos como Evo Morales y los Pochos Rojos, le pasaron
factura a la precaria democracia peruana.
El
factor oculto: Vladimiro Montesinos y el fujimorismo. Los
medios de comunicación ultraliberales y procorrupción del fujimorato no dicen que
la aguda crisis del Perú en su etapa reciente se inició hace 7 años cuando la
heredera del reo en cárcel Alberto Fujimori, Keiko Fujimori Higuchi, perdió las
elecciones por segunda vez frente a Pedro Pablo Kuczynski el 2016, desde
entonces un Congreso a su medida porque tenía mayoría entorpeció las
gestiones y le hizo imposible gobernar
hasta lograr su renuncia en 2018. Asumiría Martín Vizcarra que corrió igual
suerte siendo reemplazado fugazmente por Manuel Merino de Lama y luego por
Francisco Sagasti hasta que volvió a perder por tercera vez frente al profesor
rural cajamarquino Pedro Castillo Terrones a quien le aplicó una presión
continua e incansable cerca de 17 meses hasta que logró su vacancia el 7 de
diciembre de 2022. Es conocido que tanto PPK, como Martín Vizcarra y Pedro
Castillo cometieron presuntos delitos que llevaron a una fiscalía
asombrosamente diligente (no está mal) a iniciar investigaciones y denuncias
que le facilitó el objetivo de no dejar gobernar a otra persona que no fuera
ella. La escogida por el poder económico y las fuerzas políticas como su
genuina representante es en resumen la primera responsable de lo que ocurrió y
ocurre en este periodo. A todo esto qué papel desempeñó y juega Vladimiro
Montesinos el presidente detrás del trono de Fujimori?
El periodista Ángel Páez de la
unidad de investigación del diario La República entrevistó al exjefe de la
Dirección Nacional de Inteligencia DINI, Wilson Barrantes, sus declaraciones
desmienten y trae por los suelos las versiones sin sustento sobre una
‘insurrección terrorista´ al que quisieron convertir las movilizaciones y cómo
Montesinos tiene injerencia en la crisis actual, aquí dos segmentos del informe:
“Narró que en una reunión del Consejo de Inteligencia Nacional (COIN), máxima
instancia colegiada del Sistema de Inteligencia Nacional (SINA), encargado de
orientar las actividades de inteligencia y contrainteligencia, y es de carácter
deliberativo y resolutivo, se notificó de que había 16 organizaciones que
alentaban a las marchas de protesta y que carecían de vínculo entre ellas.
Tampoco se identificó a un partido o a un líder como aglutinador de las
manifestaciones antigubernamentales. Negó que el aparato de fachada senderista,
el Movimiento por la Amnistía y los Derechos Fundamentales (Movadef), dirigiera
las protestas”... “(Decir que es) una ‘insurgencia terrorista’ es una
estupidez. Ese término no existe en la doctrina militar… “(Hablar de la
infiltración extranjera) es parte de la distracción que se quiere poner. “Al
día siguiente (15 de diciembre) vinieron los muertos, 60 heridos y siete
muertos…“¿Podríamos decir que Montesinos piensa que todas las manifestaciones y
protestas están dirigidas por ‘Feliciano’?”, preguntamos. “Por ‘Feliciano’. Y
que ‘Feliciano’ podía pararlas desde la Base Naval. Y quería mi presencia en la
Base Naval para hablar con Montesinos para que haga una reunión con ‘Feliciano’
y el diera las órdenes a nivel nacional para que se pare la protesta. O sea, es
un nivel de estupidez… ¡Ya no me da risa! Me da cólera, porque lamentablemente
es lo que ellos pensaban”, manifestó.
El
año de furia y barbarie. “Las protestas que inflaman Perú han
dejado a la vista las fracturas sociales, étnicas y económicas entre la costa y
las zonas rurales. La mano dura del gobierno, apoyado en militares, empresarios
y medios de la capital, empeora la situación. La única vía parece ser celebrar,
cuanto antes, elecciones anticipadas. Perú comenzó 2023 donde lo dejó en 2022:
en medio de la precariedad institucional y el mayor estallido de violencia en
20 años. Con más de 50 muertos por la represión policial contra las protestas
que piden su dimisión y un adelanto electoral, el mandato de la presidenta,
Dina Boluarte –que asumió el cargo el mismo día que el Congreso destituyó a su
antecesor, Pedro Castillo– pende de un hilo. Con centenares de carreteras
bloqueadas en ocho regiones del país, ciudades enteras corren riesgo de
desabastecimiento, incluida Lima. La caída de Castillo tras intentar un
autogolpe ha incendiado una pradera llena de avisperos. En algunas ciudades del
interior, la violencia desembocó en la quema de edificios, saqueos de centros
comerciales e intentos de toma de aeropuertos por grupos organizados
infiltrados entre los manifestantes (Política Exterior, enero 23 de 2023).
“La acumulación de la
violencia actual ha sido lenta, con años de gobernanza inadecuada que conducen
a altos niveles de desconfianza y decepción entre la población. Tema de
preocupación para las organizaciones internacionales, incluida la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la frágil estructura democrática de
Perú ha producido seis presidentes en los últimos seis años. En la raíz de la
crisis hay décadas de inestabilidad política, corrupción y consecuencias de la
desigualdad sistémica urbano-rural. Los proyectos recientes del Centro Pulitzer
han demostrado lo que la fragilidad en las instituciones democráticas y la
desigualdad social están causando en la región. Las amenazas a la vida de las
comunidades indígenas y los defensores de los bosques en la Amazonía, la
devastación del cambio climático en la región montañosa, las víctimas récord de
COVID-19 y la precaria situación de los programas médicos y sociales están en
primer plano de la pérdida de fe de los peruanos en su democracia” (Centro
Pulitzer, enero 27 de 2023).
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| Presidenta Dina Boluarte el descontrol de las manifestaciones pese a la brutal represión parecía haberla transformado. Llamaba al diálogo luego de atacar a los que pedían su renuncia. Difusión. |
Narcotráfico
y terrorismo, la estela de un conflicto. El narcotráfico y el
terrorismo, es un problema en el Perú de hace 100 años (Ver La Guerra de los
100 años: Narcotráfico y terrorismo, julio de 2022), se le imputa ser causantes
de decenas de miles de muertes y el haber fortalecido a lo que hoy es el crimen
organizado que involucra a otros 20 delitos de igual o de mayor impacto negativo
en la política, la economía, la salud, la cultura, el medio ambiente, etc. La
guerra perdida contra las drogas, el narcotráfico y su aliado el terrorismo
hasta el momento no tiene una explicación o justificación convincente, lo que
lleva a conjeturar que fue la corrupción uno de los instrumentos para infiltrar
los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y el poder mediático de medios y
prensa que podrían resultar siendo los causantes de su empoderamiento y
expansión en Latinoamérica, Caribe y otros continentes de la mano de la
tecnología y con la sofisticación de sus actividades o la ‘colaboración’ de las
fuerzas de seguridad ganadas por el crimen. En suma los retos de aquí en
adelante son enormes ante la imposibilidad de controlarlos y erradicarlos.
Desde la segunda vuelta
electoral en 2021 se intensificó el uso indebido e interesado del narcotráfico
y el terrorismo por parte de grupos políticos, también de los auto proclamados analistas
con intereses personales apoyados por medios de comunicación con el objetivo de
evitar la elección de Pedro Castillo y empoderar a Keiko Fujimorí, al poner en
relieve los presuntos vínculos de Castillo con el comunismo, con el
narcotráfico y el terrorismo con el fin de restarle credibilidad y preferencia de
los electores, pero no pudieron mostrar pruebas con peso legal sobre estas
afirmaciones. Pese a la feroz contra campaña Pedro Castillo resultó ganador juramentando
como presidente y desde allí fue un Congreso con mayoría de grupos políticos de
derecha, liderados entre otros por militares que firmaron ‘Actas de Sujeción’ a
Fujimori/Montesinos el que asumió la
arremetida por la vacancia presidencial que se vio facilitada por actos de
corrupción propios de una organización criminal lo que dio lugar a su vacancia
y detención con la que se inician las protestas, primero en las regiones del
sur que se fue extendiendo progresivamente a dos terceras partes del país. ¿Por
qué se dio esta protesta colectiva masiva, sin estar previamente organizada, ni
articulada entre sí, ni con partidos políticos u organizaciones visibles? Todo
apunta a que el factor Castillo y Boluarte solo fue una detonante que catapultó
un enorme descontento y sentimiento de frustración, rabia contenidas a causa de
décadas de postración y olvido, aunque también podría ser que la gran mayoría
del pueblo desposeído vio como se les arrebataba de mala manera a un líder el
presidente en quien tenían cifradas sus esperanzas, quizás pudieron pensar que
tuvieron el poder buscado por décadas y este les fue arrebatado. Lo cierto es
que el único golpe real y efectivo fue el del Congreso contra la presidencia de
Pedro Castillo. A partir de ello el mensaje podría ser, que nadie que no
represente a la derecha o a la oligarquía puede ser presidente y menos gobernar
el país y quien se atreva a serlo debe pagar muy caro por la osadía.
Sendero
luminoso y el narcotráfico. En 2012 con la captura del camarada
‘Artemio’ se puso fin a las actividades armadas ilegales y criminales de
Sendero Luminoso en el Huallaga y con ello se posibilitó la erradicación de 5
mil hectáreas de cultivos de coca en el valle del Monzón con los que el Perú
llegó a tener 42 mil hectáreas en 2015 según cifras de las Naciones Unidas,
ONUDC, con el que se podía producir en teoría 400t de cocaína de las que en
promedio se incauta 80t cada año; es desde este año hasta el 2021 que la coca
crece exponencialmente hasta las 80 mil hectáreas y 800t de la droga cocaína
según cálculos de la Oficina Antinarcóticos de Estados Unidos, ONDCP, no existe
para ese año una cifra de ONUDC, por tanto, se concluye que los gobiernos de
este periodo mediante DEVIDA que tuvo como presidentes a Alberto Otárola,
Carmen Masias y Rubén Vargas no hicieron el trabajo de control, fiscalización y
desarrollo alternativo que les correspondía y por ello el narcotráfico y la
pobreza siguen siendo uno de los problemas difíciles que tiene el Perú, pero,
como si se tratara de una broma el nuevo presidente de Devida Carlos Figueroa
propuso replicar el plan fallido de ese periodo. El terrorismo remanente de SL fue
golpeado fuertemente en agosto de 2022 con la Operación ´Patriota´ precisamente
por el gobierno de Castillo a quien se le motejaba de narcoterrorista. El
narcotráfico y el terrorismo en conjunto son un pequeño grupo que no representa
peligro alguno a la seguridad interna del Perú, aunque cuente con cierto poder militar
y económico que hace posible su infiltración en la política, la economía y
fuerzas de defensa o seguridad, el poder de fuego de estos flagelos es incapaz
de resistir a un batallón de 200 hombres de las fuerzas armadas, por lo que es una
necedad/estupidez pretender utilizarlos para generar caos o terror en la
población. El terrorismo asentado en un sector geográfico equivalente a un
distrito de los 69 del inmenso Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro, Vraem,
constituye un problema aislado (según autoridades, líderes y pobladores) que
aparece de vez en cuando de la mano de coyunturas complicadas para
magnificarlas y en apariencia mantenerlas vigentes indefinidamente y en
beneficio de poderes facticos ocultos expertos en desviar la atención pública nacional
e internacional respecto a problemas acuciantes.
Ataque
y respuesta, las cuantiosas pérdidas y las masacres: Las protestas del 7 de
diciembre en adelante a consecuencia de la vacancia y detención del expresidente
Pedro Castillo Terrones produjeron 48 muertes presuntamente ocasionados por efectivos
policiales y militares de los 68 fallecidos incluyendo la muerte por
ahogamiento de 6 soldados en el río Juli, pero que según versión oficial fueron
muertos por infiltrados armados entre los manifestantes, también resultaron
heridas más de 1000 personas entre policías y civiles, fueron destruidas o
incendiadas comisarías, sedes de la fiscalía, juzgados, aeropuertos y entidades
privadas. Es a partir de estos hechos sangrientos y de violencia extrema que
nuevamente se esgrimió como justificación a la represión excesiva tipificar de
terroristas, narcotraficantes o mineros ilegales a quienes apoyaron o dirigieron
las multitudinarias movilizaciones y protestas en Puno, Cusco, Apurímac,
Ayacucho, Madre de Dios, Amazonas, Junín, Ucayali, Huánuco, San Martín,
Cajamarca, Lima, etc. El gobierno de la presidenta Dina Boluarte con su primer
ministro Alberto Otárola, aparatos de inteligencia, medios y ‘especialistas’
magnificaron interesadamente una vez más al narcotráfico y terrorismo sin tener
en cuenta que ello podría convertirse en un bumerang de impredecibles consecuencias;
hacer creer a la población que el ‘narcoterrorismo’ asola al país es ridículo e
irresponsable. Hay que ser claros y firmes, lo que hubo fueron protestas
violentas de personas desbordadas con la injustificable destrucción de bienes
públicos y privados, sin que sea una insurrección, que haya habido infiltrados,
nadie lo duda, pero es inteligencia del Estado que debe ubicarlos y detenerlos,
como también corresponde decirle la verdad sobre los sucesos a los peruanos. La
presidenta Dina Boluarte, su premier Alberto Otárola, sus ministros del
interior y defensa podrían hacer frente a duras penas de hasta 20 años de
prisión acusados por genocidio por los sucesos sangrientos con un “nivel de
violencia nunca antes visto” según un oficial de la comisaría de Juli en Puno
en el que pudieron morir 43 policías dado que fue cercado e incendiado
parcialmente por unos 500 manifestantes en presunta venganza porque sus compañeros
Aimaras fueron brutalmente reprimidos en Lima (Ovalo de Higuereta). Por qué
Alberto Otárola un político de izquierda y
defensor de los derechos humanos en la década de Fujimori – Montesinos,
hoy opta y aparece como un violador sistémico de estos derechos y evita asumir
responsabilidad junto con sus ministros de defensa del interior? ¿Por qué Dina
Boluarte una mujer apurimeña, se entiende de pueblo, destila desprecio hacía
las personas que tienen su mismo origen? Contradicción, difícil de entender.
Los
privilegios del centralismo limeño. La convulsión política y
social que sacude a Perú no es un problema coyuntural, tiene que ver con
relaciones verticales agraviantes en su población, afirma el historiador José
Carlos Agüero. En este país sudamericano han muerto 59 personas en los dos
meses del gobierno de la presidenta Dina Boluarte, 48 directamente por la
represión estatal a las protestas iniciadas el 7 de diciembre. La presidenta de
60 años ha respaldado a las fuerzas armadas y policiales pese al saldo trágico
de su accionar represivo. “Lo que se puede encontrar de un colapso social no
son soluciones, pero sí salidas que ayuden a que este nudo, que es muy
peligroso para la gente, que es lo que a mí me importa sobre todo, se desactive
en sus efectos más tanáticos (mortales)”, declaró Agüero en una entrevista con
IPS. Perú tiene 200 años de vida republicana pero arrastra problemas de
desigualdad y discriminación, que debido al centralismo agudo en Lima afectan
sobre todo a las poblaciones del interior, especialmente rurales, campesinas,
amazónicas e indígenas quechuas y aimaras.
Para 2021, según las últimas estadísticas oficiales, la pobreza urbana se
situaba en 22 % y la rural en 40 %, sobre todo en la sierra y la Amazonia.
Regiones como Ayacucho, Huancavelica, Puno –algunos de los centros de la
protesta social- alcanzaron los niveles más altos de pobreza en un rango de 37
% a 41 %. La capital de Perú supera los 11 millones de habitantes, representa
la tercera parte de la población total,
estimada en 33 millones. Es una ciudad con una alta inmigración interna
que refleja la necesidad de las personas de encontrar las oportunidades de las
que carecen en sus lugares de origen (IPS, febrero 16 de 2023).
La
criminalidad creciente e incontrolable. Miles de venezolanos y personas de otras
nacionalidades ingresan como Pedro a su casa por las fronteras al Perú, no
tienen documentación y no pasa nada; lo que nos espera a los peruanos en el
corto y mediano plazo es una realidad espeluznante si solo un 10% de ellos opta
por la criminalidad, ante una policía nacional incapaz de ubicar y reprimir el
delito y la lenidad del aparato de justicia también incapaz de sancionar con
penas carcelarias duras a quienes delinquen con impunidad sobrecogedora. El
crimen organizado engloba 21 delitos, entre ellos la delincuencia común y la
extorsión que crece de manera incontenible y se ha convertido en un problema sin
visos de solución, los asesinatos por encargo, los secuestros y las amenazas
extorsivas son una amenaza letal para empresarios, trabajadores y emprendedores,
principalmente, ante la pasividad, inacción y falta de decisión política del
ejecutivo, legislativo, poder judicial y ministerio público que en los últimos
seis años más que en periodos anteriores trabajan en concordancia a intereses
del poder hegemónico, mientras que para distraer a la opinión pública
magnifican y culpan a delitos vigentes por décadas pese a las grandes
inversiones y gastos efectuados para combatirlos. “Entre los servicios públicos
más fundamentales, la seguridad ciudadana tiene dos características que la
hacen especial. La primera es que, a diferencia de otros como la educación,
salud o infraestructura, sus procesos de deterioro no necesariamente suceden a
lo largo de décadas de negligencia; pueden desencadenarse, más bien, en una
violenta y rápida espiral de decadencia en la que los crímenes y la sensación
de impunidad se refuerzan mutuamente. La segunda característica guarda relación
con la esencia del Estado. Una nación puede ser viable aún con bajos índices de
electrificación o saneamiento –por mencionar solo algunas responsabilidades del
aparato público–, pero es inviable cuando el Estado de derecho y las garantías
de seguridad personal se pierden del todo. Por eso las recientes estadísticas
sobre la criminalidad en el país no deben ser pasadas por agua tibia. De
acuerdo con un informe publicado ayer por la Unidad de Periodismo de Datos de
este Diario (ECData), las denuncias por delitos ante la PNP subieron un 27%
desde el 2018, la mayoría de ellas ligadas a delitos contra el patrimonio (como
el hurto o robo). Entre las regiones más afectadas se encuentran Madre de Dios,
Lambayeque y Arequipa.” (Editorial El Comercio, marzo 6 de 2023).
El
voto social. “El
año 2000 la renuncia de Alberto Fujimori desde Japón dio paso a la sucesión del
presidente del Congreso Valentín Paniagua y luego Alejandro Toledo, Alan
García, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kucynski. Martín Vizcarra, Manuel Merino,
Francisco Sagasti, y Pedro Castillo, siete acusados de corrupción y cuatro
destituidos (vacados) por el Congreso bajo control del fujimorismo y sus
tradicionales aliados mediante la acusación de “incapacidad moral” respaldada
por la Constitución fujimorista de 1993. El 6 de junio de 2021 y después de un
recuento de votos de la segunda vuelta electoral, el Jurado Nacional de
Elecciones declaró ganador de la Presidencia de la República a Pedro Castillo,
candidato de Perú Libre frente a Keiko Fujimori, de Fuerza Popular y quien postulaba
por tercera vez. Castillo, maestro rural, ajeno a las élites, “un desconocido
en Lima” según la prensa; que no apareció en las encuestas de opinión; con una
imagen ajena a los paradigmas del marketing, y un discurso sin propuestas
atractivas, logró ganar las elecciones. Durante año y medio de gobierno
enfrentó tres solicitudes de “vacancia” y diversas solicitudes de juicios
civiles por presuntos delitos junto a su familia. El 7 de diciembre de 2022
ante una inminente y nueva declaratoria de vacancia por el Congreso, Castillo
decretó un fallido autogolpe de Estado con el cierre del Congreso. En
respuesta; el Parlamento lo vacó, y el nombramiento en el cargo de la
Vicepresidenta a Dina Boluarte. Horas después Castillo fue detenido” (Perú. El
voto social, por Felipe Sierra. El Tapete).
Abrazar
la Diversidad de Razas (En el Perú si no tienes de Inga, tienes de Mandinga). ¿Cómo
sería el Perú si realmente abrazara la diversidad? Marco Avilés autor de otro
artículo en Washington Post, escribe sobre racismo en América Latina. Es autor
de ‘No soy tu cholo’ y ‘De dónde venimos los cholos’. Actualmente estudia un
doctorado en la Universidad de Pennsylvania. “Tras la caída en desgracia del
exmandatario Pedro Castillo, a inicios de diciembre, su vicepresidenta Dina
Boluarte asumió la conducción de un gobierno teóricamente de izquierda.
Boluarte, lejos de seguir o corregir la política de su predecesor, se alió con
sus antiguos adversarios de derecha y, desde las primeras protestas, ordenó una
represión no vista en el país desde la dictadura de Alberto Fujimori. Medio
centenar de personas han muerto desde entonces, principalmente en ciudades y
pueblos de mayoría indígena. ¿Cómo sería el Perú si realmente abrazara la
diversidad? ¿Qué significa abrazar la diversidad? ¿A quién iba dirigido ese
mensaje? ¿A otras personas blancas, con poder, que necesitan recordatorios de
este tipo? Entonces, ¿quién debe abrazar y quién debe ser abrazado? Pero, ¿es
eso lo que buscan las personas “diversas”, no blancas, cholas, indígenas,
negras, racializadas que hoy protestan movilizadas en el Perú y son heridas y
asesinadas?...Pero lo realmente horroroso es la dimensión colectiva, pandémica,
de este tipo de crueldad y clasismo. Muchos medios internacionales que cubren las
protestas y las masacres evidencian por contraste que el ecosistema (convencional)
del periodismo y la política peruana tienen una penosa resistencia a nombrar el
racismo que asola al Perú. La falta de diversidad es una dimensión del racismo
difícil de denunciar, pero es un factor clave para entender por qué el gobierno
peruano puede reprimir y masacrar a poblaciones indígenas, gente “de las
alturas”, con el respaldo de muchos medios de comunicación”.
Estamos
ante un régimen cívico – militar? Para Yamilé Guibert, analista
política. “Todavía no sabemos cómo se está dando esta distribución del poder
para saber si estamos ante una transición hacia un régimen cívico-militar”.
Carlos García Ayala, analista político dice que, “La democracia todavía persiste
de una manera mínima (...) los derechos civiles que sustentan a esa democracia
se han visto vulnerados”. Marylia Cruz, analista política, afirma, “Creo que
todavía no estamos en un régimen cívico-militar. Diría que estamos enrumbados a
un gobierno cívico-militar”.
Interrogantes
que esperan respuestas. ¿Por qué la presidenta Dina Boluarte
tendría que renunciar, si ella asumió constitucionalmente el cargo? ¿Por qué Pedro Castillo debe ser liberado si
es investigado por haber incurrido en supuestos delitos denunciados con una
celeridad sin precedentes por la fiscal de la nación Patricia Benavides? ¿Es
prioritaria o un caso de vida o muerte una asamblea constituyente para una
nueva constitución cuando hay otros tantos
temas y problemas muy urgentes que resolver en beneficio de todos los
peruanos? ¿Es posible el cierre de un Congreso desprestigiado (6% de
aprobación) porque se lo piden miles de peruanos que tomaron las calles con
argumentos que a muchos no convencieron, mientras los congresistas se aferran a
su curules, piden reelección inmediata o un parlamento bicameral y se dan el
festín con un menú de lujo, compran alfombras a un valor cinco veces mayor,
alquilan playas de estacionamiento por millones, se pasean por el mundo con
dinero del Estado, etc. Y como si fuera
poco Fuerza Popular, Avanza País y otros grupos políticos malversan y se
apoderan de los recursos de todos los peruanos asignados con el objetivo negado
de mejorar la actividad política, cuando todos sabemos que existen grupos
familiares y de un solo propietario con la falsa etiqueta de político.
Definiciones:
“Poder hegemónico. Dominio o
supremacía que un grupo ejerce sobre otro, de tal modo de dictar los términos y
parámetros de la acción social en todos los sentidos y mantener a la oposición
fuera de la ley o la legitimidad” Wiktionary. org.
“Oligarquía. Sistema de
gobierno en la que el poder está en manos de unas pocas personas pertenecientes
a una clase social privilegiada” Definición de Oxford.
Derechos humanos
fundamentales. Según la RAE, los derechos fundamentales son aquellos “derechos
declarados por la Constitución que gozan del máximo nivel de protección”. Es
decir, se trata de unos derechos alienables, inviolables e irrenunciables. Y
pertenecen a todas las personas por su dignidad. Los derechos humanos son los
derechos que tenemos básicamente por existir como seres humanos; no están
garantizados por ningún Estado. Estos derechos universales son inherentes a
todos nosotros, con independencia de la nacionalidad, género, origen étnico o
nacional, color, religión, idioma o cualquier otra condición.
· * Ingeniero Agrónomo, Periodista investigador,
escritor.
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