Elecciones 2021: El Perú profundo confronta en las urnas a la derecha tradicional.

Felipe A. Páucar Mariluz*

"El contexto de crisis sanitaria, económica y política es relevante para entender cómo es que Perú ha caído en esta apatía".

 

Pedro Castillo el candidato que ganó la primera vuelta no tiene procesos judiciales pero si el dueño del partido Bladimir Cerrón. Foto cortesía.

En primera vuelta electoral el Perú mostró una polarización entre izquierda y derecha, además la fragmentación de la población votante en 7 agrupaciones políticas a quienes apoyó de manera tal que el ganador el profesor y agricultor Pedro Castillo obtuvo 19% y la segunda Keiko Fujimori heredera del fujimorismo y expresión del status Quo o ‘las cosas como están’, obtuvo un 13%, mientras los candidatos Hernando de Soto, Raúl López Aliaga, Yonhy Lescano, César Acuña, Verónica Mendoza obtuvieron entre 11 y 7%, de apoyo y preferencias respaldo insuficiente para afirmar que nos encontramos ante líderes de la política menuda que intenta gobernarnos.

Sin bien la sorpresa en las elecciones 2021 resultó ser Pedro Castillo que ganó en preferencias  en 16 de las 24 regiones del país, convirtiéndose en el tsunami que logró desplazar en dos semanas a los candidatos favoritos Yonhy Lescano, Keiko Fujimori, Hernando de Soto y Rafael López Aliaga, el respaldo no es contundente, lo que lleva a la incertidumbre de su candidatura que deberá enfrentar en segunda vuelta a la candidata del poder político y económico, poderes que entran en pánico ante la imagen de Venezuela y Cuba o del episodio funesto vivido recientemente como la dolorosa guerra interna entre el terrorismo y contra terrorismo que utilizó como conejillo de indias o chivos expiatorios a la población peruana urbana y rural; imagen y episodios que sin duda utilizaran para decirnos que su candidata Fujimori es la mejor opción como lo hicieron con el entonces candidato Ollanta Humala que terminó siendo como presidente el vasallo de esos poderes. En esta especie de guerra desigual tendrán protagonismo los grandes medios de comunicación y las redes sociales Facebook y Twitter que serán convertidos en la caja de resonancia de la mentira, la calumnia y difamación.

Con estos resultados se evidencia una vez más que somos un país fracturado, dividido, con un Perú profundo de peruanos marginados, ignorados y explotados. Con un centralismo limeño que profundiza la grieta de la desigualdad, un centralismo asfixiante que no atiende los reclamos urgentes por décadas hasta provocar la reacción de rechazo a las eternas promesas olvidadas y dádivas hechas costumbre por quienes lucraron impunemente con el poder y mancillaron el honor de 32 millones de peruanos y peruanas, en mayoría gente honesta y trabajadora que merece comprensión y algo de bienestar.

Hace un año fue el Frepap quien dio  el primer campanazo, esta vez fue Perú Libre de Pedro Castillo, profesor, rondero y campesino. Una novedad para Lima y la clase política que lo conoció en una larga y radical huelga magisterial, sin embargo, es bastante conocido en las provincias, distritos y caseríos; esa población es la que se expresó en las urnas con contundencia y claridad convirtiendo a los otros 17 candidatos en grandes perdedores.

En 16 de las 24 regiones del país tiene más de 30% de votación como: Apurímac, Cajamarca, Huancavelica, Ayacucho, Puno, Huánuco, etc., en mayoría son regiones pobres o extremadamente pobres, con profunda desigualdad histórica y en las que el Estado no ha logrado dotar de mayores oportunidades a sus habitantes, en especial a los pobres extremos que sobreviven en medio del abandono y la indigencia. El periodista Nicolás Lucar en Exitosa radio y televisión aseguró que en estas y otras regiones estamos peor que Venezuela en respuesta a  los tontos útiles de los poderosos que presentan a este país en desgracia por responsabilidad de gobernantes corruptos y autoritarios como el cuco al que debemos temer con un eventual gobierno de Pedro Castillo. Hemos vivido tiempos de grave autoritarismo y corrupción, el mal que heredamos y hoy padecemos es la corrupción y tiene en la candidata Keiko Fujimori Higushi su representante genuina.

Pedro Catillo propone el cambio de Constitución, así como la eliminación del sistema de las AFP. Ha propuesto la elección popular de jueces, fiscales y procuradores y la revisión y renegociación de todos los contratos entre el Estado y las empresas transnacionales. Otra promesa de campaña es la estatización y nacionalización de empresas en sectores estratégicos.

Se ha pronunciado en contra del impuesto a la riqueza y ha mostrado un perfil conservador en relación a la familia, los derechos de la mujer y la educación. En las siguientes ocho semanas debe buscar alianzas y consensos que consoliden su triunfo en la segunda vuelta, deberá enfrentar a las alianzas que pueda lograr Keiko Fujimori de la derecha tradicional que hará lo imposible para derrotarlo en el entendido que él es una amenaza para sus intereses y quizás para el país por sus vínculos no probados con Venezuela, Cuba y el Movadef y que él ha negado reiteradamente.

 

Keiko Fujimori Higushi, la candidata de la derecha tradicional que ocupó el segundo lugar, con el riesgo de volver a la cárcel por presunta corrupción. Foto Poder Judicial.

La profunda crisis de representación política, expresada en la clara fragmentación de la intención de voto que implicó que hasta 5 candidaturas llegaran al día de los comicios con similares probabilidades. Las tendencias registradas en las encuestas quedaron refrendadas en las urnas. La dispersión de las preferencias es de tal magnitud que la suma de los votos otorgados a los tres primeros candidatos alcanza el 43% de los votos válidos, un hecho inédito en la historia de nuestras elecciones democráticas desde 1980.

La fragmentación del país no debe ensombrecer el rasgo principal de los resultados de esta primera vuelta, que es: una franca polarización entre dos modelos de solución a la grave crisis política, económica y social que atraviesa el país, agudizada el 2020 por la pandemia.

La definición de la segunda vuelta dependerá de cómo se estructuren las alianzas políticas que permitan obtener la mayoría absoluta de los votos. La extrema fragmentación de las preferencias electorales, en un contexto de crisis económica, política y moral agravado con la pandemia, dio como resultado el surgimiento de los extremos ideológicos, la aparición de López Aliaga de la extrema derecha fundamentalista en el sistema político, es el indicativo de un electorado que se inclina por opciones que ofrecen salidas dramáticas a la crisis, aunque estas sean difíciles o imposibles de cumplir.

Las soluciones podrán darse si se mejora las estructuras del Estado incapaz y corrupto que heredamos de otros gobiernos por décadas, taras y vicios que se mantuvieron hasta la actualidad, por el cobijo de los gobiernos incompetentes y corruptos que les sucedieron. Estos son aspectos claves y fundamentales que las peruanas y peruanos tendremos que evaluar y tener presente cuando volvamos a las urnas a elegir al nuevo presidente de un gobierno que esperamos sea el inicio de salida del inmenso hoyo en el que nos encontramos atrapados.

 Es hora de preguntarnos: ¿Cómo cayó nuestro país en estas circunstancias?

Estas son cuatro claves para entender de alguna forma este panorama incierto:

Crisis de partidos / Crisis de representación: El Perú viene viviendo una crisis de partidos hace décadas, pero se trata más de una "crisis de representación política". "Los partidos tradicionales, con historia, han dejado de representar a un porcentaje alto del electorado y los partidos más nuevos son tomados por algún político que no tiene partido como vientre de alquiler. Cada elección presenta candidatos diferentes que no se quedan en el partido, lo que le da una imprevisibilidad muy grande al sistema", "Los partidos están en crisis cuando se combina la insatisfacción ciudadana y la falta de liderazgo", sostienen los analistas.

Presidencias débiles: Al problema de los partidos se suma el continuo enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Congreso durante los últimos cinco años. La destitución de Martín Vizcarra en noviembre, por parte del congreso, desató fuertes protestas en Perú, no en defensa del expresidente sino de la fragilidad del cargo presidencial sujeto a apetitos de golpistas de toda clase. La pelea entre el Ejecutivo y el Legislativo se dio con el presidente Pedro Pablo Kuczynski y continuó con  Martín Vizcarra, que también llegó a la presidencia sin mucho apoyo en el Congreso. En septiembre de 2019 disolvió el Parlamento y en noviembre de 2020, el nuevo Parlamento lo destituyó. Manuel Merino, el presidente que lo reemplazó, duró cinco días y finalmente asumió Francisco Sagasti, un mandatario de transición con buen currículo académico y pocas definiciones políticas.

Como el Estado está "en conflicto permanente", hay una "desconfianza de que la política pueda solucionar los problemas del día a día". Las perspectivas para el nuevo gobierno no parecen muy diferentes, ante la alta dispersión del voto. "Con esta elección, Perú afronta dos riesgos concretos: uno, el de la presidencia sin mayoría, con un Congreso muy fragmentado, con una fragmentación mucho mayor a la que hemos tenido históricamente", dijo César Campos a un medio internacional. El segundo riesgo, consecuencia del primero, es que haya problemas de gobernabilidad similares a los que hemos vivido en los últimos cinco años. La amenaza va a estar ahí.

El problema de la corrupción. El mayor problema que ha golpeado las esperanzas que los peruanos es la corrupción. Según el Barómetro de las Américas del Latin American Public Opinion Project, de la Universidad de Vanderbilt, EE.UU., Perú apareció en la edición de 2018-2019 como "el país más preocupado por la corrupción", ya que el 36% de los entrevistados la nombró como el problema más importante del país. También fue el país en el que más encuestados, un 95%, "creen que la mitad o más de los políticos está involucrado en corrupción". Para el 61% de los peruanos, el principal problema es la corrupción, según una encuesta de octubre de 2020 de Ipsos Perú. El efecto de presidentes procesados y encarcelados es que muchos de los partidos se quedaron sin líderes y la gente dejó de confiar en estas opciones políticas.  La corrupción de las últimas décadas ha creado "una sensación de que todos los políticos son iguales, de que la corrupción está presente inevitablemente en la política", por lo que "ha afectado gravemente la confianza en el sistema político".

La candidata Keiko Fujimori encarna la grave corrupción y autoritarismo de la década del fujimorato donde su padre fue presidente y ella en los últimos tramos la primera dama, como si fuera poco, tiene investigaciones por el lavado de 15 millones de soles utilizados en sus dos fallidas campañas electorales anteriores que fueran entregados por Odebrecht, empresarios del ‘Club de la construcción’ y del mundo de las finanzas y negocios a cambio de favores cuando fuera presidenta. Además, están sus presuntos vínculos con el narcotráfico como denunció la prensa independiente y el político Fernando Olivera quien menciona el caso de su hermano Kenyi en cuyo almacén se encontraron 100 kilos de cocaína y algunos de sus dirigentes y aportantes investigados por narcotráfico y lavado de activos, o de ser propietaria de numerosas propiedades a lo largo y ancho del país, entre otras perlas negras.    

Candidatos populistas. La candidatura de Pedro Castillo, del partido Perú Libre del sentenciado Bladimir Cerrón, creció en las últimas semanas, al generar en el elector la sensación de cambiar el estado de cosas a partir de un discurso populista. Aunque Verónica Mendoza y Yonhy Lescano solo confrontaron la dimensión económica, pero no pudieron confrontar la política porque Lescano fue congresista y Mendoza participó en el gobierno de Ollanta Humala". Los candidatos han segmentado al electorado peruano y dada la fragmentación, han agudizado sus posiciones, por eso los extremos de Pedro Castillo y López Aliaga se notaron más. Mientras que Keiko Fujimori y Hernando de Soto quedan como los defensores del sistema imperante que millones de peruanos rechaza y quieren cambiar. Algo esencial para el desconfiado electorado peruano, es que anteriormente creyó en figuras con discursos populistas y radicales, como Ollanta Humala (2011-2016), quien una vez llegado a la presidencia se olvidó de promesas y compromisos para dedicarse a servir a los poderes tradicionales del país, a los empresarios y a los ricos.

Hasta el momento nada hace pensar que con estas elecciones las cosas vayan a ser distintas a lo que hemos visto desde 1985 y, más bien, con los números delante, podemos presumir que tendremos un presidente o presidenta aún más débil que los últimos cuatro desde 2016, ninguno de los cuales llegó a cumplir dos años de mandato. Tanto el Ejecutivo como el Congreso enfrentarán problemas de legitimidad ante una ciudadanía que desde ya los mira con desconfianza y que, no los elegirá de forma mayoritaria.

Mientras tanto, nuestras élites hablan de “defender el modelo” pero viven bien aceptando la falta de transparencia, la falta de responsabilidad y rendición de cuentas que exige cualquier sociedad democrática medianamente funcional.

 “En nombre del pueblo de los Estados Unidos, les deseo a los ciudadanos de Bolivia, Ecuador y Perú un exitoso proceso electoral el 11 de abril, que se desarrolle de manera justa, libre, accesible y pacífica. Como parte de nuestro esfuerzo por proteger y fortalecer las democracias, debemos reconocer que las elecciones libres y justas para todos los ciudadanos son apenas un paso de este proceso, puesto que la votación libre y justa debe estar acompañada por el respeto de los resultados, las libertades fundamentales y la rendición de cuentas”. Expresó el presidente Biden a través de la Casa Blanca mediante un comunicado. Deseos que estarían muy lejos de cumplirse cuando desde este país en las últimas cuatro décadas se arremetió con políticas represivas contra un sector de campesinos cultivadores de la hoja coca en el marco de su guerra contra las drogas.

Al cierre de este informe, Pedro Castillo y Keiko Fujimori comenzaron a afinar sus estrategias para lograr el triunfo en la segunda vuelta, cada quien a su propio estilo. El candidato de Perú Libre dio una conferencia en Cajamarca junto con un grupo de ronderos, en la que ratificó sus propuestas e hizo un llamado a todos los sectores a dialogar; mientras que la lideresa de Fuerza Popular lo hizo recibiendo en su casa a sus más allegados asesores quienes se reunieron con líderes y asesores de Avanza País y Renovación Popular.

En cuanto a la elección de congresistas al 100% de actas procesadas, en Huánuco los virtuales congresistas son Elizabeth Medina Hermosilla profesora y empresaria, Abel Augusto Reyes Cam con estudios secundarios por Perú Libre y el médico Luis Picón Quedo de Alianza Para el Progreso. En Ucayali los congresistas serían de Fuerza Popular, Acción Popular y Perú Libre. En San Martín los congresistas probables serán de Alianza Para el Progreso, Perú Libre, Fuerza Popular y Acción Popular. (Con información de: ONPE, encuestadoras, organismos internacionales de vigilancia, prensa internacional: el País, Panampost, EFE. Prensa nacional: La República, El Comercio. Blog Leyenda del Huallaga, etc.).

Perú en la encrucijada: De la pandemia al golpe a la democracia.

Felipe Ascención Páucar Mariluz*

No es algo nuevo, es casi una costumbre en un país de oportunistas que buscan crear sismas en un sistema democrático endeble. Foto Internet.

 

Pero ¿será posible que coincidan en alguien la virtud del buen ciudadano y la del hombre de bien? Decimos que el buen gobernante debe ser bueno y sensato, y que el político ha de ser sensato.” Aristóteles

¿Qué es el olvido? ¿Tiene fecha de caducidad la memoria? ¿Cómo corregir una ruina moral? ¿El fin justifica los medios? En el caso de una banda de asesinos en serie con coartada ideológica como ETA, ¿no fue más bien al revés? ¿Es cierto que el dolor no tiene bando? ¿Los malos son malos hasta el fin de sus días, y los buenos, buenos? Y mil y una preguntas más fluyen bajo la trama, los personajes y los mensajes de Patria” (El País).

En 1992, en plena guerra interna contra el terrorismo senderista y emerretista, una especie de comando cívico militar encabezado por Alberto Fujimori perpetró un golpe de Estado contra la democracia con los efectos sociales y políticos deplorables que conocemos. En 28 años nuestra clase política y sus representantes no aprendieron lo suficiente respecto a priorizar o anteponer el interés nacional al objetivo partidario o personal mezquinos. Entonces la justificación fue un Congreso beligerante y arisco al poder que se debía cerrar (disolver) y hoy al revés es el Congreso (su presidente) que intenta acceder a palacio de gobierno porque su titular le mintió al país y por tanto es una persona con ‘incapacidad moral permanente’ y para facilitar el acceso al alto cargo llama a los titulares del poder militar, en lo que podría configurar un hecho de sedición.

 

La trama golpista.

 

En un contexto de graves problemas sanitarios y económicos por la pandemia de la Covid-19, se suma otra crisis generada por el enfrentamiento entre los poderes políticos del Estado, a raíz de tres grabaciones presentadas por el presidente de la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República, Edgar Alarcón, en la sesión del Pleno del 10 de setiembre. En esta prueba documental se escucha al jefe de Estado, Martín Vizcarra, participar en conversaciones comprometedoras que lo vincularían con la contratación pública  (presuntamente irregular) del cantante Richard Cisneros.

Este hecho ha generado una discusión que viene desde inicios de este siglo en torno al significado de la incapacidad moral prevista como causal de vacancia presidencial en el inciso 2 del artículo 139 de la Constitución, la cual fue presentada en una moción de orden del día y admitida el 11 de setiembre con 65 votos adherentes. Para vacar al presidente se requiere de 87 votos.

 

La Constitución de 1993 en debate.

 

Lo que hoy se estipula como incapacidad moral permanente fue incluida por primera vez en el texto constitucional de 1839 como «perpetua imposibilidad moral», siguiendo con la misma fórmula hasta la Constitución de 1860. Sin embargo, en 1823 en el que se empleó esta institución para vacar al militar y político peruano José Mariano de la Riva-Agüero y Sánchez Boquete, primer presidente de la República; y a dos presidentes vacados por la misma causal: Guillermo E. Billinghurst (1914) y Alberto Fujimori Fujimori (2000).

Dentro de los múltiples problemas que surgen del contenido que se le ha dado contemporáneamente a la incapacidad moral permanente, considero que son dos los más relevantes en tanto colisionan directamente con los preceptos constitucionales: i) la incompatibilidad con nuestra forma de gobierno presidencial, y ii) la vulneración al principio de legalidad por falta de tipicidad de las conductas configuradoras de incapacidad moral.

“En un régimen presidencialista, en tanto forma de gobierno, se caracteriza porque el más alto funcionario en la estructura del Estado es el Presidente de la República, quien es el jefe de Estado y de las fuerzas armadas, personifica a la Nación, dirige las relaciones internacionales, es elegido democráticamente y su autoridad solo se somete a la Constitución. Si esto es así, en un modelo de gobierno presidencial ha de garantizarse la estabilidad política del Primer Mandatario, el principio de gobernabilidad que recae sobre su investidura democrática, y la continuidad de su mandato; de tal modo que si el poder le ha sido atribuido por el pueblo por sufragio universal (soberanía popular), deberán establecerse ciertos supuestos sumamente graves y excepcionales que configuren vulneraciones irremediables a la Constitución a la que se encuentra sometido, pues de lo contrario se dañaría el régimen democrático, generando inestabilidad política con múltiples consecuencias sociales, culturales y económicas.” (Vicente Villalobos.)

Entonces, así como la Constitución establece supuestos excepcionales para la procedencia de la acusación en el ejercicio del control político parlamentario, también el procedimiento ha de ser agravado. En efecto, para la procedencia de la acusación se requieren de la votación favorable de la mitad más uno del número legal de miembros del Congreso; después de ello el Primer Mandatario deberá ser procesado judicialmente, por lo que si se corrobora la comisión de cualquiera de los ilícitos antes señalados, es a partir de este momento en que el Congreso se encontrará facultado para destituirlo de su cargo, operando la sucesión estipulada por la Constitución.

Así, pues, el primer problema de la incapacidad moral permanente es que ha sido empleada por la práctica parlamentaria para evitar este procedimiento agravado, y a su vez para subsumir cualquier conducta que pueda ser calificada como contraria a la moral, indigna o aberrante socialmente, que a discrecionalidad de los parlamentarios sea considerada como impedimento para seguir ejerciendo sus funciones, lo que aumenta notablemente el riesgo de atentar contra la estabilidad política y el principio de gobernabilidad del mandato presidencial.

En suma, los parlamentarios al evaluar la aprobación de vacancia presidencial han de observar el contexto social presente, prever el impacto del ejercicio de su poder cuyo titular originario es el pueblo (algo que no deben olvidar), considerar que aunque las medidas pueden ser las mismas, la oportunidad de su aplicación tiene un impacto distinto. Por tanto, el debido proceso legal es un criterio cuya observancia es una exigencia constitucional al adoptar y aplicar un acto de poder.

 

Incapacidad moral permanente.

 

La incapacidad moral, establecida en el inciso 2 del artículo 113 de la Constitución de 1993, ha sufrido una distorsión debido a la irresponsable práctica parlamentaria del Congreso de la República, tal vez por afán del ejercicio arbitrario del poder o por desconocimiento del origen histórico de los preceptos constitucionales. Los congresistas deben recordar que, si bien su investidura les ha sido concedida en tanto forma de gobierno de democracia representativa, el titular originario del poder es el pueblo, por lo que todo acto aplicado en el ejercicio de sus funciones indudablemente surtirá impacto negativo o positivo en el cuerpo social.

Se han brindado dos soluciones al problema interpretativo de la incapacidad moral permanente, cuya selección corresponde al titular del poder representado por el parlamento peruano. Pero antes de ello, no debe soslayarse que nuestro modelo de Estado tiene como fuente el presidencialismo norteamericano, lo que quiere decir que sobre el Presidente de la República recae la mayor responsabilidad política al ser el más alto funcionario en la estructura estatal consagrada por la Constitución, razón por la cual la regla consiste en el respeto de la continuidad del mandato presidencial y garantizar la estabilidad política, y la excepción establecida en una lista taxativa de supuestos que revistan un grado de gravedad tal que haga imposible o repudiable que el Primer Mandatario de turno continúe en personificando a la Nación.

Por otro lado, el debido proceso legal es un parámetro de justicia que esperemos sea considerado por el parlamento peruano este viernes 18 de setiembre, fecha en la cual se debatirá la aprobación de la vacancia presidencial, con la presencia del Presidente Martín Vizcarra y/o su abogado a efectos de ejercer su derecho de defensa, si es que no prospera la demanda competencial. Y es que todo acto de poder debe ejercerse siempre bajo el principio de razonabilidad, el cual conlleva al titular de esa cuota de poder que le permite aplicar determinada medida a examinar el impacto social de ello, evaluando la gravedad del contexto social vigente y preservando siempre los valores constitucionales superiores.

 

Parámetros para declarar la incapacidad moral permanente.

 

A esto se debería agregar que la imputación de incapacidad moral permanente debería estar ligada a un proceso en el que lo imputado, debería ser comprobado, bajo parámetros procedimentales concretos y tras un debido proceso de acuerdo a las reglas mínimas establecidas en la propia Constitución, así como en las disposiciones internacionales vigentes, como dice Sar, bajo los parámetros y derechos siguientes: 1. Debe tratarse de una incapacidad permanente. 2. El parámetro de evaluación debe ser la moral pública, y 3. La conducta infractora debe tener una base objetiva, y en aplicación efectiva de los derechos siguientes: Derecho a una comunicación previa y detallada de los cargos, Derecho a la presunción de inocencia, Principio de imparcialidad. Derecho de defensa, Derecho a probar, Publicidad del proceso, Derecho a la motivación y, la razonabilidad y proporcionalidad de la sanción. De modo, que este no es un mero trámite, o no puede decirse que basta con la aplicación simple del artículo 113 de la Constitución y los pertinentes del Reglamento del Congreso, porque, como ya lo dijimos, no está, necesariamente solo en juego, la persona del Presidente, sino, la figura presidencial en términos políticos.

 

La asonada contra la democracia.

 

Le decisión de vacar al presidente Vizcarra se adoptó luego de un debate muy pobre de argumentos políticos, ya no se diga en el campo constitucional. Permitió confirmar, no obstante, que la bancada que lidera la vacancia es UPP, dirigida desde la cárcel por Antauro Humala, ejecutando una estrategia de incremento de tensiones políticas en medio de la crisis como condición para mejorar sus posibilidades electorales. En esa ruta se ha encontrado con la bancada de Podemos, un cuestionado grupo portador de los vicios más nefastos de la política peruana, liderado por Daniel Urresti y la familia Luna.

El comportamiento de APP es igualmente lamentable. Su adhesión a la estrategia de la vacancia devela el escaso compromiso democrático de su bancada y el peligroso pragmatismo de su líder y candidato presidencial. Nos notifican su falta de escrúpulos para cruzar al lado de la inestabilidad y los intereses turbios que alimentan la operación para destituir al presidente,

La puesta en escena pierde consenso en la sociedad, pero revela su esencia, compuesta de grabaciones subrepticias, amenazas, envío de emisarios con ofertas y trámites apresurados para legalizar las supuestas pruebas. Entre la Comisión de Fiscalización y la Presidencia del Congreso se ha instalado una interacción claramente mafiosa. La República.

 

Retroceso de la intentona antidemocrática.

 

“Luego de todo lo que hemos pasado, debemos comprender que la disolución de un Congreso o la vacancia presidencial son medidas extremas que se toman luego de haber agotado todos los caminos democráticos. Hasta hoy, no existen elementos suficientes ni procedimientos necesarios para vacar al presidente, por eso, Fuerza Popular votó mayoritariamente contra la admisión de la vacancia”, afirmó a través de un video difundido en sus redes sociales. Keiko Fujimori, El Comercio.

Otros grupos políticos y sus bancadas en el Congreso recapacitan y toman distancia de la vacancia presidencial sobre todo luego de conocerse las movidas torpes del presidente Manuel Merino de Lama, y del presidente de la Comisión de Fiscalización y Contraloría Edgar Alarcon Tejada de UPP, un personaje para el que la Fiscalía solicitó 17 años de prisión por 7 presuntos delitos cometidos cuando era Contralor de la República,.

 

La demanda Competencial.

 

La ministra de Justicia, Ana Neyra, anunció que el Gobierno interpondrá una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional (TC). Esto luego de la moción de vacancia admitida por un sector del Congreso al presidente Martín Vizcarra. ¿Pero cómo funciona este proceso?

La demanda competencial es un proceso constitucional que se presenta cuando hay un conflicto entre los poderes del Estado. Es decir cuando alguna de estas entidades adopta decisiones o ejercita alguna de sus facultades "invadiendo las de otro o haciendo menoscabo en atribuciones de otro poder del Estado", indica Oscar Urviola, expresidente del TC.

Óscar Urviola precisó que la demanda competencial se tramita ante el TC y está considerada en el artículo 202° de la Constitución Política y en el Código Procesal Constitucional.

"La demanda competencial puede ir acompañada de una medida cautelar, que no existe en el proceso de inconstitucionalidad. Y otra particularidad también es que en este proceso la resolución tiene que expedirse dentro de los 60 días hábiles desde que se puso la demanda", afirmó.

La medida cautelar es propia del proceso competencial y busca evitar que el perjuicio o la vulneración de las competencias de otro poder del Estado se consume y pueda complicar la situación.

"Esta tiene por objeto impedir que se cumpla alguna resolución o que se deje efectuar algún acto que puede ser precisamente el motivo del conflicto de competencia. Esta resolución va a paralizar el proceso", indicó Urbiola.

 

Conclusión.

 

Hasta el momento queda claro que ni la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ni la del Tribunal Constitucional ha desarrollado de manera adecuada la aplicabilidad de las garantías jurisdiccionales al procedimiento de declaración de la incapacidad moral permanente del Presidente, siendo esta otra materia que se encuentra indeterminada y sujeta a ser tratada posteriormente por medio de acciones políticas. También que el proceso iniciado apresuradamente en el Congreso adolece de incongruencias y vacíos legales que la tornan en una espada de Damocles contra el país dadas las circunstancias difíciles por las que atraviesan los 32 millones de peruanos.

La investigación a las denuncias en el caso Richard Cisneros que involucran al presidente Martín Vizcarra continúan a cargo de la fiscalía y se deberá esperar a que culmine su mandato para hacer frente en los tribunales a una posible condena por una falta político-administrativa cuyos alcances legales están por precisarse a fin que la impunidad por hechos de corrupción no sigan siendo una práctica nefasta.

“Se debe a nuestro propio fracaso moral y no a un capricho de la suerte el que, si bien retenemos el nombre, hayamos perdido la realidad de una república.” Cicerón.

 

(Con información y aportes: lpderecho.pe -Los problemas de la incapacidad moral permanente como causal de vacancia presidencial, Vicente Villalobos V., El País, La República, El Comercio, RPP Noticias, Tesis: La vacancia presidencial por incapacidad moral permanente, Agustín Valdez-Stuard, Universidad de Piura).

 

*) Ingeniero Agrónomo – periodista investigador.