De la ‘guerra’ perdida a las drogas. Al centenario de lucha sin tregua en Perú.

Felipe A. Páucar Mariluz.

En Defensa del cultivo de la coca y cuestionando el desarrollo alternativo considerado un fracaso. FAPM.

Se cumplieron 200 años de la ‘guerra’ contra las drogas, desde el conflicto armado entre China e Inglaterra en disputa por el mercado del Opio, y se cumplieron 100 años de la lucha contra las drogas y el narcotráfico en Perú, Colombia, México, Bolivia. Las drogas avanzan incontenibles, mientras el narcotráfico como parte del crimen organizado amenaza la seguridad interna y externa de los países, la estabilidad política, la democracia y afecta la salud, educación y cultura de las personas adictas o consumidoras. Un problema regional se convirtió en un conflicto global sustentado por el paradigma de la represión, con el agregado de la corrupción y el manejo mediático que sobredimensiona su real impacto en las sociedades. En la última década se alzan voces contra la violencia represiva que resultó inútil, y reclamando o exigiendo un cambio de estrategia que priorice la salud, la educación, los derechos humanos, la ética y la transparencia, que conduzcan al control/erradicación de las drogas y sus aliados del crimen transnacional. En tanto, las realidades expuestas en las siguientes líneas continuaran sin límites en el tiempo:

                “Aunque Colombia y México aparecen como los dos países esencialmente afectados por la problemática de las drogas, como proveedores y consumidores, no sólo sus gobiernos se plegaron dócilmente a las políticas dictadas por Estados Unidos y financiadas por el pleno del aparato diplomático y militar y sus múltiples agencias. Otros países, en especial del área andina, se sumaron a la comparsa, al servicio de los planes elaborados por el republicano Richard Nixon (1969-1974), el presidente al que politólogos e historiadores definen como el más bruto de los gobernantes del siglo XX. El objetivo era confrontar militarmente con las mafias de la droga, un oponente sin límites éticos ni morales, lo que llevó a los ejércitos regulares a traspasar fronteras y adentrarse en el mundo del terrorismo de Estado… «En esa fracasada estrategia se han gastado miles y miles de millones de dólares. La cosa a saber es quiénes se beneficiaron», se preguntó la Oficina de Drogas y Crimen de la ONU (ODCONU) en un reporte previo a la Asamblea General del organismo. La respuesta es indirecta. La economía mundial podría crecer un punto por año si los recursos puestos en el circuito del narcotráfico se destinaran al desarrollo de la economía formal. La ONU asegura que el narcotráfico genera unas ganancias anuales de aproximadamente 650.000 millones de dólares… Ese es el nido que Petro y AMLO invitan a patear. (Tiempo Argentino, 04/12/22).

                La Resolución Ómnibus sobre Drogas de las Naciones Unidas acordada en noviembre de este año manifiesta que: “La Comisión aprobó un proyecto de resolución sobre el problema mundial de las drogas, por 116 votos a favor contra 9 en contra (Bielorrusia, Camerún, Irán, Nicaragua, Nigeria, Federación de Rusia, Siria y Turquía) con 45 abstenciones. Según el texto, la Asamblea instaría a los Estados miembros y otros donantes a continuar financiando la respuesta al problema mundial de las drogas para abordar la creciente epidemia de VIH/SIDA entre las personas que se inyectan drogas y en las cárceles”.

“Yo les demando desde aquí, desde mi Latinoamérica herida, acabar con la irracional guerra contra las drogas. Hay que dejar de criminalizar a los eslabones más débiles de la cadena, los cultivadores de coca, y enfocar los esfuerzos en golpear a las organizaciones criminales que se lucran del narcotráfico. Si no corregimos el rumbo y esta se prolonga otros 40 años, Estados Unidos verá morir de sobredosis 2,8 millones de jóvenes por fentanilo que no se produce en América Latina. Verá millones de afroamericanos en cárceles privadas. Verá morir el sueño de la democracia ¿Qué es más venenoso para la humanidad, la cocaína, el carbón o el petróleo? ¨ (Discurso de Gustavo Petro, en la 77 Asamblea General de ONU 2022).

“La superficie cuantificada con cultivos de coca en Bolivia se ha incrementado en un 4% para 2021, registrando una superficie de 30.500 ha; 1.100 ha más con respecto a 2020, donde se cuantificaron 29.400 ha”. (Monitoreo de Cultivos de Coca en Bolivia 2021, Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Unodc, 29/11/2022).

“Colombia ha aumentado sus cultivos de plantas de coca -principal ingrediente de la cocaína- en un 43%, según señala un nuevo informe de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Colombia es el mayor productor de cocaína del mundo, el año pasado el área de cultivo de coca se expandió a 204.000 hectáreas. Es la cifra más alta desde que la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) comenzó a recopilar dichos datos en 2001. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, calificó la guerra contra las drogas como un fracaso”. (BBC, 21/10/2022).

El viceministro de Desarrollo Rural, Darío Fajardo, en Colombia opina que sigue pasando lo que ocurría en la época colonial española: “se obedece, pero no se cumple”. A raíz del informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) sobre la Política rural en Colombia 2022, donde se reconoce que en el sector rural prevalece la pobreza, el Viceministro se refirió a la situación actual del campo. (MasColombia, 28/11/2022).  “Colombia desplegará 400 militares para combatir a los grupos narcotraficantes que operan en las fronteras con Perú, Ecuador y Brasil, ante el aumento de asesinatos y desplazamientos en los últimos meses, anunció el gobierno el lunes 27 de noviembre. (Vistazo, 28/11/2022).

"Como dije en el pasado, nadie debería estar en la cárcel solo por consumir o poseer marihuana. Hoy estoy tomando medidas para poner fin a nuestro enfoque fallido", dijo Biden en Twitter. El mandatario también pidió a los gobernadores de los diferentes estados del país que emitan indultos similares para los condenados por delitos estatales relacionados con la posesión de marihuana. La marihuana recreativa ya es legal en 19 estados y Washington DC. El uso médico es legal en 37 estados y tres territorios de EE.UU. Sin embargo, esta droga sigue siendo ilegal bajo la ley federal de EE.UU., incluso en estados donde millones de adultos pueden comprarla y consumirla legalmente. Un funcionario de la Casa Blanca dijo que los indultos beneficiarán a unas 6.500 personas que fueron condenadas por cargos federales de posesión simple de marihuana entre 1992 y 2021 y a miles más que fueron condenadas por posesión en el Distrito de Columbia, donde se encuentra Washington. (BBC, 06/10/2022). Sin embargo la medida fue calificada como electoralmente política y tiene limitaciones legales y raciales: “La mayoría de las sentencias por marihuana han sido delitos estatales, en los cuales Biden no tiene la autoridad de conceder indultos; al presidente solo le queda la esperanza de que los gobernadores sigan su ejemplo”. (The New York Time, 30/11/2022).

“Las autoridades de Tailandia han regalado un millón de plantas de cannabis para incentivar su cultivo. Tailandia legalizó el cultivo y consumo de cannabis este mes, revirtiendo una política de línea dura que contemplaba largas condenas de prisión o incluso la pena de muerte por delitos de drogas. El corresponsal de la BBC en el Sudeste Asiático, Jonathan Head, informa sobre lo que está detrás de este cambio dramático. Aquello formaba parte de la "guerra contra las drogas" del entonces primer ministro Thaksin Shinawatra, que más tarde se intensificó y derivó en la matanza de muchos cientos de sospechosos de narcotráfico. (BBC, 27/06/2022).

“La Guardia Civil y la Ofast de la Policía Nacional Francesa, con el apoyo de Europol y Eurojust, ha procedido a la detención de diez personas e incautado más de 11 toneladas de droga pertenecientes a una organización criminal dedicada al tráfico internacional de drogas entre Marruecos y España con otros países europeos”. (Diario de Jaen, 03/12/2022).

“En la población fronteriza de Desaguadero confluyen los cargamentos de cocaína y pasta base de coca para pasar de Perú a Bolivia. En el extremo sur del lago, la población queda dividida hacia la mitad de la frontera por el río Desaguadero. Una investigación realizada en septiembre de 2022 por el diario boliviano El Deber reveló el papel que juegan decenas de muelles ilegales que rodean el lago (Titicaca) en la recepción de drogas y más”. (Insightcrime, 30/11/2022).

“El desarrollo alternativo, en vez de cultivos ilegales de hoja de coca, no es solo una actividad económica; es, esencialmente, un instrumento de protección a los pueblos indígenas, de mitigación del cambio climático y de generación de planes de vida concertados con las comunidades” (Ricardo Soberon, Andina. 30/11/2022). La verdad es que en 41 años el desarrollo alternativo fracasó en el objetivo de generar una economía licita alterna a la coca y cocaína, menos que los pequeños logros alcanzados sean sostenibles; es un pequeño paliativo a la pobreza de los cultivadores, no prioriza la protección del medio ambiente o los territorios nativos e indígenas que son violentados y sus líderes asesinados. En cambio sí privilegió el manejo político mediático con el fin de justificar los millonarios recursos utilizados sin transparencia, eficiencia y responsabilidad social o para presentarlo como la panacea de un cambio que facilitaba la lucha contra la coca y cocaína, lo que por enésima vez con el incremento a 100 mil hectáreas de cocales y 800 toneladas de cocaína/año, es desmentida rotundamente.

El 23 de noviembre de 2022, en la base de la Dirección de Operaciones Especiales, DIROES, Ate – Vitarte, el Viceministro del Interior Abel Gamarra Malpartida aseguró que: “Desde el Mininter reafirmamos nuestra política de tolerancia cero al tráfico ilícito de drogas, con la misión de imponer el principio de autoridad, en bien de la paz social, el orden público y la seguridad ciudadana”; fue al momento de iniciar con la incineración de 19.2t., de drogas e informar que durante el 2022 se destruyeron 64 pistas de aterrizaje clandestinas del narcotráfico, el último fue el 21 de noviembre en el distrito de Yuyapichis, provincia de Puerto Inca en la región Huánuco, con ello se habría cortado los vuelos clandestinos entre Perú y Bolivia. El Perú reinició la interdicción aérea en 2016 sin ayuda extranjera, cada avioneta transporta entre 250 y 350 kilos de cocaína. Gamarra informó que durante el presente año se decomisó e incineró 81.7t., de drogas (en abril 16.5, en agosto 16.6, en octubre 16.8 y noviembre 19.2t.), fueron destruidas 848 pozas de maceración y 492 laboratorios utilizadas para la conversión de hojas de coca en cocaína, además, se detuvieron 11 570 personas vinculadas al narcotráfico. Estas cifras permiten corroborar que la producción de coca, cocaína y el narcotráfico tuvieron un ascenso impresionante entre los años 2016 y 2022.

“El narcotráfico sigue siendo considerado como el grupo de poder al margen de la ley con mayor influencia en la política del país, con un 96%, según la XLII Encuesta del Poder de Semana económica e Ipsos Perú. El año pasado, también se ubicó en el primer lugar, con 99%. Le siguen la minería ilegal, el crimen organizado, Sendero Luminoso y la delincuencia, en ese orden, al igual que en la encuesta del 2021”. (Semana económica, 26/11/2022). 

En agosto de 2022 se desarrolló el mega Operativo ´Patriota’ desde Pichari y Mazamari en el corazón del Vraem, las fuerzas combinadas del Ejército, Marina, Policía Nacional, Fuerza Aérea y Fiscalía centraron su objetivo en la base principal del Militarizado Partido Comunista del Perú, MPCP ubicado en Vizcatan del Ene, por primera vez se utilizó un misil teledirigido que impactó en un cerro de agreste vegetación donde se suponía vivían cerca de 200 elementos alzados en armas, más familias con niños presuntamente secuestrados y conocidos como los ‘pioneritos’. Desde mucho antes los servicios de inteligencia criminal  reportaron que el grupo sedicioso contaba con 150 hombres con armas largas y gran poder de fuego capaz de derribar helicópteros y causar grandes bajas en personal de combate, sin embargo, la gran cantidad de armamento, pertrechos y otros aditamentos de guerra presentados como decomisados en conferencia de prensa por altos oficiales trajo a la memoria la especie de shows mediáticos de los años 80 y 90s en el Huallaga, donde material armamentístico de las propias fuerzas del orden en uso o dados de baja eran presentadas como propiedad de terroristas. La muerte de 2 efectivos militares y de 3 presuntos terroristas, más el material requisado en lo que habría sido el campamento principal de Víctor Quispe Palomino camarada ‘José’, darían fe de los logros de un operativo que si bien no pudo capturar al líder del PMCP le causó  daño al desarticularlo momentáneamente y aminorar el impacto de posibles futuras acciones que venían preparando contra las fuerzas de seguridad y población civil según información de inteligencia operativa.

 

Comandos en Vizcatan del Ene en misión que golpearía al corazón del MPCP. Captura video difusión.

  “Golpeamos en el corazón al cabecilla terrorista del Vraem”. Por primera vez el escondite del jefe terrorista del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro, Víctor Quispe Palomino, fue intervenido por efectivos militares durante la Operación ‘Patriota’, afirmó el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general de división EP Manuel Gómez de la Torre. “El diseño de la operación responde a una acción directa sobre el objetivo, una operación ofensiva neta. “Hemos ingresado en el Vizcatán, desbaratando su sistema de comando, control y comunicaciones. En esos momentos están totalmente incomunicados”, aseguró a la prensa.

 

Por la ruta del Bicentenario, en Ayacucho. Setiembre 2022.

 

Tres meses después, el alto mando del ejército dispuso el cese en el cargo del autor de este ‘aplaudido’ operativo, generando confusión y especulaciones. “El general EP Miguel Gonzáles Bojórquez, actual jefe del Comando Especial Vraem, fue pasado a la situación de retiro por decisión del alto mando del Ejército y del Gobierno. Gonzáles figura en la relación de oficiales dados de baja por causal de renovación de cuadros, la cual tendrá efecto a partir del 1 de enero del 2023”, (Perú 21, 10/11/2022).

En octubre entrevistamos a un efectivo en Pichari (puede ser del ejército, la policía, la marina, etc.) que participó en el Operativo ‘Patriota’, el manifestó que todo lo informado por la oficialidad sobre el operativo y los resultados eran verdad, con excepción que el objetivo de la acción armada era adelantarse a la acción de ataque clandestino con emboscadas de los terroristas al personal del Proyecto Especial Corah y del personal de resguardo que iniciarían la erradicación compulsiva de cultivos de coca en varios sectores cercanos a Vizcatan del Ene, objetivo que se cumplió plenamente tanto en la cantidad de hectáreas de cultivos de coca erradicados (mil) y que no existiese ninguna acción que afectara la seguridad o pusiera en peligro la integridad del personal civil y uniformado. “Puedo dar fe que el operativo se planeó y ejecutó con tal precisión y grado de sorpresa que incluso los pobladores de la zona no sabían lo que realmente estaba ocurriendo, pero eso sí, el objetivo principal no fue la captura o aniquilamiento del camarada ‘José’ y su banda, aunque se logró asestarle un fuerte golpe que nunca se lo imaginaron, es la primera vez que formé parte de un operativo tan bien planeado, estructurado y eficientemente ejecutado”, reconoció aquel día el suboficial.

Este operativo cuidadosamente elaborado, con el uso de alta tecnología obtuvo resultados positivos, demostrando que sí se puede acabar con la amenaza terrorista y que eso se pudo hacer desde los años 80 de no haber existido un aparente cálculo político y el tácito contubernio de varios gobiernos con la actividad criminal. Demostraría también que el gobierno de Pedro Castillo no protege al terrorismo, ni promueve el narcotráfico como aseguran sus detractores, y que en contrario continua controlando el tráfico ilícito de drogas, pero con acciones insuficientes.

 

Ingeniera Especialista del Cite Vraem capacitando a emprendedoras chocolateras en distrito Santa Rosa, módulo “Santa Cacao”. Julio 2022.

 

“En el VRAEM el principal desafío es combatir la pobreza, cuyo promedio alcanza al 51,5 % de su población; y la extrema pobreza al 18,7%, frente a un 3,8% del promedio nacional.  Las personas que habitan el VRAEM, sufrieron en carne propia la tragedia de la violencia terrorista y del narcotráfico que desencadenó una crisis social prolongada. Escenario análogo a lo ocurrido en 1824 en la Pampa de la Quinua, donde el ejército patriota victorioso frente a los realistas, selló la independencia de Latinoamérica” (Plan de Desarrollo Concertado Vraem, PDC 2018-2021).

El Vraem, es una macrorregión de 5 departamentos que no está en guerra, tampoco es el paraíso de la droga, ni tienen hegemonía el narcotráfico y el terrorismo. Sí es una zona con un enorme potencial social y económico, donde un sector mayoritario de su población se dedica a actividades lícitas. A pesar de ello, también es una zona donde la pobreza se enseñorea. Es tranquila y sin duda más segura que Lima la capital de la República o las grandes ciudades donde el crimen organizado y la delincuencia común han sentado su ámbito de operaciones en perjuicio de sus habitantes. Se dirá, pero en el Vraem se produce y transforma el 40% de la coca y cocaína del país y que es el único lugar donde el terrorismo siendo una incógnita crea un ambiente de inestabilidad, lo que podría ser cierto, pero aun así es un vasto y extenso valle con enormes posibilidades de crecimiento y desarrollo. Aquí el programa de desarrollo alternativo mal ejecutado y peor financiado por décadas, desperdició y echó a perder grandes oportunidades generando desconfianza y resentimiento. Recorrí en gran parte el Vraem como dirigente cooperativista en 1983 y 1984 visitando las grandes cooperativas, Satipo, Pangoa, Quinacho y Cocla, incentivando la agroindustrialización; luego en 1988, 2008, 2012, 2015, 2018 al 2022 como profesional agrario y periodista independiente con escasos recursos y sin acompañamiento de nadie que tenga intereses particulares contrarios a la verdad, ética y transparencia. En los lugares (que son  muchos) donde aún no pudimos llegar cruzamos información con comunicadores y otros profesionales de probada seriedad y credibilidad.

La Guerra de los Cien Años. Narcotráfico y Terrorismo.

El libro “La Guerra de los Cien Años. Narcotráfico y Terrorismo” escrito por el Ingeniero y periodista Felipe Ascención Páucar Mariluz es una obra que condensa los resultados de una investigación independiente sobre hechos, sucesos y acciones producidos en 100 años de lucha contra las drogas, básicamente contra la cocaína. En el caso de Perú el combate comienza en 1920 con la represión al cultivo de la coca y a la producción de cocaína que hasta esa fecha fue legal contando con autorización del Estado en varias zonas del territorio nacional. Se analiza el pasado y presente sobre políticas, estrategias y herramientas legales utilizadas en la mal llamada ‘guerra contra las drogas’ que requirió de la inversión y gasto de miles de millones de dólares en Perú, Latinoamérica y el mundo. Los resultados son parte del debate entre los que la consideran un éxito y los que asumen que fue un fracaso. La droga cocaína y la coca se multiplicaron de la mano de mafias que sofisticaron sus actividades y ampliaron sus redes criminales sostenidos por la corrupción vinculada al narcotráfico como parte del crimen organizado.

 

El libro identifica una Data Negra del Narcotráfico y Terrorismo que propicia un manejo mediático e irresponsable por personas que fueron actores directos en el manejo del problema, que al fracasar avanza amenazante en un círculo vicioso de nunca acabar.

 

“El Perú en 1920 pudo producir 20 toneladas de cocaína, hoy se calcula entre 400t y 800t. Si en 1930 pudieron ser 20 millones los adictos a las drogas, hoy se deduce en 300 millones; 30 millones a la cocaína. En 1920 la corrupción era un problema menor, hoy es una de las columnas del narcotráfico. En 1920 el lavado de dinero de la cocaína pudo sumar 100 millones, hoy son 3 mil millones de soles/año. En 1919 se inició la lucha contra la coca y cocaína, hoy es un penoso e interminable proceso y un reto. En 1978 fueron empadronados 26 mil productores de coca, hoy se desconoce cuántos de ellos están activos. En 1992 el Perú pudo tener 242 mil hectáreas de coca con 200 mil familias, hoy existirían entre 62 y 80 mil has con 70 mil familias. Entre 1987 y 1994 el Perú tuvo características de narcoestado, hoy esa posibilidad es remota. Según la Dirandro en 2021, se decomisaron 41 856 kilos de cocaína, el 10% de la producción. En 150 días del 2022 se decomisaron 25t de droga en más de 5 500 operativos. El Corah informa haber erradicado en cuatro meses 8 mil has de cocales en Aguaytía, San Gabán y Tingo María. A junio del 2022 la cooperación entre bandas europeas y latinoamericanas ha impulsado la producción, consumo y tránsito por Europa de cocaína de la más alta calidad, según Europol y ONUDC”.

 

“El hecho de que las autoridades concentren sus esfuerzos en las zonas tradicionales de producción de drogas como el Huallaga y VRAEM, incentiva a que la coca prolifere en nuevas regiones potencialmente lucrativas para el narcotráfico como las fronteras con Brasil, Bolivia y en la cuenca amazónica”. (InsightCrime, octubre de 2019). El desarrollo alternativo se inicia en el Huallaga en 1981, al 2022 un 20% de los 400 mil productores de coca, café y cacao fueron atendidos pero permanecen en la pobreza, por ello persisten en la coca.

 

En 42 años de terrorismo (SL, MRTA, PMCP) en connivencia con el narcotráfico causaron 69 mil muertes según la CVR y LUM.  En 1930 Perú, Bolivia y Colombia pudieron producir 80t de cocaína, hoy serían entre 1 500t y 2 000t. Al 2022, 3 mil personas están condenadas a muerte por delitos de drogas en 35 países. En 2021, hubo 131 ejecuciones, un aumento del 336% respecto al 2020. (IDPC- OHCHR, abril de 2022). “Es necesario replantear el análisis de un tema que, por desgracia, ha sido tratado siempre con maniqueísmo, fariseísmo y unilateralidad”. Jorge Eastman; exministro de Colombia. 

Son 33 capítulos cuidadosamente elaborados, muy concisamente para facilitar la lectura y comprensión sobre temas que requieren ser ampliados, lo que constituye un reto a futuro. Si usted lo adquiere y lee habrá invertido bien en tiempo y dinero.

La Guerra de los Cien Años. Narcotráfico y Terrorismo.

Los esfuerzos que desarrollan periodistas, investigadores, líderes y dirigentes de comunidades, funcionarios y autoridades que buscan la verdad y soluciones sostenibles a un problema de drogas y drogadicción que derivó en crimen organizado con fuerte impacto mediático, no tienen acogida ni respuestas acertadas de los gobiernos que se rehúsan en asumir con responsabilidad e independencia una verdadera lucha contra las drogas y las mafias transnacionales. Aquí algunas interrogantes que requieren respuestas inmediatas: ¿Se justifica el manejo mediático tremendista a veces interesado de la coca, la cocaína y el narcotráfico en el Perú? ¿Puede decirse con propiedad que las políticas y estrategias dirigidas a controlar/erradicar las drogas fueron acertadas al extremo de considerarse imprescindibles o que fracasaron al no lograr los objetivos planteados originalmente? ¿Es el Programa Nacional de Desarrollo Alternativo un intento con escasos resultados en construir una economía lícita sostenible alterna a la economía ilegal, a pesar de los millonarios recursos utilizados casi siempre sin eficiencia ni transparencia? ¿Es la industrialización de la coca una utopía porque por sí sola no podrá detener o frenar la expansión del cultivo y el narcotráfico? ¿Tuvo o tiene Devida una visión o misión real de lo que debió hacer en el pasado y lo que debe hacer de aquí en adelante para enfrentar con éxito un problema que podría heredar la brutal realidad de Colombia, Brasil o Ecuador países limítrofes o de México con similares problemas y conflictos? ¿Tuvieron o tienen los medios de comunicación y la prensa responsabilidad ante el crecimiento alarmante de las drogas, narcotráfico y crimen organizado en el Perú, Latinoamérica y el mundo? ¿Es el terrorismo como aliado del narcotráfico una real amenaza a la seguridad y estabilidad democrática de los países? Finalmente, ¿Los expertos, especialistas y funcionarios de entidades públicas y privadas fueron transparentes y eficientes en las recomendaciones y toma de decisiones para las estrategias, políticas y herramientas legales aplicadas en el combate a las drogas y el crimen organizado?

Es conocido que las políticas y estrategias con cariz represivo contra la coca y la cocaína se iniciaron en 1920 y a junio de 2022 la coca y la cocaína se expandieron, mientras el narcotráfico constituye uno de los delitos más peligrosos del crimen organizado, que es un engendro de 21 cabezas responsable de conflictos políticos, económicos, sociales, culturales y de seguridad interna y externa de los países. Sin embargo, hay un debate sobre el verdadero poder de la cocaína por la existencia de una Data negra con cifras provenientes de cálculos, estimaciones, manipulación y distorsión según los intereses de cada autor o ‘caja de resonancia’, con relación a cultivos ilícitos, cocaína producida, insumos utilizados, droga decomisada, presupuestos utilizados, etc. El Perú en 1920 pudo tener 5 mil hectáreas, en 1992 existían 240 mil hectáreas de cultivos de coca capaz de producir 1 500 toneladas de cocaína y se decomisaba solo 30t. Por el efecto globo las principales mafias de la droga se trasladaron a Colombia, Bolivia, México, Brasil, Argentina, Paraguay, entre otros países generando cada vez más violencia, degradación de los derechos humanos y un aumento de la pobreza; hoy el Perú tiene entre 62 y 80 mil hectáreas producidas por 70 mil familias. Entre 1987 y 1994 el Perú tuvo características de narcoestado, hoy esa posibilidad es remota e inexistente. El lavado de dinero, la infiltración en la política y el sostén de la corrupción en todos los estamentos del Estado en numerosos países presentan al narcotráfico como un reto que requiere de un esfuerzo conjunto de cooperación entre los países para derrotarlo.

En 1920 el Perú producía cerca de 20 toneladas y en 2022 produce entre 400 y 800 toneladas de cocaína según sea las cifras de ONUDC (Naciones Unidas) o de ONDCP (Oficina antinarcóticos de Estados Unidos), de esa cantidad todo el aparato de interdicción y de represión solo decomisan 40 toneladas el 10%. Un grupo de ex funcionarios de instituciones dedicadas al combate de las drogas y el desarrollo alternativo que son juez y parte del problema apuestan por continuar reprimiendo a los cultivos de coca y a los productores sin aceptar que durante cien años esta estrategia no dio los resultados esperados pese al gasto millonario de recursos utilizados sin acierto, responsabilidad ni transparencia. Son 33 los temas en el libro  que analizan las distintas facetas de un problema que alcanza dimensión global. El libro es una investigación de los aspectos más resaltantes de un conflicto que genera más de 600 mil millones de dólares al año en el mundo que son lavados por bancos y financieras de países desarrollados supuestamente interesados en combatir la coca, la cocaína y otras drogas.

La Guerra de los Cien Años, busca ser una mirada objetiva y crítica a las políticas, estrategias y herramientas aplicadas contra el narcotráfico y las drogas, que precisan de cambios por el interés y el bien de una sociedad sana, progresista y libre de violencia. Es un acercamiento a la realidad de zonas cocaleras y de narcotráfico o terrorismo satanizadas por décadas: VRAEM, Huallaga, Pichis–Palcazu, Ucayali, Putumayo, Monzón, Pachitea, etc. La investigación, redacción e impresión se financiaron con recursos propios. El siguiente libro enfocará el tema a nivel global como un problema político, económico, social y cultural que amenaza la seguridad y paz de las naciones.

Pedidos a: +51 994 719 011 o al e-mail: leyendadelhuallaga@hotmail.com

Luz sobre la corrupción en las cloacas del Estado y los corruptores impunes

Felipe A. Páucar Mariluz. ^*

Es repulsivo constatar que la corrupción y la impunidad hayan convertido a los Congresos de la República, gobiernos nacionales, regionales y municipales en entes parecidos a las cloacas más repugnantes, donde casi todo es negocio o cálculo político y casi nada la búsqueda del interés colectivo. Ex presidentes nacionales, regionales y alcaldes denunciados, procesados y encarcelados hay pocos cuando la pérdida económica por efecto de la corrupción llega a los 22 mil millones de soles al año, o cuando los 21 mil expedientes por corrupción reportados entre 2021 y 2022 debería avergonzarnos y unirnos en una lucha sin cuartel contra la delincuencia organizada, estamos divididos por intereses políticos o de otra índole, además de utilizar como herramienta destructiva los dichos sin pruebas de delincuentes confesos y enmascarados bajo la figura de ‘empresarios’ lobistas o colaboradores eficaces, así de penosa es nuestra realidad gobernante y de la administración de la justicia a nivel nacional e internacional. El anti castillismo y el pro fujimorismo; el anti pueblo y el pro poder político-económico; la antiética frente a la ética y la responsabilidad social con transparencia.

La elección del Doctor Milthon Muñoz Berrocal como nuevo rector de la Universidad Nacional Agraria de la Selva lleva a un sector de la comunidad universitaria a tener la esperanza que las cosas conocidas y reprobadas por ser un lastre como la corrupción cambien, hacia una gestión de puertas abiertas, con la eficiencia y transparencia exigidas, con ello la corrupción imperante en varios estamentos podrá ser develada y controlada, aunque los 6 candidatos en la primera vuelta y dos en la segunda tocaron el tema con pinzas como si se tratara de una ‘papa caliente’, no se sabe si por temor o connivencia. La UNAS creció en infraestructura pero hay un déficit en lo académico, sus profesionales se posesionaron bien en parte por propio esfuerzo y es hora que tengan una presencia activa para construir juntos una universidad con mejores perspectivas de crecimiento y desarrollo.

 

Ex presidentes investigados y procesados por presunta corrupción en las últimas 3 décadas. Foto composición Cortesía.

El destacado diario El País se ocupa sobre la endemia de la corrupción y de las cloacas del Estado y de otras cloacas, que hacemos nuestro dadas las coincidencias con los quehaceres del Perú: “En la colisión entre los derechos al honor y a la información, la Constitución hace prevalecer el segundo por interés público. El comisario jubilado José Manuel Villarejo, a su llegada a una sesión de un juicio del macrosumario del 'caso Tándem’ en la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando.  EL PAÍS inicia una serie bajo el título Los audios secretos de la corrupción que intenta arrojar luz sobre episodios oscuros que han marcado una parte de la historia política y económica de los últimos 20 años en España. El material que alimenta esta publicación fue requisado por la Policía en el registro de las viviendas y empresas del comisario jubilado José Manuel Villarejo tras su detención en noviembre de 2017. Parte de ese material, almacenado en discos duros con miles de documentos y grabaciones, integra ya las cerca de 30 piezas separadas abiertas por la Audiencia Nacional. Se trata del macrosumario del caso Tándem, que implica a cientos de imputados, entre ellos a grandes empresarios, a banqueros, a dirigentes políticos —mayoritariamente del Partido Popular— y a comisarios de policía.

El periódico ha tenido ahora acceso a grabaciones y documentación requisadas al comisario que no han sido incorporadas todavía al macroproceso judicial abierto, pero cuyo contenido permite poner en contexto algunos de los escándalos que han zarandeado la vida pública española en los últimos años. EL PAÍS ha acometido, antes de publicar la serie, una tarea de comprobación destinada a mostrar que todo lo que se va a leer y escuchar tiene relevancia pública por los hechos que sucedieron después, de modo que se pueda completar un relato coherente de lo ocurrido. Se ha verificado que lo que figura en las grabaciones acabó sucediendo, y de qué modo ocurrió. El trabajo que inicia EL PAÍS no pretende tener trascendencia penal (eso queda a la decisión de los tribunales) sino coherencia periodística, mediante un relato basado en hechos verdaderos enmarcados en los criterios del Tribunal Constitucional sobre la libertad de información.

Nos encontramos ante un caso de posible colisión entre dos derechos fundamentales: el derecho de los ciudadanos a la información veraz y el derecho individual al honor, la intimidad y la propia imagen. Cuando se produce ese choque, la doctrina constitucional española establece que para que prevalezca el derecho a la información han de darse estos requisitos: “Que la información transmitida verse sobre hechos de interés general, con trascendencia política, social o económica, y que la expresada información sea veraz”. Este es el caso que nos ocupa. La relevancia de la información que publicamos afecta a los bienes públicos y a la defensa de los derechos de los ciudadanos.

La doctrina constitucional indica también que “el derecho al honor se debilita (…) en cuanto sus titulares son personas públicas, ejercen funciones públicas o resultan implicadas en asuntos de relevancia pública (…), siempre que las opiniones o frases no revelen zafiedad, tosquedad o grosería”. EL PAÍS descarta aquellos pasajes carentes de relevancia pública que solo contribuirían al cotilleo malsano. Se trata de facilitar la interpretación auténtica de qué es lo que pasó en una etapa concreta de la democracia española que tuvo gravísimas consecuencias políticas y todavía hoy se dirime en los tribunales. Somos conscientes de que todo ello parte de la acción antiética y presuntamente delictiva de un comisario, pero sus renglones torcidos ofrecen un relato cabal de cómo se desarrollaron en España las acciones corruptas a las que se refiere el macrosumario (Europa Press, El País, mayo 15, de 2022).

Presidente Pedro Castillo cumplió 10 meses en el poder y es investigado por presunta corrupción. Foto cortesía.

Las cloacas del Estado y otras cloacas. Pedro Sánchez tiene que aclarar si fue informado o no de las escuchas a los independentistas catalanes. Es preciso saber cuándo y quién se lo notificó si así hubiera sucedido, o si nadie lo hizo y por qué, y si eludió una responsabilidad que la ley le adjudica La primera vez que oí a un ministro de la incipiente democracia española quejarse de la actividad de las cloacas del Estado fue cuando Fernández Ordóñez, titular de Justicia en el primer Gobierno constitucional de Adolfo Suárez, se enfrentó a su colega de Interior tras la tortura y asesinato de un etarra en la Dirección General de Seguridad. El cadáver del activista constituyó todo un mensaje de cómo entendían algunos que había que solucionar el futuro político español. Una semana antes, ETA había asesinado en el País Vasco al ingeniero Ryan, y 10 días después se produjo el golpe de Estado del 23-F. Resultó evidente que las cloacas, las del Estado y las de quienes conspiraban contra él, habían generado un clima de inestabilidad que facilitara el apoyo a soluciones de fuerza: cuanto peor mejor. Pero quienes entonces manejaban sus hilos no estaban controlados por el poder político, víctima también de su actividad. Yo mismo fui objetivo de sus métodos cuando servicios de inteligencia militar herederos del franquismo falsificaron documentación tratando de demostrar que lejos de ser un periodista independiente era un agente del KGB soviético. Los fontaneros de las cloacas se encargaron de infiltrarse en grupos de activistas y terroristas de extrema izquierda, como el FRAP, los GRAPO, o el Partido Comunista Reconstituido y organizaron ellos mismos los de extrema derecha, como la Triple A. Pero después del 23-F las propias autoridades del Estado utilizaron a veces a esos mismos individuos, vulnerando el sistema de leyes que pretendían defender, como en el asunto de los GAL, que acabó por enviar a la cárcel al ministro del Interior y al secretario de Seguridad de un Gobierno socialista. Entonces, la actual ministra de Defensa, a la sazón número dos en el Ministerio del Interior, realizó una labor considerable de limpieza de las cloacas, retiró los fondos reservados destinados a la guerra sucia y persiguió los excesos policiales en la lucha antiterrorista.

Poco después, un escándalo de escuchas ilegales provocó las dimisiones del vicepresidente del Gobierno, del ministro de Defensa y del general director del Cesid (Centro Superior de Información de la Defensa). Dicho instituto fue clausurado por el Gobierno de Aznar, que pactó con la oposición la ley fundacional del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Se trataba de organizar unos servicios secretos profesionales y modernos al servicio de la democracia y sometidos al control judicial. Fue todo un éxito, pero no evitó que el Gobierno del PP colaborara activamente con el de Estados Unidos en la guerra sucia contra el terror fundamentalista islámico. Permitió el aterrizaje en nuestro suelo de aviones de la CIA que transportaron al campo de concentración de Guantánamo a decenas de sospechosos secuestrados y torturados por agentes encubiertos. Semejantes prácticas continuaron algún tiempo durante el Gobierno de Rodríguez Zapatero. Izquierda Unida presionó entonces, en el Congreso y fuera de él, para recabar información sobre dichos vuelos ilegales, información que no llegó en tiempo y modo, pues tanto el presidente como los ministros de Defensa y de Exteriores manifestaron su absoluto desconocimiento al respecto. Posteriormente, el PP se embarró en las operaciones de la policía patriótica, todavía bajo investigación judicial de la corrupción.

 

La Procuraduría y la Contraloría no estuvieron ni están a la altura del reto que plantea la lucha contra la corrupción. Foto difusión.

Este sucinto relato pone de relieve que las cloacas del Estado, de una forma u otra, han existido con todos los gobiernos de nuestra democracia, para no evocar el caso Villarejo o el del Pequeño Nicolás, y sus derivaciones y complicidades jurídicas y mediáticas. Cuestiones que pertenecen también a la memoria histórica que ahora se reclama, y sin la que es imposible comprender el presente. Deberían ayudarnos a exigir una mayor transparencia y un más eficaz control de la legalidad en el ejercicio del poder por parte de nuestros gobernantes, sea cual sea su perfil ideológico. Aunque conviene aclarar que estas conductas no son una exclusiva española. Gobiernos democráticos de Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Alemania, entre otros, protagonizan un catálogo de irregularidades similares y aun mucho peores que las citadas. Para no hablar de la dictadura de Arabia Saudí, los envenenamientos de disidentes rusos, la tiranía venezolana o lo que sucede en la mayoría de los regímenes existentes, algunos miembros incluso de la OTAN, dispuestos a vulnerar los derechos humanos de la ciudadanía en nombre de la seguridad de sus países. Hay cloacas chicas y grandes en según qué lugares, y sus gestores vulneran impunemente la ley.

Todo ello nos ayuda a analizar el comportamiento de Pedro Sánchez y su equipo en los recientes casos de escuchas telefónicas y el descubrimiento de una brecha en la seguridad del Estado, con la que se ha pretendido justificar la vergonzosa y vergonzante destitución de la directora del CNI. Desde sus comienzos, el Centro Nacional de Inteligencia ha demostrado gran profesionalidad y aparentemente se ha preocupado por el respeto a la legalidad. En su ley fundacional se establece que su principal misión es facilitar al presidente del Gobierno (expresamente citado) y al Gobierno de la nación “informaciones, análisis y propuestas que eviten peligros, amenazas y agresiones contra la integridad territorial de España y la estabilidad del Estado de derecho”. Es pues el presidente el destinatario primordial y directo de los informes del centro. Por lo mismo, tiene que aclarar si efectivamente fue informado o no de las escuchas a los independentistas catalanes, algunos condenados por delitos contra la integridad del Estado y otros obviamente sospechosos. Es preciso saber cuándo y quién se lo notificó si así hubiera sucedido, o si nadie lo hizo y por qué, y si eludió así una responsabilidad que la ley le adjudica. Los titulares de Defensa y de Interior deben además investigar si otros servicios de información militares o policiales han llevado a cabo escuchas no sometidas a control judicial, como sí lo estuvieron las del CNI. Y el de la Presidencia, responsable de la seguridad de las comunicaciones del Gobierno, explicar los motivos de la resistencia de muchos de sus integrantes a entregar sus teléfonos al Centro Criptológico Nacional. De esas conductas, y no de la actividad del CNI, se deriva precisamente la brecha en la seguridad del Estado que ahora el Gobierno denuncia. También de la incongruencia e incompetencia de nuestra política exterior en relación con el Magreb.

Insistiré en que el hecho de que Podemos pretenda eludir su responsabilidad en esta historia es tan infantil como inmoral. Su formación tiene la llave de la continuidad o no de la legislatura. No puede reclamar airadamente una comisión de investigación y hasta la dimisión de la ministra de Defensa y al tiempo continuar en el Gabinete como si tal cosa en nombre de un airado progresismo. Para no hablar de la complicidad y hasta el liderazgo de la actual Generalitat catalana con esas actividades ilegales. Su presidente, hoy fugado de la justicia, pero entonces máximo representante del Estado en su autonomía, recibió a los enviados de las cloacas rusas y las de la burguesía local y el 3%, que llegaron con ofrendas de oro y mirra y promesas de una “operación especial” de tropas extranjeras para promover la independencia unilateral de Cataluña. Para cloaca, esa en la que ellos han venido chapoteando y en la que volverán a ensuciarse si se les deja. La defensa de nuestro Estado de derecho exige que actúe la Fiscalía, que no todo sean filtraciones a la prensa amiga o enemiga y que el Gobierno y su presidente dejen de mentir o de callar cuando se les interroga. (Juan Luis Cebriane, El País, mayo 16, de 2022). 

* Artículo a ser publicado en la revista Pura Selva.

El Perú en la encrucijada: Jorge Basadre y los podridos, congelados e incendiados.

 

Será difícil, aunque no imposible sumar 86 votos. Foto difusión.

Si prospera la vacancia, no hay otra salida que nuevas elecciones.  El lunes 28 será un día donde el país será notificado sobre quién es quién de los 130 congresistas hasta el momento desaprobados por el 80% de los peruanos, según las encuestas que avalan los grupos de poder político y económico. Conoceremos quién es quién en medios y prensa y quién responde a las características de enemigos del país descritas por Jorge Basadre hace 75 años.

 

El Perú vive en una encrucijada 200 años, con pocos atisbos de buen gobierno donde los grupos de poder que se creen dueños del país fueron los grandes beneficiarios. Según Jorge Basadre (1947), los grandes enemigos del Perú están en tres grupos de indeseables: Los podridos, congelados y los incendiados, a ellos debemos atribuirles la responsabilidad de los males que la afectan y los impedimentos u obstáculos para el crecimiento, desarrollo, equidad y justicia. En estas últimas cuatro décadas a quienes se puede identificar como tales? En primer lugar, a los grupos seudopolíticos, malos presidentes de la república, ministros, funcionarios públicos, presidentes regionales, alcaldes, consejeros y regidores; que de mercaderes de la política pasaron a ser arietes del poder económico y político sostenido por la corrupción, con excepciones. Tristemente los conglomerados de medios de comunicación de tendencia conservadora, liberal o ultraliberal y un sector de la prensa oportunista y comercial fueron parte de la crisis al tener un efecto desestabilizador en la democracia.

 

Mientras  los podridos y los incendiados participan del gran espectáculo, los congelados observan sin inmutarse el festín de los manipulados para consumar la venganza de los que argumentaron fraude para no reconocer  la derrota en las urnas electorales. También el único gobierno del cambio nacido del pueblo con un mandato claro de atender a los más necesitados tiene su responsabilidad por la angurria y el intento de reeditar la acción vergonzosa y criminal  de anteriores gobiernos cuyos presidentes están en el banquillo de los acusados aunque no se sabe si en algún momento irán la a cárcel para pagar por los delitos y traiciones cometidos. ¿Los peruanos de bien debemos contentarnos con rumiar nuestra  frustración e impotencia? No sería justo.

 

Asistimos impávidos a un nuevo show congresal para vacar al presidente Pedro Castillo, dicen por ‘incapacidad moral permanente’, basada en los dichos de una lobista corrupta, en las ‘revelaciones’ de ex ministros y ex funcionarios desleales e improductivos; entramado en el que destacan cual personajes de alcurnia por su postura anti Castillo y ser vistos como operadores de la inestabilidad social: Jorge Montoya, Hernando Guerra, Patricia Chirinos, Carlos Ánderson,  Rafael López, Jorge del Castillo, Mauricio Mulder, ‘Lulú’ Flores Nano, etc. Donde, qué duda cabe, Keiko Fujimori es la titiritera mayor, seguida de medios de comunicación y periodistas - consultores que obtenían muchos millones de gobiernos anteriores para fungir de independientes. Todos serán juzgados por la historia para no olvidarlos jamás.

 

La historia de los 200 años de independencia del yugo colonial donde la mayoría de peruanos hemos vivido subyugados y esclavizados por los grupos de poder o hemos sido utilizados como carne de cañón para las granjerías y medros de los poderosos sin opción a ejercer derechos y defender intereses mínimos en una sociedad sitiada por gamonales y adinerados que se comportaban como los dueños del Perú. Incluso los medios y la prensa alineada estuvieron al servicio de poder económico y político para atentar contra la unidad y el bienestar de todos los peruanos. Jorge Basadre los calificó como los podridos, congelados e incendiados, categorías que como hemos visto alcanzan a los grupos políticos, los medios y prensa autocensurada, para quienes en apariencia todo es un gran negocio, amasar fortunas y obtener privilegios para luego defenderlos con uñas y dientes ante la posibilidad de un cambio social que reconozca derechos negados por siglos por una sociedad decente, integra y libre de injusticias. 

La vacancia presidencial es el deporte favorito de los gánster de la política. Castillo no es el primero ni será el último mientras existan mercenarios y titiriteros negociando consciencias. Hay investigaciones fiscales contra Castillo que deben continuar e ir a la cárcel si es hallado culpable. En el Perú nadie debería tener corona. Foto captura.

“…al leer esto no faltará quien haga una mueca de sarcasmo, de amargura o de cólera, creyendo que se habla de cosas manoseadas, vacías o cínicas. Porque la promesa de la vida peruana sentida con tanta sinceridad, con tanta fe, con tanta abnegación por próceres y tribunos, ha sido a menudo estafada o pisoteada por la obra coincidente de tres grandes enemigos de ella: los podridos, los congelados y los incendiados. Los podridos han prostituido y prostituyen palabras, conceptos, hechos e instituciones al servicio exclusivo de sus medros, de sus granjerías, de sus instintos y de sus apasionamientos. Los congelados se han encerrado dentro de ellos mismos no miran sino a quienes son sus iguales y a quienes son sus dependientes, considerando que nadie más existe. Los incendiados se han quemado sin iluminar, se agitan sin construir. Los podridos han hecho y hacen todo lo posible para que este país sea una charca, los congelados lo ven como un páramo; y los incendiados quisieran prender explosivos y verter venenos para que surja una gigantesca fogata”. “Toda la clave del futuro está allí; que el Perú se escape de no ser sino una charca, de volverse un páramo o de convertirse en una fogata” (Jorge Basadre, 1947).

 

El Congreso de la República es una de las instituciones más desprestigiadas que tenemos en nuestro país con un 80% de desaprobación. Un país como el nuestro en donde el enfoque de nuestras prioridades debe apuntar a solucionar el problema en decenas de ciudades del país, a combatir frontalmente la delincuencia y en general debe apuntar a continuar reduciendo las brechas de la desigualdad social, no puede darse el lujo de concentrar su atención en enfrentamientos políticos inoficiosos, y si esto ocurre es precisamente porque el sistema anda mal. Frente a esto resulta sustancial fortalecer desde El Estado la institucionalidad de los partidos políticos, que éstos vuelvan a ser verdaderos centros de formación política e ideológica para superar la etapa de “bazares políticos” o “vientres de alquiler” en lo que se han convertido en los últimos años.

 

¡El Perú ha perdido el rumbo, y nosotros con ella. Estamos en manos de la clase política más incompetente y corrupta de nuestra historia reciente. Y no se atisba la emergencia de voluntades dispuestas a poner orden. Dios y los hombres permitan que del fondo de nuestras reservas políticas y morales emerjan quienes sean capaces de recuperar el rumbo!

 

El 15 de marzo el presidente Castillo dio su segundo mensaje en el Congreso, un día después que este admitiera a debate un nuevo pedido de vacancia presidencial que tiene como principales interesados a Fuerza Popular y Renovación Nacional. Durante el mensaje planteó los 10 ejes de su gobierno a desarrollar en los próximos años, también un recuento de los logros obtenidos en los 8 meses, así como un enorme listado de acciones y actividades por sectores para lograr un crecimiento sostenido que permita superar la crisis de la pandemia y la económica. Luego los ministros de salud Hernán Condori y de justicia Ángel Ildefonso fueron interpelados y hasta hoy no se conoce si serán censurados. (Con información medios y archivos). 

El Perú en el año del Bicentenario. Estado en crisis y Gobiernos entre el autoritarismo y la corrupción.

 Felipe A. Páucar Mariluz*

El Congreso de la República es considerado como ilegítimo y obstruccionista, constituido por congresistas que obedecen a caudillos de grupos políticos o buscan sus propios intereses. Foto Difusión.

Con pena hemos constatado en los 200 años del Bicentenario que la denominada política es un negocio, los partidos políticos con sus taras son historia y lo de hoy son grupúsculos con el nombre de partido que tienen un dueño por lo general un adinerado que puede comprar voluntades y consciencias de un sinnúmero de adeptos cada quien con la intención de abultar la cartera sin importar cómo ni cuándo. También que palacio de gobierno, ministerios, congreso, gobiernos regionales y gobiernos municipales son verdaderos antros de villanía y corrupción donde solo el 2020 los grandes vivos con el cliché de autoridades o funcionarios se embolsicaron 22 mil millones de soles de los presupuestos destinados al crecimiento, desarrollo o para paliar la grave pobreza de por lo menos 15 de los 33 millones de peruanos, quienes cometieron los delitos son conscientes de la lenidad judicial que les garantiza impunidad, salvo excepciones de eternos investigados sin sentencia. El dinero lo puede o justifica todo, es la triste conclusión.

“Pedro Castillo se vaca solo”,  “Castillo destruye el país”, “Castillo es la fuente de inestabilidad de su gobierno”, “Castillo es un corrupto”, “Castillo no tiene idea de lo que es gobernar un país y sigue actuando como un sindicalista”, etc., es lo que dicen representantes del poder económico, medios ultraliberales y simpatizantes del fujimorismo, lopismo o sotismo. Es una lástima pero por desgracia no dejan de tener razón en algunos aspectos y eso constituye un golpe mortal a la esperanza por un cambio real y no el maquillado con el que nos engañaron o simplemente distrajeron a través de la historia.  

“Un político hiper investigado y condenado que es Presidente del partido de gobierno. Un Presidente de la República que repite frases cliché y que actúa con oscuridad y obstrucción, como casi todos. Así se manifiesta el mal uso del poder. Cualquier parecido con la realidad no es coincidencia. En respuesta buscamos en este país la Ley perfecta. Aquella que llene todos los vacíos pendientes e impida -per se- el indebido uso del poder. No basta la constante persecución tampoco. Parece no ser disuasiva la acción de una justicia tenue aún y acomedida; a veces sí, a veces no. Solo los héroes luchan contra los villanos. Sin embargo, no hay ni héroes ni villanos porque todo es relativo, allá que algunos se crean lo uno o lo otro… El poder bien usado transforma, ayuda y genera cooperación” (Gestión, diciembre 30, de 2021).

 La mayoría de peruanos reprueban la gestión del Congreso porque la ven como inútil, obstruccionista y golpista siguiendo la trayectoria impuesta por el fujimorismo y otros grupos sectarios en los últimos 30 años. Pero, para la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, quien cerró el último pleno del año el martes 21 con un balance cuantitativo de su gestión, es positivo, olvidando el papelón durante un viaje a España para despotricar del presidente Castillo y su gobierno sugiriendo una condena o sumarse al intento de vacancia que no prosperó. Especialistas advierten que se están dando contrarreformas que afectarán los avances logrados en varios sectores del Estado, además de crear inestabilidad política e institucional. Alva destacó una cifra que todos los presidentes del Congreso repiten como sinónimo de productividad: las iniciativas presentadas por los grupos políticos suman 1,066, sin embargo, lo resaltante de la productividad parlamentaria es la calidad de las iniciativas, y eso se puede observar en el análisis costo-beneficio, un requisito establecido en el Reglamento del Congreso. Una revisión de El Comercio muestra que el 92% de las iniciativas no identifica ni los costos ni los actores supuestamente beneficiados. En conclusión, la poca calidad en la producción legislativa sigue siendo una constante. Para el especialista en temas parlamentarios Martin Cabrera, este período cierra el año con una deuda: retomar las reformas encaminadas en años anteriores. “Han estado abocados a los temas coyunturales. Han estado detrás de la crisis del gobierno, cuando había un espacio para desarrollar una agenda propia de reformas que el Ejecutivo no ha logrado llevar adelante. Esto responde a que ha primado una agenda individualizada de carácter local por sobre temas estructurales”.

En Versión de Jessica Luna de Comex Perú, “Se han cumplido 100 días del Gobierno de Perú Libre, días de incertidumbre, desconfianza, inestabilidad política, deterioro de las perspectivas económicas, un sinfín de nombramientos cuestionados y, sobre todo, un duro golpe para los bolsillos de las familias peruanas. En suma, 100 días sin rumbo (150 días al cierre de este artículo). Se rescatan aspectos positivos como: la ratificación de Julio Velarde como presidente del Banco Central de Reserva, los avances en el proceso de vacunación, el anuncio de que el Perú será sede de la APEC 2024”, agregamos, el lanzamiento de una segunda Reforma Agraria para atender al agro, inicio de una reforma tributaria y revisión de las estrategias de seguridad.

“La principal preocupación de los peruanos, en particular de los más pobres, es la reactivación económica y la recuperación de los empleos. En este periodo, el Banco Central de Reserva redujo su proyección de crecimiento de la inversión privada para 2022 a cero, e incluso Credicorp estima una caída del 7%. Sin inversión privada no habrá oportunidades de crear nuevos puestos de trabajo y será más difícil la lucha contra la pobreza”, agrega, Luna.

Para la directivo de Comex los primeros  meses del presidente Castillo estuvieron marcados por la desconfianza ante una eventual Asamblea Constituyente, los anuncios desacertados y las contradicciones que han generado una fuga de capitales y el aumento del precio del dólar, que llegó a un pico histórico, y un nivel de inflación que viene afectando los bolsillos de las familias peruanas, en particular las más vulnerables. Ese es el más duro golpe. El dinero que recibimos los peruanos por nuestro trabajo vale menos cada día por la incertidumbre generada por este Gobierno. Se solicitaron facultades legislativas en materia tributaria, fiscal y financiera. Estas incluyen un aumento de impuestos, lo que, en un contexto de reactivación económica, claramente es un error. Más impuestos es menos dinero para consumo, menos gasto para reactivar la economía. Sin embargo, no hay nada relacionado con el gasto público, la eficiencia en la ejecución o la reducción de la burocracia. Incluso, en las últimas semanas se han aprobado créditos suplementarios por decreto de urgencia, muestra de que no hay prudencia fiscal en el manejo de la economía. Un costo que terminaremos pagando todos los peruanos.

También que en este periodo no se ha consolidado un equipo de Gobierno con los mejores cuadros para poner al Estado al servicio del ciudadano. Por el contrario, hay una absoluta falta de liderazgo y nombramientos de funcionarios que no cuentan con los perfiles técnicos o que inclusive tienen serios cuestionamientos. El copamiento del Estado y la destrucción de la institucionalidad vienen siendo una característica. Los escándalos son el pan de cada día y cada vez “nos escandalizamos menos”, y se dejan pasar. Los pocos avances en las reformas de transporte y educación se caen por la presión de grupos con intereses particulares. El único perjudicado el ciudadano. Más informalidad en el transporte, caos y accidentes. Niños sin acceso a una mejor educación, con lo que se limitan sus oportunidades en la vida. “Esto tiene que cambiar. Necesitamos generar empleo y formalidad, pero eso solo se logra con confianza y un rumbo claro de hacia dónde vamos como país. Eso no existe ahora”, enfatiza.

Desde nuestra óptica, Luna no menciona que la inestabilidad política, social y económica la generaron principalmente los grupos políticos perdedores de la elección presidencial, con su manida y enfermiza venganza de los últimos cinco años que tiene como arma preferida ‘la censura a ministros y la vacancia presidencial’ y la oposición recalcitrante a toda reforma en beneficio de las mayorías desposeídas y no necesariamente en usufructo de los grupos de poder económico y político que manejaron a su libre interés al Estado y a los gobiernos en los 200 años del bicentenario.

“El 2021 estuvo marcado por la reactivación económica. Si bien para algunos sectores fue un año de recuperación, hay otros rubros que siguen en desventaja, no todas las actividades económicas pudieron recuperarse. Hay algunas que lograron avanzar a pasos agigantados dejando atrás las cifras rojas que les dejó el 2020. Uno de los sectores que mejor desempeño ha tenido fue la minería pese al ruido político y anuncios de paralizaciones de algunas empresas extractivas, a este rubro le fue bien porque los precios internacionales de las materias primas, como el cobre, estuvieron altos. La agroexportación, es un rubro que genera más de un millón de puestos de trabajo, es otro de los sectores que tuvo un mejor comportamiento frente a otras actividades económicas, le fue bien en el 2020, en pleno pico de la pandemia según el Banco Central de Reserva, y este 2021. Hay rubros que no la pasaron bien, como el sector turismo que todavía no se recupera de la caída del 70% que registró el 2020. “El empleo se ha reducido 60%, creo que ese es el sector más golpeado y ha tenido una recuperación más lenta. Claro, dada las circunstancias estamos hablando que la pandemia aún está presente, el sector turismo esta 80% más bajo que los niveles prepandemia. Turismo es el sector más perjudicado y el que tiene la más lenta recuperación, incluso es más lenta comparando con otros países”, comenta Silvana Huanqui. Pese a que el 2021 ha sido un buen año para la mayoría de sectores económicos, los especialistas coinciden que en el 2022 el escenario no se repetirá para algunos sectores como construcción y comercio que incluye a los pequeños negocios, emprendimientos y centros comerciales” (análisis económico de RPP).

 

Presidente Pedro Castillo da su testimonio ante equipo de la Fiscalía de la Nación ante presunta injerencia en ascensos militares. Foto difusión.

El gobierno del presidente Pedro Castillo, en apenas sus primeros cinco meses de gestión, afrontó un intento de vacancia y sigue acumulando denuncias de presunta corrupción. De otro lado, uno de los principales cuestionamientos fue la poca transparencia que ha demostrado al no haber brindado entrevistas a medios de comunicación y la designación de personas poco idóneas para cargos en el Estado. Samuel Rotta de Proética, dijo que se deben distinguir dos grandes dimensiones en lo que va del gobierno. La primera, que tiene que ver con la política anticorrupción y de integridad, “que gracias a los escándalos ha recobrado protagonismo”. En segundo lugar, las controversias en sí: “desde designaciones cuestionadas, personajes poco idóneos, hasta las reuniones irregulares y lo que surgió sobre posibles casos de corrupción”. “Llegó el presidente al gobierno y se choca con que ahora se exige y existe una legislación sobre gestión de intereses y un ojo crítico en los medios de comunicación”. Ivan Lanegra de Transparencia apuntó que hay dos cuestionamientos que se desprenden de los primeros meses de gobierno: uno político y otro de gestión. “Político porque ya pasaron cinco meses, seguimos sin una propuesta coherente de gobierno. Tenemos una suma de políticas sectoriales, algunas con resultados positivos, otras con problemas serios. El problema es que en conjunto no conforman una estructura coherente”. En cuanto a la gestión, esto es sobre todo por “la falta de idoneidad de muchas personas que asumen posiciones públicas, que no cumplen con condiciones mínimas y casos más graves de personas con antecedentes” (El Comercio).

En cuanto a los gobiernos regionales que siempre estuvieron en el ojo de la tormenta por incompetencia y corrupción, el vicegobernador regional de Huánuco, Erasmo Fernández Sixto, sostuvo que la Contraloría General de la República le dio la razón sobre la adquisición de las 7,995 laptops por parte del Gobierno Regional de Huánuco. Como parte del informe del megaoperativo, el órgano de control advirtió un perjuicio económico de 23 millones 225 mil 490 soles. A esto se suman las máximas autoridades de Arequipa, Puno, Loreto, Ucayali, Áncash, Lambayeque, Huancavelica y Madre de Dios que enfrentan a la justicia, la mayoría por denuncias de corrupción. En octubre del 2022 se realizarán las elecciones municipales y regionales del período 2023-2026. Estamos viendo el desprestigio de la política en general. Hay poco entusiasmo por líderes políticos y la ciudadanía no parece tener favoritos en las siguientes elecciones. Es probable que el 2022 veamos una suerte de repetición de la elección presidencial de este año: muchos candidatos, alta fragmentación, apatía ciudadana, esto se magnificará con las elecciones regionales y municipales. Esta no es la única mala noticia: el deterioro institucional continuará y las acusaciones de corrupción de las nuevas administraciones regionales y municipales llegarán más rápido que volando, las elecciones presidenciales, regionales y municipales se convirtieron en un apetitoso negocio. Todo ello en un contexto de bajo control institucional y políticos que por lo general no son capaces de mantener una trayectoria ética duradera, los incentivos para la corrupción siguen intactos. Estas dinámicas se fortalecen por la ausencia de partidos más o menos funcionales. Los movimientos regionales – u organizaciones nacionales solo en nombre – se manejan como islas donde no hay una marca partidaria que proteger del desprestigio de una gestión desastrosa en Huánuco u otras regiones. Cada uno baila con su propio pañuelo. El desmadre de valores y eficacia regional no solo afecta el desarrollo local, sino también tiene consecuencias directas para la ambición de los políticos que lo habitan. Salvo Martín Vizcarra, quien llegó a la presidencia tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, ningún otro exgobernador ha ocupado la presidencia de La República, ello a pesar de las explícitas ambiciones presidenciales de figuras como César Villanueva, Gregorio Santos o Vladimir Cerrón. Incluso Luis Castañeda, quien desgobernó Lima la plaza subnacional más poblada del país y fracasó en sus intentonas presidenciales.

La descentralización brindó a políticos independientes la posibilidad de administrar un flujo de recursos sin precedentes y soñar con construir una carrera política desde lo local. Sin embargo, sin estructuras de fiscalización y control estatales o partidarias más o menos funcionales, la corrupción ha sido una constante que no solo ha arruinado la expectativa ciudadana de mejores servicios, sino que ha impedido el surgimiento de una élite política local con capacidad de apostar al largo plazo, de acuerdo a sendos informes de La República y Tu Diario. Según la deficiente Contraloría el 2020 se perdieron 22 mil millones en corrupción y por esta monstruosa prueba de indignidad y amoralidad nadie ha sido sentenciado todos los implicados son eternamente investigados por fiscales y jueces anticorrupción y cuando por alguna razón tienen que emitir sentencia condenatoria es el billete lo que les confiere impunidad. En el caso de los gobiernos municipales y cumplido tres años de desgobierno plenos de corrupción e incompetencia ninguno supera los 7 puntos de calificación de acuerdo a la apreciación que recogen los medios de comunicación independientes que son pocos porque  la gran mayoría están autocesurados por presidentes regionales y alcaldes que le temen a la transparencia y a la verdad sobre manejo presupuestal o resultados de una pésima conducción, como referente se cita a los alcaldes de la provincias de Huánuco y Leoncio Prado en la región Huánuco, cada quién con una cruz y caja de pandora a su medida, según sus allegados o entorno. 

En cuanto a la seguridad, las drogas, el crimen organizado y el narcotráfico como parte de ella, se informó que tras meses de investigación, por los agentes del Grupo Especial de Inteligencia Orión, de la Dirección Antidrogas (Dirandro) de la Policía Nacional del Perú, sobre la captura de efectivos en actividad y en retiro que formaban parte de una organización dedicada al robo de cocaína que luego era revendida a otras mafias. En el mes de octubre, el grupo Orión capturó al suboficial PNP en retiro Luis Olivares Sánchez y al suboficial PNP en actividad Eddy Rebatta Carrión cuando transportaban quince kilos de cocaína. Junto a ellos, también cayeron los civiles Baldimir Quevedo, Jhonatan Gómez y Génesis Castañeda. El operativo se realizó en el distrito de Carabayllo. Luis Olivares de 45 años, era el cabecilla de esta organización, por si fuera poco, este policía también enfrentaba mandato de detención judicial por el caso de una treintena de ejecuciones extrajudiciales de presuntos delincuentes, en Lima y provincia. Según los reportes que brinda la propia Policía Nacional, en total 131 efectivos resultaron arrestados por pertenencia a organizaciones del narcotráfico, en 2020 fueron 65 y en 2021 van 66. Las cifras son preocupantes, porque la mayoría de agentes fueron intervenidos por el robo de cargamentos de droga (arranche) procedente del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem) y del Alto Huallaga.

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) presentó su Estrategia de Drogas Sintéticas en un evento virtual dirigido a instituciones públicas, organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil y academia de América Latina, que  demuestra el desplazamiento de las drogas naturales como cocaína, morfina, marihuna. La Estrategia es una hoja de ruta  que UNODC pone a disposición de los países para  que  puedan abordar la naturaleza dinámica de los mercados de drogas sintéticas, conocidas como Nuevas Sustancias Psicoativas (NSP) que a diferencia de la producción de drogas derivadas de plantas, puede darse en cualquier lugar, no requiere de grandes extensiones agrícolas; y los laboratorios clandestinos pueden ser comparativamente pequeños utilizando los productos químicos necesarios que se desvían para estos fines. Según el Informe Mundial sobre Drogas de 2021 de UNODC, el incremento en la incautación de anfetaminas en el 2020 fue de alrededor del 212% en relación con el año 2011. Justice Tettey, Jefe del Laboratorio y Servicio Científico de UNODC acotó que la Estrategia tiene como objetivo orientar las acciones internacionales, regionales y nacionales para apoyar a los países en el abordaje efectivo del problema global de las NSP. Finalmente, Luisa Fernández, Coordinadora Regional del Proyecto Manejo Seguro y Eliminación de Drogas Incautadas y Precursores resaltaron el desafío de lograr un manejo seguro de eliminación de drogas incautadas y precursores.

En Devida el órgano rector de la lucha contra las drogas y el alicaído desarrollo alternativo hubo cambios que acabaron con la gestión de dos años cuatro meses de Rubén Vargas desde 2018 al 2020 y de su gerente general Fidel Pintado Passapera de un año, retornó como presidente ejecutivo Ricardo Soberon Garrido y este llevó como su asesor a Hugo Cabieses, ambos considerados prococaleros por los anticoca tienen la oportunidad de hacer algo distinto al continuismo en políticas y estrategias antidrogas de sus antecesores y resolver el incremento de los cultivos de coca y del narcotráfico, así como el desarrollo alternativo que requieren de una profunda reforma. En 2018 las Naciones Unidas estimaron en 44 mil hectáreas los cultivos de coca que en la actualidad según la Oficina de Políticas de Drogas de Estados Unidos, ONDCP, es a junio del 2021 de 80,200 hectáreas y podría ser más según algunos estimados efectistas. Para los dirigentes y productores de coca, las hectáreas de este cultivo no pasarían de 60 mil conducidas por 70 mil familias. 

Al cierre del 2021, Pedro Castillo el presidente del cambio y la esperanza de millones de peruanos es testigo en investigaciones que lleva adelante la Fiscalía de la Nación y un grupo de fiscales a los que se les ha iniciado investigación por presuntas  irregularidades en el proceso investigativo en el caso Petro Perú y se solicita el apartamiento de la Fiscal Nora Córdova por agraviar a Castillo durante la campaña electoral y cuando ya era presidente, lo que le resta independencia y credibilidad. Si las investigaciones determinaran alguna presunta responsabilidad y se le abre investigación como tal, este será el momento esperado por los eternos promotores de la vacancia presidencial para iniciar un nuevo proceso del que no saldría airoso y con ello se agravaría la situación de crisis actual. Venturoso año 2022?, todos lo esperamos pero será difícil lograrlo aunque no imposible.

El presidente Castillo tiene que dejarse de ensayos y actuar como un improvisado para ser un estadista al frente de un país que cual nave golpeada hasta el cansancio navega a la deriva y sin rumbo cierto (Con información: Gestión, Comex, RPP, El Comercio, La Republica, ONUDC, ONDCP, Leyenda del Huallaga).    

* Ingeniero Agrónomo – Periodista.