domingo, 26 de marzo de 2023

¡Perú en la Encrucijada! Crisis política, Deuda externa, Pobreza y Derechos humanos.

Felipe Ascención Páucar Mariluz*


Centenares o miles de reuniones internas y externas para analizar la situación de la pobreza, derechos humanos, deuda y crisis política se producen cada año, sin que los acuerdos sean unánimes y logren soluciones sostenibles. Difusión.


La Crisis Política. Que en casi 7 años hayan jurado como presidentes de la república 6 políticos; Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Manuel Merino, Francisco Sagasti, Pedro Castillo y Dina Boluarte; es para un país en desarrollo una catástrofe política, económica y social que amenaza con una tragedia de mayores dimensiones que la pandemia de Covid 19 y el ciclón Yaku. Esta nueva intimidación al poder mal ejercido que tiene en el Congreso a un actor frustrante y que fuimos testigos desde el 7 de diciembre 2022 luego de la vacancia de Pedro Castillo tiene las siguientes características y efectos inmediatos: Primero, generó la violencia social descontrolada que causó grandes daños y perjuicios a la propiedad pública y privada en el objetivo de desconocer la presidencia de Dina Boluarte quien luego de anunciar fidelidad al mandatario le dio la espalda y se acogió a los supuestos beneficios de un congreso golpista y tal vez a las presiones del poder fáctico de una derecha ultraliberal que siempre vio en Castillo a un enemigo que amenazaba sus privilegios y era un obstáculo al objetivo de tomar el poder vía elecciones así fuera de la forma más antidemocrática como lo intentaron fallidamente en la segunda vuelta electoral del 2021. Segundo, la respuesta exagerada y fratricida contra las poblaciones movilizadas principalmente del sur y centro del Perú que causó la muerte de medio centenar de personas del estrato pobre, tragedia que cobijará con un manto negro a nuestra débil democracia. Y, tercero, la violencia de los remanentes del senderismo y sus evidentes aliados del narcotráfico que propinó un contundente golpe a las fuerzas de seguridad con el asesinato de 7 policías en Natividad – Pichari y de un soldado en Vizcatan del Ene, entre otras escaramuzas menores que si bien no significan amenaza a la seguridad del país, tampoco del Vraem zona donde tienen presencia furtiva restringida en pequeñas áreas que no controlan porque hay presencia del Estado y de las fuerzas de seguridad, siendo el ‘Operativo Patriota’ desarrollado en agosto de 2022 la prueba más contundente; es una advertencia de que tienen la capacidad de golpear impunemente cuando ellos se lo propongan. Los medios de comunicación informaron y desinformaron al mismo tiempo mediante despachos, entrevistas y notas periodísticas algunas especulativas y alarmistas, destacando por negativo el  de un portal web donde se indica que: “Sendero Luminoso se lanza a la ofensiva en Perú de nuevo. Los enfrentamientos entre las fuerzas armadas peruanas y una facción de Sendero Luminoso han dejado más de una docena de muertos en 2023, en un nuevo resurgimiento que hace gala de la persistencia del grupo guerrillero”; al tiempo de asegurar que existen la ‘Facción Roja’ y otro grupo no conocido que se disputan con el Militarizado Partido Comunista del Perú (MPCP) el accionar terrorista en el Perú. Esto sucede por lo general cuando se apela equivocadamente a fuentes con intereses particulares o que adolecen de un concepto claro de ética y responsabilidad.

La supuesta camarada ‘Cusi’, Rocío Leandro Melgar, ha negado ser integrante de la presunta ‘Facción Roja’ vinculada a Sendero Luminoso de cuya existencia no hay pruebas y a la que inteligencia policial pretende vincularla, ella se ratifica como presidenta del Frente de Defensa de Ayacucho a la que convirtió en un gremio sólido en defensa de los intereses de Ayacucho y que defenderá de los intentos de relacionarla al terrorismo; en entrevista brindada a la periodista Ana Briceño de Hildebrant en sus Trece, última edición.

Según fuentes policiales y militares, hasta hoy el MPCP es el único grupo armado que de vez en cuando despliega su accionar terrorista en algún punto del extenso Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro, Vraem, especie de multirregión que incluye territorios de cinco regiones del centro y sur del Perú: Apurímac, Ayacucho, Junín, Cusco y Huancavelica; son 69 distritos con vínculos directos (39) e indirectos (30). Donde todos los gobiernos y la cooperación internacional afirmaron haber invertido miles de millones de soles o dólares que en la práctica poco contribuyeron en su crecimiento, desarrollo y en la superación de sus problemas vigentes por décadas, de ahí que la pobreza sea superior al 50% y la extrema pobreza puede ser del 30%, según últimas estimaciones. Todo esto a pesar de ser el principal valle cocalero del Perú con aproximadamente 35 mil hectáreas de cultivos de coca y una probable producción de 300t de cocaína. En el Perú no existe una cifra técnica precisa sobre la cantidad de hectáreas de cultivos de coca y menos sobre la cantidad de cocaína elaborada, lo que hay son estimados a partir de fotografías satelitales imprecisas, monitoreos de campo (en ocasiones con personal no idóneo), cálculos de gabinete (sujetos a la manipulación política), entrevistas y testimonios en muchos casos carentes de precisión y credibilidad. En suma, está vigente una Data negra aplicable a las drogas, el narcotráfico y el desarrollo alternativo que se sustenta en la falta de corroboración y contrastación científica/técnica absolutamente necesarias e imprescindibles. Para superar el déficit de cifras reales y confiables debe realizarse un empadronamiento de los cultivadores de coca y sus respectivas extensiones de cultivo, para luego realizar la determinación de la producción de cocaína por cuencas cocaleras y no en base a un estimado promedio global de la producción de hoja de coca como lo hace la ONU desde el 2000 con su programa Sistema de Monitoreo de Cultivos Ilícitos en el Perú (SIMCI – Perú). Es conocido que el empadronamiento de los cocales tiene como opositores a los que se benefician del caos y la anarquía generada por este flagelo, con el argumento negado que ello significaría legalizar toda la producción cocalera; la última encuesta en campo fue realizada por ENACO en 1978 en acatamiento al DL 22095 Ley antidrogas promulgada por el presidente defacto Francisco Remigio Morales Bermúdez Cerruti (1975-1980).

Según el IEP, el 78% la desaprueba, el 15% la aprueba. Hay nubarrones sobre la mandataria ante el abandono de sus aliados que le lanzan sus esbirros para tumbarla. A eso apunta la primera moción de vacancia en su contra anunciada para el 30 de marzo por José Williams y sendas investigaciones abiertas por la fiscalía. Fotocomposición La República.


 “Articulamos esfuerzos por un país más justo y solidario” Dijo la Presidenta Dina Boluarte, durante la entrega de 56 toneladas de ayuda humanitaria a La Libertad, destacó la unión entre sectores a favor de la población afectada por las lluvias e inundaciones (Andina).

“Cabe señalar que la vacancia en contra de la presidenta Dina Boluarte es por haber incurrido en la causal de “permanente incapacidad moral”. En el documento firmado por congresistas de izquierda se sindica a la mandataria como responsable de las muertes registradas durante las manifestaciones en Perú desde el mes de diciembre de 2022 tras el fallido golpe de Estado a manos del expresidente Pedro Castillo. “Que jamás en la historia del Perú un gobierno con tan poco tiempo ha asesinado a más de 40 personas en manifestaciones (…) que el uso desmedido de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional merece tener más de un responsable, principalmente, el presidente de la República”, señala el escrito. “Hace una semana ya teníamos en agenda el tema de moción de vacancia de la presidenta y también ir al pleno con estos congresistas que ya pasaron por la Comisión de Ética. Este jueves llevarlos y también ver el tema de la vacancia”, dijo a TV Perú (Williams). (El Comercio, marzo 26 de 2023).

“La presidenta Dina Boluarte esta protagónicamente incluida en una investigación del fiscal Richard Rojas Gómez. Se la señala como personaje clave en las finanzas ilícitas de Perú Libre y virtual cajera de Vladimir Cerrón… La indagación preliminar contra la presidenta de la República por presunto lavado de dinero y organización criminal está a cargo del fiscal Richard Rojas Gómez, del Tercer Despacho de la Primera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Lavado de Activos (Hildebrant en sus Trece, marzo 24 de 2023).

"Ningún soldado está obligado a obedecer una orden contra la ley de Dios ("No matar")... Queremos que el gobierno tome en serio que de nada sirven las reformas si van teñidas con tanta sangre" (Ms. Oscar Romero). El pronunciamiento hacía referencia a las 48 personas muertas en las revueltas y movilizaciones sociales contra el gobierno que fueron presuntamente ejecutadas por miembros del ejército y la policía en acatamiento a la estrategia defensiva claramente violatoria de los derechos humanos, en cuanto al derecho a la vida consagrado en la Constitución Política del Perú, aplicable al margen de creencias religiosas y adhesiones políticas.

“Cuando las naciones afrontan problemas complejos y cuando una buena parte de los pueblos cae en el escepticismo y en la desconfianza; no faltan los que aseguran hallarse en una suerte de callejón sin salida. No es verdad. Por lo menos en el plano político, siempre hay una salida, aun en las situaciones más difíciles. Lo que ocurre, es que no siempre esas «salidas» responden a las necesidades nacionales, ni se afirman en la voluntad ciudadana. Suele suceder que finalmente una «salida» venga impregnada de elementos corrosivos que la desvirtúen, y conduzcan a la gente ante nuevos retos…” (Gustavo Espinoza, Rebelión, julio 28 de 2015).

“Lo único que cohesiona al país es una tenue goma llamada ´democracia´ dice un preocupado ejecutivo. Pero la maniatada democracia del Perú no puede absorber adecuadamente el impulso de millones de peruanos privados de sus derechos. El Perú emergerá de este dramático periodo profundamente cambiado. Es de esperarse que los peruanos sabrán emplear la crisis como un acicate para atacar las limitaciones que impiden realizar el potencial pleno del Perú. Una cuestión clave todavía no respondida, es que es lo que está manteniendo unido al Perú en estos tiempos angustiosos” (Michael Smith, Newsweek, octubre de 1983).


La deuda pública. “En el caso peruano, el Perú había estado marginado de la comunidad financiera internacional a raíz de la toma de Talara el 9 de octubre de 1968 y la consiguiente expropiación de la International Petroleum Company (IPC), como consecuencia de dicho evento se nos aplicó la enmienda Hickenlooper que no es otra cosa que la suspensión de toda ayuda a nuestro país: esta restricción duró algunos años hasta que se llegó al famoso acuerdo Green-De la Flor donde se indemnizó a la Exon por la expropiación de la IPC. Este acuerdo junto con la crisis del petróleo, fue el detonante para que nuestro país empezara un proceso de endeudamiento externo nada racional. Aquí están los saldos de la deuda externa total en nuestro país desde 1970 a 1992 en millones de dólares: 1970, 3,681; 1980, 9,594; 1985, 13,697; 1990, 19,762; 1992, 21,186 (Carlos Neuhaus Tudela, El Peruano 1993).  Según el BCRP la deuda pública entre 2003 a 2022 es la siguiente: 2003, 22,768; 2006, 21,972; 2011, 20,204; 2016, 23,762; 2019, 22,554; 2020, 32,469; 2021, 45,533; 2022, 46,194.

Existe otra proyección de la deuda pública del Perú que es más elevada: La deuda pública en Perú en 2021 fue de 69.401 millones de euros, creció 6.309 millones desde 2020 cuando fue de 63.092 millones de euros. Esta cifra supone que la deuda en 2021 alcanzó el 36,35% del PIB de Perú, una subida de 1,36 puntos respecto a 2020, en el que la deuda fue el 34,99% del PIB. Si miramos las cifras podemos ver la evolución de la deuda pública en Perú. Esta ha crecido desde 2011 en términos de deuda global, cuando fue de 28.224 millones de euros y también en porcentaje del PIB, que fue del 22,98%. Según el último dato publicado, la deuda per cápita en Perú en 2021, fue de 2.058 euros por habitante. En 2020 fue de 1.934 euros, así pues se ha producido un incremento de la deuda por habitante de 124 euros. Es interesante mirar atrás para ver que en 2011 la deuda por persona era de 976 euros. Un euro equivale a 1.08 de dólar estadounidense. (Datos Macro.Expansión.com).

Se hace necesaria una investigación profunda sobre el por qué y cómo fueron adquiridos esos préstamos y en que o donde se gastaron e invirtieron, se trata de una cuantiosa cantidad de miles de millones de dólares u euros que constituyen una carga pesada para todos los peruanos que deberán soportar la pobreza y extrema pobreza con el fin de devolver esos montos más los intereses usureros de la banca internacional y de organismos bilaterales/multilaterales.


La pobreza y los derechos humanos. En 1996, un informe de las Naciones Unidas calificaba al Perú como un país de “regulares, aceptables, pobres y muy pobres”. “Hoy se inicia en el mundo el “Año Internacional de la Erradicación de la Pobreza” proclamado por las Naciones Unidas, y esa cruzada contra uno de los mayores flagelos de la humanidad interesa directamente a millones de hombres, mujeres, niños peruanos que hoy sufren hambre, ignorancia, desempleo, pese a la durísima lucha por encontrar el camino del desarrollo. ¿Más pobres o ricos? Fue la pregunta que ayer, al concluir 1995, se formularon los líderes más importantes del mundo. Y la respuesta no fue alentadora: “Durante 1995, al igual que los últimos 30 años, la pobreza ha aumentado”… “Si la pobreza persiste o aumenta y se descuida la condición humana, las tensiones sociales y políticas acabaran por poner en peligro la estabilidad”, ha advertido el secretario general de las Naciones Unidas (Marlene Macedo, La República, marzo de 1996).

 “El Instituto Interamericano de Derechos Humanos, IIDH, entiende que la pobreza es más que insuficiencia de ingresos. Se trata de un fenómeno multidimensional gestado por estructuras de poder que reproducen estratificación social y una visión excluyente que discrimina a vastos sectores del continente, como las mujeres, los pueblos indígenas y los afrodescendientes. Desde esta perspectiva, la pregunta es: ¿cuál es la eficacia de los derechos humanos y qué sentido tienen para los pobres la democracia y la justicia, el debido proceso y la participación en el ejercicio del poder político, el voto y la libertad de expresión, la igualdad y el crecimiento económico? La pobreza es causa y producto de las violaciones de los derechos humanos, por ello y por su extensión es que probablemente sea el más grave de los problemas de derechos humanos en las Américas. Hay una causalidad recíproca entre la persistencia y acentuación de la pobreza y la violación de los derechos humanos. La pobreza es privación extrema de bienestar. Ser pobre es pasar hambre, carecer de vivienda y vestuario adecuados, estar enfermo y no recibir cuidados, ser analfabeta y no contar con servicios educativos. La situación de pobreza va más allá de la privación material en términos de un concepto apropiado de ingreso o consumo, comprendiendo también bajos logros en educación y salud, así como vulnerabilidad, exposición al riesgo, falta de equidad, de capacidad de expresar sus necesidades y carencia de poder para influenciar las decisiones que afectan su bienestar”.

De acuerdo a la ONU, “la extrema pobreza se caracteriza por vulneraciones múltiples e interconexas de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, y las personas que viven en la pobreza se ven expuestas regularmente a la denegación de su dignidad e igualdad. La extrema desigualdad socava directamente los derechos humanos, y es un motivo de vergüenza para la comunidad de derechos humanos. Un mundo en el que el 1 % más rico posee el 48 % de la riqueza mundial, y en el que este desequilibrio continúa acelerándose, es indecente. ¿Qué aspectos considera la Constitución sobre la pobreza? Incluyen el derecho a un nivel de vida decoroso, a los alimentos, a la atención de salud, a la educación, a un trabajo decoroso, a la vivienda, a la participación en el progreso científico y a la protección contra las calamidades. Muchísimos defensores y líderes de los pueblos marginales y desposeídos han sufrido violaciones de sus derechos humanos en todas las regiones del mundo. Han sido objeto de ejecuciones, tortura, palizas, detención y prisión arbitraria, amenazas de muerte, hostigamiento y calumnia. También se han limitado sus libertades de circulación, expresión, asociación y reunión. La pobreza es causa y producto de las violaciones de los derechos humanos, por ello y por su extensión es que probablemente sea el más grave de los problemas de derechos humanos en las Américas. Hay una causalidad recíproca entre la persistencia y acentuación de la pobreza y la violación de los derechos humanos”.

“La pobreza va más allá de la falta de ingresos y recursos para garantizar unos medios de vida sostenibles. Es un problema de derechos humanos. Entre las distintas manifestaciones de la pobreza figuran el hambre, la malnutrición, la falta de una vivienda digna y el acceso limitado a otros servicios básicos como la educación o la salud. Actualmente, alrededor del diez por ciento de la población mundial vive en la pobreza extrema y tiene dificultades para cubrir sus necesidades más básicas, como la salud, la educación y el acceso al agua y al saneamiento, entre otras cosas. Hoy en día, hay 122 mujeres de entre 25 y 34 años que viven en la pobreza por cada 100 hombres del mismo grupo de edad, y más de 160 millones de niños corren el riesgo de seguir viviendo en la pobreza extrema al año 2030… Poner fin a la pobreza en todas sus formas es el primero de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la  Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible… La principal referencia en el combate contra la pobreza en los ODS se encuentra en el Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. Una de las claves para conseguirlo es garantizar una movilización importante de recursos procedentes de diversas fuentes, incluyendo la mejora de la cooperación internacional para el desarrollo. La meta es proporcionar medios suficientes y previsibles a los países en desarrollo, en particular a los menos adelantados, para que puedan poner en práctica políticas y programas encaminados a terminar con la pobreza en todas sus dimensiones… Otra de las metas establecidas por los ODS para acabar con la pobreza es crear normativas sólidas a nivel nacional, regional e internacional, que tengan en cuenta las cuestiones de género. La Agenda 2030 busca no dejar a nadie atrás y poner en primer lugar a los más desfavorecidos… En 1995, la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social celebrada en Copenhague, identificó tres problemas principales: 1) la erradicación de la pobreza; 2) la generación de empleo; 3) y la integración social para crear una comunidad internacional que permita la construcción de sociedades seguras, justas, libres y armoniosas que ofrezcan mayores oportunidades y mejores niveles de vida para todos… En la resolución 47/196 adoptada el 22 de diciembre de 1992, la Asamblea General declaró el 17 de octubre como el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza” (Naciones Unidas, informe mundial 2020).

Los asesinatos no serán olvidados. La atención a los reclamos pasa por la sanción legal a los responsables. Nytimes.


En su informe del año 2021 el INEI precisó que, “la línea de pobreza es el equivalente monetario al costo de una canasta básica de consumo de alimentos y no alimentos, que para el año 2021 ascendía a S/ 378 mensuales por habitante, es decir, que la persona cuyo gasto mensual es menor a este monto es considerada pobre; para una familia de cuatro miembros el costo de una canasta básica de consumo es de S/ 1 512 mensuales. Asimismo, la línea de pobreza extrema, que considera solo el costo una canasta básica de alimentos, para el año 2021 ascendió a S/ 201 mensuales por persona, considerándose pobres extremos a las personas cuyo gasto mensual no cubre el valor de la canasta básica de consumo alimentaria, para una familia de cuatro miembros asciende a S/ 804 mensuales. La medición oficial de la pobreza en el Perú se efectúa a través del indicador del gasto, debido a que esta variable se aproxima a una cuantificación de los niveles de vida de lo que las personas y los hogares compran, adquieren y consumen… la pobreza monetaria afectó al 39,7% de la población del área rural y al 22,3% de la población del área urbana… En el año 2021, se conformaron cinco grupos de departamentos con niveles de pobreza estadísticamente semejantes. En el primer grupo, con los mayores niveles de pobreza se encuentran Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Loreto, Pasco y Puno con incidencias en el rango de 36,7% a 40,9%. En el segundo grupo, Amazonas, Apurímac, Junín, La Libertad, Región Lima, Lima Metropolitana, Piura y la Provincia Constitucional del Callao en un rango de 24,0% a 27,1%. El tercer grupo está conformado por Áncash, Cusco, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali con un rango de 19,0% a 22,8%. En el cuarto grupo se encuentran Arequipa, Lambayeque y Moquegua en un rango de 11,0% a 14,6%. Y en el quinto grupo, con menor incidencia de pobreza, Ica y Madre de Dios en un rango de 4,5% a 9,0%... El segmento poblacional más afectado por la pobreza son los niños y adolescentes (de 0 a 17 años) donde la incidencia de pobreza es 35,4%, seguida de la población de 18 a 59 años de edad (22,6%), y de la población de 60 y más años de edad (18,1%)… Durante el año 2021, el acceso de la población pobre a algún seguro de salud fue del 84,3%. Según tipo de seguro, destacó la mayor afiliación del Seguro Integral de Salud (SIS) al pasar de 69,7% a 74,7%, entre los años 2020-2021… En el año 2021, el 91,2% de los hogares pobres accedió al servicio público de electricidad, el 82,9% al servicio de agua por red pública y pilón; así como el 53,8% a desagüe por red pública. Por otro lado, el 10,1% de los hogares pobres fue afectado por el hacinamiento. El acceso a Internet en los hogares pobres pasó de 18,0% a 28,0% entre los años 2020-2021. Durante el año 2021, el 38,0% de los hogares pobres accedió a un programa no alimentario. Según programa, 22,9% al Programa Juntos, 15,4% al Fondo de Inclusión Social Energético (FISE) y 10,4% a Pensión 65. En la medición de la pobreza, el Instituto Nacional de Estadística e Informática está acompañado por una Comisión Consultiva, creada mediante Resolución Suprema Nº 097-2010-PCM, está conformada por Organismos Nacionales, Organismos Internacionales y Expertos de reconocido prestigio”. (Informe INEI 2021).

“En Huánuco una región pobre (donde fallarle a sus pobladores debería merecer el paredón), los medios de comunicación y la población centraban su atención en la captura y encarcelamiento del exgobernador Juan Alvarado Cornelio acusado de ser el jefe de la presunta organización mafiosa “Los negociadores” que habrían causado el perjuicio de varios millones de soles con decenas de obras paralizadas u abandonadas. Mientras se preguntaban y cuándo serán investigados y procesados los exalcaldes provinciales y distritales inescrupulosos que hicieron de la suya ante la vista paciencia de todos y la escasa intervención de la Contraloría General de la República y de la Procuraduría o Fiscalía Anticorrupción”.


El análisis socioeconómico. “El Perú es uno de los países que, en los últimos 15 años, ha experimentado un crecimiento estrechamente vinculado al boom de las materias primas. Su crecimiento económico fue fuerte durante el período 2004-2012, y luego se desaceleró. Tuvimos tasas anuales del 6% que bajaron al 2-3%. Esta es la tendencia general en América Latina, y Perú está haciendo lo mismo. Cuando el crecimiento supera el 5%, los sectores rurales también comienzan a experimentar efectos positivos en términos de reducción de la pobreza. Pero cuando el crecimiento está por debajo del 3-4%, la pobreza rural, en ausencia de políticas y estrategias, se estanca como ahora. No estoy seguro de que los países de la región hayan tenido estrategias particularmente coherentes para reducir la pobreza rural. Cuando la pobreza disminuyó, fue más bien el resultado de factores de crecimiento macroeconómico. Los programas sociales se han utilizado en parte para aliviar la pobreza, pero son absolutamente insuficientes para resolver la raíz del problema. Perú no ha tenido estrategias específicas y coherentes: el 40% de la población rural es pobre y otro 40% se encuentra en situación de vulnerabilidad. En cualquier momento, cualquier choque económico o desastre natural puede hacer que los agricultores se debiliten…

Las políticas sociales por sí solas no son suficientes para resolver estos problemas. Estos apoyos sociales son importantes, hay que mantenerlos, pero son paliativos que no transforman la sociedad rural. El desarrollo rural debe formar parte de las políticas públicas. La financiación privada va allí donde hay más rentabilidad, es decir, a las ciudades. Para intervenir con políticas públicas, a menudo es necesario contrarrestar la inclinación natural del mercado, dirigiendo voluntariamente los recursos a las zonas rurales. Esto es de importancia estratégica para la estabilidad y el crecimiento a largo plazo de la empresa. Debe desarrollarse una estrategia para atraer inversiones a las zonas rurales en las ciudades intermedias, en centros de desarrollo con una amplia interacción con las zonas rurales. Esto no se ha hecho durante mucho tiempo porque aparentemente va en contra del neoliberalismo, que prefiere el sector financiero y los paraísos fiscales. Necesitamos un Estado con un proyecto de desarrollo que no separe la ciudad del campo. Para un desarrollo efectivo se necesitan ciudades intermedias fuertes, que generen demanda de insumos rurales y una dinámica que permita que el crecimiento futuro se centre mucho más en el país en su conjunto. Si queremos abordar el problema de la pobreza rural, será inevitable aplicar políticas de desarrollo espacial rural, que desempeñan un papel importante en la atracción de actores públicos y privados hacia los espacios intermedios” (Eduardo Zegarra, Revista SOS FAIM, 2019).


Conclusión y reflexión. En la dirección que vamos y con las decisiones que se toman en el Perú estamos camino a una crisis económica de grave efecto social y político, las últimas asonadas violentistas y las respuestas autoritarias lo confirman, por lo que solo nos queda la corrección y el compromiso de ser cada vez más leales con nuestra patria y todo lo que ella significa o representa, así como hacer de la eficiencia y transparencia en nuestras decisiones y funciones una obligación como lo establecen las leyes y en caso de incumplirse reciba la sanción más severa, proscribiendo la impunidad. “Luego, una relativa estabilidad de casi dos décadas generó la sensación de que la democracia por fin se había consolidado, hasta que en 2018 los escándalos de corrupción, las investigaciones a expresidentes y un férreo choque entre el Ejecutivo y el Congreso revivieron al fantasma (BBC News, noviembre 16 de 2020).

“Cuando llegas a una crisis financiera de gran escala te arriesgas a un largo período de lento crecimiento y eso no es para nada ideal”. Stanley Fischer.

·   * Ingeniero Agrónomo, Periodista, Escritor.

domingo, 19 de marzo de 2023

Drogas y Crimen organizado: Lucha fallida contra un Conflicto Global.

Felipe A. Páucar Mariluz *


La interdicción a las drogas y el combate al crimen organizado es una tarea gigantesca que requiere de la inversión de miles de millones de dólares. Hasta hoy los resultados son poco alentadores por la expansión del tráfico ilícito de zonas tradicionales a nuevas regiones en varios continentes del mundo. Foto Página siete de Bolivia.


“A pesar de que varios flujos de contrabando están afectando la región, el principal problema delictivo es el tráfico de cocaína, incluyendo los grupos que éste ha empoderado y la violencia asociada con este flujo. Este estudio observa que mientras el tráfico de cocaína ha catalizado innegablemente la violencia en algunas áreas, el problema de seguridad en la región es mucho más profundo, enraizado en una débil gobernanza y poderosos actores subestatales(UNODC.org).

“El sábado 18 de marzo, la policía antidrogas ejecutó una operación a gran escala contra el clan del narcotráfico más importante en el territorio nacional, que encabezaba el ayacuchano Yove Auccatoma Leche, más conocido como ‘Leche’. Después de 14 semanas de seguimiento, los agentes antinarcóticos capturaron a 25 integrantes de la organización, entre ellos al cabecilla Yove Auccatoma Leche, a un capitán y dos suboficiales del Ejército y a un suboficial de la Policía Nacional. Estos tres últimos cumplían funciones en el valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), justamente, el centro de operaciones de ‘Leche’ (María Elena Hidalgo, La República, marzo 19 de 2023).

En 17 meses que duró el gobierno de Pedro Castillo y van 3 de Dina Boluarte, la estrategia antidrogas aplicada fue/es la misma, una especie de copia o continuismo de la desarrollada en 42 años con ligeras variantes, que exteriorizan el sello de cada gobernante, un total de diez desde 1980: Fernando Belaunde Terry, Alan García Pérez (2), Alberto Fujimori Fujimori (2), Alejando Toledo Manrique, Ollanta Humala Taso, Pedro Pablo Kusinsky, Martín Vizcarra Cornejo, Francisco Sagasti Hochhausler, Pedro Castillo Terrones, Dina Boluarte Zegarra. Pedro Castillo generó controversia por su posición frente a los cultivadores de la hoja de coca y la decisión de ubicar a un ‘prococalero’ como Ricardo Soberón Garrido al frente del organismo gubernamental antidrogas Devida, ex Contradrogas, quien presentó un plan supuestamente novedoso pero que en la práctica reeditaba la ‘erradicación concertada’ de los cultivos de coca en el Vraem, la misma opción que fue aplicada en el gobierno de Alejandro Toledo mediante un acuerdo con dirigentes de la Confederación Nacional de Productores Agrarios de Cultivos de Coca, CONPACCP, como consecuencia de las jornadas ‘históricas’ de lucha que sostuvieron con presencia de miles de campesinos en la ciudad de Lima, luego de una marcha de sacrificio en los años 2003 - 2004. Y, de Carlos Antonio Figueroa Henostroza, asesor de asesores de Devida, quien anunció que seguirá el plan desarrollado de 2016 a 2021, quizás, sin considerar que durante estos años el cultivo de coca se incrementó de 42 a 82 mil hectáreas y la producción de cocaína de 400 a 800t., según el organismo antidrogas de Estados Unidos ONDCP. Del 2021 al 2022 el narcotráfico aumentó su actividad en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y en pistas clandestinas a diferencia de años anteriores que lo hizo vía marítima por los puertos del Callao y Paita o vía fluvial por los ríos selváticos hacia el país de Brasil.

A propósito de estas cifras, existe la manida costumbre del manejo inadecuado de una ‘Data negra’ vinculada a las drogas y el desarrollo alternativo para señalar logros y ocultar verdades sobre la fallida estrategia con políticas desfasadas contra el tráfico ilícito de estupefacientes, lo que dio como resultado el crecimiento de mafias secundadas por aliados que hacen posible el accionar criminal de sus actividades que siguen un mismo patrón desde los años 50s. Los asesinatos y la extorsión van en aumento, como el ocurrido en Lima donde murieron 6 integrantes de una familia a manos de sicarios y la emboscada en Natividad – Pichari donde 7 policías fueron ultimados por el Militarizado Partido Comunista del Perú, MPCP. Sobre el móvil y los autores existen múltiples versiones a gusto, interés y tolerancia de cada caja de resonancia al servicio de poderes fácticos.

El 23 de noviembre el Ministro del Interior Willy Huerta Olivas (19 de julio al 7 de diciembre 2022) informó que ese año se decomisaron 81.7t., de drogas, se inutilizaron 64 pistas de aterrizaje clandestinas, se destruyeron 848 pozas de maceración y 492 laboratorios de cocaína y detuvieron a 11 570 presuntos narcotraficantes; cifras impactantes, considerando que al 2015, el narcotráfico, la coca y la cocaína habían sido relativamente controlados en el Huallaga, Monzón, Ucayali, Pichis Palcazu, Pachitea y el Vraem. Este retroceso hace necesaria una investigación sobre políticas, estrategias, legislación, acuerdos, convenciones, convenios, etc., utilizados en la lucha contra las drogas y de su impacto real a nivel local, regional; pero como se trata de encontrar la verdad, los propulsores y financistas de la interdicción a las drogas y el desarrollo alternativo no están dispuestos a hacerlo. Además, el combate contra el narcotráfico y terrorismo en el país es utilizado a veces a conveniencia e intereses particulares/institucionales como ocurrió desde el 7 de diciembre para intentar criminalizar la protesta (narcos, terrucos), tal como lo hicieron en 1980 para ocultar el fracaso y la violación de derechos humanos durante los operativos Verde Mar I y Verde Mar II.

La producción y consumo de la cocaína, la marihuana y las drogas sintéticas se incrementan sin que existan responsables: ¿Por qué sucede ello? ¿Qué alternativas y soluciones existen? ¿Es necesario el cambio del paradigma represivo por el de salud, educación y derechos humanos? ¿La crisis política del país tiene relación con el aumento de las drogas y narcotráfico como sostén de su presunto aliado los remanentes del terrorismo? Los libros: “La Guerra Oculta en el Huallaga, Monzón y Aguaytia” (2007) y “La Guerra de los Cien Años. Narcotráfico y Terrorismo” (2022) contienen información relevante sobre estos conflictos y propuestas alternativas para mejorar el tratamiento a los dos flagelos, que publicaremos en las siguientes entregas.

Estimaciones extraoficiales indican que en 100 años de lucha contra la coca y la droga cocaína en Perú, se habrían erradicado 500 mil hectáreas de cocales; gastado más de 2 mil millones de dólares en interdicción y desarrollo alternativo; deforestado 2 millones de hectáreas de bosques para instalar coca, café, cacao, palma aceitera y explotación maderera. Mientras que, decenas de miles de consumidores o presos (paqueteros o burriers) hacinados en las cárceles claman por salud y libertad sin alcanzarla. Con la estrategia del ‘palo y la zanahoria’ o del ataque prioritario a los cocaleros lograron que la producción de coca y cocaína se mantuvieran y multiplicaran dentro y fuera del país, esto con el concurso de mafias que sofisticaron sus actividades y formaron redes del crimen organizado utilizando a la corrupción como herramienta que facilita el lavado de dinero en bancos y financieras, la comercialización de insumos ilícitos o la infiltración en la política y aparatos del Estado. En algunos países como el nuestro la corrupción se institucionalizó alterando la economía y seguridad interna. Las siguientes informaciones seleccionadas de medios importantes corroboran lo indicado líneas arriba y confirman el avance incesante de las mafias y delitos conexos al crimen organizado:

“El cultivo de coca se disparó un 35% de 2020 a 2021, una cifra récord que responde tanto a la expansión del cultivo de la planta como a las mejoras en el proceso de transformación de la hoja de coca en clorhidrato de cocaína, informó este jueves la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). En su informe sobre cocaína correspondiente a 2023, la UNODC subrayó que este aumento de la oferta ha ido a la par con la demanda de la droga y con la diversificación de los sistemas de distribución, que incluyen los servicios de correo y el transporte marítimo. Destacó además que si bien el mercado se concentra en América y Europa, el potencial de crecimiento en África y Asia es enorme” (UNODC, marzo 17 de 2023).

“Con base en perfiles forenses realizados por el Cocaine Signature Program de la Drug Enforcement Administration (Estados Unidos) durante la segunda mitad de 2021, de las 436 muestras tomadas de 99 incautaciones en los Estados Unidos de al menos 1 kilogramo cada una realizadas entre enero y junio de 2021, se evaluó que el 98% procedía de Colombia. Por otro lado, de 113 muestras enviadas a la Administración de Control de Drogas por seis países europeos, cuyo origen pudo determinarse y analizarse durante el mismo período, el 67% ciento se rastrearon hasta Colombia, el 27% hasta Perú y 5% a Bolivia”, detalla el informe en su capítulo sobre el destino y ruta del narcotráfico. En otro punto, en el que se realiza un análisis de la producción y nuevas estrategias del tráfico de la droga, la Unodc destaca: “Las autoridades peruanas estimaron además que a partir de 2019 los vuelos clandestinos a Bolivia y Brasil representaron el 37% de los flujos de salida de drogas tipo cocaína del Perú. Además, evaluaron que el aumento de las incautaciones de pasta de coca en varias regiones posiblemente estaba relacionado con el tráfico hacia el este para su posterior procesamiento en Bolivia, Paraguay, Brasil o Europa. Las autoridades bolivianas incautaron 50 laboratorios clandestinos de fabricación de clorhidrato de cocaína (laboratorios de cristalización) en 2019, 36 en 2020 y 26 en 2021”, señala otra parte del informe (Página 7, marzo 19 de 2023).

“El Informe de la Estrategia Internacional de Control de Narcóticos 2023 (2023 International Narcotics Control Strategy Report, INCSR), publicado cada año por el Departamento de Estado de Estados Unidos, describe el panorama del narcotráfico en la mayoría de los países del mundo, prestando atención especial a la amenaza que representa el tráfico de drogas de cada país para Estados Unidos. Dado que la llamada guerra contra las drogas ha estado tambaleando en América Latina, el panorama del potencial de producción de cocaína que presenta el informe en la región contrasta con los hallazgos presentados por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) justo el año pasado. El informe señala, además, el papel de Estados Unidos en el tráfico de marihuana, ya que los consumidores del continente buscan plantas de alta calidad que se pueden conseguir por envío postal en el mercado legal en algunos estados de Estados Unidos” (InSight Crime, marzo 7 de 2023).

“El asesinato de dos estadounidenses en México ha exacerbado una vieja pelea en Estados Unidos sobre la posible designación de los carteles de la droga como grupos terroristas. Un tema que no es sencillo de tratar ya que esconde algo mucho más profundo: una eventual intervención militar en territorio mexicano. "Forma parte del cabildeo electoral pero cuando estos temas campean en la relación bilateral hay que poner atención y no minimizarlo", advirtió Arturo Sarukhán, embajador mexicano en Estados Unidos entre 2007 y 2013. Desde que asumieron el control de la Cámara de Representantes, los republicanos han redoblado la presión al Gobierno de Joe Biden para que endurezca las políticas hacia México por el tráfico de fentanilo, un opioide que está detrás de las cifras récord de muertes por sobredosis en Estados Unidos. El debate se ha recrudecido tras el secuestro en Tamaulipas, un estado mexicano de la frontera con fuerte presencia del crimen organizado, de cuatro estadounidenses, dos de ellos asesinados (Negocios.com, marzo 13 de 2023).

“El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, criticó los señalamientos de las autoridades estadounidenses sobre el tráfico de drogas, especialmente el fentanilo. Desde inicios de marzo, legisladores republicanos como Roger Marshall, Rick Scott y Dan Crenshaw han insistido en catalogar a los carteles mexicanos como terroristas con el fin de que las tropas estadounidenses intervengan en el país y, con esto, presuntamente disminuir la inseguridad y la llegada a EEUU de sustancias como el fentanilo. "Pero allá, no sé si ustedes sepan, no hay carteles. Allá [la droga] se distribuye por telepatía. No hay allá narcotráfico ni laboratorios, tampoco mafias", comentó en su conferencia de prensa matutina. El político reiteró que el fentanilo es una materia prima proveniente de Asia y que, en mayor medida, llega de manera directa a Estados Unidos y Canadá (Sputnik, marzo 16 de 2023).

“En las ciudades del este de Australia, un kilo de cocaína puede alcanzar hasta los 400.000 dólares australianos (US$266.000) dependiendo de su pureza, según indicó la policía federal australiana en agosto de 2022. Precios igual de exorbitantes pueden lograrse en Nueva Zelanda, lo que pone a estos dos países entre los mercados de cocaína más lucrativos del mundo. "Los australianos pagan uno de los precios más altos del mundo por drogas ilícitas. Así, cuando esa realidad se combina con un exceso de oferta de productos en Latinoamérica, es natural que esos grupos busquen expandirse hacia Australia", observó Anthea McCarthy-Jones, conferencista y experta en crimen organizado de la Universidad de Nueva Gales del Sur (InSight Crime, marzo 15 de 2023).

Intervención de la Dirandro con incautación de cocaína en los ríos Apurímac, Ene y Mantaro. Foto difusión.


“El narco, su violencia, su sangre, su dolor,  es un subproducto del mercado de la droga que tan efectivamente dinamiza la economía del país del norte. Los gobiernos de Estados Unidos, desde la presidencia de Richard Nixon, decidieron culpar a México del problema del tráfico masivo de estupefacientes, negando una realidad en la cual, los narcotraficantes (con todo y su violencia y alcances financieros) son el último eslabón de una cadena que se extiende en el tiempo, en la política, en el racismo y en el neocolonialismo norteamericano. En los años 50 y 60, el vecino país del norte en su lucha “contra el comunismo” entabla las guerras contra Corea, que causó entre 1950 y 1953 la muerte de aproximadamente 3 millones de coreanos, entre civiles y militares. Se calcula que los chinos perdieron unos 500 mil combatientes y los estadounidenses, unos 54 mil; y Vietnam, en la cual murieron entre 2 a 6 millones de personas, en total, durante los 20 años que duró el conflicto. Se calcula que en la contienda murieron casi un millón 200 mil soldados de Estados Unidos, Vietnam y también de otros países como Corea del Sur (José Narro Céspedes, Heraldo de México, marzo 15 de 2023).

“A pesar de su limitada capacidad de producción de la droga, el creciente cultivo de coca en países no productores tradicionales puede ser una señal de mayores cosas en el futuro. Aunque se presente en bajos niveles, el cultivo será cada vez más difícil de detener una vez haya echado raíces. Guatemala es un buen ejemplo de ello, pues allí las iniciativas de erradicación hasta el momento no han logrado afectar el afianzamiento de los sembrados de coca, según Alan Ajiatas, subdirector de la división antinarcóticos de la Fiscalía General… A pesar de la erradicación récord de coca en Honduras y Guatemala, estos no son productores importantes de cocaína. Sin embargo, la continua escalada de los decomisos en diferentes países demuestra la capacidad de la planta para sobrevivir por fuera de su ecosistema andino” (InSight Crime, marzo 15 de 2023).

Insistimos en la existencia de una ‘Data Negra’ vinculada al Narcotráfico y las drogas que genera un manejo autoritario y mediático, por autoridades, funcionarios, especialistas, comunicadores, etc., esto determina que no se pueda conocer la verdad sobre la base de estudios eminentemente técnicos, porque a menudo se apela al cálculo, a las estimaciones, a entrevistas y testimonios no validados al que se agrega la valoración sobredimensionada y subalterna con intereses particulares o institucionales.  Lo cuestionable del problema es que las críticas más radicales a los resultados negativos provengan de quienes fueron parte de organismos antidrogas como autoridades o funcionarios, que fallaron en la misión de controlar y/o erradicar las drogas y narcotráfico cuando tuvieron su oportunidad, ubicándose, más bien, cómoda e hipócritamente en la otra orilla, desde oficinas varias de ellas instaladas con recursos  que el Estado y la cooperación internacional pudieron haber destinado a programas de desarrollo efectivos con el fin de superar el interminable conflicto.

Se  estima que el Perú en 1920 pudo producir 20 toneladas de cocaína, hoy se calcula entre 400 a 800t. (Según sean cifras de ONUDC u ONDCP). Se deduce que serían 30 millones los adictos y consumidores de cocaína en el mundo y 60 mil en Perú según una encuesta anterior de CEDRO. En 1920 el lavado de dinero de la cocaína pudiera haber alcanzado los 100 millones, hoy se estima en 3 mil millones de dólares/año. En 1978 fueron empadronados por ENACO 26 mil productores de coca, hoy se calcula que serían 80 mil cocaleros. En 1992 existían 242 mil hectáreas de coca con 200 mil familias productoras, hoy se estima que habría entre 70 y 82 mil has de cocales. Entre 1987 y 1994, se llegó a producir 1 500t., y se decomisaba solo 30t., de cocaína. La Dirandro reportó el 2021 que decomisaron 41 856 kilos de cocaína, el 10% de la producción estimada. En 1920 eran 6 los departamentos productores de coca y 3 de cocaína, hoy son 16 las regiones con cultivos de coca y en casi todos se produce y comercializa la cocaína.

El desarrollo alternativo se inició en el Huallaga en 1981 con la creación del Proyecto Especial Alto Huallaga al que le fue asignado un fondo de 26.5 millones de dólares, de éstos 18.5 millones fue un préstamo de Estados Unidos; luego se crearon otros proyectos especiales algunos vigentes hasta hoy y que en 40 años no pueden mostrar resultados positivos por ser estos escasos, cuestionables y discutibles. En este tiempo no hubo una evaluación técnica responsable a los activos y pasivos y menos existe una valoración ética sobre la eficacia de los recursos utilizados, al Contraloría General de la República extrañamente brilló por su ausencia, a pesar que se percibía en los funcionarios que ocuparon cargos jerárquicos signos exteriores de riqueza y sobre los cuales hubo innumerables denuncias, con alguna excepción. Esta es todavía una tarea pendiente.

La corrupción en el poder judicial es sindicada como uno de los artifices  del avance y fortalecimiento del narcotráfico y terrorismo. Abogados, fiscales y jueces estuvieron y están implicados en sonados escándalos por apoyar a narcos, mafias de las drogas y el lavado de dinero. Foto cortesía.


Ricardo Soberón, expresidente ejecutivo de Devida el 2011 y 2021 – 2022, en un reciente testimonio (balance) de gestión concluye que: “El narcotráfico en el mundo ha mutado de modo irreversible y poco previsible, no pudiendo ser desplazado de la Amazonía sudamericana por las economías agrarias legales. Por el contrario, el tráfico ilícito de drogas (TID), junto a monocultivos, actividad forestal y minera ilegal, se ha introducido en el desarrollo de la actividad agraria en la Alta Amazonía peruana. Además, tenemos al sistema financiero en condiciones que ni la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ni el Poder Judicial están en capacidad de rastrear. El narcotráfico también influye sobre el mundo del comercio de exportaciones, la política local, etc. El desarrollo de la actividad de la coca/cocaína a escala local se presenta en medio del potenciamiento de un conjunto de economías ilícitas en los espacios amazónicos (oro, madera, flora y fauna, trata de personas), que fluyen consistentemente hacia los mercados norteamericanos y europeos, y en menor medida a los asiáticos. A escala global, el mercado internacional de la cocaína se mantiene estable cuando no creciente”.

“Viene la pregunta: ¿cómo acabar con el narcotráfico? Los campesinos de los países productores encuentran en el narcotráfico una fuente de supervivencia, les sale más económico y rentable producir un kilo de coca, que un kilo de plátano, principalmente por el abandono del Estado en las regiones donde se produce y por la influencia de la guerrilla, que se queda con la mayoría de las ganancias. El sistema financiero, la banca y productores de insumos para producir la cocaína en los países consumidores, reciben grandes ganancias, producto de este ilícito, en el blanqueo de grandes capitales y venta de químicos. Por lo tanto, la respuesta está en atacar la demanda y en reducir la oferta, nada fácil si no hay un consenso: los países productores combatiendo el consumo y programas de educación y ayuda para desarrollar cultivos alternos, y en países productores mayor presencia del Estado y apoyo para sustituir cultivos y educación” (José Williams Porras, El Universal, 24 de enero de 2023).

“Departamento de Justicia de los EE. UU., dedicada a la lucha contra el contrabando y el consumo de drogas en esa nación posee jurisdicción con la Oficina Federal de Investigación (Federal Bureau of Investigation, FBI), en el ámbito interno. Es la única agencia responsable de coordinar y perseguir las investigaciones antidrogas en el extranjero. El Bureau of Narcotics and Dangerous Drugs (BNDD) fue el predecesor de la DEA, fundada el 1 de julio del 1973, En base al plan de reorganización, en la presidencia de Richard Milhous Nixon. Dicho diseño proponía la creación de una única agencia federal que asumiera las competencias en materia de drogas, así como consolidar y coordinar las actividades gubernamentales en el control de los psicotrópicos. Este organismo ha emprendido una lucha sincronizada para combatir el contrabando, los resultados han sido espectaculares. Un equipo de la DEA llamado CENTAC, se ha empleado a fondo contra las drogas. Cuando se ha usado esa agrupación ha tenido un efecto eficaz contra el tráfico de estupefacientes. Versión optimista de dos organismos antidrogas estadounidense encargados del combate del tráfico ilícito de estupefacientes por medio siglo, con resultados que conocemos.

“Nuestra región es un crisol gigantesco en el cual se han forjado naciones de diversos orígenes y características. Nos afanamos de tener lo mejor de muchos mundos: innumerables aportaciones de nobles culturas aborígenes, la gran civilización ibérica, la herencia africana y los ideales europeos de libertad y justicia para todos. A pesar de nuestras diferencias, perseguimos ciertos objetivos comunes. El crecimiento económico, la estabilidad política y la democracia. Hemos presenciado la formación de agrupaciones económicas regionales y sub-regionales, como la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio y otras en América Central, el Caribe y la región andina. Cada vez son más los programas conjuntos para la industria, minería, energía y agricultura. La senda histórica de Iberoamérica, se ve con claridad en la región, que es esencialmente democrática y pacífica. La iglesia, lo mismo que las fuerzas armadas, los intelectuales, los periodistas, los profesionales y los estudiantes, forman parte de la base institucional de la región. En general, la iglesia ha contribuido a la civilización, al saber de nuestro hemisferio y al bienestar político, económico y social. (El Nacional, 11 de febrero de 2023). Esta versión deja de lado la situación conflictiva y violenta como modus operandi – modus vivendi, en particular del combate contra las drogas liderada por Estados Unidos. Está bien resaltar los resultados exitosos pero también de manera responsable se debe poner sobre la mesa y en discusión nuestras debilidades y fracasos evidentes.

Resumiendo. Las drogas, el narcotráfico, el crimen organizado avanzan como la liebre, mientras que los perseguidores tienen pies de plomo y chapotean en el fango, ha llegado la hora de decirle la verdad sin ambigüedades, ni temores a la sociedad de nuestras naciones como una demostración de transparencia y de respeto a sus derechos elementales. La Verdad y la Transparencia se traducen en exigencia a los medios de comunicación, periodistas, comunicadores y toda clase de opinantes. Considerando que hoy solo la adulación y lambisconería merecen el respaldo del poder mediático, mientras que buscar y difundir la verdad así como actuar con independencia no es importante porque para algunos eso no es negocio.

Definiciones:

UNODC. Organización de las Naciones Unidas contra la Droga y el delito.

ONDCP (Office of National Drug Control Policy. Oficina de Política Nacional de Control de Drogas), Estados Unidos.

Crimen organizado. “El crimen organizado es un fenómeno delictivo y social de altísimo impacto ahí donde encuentra un espacio para desarrollarse. Son diversos los factores que promueven su aparición, y otros tantos los que dificultan la lucha frontal contra este fenómeno mundial” (Mininter). El crimen organizado engloba 21 delitos casi todos vinculantes y de la misma alta gravedad que el narcotráfico y el terrorismo.

MPCP. Militarizado Partido Comunista del Perú, grupo escindido de Sendero Luminoso en 1999. 

* Ingeniero Agrónomo, Periodista investigador, escritor - productor agroforestal. www.leyendadelhuallaga.blogspot.com.

domingo, 12 de marzo de 2023

Perú: Democracia y ¿Oligarquía?

 Poder hegemónico. Derechos fundamentales. Exclusión. Racismo.  

 

Felipe Ascención Páucar Mariluz*


Campesina mamá de víctima de enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad en Juliaca Puno. Fueron 68 los fallecidos hasta el 08 de marzo. El 2009 Alan García asesinó a 35 en Bagua. Foto New York Times.

“La violencia apaga la esperanza de una justa solución de los problemas. Animo a todas las partes implicadas a tomar la vía del diálogo entre hermanos en la misma nación en el pleno respeto de Derechos Humanos y del Estado de Derecho”, Papa Francisco, Ángelus en Roma 23 de enero de 2023, al referirse a la convulsa realidad peruana.

Los derechos humanos fundamentales, son de obligatorio cumplimiento por toda autoridad que haya sido investido como tal en un régimen democrático y está obligado a dar fe de manera pública del respeto estricto a los mandatos de la Carta Magna o Constitución Política de un país, el no hacerlo significa el desprecio a estos derechos, a la imposición ilegal de medidas arbitrarias y el desapego a las clases sociales débiles carentes de poder. Cuántos de los derechos humanos fundamentales se cumplen o se cumplieron a lo largo de la historia del Perú, con toda seguridad, muy pocos y ello por cansancio, frustración y desesperanza genera protestas con movilizaciones violentas nunca antes vistas por parte de personas que molestas de clamar, suplicar, mendigar justicia y atención recibieron humillación y desamparo de quienes siendo gobierno asumieron el papel de sátrapas autoritarios con el fin algunas veces de convertirse en delincuentes millonarios a costa de los presupuestos de la nación. No se justifica la violencia, venga de donde viniere, sólo se trata de encontrar una explicación a lo sucedido recientemente, aunque ello en el actual escenario político – criminal resulte casi imposible.

Perú ingobernable. El periodista Jonathan Castro escribió un artículo que resume el por qué el inició de la protesta y los errores cometidos por la presidenta Dina Boluarte, sus ministros, congresistas, políticos, medios y prensa que agravaron el panorama de violencia en el país, por ello tomamos extractos que nos ayuden a entender y proyectarnos a posibles sucesos del futuro: “El último video que vi el martes 13 en la noche fue el de un muchacho que recibió el impacto directo de una bomba lacrimógena. Inmediatamente se desplomó y el grupo de jóvenes que iba a guerrear junto a él contra la Policía se replegó, lo cargó y lo protegió. En una foto de la agencia EFE se ve que tiene un hueco donde debería nacer su ceja derecha. He pasado la última semana revisando videos de jóvenes ensangrentados por el impacto de proyectiles, gente asustada porque vandalizaron sus negocios, turbas que transitan obligando a todos a marchar; y hablando con fuentes en el Ministerio de Salud y la Defensoría del Pueblo para actualizar la situación de los  muertos y heridos durante las protestas… El miércoles 14 de diciembre, leí en Twitter el último balbuceo de un jefe de Estado latinoamericano (Gustavo Petro, presidente de Colombia) para justificar el frustrado golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo: “El apresamiento, sin juez y sin defensa, de un presidente elegido popularmente ha puesto en serio cuestionamiento el papel de la Convención Americana en el ordenamiento jurídico latinoamericano”… Pero el responsable del inicio de estos conflictos es un solo hombre: Pedro Castillo. El expresidente peruano hizo un fallido golpe de Estado y seguramente detener a la fiscal que lo investiga que no dejó otra opción al Congreso más que destituirlo, y a Dina Boluarte, sucederlo en el cargo. Las protestas no son tan fáciles de entender. Hay consignas que se repiten con claridad: cierre del Congreso, renuncia de Dina Boluarte, liberación y restitución de Castillo, y Asamblea Constituyente. Es cierto que la oposición derechista cobija a personas que quisieron darle golpe de Estado a Castillo desde antes que asuma el mando; y que también tiene desapego hacia la democracia. Pero fue Castillo quien ganó las elecciones y debió canalizar el malestar social en políticas de gobierno que mejoren la vida de los peruanos. No hizo ni una reforma importante. En lugar de ello, se llenó de sospecha de corrupción, desarticuló las capacidades del Estado e insertó en el aparato público a nuevas mafias. Hoy, desde la prisión, fabrica una epopeya de una gestión que fue miserable. Las protestas atraviesan varias de las capas superpuestas de problemas arraigados en el Perú: desprecio por el Congreso y los políticos centralistas, la precariedad con la que el Estado peruano integra las dinámicas políticas regionales, la ausencia de organizaciones sociales sólidas, el racismo arraigado, el crecimiento de mafias que aprovechan el caos para buscar protección, el mal manejo de los conflictos sociales que prioriza el control policial sobre las políticas de desarrollo, etc.” (Jonathan Castro, Washington Post).  

“La Fiscalía de Perú acusó formalmente, a través de una denuncia constitucional, al presidente Pedro Castillo de liderar una organización criminal en el seno de su gobierno. Según la fiscal general de la Nación, Patricia Benavides, la investigación ha revelado indicios de que Castillo es el cabecilla de una red responsable de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión. Benavides también dijo que se estaba produciendo "una feroz obstrucción a la justicia" desde esa red supuestamente "enquistada en el Gobierno con la finalidad de copar, controlar y direccionar procesos de contrataciones para obtener ganancias ilícitas". El presidente Castillo replicó en una rueda de prensa con medios internacionales que "no hay ningún fundamento real" y "esas acusaciones son orquestadas". Reiteró que probará su inocencia y aseguró que se ha puesto en marcha "una nueva modalidad de golpe de estado en Perú" (BBC octubre 12 de 2022).

La prisión preventiva de 36 meses impuesta por el juez Juan Carlos Checkley al expresidente Pedro Castillo por supuestamente no acreditar arraigo domiciliario, apunta a enviarlo a la cárcel por 32 años como atrevidamente adelanto otra juez del grupo de jueces y fiscales anti Castillo, que no habiendo acreditado pruebas fehacientes en su contra se basan en supuestos y sospechas para aterrizar un plan destructor contra Castillo Terrones y su familia, esto en apreciación de sus abogados defensores y seguidores que no son pocos. Recordemos la serie de novelas que por capítulos emitieron medios afines a la oligarquía con sintonía garantizada y protagonizados por Karelim López, Bruno Pacheco, Zamir Villaverde, Carlos Jaico exsecretario general de palacio de gobierno y ahora ‘el español’ Jorge Hernández Fernández, entre otros que no pudieron convencer hasta hoy a un sector importante de la población que efectivamente Pedro Castillo es un corrupto y el jefe de una organización criminal y que hoy necesitan de 3 años para intentar demostrarlo. Mientras tanto, Pedro Castillo ha logrado posicionarse como la víctima de un gobierno supuestamente autoritario y de un Congreso antidemocrático con más repudio que aprobación, así como, recibir la solidaridad de autoridades y líderes de varios países de Latinoamérica y el mundo.

En las elecciones de 2020-21, el laureado escritor Mario Vargas Llosa fue un opositor acérrimo a Pedro Castillo y su plancha presidencial como activista y promotor de la candidata Keiko Fujimori, avaló la narrativa de un inexistente fraude electoral, emitió adjetivos descalificativos contra Castillo, Boluarte, seguidores y votantes, es decir, adoptó una clara posición antidemocrática y antipueblo, al extremo que fue calificado (en exceso) como un antiperuano. ¿Cómo entender entonces que ahora en palacio de gobierno al momento de recibir una distinción honorifica un Vargas Llosa anti-Casttillo sea ahora pro-Dina Boluarte y sostenga cómodamente que la candidata que llegó fraudulentamente a ser presidenta como lo aseguró sea una gran demócrata y defensora de una auténtica democracia vigente en el Perú? ¿Corrección tardía u oportunismo conveniente?

Un Congreso con congresistas lobistas y con el 6% de aprobación evitó que el primer ministro Alberto Otárola sea interpelado para responder políticamente por el asesinato de 48 personas que participaron en las protestas sociales, de esta manera avalan la represión brutal, violatoria de los derechos humanos fundamentales e indiscriminada, ubicándose en la orilla opuesta de los intereses de las poblaciones que votaron por ellos. Fueron 67 los que votaron en contra y se abstuvieron, entre los que se encuentran dos por Huánuco: Medina y Picón. Lamentable. “Las bancadas que en forma unánime decidieron proteger al jefe del gabinete ministerial fueron Fuerza Popular, Acción Popular, Alianza para el Progreso (APP), Renovación Popular, Avanza País y Somos Perú” (La República, marzo 11 de 2023).  

“Las nuevas protestas se dan en un contexto donde el Gobierno de Boluarte, el Congreso y las fuerzas de seguridad generan amplio rechazo en la población, según encuestas. En la víspera de cumplirse el tercer mes de protestas y el mismo tiempo de Boluarte en el poder, los manifestantes pintaron un enorme mural en Lima con un mensaje que dice "Estado asesino", una frase que devela las costuras de una lucha social que, más allá de conseguir vías para solucionarse, pareciera mostrar el entresijo de un conflicto político interno que podría escalar a una situación más compleja y profunda, como la ya anunciada "guerra civil" que advirtieron podría iniciar según las comunidades indígenas aimaras que habitan en el sur peruano” (RT.com, marzo 7 de 2023).

 “El Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder investiga a una presunta organización criminal que habría liderado el expresidente Pedro Castillo para interceptar las conversaciones telefónicas de opositores a Castillo y atentar contra la integridad de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, la fiscal Marita Barreto, el coronel PNP Harvey Colchado, entre otros. Con el avance de la investigación preliminar, la fiscalía estableció que uno de los objetivos de la sindicada organización criminal sería la de designar convenientemente a los jefes de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) y la Dirección General de Inteligencia (Digimin). Esto con el objetivo que ambas direcciones financien de manera ilegal la compra de equipos de intercepción de comunicaciones. Además, en octubre pasado, según la fiscalía, “se tomó conocimiento” que Jorge Hernández Fernández, conocido como “El Español”, “se encontraría captando personas, efectivos policiales o civiles, creando un grupo criminal financiado por el Gobierno, para asesinar al personal policial y fiscal del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder”. “El Español” fue capturado el martes pasado y permanece con detención preliminar (El Comercio, marzo 10 de 2023).

“El juez supremo Juan Carlos Checkley, a cargo del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, impuso prisión preventiva por 36 meses al expresidente Pedro Castillo Terrones y al exministro Juan Silva Villegas por los casos Puente Tarata II, Petroperú y Ministerio de Vivienda y Construcción. Al contrario, rechazó el pedido de la Fiscalía para imponer prisión preventiva al exministro Geiner Alvarado López, al considerar que tiene arraigo y ha venido colaborando con las indagaciones de la Fiscalía. Para Geiner Alvarado, el juez decretó comparecencia restringida, con impedimento de salida de Lima y Callao, no comunicarse con los otros investigados y testigos y entregar una fianza de 35 mil soles (La República, marzo 10 de 2023).

La corrupción como parte del crimen organizado se ha institucionalizado en el Perú, mientras el abuso del poder hegemónico se posiciona destruyendo esperanzas de progreso y sumergiendo en la pobreza o extrema pobreza a la mayoría de peruanos de bien, al extremo que perdieron la ilusión y recurren a la violencia como tabla de salvación. En este contexto, el expresidente Pedro Castillo solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que interceda para dejarlo en libertad y restituirlo como presidente, mientras que el parlamento con congresistas que quieren verlo preso desde antes que jurara como primer mandatario de la nación, aprobó una denuncia constitucional contra él validando un extraño e insubsistente informe de  la fiscal de la nación plagado de especulaciones, basados en declaraciones de ex funcionarios del  entorno presidencial; esta decisión autoriza a la fiscalía a formalizar una investigación por organización criminal y corrupción, que como primer paso fue pedir prisión preventiva de 36 meses. Por otra parte, el Departamento de Estado Norteamericano aprobó la extradición del expresidente Alejandro Toledo para que afronte varias causas por delitos de colusión y lavado de activos, pero como el poder del dinero es grande una jueza y un juez suspendieron temporalmente la orden de detención dada por ese gobierno con el objetivo de expulsarlo. "Solamente queda el requerimiento del gobierno peruano para hacer más efectiva y más rápida esta extradición y que el presidente (Alejandro Toledo) venga a tener el mismo devenir que han tenido los últimos presidentes de los últimos 28 años: una prisión" (Sputnik, 22 de febrero 2023).

De 1985 a la fecha todos los presidentes resultaron ser unos desleales y presuntos delincuentes que se aprovecharon y embolsicaron millones (Con excepción de Paniagua y Sagasti), como tal fueron investigados y denunciados por graves actos de corrupción, autoritarismo y violación de derechos humanos fundamentales: Alan García Pérez quien fue presidente dos veces y se suicidó para evitar ir a la cárcel y posibilitar la herencia de sus bienes investigados a su familia. Alberto Fujimori, que cumple carcelería por corrupción y violación de derechos humanos, tiene a la heredera pugnando fallidamente por ser la sucesora del fujimorismo, estuvo presa y es investigada por el blanqueo en sus tres campañas de millones de dólares supuestamente dinero ilegal. Alejandro Toledo quien deberá responder por graves actos de corrupción luego de huir a Estados Unidos y este país aprobara su extradición. Ollanta Humala, investigado por corrupción y violación de derechos humanos estuvo preso 9 meses, su proceso penal extrañamente sufre de parálisis. Pedro Pablo Kucsynski acusado por corrupción y con libertad vigilada es uno de los más grandes lobistas y millonarios. Martín Vizcarra denunciando por actos de corrupción cuando fue presidente del gobierno regional en Moquegua y cuando era ministro de Transportes y Comunicaciones. Manuel Merino presidente por 5 días fue denunciado por el asesinato de dos personas en la feroz represión contra su asunción al poder. Pedro Castillo, investigado y detenido en la Diroes tras dar un fallido golpe de Estado y ser investigado por presuntos actos de corrupción en una red criminal. Finalmente, Dina Boluarte, tras acceder a la presidencia luego de la forzada vacancia de Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022 hizo frente a masivas movilizaciones de rechazo que piden su renuncia en gran parte del país a las que respondió con violenta represión y exposición de un poderío militar jamás antes visto, es investigada por la muerte de 48 personas asesinadas por personal de la policía y el ejército peruano, como indican las primeras investigaciones de la fiscalía e IDL-Reporteros en un reportaje.  Esto es una pequeña parte de la penosa y trágica realidad de un país dividido y polarizado entre los pocos que ostentan comodidades y riquezas y las grandes mayorías que sobreviven en pobreza y extrema pobreza en medio de una exclusión y racismo nauseabundo. Muchos fingen no estar enterados que en el Perú, ‘el que no tiene de Inga, tiene de Mandinga’. Especial condena merecen los que habiendo apoyado o fueron beneficiarios indirectos del terrorismo y narcotráfico en sus diferentes aristas y vertientes hoy simulen excelsa conducta y acusen a otros de ser lo que ellos fueron en algún momento.

La emboscada. Como si esta estela lamentable fuera poco, el terrorismo nos recordó que siguen vigentes y no son cosa del pasado; el Militarizado Partido Comunista del Perú, MPCP; respondió a la Operación ‘Patriota’ de agosto de 2022 donde su principal campamento fue destruido, dos de sus integrantes resultaron muertos y perdieron armas y demás logística por la acción de inteligencia y las fuerzas combinadas del Ejército, la FAP, la Marina de Guerra y policía. Unos 20 integrantes del MPCP emboscaron a una camioneta con 8 efectivos de la Dinoes y Comisaría del Batallón Contraterrorista del Centro Poblado Natividad, en el distrito de Pichari, provincia de la Convención, Cusco  donde con saña fueron ultimados 6, quedando el capitán Edwin Mego herido y otro efectivo que murió desangrado con el brazo y pierna derecha destrozados, 5 de los fallecidos fueron rematados con ‘tiros de gracia’ en la cabeza. El atentado en versión oficial se produjo cuando iban a comprar pescado a Puerto Cocos, pero el ataque por sorpresa y a mansalva fue en las inmediaciones del ingreso a la comunidad nativa Mimirini y Nueva  Ashaninka ubicada entre Puerto Cocos y Mantaro, por lo que se deduce que el objetivo era llegar a Mantaro. Los responsables indirectos de esta masacre dieron distintas versiones con el objetivo de salvar sus cargos e investigaciones por negligencia e incumplimiento de reglamentos sobre movilización de personal fuera de los 200 metros del lugar donde se encuentra una base o comisaría, fue la rutina y otras fallas que hicieron posible a los sediciosos obtener su objetivo con ventaja inexplicable. Para variar, supuestos especialistas con cajas de resonancia garantizada inventaron escenarios, armaron realidades ficticias, crearon fábulas y difundieron falsedades, con el fin de posicionar la ‘verdad’ oficial.    

Origen y desarrollo de la reciente crisis.  En el 2020, nadie pudo predecir  lo que ocurriría en las elecciones generales, tampoco cuales serían sus resultados, ni el decantar trágico en diciembre de 2022, enero y febrero de 2023. La primera vuelta resultó con Pedro Castillo y Keiko Fujimori como ganadores y un Pedro Castillo ganador en segunda vuelta por escasos 50 mil votos, triunfo que no fue aceptado por la derecha liberal y sus grupos políticos Fuerza Popular, Renovación popular, Avanza País, Alianza Para el Progreso, Acción Popular considerados grupos de lobistas del poder económico que argumentaron fraude para no admitir su derrota ya que no les sirvieron sus millones, sus medios de comunicación y prensa a servicio, sus políticos y analistas contratados para conseguir bajo presión mediática el triunfo de Keiko Fujimori. Derrotados todos ellos, la tarea de expectorar a Castillo del sillón presidencial y de la casa de gobierno la asumía un Congreso con congresistas que a fuerza de pulso lograron la desaprobación y repudio del 94% de los peruanos. Congresistas, medios y prensa tras un acoso implacable con la figura de la vacancia presidencial como principal arma vieron facilitar la consecución de sus objetivos con la hasta hoy inexplicable decisión de decretar un fallido autogolpe de Estado que fuera anunciado por Castillo. Pedro Castillo le facilitó la tarea a la oposición considerada golpista por un sector de la población al realizar un gobierno que desde un principio no cumplió con las promesas y compromisos asumidos en campaña y también por hacer o pretender hacer lo mismo que otros presidentes, ministros y funcionarios corruptos con total impunidad: como despachar fuera de palacio, cometer actos de corrupción en los que estuvieron inmersos funcionarios de palacio, presuntos delincuentes hoy testigos privilegiados que hasta escriben libros donde seguro ocultarán su participación, algunos ministros hoy convertidos en ‘colaboradores eficaces’ y familiares, según las carpetas fiscales abiertas. Panorama sombrío  para el país, que será difícil superar e imposible salir airosos porque casi todos directa e indirectamente somos responsables y seremos grandes perdedores.

La situación compleja por la que atraviesa nuestra patria, debe llevarnos a actuar pensando en el interés supremo de la nación. En las siguientes líneas intentaremos responder a interrogantes sobre posturas a favor y en contra de la gran movilización nacional y los niveles de violencia pocas veces visto en el Perú, así como el porqué de la estigmatización, discriminación y marginación, que siendo males ancestrales alcanzó niveles repudiables en los cerca de año y medio de la era Castillo que con todas las fallas y errores conocidos ya marcó un hito en la historia del Perú. Quienes con ojeriza quieren ver entre las decenas de miles de personas movilizadas a lo largo del país a terroristas, narcos, comunistas, mineros ilegales, vándalos o delincuentes son los que discriminan, marginan, estigmatizan por defender a líderes corruptos, violadores de derechos humanos o a grupos de poder hegemónico, cuando no a seudos grupos políticos con acta de fundación familiar.

“Las regiones que se hacen presente en Lima, y que principalmente son Cusco, Apurímac, Huancavelica, Puno y Cajamarca, registran menores niveles de integración económica y estatal, según los especialistas. Se mantienen en un elevado índice de pobreza monetaria que supera el promedio nacional. Con el autogolpe de Castillo y la crisis política, esta parte del país vio que se diluyó la esperanza de resolver su falta  de desarrollo. Esa insatisfacción gatilló las movilizaciones a nivel nacional… En efecto, Ayacucho, Huancavelica y Puno superan el promedio nacional con una pobreza que oscila entre el 36,7% y 40,6%. En esta cifra también se incluye a Cajamarca, que se encuentra al norte del país. Aunque su cifra ha variado en los últimos años, se mantienen en el grupo con mayor incidencia desde hace más de 10 años, de acuerdo con la data oficial. Ello implica que, en estas zonas, los gastos de los peruanos son insuficientes para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias, entiéndase en salud, educación, vestimenta, transporte, entre otras… En esa línea, Efraín Gonzales de Olarte, economista de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), afirma que las regiones protestantes son las menos desarrolladas y más rurales del Perú, dedicadas a la agricultura y ganadería. “Son las que tienen menores niveles de integración a la economía de mercado y al Estado, por ello, la alta tasa de informalidad, que se traduce en bajas productividades, bajos ingresos (pobreza) y débil integración a los servicios del Estado (carreteras, educación y salud)”, agrega… El panorama se agudiza por los bajos salarios de estas regiones. Huancavelica y Puno reportan que su remuneración es menor al sueldo mínimo. Los varones obtienen un monto de  937 y 900 soles, respectivamente. Pero existe a su vez una brecha salarial de género que evidencia los montos desiguales entre hombres y mujeres, siendo estas últimas las menos pagadas, con poco más de 600 soles. Nuevamente ambos por debajo del promedio nacional. Así, según Gonzáles, la población no está siendo integrada al mercado del trabajo (María Morales Isla, Unidad La República Data, enero 28 de 2023).

“En teoría, el mercado y la democracia son integradores. El mercado incluso tiende a diluir el racismo, porque favorece el intercambio y asociación entre las personas de cualquier origen. Pero, en el Perú, ese efecto integrador ha sido severamente limitado por el costo de las leyes y los reglamentos. Los emergentes no pueden crecer más allá de cierto punto, o deben desviarse hacia la ilegalidad. Hay dos mundos. El formal y el informal. Una segregación. Es cierto que el campesinado andino se ha integrado al mercado y al mundo urbano de manera notoria en las últimas décadas. Ha surgido una nueva clase media rural y urbana emergente. Pero informal (Jaime de Altahus, El Comercio, enero 28 de 2023).

“El Perú vive horas críticas. Diversas marchas se extienden y multiplican en el sur, norte y centro del país bajo la consigna de nuevas elecciones y la renuncia de Dina Boluarte. Los violentos enfrentamientos entre la Policía y los manifestantes han dejado el trágico saldo —en poco menos de 50 días— de más de 60 fallecidos. La represión ha sido rechazada por diversos presidentes de la región, algunos han removido su apoyo (como es el caso del gobierno de Gabriel Boric), otros aún no reconocen a Boluarte (como Gustavo Petro, en Colombia) y han llego a pedir, inclusive, la libertad del expresidente golpista Pedro Castillo (según manifestó Andrés López Obrador, presidente de México, en la Celac). Boluarte, la primera presidenta del Perú, se encuentra aislada, de acuerdo al politólogo Alonso Cárdenas, sin margen de acción, con un desprestigio muy grande y con el país convertido en una olla a presión” (La República 27/01/23).

La presidenta Dina Boluarte, el premier Alberto Otárola,  ministros, especialistas y medios afines estigmatizaban a los manifestantes tildándoles de terroristas, narcos, comunistas, vándalos y delincuentes. El sábado 22 de enero, empeoraron la descontrolada protesta con una abusiva intervención al Campus de la Universidad Mayor de San Marcos a solicitud de su rectora Jerí Ramón argumentando que ‘había un grupo político detrás de las movilizaciones”, detuvieron a 193 personas, horas después fueron liberados 192, echo que obligó a la presidenta a pedir perdón, también se intentó tomar la Universidad Nacional de Ingeniería pero por la posición enérgica y humanista del rector Alfonso López Chau no se concretó, “Yo no soy comunista y si tuviera 20 años saldría a marchar” aseguró. Error tras error como el de asegurar que “la toma de Lima fue un fracaso”, afirmar que “Puno no es el Perú”, o que la violencia en el sur es promovida por bolivianos como Evo Morales y los Pochos Rojos, le pasaron factura a la precaria democracia peruana.

El factor oculto: Vladimiro Montesinos y el fujimorismo. Los medios de comunicación ultraliberales y procorrupción del fujimorato no dicen que la aguda crisis del Perú en su etapa reciente se inició hace 7 años cuando la heredera del reo en cárcel Alberto Fujimori, Keiko Fujimori Higuchi, perdió las elecciones por segunda vez frente a Pedro Pablo Kuczynski el 2016, desde entonces un Congreso a su medida porque tenía mayoría entorpeció las gestiones  y le hizo imposible gobernar hasta lograr su renuncia en 2018. Asumiría Martín Vizcarra que corrió igual suerte siendo reemplazado fugazmente por Manuel Merino de Lama y luego por Francisco Sagasti hasta que volvió a perder por tercera vez frente al profesor rural cajamarquino Pedro Castillo Terrones a quien le aplicó una presión continua e incansable cerca de 17 meses hasta que logró su vacancia el 7 de diciembre de 2022. Es conocido que tanto PPK, como Martín Vizcarra y Pedro Castillo cometieron presuntos delitos que llevaron a una fiscalía asombrosamente diligente (no está mal) a iniciar investigaciones y denuncias que le facilitó el objetivo de no dejar gobernar a otra persona que no fuera ella. La escogida por el poder económico y las fuerzas políticas como su genuina representante es en resumen la primera responsable de lo que ocurrió y ocurre en este periodo. A todo esto qué papel desempeñó y juega Vladimiro Montesinos el presidente detrás del trono de Fujimori?

El periodista Ángel Páez de la unidad de investigación del diario La República entrevistó al exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia DINI, Wilson Barrantes, sus declaraciones desmienten y trae por los suelos las versiones sin sustento sobre una ‘insurrección terrorista´ al que quisieron convertir las movilizaciones y cómo Montesinos tiene injerencia en la crisis actual, aquí dos segmentos del informe: “Narró que en una reunión del Consejo de Inteligencia Nacional (COIN), máxima instancia colegiada del Sistema de Inteligencia Nacional (SINA), encargado de orientar las actividades de inteligencia y contrainteligencia, y es de carácter deliberativo y resolutivo, se notificó de que había 16 organizaciones que alentaban a las marchas de protesta y que carecían de vínculo entre ellas. Tampoco se identificó a un partido o a un líder como aglutinador de las manifestaciones antigubernamentales. Negó que el aparato de fachada senderista, el Movimiento por la Amnistía y los Derechos Fundamentales (Movadef), dirigiera las protestas”... “(Decir que es) una ‘insurgencia terrorista’ es una estupidez. Ese término no existe en la doctrina militar… “(Hablar de la infiltración extranjera) es parte de la distracción que se quiere poner. “Al día siguiente (15 de diciembre) vinieron los muertos, 60 heridos y siete muertos…“¿Podríamos decir que Montesinos piensa que todas las manifestaciones y protestas están dirigidas por ‘Feliciano’?”, preguntamos. “Por ‘Feliciano’. Y que ‘Feliciano’ podía pararlas desde la Base Naval. Y quería mi presencia en la Base Naval para hablar con Montesinos para que haga una reunión con ‘Feliciano’ y el diera las órdenes a nivel nacional para que se pare la protesta. O sea, es un nivel de estupidez… ¡Ya no me da risa! Me da cólera, porque lamentablemente es lo que ellos pensaban”, manifestó.

El año de furia y barbarie. “Las protestas que inflaman Perú han dejado a la vista las fracturas sociales, étnicas y económicas entre la costa y las zonas rurales. La mano dura del gobierno, apoyado en militares, empresarios y medios de la capital, empeora la situación. La única vía parece ser celebrar, cuanto antes, elecciones anticipadas. Perú comenzó 2023 donde lo dejó en 2022: en medio de la precariedad institucional y el mayor estallido de violencia en 20 años. Con más de 50 muertos por la represión policial contra las protestas que piden su dimisión y un adelanto electoral, el mandato de la presidenta, Dina Boluarte –que asumió el cargo el mismo día que el Congreso destituyó a su antecesor, Pedro Castillo– pende de un hilo. Con centenares de carreteras bloqueadas en ocho regiones del país, ciudades enteras corren riesgo de desabastecimiento, incluida Lima. La caída de Castillo tras intentar un autogolpe ha incendiado una pradera llena de avisperos. En algunas ciudades del interior, la violencia desembocó en la quema de edificios, saqueos de centros comerciales e intentos de toma de aeropuertos por grupos organizados infiltrados entre los manifestantes (Política Exterior, enero 23 de 2023).

“La acumulación de la violencia actual ha sido lenta, con años de gobernanza inadecuada que conducen a altos niveles de desconfianza y decepción entre la población. Tema de preocupación para las organizaciones internacionales, incluida la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la frágil estructura democrática de Perú ha producido seis presidentes en los últimos seis años. En la raíz de la crisis hay décadas de inestabilidad política, corrupción y consecuencias de la desigualdad sistémica urbano-rural. Los proyectos recientes del Centro Pulitzer han demostrado lo que la fragilidad en las instituciones democráticas y la desigualdad social están causando en la región. Las amenazas a la vida de las comunidades indígenas y los defensores de los bosques en la Amazonía, la devastación del cambio climático en la región montañosa, las víctimas récord de COVID-19 y la precaria situación de los programas médicos y sociales están en primer plano de la pérdida de fe de los peruanos en su democracia” (Centro Pulitzer, enero 27 de 2023).

Presidenta Dina Boluarte el descontrol de las manifestaciones pese a la brutal represión parecía haberla transformado. Llamaba al diálogo luego de atacar a los que pedían su renuncia. Difusión.


Narcotráfico y terrorismo, la estela de un conflicto. El narcotráfico y el terrorismo, es un problema en el Perú de hace 100 años (Ver La Guerra de los 100 años: Narcotráfico y terrorismo, julio de 2022), se le imputa ser causantes de decenas de miles de muertes y el haber fortalecido a lo que hoy es el crimen organizado que involucra a otros 20 delitos de igual o de mayor impacto negativo en la política, la economía, la salud, la cultura, el medio ambiente, etc. La guerra perdida contra las drogas, el narcotráfico y su aliado el terrorismo hasta el momento no tiene una explicación o justificación convincente, lo que lleva a conjeturar que fue la corrupción uno de los instrumentos para infiltrar los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y el poder mediático de medios y prensa que podrían resultar siendo los causantes de su empoderamiento y expansión en Latinoamérica, Caribe y otros continentes de la mano de la tecnología y con la sofisticación de sus actividades o la ‘colaboración’ de las fuerzas de seguridad ganadas por el crimen. En suma los retos de aquí en adelante son enormes ante la imposibilidad de controlarlos y erradicarlos.

Desde la segunda vuelta electoral en 2021 se intensificó el uso indebido e interesado del narcotráfico y el terrorismo por parte de grupos políticos, también de los auto proclamados analistas con intereses personales apoyados por medios de comunicación con el objetivo de evitar la elección de Pedro Castillo y empoderar a Keiko Fujimorí, al poner en relieve los presuntos vínculos de Castillo con el comunismo, con el narcotráfico y el terrorismo con el fin de restarle credibilidad y preferencia de los electores, pero no pudieron mostrar pruebas con peso legal sobre estas afirmaciones. Pese a la feroz contra campaña Pedro Castillo resultó ganador juramentando como presidente y desde allí fue un Congreso con mayoría de grupos políticos de derecha, liderados entre otros por militares que firmaron ‘Actas de Sujeción’ a Fujimori/Montesinos  el que asumió la arremetida por la vacancia presidencial que se vio facilitada por actos de corrupción propios de una organización criminal lo que dio lugar a su vacancia y detención con la que se inician las protestas, primero en las regiones del sur que se fue extendiendo progresivamente a dos terceras partes del país. ¿Por qué se dio esta protesta colectiva masiva, sin estar previamente organizada, ni articulada entre sí, ni con partidos políticos u organizaciones visibles? Todo apunta a que el factor Castillo y Boluarte solo fue una detonante que catapultó un enorme descontento y sentimiento de frustración, rabia contenidas a causa de décadas de postración y olvido, aunque también podría ser que la gran mayoría del pueblo desposeído vio como se les arrebataba de mala manera a un líder el presidente en quien tenían cifradas sus esperanzas, quizás pudieron pensar que tuvieron el poder buscado por décadas y este les fue arrebatado. Lo cierto es que el único golpe real y efectivo fue el del Congreso contra la presidencia de Pedro Castillo. A partir de ello el mensaje podría ser, que nadie que no represente a la derecha o a la oligarquía puede ser presidente y menos gobernar el país y quien se atreva a serlo debe pagar muy caro por la osadía.

Sendero luminoso y el narcotráfico. En 2012 con la captura del camarada ‘Artemio’ se puso fin a las actividades armadas ilegales y criminales de Sendero Luminoso en el Huallaga y con ello se posibilitó la erradicación de 5 mil hectáreas de cultivos de coca en el valle del Monzón con los que el Perú llegó a tener 42 mil hectáreas en 2015 según cifras de las Naciones Unidas, ONUDC, con el que se podía producir en teoría 400t de cocaína de las que en promedio se incauta 80t cada año; es desde este año hasta el 2021 que la coca crece exponencialmente hasta las 80 mil hectáreas y 800t de la droga cocaína según cálculos de la Oficina Antinarcóticos de Estados Unidos, ONDCP, no existe para ese año una cifra de ONUDC, por tanto, se concluye que los gobiernos de este periodo mediante DEVIDA que tuvo como presidentes a Alberto Otárola, Carmen Masias y Rubén Vargas no hicieron el trabajo de control, fiscalización y desarrollo alternativo que les correspondía y por ello el narcotráfico y la pobreza siguen siendo uno de los problemas difíciles que tiene el Perú, pero, como si se tratara de una broma el nuevo presidente de Devida Carlos Figueroa propuso replicar el plan fallido de ese periodo. El terrorismo remanente de SL fue golpeado fuertemente en agosto de 2022 con la Operación ´Patriota´ precisamente por el gobierno de Castillo a quien se le motejaba de narcoterrorista. El narcotráfico y el terrorismo en conjunto son un pequeño grupo que no representa peligro alguno a la seguridad interna del Perú, aunque cuente con cierto poder militar y económico que hace posible su infiltración en la política, la economía y fuerzas de defensa o seguridad, el poder de fuego de estos flagelos es incapaz de resistir a un batallón de 200 hombres de las fuerzas armadas, por lo que es una necedad/estupidez pretender utilizarlos para generar caos o terror en la población. El terrorismo asentado en un sector geográfico equivalente a un distrito de los 69 del inmenso Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro, Vraem, constituye un problema aislado (según autoridades, líderes y pobladores) que aparece de vez en cuando de la mano de coyunturas complicadas para magnificarlas y en apariencia mantenerlas vigentes indefinidamente y en beneficio de poderes facticos ocultos expertos en desviar la atención pública nacional e internacional respecto a problemas acuciantes.

Ataque y respuesta, las cuantiosas pérdidas y las masacres: Las protestas del 7 de diciembre en adelante a consecuencia de la vacancia y detención del expresidente Pedro Castillo Terrones produjeron 48 muertes presuntamente ocasionados por efectivos policiales y militares de los 68 fallecidos incluyendo la muerte por ahogamiento de 6 soldados en el río Juli, pero que según versión oficial fueron muertos por infiltrados armados entre los manifestantes, también resultaron heridas más de 1000 personas entre policías y civiles, fueron destruidas o incendiadas comisarías, sedes de la fiscalía, juzgados, aeropuertos y entidades privadas. Es a partir de estos hechos sangrientos y de violencia extrema que nuevamente se esgrimió como justificación a la represión excesiva tipificar de terroristas, narcotraficantes o mineros ilegales a quienes apoyaron o dirigieron las multitudinarias movilizaciones y protestas en Puno, Cusco, Apurímac, Ayacucho, Madre de Dios, Amazonas, Junín, Ucayali, Huánuco, San Martín, Cajamarca, Lima, etc. El gobierno de la presidenta Dina Boluarte con su primer ministro Alberto Otárola, aparatos de inteligencia, medios y ‘especialistas’ magnificaron interesadamente una vez más al narcotráfico y terrorismo sin tener en cuenta que ello podría convertirse en un bumerang de impredecibles consecuencias; hacer creer a la población que el ‘narcoterrorismo’ asola al país es ridículo e irresponsable. Hay que ser claros y firmes, lo que hubo fueron protestas violentas de personas desbordadas con la injustificable destrucción de bienes públicos y privados, sin que sea una insurrección, que haya habido infiltrados, nadie lo duda, pero es inteligencia del Estado que debe ubicarlos y detenerlos, como también corresponde decirle la verdad sobre los sucesos a los peruanos. La presidenta Dina Boluarte, su premier Alberto Otárola, sus ministros del interior y defensa podrían hacer frente a duras penas de hasta 20 años de prisión acusados por genocidio por los sucesos sangrientos con un “nivel de violencia nunca antes visto” según un oficial de la comisaría de Juli en Puno en el que pudieron morir 43 policías dado que fue cercado e incendiado parcialmente por unos 500 manifestantes en presunta venganza porque sus compañeros Aimaras fueron brutalmente reprimidos en Lima (Ovalo de Higuereta). Por qué Alberto Otárola un político de izquierda y  defensor de los derechos humanos en la década de Fujimori – Montesinos, hoy opta y aparece como un violador sistémico de estos derechos y evita asumir responsabilidad junto con sus ministros de defensa del interior? ¿Por qué Dina Boluarte una mujer apurimeña, se entiende de pueblo, destila desprecio hacía las personas que tienen su mismo origen? Contradicción, difícil de entender.

Los privilegios del centralismo limeño. La convulsión política y social que sacude a Perú no es un problema coyuntural, tiene que ver con relaciones verticales agraviantes en su población, afirma el historiador José Carlos Agüero. En este país sudamericano han muerto 59 personas en los dos meses del gobierno de la presidenta Dina Boluarte, 48 directamente por la represión estatal a las protestas iniciadas el 7 de diciembre. La presidenta de 60 años ha respaldado a las fuerzas armadas y policiales pese al saldo trágico de su accionar represivo. “Lo que se puede encontrar de un colapso social no son soluciones, pero sí salidas que ayuden a que este nudo, que es muy peligroso para la gente, que es lo que a mí me importa sobre todo, se desactive en sus efectos más tanáticos (mortales)”, declaró Agüero en una entrevista con IPS. Perú tiene 200 años de vida republicana pero arrastra problemas de desigualdad y discriminación, que debido al centralismo agudo en Lima afectan sobre todo a las poblaciones del interior, especialmente rurales, campesinas, amazónicas e indígenas  quechuas y aimaras. Para 2021, según las últimas estadísticas oficiales, la pobreza urbana se situaba en 22 % y la rural en 40 %, sobre todo en la sierra y la Amazonia. Regiones como Ayacucho, Huancavelica, Puno –algunos de los centros de la protesta social- alcanzaron los niveles más altos de pobreza en un rango de 37 % a 41 %. La capital de Perú supera los 11 millones de habitantes, representa la tercera parte de la población total,  estimada en 33 millones. Es una ciudad con una alta inmigración interna que refleja la necesidad de las personas de encontrar las oportunidades de las que carecen en sus lugares de origen (IPS, febrero 16 de 2023).

La criminalidad creciente e incontrolable.  Miles de venezolanos y personas de otras nacionalidades ingresan como Pedro a su casa por las fronteras al Perú, no tienen documentación y no pasa nada; lo que nos espera a los peruanos en el corto y mediano plazo es una realidad espeluznante si solo un 10% de ellos opta por la criminalidad, ante una policía nacional incapaz de ubicar y reprimir el delito y la lenidad del aparato de justicia también incapaz de sancionar con penas carcelarias duras a quienes delinquen con impunidad sobrecogedora. El crimen organizado engloba 21 delitos, entre ellos la delincuencia común y la extorsión que crece de manera incontenible y se ha convertido en un problema sin visos de solución, los asesinatos por encargo, los secuestros y las amenazas extorsivas son una amenaza letal para empresarios, trabajadores y emprendedores, principalmente, ante la pasividad, inacción y falta de decisión política del ejecutivo, legislativo, poder judicial y ministerio público que en los últimos seis años más que en periodos anteriores trabajan en concordancia a intereses del poder hegemónico, mientras que para distraer a la opinión pública magnifican y culpan a delitos vigentes por décadas pese a las grandes inversiones y gastos efectuados para combatirlos. “Entre los servicios públicos más fundamentales, la seguridad ciudadana tiene dos características que la hacen especial. La primera es que, a diferencia de otros como la educación, salud o infraestructura, sus procesos de deterioro no necesariamente suceden a lo largo de décadas de negligencia; pueden desencadenarse, más bien, en una violenta y rápida espiral de decadencia en la que los crímenes y la sensación de impunidad se refuerzan mutuamente. La segunda característica guarda relación con la esencia del Estado. Una nación puede ser viable aún con bajos índices de electrificación o saneamiento –por mencionar solo algunas responsabilidades del aparato público–, pero es inviable cuando el Estado de derecho y las garantías de seguridad personal se pierden del todo. Por eso las recientes estadísticas sobre la criminalidad en el país no deben ser pasadas por agua tibia. De acuerdo con un informe publicado ayer por la Unidad de Periodismo de Datos de este Diario (ECData), las denuncias por delitos ante la PNP subieron un 27% desde el 2018, la mayoría de ellas ligadas a delitos contra el patrimonio (como el hurto o robo). Entre las regiones más afectadas se encuentran Madre de Dios, Lambayeque y Arequipa.” (Editorial El Comercio, marzo 6 de 2023).

El voto social. “El año 2000 la renuncia de Alberto Fujimori desde Japón dio paso a la sucesión del presidente del Congreso Valentín Paniagua y luego Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kucynski. Martín Vizcarra, Manuel Merino, Francisco Sagasti, y Pedro Castillo, siete acusados de corrupción y cuatro destituidos (vacados) por el Congreso bajo control del fujimorismo y sus tradicionales aliados mediante la acusación de “incapacidad moral” respaldada por la Constitución fujimorista de 1993. El 6 de junio de 2021 y después de un recuento de votos de la segunda vuelta electoral, el Jurado Nacional de Elecciones declaró ganador de la Presidencia de la República a Pedro Castillo, candidato de Perú Libre frente a Keiko Fujimori, de Fuerza Popular y quien postulaba por tercera vez. Castillo, maestro rural, ajeno a las élites, “un desconocido en Lima” según la prensa; que no apareció en las encuestas de opinión; con una imagen ajena a los paradigmas del marketing, y un discurso sin propuestas atractivas, logró ganar las elecciones. Durante año y medio de gobierno enfrentó tres solicitudes de “vacancia” y diversas solicitudes de juicios civiles por presuntos delitos junto a su familia. El 7 de diciembre de 2022 ante una inminente y nueva declaratoria de vacancia por el Congreso, Castillo decretó un fallido autogolpe de Estado con el cierre del Congreso. En respuesta; el Parlamento lo vacó, y el nombramiento en el cargo de la Vicepresidenta a Dina Boluarte. Horas después Castillo fue detenido” (Perú. El voto social, por Felipe Sierra. El Tapete).

Abrazar la Diversidad de Razas (En el Perú si no tienes de Inga, tienes de Mandinga). ¿Cómo sería el Perú si realmente abrazara la diversidad? Marco Avilés autor de otro artículo en Washington Post, escribe sobre racismo en América Latina. Es autor de ‘No soy tu cholo’ y ‘De dónde venimos los cholos’. Actualmente estudia un doctorado en la Universidad de Pennsylvania. “Tras la caída en desgracia del exmandatario Pedro Castillo, a inicios de diciembre, su vicepresidenta Dina Boluarte asumió la conducción de un gobierno teóricamente de izquierda. Boluarte, lejos de seguir o corregir la política de su predecesor, se alió con sus antiguos adversarios de derecha y, desde las primeras protestas, ordenó una represión no vista en el país desde la dictadura de Alberto Fujimori. Medio centenar de personas han muerto desde entonces, principalmente en ciudades y pueblos de mayoría indígena. ¿Cómo sería el Perú si realmente abrazara la diversidad? ¿Qué significa abrazar la diversidad? ¿A quién iba dirigido ese mensaje? ¿A otras personas blancas, con poder, que necesitan recordatorios de este tipo? Entonces, ¿quién debe abrazar y quién debe ser abrazado? Pero, ¿es eso lo que buscan las personas “diversas”, no blancas, cholas, indígenas, negras, racializadas que hoy protestan movilizadas en el Perú y son heridas y asesinadas?...Pero lo realmente horroroso es la dimensión colectiva, pandémica, de este tipo de crueldad y clasismo. Muchos medios internacionales que cubren las protestas y las masacres evidencian por contraste que el ecosistema (convencional) del periodismo y la política peruana tienen una penosa resistencia a nombrar el racismo que asola al Perú. La falta de diversidad es una dimensión del racismo difícil de denunciar, pero es un factor clave para entender por qué el gobierno peruano puede reprimir y masacrar a poblaciones indígenas, gente “de las alturas”, con el respaldo de muchos medios de comunicación”.

Estamos ante un régimen cívico – militar? Para Yamilé Guibert, analista política. “Todavía no sabemos cómo se está dando esta distribución del poder para saber si estamos ante una transición hacia un régimen cívico-militar”. Carlos García Ayala, analista político dice que, “La democracia todavía persiste de una manera mínima (...) los derechos civiles que sustentan a esa democracia se han visto vulnerados”. Marylia Cruz, analista política, afirma, “Creo que todavía no estamos en un régimen cívico-militar. Diría que estamos enrumbados a un gobierno cívico-militar”.

Interrogantes que esperan respuestas. ¿Por qué la presidenta Dina Boluarte tendría que renunciar, si ella asumió constitucionalmente el cargo?  ¿Por qué Pedro Castillo debe ser liberado si es investigado por haber incurrido en supuestos delitos denunciados con una celeridad sin precedentes por la fiscal de la nación Patricia Benavides? ¿Es prioritaria o un caso de vida o muerte una asamblea constituyente para una nueva constitución cuando hay otros tantos  temas y problemas muy urgentes que resolver en beneficio de todos los peruanos? ¿Es posible el cierre de un Congreso desprestigiado (6% de aprobación) porque se lo piden miles de peruanos que tomaron las calles con argumentos que a muchos no convencieron, mientras los congresistas se aferran a su curules, piden reelección inmediata o un parlamento bicameral y se dan el festín con un menú de lujo, compran alfombras a un valor cinco veces mayor, alquilan playas de estacionamiento por millones, se pasean por el mundo con dinero del Estado, etc. Y  como si fuera poco Fuerza Popular, Avanza País y otros grupos políticos malversan y se apoderan de los recursos de todos los peruanos asignados con el objetivo negado de mejorar la actividad política, cuando todos sabemos que existen grupos familiares y de un solo propietario con la falsa etiqueta de político.

Definiciones:

“Poder hegemónico. Dominio o supremacía que un grupo ejerce sobre otro, de tal modo de dictar los términos y parámetros de la acción social en todos los sentidos y mantener a la oposición fuera de la ley o la legitimidad” Wiktionary. org.

“Oligarquía. Sistema de gobierno en la que el poder está en manos de unas pocas personas pertenecientes a una clase social privilegiada” Definición de Oxford.

Derechos humanos fundamentales. Según la RAE, los derechos fundamentales son aquellos “derechos declarados por la Constitución que gozan del máximo nivel de protección”. Es decir, se trata de unos derechos alienables, inviolables e irrenunciables. Y pertenecen a todas las personas por su dignidad. Los derechos humanos son los derechos que tenemos básicamente por existir como seres humanos; no están garantizados por ningún Estado. Estos derechos universales son inherentes a todos nosotros, con independencia de la nacionalidad, género, origen étnico o nacional, color, religión, idioma o cualquier otra condición.

 

·     * Ingeniero Agrónomo, Periodista investigador, escritor.


.........................................................................................................
Si desea ponerse en contacto con nosotros, escribanos a: leyendadelhuallaga@hotmail.com
.........................................................................................................
Equipo de Prensa:

Director: Ing. Agrónomo y Periodista Felipe A. Páucar Mariluz.
Edición Web, Reporteros e investigadores: Grupo Prensa Verde.

........................................................................................................
La Leyenda del Huallaga

© Copyright 2008 - 2023. Todos los derechos reservados.