La Guerra Perdida Contra la Corrupción: Delitos Contra el Crimen Organizado y la Administración Pública.

Felipe A. Páucar Mariluz*

 

Manuel González Prada hace cien años: “el Perú es un organismo enfermo: donde se pone el dedo, salta la pus”. José Carlos Mariátegui dijo sentirse “nauseado de la política criolla”. Borges lo diferencia como: los podridos, congelados e incendiados. Foto captura LR.

“Cada año la delincuencia organizada le roba al país apoderándose de sus exiguos presupuestos entre 25 y 30 mil millones de soles (cerca de 8 mil millones de dólares) en los gobiernos nacional, regional y municipal y no hay institución, organización ni ley que los detenga o  sancione ejemplarmente”.

 

“La corrupción se alimenta de la impunidad y ésta corroe, aún más que el delito, las fibras morales de una nación. Es hora, pues, de iniciar una nueva etapa de nuestra vida republicana, de liberarnos de la corrupción, pero también del autoritarismo, y construir una democracia constitucional firme, estable y longeva”. (Valentín Paniagua Corazao, Presidente Constitucional de la República al inaugurar la I Conferencia Nacional Anticorrupción, julio de 2001).

 

“Frente a los graves hechos de corrupción, el gobierno transitorio  asumió la tarea histórica de emprender un vasto plan de acción destinado a investigar y sancionar a los responsables de la apropiación ilegal de fondos públicos. La dimensión del problema  ha sido inédita en el país. Nunca antes se apreció que desde las más altas esferas del poder político se hayan efectuado actos de corrupción de funcionarios, control de los medios de comunicación y sojuzgamiento de organismos constitucionalmente autónomos, bajo la presión o extorsión para lograr mediatizar sus decisiones a fin de que sean proclives a los detentadores del poder, sin control de ningún tipo. Las investigaciones de los hechos de corrupción han logrado incluir hasta la fecha, a una serie de personas que ocuparon puestos del más alto nivel, desde Congresistas, Ministros de Estado, miembros del Poder Judicial, Jurado Nacional de Elecciones, Ministerio Público, miembros de las Fuerzas Armadas, entre otros, cuyas conductas han resquebrajado, en parte, la legitimidad del sistema político requiriéndose una profunda acción de parte del Estado y la sociedad civil para reconstruir nuestras instituciones y forjar una ética pública”: (Conclusiones I Conferencia Nacional Anticorrupción, Lima, julio de 2001).

 

El Consorcio para la Ética Pública, Proética,  la Asociación de Exportadores (ADEX), la Asociación Civil Transparencia Internacional (TI), el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), la Comisión Andina de Juristas (CAJ),  presentaron los días, 26, 27, 28 de julio de 2001 la serie de informes de destacados investigadores y personalidades nacionales e internacionales que abarcaban la corrupción producida y registrada durante el nefasto periodo de los gobiernos de Alan García y Alberto Fujimori, entre 1987 al 2000, donde el país también tuvo que vivir la violencia fratricida del terrorismo de Sendero Luminoso (SL), del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), del tráfico ilícito de drogas y del crimen organizado que empezaba a consolidarse ante el autoritarismo e impunidad vigentes, y, además, estos pasivos vergonzantes eran tolerados o justificados por un sector de peruanos interesados o confundidos, los mismos que hoy polarizan y destruyen la institucionalidad e independencia de poderes para después pretender reconstruirlo en el supuesto que sean nuevamente gobierno. Pasaron 24 años y el objetivo planteado por Valentín Paniagua no se logró, es más, retrocedimos 40 años y estamos virtualmente derrotados por una fuerza corrupta oscura propiciada por los caballos de Troya que directa o indirectamente detentaron/detentan el poder político y económico, tácitos responsables del avance, fortalecimiento e institucionalización de la actividad criminal.

 

“(Dina) Boluarte suma casi 70 ministros en 30 meses de gobierno. Cada 15 días en promedio hay un nuevo ministro. En la compleja cartera de Interior ha tenido ocho ministros. El último duró menos de 50 días… En 2016-2026, nos habrán gobernado siete presidentes, solo comparable con el periodo 1879-1890 de la guerra con Chile y la reconstrucción… Es importante aumentar la conciencia ciudadana de la relevancia capital de nuestro voto en abril del 2026, para ojalá romper esta inercia de inestabilidad, mediocridad y corrupción en el liderazgo nacional. (Álvaro Henzler, presidente de la Asociación Civil Transparencia. El Comercio, mayo 18 de 2025).

Al 2025, el Perú, ha mostrado un retroceso en la lucha contra la corrupción, con un descenso en su ranking en el Índice de Percepción de la Corrupción. El Perú ha experimentado su mayor caída en el Índice de Percepción de la Corrupción desde 2012, cayendo al puesto 127. La corrupción sigue siendo un factor que agrava la crisis de seguridad, con un aumento de extorsiones y sicariato. La corrupción también reproduce y consolida la desigualdad social, consolida el clientelaje político y perpetúa la ineficacia de la burocracia y, por lo tanto, impide contar con una administración pública eficiente al servicio de la satisfacción de los derechos de los peruanos. Cada año la delincuencia organizada le roba al país apoderándose de sus exiguos presupuestos entre 25 y 30 mil millones de soles (cerca de 8 mil millones de dólares) en los gobiernos nacional, regional y municipal.

 

Si bien la corrupción cubre los anales de la historia del Perú, es en los últimos 100 años esta tuvo etapas de mayor agravamiento siendo la más notable el periodo de los gobiernos de Alan García Pérez y Alberto Kenya Fujimori Fujimori entre 1987 y el 2000. Una segunda etapa de corrupción general e institucionalizada se da en el periodo del 2016 al 2025 donde el Perú llegó a tener 6 presidentes: Pedro Pablo Kusynski, Martín Vizcarra, Manuel Merino, Francisco Sagasti, Pedro Castillo y Dina Boluarte, es decir, en promedio tuvimos un presidente cada 18 meses cuando el periodo constitucional es de 60 meses. Durante 2 años 5 meses del periodo presidencial de la presidenta Dina Boluarte se nombraron 69 ministros en una crisis ministerial y de gobierno permanente con pocos antecedentes. Esto entre otros factores por la acción subterránea y depredadora de grupúsculos políticos con presuntos vínculos con el crimen organizado: Fuerza Popular (Keiko Fujimori), Alianza Para el Progreso (César Acuña), Renovación Popular (Rafael López), Perú Libre (Vladimir Cerrón), Podemos Perú (José Luna), Apra, Acción Popular, Avanza País (Hernando de Soto); Juntos por el Perú (Verónica Mendoza), entre otras asociaciones atomizadas pero igual de venenosas y prevaricadoras que en acción concertada modifican la constitución, cambian las leyes, violentando la normatividad vigente en su propio beneficio, como también se zurraron en el Referéndum de 2018, donde los peruanos dijeron "sí" a la reforma de la Junta Nacional de Justicia, a la fiscalización de los aportes a los partidos políticos y a la no reelección de congresistas.

El poder ejecutivo de la mano de un Congreso con congresistas promotores, defensores y protectores del crimen organizado en sus 22 modalidades de delito, modificó el DL 9921 que funcionaba con deficiencias y limitaciones pero funcionaba razonablemente. El Poder Judicial como la Fiscalía de la Nación en sendos comunicados y mensajes públicos rechazaron las modificaciones y advirtieron que éstas benefician/beneficiarán a la actividad criminal, al tiempo de emplazar y solicitar la rectificación tal como sucedió con la ley que impedía la detención del delincuente si éste no se encontraba en situación de flagrancia. Admitieron que la nueva ley de extinción de dominio colisiona con la normativa internacional y pone en riesgo la seguridad jurídica y la cooperación en materia legal del país frente a organismos como la Convención de las Naciones Unidas para Prevenir la Corrupción de Mérida y Palermo o el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), por lo que existe el riesgo de ser incluidos en listas gris o negra de países que no combaten con decisión política y eficiencia judicial el crimen organizado en sus variadas formas, todas ellas lesivas a la legalidad y a la economía del Perú.  

 

“Antes de ser modificada, la ley establecía que no solamente se incautaban los bienes, títulos o derechos de naturaleza ilícita, sino también los objetos, instrumentos o ganancias provenientes de ciertos delitos… “Otro punto que debemos resaltar es que solamente determinados delitos van a ser pasibles de procesos de extinción de dominio; entre ellos, el narcotráfico, la trata de personas, el sicariato y la minería ilegal. Si bien se menciona a la corrupción, se le ha puesto como una excepción. Esto, evidentemente, favorece a todos los políticos que están siendo investigados por estos delitos” (IDL Reporteros, abril 25 de 2025). 

 

¿Cómo afecta la corrupción a la institucionalidad del Perú? Dicho impacto también ha sido resaltado por el Tribunal Constitucional del Perú, en el Exp. 000172011-PI/TC-Lima, al indicar que «la corrupción socava la legitimidad de las instituciones públicas, atenta contra el desarrollo integral de los pueblos y contra las bases mismas del Estado».(TC, 14 jun. 2023). Hoy el TC en varios casos toma decisiones que benefician al crimen organizado, en especial a la corrupción en el Congreso, Ejecutivo y grupos políticos cuyos representantes son investigados como presuntos jefes de organizaciones criminales. La corrupción institucional es el fenómeno en los organismos públicos de colocar la protección de la reputación por encima de la fidelidad a la verdad, especialmente en el contexto de una investigación independiente o pública. La Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN) es un espacio integrado por instituciones públicas, privadas y la sociedad civil con el objeto de articular esfuerzos, coordinar acciones y proponer políticas de mediano y largo plazo dirigidas a prevenir y combatir la corrupción en el país. Pero, sin decisiones vinculantes sus acciones son inocuas frente a la generalización con impunidad de la corrupción.

 

“Un informe reciente del Banco Mundial vuelve a poner el foco sobre cómo el crimen organizado obstaculiza el desarrollo económico en América Latina y el Caribe, y destaca la relación cíclica entre la pobreza y la criminalidad. La edición más reciente del Reporte Económico de América Latina y el Caribe (LACER, por sus siglas en inglés) prevé que la región tendrá el crecimiento económico más lento del mundo en los próximos dos años: 2,1% en 2025 y 2,4% en 2026. Si bien la pobreza persistente y la reducción de la ayuda internacional siguen frenando el progreso, el informe sostiene que el crimen organizado es un factor clave que agrava los problemas económicos. El informe identifica cuatro mecanismos mediante los cuales los grupos criminales de América Latina y el Caribe impiden el desarrollo: monopolizan los mercados lícitos e ilícitos en sus territorios; imponen gobiernos criminales que suplantan al Estado y cobran “impuestos” sobre servicios básicos; extorsionan a negocios legales, aumentando sus costos, y cooptan al Estado a través de la corrupción y la manipulación de actores políticos. Además, el crimen organizado en la región es más violento que en otras partes del mundo. Mientras que la tasa de victimización —frecuencia con la que una persona es víctima de un delito— triplica el promedio global, las tasas de homicidios fueron 5,4 veces más altas que el promedio entre 2000 y 2009. En la década siguiente, esa brecha se amplió a ocho veces más. Esto demuestra un “exceso” de homicidios en relación con los niveles de victimización, según el informe. No obstante, no todos los homicidios pueden atribuirse directamente al crimen organizado. “Estamos muy por encima del nivel de violencia que se esperaría, dado el nivel de pobreza y desigualdad en la región. Entonces debemos preguntarnos por qué hay tanto crimen organizado y por qué es tan letal”, dijo a InSight Crime William Maloney, economista del Banco Mundial para América Latina y el Caribe”. (InSight Crime, mayo 12 de 2025). 

 

El Índice de Percepción de la Corrupción IPC de 2024, publicado en febrero de 2025, clasifica actualmente a 180 países "en una escala de 100 (muy limpio) a 0 (altamente corrupto)" según la situación entre el 1 de mayo de 2023 y el 30 de abril de 2024. Dinamarca, Finlandia, Singapur, Nueva Zelanda, Noruega, Suiza y Suecia (todos con calificaciones superiores a 80 en los últimos cinco años son los percibidos como los países menos corruptos del mundo, ocupando sistemáticamente un puesto alto en la transparencia financiera internacional, mientras que el país aparentemente más corrupto es Sudán del Sur (con una puntuación de 8), junto con Somalia (9) y Venezuela (10). (Transparencia internacional).  En el contexto sudamericano, Perú se posiciona entre los países más corruptos, con 36 puntos en el Índice Global de Corrupción 2021, solo detrás de Bolivia y Venezuela. Estas tendencias subrayan la necesidad crítica de implementar medidas anticorrupción efectivas y fortalecer la integridad institucional. Los siguientes son los delitos más comunes y reincidentes que conforman la criminalidad organizada en la administración pública, analicemos:

 

Abuso de autoridad. Cuando un funcionario público, abusando de sus atribuciones, comete un acto arbitrario que cause perjuicio a alguien. Se sanciona con pena privativa de libertad no mayor de 3 años. Si los hechos derivan de un procedimiento de cobranza coactiva: pena privativa de libertad no menor de 2 ni mayor de 4 años.

Cobro indebido. Cuando un funcionario público, abusando de su cargo, exige o hace pagar o entregar contribuciones no debidas o en cantidad que excede a la tarifa legal. Se aplica pena privativa de libertad no menor de 1 ni mayor de 4 años

Cohecho. Llamado soborno, es un delito de encuentro que consiste en solicitar, ofrecer o aceptar regalos o retribuciones a un funcionario público para que haga una infracción administrativa en sus funciones. El provecho puede ser propio o para un tercero. Se le llama delito de encuentro porque se necesita mínimo dos personas para que se cometa: Un funcionario público. Un tercero que requiere de sus servicios. Quien cometa el cohecho, es decir corrompa, será el sujeto activo, mientras quien acepta el cohecho (corrupto) será el sujeto pasivo. Modalidades: Cohecho activo: es el que hace referencia a quien ofrece el soborno. Tipos: Cohecho activo genérico: el ciudadano ofrece, da o promete a un funcionario público un donativo o beneficio para que realice u omita actos en contra de sus obligaciones con o sin faltar a su obligación. Se sanciona, si el funcionario acepta y delinque violando sus funciones: pena privativa de libertad no menor de 4 ni mayor de 6 años. Si el funcionario acepta y delinque sin violar sus funciones: pena privativa de libertad no menor de 3 ni mayor de 5 años.

Colusión.  Es cuando el servidor público pacta con un tercero para defraudar al Estado en los contratos públicos de bienes, obras o servicios que se le ha encargado. Modalidades. Colusión simple: se comprueba que hay un acuerdo para defraudar al Estado en los contratos públicos, sin necesidad de que se haya ejecutado lo acordado. Colusión agravada: aquí sí se ha ejecutado la defraudación patrimonial al Estado ya sea por desembolso de dinero, pérdida de bienes, firma indebida de contratos, etc. Sanciones. Colusión simple, la sanción penal oscila entre 3 a 6 años de prisión. Colusión agravada, la sanción penal oscila entre 6 a 15 años.

Concusión. Es cuando un funcionario público, abusando de su cargo, obliga o induce a una persona a dar o prometer indebidamente, para sí o para otro, un bien o un beneficio patrimonial. Sanción Se da pena privativa de libertad no menor de 2 ni mayor de 8 años.

Enriquecimiento ilícito. Es cuando un funcionario público aprovecha su cargo para incrementar ilícitamente su patrimonio respecto a sus ingresos, afectando así al Estado. Se identifica a un funcionario que comete este delito cuando presenta un aumento muy notorio de su patrimonio o su gasto económico personal, en comparación a su declaración jurada de bienes y rentas y a sus ingresos actuales. Sanciones. Con pena privativa de libertad no menor de 5 ni mayor de 10 años. Para funcionarios públicos de la alta dirección: pena privativa de la libertad no menor de 10 ni mayor de 15 años.

Malversación de fondos. Es cuando un funcionario público da al dinero o bienes que administra un uso definitivo diferente de aquel a la que estaban destinados, afectando el servicio o la función encomendada y en consecuencia al Estado. Sanciones. Con pena privativa de libertad no menor de 1 ni mayor de 4 años. Si el dinero o bienes eran de programas sociales o para fines asistenciales: pena privativa de libertad no menor de 3 ni mayor de 8 años.

Negociación incompatible o aprovechamiento indebido de cargo. Es cuando el funcionario público, en forma directa o indirecta o por acto simulado, se interesa indebidamente, en provecho propio o de un tercero, por cualquier contrato u operación en que interviene debido a su cargo. Sanción. Con pena privativa de libertad no menor de 4 ni mayor de 6 años.”

Nombramiento o aceptación ilegal de cargo. Es cuando un funcionario público da un cargo a una persona que no cumple con los requisitos legales para desempeñarse en un determinado puesto. Y la aceptación ilegal del cargo se da cuando una persona que no reúne los requisitos legales acepta dicho cargo. Sanciones. Tanto el que nombra a una persona que no cumple los requisitos como el que acepta el cargo, serán reprimidos con 60 a 120 días-multa.

Patrocinio ilegal. Se da cuando un funcionario público promueve o asesora intereses de particulares ante la administración pública. Sanción. Se aplica pena privativa de libertad no mayor de 2 años.

Peculado. Es cuando un funcionario se apropia o usa ilegalmente los bienes y recursos del Estado que recibe o administra. Este delito afecta el patrimonio del Estado. Modalidades. Peculado doloso: el funcionario se aprovecha de su cargo y usa o se apropia indebidamente de bienes públicos para él o un tercero. Peculado culposo: se da por negligencia de un funcionario que facilita o permite que otra persona sustraiga dinero u otros bienes del Estado. Sanciones. En peculado doloso: pena privativa de libertad no menor de 4 ni mayor de 8 años. Con agravante (mayor a 10 UIT): pena privativa de la libertad entre 8 y 12 años. En Peculado culposo: pena privativa de libertad no mayor de 2 años. Con agravante (lo robado tenía fines asistenciales): pena privativa de libertad no menor de 3 ni mayor de 5.

Tráfico de influencias. Es cuando una persona con influencias reales o simuladas, recibe, hace dar o prometer para sí o para un tercero, donativo, promesa o beneficio con el fin de interceder ante un funcionario público que ha de conocer o conoce un caso judicial o administrativo. Sanciones. Con pena privativa de libertad no menor de 4 ni mayor de 6 años. Si lo realiza un funcionario público: pena privativa de la libertad no menor de 4 ni mayor de 8 años. https://www.gob.pe/27152-delitos-contra-la-administracion-publica-delitos-de-corrupcion-trafico-de-influencias

Otros delitos de extendida e impune práctica a pesar de su gravedad y que pueden socavar la integridad y la transparencia de las instituciones estatales son: La Extorsión: Consiste en obtener una ventaja económica o de otro tipo, mediante la amenaza o violencia, obligando a una persona o institución a cumplir con la demanda. Ejemplos: Exigir dinero a un funcionario a cambio de un favor, o amenazar con dañar a alguien si no entrega una suma de dinero. El Chantaje: Implica obtener una ventaja a cambio de no revelar información que pueda dañar a la víctima. Ejemplos: Exigir dinero a un funcionario a cambio de no revelar un secreto laboral o personal, o amenazar con difundir información privada. La Discriminación: Se refiere a la diferenciación injusta y desfavorable basada en características protegidas por ley. Ejemplos: Negar un empleo a un candidato por su raza o religión, o no conceder un ascenso a una mujer por su género o desplazarla en respeto y reconocimiento frente a otras personas en igual condición y responsabilidades. Consecuencias: Daño a la integridad de la administración pública: La extorsión y el chantaje pueden corromper a funcionarios y minar la confianza del público en las instituciones y afectación de los derechos fundamentales: La discriminación viola el principio de igualdad y dignidad de las personas con el socavamiento del estado de derecho: La impunidad de estos delitos genera una sensación de inseguridad y desconfianza en la justicia.

 

Moral, ética y corrupción. “La corrupción moral se refiere a la pérdida o deterioro de la integridad y los valores éticos en una sociedad o individuo, lo que conduce a comportamientos inmorales y a la desviación de los principios morales. Esta corrupción puede manifestarse a través de acciones deshonestas, ilegales o de la falta de principios morales. En el contexto bíblico, la corrupción se entiende como una desviación de la vida recta y el orden moral de Dios, y se utiliza para describir la decadencia moral de individuos y sociedades. En términos generales, la corrupción moral implica la violación de normas éticas y morales, así como la pérdida de confianza en los valores compartidos por una comunidad. La corrupción moral puede tener diversas manifestaciones, como el abuso de poder por parte de funcionarios públicos para beneficio personal, el soborno, el nepotismo, el fraude electoral y la malversación de fondos. También puede manifestarse a través de la falta de integridad en las relaciones personales y profesionales, la mentira, el engaño y la falta de respeto por los derechos de los demás. La corrupción moral es un problema que afecta a diversas áreas de la vida, incluyendo la política, la economía, la educación y las relaciones personales. Para combatirla, es necesario fomentar la ética, la integridad y la responsabilidad en la sociedad, así como promover la transparencia y la rendición de cuentas. La educación, la participación ciudadana y la lucha contra la impunidad son elementos clave para prevenir y reducir la corrupción moral”. (Síntesis Inteligencia Artificial, mayo 17 de 2025). Usted juzgue.

 

Periodismo de investigación. En Perú, América Latina y Caribe y en el mundo el periodismo de investigación tiene un papel relevante en la develación y combate del crimen organizado transnacional en particular la corrupción. El Instituto Prensa y Sociedad ha promovido y promueve desde 1993 el periodismo de investigación primero en alianza con medios de comunicación importantes como la revista Caretas, la revista Oiga y diarios La República, El Comercio, etc., para luego instituir la Conferencia Latinoamericana de Periodismo de Investigación, COLPIN, formar parte del Encuentro de Periodismo Investigación Europa – Latinoamérica, que en su octava edición se desarrollará en Lima del 21 al 22 de mayo y los premios al periodismo de investigación. La red más grande del mundo en periodismo de investigación que tiene cerca de 70 organizaciones es OCCRP, Proyecto de Denuncia del Crimen Organizado y la Corrupción (Organized Crime and Corruption Reporting Project), con sede en Ámsterdam y personal en seis continentes, es una sala de prensa sin fines de lucro, impulsada por una misión, que colabora con otros medios de comunicación para publicar historias que generan acciones reales. Esfuerzo y recursos que no son tomados en cuenta por los gobiernos, el Ministerio Público, Poder judicial, Tribunal Constitucional, de allí que pocas de las investigaciones se convirtieron en denuncia con sanción penal. Quizás el caso emblemático develado por el periodismo de investigación en la última década sea Lavajato de la red criminal Odebrecht que involucró a los expresidentes Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala, la exalcaldesa Susana Villaran y a más de 60 autoridades y empresarios  en los que tuvieron especial aporte IDL Reporteros con Gustavo Gorriti y Hildebrant en sus Trece con César Hildebrant, ambos reconocidos por su trabajo contra la corrupción. Ojo Público, Mongabay, Inshgt Crime, Infobae, entre otros también contribuyen en la lucha contra la corrupción.

Los Podridos, Congelados e Incendiados. “Jorge Basadre en La Promesa de la Vida Peruana, tiene un párrafo de una enorme vigencia a la hora de enfrentar nuestra actual situación. Dice Basadre: “… la promesa de la vida peruana sentida con tanta sinceridad, con tanta fe y con tanta abnegación por próceres y tribunos, ha sido a menudo estafada o pisoteada por la obra coincidente de tres grandes enemigos de ella: los Podridos, los Congelados y los Incendiados. Los Podridos, han prostituido y prostituyen palabras, conceptos hechos e instituciones al servicio de sus medros, de sus granjerías, de sus instintos y de sus apasionamientos. Los Congelados se han encerrado dentro de ellos mismos, no miran sino a quienes son sus iguales y a quienes son sus dependientes, considerando que nada más existe. Los Incendiados se han quemado sin iluminar, se agitan sin construir. Los Podridos han hecho y hacen todo lo posible para que este país sea una charca; los Congelados lo ven como un páramo; y los Incendiados quisieran prender explosivos y verter venenos para que surja una gigantesca fogata”. (Luciano Revoredo, La Abeja, setiembre 22, 2021).

 

Fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas: Implementar mecanismos que permitan la supervisión y el control de la gestión pública. Promover la igualdad y la no discriminación: Implementar políticas que aseguren la igualdad de oportunidades y la protección de los derechos fundamentales.  Fortalecer la lucha contra la corrupción: Establecer mecanismos de denuncia y sanción efectivos para los delitos de extorsión, chantaje y discriminación.  Educación y sensibilización.

 

Trabajo en equipo o en red. En 47 años de ejercicio periodístico (1978-2025) en 8 regiones de la zona centro oriente peruana (Huánuco, San Martín, Ucayali, Loreto, Pasco, Junín, Ayacucho, Cusco) conocí a periodistas que reconozco por la solidaridad, colaboración y apoyo brindados a mi trabajo en sus organizaciones y medios de comunicación o como profesionales destacados: Ricardo Uceda, Ángel Páez, Enrique Zileri, Gilberto Hume, María Luisa Martínez, Gustavo Mohme, Edmundo Cruz, Cecilia Valenzuela, José Mariño, Marco Vásquez, Virgilio Grajeda, Kela León, Jenny Cabrera, Adriana León, Miguel Sagred Gutiérrez, María Elena Hidalgo, Mónica Veco, Gisú Guerra, Miguel López, Liz Quiroz, Jorge Mejía, Miguel Silvestre, Mario Cueto, Adolfo Fasanando, Walter Aguilar, Órbil Mata, Jenica Marquina, Pio Pinto, Aldo Saucedo, Smilzinia Mendoza, Lino Campos, Rubén Valdez, Luis Velásquez, Lincoln Díaz, Julio Trujillo, Javier Trujillo, Yuri Valdivieso, Betty Ávila, José Claudio Torres, Sergio Madueño, Álvaro del Águila, Edgardo Panduro, Alejandro Rupay, Guillermo Mariño, Eladio Arcaya, Nicolás Álvarez, Flor Chávez, Miguel Salinas, Walter Campos, Humberto Saavedra, César Villacorta, Mingo Padilla, Geovani Acate… Gracias totales.

*Ingeniero Agrónomo – Periodista.