La situación legal y política del ex presidente Alan García
Pérez se complica luego de que la Megacomisión que investiga su segundo
gobierno aprobara por mayoría recomendar una acusación constitucional en su
contra, al encontrar indicios de su participación en la concesión irregular de
indultos a sentenciados por narcotráfico.
La acusación constitucional es un proceso parlamentario que
tiene por objetivo determinar las responsabilidades de un alto funcionario, al
que se denuncia por la comisión de un delito cometido en el ejercicio de su
función, o por haber cometido una infracción constitucional. Luego de la
decisión emitida por la Megacomisión, quedan dos caminos que podrían definir el
futuro político de García.
En primer lugar, se viene el proceso para su inhabilitación
política, con lo cual quedaría impedido de postular a la Presidencia de la
República en 2016. Como veremos a continuación, este camino es largo y tedioso.
Las conclusiones de la Megacomisión pasarían a la Subcomisión de Acusaciones
Constitucionales, donde sus miembros deberán evaluar la admisibilidad de la
acusación constitucional. Luego, la Comisión Permanente votaría la aprobación o
el archivamiento del informe de acusación. La aprobación activaría la creación
de una Subcomisión acusadora. Este grupo tendría como principal encargo
sustentar la acusación contra García ante el pleno del Congreso. La votación
requeriría, para ser favorable, por lo menos de 2/3 del número total de
congresistas.
¿Se cuentan con los votos para inhabilitar al ex presidente
aprista? Todo parece indicar que el único sector político que podría impedir la
inhabilitación de García sería el fujimorismo. ¿El fujimorismo se atreverá a
jugar a favor del líder aprista que no concedió el indulto a su máximo líder
Alberto Fujimori?
En segundo lugar, está la investigación preliminar que se
sigue por el caso “narcoindultos” en el Ministerio Público. El procurador
anticorrupción, Julio Arbizu, señaló que los elementos adicionales que aporte
el informe de la Megacomisión serán puestos en conocimiento del Fiscal de la
Nación para ampliar la solicitud de incluir a García en la investigación de
este caso.
En opinión de Arbizu, el caso “narcoindultos” revela que
existió una organización criminal que hizo pasar sus acciones a través de un
programa de deshacinamiento de cárceles, cuyo fracaso es un indicio poderoso de que los objetivos
eran otros. Este camino requiere, entonces, del compromiso del Ministerio
Público por investigar y revelar el grado de vinculación de Alan García y su
puesta a disposición del Poder Judicial.
Las dudas recaen también en este proceso por los
cuestionamientos de afiliación política aprista del Fiscal de la Nación, José
Peláez Bardales. ¿Tendrá cancha libre García en el camino judicial?
Como lo señalamos anteriormente, el ex presidente Alan
García se ha venido librando de las responsabilidades de fondo en delitos de
diversa dimensión que lo vienen persiguiendo desde la década de 1990. Por todo
ello, resulta necesario investigar al ex presidente Alan García con el mayor
detalle posible para evitar que un manto de impunidad lo libre de dar cuentas
claras al país. Queda en manos del pleno del Congreso, del Ministerio Público y
del Poder Judicial demostrar que en el país las leyes se respetan y los delitos
tarde o temprano se pagan.
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