Globalización de las drogas: Estrategias fallidas y revisión de la política antidrogas de Estados Unidos.

Felipe A. Páucar Mariluz*

  

Avioneta narco incendiada en Colombia en plena pandemia. Foto cortesía Mindefensa.

“Estados Unidos ha desplegado masivos recursos en Latinoamérica para combatir el tráfico de narcóticos, con un ejército de agentes de la Administración para el Control de Narcóticos (Drug Enforcement  Administration, DEA), además del trabajo conjunto con otros organismos, como Seguridad Interna y Control Estadounidense de Inmigración y Aduanas (ICE) y el Comando Sur del ejército estadounidense. Europa, por otro lado, solo cuenta con un puñado de agregados policiales o agentes de enlace designados a América Latina y algunos escasos puestos navales en el Caribe. La presencia europea y la capacidad en Latinoamérica son mínimas.” InSight Crime.

El Congreso de Estados Unidos publicó un extenso informe sobre la política de drogas en el continente americano, en el cual establece una larga lista de recomendaciones para detener el narcotráfico y abordar los problemas de salud pública creados por el consumo de drogas. El informe adelanta cómo podría ser la lucha contra las drogas y el crimen organizado durante la administración del presidente electo Joe Biden.

Fue publicado por la Comisión de Política de Drogas del Hemisferio Occidental de la cámara baja del Congreso en Washington, el informe aboga por cambios profundos y sistemáticos en la forma en que Estados Unidos combate el narcotráfico. Propone, además, una mayor coordinación internacional, un enfoque más holístico en la formulación de las políticas y una revisión a las anticuadas penalidades que se imponen a los países que no logran alcanzar los objetivos anuales.

“Es posible que nunca pongamos fin al tráfico ilegal de drogas, así como no podemos eliminar el consumo de sustancias”, se lee en el documento. “Pero podemos manejar mejor estos graves problemas mediante una estrategia integral”.

El informe recomienda que Estados Unidos establezca “acuerdos de asistencia extranjera” multianuales desarrollados por los embajadores con los líderes políticos y de seguridad en los países. Señala que dichos acuerdos permitirían un mayor intercambio de información, así como mayor transparencia entre los países y soluciones de mayor costo-beneficio para asuntos como el crimen organizado, la reforma de la justicia criminal y los derechos humanos.

Los planes también podrían incluir la sincronización de los esfuerzos para prevenir las transacciones digitales ilícitas, que, como dice el informe, están siendo cada vez más utilizadas por los grupos de crimen organizado para lavar las ganancias de las drogas.

“Lo que un país como Colombia necesita es muy diferente a lo que uno como México, El Salvador u Honduras podría necesitar”, dijo Shannon O’Neil, presidenta de la Comisión, al referirse a la propuesta durante un encuentro sobre el informe realizado el 3 de diciembre de 2020.

“En ese sentido, permite ahorrar dinero y evita poner en marcha políticas que son poco eficaces para un contexto en particular”, agregó.

El informe rechaza los enfoques tradicionales para la formulación de políticas antidrogas, que hasta el momento han demostrado ser limitantes, y propone no sucumbir a disyuntivas falsas como “seguridad pública versus salud pública”, que, recalca el informe, pueden obstaculizar estrategias más eficaces, holísticas y multifacéticas. El informe hizo uso extensivo de las investigaciones y análisis propios del grupo investigativo InSight Crime.

Lo que deben hacer los diseñadores de políticas, continúa el informe, es tomar los mejores aspectos de ambos lados del debate: seguir invirtiendo en estrategias tradicionales, como el financiamiento a la formación de los policías y la destrucción de laboratorios de drogas, pero complementarlos con planes para mejorar la salud pública, los derechos humanos y el desarrollo económico alternativo.

Todo esto requeriría la unión de la comunidad internacional e involucrar al sector privado con el fin de discutir formas creativas para generar cambios a largo plazo, puntualiza el informe. Por ejemplo, menciona la titulación de tierras en zonas rurales donde el cultivo de coca está creciendo. Al otorgar títulos de tierras, los agricultores pueden acceder al crédito y a los servicios gubernamentales, y de esta manera atraer inversiones es que les permitan alejarse de los cultivos ilícitos. Lo que no dice el informe que el financiamiento de capital de trabajo es casi nulo por negligencia de los gobiernos.

El informe también insta a que los funcionarios revisen lo que se conoce como el proceso de certificación y clasificación, mediante el cual la Casa Blanca publica una lista anual de países productores y de tránsito que han “evidentemente fracasado” en la lucha por detener los delitos relacionados con las drogas. Los países que aparecen en la lista pueden recibir sanciones como castigo, aunque esto es poco común.

Este proceso equivale a una lista de “buenos y malos”, como se lee en el documento, con una teatralización que aliena innecesariamente a los socios latinoamericanos y no logra evitar la corrupción. El proceso también ha sido señalado de tener motivaciones políticas, como dice el informe, dado que a veces algunos aliados estadounidenses quedan por fuera de la lista sin las debidas explicaciones.

 

La felicidad entre funcionarios de Devida y el Mininter parecen indicar que la lucha contra las drogas es una estrategia fallida con resultados manipulables a conveniencia. Foto Devida.

El informe contiene recomendaciones acertadas que se habían quedado en el tintero durante mucho tiempo, y que, si se aplican correctamente, podrían mejorar los problemas de narcotráfico y consumo de drogas que actualmente son endémicos en América Latina y Caribe.

En primer lugar, el informe refiere viejos debates entre disyuntivas falsas como “seguridad pública versus salud pública”, dos estrategias que solo tienen sentido si se aplican juntas.

No podemos controlar el suministro de drogas nocivas sin reducir a la vez la demanda, y no podemos detener la demanda si no se limita también la oferta.

En Colombia, por ejemplo, la fumigación aérea de cultivos ilícitos de coca es costosa y aliena a las comunidades rurales. Sin embargo, los esfuerzos de erradicación de la coca pueden cumplir un papel como parte de una estrategia más amplia para abordar el asunto si se combinan con “incentivos positivos”, como la construcción de carreteras y el aumento de las oportunidades agroindustriales para ayudar a los cultivadores en la transición a la economía legal.

“No podemos controlar el suministro de drogas nocivas sin reducir a la vez la demanda, y no podemos detener la demanda si no se limita también la oferta”, puntualiza el informe. Esta afirmación da directamente en el clavo.

En segundo lugar, las acciones de buena fe coordinadas por Estados Unidos, como sugiere el informe, son en general positivas, ya que se ha demostrado los buenos resultados de los trabajos de coordinación actualmente en marcha. A pesar de que padecen de muchas deficiencias, los trabajos en conjunto con Estados Unidos han dado lugar a una reforma legítima de la justicia criminal y a una recuperación económica de la que otros países podrían beneficiarse.

En México, por ejemplo, la Iniciativa Mérida parece haber ayudado a disminuir las tasas de homicidios como resultado de una reforma policial apoyada por Estados Unidos, como indica el informe. La aplicación de estrategias similares —mejoradas con base en errores previos— podría ser constructiva si se diseñan según las necesidades específicas y el contexto sociopolítico de cada país. Al menos, esto sería más rentable que muchos de los esfuerzos que se adelantan actualmente. Pero, el informe omite la realidad escalofriante que vive México con las mafias organizadas de la droga que han convertido a varios estados en verdaderos escenarios de guerra con numerosas muertas y el terror como amenaza permanente de violación de los derechos humanos.

Por último, la decisión del informe de rebatir la eficacia del proceso de certificación y clasificación en temas de drogas podría crear un cambio profundo en la lucha internacional contra el narcotráfico. Incluir a un país en la lista de los que han “fallado evidentemente” se presenta como una amenaza, y entorpece innecesariamente las relaciones con los países, que de hecho ya son frágiles. También hace que Estados Unidos parezca poco comprensivo con las necesidades de la región, y que se interesa solo por mantener el control del panorama político.

Tal vez el mejor ejemplo de esto último es Bolivia, que ha aparecido en la lista cada año desde 2008, cuando el expresidente Evo Morales expulsó al embajador y a la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos, DEA.

Si bien Estados Unidos tenía y tiene razones para dudar por el manejo del cultivo de coca en el país, como la implementación de un mercado legal de coca a nivel nacional, su decisión de incluir a Bolivia en la lista en un momento en que Perú y Colombia estaban produciendo mucha más coca se vio como algo políticamente motivado, y puso más distancia entre los dos países.

Perú, es otro país que sufre los efectos de la ‘guerra contra las drogas’ mediante políticas punitivas y meramente represivas, que tienen en el denominado Programa de Desarrollo Alternativo Sostenible una zanahoria para mitigar en algo el palo que se utiliza contra los agricultores productores de la materia prima para la cocaína. Los informes muestran cientos de millones de soles supuestamente invertidos en las cuencas cocaleras pero el desagregado de esas inversiones o gastos no se conocen al detalle. Los alcaldes son parte de este tinglado oscuro y falso al defender los escasos recursos que intermedian entre Devida y los supuestos excocaleros beneficiarios.

 

Efectos de la COVID-19 en la producción y mercados de drogas.

Al culminar el año 2020, un año para no olvidar, se puede afirmar con certeza que la pandemia mundial de COVID-19 ha sumido al mundo en una crisis sin precedentes. En muchos países la enfermedad ha llevado al límite la capacidad de los proveedores de servicios de salud, y las restricciones impuestas por los Gobiernos han perturbado considerablemente la economía mundial.

En lo que respecta a los mercados de drogas, se desconoce aún cuál ha sido el impacto de la pandemia y es difícil predecirlo, pero podría ser de gran alcance. Las restricciones a la circulación limitaron el acceso a los precursores y las sustancias químicas esenciales, por lo que algunos productores pudieron verse obligados a buscar nuevas formas de fabricar drogas. Es posible que los traficantes tuvieran que encontrar nuevas rutas y métodos, ya que las restricciones a los viajes les impiden cruzar fronteras, mientras las cuarentenas al interior de los países casi paralizaron la estructura de acopio y mercadeo. Los hábitos de consumo y la disponibilidad de las drogas pudieron cambiar, y la capacidad de respuesta de los Gobiernos se vio mermada.

La transformación que ha traído consigo la COVID-19 no tiene precedentes, pero se puede aprender algo de las crisis anteriores. Tras la crisis económica de 2008, algunos consumidores comenzaron a buscar sustancias sintéticas más baratas y se produjo un cambio en los hábitos de consumo en favor de las drogas inyectables. Mientras tanto, los Gobiernos recortaron los presupuestos relacionados con las drogas, lo mismo sucedió con esta pandemia.

 

La droga sintética que desplaza a la cocaína y morfina, en unos años podría reemplazarlo, entonces podría decirse que estaría cerca el adiós a la coca y la cocaína. Foto Conadic.

Los Gobiernos respondieron del mismo modo a la actual crisis económica, las intervenciones, como la prevención del consumo de drogas y los comportamientos de riesgo conexos y los servicios de tratamiento, podrían sufrir un duro golpe. Además, las operaciones de incautación y la cooperación internacional pasaron a un segundo plano, lo que facilitó las operaciones de los traficantes.

Lo que podría explicar las voluminosas incautaciones de cocaína en operativos multinacionales realizadas en la costa de Venezuela, en España, Bélgica, Estados Unidos, Colombia, Ecuador, Brasil, entre otros países.

El mayor impacto inmediato en el tráfico de drogas se produjo en los países en los que se introducen grandes cantidades de drogas en vuelos comerciales. Las drogas de síntesis, como la metanfetamina, son transportadas por correos en el interior del organismo u ocultas en el equipaje personal, a veces en grandes cantidades. Habida cuenta de las restricciones que se imponen prácticamente en todas partes al tráfico aéreo de pasajeros, el abastecimiento de drogas mediante vuelos comerciales pudo interrumpirse por completo durante varios meses. Las actividades de tráfico a través de la red oscura y por correo postal pudieron aumentar, aunque la cadena de suministro postal internacional también se vio afectada.

La recesión económica y las medidas de confinamiento podrían haber perturbado los mercados de drogas. Con el aumento del desempleo y la falta de oportunidades será más probable que las personas pobres y desfavorecidas caigan en hábitos nocivos de consumo de drogas, sufran trastornos por consumo de drogas y recurran a actividades ilegales –bien de producción, bien de transporte– vinculadas a las drogas. Asimismo, es probable que las organizaciones que se dedican al tráfico de drogas se aprovechen de la situación para prestar servicios a las personas vulnerables y engrosar sus filas con nuevos miembros. Dado que los Gobiernos han perdido capacidad de respuesta, esos cambios podrían arraigar rápidamente y convertirse en la nueva realidad de muchas comunidades.

El impacto podría ser comparable a la crisis económica de 2008, que creó múltiples problemas económicos y políticos que afectaron a los productos agrícolas de agroexportación principalmente en lo que respecta a la producción, comercialización, transporte, precios y nuevas exigencias sobre calidad de los productos (café, cacao, banano, etc.) por parte de los consumidores.

Una realidad que abruma es: el narcotráfico globalizado, el crimen organizado globalizado, la violencia globalizada, males para los que la traumática experiencia del 2020 no parece afectarles si se tiene en cuenta los indicios de lavado de dinero en el comercio y las finanzas, que en la mayoría de veces están a la vista, pero que los organismos e instituciones de inteligencia no perciben o simplemente no les interesa prevenir o controlar. (Fuente: Global initiative, InSight Crime, Opendemocracia, ONUDC, ONDCP, OMS, OPS, El País, archivos Leyenda del Huallaga).

*) Ingeniero agrónomo – Periodista investigador.