Amazonía amenazada: Las economías criminales en la mayor selva tropical del mundo.

Felipe A. Páucar Mariluz*

La ola de calor en 2024 determinó que grandes sectores de la Amazonía afrontaran sequías prolongadas que afectaron a poblaciones rurales y especies naturales, algunas en vía de extinción. Cortesía Global Initiative.

“El cambio climático es, con diferencia, la historia más importante que hemos tenido que cubrir porque es, con diferencia, lo más importante que los seres humanos han hecho jamás, con un orden de magnitud mayor que cualquier otra cosa. Y por eso hay un número casi infinito de lugares donde ir a hurgar, mirar y examinar. El más obvio es el dinero”.   Bill McKibben, Conferencia Mundial de Periodismo de Investigación 2023.

“En la 13ª Conferencia Mundial de Periodismo de Investigación, GIJN convocó a una reunión de un día de duración de 80 periodistas y expertos en cambio climático de 35 países para discutir el papel del periodismo de investigación en la cobertura de la crisis climática. Es fundamental informar sobre las causas y los efectos del calentamiento global de múltiples maneras y para una amplia gama de audiencias, y a medida que la humanidad se acerca al borde de un desastre climático, es esencial que los periodistas tengan el tiempo, las habilidades y las herramientas para exigir responsabilidades a los funcionarios, ya sean del gobierno o del sector privado. El deterioro del clima se puede frenar, pero en cambio se está acelerando. ¿Quién es responsable? La rendición de cuentas está en el centro del periodismo de investigación o de vigilancia.” (https://gijn.org/resource/full-report-investigative-agenda-climate-change-journalism/?mc_cid=2dc1257eb0&mc_eid=af1220a7e7)

En base a nuestra realidad deducimos que la minería informal o ilegal es un fenómeno impactante en el proceso de contaminación y destrucción progresiva que tiende a ser masiva de la Amazonía y que junto con el narcotráfico, la tala ilegal, la trata de personas, el tráfico de especies de fauna y flora, el lavado de activos y la corrupción son la amenaza mayor a la nuestra prodigiosa y exuberante selva del trópico de América del Sur y Central.

En un sin número de investigaciones y en especial la investigación de la organización internacional Global Initiative Against Transnational Organized Crime se incide y describe un panorama sombrío con un futuro incierto para nuestra Amazonía tropical, la mayor del planeta que evidentemente se encuentra en serio peligro por un proceso de afectación criminal que podría atentar incluso a la sostenibilidad de la humanidad en declive acelerado. El crimen organizado transnacional se impone a sangre y fuego en un territorio marcado por la pobreza, la marginación y el abandono del Estado y los gobiernos de 7 países: Perú, Brasil, Ecuador, Bolivia, Colombia, Guyana, Surinam y Venezuela que directamente se encuentran bajo la influencia de los ingentes recursos naturales y otros que indirectamente reciben sus beneficios: Argentina, Paraguay, Uruguay, Guatemala, Costa Rica, México, etc. La Amazonia cuenta con 7,4 millones de km2 que representa el 4,9% del área continental, en ella a parte del agua, los bosques y especies variadas progresa el cacao, café, palma aceitera, plátanos, maíz, arroz, la piscicultura, y la actividad agrosilvopastoril entre tantas.

Por otra parte, “¿Cómo afecta la minería ilegal e informal en la Amazonía del Perú? ¿Cuánto dinero mueve esta actividad y cuáles son sus vínculos con la criminalidad organizada? Las cifras del ministerio de Energía y Minas (Minem), revela que existen 200 mil personas que dependen de forma directa de la pequeña minería y la minería artesanal en proceso de formalización o ya formalizadas. Entre lo artesanal, formal (e ilegal) existen 300 mil personas que dependen indirectamente de este sector, y para el año 2019 el 10.8% del total de puestos de trabajo fueron generados aquí, y según el Minem el 47% de la producción aurífera nacional con valor de 3,900 millones de dólares, fue lo que produjo este sector.” (https://otramirada.pe/la-miner%C3%ADa-no-formal-y-las-econom%C3%ADas-criminales-en-el-per%C3%BA).

¿Cómo afecta la criminalidad organizada transnacional y cómo y porqué el crimen en sus variadas formas gana cada día más espacio ante la incapacidad de gobiernos corruptos y la frustración de planes y proyectos que intentan preservarla como un instrumento de contención a la amenaza indetenible del Cambio Climático? A continuación ofrecemos parte de la extensa investigación de Global Initiative:

“La Amazonia, la mayor selva tropical del mundo, con una extensión de unos 7 millones de kilómetros cuadrados que une a nueve países, se ha convertido en uno de los principales centros y puntos de tránsito de las economías criminales de América Latina. Desde los cargamentos de cocaína, oro y madera que se desplazan por sus cientos de ríos hasta las pistas de aterrizaje clandestinas que facilitan el movimiento nocturno de avionetas de contrabando, la Amazonía hoy alberga una compleja economía subterránea que alimenta la creciente demanda mundial, pero también la violencia y la deforestación. Las organizaciones criminales, actuando sin control y con un poder creciente, suponen una amenaza existencial para la región más biodiversa del planeta y para las comunidades que alberga.

En la última década, la Amazonia se ha convertido en una de las regiones más peligrosas de América Latina, y las comunidades marginadas se llevan la peor parte de la violencia. En Brasil, por ejemplo, las comunidades indígenas han sido sistemáticamente objeto de invasiones violentas por parte de garimpeiros (mineros) armados, mientras que en los nueve departamentos amazónicos de Colombia, donde se han documentado 43 masacres desde 2020, grupos armados no estatales aterrorizan a las comunidades rurales.

En Perú, los narcotraficantes reclutan cada vez más a niños y niñas indígenas para trabajar en plantaciones de coca, y los grupos guerrilleros envían a familias enteras a trabajar en minas de oro ilegales en Venezuela. En 2022, uno de cada cinco asesinatos de personas que defienden la tierra y el medioambiente en todo el mundo se produjo en la Amazonia. A medida que la demanda de productos ilícitos, en particular de cocaína, ha experimentado un aumento de proporciones históricas y el precio del oro se ha incrementado drásticamente desde principios del 2000, también lo han hecho las oportunidades criminales. Esto, combinado con una escasa presencia estatal, altos niveles de corrupción, décadas de estrategias de seguridad fallidas y una falta de coordinación entre los Estados, ha creado el entorno perfecto para que algunos de los grupos delictivos más prolíficos de América Latina se reorganicen y tomen el control.

La reorganización del ecosistema criminal local, que incluye guerrillas colombianas, bandas brasileñas, grupos criminales peruanos (incluidos traficantes de drogas y personas) y organizaciones criminales venezolanas, ha hecho que algunos grupos desaparezcan del mapa, dejando espacio para que otros surjan o se expandan.

Mediante la investigación de campo y el análisis de datos, Amazon Underworld descubrió que los grupos armados no estatales o los sindicatos del crimen actúan en el 70 por ciento de los municipios investigados en Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela y que todas las fronteras de la Amazonia tienen al menos un actor armado a un lado de la línea divisoria. Esta presencia se traduce en diversas formas de gobernanza y control criminal que dominan directa o indirectamente la vida de gran parte de las casi 50 millones de personas que habitan la Amazonia, poniendo a prueba los esfuerzos de los Estados, las comunidades y la sociedad civil por proteger la selva y sus poblaciones más marginadas.

Las comunidades locales, a menudo indígenas de la Amazonia, luchan a diario contra intrusos armados que imponen una forma de gobernanza criminal, dictan el acceso a la región, controlan las actividades económicas locales, obligan a algunas personas a participar en actividades ilícitas y utilizan la violencia para impartir una justicia rudimentaria.

Estás dinámicas criminales también están acelerando la destrucción de la Amazonia, que se ha convertido en un bien público mundial de suma importancia debido a su diversidad cultural y biológica, y a su condición como uno de los reguladores climáticos más importantes del mundo. Esto ha provocado que aumente el interés por proteger la Amazonia, impulsado en gran medida por la preocupación por las posibles repercusiones de su destrucción, particularmente el cambio climático. Por ejemplo, el Fondo Amazonia, un mecanismo creado para recaudar fondos destinados a apoyar los esfuerzos para prevenir y combatir la deforestación, cuenta con el respaldo de países como Noruega y Alemania, mientras que los gobiernos de toda Sudamérica han puesto el tema firmemente en la agenda.

Existen numerosas pruebas de que las comunidades indígenas y sus territorios desempeñan un papel fundamental en la protección de la selva tropical, mientras son objeto de crecientes ataques por parte del crimen organizado. Los esfuerzos para proteger el ecosistema amazónico deben ir de la mano de políticas sociales, medioambientales y de seguridad que sean a la vez sostenibles y sólidas, y de la plena aplicación de los derechos de los pueblos indígenas y otras comunidades locales. La ejecución de los proyectos de conservación para los que se dispone de fondos será difícil si los Estados no controlan sus respectivas partes de la Amazonia.

El Inframundo amazónico. En las zonas fronterizas de la Amazonia (regiones periféricas y plagadas de delincuencia), los Estados suelen carecer de control y la gobernanza criminal domina la vida de millones de personas. En estas regiones, no es infrecuente que los gobiernos regionales y locales estén implicados en economías ilegales y gobiernen por y para las redes criminales, lo que conduce a una convergencia de facto entre las instituciones estatales y la criminalidad. La ausencia del Estado de derecho y la creciente proximidad entre las redes criminales y las estructuras institucionales, combinadas con la inmensa riqueza natural de la selva tropical y la creciente demanda internacional de materias primas amazónicas, han creado una fórmula exitosa para que prevalezca el crimen organizado. Además, la lejanía y la negligencia del Gobierno han provocado una importante carencia de infraestructura básica en estas regiones, incluida la escasez de servicios públicos como la atención sanitaria, la educación y el desarrollo económico. Esto ha creado un entorno donde predominan la pobreza, la exclusión y la marginación, y donde las actividades económicas informales y a menudo ilícitas tienden a convertirse en un medio de subsistencia. La minería de oro, la caza furtiva y el comercio de madera han existido en la Amazonia durante décadas, pero estas economías han crecido exponencialmente desde principios del 2000, impulsadas por la demanda mundial y el aumento del precio del oro.

Esto ha transformado el paisaje local física, económica y culturalmente, catalizando la destrucción de la Amazonia y alimentando la violencia y la criminalidad. Con la creciente convergencia de economías ilícitas como el narcotráfico y la extracción ilegal de oro, la línea entre negocios legales e ilegales, y a veces entre grupos armados estatales y no estatales, se ha difuminado. El crimen siempre ha existido en la Amazonia, pero el ecosistema criminal ha experimentado cambios significativos. Diversos auges económicos en la Amazonia tuvieron profundas repercusiones en las comunidades y el medioambiente a lo largo del siglo XX. La quinina, el caucho, el oro, el petróleo, la madera, las pieles y otras partes de animales atrajeron a intrusos agresivos a la selva..

Aunque la Amazonia siempre ha sido el hogar de cazadores furtivos, criminales y contrabandistas, fue el cultivo de la planta de coca lo que atrajo al crimen organizado y a los grupos armados a la región. La coca es una planta autóctona de la Amazonia, con numerosos usos tradicionales y una importancia cultural significativa para los pueblos indígenas. También es el ingrediente principal en la producción de cocaína, y lo fue especialmente durante la década del 1970, cuando se cultivaba comercialmente en Bolivia y Perú, con laboratorios de procesamiento que operaban en Colombia. La demanda mundial de cocaína se disparó durante las décadas de 1980 y 1990, lo que convirtió al narcotráfico en uno de los principales motores del conflicto en Colombia, que se convirtió en el mayor productor mundial a mediados de la década del 1990. El Cártel de Medellín de Pablo Escobar y el Cártel de Cali amasaron importantes riquezas con el tráfico de cocaína desde la década del 1970 hasta la del 1990.

Grupos guerrilleros como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) han participado en el comercio de cocaína durante décadas, junto con antiguas organizaciones paramilitares. Sin embargo, fue el aumento del precio del oro a principios de la década del 2000 lo que permitió a los grupos armados y a los criminales diversificarse hacia otras actividades económicas, explotando aún más los recursos naturales y el medioambiente a mayor escala. En primer lugar, el acuerdo de paz de Colombia, firmado en 2016, llevó a 13 000 combatientes de la mayor guerrilla del continente, las FARC, a deponer las armas y abandonar la selva tropical. Sin embargo, la deficiente ejecución del acuerdo provocó un vacío de poder. Este fue rápidamente ocupado por facciones disidentes de las FARC y otros grupos armados, que siguen disputándose agresivamente el control de las zonas de cultivo de coca, las rutas del narcotráfico y las regiones ricas en minerales. En segundo lugar, tras firmar un decreto en 2016 que abría 112 000 kilómetros cuadrados de tierras venezolanas en el estado de Bolívar, fronterizo con Colombia, Brasil y Guyana, para el desarrollo minero, denominado Arco Minero del Orinoco, el presidente venezolano Nicolás Maduro no promovió un sector minero formal. Las organizaciones criminales locales aprovecharon la oportunidad y ampliaron agresivamente su control sobre las zonas de extracción de oro, a menudo en connivencia con las fuerzas de seguridad del Estado y con el respaldo de las altas esferas de poder.

 

El Parque Nacional Tingo María, uno de los mejor conservados puede afrontar problemas de sostenibilidad por la falta de estrategia y presupuestos. Captura revista institucional.

Los grupos criminales venezolanos no estaban solos: grupos guerrilleros colombianos, incluido el ELN y facciones disidentes de las FARC, también aumentaron su presencia dentro y fuera del Arco Minero del Orinoco. El aumento de la presencia de grupos armados que intentan controlar las regiones ricas en recursos, junto con la disponibilidad generalizada de mano de obra barata debido a la crisis política, económica y humanitaria del país, provocó un aumento sin precedentes de la minería ilegal de oro, lo que transformó radicalmente la situación social, económica y política del sur del país. Por último, una batalla sin cuartel por el control de la Amazonia entre algunas de las organizaciones criminales más poderosas de Brasil (el Primeiro Comando da Capital [PCC], el Comando Vermelho [CV] y la Família do Norte [FDN]) comenzó después de que el CV y el PCC pusieran fin a un pacto de no agresión en 2016, lo que llevó a una serie de masacres en las cárceles y a la reconfiguración del panorama criminal local. La riqueza de la región amazónica ha permitido a estos grupos diversificar y ampliar sus negocios criminales, desplazando la atención hacia la minería ilegal de oro y otras actividades económicas. Además, las cárceles de la región amazónica de Brasil están saturadas de personas en espera de juicio o encarceladas por delitos menores. Esta situación ha permitido que grupos criminales como el PCC y el CV se expandan por la región, al tiempo que reclutan nuevos miembros dentro del sistema penitenciario.

Principales economías ilícitas. Los ciclos de criminalidad y violencia de la región amazónica tienen su origen en el lucrativo y multimillonario comercio ilícito de drogas y minerales, especialmente la extracción ilegal de oro y el tráfico de cocaína, que están inextricablemente relacionados.

Extracción de oro. Se calcula que la extracción ilegal de oro en América Latina mueve entre 3 000 y 12 000 millones de dólares al año. Esto representa una parte significativa de la economía de la región y es una importante fuente de ingresos para las organizaciones criminales. Gran parte del oro ilegal se extrae en la Amazonia, con alrededor de 4 500 focos de minería ilegal identificados en la región en 2020. Las zonas más afectadas son el sur de Venezuela, en particular el estado de Bolívar, y los estados brasileños de Pará y Roraima, pero también se está expandiendo en Ecuador, Perú y Venezuela. La mayoría de los grupos criminales presentes en la Amazonia están implicados en la minería ilegal de oro, aunque de diferentes maneras. Esta economía criminal es una de las principales fuentes de ingresos de los grupos armados no estatales colombianos, que se dedican a ello desde la década del 1990.

Esta actividad también figura en el abanico criminal del PCC, especialmente en los estados de Roraima y Pará. El cártel mexicano de Sinaloa y otros grupos más pequeños también están implicados en el comercio a través del tráfico de mercurio, una sustancia tóxica utilizada en la extracción de oro. En toda Sudamérica, más allá de la región amazónica, el crimen organizado y los grupos armados no estatales suelen estar implicados en otros aspectos de la economía de la minería ilegal de oro. Los miembros del ELN en Colombia y Venezuela pueden ser propietarios del equipo utilizado, mientras que los disidentes de las FARC en Colombia, Brasil y Venezuela añaden impuestos a la producción de oro, y las fuerzas estatales corruptas en Brasil y Venezuela están implicadas en su tráfico. La minería ilegal de oro es también una actividad codiciada para blanquear los beneficios del narcotráfico, y genera los ingresos necesarios para financiar la violencia utilizada por los grupos criminales para controlar territorios y comunidades. En Brasil, por ejemplo, una fuente de las fuerzas de seguridad afirmó que el CV compra oro ilegal como inversión o para utilizarlo como pago por los envíos de cocaína y cannabis.

Repercusiones de la extracción ilegal de oro en los pueblos indígenas de la Amazonia brasileña. Entre 2016 y 2022, la extracción ilegal de oro en tierras indígenas de la Amazonia brasileña se multiplicó por más de ocho, según datos del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil. En la lista de los territorios indígenas más afectados, los tres primeros son el territorio Kayapó (con 11 542 hectáreas tomadas para la minería), el territorio Munduruku (4 744 hectáreas) y el territorio Yanomami (1 557 hectáreas). La expansión de la minería de oro en estos territorios fue un proyecto político que alcanzó su auge durante la administración del expresidente Jair Bolsonaro (2019–2022), que desmanteló los organismos de supervisión ambiental, persiguió a líderes y organizaciones indígenas y se alió con mineros que explotaban territorios tradicionales. La expansión de la extracción de oro ha tenido graves consecuencias socioambientales. En las tierras de los mundurukus, yanomamis y kayapós, ríos enteros han sido alterados o contaminados con mercurio. En 2021, investigadores descubrieron que los 200 residentes evaluados de tres aldeas mundurukus a lo largo del río Tapajós estaban contaminados con mercurio, con niveles más altos en las zonas más afectadas por las actividades mineras. Los conflictos sociales dentro de las comunidades indígenas y la violencia contra defensores indígenas de la tierra alcanzaron su punto más álgido con la afluencia de mineros ilegales. La persecución, intimidación y otros actos de violencia contra líderes indígenas son habituales en las zonas disputadas por los mineros. La misma violencia ha invadido territorios yanomamis en el estado de Roraima, donde la extracción ilegal de oro ha provocado graves epidemias de malaria, desnutrición infantil y ataques violentos contra las comunidades y los líderes que se resisten a su invasión. La minería ilegal de oro y las organizaciones criminales se han expandido en paralelo. La producción de oro en los garimpos (minas) suele estar vinculada a otros crímenes, desde delitos medioambientales y contra la propiedad pública hasta trata de personas, la explotación sexual de mujeres y niños y la esclavitud moderna. La relación entre minería ilícita y narcotráfico también se ha profundizado: basándose en informes de los garimpeiros, una investigación de 2021 de la red de periodistas Amazonia Real exploró cómo miembros del PCC podrían estar operando en tierras indígenas.

Tráfico de drogas. La coca, la principal materia prima utilizada para producir cocaína, se cultiva extensamente en la Amazonia. Aunque Colombia es el mayor productor mundial, la mayor parte del cultivo de coca en la región amazónica tiene lugar en Perú. Debido a la creciente demanda de cocaína en Europa y a los mercados en desarrollo de África, Oriente Medio y Asia, los narcotraficantes utilizan cada vez más las rutas amazónicas. Los cientos de ríos y pistas de aterrizaje clandestinas diseminados por la región ofrecen amplias oportunidades para el tráfico, ya que las fuerzas del orden carecen del personal y los recursos necesarios para patrullarlos. Los grupos criminales utilizan varios puertos marítimos de Brasil, así como de Guyana y Surinam, para exportar la mayor parte de la cocaína a Europa y África Occidental. Se calcula que grandes cantidades pasan por Venezuela y se transportan en embarcaciones semisumergibles hasta mar abierto, donde la droga se carga en buques que parten de otros países. Aunque Colombia y Perú siguen siendo los mayores productores, los cultivos de coca han migrado a través de las fronteras hacia Venezuela e incluso se han detectado algunos cultivos en Ecuador. La actual crisis política y de seguridad en Ecuador ha generado una intensificación de la violencia en 2022 y 2023. Las redes criminales se han aprovecharon del débil control en las ciudades portuarias y han empezado a mover grandes cantidades de cocaína por el país. Además, el creciente número de laboratorios de clorhidrato de cocaína detectados en Bolivia indica que el país está pasando de ser un lugar donde se cultiva y transporta la hoja de coca a un productor del producto final: la cocaína.

Las industrias en torno al negocio de la droga en la región amazónica, incluidos el comercio de precursores y el robo de combustible o petróleo crudo para la producción de coca, requieren más investigación, así como los impactos medioambientales asociados. Un estudio realizado en 2023 por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito destacó los vínculos entre la corrupción, la violencia y la reinversión del dinero de la droga en otras industrias, a veces legales, que causan daños medioambientales, como la ganadería y la agricultura. Los asesinatos del activista de los derechos indígenas Bruno Pereira y del periodista Dom Phillips en la región brasileña de Vale do Javari pusieron de relieve los vínculos entre el tráfico de drogas, la pesca ilegal y la caza furtiva. Aunque el tráfico de cocaína domina el panorama del narcotráfico en la región, no hay que subestimar el tráfico de cannabis, sobre todo por la gran demanda de cannabis potente, a menudo llamado skunk o creepy, que proporciona grandes ganancias a las organizaciones guerrilleras colombianas. El precio de un kilogramo de pasta base de cocaína en el Amazonas es con regularidad el mismo que el de un kilogramo de cannabis potente.

Trata de seres humanos y esclavitud moderna. La trata de personas en la región está vinculada a la discriminación estructural de las comunidades indígenas en el mercado laboral. Esta discriminación se caracteriza por factores como el racismo sistémico, la falta de educación y el aislamiento social debido a la carencia de medios de subsistencia y a la lejanía de sus pueblos. Las víctimas se ven obligadas a aceptar condiciones de trabajo explotadoras y precarias, a menudo vinculadas a actividades criminales como la minería ilegal. También se recluta a mujeres y niños para la minería y otras actividades ilícitas. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos informó de un aumento significativo de la explotación sexual y la trata de personas en las zonas mineras en el sur de Venezuela, incluso de menores, con casos de niños de tan solo nueve años trabajando en las minas. También se han denunciado casos de tráfico sexual, esclavitud moderna y explotación en Madre de Dios, zona de la minería ilegal de oro en Perú, y en zonas como el distrito minero del estado brasileño de Pará.

Punto de inflexión. El tan debatido punto de no retorno para la Amazonia, a menudo denominado «punto de inflexión», se refiere a acontecimientos climatológicos y ecológicos. Pero, ¿hasta qué punto puede la Amazonia estar infiltrada por organizaciones criminales para poder decir que las economías ilegales violentas se han impuesto al resto? La ausencia de instituciones estatales o su complicidad con organizaciones criminales en amplias zonas de la Amazonia ha permitido a las redes criminales dominar la selva y establecer operaciones económicas que superan con creces los presupuestos de los gobiernos que intentan contrarrestarlas. Esto provocó restricciones presupuestarias en las operaciones policiales, aumentando las oportunidades del crimen organizado para estrechar su control sobre el Amazonas. Mientras tanto, el aumento de la demanda de cocaína y la subida del precio del oro han hecho que el control de la Amazonia se transforme en primordial para las redes de crimen organizado, con muchas ciudades portuarias brasileñas y ecuatorianas transformadas en principales puntos de salida, y las poblaciones locales en mano de obra barata. Los beneficios de la extracción ilegal de oro, en la que ahora participan el crimen organizado y grupos como el PCC y el ELN, permiten a estos grupos sobornar a altos cargos de las fuerzas del orden, jueces y políticos locales, lo que hace que la región sea más vulnerable a la corrupción. Dos detenciones de alto nivel en el estado brasileño de Amazonas han apuntado a una posible corrupción generalizada en las altas esferas del aparato de seguridad. Si no se aborda la corrupción en la región, es difícil concebir una estrategia de conservación eficaz para la Amazonia. Aunque el punto de inflexión para la Amazonia aún no ha llegado, hay indicios preocupantes de cómo se vería ese escenario. Por ejemplo, en algunas zonas de los estados brasileños de Amazonas, Roraima y Pará, los mineros, madereros y ganaderos ilegales generan más ingresos que el presupuesto gubernamental destinado a combatirlos. Este es el resultado directo de los recortes presupuestarios a las agencias gubernamentales responsables de proteger los territorios indígenas y el medioambiente, como la Fundação Nacional dos Povos Indígenas y el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables. Con bajos presupuestos o escasa presencia estatal, invertir las tendencias criminales es un reto prácticamente imposible.

En Venezuela, la complicidad del Estado con la minería ilegal de oro y el narcotráfico dentro de las fronteras del país ha creado una bonanza para las economías ilícitas que explotan la Amazonia. Esto ha abierto la puerta a que grupos armados no estatales tomen el control de vastas regiones ricas en recursos y posicionen sus fuerzas cerca de fronteras estratégicas. Como resultado, la situación de seguridad se ha vuelto cada vez más difícil de revertir, incluso si existiera la voluntad política de hacerlo. En Colombia, un preocupante problema de falta de gobernabilidad afecta al Instituto Nacional de Parques.

En toda la Amazonia, las redes criminales saben explotar las debilidades y la falta de cooperación entre los Estados amazónicos, utilizando las fronteras como refugios seguros para multiplicarse y eludir las esporádicas medidas represivas de las fuerzas del orden. Grupos que inicialmente controlaban una actividad económica concreta han diversificado ahora sus carteras criminales por toda la Amazonia. A medida que se amplían las oportunidades económicas, no hay motivos para creer que los grupos armados dejarán de crecer y de intensificar su violencia, tanto entre ellos como contra la población civil y los líderes sociales e indígenas, al tiempo que causan estragos en el ecosistema amazónico.

Respuestas como estrategias para mejorar la trazabilidad de las materias primas amazónicas y trabajar para reducir la demanda global, el desarrollo de formas alternativas de sustento para las comunidades locales y los debates sobre estrategias coherentes de seguridad transfronteriza solo podrían empezar a abordar las cuestiones en juego. Las ilimitadas perspectivas de enriquecimiento, combinadas con el potencial – en gran medida desaprovechado – de economías como el tráfico de especies silvestres, contribuyen a un escenario que probablemente empeorará.

Sin embargo, no todo está perdido, ya que hay importantes lecciones que aprender de la sociedad civil local. Las comunidades indígenas de la Amazonia han sido de las más activas a la hora de hacer frente a estas organizaciones criminales, demostrando resiliencia y capacidad de adaptación. Los guardias indígenas que patrullan vastos territorios han logrado impedir que las actividades económicas y los grupos criminales penetren más profundamente en sus tierras ancestrales. Hay muchos ejemplos de uso de herramientas tecnológicas, como drones y dispositivos GPS, para vigilar sus territorios, frenar la deforestación y expulsar a los mineros ilegales. Por desgracia, no puede decirse lo mismo de los gobiernos, ya que a menudo falta cooperación regional. Mientras los gobiernos no coordinen sus estrategias de seguridad, las medidas enérgicas, las políticas antidroga, los planes de desarrollo rural y los marcos jurídicos para los delitos contra el medioambiente, el crimen organizado seguirá moviéndose de una economía ilícita a otra, cruzando fronteras en busca de las mejores oportunidades al menor coste y riesgo.

Los recientes compromisos públicos de los presidentes de Brasil y Colombia (los mayores países amazónicos en términos de población y economía) sobre la importancia de proteger la Amazonia, y la cumbre de agosto de 2023 de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, que produjo una declaración conjunta, podrían ofrecer oportunidades para avanzar en una agenda regional que priorice tanto el medioambiente como la seguridad de los habitantes de la región. La cooperación es la clave para salvar lo que queda de la Amazonia.

La investigación original la puede encontrar en el siguiente link. https://mcusercontent.com/80161fe385606408293ae0e51/files/3dc2f26d-e547-975aa343172fc2d8c786/Amazon_underworld_Economi_as_criminales_en_la_mayor_selva_tropical_del_mundo._GI_TOC_Noviembre_2023.pdf?mc_cid=1417b915c5&mc_eid=af1220a7e7

• MSc. En Organizaciones sin Fines de Lucro y Cooperación Internacional. Ingeniero Agrónomo – Especialista en Periodismo y Ciencias de la Información.