Perú y Latinoamérica: Las 7 Plagas de la Crisis y decadencia.

Felipe A. Páucar Mariluz*

El dúo del poder peruano parece funcionar bien en público, pero la procesión que va por dentro o la apariencia indique lo contrario. No la chuntaron y en percepción de un sector de peruanos estamos igual o peor que con Pedro Castillo. Cortesía La República.

A lo largo del 2023 y en lo que va del 2024, la falta de transparencia, la arbitrariedad, la incapacidad administrativa y pobreza moral es lo que caracterizó a los representantes de los gobiernos: nacional, regional y local, con algunas excepciones. Se ha continuado la reprochable costumbre de los negociados en obras públicas, los privilegios y acomodos del poder mediático en beneficio de pocos y en detrimento de las mayorías, que por décadas dejaron el resultado negativo de cientos de obras defectuosas o paralizadas, el caos y anarquía en los espacios urbanos, rurales y marginales y la arbitrariedad en lo administrativo. Los responsables de desgobiernos infames miran de costado y en cada puesta de primera piedra o inauguración arman eventos folklóricos con portátiles pagadas para promocionarse como futuros candidatos a un cargo superior cuando sugestión hace agua y poco les importa hacerlo con los presupuestos que el Estado les asigna para superar la pobreza y generar desarrollo. La Contraloría general de la República nos atiborra con sus informes sobre fiscalización y control que al no tener efecto vinculante son letra muerta.  Hasta hace unos años la autocensura en medios, periodistas y comunicadores se daba por un contrato o una propina sacada del bolsillo del mandamás corrupto, hoy avanzaron hacia el despeñadero y exigen ser parte de la corrupción en la asignación de obras por administración directa como pago a la complicidad y el silencio.

Desgobiernos legítimos e ilegítimos. El Gobierno y el Congreso de Perú cerraron el 2023 con un 90 % de desaprobación ciudadana, según una encuesta realizada por la empresa privada Datum y publicada por el diario El Comercio. En cuanto a la labor que desempeña el Gobierno, el 88 % señaló que la desaprueba y solo el 9 % la respalda. El estudio añadió que el Congreso recibe un 88 % de rechazo y solo es aprobado por el 7 % de los peruanos. Además, el Poder Judicial tenía un 15 % de aceptación y un 78 % de desaprobación, mientras que un 73 % de peruanos rechazaba la labor como fiscal general de Patricia Benavides, quien fue suspendida del cargo por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) debido a que se le sigue una investigación por tráfico de influencias. Además, un 54 % se mostró en desacuerdo con la decisión de suspender en el cargo al fiscal Rafael Vela, quien era el coordinador del equipo especial que investiga en Perú el caso Lava Jato -la corrupción que involucra a diversas empresas acusadas de pagar coimas a funcionarios públicos-. En general, el 59 % de los peruanos opinó que en su país no hay una independencia de poderes, el 33 % que esta sí existe.

Corrupción inmoral. “El 30 de enero de 2024 fue presentada la nueva edición del Índice de Percepción de la Corrupción (CPI) correspondiente a 2023, publicado por Transparencia Internacional. Este indicador se elabora desde 1995 y mide las percepciones de corrupción en el sector público mediante la evaluación de expertos y ejecutivos empresariales a lo largo de 180 países. Con una puntuación de 33 sobre 100, el Perú alcanzó la posición 121 en esta oportunidad, una caída de 20 posiciones con respecto a la obtenida en 2022 (puesto 101) y de 35 posiciones si se compara con la obtenida en 2014 (puesto 85). El CPI evalúa nociones como el número de comportamientos corruptos registrados en el sector público (sobornos, malversación de fondos o tráfico de influencias, entre otros), así como los mecanismos disponibles para prevenir la corrupción (como la existencia de leyes adecuadas), todo esto para dar un veredicto. No obstante, no todos participan en la evaluación de cada uno de los 180 países participantes. En el caso del Perú, ocho evaluadores se encargaron de determinar su puntaje y posición actual en el ranking.

Otros factores que explican el desempeño del Perú en el CPI son los abruptos cambios de Gobierno registrados entre los años 2017 y 2022 (6 en total), con cinco expresidentes bajo investigación. Además, se menciona que la participación cada vez mayor de una coalición mayoritaria del Congreso de la República en el sistema de justicia es motivo de preocupación, al igual que la presunta presencia del crimen organizado en los propios partidos políticos. Asimismo, se critica el hecho de que reformas como la modernización del servicio público, la mejora del régimen de integridad pública y una mayor autonomía de la autoridad de transparencia hayan sido postergadas u obstaculizadas… En 2022 estimó un perjuicio de S/ 24,419 millones por actos de corrupción, casi cuatro veces el presupuesto público destinado a proyectos de saneamiento en 2023 a nivel nacional (S/ 6,335 millones). Cusco se destaca como el departamento con el mayor impacto negativo con un total de S/ 1,601 millones en perjuicios. En contraste, Madre de Dios figura como el departamento con menores perjuicios, al registrar solo S/ 98 millones.” (https://www.comexperu.org.pe/articulo/peru-se-situa-entre-los-paises-con-mayor-percepcion-de-corrupcion-en-el-mundo)

Autoritarismo y derechos humanos. “Los jueces sin rostro de los años 90 fracasaron al no administrar justicia.. En 1996, Alberto Fujimori reconoció que había mucha gente inocente en prisión, por lo que promovió y creó la comisión de indulto y derecho de gracia del padre Hubert Lanssiers. Luego, 2.500 procesos por terrorismo tuvieron que repetirse… Los jueces sin rostro implementados entre los años 1992 y 1997 para la lucha contra el terrorismo fueron un fracaso total. A pesar de esta mala experiencia, el congresista Juan Burgos Oliveros plantea que se vuelvan a implementar para combatir el avance de la violencia social y el crimen organizado en el país… Más de mil personas inocentes estaban presos injustamente acusadas de terrorismo y traición a la patria. Ante esta trágica realidad, en 1996, el propio Fujimori reconoció los excesos e impulsó una ley para implementar una comisión ad hoc de indultos y derecho de gracia para revisar caso por caso.

Por recomendación de la comisión Lanssiers, entre 1996 y el 2000, Fujimori liberó por indulto y derecho de gracia a 513 inocentes. La revisión continuó en los años siguientes. En el gobierno de Valentín Paniagua se liberó a 227 inocentes y con Alejandro Toledo, otros 131 inocentes recuperaron su libertad… El daño que se cometió contra ellos nunca ha sido reparado por el Estado… Volver a realizar los juicios fue todo un problema. Muchos testigos habían muerto y otras pruebas desaparecieron por el paso del tiempo. Pero los juicios se realizaron y los que eran culpables fueron condenados, en juicios que respetaron la ley, a penas de cadena perpetua o superiores a 25 años… El problema de los jueces sin rostro es que no hay forma de controlar su trabajo ni  la investigación, el recojo de las pruebas o el debido proceso. Con los jueces sin rostro, la investigación quedó en manos de la policía. Tras la detención, el policía definía si el detenido era inocente y quedaba en libertad, si había cometido terrorismo, pasaba a los fiscales y jueces del fuero común, o traición a la patria, y era puesto en manos de los tribunales militares. Con lo cual, el atestado policial se convirtió en prueba definitiva e incuestionable. Las declaraciones de arrepentidos, colaboradores y testigos, muchas veces obtenida bajo tortura y sin participación de abogado defensor, no podían ser contradichas. Los jueces militares completaban la investigación, juicio y sentencia en cinco días. Se reportaron casos en los que tribunales en un solo día habían juzgado y condenado 15 casos distintos. Abogados o familiares que pudieron observar el área de seguridad de los jueces vieron que no había ningún magistrado. Nadie los estaba escuchando en las audiencias… Repetir todos estos problemas sería fatal para el país. Sendero Luminoso y el MRTA fueron grupos estáticos y con mando único. Las organizaciones criminales se renuevan y cambian constantemente. Cae un cabecilla y otros dos toman su lugar (https://larepublica.pe/politica/2024/02/11/los-jueces-sin-rostro-de-los-anos-90-fracasaron-al-no-administrar-justicia-alberto-fujimori-terrorismo-en-el-peru-golpe-de-estado-corte-interamericana-de-derechos-humanos-550594)

Impunidad y Obstrucción a la justicia. Acuerdos secretos e ilegales con la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, compra de votos al fujimorismo a cambio de destituir a la JNJ, pedidos para expectorar a los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez: las revelaciones son motivo suficiente para nuevas investigaciones fiscales contra Keiko Fujimori… Keiko Fujimori reclamó el archivamiento del caso en su contra por crimen organizado, lavado de activos y obstrucción a la justicia, cuyo juicio se inicia el primero de julio próximo. Lo hizo luego de comentar las declaraciones del colaborador eficaz Jaime Villanueva, exasesor de la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides…El interrogatorio a Jaime Villanueva se produjo el 30 de enero a instancias de la fiscal suprema Delia Espinoza Valenzuela, especializada en delitos de funcionarios públicos, con la presencia de los fiscales Reynaldo Abia, Johana Pacheco y Nohelia Mengoa, con la intervención de los abogados de Villanueva y Patricia Benavides.

Casi todos nuestros graves problemas y la crisis decadente se deben en parte a la corrupción enquistada en medios de comunicación, periodistas y comunicadores. Foto captura Fundamedios.

El exasesor Jaime Villanueva relató que a nombre del fujimorismo (léase Keiko Fujimori), Martha Moyano reclamó a Patricia Benavides por qué se inició investigación contra la mandataria Dina Boluarte y el premier Alberto Otárola por la matanza de civiles durante las protestas antigubernamentales, porque también afectaba a Keiko Fujimori. “(Moyano) le dijo por qué ella había hecho eso, si el fujimorismo, así como la apoyaba a ella (Benavides), también estaba apoyando al Gobierno. Y esa (la denuncia) no era una buena señal porque debilitaba al Gobierno una investigación por genocidio”, relató Jaime Villanueva. Estos hechos podrían motivar una nueva investigación contra Keiko Fujimori e integrantes de la cúpula de Fuerza Popular. (https://larepublica.pe/politica/2024/02/10/keiko-fujimori-delatada-por-el-colaborador-eficaz-jaime-villanueva-fiscal-de-la-nacion-fuerza-popular-lava-jato-517194)

Los millonarios delitos ambientales. Varios países están ampliando sus leyes y códigos penales para combatir las actividades ilegales que degradan la naturaleza, pero siguen existiendo muchas lagunas… Los delitos ambientales son la cuarta actividad delictiva más lucrativa del mundo. La deforestación ilegal, la minería, la pesca y el comercio de especies silvestres entre sus formas más habituales, se han convertido en un enorme motor financiero, que en 2018 se estimaba generaba entre 110 000 y 281 000 millones de dólares en ingresos ilícitos anuales a nivel global, según datos de Interpol. Países como Francia y Bélgica han dado grandes pasos en la creación de marcos jurídicos para frenar estos delitos contra el medioambiente de bajo riesgo y altas ganancias, mientras que el año pasado se puso en marcha la Alianza Mundial contra los Delitos contra la Naturaleza. América Latina es especialmente susceptible de sufrir delitos contra la naturaleza debido a su rica biodiversidad y a la abundancia de recursos minerales. La región está empezando a dar pasos importantes para desarticular las redes delictivas transnacionales asociadas, y gobiernos han comenzado a elaborar leyes que permiten aplicar sanciones económicas más duras, e incluso establecen responsabilidades penales para los infractores. Venezuela y Brasil, por ejemplo, tienen normativas específicas, mientras que Bolivia otorgó derechos legales a la naturaleza en 2010. Ecuador fue pionero en 2008  al reconocer los derechos constitucionales del medioambiente y luego agregar delitos ambientales específicos a su Código Penal en 2020… A pesar de ello, la mayoría de los países latinoamericanos todavía enfrenta dificultades para hacer cumplir sus leyes y políticas ambientales, afectadas por los altos niveles de corrupción, señala un informe elaborado por el Michelsen Institute for Science and Intellectual Freedom (CMI). Según explica el documento, en países como Bolivia, México y Honduras, por ejemplo, los sobornos a la policía por parte de traficantes ilegales de madera son frecuentes. Pero la corrupción, a su vez, también puede dar lugar a la aplicación “selectiva o sesgada” de las leyes ambientales -como centrarse en los pequeños infractores en lugar de los más poderosos-, o permitir la interferencia política o supresión del trabajo judicial o policial ante una investigación de este tipo… Uruguay es un ejemplo en ese sentido. En el país no existe la figura del delito ambiental dentro del Código Penal, razón por la que las sanciones ante conductas ilícitas implican multas o mecanismos administrativos, como el cierre de empresas.

Chile es otro país que se ha propuesto actualizar su marco normativo de cara al aumento de los delitos ambientales y ha logrado importantes avances. Es así que con el fin de brindar una respuesta suficiente a los reclamos sociales y políticos, el gobierno aprobó a mediados de 2023 una reforma de su Código Penal que contempla por primera vez el delito medioambiental. Colombia también ha buscado generar un cambio en su normativa ambiental, al aprobar una Ley de Delitos Ambientales en 2021. Además de tipificar la deforestación, crea otros cinco delitos ambientales -entre ellos el tráfico de fauna silvestre, la apropiación ilegal de baldíos y la financiación de estas actividades- y aplica sanciones penales más estrictas. En 2008, Perú puso en marcha una ley que modifica su Código Penal y sanciona con penas de hasta 10 años de prisión los delitos contra el ambiente y los recursos naturales. Debates similares se están llevando a cabo también en México –que discute actualmente la elaboración del primer Protocolo sobre Justicia Ambiental– y Brasil, donde el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva pretende revertir la crítica situación de la Amazonía a través de nuevas políticas ambientales como el PPCDAm, un plan de acción para contrarrestar la deforestación con competencias que incluyen firmes medidas coercitivas. La región amazónica se ve afectada por un sin fin de actividades ilícitas por parte de organizaciones delictivas transnacionales que destruyen la selva debido al narcotráfico, la tala ilegal, la minería y la ganadería ilegales. Según un informe del año pasado, los grupos delictivos actúan en el 70% de los municipios de las zonas fronterizas de Brasil, Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia y Venezuela.

Argentina es uno de los países de América Latina que se encuentra más rezagado en materia de normativa ambiental. No cuenta con legislación específica sobre los delitos ambientales en el ámbito penal ni tribunales que los juzguen. Esto es especialmente relevante por los altos niveles de deforestación de Argentina. En 2023 se deforestaron 126 000 hectáreas de tierra (aproximadamente 176 470 campos de fútbol) en el norte del país, que es la zona más afectada a nivel nacional según un informe de Greenpeace. El Código Penal argentino, sancionado en 1921, no hace referencia directa al medioambiente. El código sólo castiga la degradación de la naturaleza a través del derecho de propiedad. Por ejemplo, si una persona provoca un incendio forestal que daña la propiedad o causa muertes, puede recibir hasta 10 años de prisión. No hay nada en la legislación argentina que aborde el daño a los ecosistemas… “Argentina es un país con mucha retórica y con poca acción. Hay muy buenos proyectos de ley, varios en discusión en el Congreso, pero hay poco consenso político para que avancen”. Año tras año, los delitos medioambientales en América Latina -en particular la deforestación ilegal- representan un grave problema. Como se cita en el estudio del CMI, en 2017 se estimó que entre el 50% y el 90% de la madera exportada desde América Latina era de origen ilegal. Además, un informe de 2020 de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional estableció vínculos entre la deforestación ilegal en México y grupos internacionales de narcotraficantes. Ese mismo año, 20 países latinoamericanos adoptaron la Declaración de Lima sobre el Comercio Ilegal de Vida Silvestre y se comprometieron a adoptar medidas destinadas a frenar los delitos contra la fauna y la flora. El vertido y transporte ilegal de residuos peligrosos también afectan a esta parte del mundo: el informe del CMI describe a América Latina como destino de los residuos tóxicos de los países desarrollados. En cuanto a la minería ilegal, la Amazonía se considera un punto caliente: hasta 2020 se habían documentado más de 2.300 yacimientos en seis países amazónicos. El informe del CMI advierte un “fuerte vínculo” entre la minería ilegal y los grupos de delincuencia organizada en América Latina. Al respecto, Costa afirmó que, frente al avance legislativo de Chile en la materia, ha existido “un cierto resquemor” por parte de algunas actividades económicas por lo que esto podría significar para sus actividades. En Uruguay, sostuvo el abogado Marcelo Cousillas, director del Área Jurídica del Ministerio de Ambiente uruguayo, quien sin embargo consideró que mejorar la normativa ambiental pone a un país en una situación privilegiada. .(https://ipsnoticias.net/2024/02/america-latina-expande-el-marco-legal-contra-los-delitosambientales/#utm_source=email_marketing&utm_admin=146128&utm_medium)

Crimen organizado, violencia y tráfico de drogas.  Mientras países como México, Colombia, Brasil, etc., se desangran por décadas debido a la extrema violencia del crimen organizado vinculado al narcotráfico, en el Perú la Data Negra indica que se incrementaron la hectáreas de coca plantadas y el tonelaje de cocaína producida en pozas de maceración o laboratorios rústicos en 16 de las 25 regiones, aunque felizmente la violencia no tuvo ribetes de terror salvo en la regiones de Lima, La Libertad, Piura, Loreto, Ucayali, San Martín, donde existen otros factores que explican el incremento de casos de asesinatos, secuestros y extorsión.  

“El 9 de enero la violencia que desde hacía años padecía el pueblo ecuatoriano escaló en buena parte del territorio después de que un conocido líder de una pandilla desapareció de prisión. Se reportaron explosiones, saqueos, tiroteos y vehículos incendiados, y hubo disturbios en varias cárceles. Hombres armados irrumpieron en un estudio de televisión durante una transmisión en vivo. Se produjeron ataques a hospitales y universidades. El saldo fue de 14 muertos. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, que asumió el 23 de noviembre de 2023, decretó el “conflicto armado interno” y declaró a las bandas criminales “como organizaciones terroristas y actores no estatales beligerantes”. En su campaña presidencial, había prometido “mano dura”, una de las medidas que, junto con la militarización de la sociedad (con tropas yanquis incluidas), siempre se presentan como la solución. Aunque la experiencia histórica demuestre que, lejos de serlo, son parte del problema. Un problema complejo e inherente al sistema capitalista. La Corte Constitucional de Ecuador notificó el 23 de enero su dictamen sobre el tratado de cooperación militar marítima entre Estados Unidos y Ecuador, y determinó que no es necesario que el trámite pase por la Asamblea Nacional. El objetivo es que ambas partes puedan “prevenir, identificar, combatir, impedir e interceptar las actividades marítimas transnacionales ilícitas”, por la “urgente necesidad” de luchar contra el crimen organizado transnacional.” (La vieja estafa de la lucha contra el narcotráfico como excusa para el injerencismo imperial. Pablo Bilsky). Otros países como Argentina, Bolivia, Uruguay, Paraguay, Costa Rica, también incrementaron sus niveles de violencia por la actividad criminal que también en muchos casos está vinculada al tráfico de estupefacientes.

La mentira como instrumento de manipulación.  “La verdad es que hemos aprendido a convivir, aceptar y normalizar las mentiras como parte de nuestra realidad… En España se ha emitido un popular programa de televisión que llevó por nombre el Club de la Comedia y permitía la presentación de humoristas y comediantes, mientras que en Tamaulipas, México, funciona un restaurante llamado el Club de las Mentiras, habiendo otros más en varios estados mexicanos. En otro artículo hice alusión al magnífico libro de Paul Ekman “Cómo detectar mentiras” (que luego se transformó en una serie televisiva) y a una de las autoras peruanas que más ha estudiado este fenómeno: me refiero a Rosa María Cifuentes, pues su texto “Miénteme si puedes”, nos descubre cómo nuestros cuerpos hablan, cuando lo que tenemos en nuestro interior se esconde o calla. El proverbio reza que las mentiras tienen las patas cortas y la historia de las mentiras es tan vieja como la profesión más antigua del mundo, donde de paso, tú pagas para que te mientan. Los mentirosos se justifican en que lo que importa no es el marco de referencia de la moral sino el de la supervivencia, o sea en el “todo se vale”. Políticos, empresarios, artistas, deportistas, niños, jóvenes y adultos, todos hemos caído en una mentira y si nos atrapan, usamos todo tipo de argumentos, el más generalizado es el “te mentí para no hacerte sufrir” o que simplemente era una “mentirilla blanca, inofensiva”… La ventaja de la experta Rosa María Cifuentes es que, al elaborar un compendio sobre el lenguaje no verbal (que ocupa el 85% de la comunicación humana), ella puede ir por la calle o entrar a un ascensor o restaurante y descubrir a los que mienten y por la práctica, ya lo hace de forma automática.” (https://pqs.pe/opinion/el-club-de-las-mentiras-por-luis-fernando-nunes/).

• MSc. En Organizaciones sin Fines de Lucro y Cooperación Internacional. Ingeniero Agrónomo – Especialista en Periodismo y Ciencias de la Información.