Periodismo Decadente. La Herencia Perversa.

 Felipe A. Páucar Mariluz*

 

“La gente que combate el fuego con fuego, usualmente termina con solo cenizas.” Abigail Van Burén.

"El Perú ya vivió en los años noventa lo que ocurre cuando un gobierno decide que su tolerancia tiene un límite. Lo viven actualmente diversas dictaduras enquistadas en el poder en el mundo. Por eso vale la pena cuestionar estas frases antes de que se normalicen." (La República, 30/09/2026).

El ejercicio del periodismo en el Perú atraviesa un escenario sumamente complejo, marcado por una profunda transformación tecnológica, inestabilidad política, presiones de diversa índole y una crisis estructural en los modelos de negocio. En un contexto de crisis de gobernabilidad constante, la cobertura periodística corre el riesgo de verse arrastrada hacia trincheras ideológicas, lo que debilita el rol fiscalizador neutral y objetivo que la ciudadanía demanda. La transición de los medios tradicionales (impresos y televisión abierta) hacia el entorno digital ha disminuido drásticamente los ingresos por publicidad física, lo que conduce al mercenarismo espacio del crimen organizado, tal como sucedió con mayor énfasis en la década de 1990.

 

Historia y Memoria.

La Historia y Memoria, son dos motores interconectados pero distintos en la construcción de la identidad nacional del Perú. Mientras que la Historia sistematiza los hechos a través del método crítico y las fuentes. La Memoria representa las vivencias ocurridas y transmitidas por las comunidades, los pueblos originarios y los colectivos ciudadanos mediante escritos, imagen y voz. El trabajo sobre el periodo de violencia política o Conflicto armado interno (1980–2000) ha demostrado la importancia de la verdad, la reparación e institucionalización de espacios de memoria como el Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM). Conocer el impacto de los abusos de poder y la corrupción a lo largo del siglo XIX y XX ayuda a fortalecer la conciencia ciudadana frente a las amenazas institucionales en la actualidad. Es tarea cívica enfrentar los intentos por reescribir la Historia o modificar la Memoria según intereses mezquinos de grupos elitistas adscritos al crimen, autoritarismo y corrupción.

 

Dictadura y Democracia.

 La resistencia a la dictadura fujimorista en el Perú durante la década de 1990 constituyó un proceso multisectorial que enfrentó la captura de las instituciones democráticas, la corrupción sistemática y las violaciones a los derechos humanos tras el autogolpe de Estado del 5 de abril de 1992. El régimen instaurado por Alberto Fujimori y su asesor de inteligencia, Vladimiro Montesinos, se sostuvo sobre el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), el sometimiento y control de las Fuerzas Armadas y de los poderes Judicial y Legislativo. El Autogolpe de 1992. La disolución del Congreso e intervención de los tribunales justificó la concentración del poder bajo el discurso de la lucha contra el terrorismo y la estabilización económica. Control mediático. El régimen cooptó paulatinamente las líneas editoriales de la televisión abierta y financió la prensa chicha para desacreditar a la oposición. Los frentes de resistencia civil y política. La oposición al régimen se organizó en diversos frentes que cobraron mayor firmeza hacia la segunda mitad del decenio. Movimiento estudiantil y universitario. Las universidades públicas, particularmente la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) y la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle (La Cantuta), fueron centros de resistencia pacífica frente a la intervención militar de sus campus. La matanza de La Cantuta (1992) por el Grupo Colina se convirtió en una causa emblemática denunciada permanentemente por los estudiantes. Movimiento laboral y sindicatos. La Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) y diversos gremios de la sociedad civil organizaron paros nacionales y marchas contra las políticas de flexibilización laboral, la privatización de empresas estatales y la flexibilización del régimen del trabajo. Oposición parlamentaria y periodismo de investigación. A pesar de la hegemonía oficialista en el Congreso Constituyente Democrático (1992) y el Congreso de 1995: Fuerzas políticas, dirigentes y congresistas de la oposición denunciaron los abusos de poder y la impunidad impuesta por leyes como la Ley de Amnistía de 1995. Prensa independiente: Medios como la revista Caretas, el diario La República, Canal N (a partir de 1999) y programas de investigación periodística expusieron matanzas, corrupción y el espionaje telefónico del SIN. Organizaciones como el Instituto Prensa y Sociedad, IPYS, el Consejo de la Prensa Peruana, la Asociación Nacional de Periodistas, la Coordinadora Nacional de Radios, CNR, la Asociación Pro Derechos Humanos, Aprodeh, Transparencia Internacional, Amnistía Internacional, la Cruz Roja Internacional, ONU, OEA, entre otros tuvieron un papel relevante en el proceso de resistencia a la dictadura y recuperación de la democracia.

 

Momentos clave de articulación ciudadana: 1996 Referéndum contra la Ley de Reelección Presidencial: Firmas campesinas y ciudadanas violentado por el Congreso oficialista. 1997 Destitución de los magistrados del Tribunal Constitucional. Generó el surgimiento del movimiento cívico "Foro Democrático". 1997. Movimiento de los Lavados de Bandera. Colectivos de la sociedad civil (Colectivo Sociedad Civil) lavan la bandera en la Plaza Mayor en señal de protesta moral. 2000. La Marcha de los Cuatro Suyos (26-28 de julio). Movilización nacional masiva liderada por la oposición tras las fraudulentas elecciones del 2000. Colapso del régimen (2000). El debilitamiento definitivo de la dictadura fue producto de la acumulación de la presión social interna y la presión diplomática externa (misiones de la OEA): Difusión de los Vladivideos: En septiembre de 2000, la revelación del video en el que Vladimiro Montesinos entregaba dinero al congresista Alberto Kouri expuso la red de corrupción que sostenía al régimen. Renuncia y caída: Fujimori viajó a la cumbre de APEC en Brunéi y posteriormente a Japón, desde donde envió su renuncia por fax en noviembre de 2000. El Congreso rechazó la renuncia y declaró la vacancia por incapacidad moral permanente, dando inicio al Gobierno de Transición liderado por Valentín Paniagua.

 

Nuevo fujimorismo. La historia repetida.

 En campaña por la presidencia la señora Fujimori, asumió: “Gobernaré como mi padre”, y su primer discurso como presidenta en la 81 Asamblea de la ONU fijó la posición de su gobierno en contra de los derechos humanos y a favor de las leyes pro crimen y pro impunidad, casi nada sobre la corrupción sistémica e institucionalizada, al que suma la amenaza de cerrar la Cámara de Diputados si no se aprueba la delegación de facultades como ella quiere, “Están poniendo a prueba nuestra paciencia”, (una situación similar le sirvió a Alberto Fujimori para cerrar el Congreso mediante el autogolpe de Estado el 5 de abril de 1992) son gestos arrogantes y retadores que deben ser asumidos por el periodismo independiente afín estar vigilantes de las decisiones que se adopten con relación a la libertad de expresión, prensa, opinión y a todos los derechos constitucionales en riesgo de ser vulnerados. Y, aunque la población ya empezó a cobrarle con la caída del 60 al 42% de aprobación en solo dos meses, la actitud subordinada de un sector de medios y periodistas que han demostrado doblez y sesgo con la integridad y la verdad, nos impone una firme vigilancia. 2. El casi silenciamiento informativo del feroz asesinado de la periodista Susy Aponte Polo, “china polo”, ejecutado por el crimen organizado es un mensaje que evidencia el presunto control que ejercerían poderes ocultos, quienes deciden qué información se difunde y qué se oculta. 3. La conducta reprochable de la periodista Milagros Leiva en el caso de violación de un alumno del colegio Liceo Naval, parcializándose con los violadores y ensañándose con la víctima, es un repudiable mensaje de amedrentamiento que busca la impunidad para los violadores tratados con grandes beneficios y privilegios en reclusión. El Comercio suspendió el programa ‘Siempre a las 8’ que conducía con autosuficiencia. 4. La postura del gobierno y poderes fácticos en contra de los periodistas César Hildebrant y Gustavo Gorriti, entre otros, mediante el acoso y propaganda negra podría ser un recado de lo que puede pasarle a otros periodistas incómodos al dogmatismo y a la criminalidad. 5. No menos alarmante es convivir con medios y periodistas aliados con la corrupción en el poder. Las últimas campañas electorales son un barómetro social difícil de soslayar o mirar de costado, toda vez que la empatía y disciplina gremial ha fracasado. 6. La actitud contra la prensa de su país del mandamás del denominado ‘Escudo de las Américas’, Donald Trump, que vetó a CNN con el argumento que no tenía credibilidad, motivando el respaldo de otros gigantes de la comunicación rechazando tal arbitrariedad e infringiéndole un duro revés a su pose autoritaria y narcisista, debe ser motivo de alerta porque el mal ejemplo cunde o se impone. 7. El periodismo de investigación mediático transita por los pasillos alfombrados de un oficio que según evidencias favorece a los grandes conglomerados de medios y a Ongs., que se disputan las medallas y cartones para seguir recibiendo apoyo de empresas, instituciones u organismos internacionales con el objetivo de un presunto combate a la corrupción y freno al abuso de poder pero que pone énfasis en la viga del ojo ajeno, es algo que no deberíamos pasar por alto. Éstos son algunos hechos que marcan la penosa situaación del periodismo peruano, a pesar de los retos y desafíos por superarla.

 

Crisis y Criminalidad.

 El ejercicio del periodismo y la libertad de prensa en el Perú atraviesan un periodo crítico, caracterizado por una convergencia de riesgos que amenazan tanto la integridad física de los reporteros como el ecosistema de medios independientes. Organismos multilaterales y gremios como la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) y el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) registran un aumento constante en las agresiones e intimidaciones mediante: 1. Crimen Organizado y Sicariato. El incremento de actividades de minería ilegal, narcotráfico, extorsión criminal y corrupción institucionalizada ha expuesto de forma crítica a los periodistas de investigación, en particular en regiones fuera de Lima. Autocensura: Periodistas y medios locales que cubren delincuencia organizada u obras públicas sujetas a corrupción reciben amenazas de muerte directas, obligando a algunas redacciones a suspender investigaciones o retirar contenidos por falta de garantías de seguridad. 2. Acoso Judicial y Guerra jurídica. El acoso judicial mediante querellas por difamación o calumnia formuladas por actores políticos o autoridades se utiliza como herramienta de amedrentamiento. Aunque la mayoría de las denuncias terminan en absolución, someten a los comunicadores a un prolongado desgaste económico, psicológico y profesional que desincentiva el periodismo fiscalizador. 3. Hostigamiento político y retórica estigmatizante. Desde sectores del Poder Ejecutivo, el Congreso de la República y diversos frentes políticos se promueve un lenguaje polarizado que estigmatiza a la prensa crítica. Bloqueo de acceso a la información. Existen barreras institucionales recurrentes para acceder a actos públicos o información oficial bajo el régimen de transparencia. 4. Precarización laboral de la prensa regional: Una alta proporción de reporteros en provincias trabaja de manera independiente (freelance) o bajo la modalidad de alquiler de espacios en medios de comunicación locales, sin respaldo legal, financiero ni de seguridad. Falta de eficacia en los mecanismos de protección: Las fiscalías especializadas y las fuerzas del orden a menudo enfrentan limitaciones presupuestarias o falta de celeridad al atender denuncias por amenazas directas contra hombres y mujeres de prensa.

 

Dignidad e Integridad.

 El periodista ejerce el periodismo sobre el compromiso con la verdad, la independencia ética y la función social frente al poder. La distinción entre el periodista íntegro y el periodista indigno refleja dos concepciones opuestas del oficio: una entendida como un servicio público de fiscalización y otra como un instrumento de propaganda o beneficio particular. El periodista íntegro concibe la profesión como un compromiso indisoluble con la verdad contrastada y el interés público, manteniendo autonomía frente a presiones políticas, económicas o ideológicas. Actúa como un contrapoder (el "perro de guardia"). Su labor principal es investigar y documentar hechos de relevancia pública, independientemente de a quién perjudiquen o beneficien. No difunde rumores ni especulaciones; basa sus informaciones en la contrastación rigurosa de fuentes, documentos y evidencia empírica. Se resiste a la cooptación por parte de gobiernos, partidos políticos, grupos corporativos o intereses económicos. No vende su línea editorial ni su opinión por pauta publicitaria, favores o acceso privilegiado. Reconoce sus errores de manera pública cuando se equivoca, deslinda con claridad la información objetiva de la opinión y rechaza cualquier conflicto de interés. El periodista servil o indigno, frecuentemente denominado mercenario, sobón o propagandista, subordina la búsqueda de la verdad a los intereses de un actor externo (político, empresarial o financiero) a cambio de retribuciones económicas, protección o estatus. Funciona como una correa de transmisión del discurso oficial o de sus patrocinadores. Oculta deliberadamente datos desfavorables para sus protectores y magnifica las narrativas convenientes. Utiliza el espacio mediático para amplificar campañas de desprestigio o chivos expiatorios contra los críticos o rivales de quienes le financian. Aplica una doble vara de medir; exige rigor extremo para las faltas de sus adversarios mientras justifica o silencia las irregularidades de su propio sector. Su lealtad no está con la audiencia, sino con la fuente de financiamiento o la pauta publicitaria dirigida con criterios políticos.  La ética es clara frente al servilismo periodístico que no solo responde a decisiones individuales, sino también a distorsiones del entorno mediático y político. Cuando la supervivencia económica de un medio depende enteramente de la publicidad estatal o de un oligopolio empresarial, la independencia periodística individual se ve severamente condicionada. La inestabilidad salarial e institucional expone a los reporteros a presiones externas y a la tentación del clientelismo para mantener sus puestos o ingresos. Frecuentemente se da el uso de la información confidencial o del acceso a entrevistas como mecanismo de chantaje de los gobiernos o corporaciones que premian al periodista dócil con exclusivas y aíslan o vetan al investigador crítico.

 

La condescendencia mediática no siempre obedece a la mala fe individual; a menudo responde a incentivos perversos dentro del ecosistema de medios: Cuando la subsistencia de medios o periodistas depende del presupuesto publicitario de un gobierno o de un conglomerado empresarial, la firmeza investigativa cede ante el temor a la quiebra o la asfixia financiera. El miedo a perder la cercanía con las fuentes de alto nivel (ministros, jueces, fiscales, ejecutivos), si un periodista es demasiado incisivo, la fuente lo veta y le corta el flujo de primicias o exclusivas. La prisa por publicar, la falta de presupuesto para investigaciones de largo aliento y la sobrecarga de trabajo obliga a los reporteros a aceptar versiones oficiales sin cuestionar los matices. La ceguera voluntaria que ocurre cuando el periodista comparte la visión del mundo del investigado, asumiendo implícitamente que "los fines justifican los medios". La lenidad periodística interrumpe la cadena de rendición de cuentas en una democracia y genera efectos profundos en la sociedad: Al no presionar públicamente a las instituciones judiciales o fiscalizadoras, los casos de corrupción o abuso de poder se dilatan hasta prescribir o archivarse en la sombra. Cuando la ciudadanía percibe que el periodismo calla o suaviza las faltas de los poderosos, la credibilidad del medio colapsa, abriendo paso a la desinformación y al cinismo social. En investigaciones sobre abusos, minería ilegal, narcotráfico o fraudes financieros, la lenidad periodística deja indefensas a las víctimas directas mientras protege a los perpetradores.

 

Periodismo y Dictadura.

 En los regímenes autoritarios, la relación entre el poder político, los medios de comunicación y el periodismo pasa de ser un sistema de contrapeso a convertirse en una dinámica de control, opresión y subordinación. A diferencia de las democracias, donde la prensa actúa como un fiscalizador del poder, los gobiernos autoritarios ven a la prensa independiente como una amenaza directa a su hegemonía. Los gobiernos autoritarios utilizan diversos mecanismos, tanto legales como extrajudiciales, para doblegar el ecosistema informativo como: Cierre de medios independientes. Clausura o estrangulamiento económico (retiro de pauta estatal, denegación de licencias) de medios críticos. Monopolizan la señal con la creación de grandes conglomerados de medios públicos convertidos en aparatos de propaganda. Tipificación de delitos ambiguos como desacato, traición o ciberdelincuencia para encarcelar o multar a periodistas. Demandas masivas por difamación impulsadas por funcionarios públicos contra investigadores o editores. Amenazas, detenciones arbitrarias, agresiones y, en casos extremos, asesinatos de periodistas con impunidad estatal. Periodistas y redacciones enteras desplazadas al extranjero para continuar reportando desde la diáspora. Compra de medios privados por parte de oligarcas o empresarios afines al régimen, neutralizando la línea editorial sin necesidad de cerrarlos oficialmente. Frente al cerco estatal, la labor periodística se fragmenta en distintas posturas dentro del territorio: Medios y comunicadores que reproducen la narrativa del régimen a cambio de financiamiento, protección o acceso exclusivo a fuentes oficiales. Surge el Periodismo clandestino o resiliente con coberturas de investigación realizadas bajo alto riesgo, utilizando pseudónimos, fuentes anónimas y protocolos de seguridad física y digital. Salas de redacción operando desde otros países que aprovechan infraestructuras digitales para burlar el bloqueo geográfico y seguir informando a la población local.

 

Transformación y ocaso: del 80 al 2000.

 Entre las décadas de 1980 y los años 2000, los medios de comunicación y el periodismo atravesaron una profunda transformación estructural. En este período se pasó de la cobertura de la Guerra Fría y el conflicto armado interno en varios países de la región, a la hegemonía del sensacionalismo y la manipulación mediática estatal en los noventa, desembocando finalmente en la consolidación del periodismo digital y la globalización informativa a comienzos del nuevo milenio. La Década de 1980 fue de crisis, conflicto y redemocratización, retorno a la democracia y restitución de medios: En América Latina, la década de 1980 estuvo marcada por la transición desde las dictaduras militares hacia la democracia. En Perú, por ejemplo, el gobierno de Fernando Belaunde Terry devolvió en 1980 los medios de comunicación confiscados por el régimen militar previo a sus propietarios legítimos, reactivando la prensa escrita y la televisión privada. Los periodistas debieron reportar en medio de severas crisis económicas (hiperinflación) y violencia política o conflicto armado interno. El periodismo de investigación enfrentó riesgos mortales, persecución y violencia por parte tanto de grupos subversivos como de las fuerzas del orden. La radio y los periódicos impresos continuaron siendo los principales articuladores de la opinión pública. La televisión avanzó tecnológicamente con la masificación del color y las transmisiones vía satélite. La Década de 1990, fue la década del sensacionalismo, captura estatal y transición tecnológica. Durante la década de 1990, en el Perú se desplegó un fenómeno sociopolítico y propagandístico sin precedentes: la "prensa chicha", diarios sensacionalistas fueron financiados masivamente con fondos estatales y de inteligencia (bajo la dirección de Vladimiro Montesinos y el gobierno de Alberto Fujimori) para orquestar campañas de difamación y psicosociales contra opositores políticos, periodistas independientes y defensores de los derechos humanos. Las líneas editoriales de la mayoría de los canales de señal abierta fueron compradas mediante sobornos en efectivo, limitando el espacio para el periodismo independiente a contados programas de cable o prensa escrita de oposición. Se popularizó el periodismo de espectáculos, los programas cómicos de sátira política y los magacines matutinos, desplazando los contenidos de análisis profundo a favor del espectáculo y el sensacionalismo. A finales de los noventa, las salas de redacción comenzaron a incorporar las primeras conexiones a la red y el correo electrónico, cambiando progresivamente las dinámicas de procesamiento de información y contacto con las fuentes. Los Años 2000, fueron de destape de la mega corrupción fujimorista contenidos en los Vladivideos: El año 2000 representó un punto de quiebre para el periodismo peruano. La difusión del primer "vladivideo" en Canal N (televisión independiente por cable), reveló el nivel de corrupción sistemática y la captura de directivos o periodistas de medios, desencadenando la caída del régimen fujimorista y abriendo paso a una etapa de rendición de cuentas e investigaciones judiciales a propietarios de prensa y televisión. A partir de los 2000, los periódicos tradicionales lanzaron sus versiones en línea, dando inicio a la era del periodismo inmediatista y la actualización en tiempo real. Aparecieron los blogs políticos y de investigación, las redes sociales primigenias y los medios puramente digitales. Aunque la prensa sensacionalista sobrevivió en el mercado, se reestructuró bajo marcos legales más estrictos frente a la difamación.

 

Prensa Decadente.

 El impacto del fujimorismo en el periodismo peruano durante la década de 1990 constituye uno de los capítulos más documentados sobre la instrumentalización de los medios de comunicación dentro de un régimen autoritario. Durante el gobierno de Alberto Fujimori y la dirección de la inteligencia estatal por parte de Vladimiro Montesinos, se articuló una estrategia sistemática para capturar, cooptar y degradar el ecosistema informativo en el Perú. Esta degradación no operó únicamente mediante la censura tradicional o la clausura abierta de medios, sino a través de mecanismos más complejos de corrupción, presión económica y guerra psicológica. La estrategia del régimen fujimorista para controlar la agenda pública y neutralizar a la oposición se desplegó en múltiples niveles: Uno de los fenómenos más distintivos del periodo fue la creación y financiamiento estatal encubierto de periódicos de bajo costo (conocidos popularmente como prensa chicha). A través del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), se destinaban fondos públicos desviados de las Fuerzas Armadas para pagar a editores, dueños de pasquines y periodistas deshonestos. Titulares masivos contra opositores políticos, periodistas independientes, intelectuales y candidatos rivales. Se utilizaba la difamación, psicosociales, ataques a la vida privada, caricaturización degradante (Carlos Álvarez, Laura Bozo) y lenguaje de bajo nivel orientado a mellar la reputación de los críticos del régimen. El control de la televisión fue central debido a su alcance masivo e incidencia en la institucionalización de la corrupción y el abuso de poder.

 

En lugar de expropiar los canales, el régimen optó por la compra directa de los directivos y propietarios mediante pagos en efectivo en las instalaciones del SIN. Las grabaciones difundidas tras la caída del régimen en el año 2000 mostraron a empresarios de televisión recibiendo fajos de dinero a cambio de someter la pauta informativa, censurar a periodistas críticos y transmitir coberturas favorables a la reelección presidencial del 2000. La intervención judicial sobre el control de Frecuencia Latina (Canal 2) y la desposesión de la nacionalidad a Baruch Ivcher tras denuncias periodísticas sobre abusos del SIN, así como el alineamiento de América Televisión (Canal 4) y Panamericana Televisión (Canal 5). Los medios que intentaron mantener una línea editorial independiente enfrentaron represalias indirectas como: Retiro de la publicidad estatal para ahogar financieramente a las empresas informativas no alineadas. Uso de organismos fiscalizadores, inspecciones tributarias sesgadas por parte de la SUNAT y acoso administrativo contra propietarios y anunciantes de medios críticos. Las consecuencias de estas prácticas sobre la profesión periodística y la cultura política del país fueron profundas y duraderas. La revelación del sometimiento de los medios destruyó la credibilidad institucional del periodismo ante la ciudadanía. Los periodistas independientes sufrieron seguimientos, interceptaciones telefónicas, campañas de desprestigio e incluso agresiones físicas y exilio. La prensa chicha distorsionó y prostituyó los estándares del periodismo popular, sustituyendo la fiscalización del poder por el sensacionalismo violento y la calumnia artera como entretenimiento masivo.

 

El pantano de corrupción en los 90s.

 El informe Towsend, elaborado por la Comisión Investigadora sobre el Origen, Movimiento y Destino de los Fondos de Vladimiro Montesinos y su relación con Alberto Fujimori, presidida por la congresista Ana Elena (Anel) Townsend Diez-Canseco entre 2001 y 2002, constituyó uno de los documentos clave del Congreso de la República para documentar la captura del Estado y la manipulación de la opinión pública en la década de 1990. Aunque el dictamen abarcó diversas líneas de investigación (enriquecimiento ilícito, narcotráfico, desviación de fondos de las Fuerzas Armadas y compras estatales), el capítulo dedicado a los medios de comunicación y el periodismo detalló cómo el régimen sometió a la prensa para asegurar su continuidad en el poder. Puntos clave del Informe respecto a los medios de comunicación: Desviación masiva de fondos públicos. El informe demostró institucionalmente que el dinero utilizado por el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) para comprar líneas editoriales no provenía de recursos personales de Vladimiro Montesinos, sino del desvío sistemático de fondos reservados de las Fuerzas Armadas (Ministerio de Defensa) y del Ministerio del Interior. Cooptación de los canales de televisión de señal abierta. El documento y las pruebas recopiladas por la comisión (apoyadas en los testimonios y los Vladivideos) detallaron los montos y la mecánica del pago periódico en efectivo a directivos y propietarios de televisión en las instalaciones del SIN. América Televisión (Canal 4) y Panamericana Televisión (Canal 5). Se documentaron los pagos millonarios recibidos por sus directivos a cambio de controlar las escaletas de los noticieros, censurar a periodistas opositores y favorecer la campaña de reelección presidencial de 2000. Se investigó el despojo arbitrario de la administración a Baruch Ivcher y la entrega del canal a los hermanos Winter, alineándolos completamente a los intereses del régimen tras las denuncias del programa Contrapunto sobre torturas y espionaje del SIN. Se probó la compra directa del canal de cable para crear un medio de noticias aparentemente "neutral" pero manejado desde las sombras por la red de Montesinos. El informe fundamentó la relación operativa entre el SIN y los dueños de pasquines y diarios de distribución masiva (El Mañanero, La Chuchi, El Chino, El Tío, entre otros). Se determinó que los titulares, caricaturas y portadas eran redactados directamente en la sede del SIN o enviados por agentes de inteligencia para desacreditar sistemáticamente la vida personal, profesional y política de candidatos de oposición, periodistas críticos e intelectuales. El informe reveló dos mecanismos de coerción económica. Asfixia y premio con publicidad estatal. Redireccionamiento arbitrario de la pauta publicitaria de las empresas e instituciones públicas hacia los medios sumisos. El uso de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) para presionar, embargar o ahogar financieramente a las empresas de comunicación independientes.

 

Las Planillas de la Degradación.

 El Informe de la Comisión Investigadora Multipartidaria, presidida por la excongresista Anel Townsend entre 2001 y 2002 (comúnmente conocido como el Informe Townsend), documentó los mecanismos de corrupción, enriquecimiento ilícito y cooptación de instituciones estatales montados durante el régimen de Alberto Fujimori y su asesor Vladimiro Montesinos. Entre sus hallazgos más relevantes figura la red de captura de los medios de comunicación y periodistas, sustentada en las planillas informales, cuadernos de contabilidad y presupuestos desviados del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) y de las Fuerzas Armadas.   (www.expreso.ec). Durante la década de 1990, Vladimiro Montesinos consolidó el control político del país mediante la compra de líneas editoriales y la manipulación mediática. El dinero utilizado para estos pagos no provenía de recursos privados, sino del desvío sistemático de fondos reservados del Estado (frecuentemente asignados a los presupuestos de Defensa e Interior) hacia la "Salita del SIN". Las planillas de la corrupción eran listas, cuadernos de contabilidad paralela y recibos firmados que registraban los desembolsos periódicos a directivos, dueños de prensa, periodistas, presentadores de televisión y editores de diarios. La custodia y gestión de estos registros estaban a cargo de la secretaria de Montesinos, Matilde Pinchi Pinchi, cuyas declaraciones y entrega de archivos ante el Congreso e instancias judiciales sirvieron de prueba fundamental.   (Blog PUCP). El Informe Townsend detalló cómo se estructuró la cooptación de la prensa a través de tres niveles principales: Televisión de señal abierta: Fue el rubro de mayor gasto dentro de las planillas del SIN. Se pagaron millones de dólares mensuales a propietarios y altos directivos de cadenas televisivas (como Canal 4, Canal 5 y Canal 2) a cambio del control total de los noticieros, la censura de la oposición y la propaganda del régimen.   Se compraron líneas editoriales completas, acuerdos de exclusividad y la firma de contratos de sometimiento editorial en reuniones grabadas en los "Vladivideos". El informe detalló la creación y financiamiento de diarios sensacionalistas (El Chino, La Chuchi, El Mañanero, El Men, etc.) dirigidos por editores y periodistas alineados al régimen. Los titulares eran diseñados directamente desde el SIN por Montesinos y sus asesores para difamar a los candidatos de oposición, periodistas independientes y políticos críticos. Los dueños y directores de estos pasquines recibían pagos diarios y semanales en efectivo, calculados según el volumen de tiraje y el impacto de las portadas. El informe incluyó nombres, montos y modalidades de soborno a periodistas de prensa escrita, radio y televisión. Los pagos variaban entre mensualidades fijas por emitir opiniones favorables, "bolsas" para campañas de desprestigio específicas y viáticos o regalos no sustentados. Institucionalización de la corrupción mediática.

 

El Informe Townsend demostró que la corrupción mediática no fue un hecho aislado, sino una política de Estado orientada a anular la fiscalización democrática y perpetuar el gobierno autoritario.   Los hallazgos del informe sirvieron como insumo probatorio para las acusaciones formuladas por la Fiscalía anticorrupción. Esto derivó en el juzgamiento y condena de directivos de televisión, dueños de periódicos chicha y periodistas involucrados por los delitos de peculado, cohecho y asociación ilícita para delinquir. Los descubrimientos de la Comisión sirvieron para tramitar acusaciones constitucionales e inhabilitaciones políticas contra Alberto Fujimori, exministros de Estado y altos mandos militares que firmaron los desvíos de presupuesto. La documentación y las evidencias presentadas en el informe fueron remitidas al Ministerio Público y a los juzgados anticorrupción, sirviendo de base para los juicios que terminaron con condenas de prisión para propietarios de medios (como los hermanos Winter, José Francisco Crousillat y los editores de la prensa chicha). El informe Townsand dejó un precedente histórico y jurídico detallado sobre los riesgos de la concentración de medios, la falta de transparencia en la pauta estatal y la vulnerabilidad ética de la prensa cuando se somete al poder político y económico.  La exposición de las planillas de Montesinos constituyó uno de los mayores escándalos en la historia del periodismo peruano, dejando en evidencia el impacto devastador de la manipulación de la información sobre la democracia. El informe detalla que periodistas de regiones y provincias también recibían entre 500 y mil dólares mensuales según el grado de sumisión y obediencia. Anque esta parte del informe no se publicitó con el argumento que iba a causar un enorme daño a la ‘reputación’ de quienes se sometieron a la dictadura sin asco ni vergüenza.  Es fundamental distinguir entre la lenidad (que es condescendencia e incumplimiento del deber) y el rigor garantista (que es el respeto por la presunción de inocencia, el debido proceso y la verificación de pruebas). El periodista riguroso respeta el debido proceso, pero no deja de investigar ni de exigir respuestas. El periodista leniente busca excusas para no investigar o para rebajar la gravedad de los hechos comprobados.

 

Día del periodista 2026.

No es suficiente desear un feliz día, sin mirar y compenetrarse en lo bueno, lo malo y lo feo de una profesión en caída libre: Lo Bueno. El reconocimiento a una labor esencial: Es un día para visibilizar el rol indispensable que cumplen los periodistas al vigilar al poder, denunciar injusticias y garantizar el derecho fundamental de la ciudadanía a estar informada. Homenaje a la vocación y el rigor. Se destaca a quienes trabajan con ética, investigación seria y compromiso, muchas veces arriesgando su bienestar personal para sacar a la luz verdades incómodas. Espacio para la solidaridad gremial. Sirve como punto de encuentro para que el gremio fortalezca redes de apoyo, impulse la profesionalización y promueva la defensa de la libertad de prensa. Lo Malo. Precarización laboral y económica. Gran parte de los periodistas enfrenta salarios bajos, inestabilidad contractual, falta de seguro social y jornadas agotadoras, agravadas por la crisis de modelo de negocio en los medios tradicionales. Amenazas, violencia e impunidad. El ejercicio del periodismo sigue siendo una profesión de alto riesgo. Quienes investigan temas de corrupción, crimen organizado o abusos de poder sufren amedrentamiento, judicialización sistemática y, en los casos más graves, agresiones físicas o atentados que suelen quedar impunes. Desinformación y polarización. El ecosistema digital y el uso descontrolado de herramientas de IA han acelerado la difusión de noticias falsas, debilitando la confianza del público en la información verificada. Lo Feo. Mercantilismo y pérdida de independencia. La dependencia de la pauta publicitaria (estatal o privada) y los intereses corporativos a menudo sofocan la línea editorial, condicionando qué se investiga y qué se silencia. Sensacionalismo y "clickbait". La presión por generar clics y métricas inmediatas prioriza el espectáculo y la inmediatez sobre la profundidad, el contraste de fuentes y la calidad del análisis. Ataques de la clase política para desacreditar el oficio. El uso recurrente de discursos hostiles desde el poder para estigmatizar a la prensa como "enemiga" no solo deteriora el debate público, sino que legitima la agresión verbal y física contra los reporteros.

Liderazgo Humanista. El Perú de hoy y del futuro demanda un liderazgo humanista en los hombres y mujeres que hacen prensa, que sean capaces de responder a la fragmentación social, la fragilidad institucional y las brechas territoriales que han caracterizado su historia reciente. Este perfil no responde a la figura del "salvador caudillista", sino a una conducción ética, técnica y empática centrada en la dignidad de la persona y el bien común. El surgimiento de un liderazgo de esta naturaleza no depende únicamente de las personas que ocupen cargos de representación, sino del compromiso de la ciudadanía por exigir estándares éticos elevados, respaldar propuestas serias y participar activamente en la vida pública del país.

 

Ética Universal. “En un entorno marcado por la acelerada transformación tecnológica, la inteligencia artificial, la hipertransparencia y un mayor escrutinio por parte de inversionistas, reguladores, clientes y ciudadanos, la ética dejó de ser un asunto exclusivamente normativo (como parte de los decálogos) para convertirse en un factor determinante de competitividad. Hoy, las organizaciones no solo son evaluadas por los resultados que obtienen, sino por la forma en que los alcanzan.” (II Foro de Ética Empresarial. Colombia, 25/09/2026).

 

Fuente: La República, Revista Caretas, El Comercio, El País, Revista Oiga, Informe Townsend, Otros Informes del Congreso sobre el gobierno de Fujimori, Informe CVR, New York Times, BBC Mundo, Expreso de Ecuador, Comité de Protección de Periodistas (Committee to Protect Journalists). Blog PUCP, Wikipedia. Recopilación y análisis archivos. Se usó IA con fuente debidamente analizada y contrastada, sin embargo, si hubiera alguna omisión se solicita expresarlo.

 

* Periodista investigador – Ing. Agrónomo.