sábado, 2 de junio de 2012

¿Enfermedad o delito?

Imagen: Pablo Piovano
Por Luis Ohman *


El ex ministro de Justicia y Derechos Humanos y actual senador de la Nación, Aníbal Fernández, llevó al encuentro de Ginebra la posición del Estado Argentino: la despenalización del consumo individual de sustancias psicoactivas, cuestión que presentó como Proyecto de despenalización en el Senado de la Nación.

Es una decisión de enorme valentía intelectual que se constituye en el punto de partida para abrir la discusión y la acción de un verdadero plan estratégico para la prevención y atención primaria en salud respecto del gravísimo problema del consumo.

Se trata de un problema de salud psicosocial, inmerso en la marginalidad y la exclusión de las capas más vulnerables –los más jóvenes– y extendida hacia otros sectores sociales. Forma parte de una profunda crisis axiológica y una patología emergente donde lo social es parte de la clínica individual, familiar y colectiva. En cambio, el tráfico y la venta son un problema penal.

Los funcionarios de la Sedronar de las últimas décadas han fracasado pues han sido el instrumento de una política del modelo del unilateralismo hegemónico y de la guerra contra las drogas, sin autonomía política, empeorando el grave problema del consumo. La locura consiste en hacer siempre lo mismo y esperar un resultado distinto. No producir un cambio de paradigma atenta contra el sentido común y es sencillamente un disparate ante tan grave problema social. La designación de Rafael Bielsa es la esperanza cierta de un cambio de paradigma que se concrete de manera eficaz en el desarrollo de las políticas públicas de promoción de la salud, prevención primaria del consumo y abuso de sustancias.

Las políticas oficiales –policiales– de lucha contra las drogas en América latina reflejadas en la penalización del consumo, la llamada guerra contra las drogas, las penas sin delito, la penalización y el castigo de la enfermedad han fracasado. Más aún, potenciaron un dispositivo de criminalización secundaria fundado en el encierro, con prácticas y saberes médicos funcionales a un modelo de conservación y perpetuación de la violencia.

Para la psiquiatría moderna –las neurociencias– no hay más sujeto individual y colectivo, sólo mediadores químicos e imágenes, y como tratamiento, medicación y encierro.

¿No hay más preguntas sobre las condiciones generadoras de la violencia, sobre el consumo, las formas de dependencia y pérdida de autonomía?

Dice M. Ponty: “Para conocer y juzgar una sociedad es preciso llegar hasta su sustancia profunda, el lazo humano del cual está hecha y que depende sin duda de las relaciones jurídicas, pero también de las formas de trabajo, de la manera de amar, de vivir y de morir”.

¿Es que al mercado no le importa un sujeto autónomo y autolegislador? No, no le importa.

Más aún, lo produce y lo construye para el mero consumo; la violencia se ha convertido en una técnica puramente racional, y el eterno retorno del discurso de la guerra, la búsqueda desesperada del enemigo que siempre es el más débil y el más vulnerable.

Todo el dispositivo de criminalización primaria fundado en la Ley 23.737 transforma a la agencia penal en un instrumento de altísima selectividad sobre los sectores juveniles más vulnerables y promueve un derecho penal selectivo.

El discurso de las políticas criminalizantes es el de la guerra contra las drogas, del que resulta la criminalización de la pobreza y el conflicto social, y el joven excluido como drogadicto –delincuente, peligroso– fundado en etiquetamientos y concepciones claramente racistas y discriminatorias.

¿Es posible entender que si la violencia juvenil es un problema de la salud pública en América latina, y si la OPS ha planteado como una prioridad en las políticas de salud el lenguaje de prevención y promoción de la salud, éstos estén ausentes y que el conflicto social que padecen millones de jóvenes excluidos tenga sólo como respuesta políticas de persecución policial y encierro?

La Ley 23.737 impone la pena de seis años de prisión a quien tenga estupefacientes, y a 15 años de aprobada la ley el consumo se incrementó, el narcotráfico corrompe policías y gobiernos, para asegurar el lavado de activos financieros que surgen del negocio del narcotráfico.

En la Argentina hace ya varias décadas el poder concentrado trafica influencias, corrompe la vida democrática construyendo poder mafioso y la representación política pierde autonomía. En tanto, en Uruguay no se penaliza la tenencia de droga para consumo personal; en Brasil se aprueba una ley que elimina la privación de la libertad para los consumidores y aumenta la persecución y el castigo para el narcotráfico.

Es decir que mientras Brasil y Uruguay diferencian en su legislación claramente entre enfermedad y delito, aquí, en la Argentina, castigamos y penalizamos la enfermedad profundizando el sentimiento de inseguridad e incertidumbre de miles de jóvenes que en tiempos de sida y exclusión circulan entre policías y jueces, sin futuro y sin destino.

Lo primero que debería decir es que el discurso oficial no acepta el fracaso de las políticas que incrementan de modo sistemático; la violencia institucional y las experiencias concentratarias promueven las tecnologías de la mano dura y la idea de la prevención general absoluta como una nueva racionalidad del fundamentalismo del mercado.

Destruido el Estado de Derecho con el terrorismo de Estado y después el Estado de Bienestar con las políticas neoliberales, el Estado, que en la Argentina era un factor de inclusión y progreso social, se transformó por el contrario en un factor de exclusión y discriminación. Se trata de tener en cuenta el primer párrafo del artículo 19 de la Constitución nacional, que consagra el más importante de los límites materiales que impone la Carta Magna a la injerencia coercitiva del Estado. Es decir: el Estado no puede establecer una moral, debe garantizar el ámbito de libertad individual y las penas no pueden caer sobre actos que son ejercicio de esa libertad individual. “De cara a los adolescentes o jóvenes con problemas de conducta, frecuentemente afectados por vivencias de exclusión y estimulados por fantasías autodestructivas, obligarlos a una terapia con el telón de fondo de la cárcel parece una tentativa más del prohibicionismo destinadas al fracaso.” (Luis Niño, Encrucijadas - UBA).

Es claro que la ley 23.737 es inconstitucional pues rompe con el principio de lesividad. El bien jurídico afectado es la “seguridad nacional” y constituye un “peligro social”, construcción ideológica paradigmática del terrorismo de Estado y del Estado autoritario que produce la idea de tutela para confiscar el conflicto y seleccionar a la víctima más débil del sistema, joven, excluido y enfermo.

La llamada guerra contra las drogas como parte de las políticas de mano dura necesita difundir el miedo y el pánico como gran argumento de las políticas de seguridad y control social. Pánico y miedo son las categorías del poder hegemónico que ha pasado de la guerra fría al frío cálculo de un nuevo fascismo para administrar y dominar el espacio urbano, la ciudad, donde funcionan sus negocios. Ante la magnitud del problema del consumo, síntoma psicosocial de tres décadas de devastación social, la emergencia es un eufemismo que encubre la catástrofe social y el drama de miles de jóvenes sin proyecto.

Propuesta:

1. Políticas keynesianas en salud, gran inversión en recursos económicos y recursos humanos.

2. No esperar la demanda, atender la necesidad.

3. Políticas de Estado de promoción, formación de la salud, prevención y asistencia.

4. Políticas en salud, con políticas sociales integradas de carácter interdisciplinario, interinstitucional e intersectorial.

5. Instalación de las políticas y los recursos humanos y económicos en el territorio, en el lugar donde anida el conflicto. Atender la necesidad: el equipo de salud psicosocial debe estar en la escuela, en el barrio, en las poblaciones precarias, en los clubes y en todo lugar donde esté planteada la necesidad de atención y prevención.

6. El cambio de paradigma de una política asistencial que siempre llega tarde a una política de atención de la necesidad con fuerte participación comunitaria y actores sociales concretos, movimientos sociales, clubes, sociedades de fomento, organizaciones barriales, ong y la escuela como un lugar central en la construcción de valores y de jóvenes liderazgos para un proceso de cambio social.

7. Concentrar el plan en trastornos y conflictos sociales combinados que se producen en un mismo espacio, fortaleciendo recursos y objetivos: drogas, violencia social e interpersonal, sobre todo en los jóvenes, armas, violencia de género, embarazos adolescentes y sexualidad en tiempos del sida, el deporte, sobre todo el fútbol, como herramienta de promoción de la salud y prevención de la violencia, políticas focalizadas en los jóvenes varones que son en un 95 por ciento los actores de delitos, violencia personal y de género, una audaz política de reparación de daño para afrontar la epidemia de consumo de “paco” en las poblaciones de jóvenes excluidos y marginales.

* Médico Psiquiatra. Egresado de la Escuela de Salud Pública. Presidente del Capítulo de Criminología y Psiquiatría de APSA.

Tomado de:
http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-195380-2012-06-01.html

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