Felipe A. Páucar Mariluz*.
Presidente
Martín Vizcarra en el centro de la turbulencia política en tiempos de pandemia
y elecciones. Foto Internet.
“La
corrupción al interior de los sistemas de salud es una empresa criminal
arraigada en América Latina, pero la explotación del dolor y la desesperación
causados por la pandemia es particularmente horrible.” InSight Crime.
El mundo se acerca a 27
millones de contagios y 900 mil muertes por la Covid-19. En América Latina y
Caribe a 8 millones de infectados y 300 mil fallecidos. Entre las causas está
que durante los meses de pandemia se ha disparado el número de grupos
“anticiencia”. Han aflorado negacionistas del SARS-CoV2, conspiranoicos,
antivacunas y vendedores de tratamientos ineficaces y peligrosos. Ello sumado a
fallas y negligencias en la emergencia sanitaria determina un futuro incierto
con recesión económica y posible hambruna global.
Perú tiene casi 680 mil casos
y 30 mil fallecidos (podrían ser 40 mil según el Sinadef). La tendencia de
contagios y muertes es a la baja en mayoría de regiones, mientras se mantiene o
crece en Cusco, Puno, Tacna, Moquegua, Apurímac e Ica. Nos queda batallar y
resistir hasta junio de 2021 cuando la vacuna llegue a los países y sea
aplicada en forma masiva.
Cuatro provincias de la región
Huánuco, concentran el 88% de casos, mientras siete provincias el 12%. Diresa informa de 26,500 casos, 610 muertos, 121
hospitalizados y 23 en UCI al 04 de septiembre. “Se vino la avalancha y a
diario se registra 600 a 700 casos, es lo que está ocurriendo desde fines de
julio”, refiere Darly Del Carpio decana del Colegio Médico de Huánuco.
Al inicio de la pandemia, Perú
lideró rankings auspiciosos como el de los primeros países que impusieron
restricciones y los que destinaron mayores paquetes de ayuda para la gente
afectada por la suspensión de actividades. Meses después se reportaron altas cifras de contagios y muertes como
consecuencia de las deficiencias de la cuarentena y la caída económica.
Hoy nuestro país es el que
tiene la tasa de mortalidad por covid-19 más alta de los 20 países más
afectados por el virus, según la Universidad Johns Hopkins. El Perú acumula 89,4
muertos por cada 100.000 habitantes, esta medición lo pone por delante de
países como Estados Unidos (187 mil muertos), Brasil (125 mil decesos) y México
(67 mil fallecidos).
La pandemia
desnudó nuestras limitaciones y miserias, el engaño en que nos tuvieron malos
gobernantes desde los años 70s. Foto Internet.
En 173 días de emergencia
nacional se denunciaron abusos y presuntos actos de corrupción durante la ejecución
del programa nacional contra la pandemia. Una mezcla de factores como
deficiente salud pública, restricciones económicas y problemas e inequidades sociales,
limitaciones estructurales y errores coyunturales explicarían por qué Perú
llegó a esta situación. Obviamente, las responsabilidades son compartidas en
todos los niveles del Estado.
Covid
- 19 y genocidio.
En lo político hay grupos que
intentan sacar ventaja de la situación de crisis coyuntural por la que
atraviesa el país, una de ellas es la denuncia por presunto ‘genocidio’ contra
el presidente Martín Vizcarra efectuada por la prima de Ollanta Humala; Liliana
Humala, por muertes y secuelas producidas durante la emergencia nacional para
controlar la Covid – 19, que se basan en situaciones anteriores distintas.
Según el Centro Internacional
de Derechos Humanos, CIDH, en materia de violaciones de derechos humanos bajo
la figura de genocidio destaca la Sentencia de la Corte Suprema de Justicia del
caso Fujimori (Cantuta y Barrios Altos), donde se consolida la teoría de la
autoría mediata por organización en la jurisprudencia Nacional e Internacional.
El proceso confirmó que la autoría mediata por organización es la estructura
dogmática más adecuada para juzgar crímenes cometidos desde y a través de
aparatos organizados de poder. A seguir un acercamiento a algunos casos
registrados en nuestra historia reciente:
Ollanta Humala Taso en campaña
electoral prometió a los campesinos cocaleros no erradicar sus cultivos porque
aplicaría políticas y estrategias de interdicción contra las mafias del
narcotráfico, pero una vez en el poder autorizó destruir con violencia los cultivos
de coca principalmente en el valle del Monzón (Huánuco), donde tres campesinos murieron
y varios resultaron heridos al intentar defender sus plantaciones en los
caseríos Tamshi y Sachavaca ante la arremetida policial - militar de un comando
especial de fuerzas combinadas integradas por 400 efectivos para brindar
seguridad a 800 trabajadores del Proyecto Especial Corah que lograron erradicar
6 mil de las 8 mil hectáreas que se estimaba existía el 2012. Se planteó que
Humala Tasso fuera denunciado por infracción a los derechos humanos/genocidio,
que al final no prosperó. No obstante la acción represiva dejó el saldo de miles
de familias en pobreza y extrema pobreza, produjo el éxodo de un 15% de la
población y otras secuelas que agravaron la realidad socioeconómica.
Fernando Belaunde, Alan
García, Alberto Fujimori y Alejandro Toledo toleraron o avalaron excesos y
arbitrariedades cometidos en los valles del Huallaga, Pichis Palcazu, Aguaytía,
Vraem, San Gaban, etc., con el registro de muertes, torturas, secuestros y
desapariciones de campesinos que defendían su fuente de ingresos y de
narcotraficantes para arrebatarles el dinero o la droga. Hubo denuncias por
violación de derechos humanos que fueron archivados en fiscalías y juzgados en
parte debido a la presión mediática de medios y prensa aliada al poder.
Organismos internacionales, abogados
y especialistas en derechos humanos concluyeron que los expresidentes Fernando
Belaunde Terry, Alan García Pérez y Alberto Fujimori tuvieron responsabilidad por
las masacres, matanzas, torturas y desapariciones durante la guerra interna
periodo 1980 – 2000, al utilizar y validar estrategias de ‘guerra’ como “tierra
arrasada”, “muerto el perro se acabó la rabia”, “no importa matar a cien con
tal de eliminar a un terrorista”, “delación sincera o premiada”, ‘jueces sin
rostro’ y creación de comandos clandestinos paramilitares de aniquilamiento
selectivo “Rodrigo Franco” y “Colina”; suscribiendo el terrorismo de estado para
enfrentar al terrorismo sedicioso y criminal de Sendero Luminoso y Movimiento
Revolucionario Túpac Amaru; en conjunto responsables de 60 mil muertes y
desapariciones, según el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación,
CVR.
La
ley y el delito de genocidio.
Jurídicamente el genocidio es
un delito internacional que comprende cualquiera de los actos perpetrados con
la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico,
racial o religioso como tal; estos actos comprenden la matanza de miembros del
grupo, lesión grave a la integridad física o mental de los miembros.
La figura de genocidio en el
código penal peruano, artículo 319, dispone que será reprimido con pena
privativa de libertad no menor de veinte años el que, con la intención de
destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, social o
religioso, realiza cualquiera de los actos siguientes: 1. Matanza de miembros
del grupo. 2. Lesión grave a la integridad física o mental a los miembros del
grupo. 3. Sometimiento del grupo a condiciones de existencia que hayan de
acarrear su destrucción física de manera total o parcial. 4. Medidas destinadas
a impedir los nacimientos en el seno del grupo. 5. Transferencia forzada de
niños a otro grupo.
Desde un punto de vista
jurídico, el genocidio, ya sea cometido en tiempo de paz o en tiempo de guerra
se considera un delito de derecho internacional. Tanto la Convención para la
Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948 como el Estatuto de
Roma de la Corte Penal Internacional (CPI) de 1998 recogen una idéntica
definición.
En el lenguaje común, sin
embargo, el término tiene un significado diferente para la Real Academia
Española que describe al genocidio: como exterminio o eliminación sistemática
de un grupo social por motivo de raza, de religión o de política.
Este segundo significado es el
que mueve a muchas personas a calificar como genocidio determinadas matanzas de
personas que, en realidad, no se ajustan al tipo penal del delito de genocidio
definido internacionalmente.
Desde el punto de vista legal,
la autoría mediata en virtud del dominio por organización se fundamenta en el
"dominio sobre la organización". La estructura organizacional y
funcional del aparato debe estar conformada de modo tal que las órdenes de los
"jefes supremos", "lideres" o "mandos" sean
ejecutadas "automáticamente". La estructura jerárquicamente
organizada permite la automatización en el cumplimiento de las órdenes.
En conclusión, el delito de
genocidio por lo sucedido durante la pandemia de la Covid – 19 NO se configura.
(Fuente: ONU, MINSA, PCM, Informe CVR, Corte Suprema de Justicia, CIDH, TC, Blog
Leyenda del Huallaga, BBC Mundo, Monografías.com).
· * Ingeniero – Periodista investigador.
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