La Violencia y el “Gatillo fácil” recorren América Latina.

 Perú, Ecuador, Colombia, Brasil, México, Venezuela, San Salvador, Nicaragua, Bolivia, Honduras, Chile, Argentina, etc. 

 

Felipe Ascención Páucar Mariluz^*.

“La opresión en las sociedades cerradas es meridiana y contundente. El efecto del engaño y la desinformación en las sociedades democráticas es más sibilino. Veinticinco años de cárcel. Esa es la condena que recibió el disidente ruso Vladímir Kara-Murza por pronunciarse en contra de la guerra de Ucrania. Incluso en un país autocrático se trata de una condena absolutamente desproporcionada: un “delito de opinión” pasa a penalizarse tanto como cualquier grave delito de sangre” (El País, abril 24 de 2023).

El triste final de un líder que lideró la lucha política y social en el 2001 que derrotó al gobierno cívico militar de Fujimori – Montesinos y Hermosa Ríos. El Comercio.

En Perú, entre diciembre de 2022 y marzo de 2023 se registraron 48 asesinatos de manifestantes durante los paros y huelgas masivas en el centro, sur y oriente del país, que según las primeras investigaciones fueron causadas utilizando armas de reglamento de la policía nacional y el ejército peruano en medio de una salvaje represión avalada por el ejecutivo y legislativo, estos crímenes que podrían tipificarse como de lesa humanidad fueron denunciados por la fiscalía de la nación que abrió una investigación que se encuentra estancada presuntamente por el intento de ocultamiento de la verdad, el desprecio a los afectados o el espíritu de cuerpo con el gobierno de la presidenta Boluarte. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, adelantó que emitirá la próxima semana un duro y contundente informe contra el gobierno por la estrategia presuntamente criminal que utilizó para controlar el desborde social. La policía nacional emitió un informe sobre la criminalidad en todas las regiones y concluyó que estamos ante un fenómeno ‘histórico’ dado que se registraron hasta 4 mil delitos por día. Entre enero y abril Lima registró 172,326 delitos, Arequipa 46,718, Lambayeque 25,730, Junín 22,071, San Martín 10,256, Huánuco 8,035, Ucayali 4,440. Se ha determinado que los días de mayor actuar delictivo son miércoles y jueves y el horario en que actúan los delincuentes es de 5 a 10 de la mañana.

 

Por otro lado, se va posicionando la hipótesis de que el cuantioso botín de dinero sustraído durante la década del 90 por Alberto Fujimorí podría haber sido entregado a empresas de fachada y personajillos que de la noche a la mañana amasaron grandes fortunas en un proceso de lavado de activos y narcotráfico, que sin embargo hasta hoy no puede determinarse con claridad y contundencia. Junto a la incautación de bienes por más de mil millones de soles a Joaquín Ramírez en el Perú y el extranjero (Miami) con intervención de la fiscalía de lavado de activos y anticorrupción que además sindica a Keiko Fujimori Higuchi como la aliada e integrante principal de la red de crimen organizado en proceso investigativo.  

 

“Tengo 36 años de servicio y la verdad es que nunca he estado en esta situación. Hay ciudades y localidades en el país que no tienen ni un solo patrullero. Los policías están llevando a los detenidos en mototaxi o motocar. Eso realmente es increíble. Eso es una debilidad como institución y también una amenaza por parte de la delincuencia, que obviamente sabe perfectamente que no podemos cubrir espacios para poder ejercer la presencia en las calles”, indicó el teniente general Jorge Angulo”… “La criminalidad ha aumentado significativamente en Lima y en todo el país debido a la crisis política. Haber tenido más de 10 ministros del Interior ha creado inestabilidad en la Policía Nacional. Esto genera que los planes y las estrategias no sean estables. Eso trae desmoralización en la Policía Nacional. También ocurre que los gobiernos, en la última década, no han tenido una política seria. Han limitado su política criminal a aumentar las penas o disminuir los beneficios penitenciarios nada más”, argumentó el fiscal Jorge Chávez Cotrina… “No es misión de las FF. AA. Es gestión de los alcaldes por ley. En la Ley del Sistema Nacional de Seguridad del Ciudadano, los alcaldes son los llamados a resolver el problema de la inseguridad. Tienen que gestionar, ver qué hacen para resolver el problema de la inseguridad”, apuntó Jorge Robles (La República, 23-04-2023).

 

“A poco más de 2 680 kilómetros de Lima, Héctor Rusthenford Guerrero Flores, Niño Guerrero, hila los movimientos de sus hombres. Entre 2.000 y 2.700 obedecen sus órdenes, le envían recados y reciben mensajes directos para delinquir. Este individuo hizo de la celda en la que está recluido, en la cárcel de Tocorón, en Aragua, Venezuela, una oficina de crimen organizado transnacional. Desde allí entreteje las alianzas que han hecho de la banda que lidera, ‘Tren de Aragua’, una megaestructura con tentáculos en nuestro país. La madrugada del domingo 16 de abril, una brigada especial de la Policía incursionó en un inmueble de Lurigancho, Chosica, e intervino a 18 mujeres y 43 varones, todos ellos venezolanos que ingresaron ilegalmente en el país. Agazapados entre barras de licor, se encontraban Erick Jonathan Urbina, el Negro Gordo, cabecilla de la banda ‘Los Injertos del Tren de Aragua’, y su lugarteniente Omeliza Regardiz Urbina, Mily” De acuerdo con informes de la División de Homicidios y de la Brigada Especial de Investigación contra la Criminalidad Extranjera (Beicce), ambos eran encargados de la administración y control del cobro de cupos a mujeres explotadas sexualmente en las plazas de la zona este de Lima, entre otros delitos como la extorsión y el préstamo de dinero “gota a gota” (La República abril 23 de 2023).

 

La novela peruana que más vende e involucra a cuatro expresidentes que estuvieron y estarán presos en la cárcel dorada de Barbadillo encendió sus reflectores con la llegada al Perú desde Estados Unidos de Alejandro Toledo Manrique luego de un proceso de extradición que demoró 6 años realizado por el Perú. Pudieron ser cinco con Alan García Pérez que optó por suicidarse antes de ir a la cárcel o seis con PPK que fue beneficiado con la prisión domiciliaria. Keiko Fujimori estuvo recluida en un penal por haber recibido y lavado cerca de 20 millones de dólares como candidata presidencial el 2011 y 2016, según investigaciones en curso. En definitiva la inmoralidad en el poder es la principal peste que afecta a los peruanos y este denigrante flagelo no es reciente atraviesa toda la historia del Perú con escasas excepciones de buenos y eficientes presidentes de la república, presidentes regionales y alcaldes. Alberto Fujimori, Ollanta Humala, Pedro Castillo y Alejandro Toledo fueron y son los inquilinos del penal de Barbadillo en Ate - Vitarte y hacen frente a la justicia o cumplen condena por delitos cometidos durante el ejercicio de un poder arbitrario y oscuro que es repudiado por los peruanos de bien.

 

“Alejandro Toledo llegará al Perú. Luego de pasar por los procedimientos de rigor, será trasladado en helicóptero hasta el penal de Barbadillo, donde debe cumplir los 18 meses de prisión preventiva que el Poder Judicial dictó en su contra en febrero del 2017. Enfrenta cargos que podrían suponerle una condena de más de 20 años por delitos de corrupción y lavado de activos. Así, a partir de hoy, el Perú se convertirá en el único país en el mundo en contar con tres expresidentes presos, una circunstancia tanto inédita como histórica, no tanto porque nuestros gobernantes a través de los siglos hayan sido un dechado de moralidad, sino porque los facinerosos, golpistas y corruptos que nos han gobernado han muerto sin rendir cuentas ante una justicia que durante mucho tiempo careció de dientes y de voluntad para procesarlos. Como bien sostuvo el politólogo Alberto Vergara en un artículo publicado tres semanas atrás en el diario “El País” de España, tanto Toledo como Alberto Fujimori y Pedro Castillo simbolizan proyectos que en su momento encandilaron a grandes porciones de peruanos y que, unos más temprano y otros más tarde, terminaron naufragando entre lodazales de corrupción y –en el caso de los dos últimos– autoritarismo. Si antes nuestros proyectos de nación morían en guerras o en golpes de Estado, hoy acaban en Barbadillo, un recinto de menos de un kilómetro cuadrado que ha terminado siendo el depositario de las esperanzas de millones de peruanos” (El Comercio, abril 23 de 2023).

 

Qué duda cabe que en esta trama oscura también tenemos responsabilidad periodistas y medios por el tratamiento evasivo y diferenciado a la corrupción de los malandros; porque a aquellos que eran dadivosos se les tocaba con la delicadeza de un pétalo de rosa, mientras que a los pájaros fruteros que cerraban la caja se les daba con palo, para luego en algunos casos convertirse en peones de la deslealtad y la degradación moral.

Pandilleros traslados al Centro de Confinamiento del Terrorismo, una megacárcel construida por el gobierno de Nayib Bukele, en el Salvador. Foto: Presidencia de El Salvador (IPS).

 

En un reciente reportaje IPS Noticias, retrata la crudeza de la violencia y violación de los derechos humanos en nuestro continente, documento periodístico que reproducimos (con el agradecimiento al medio) porque nos revela el grave peligro en seguridad que se cierne contra los habitantes de varias naciones de Latinoamérica: “Gatillo fácil recorre América Latina. La violencia asociada al crimen organizado sitúa a América Latina como la región más peligrosa del mundo y abre paso a un populismo represivo de peligrosas proyecciones, cuyo símbolo más notorio y emulado es Nayib Bukele, el presidente de El Salvador. De acuerdo a informes de Naciones Unidas, América Latina, con 8 % de la población mundial, concentra 37 % de los homicidios del planeta, obviando para estos efectos estadísticos a las muertes en guerras, en accidentes y los suicidios. Se habla entonces de una generalizada crisis de seguridad, donde el mandatario salvadoreño puede exhibir con orgullo una disminución de 56,8 % en el año 2022 de la tasa de homicidios por cada 100 000 habitantes, mientras en las antípodas Ecuador registró un aumento de 82 %.

 

«Delincuencia, narcotráfico y organizaciones criminales son términos recurrentes cuando se caracteriza la inseguridad, pero a menudo se observa una peligrosa deriva en que las leyes y medidas de “gatillo fácil” abren paso a la represión contra las movilizaciones sociales o facultan persecuciones políticas bajo el eslogan de enfrentar el terrorismo». Las comparaciones en porcentajes de un año a otro resultan engañosas si se prescinde de los datos en números absolutos. Por ejemplo, la tasa de homicidios en Chile aumentó 32,2 % en 2022, aunque en números significa 4,6 asesinatos por cada 100 000 habitantes. En El Salvador el guarismo en el mismo año fue de 7,8. Las estadísticas porcentuales, magnificadas por los medios y por el hecho innegable de un aumento en los niveles de violencia de los crímenes, generalizan la inseguridad y el temor en la población. Campo de disputas políticas. La política se hace cargo de la crisis de inseguridad, que sirve en algunos casos para que la oposición interpele al gobierno de turno, o en otros casos para que los gobernantes busquen neutralizar a los opositores. De uno y otro bando surgen medidas de contingencia que no atacan la raíz del problema y pueden profundizarlo en el mediano y largo plazo. La solución más recurrente pasa por aumentar los contingentes policiales y a la vez dotarlos de mayores medios y facultades para actuar contra los delincuentes. El agente dispondrá de un mayor margen de discrecionalidad para dimensionar el peligro y disparar. Es lo que se conoce como “gatillo fácil”.

 

La expresión no es nueva. Se generalizó en varios países de la región entre las décadas de los 60 y 80 del siglo pasado, bajo las dictaduras militares, cuando los cuerpos represivos asesinaban opositores en falsos enfrentamientos o actuaban contra las movilizaciones sociales. El reestreno de esta práctica en el siglo XXI requiere de un tinglado de legitimación que pasa por normas legales, al estilo de la llamada “ley de legítima defensa privilegiada”, promulgada en Chile el 10 de abril, o por normas más amplias que involucran a la policía, los militares y los poderes del Estado, como lo hizo Bukele en El Salvador. El líder del partido Nuevas Ideas utilizó su mayoría en la Asamblea Legislativa para poder reelegirse en la presidencia y el 22 de marzo de 2022 instauró el régimen de excepción, acompañado de varias reformas legislativas que en la práctica le dieron vía libre en su combate a la delincuencia, personificada en las maras y otras pandillas. A más de un año del estado de excepción, Amnistía Internacional denunció una generalizada violación de los derechos humanos en el pequeño país centroamericano: “Esta política ha resultado en más de 66 000 detenciones, en su mayoría arbitrarias, el sometimiento a malos tratos y tortura, violaciones flagrantes al debido proceso, desapariciones forzosas y la muerte de al menos 132 personas bajo la custodia del Estado, quienes al momento de su fallecimiento no habían sido declarados culpables de ningún delito”, señaló.

Alberto y Fidel. El autoritarismo y la corrupción van de la mano. La hipocresía de quienes hacen del poder un nido de serpientes, con la violación de derechos humanos como herramienta fascista. Foto Internet.

El populismo represivo. “Para la comisión de estas violaciones de derechos humanos, ha sido clave la coordinación, en complicidad, de los tres poderes del Estado; la confección de un marco jurídico contrario a los estándares internacionales de derechos humanos, específicamente en lo que concierne al proceso penal; y la falta de adopción de medidas tendientes a evitar las violaciones sistemáticas de derechos humanos bajo un régimen excepcional”, agregó Amnistía. Bukele reemplazó las cárceles por virtuales campos de concentración. El 1,5 % de los salvadoreños están privados de libertad, lo cual hace de este país centroamericano el de mayor población penal en el mundo. Sin embargo, sondeos de opinión muestran que ocho de cada 10 salvadoreños están satisfechos con el actual presidente y quieren su reelección por un nuevo período, mientras algunas voces disidentes advierten que el Estado ha pasado a sustituir a las maras como agente de intimidación y concentración de poder.

La tentación de imitar a Bukele con un populismo represivo que se nutre de medidas efectistas está presente en toda América Latina. En los días que se debatía en Chile la “ley de legítima defensa privilegiada”, Rodolfo Carter, alcalde del municipio de La Florida, en Santiago, demolía ante la televisión viviendas fichadas como residencias de narcotraficantes.

 

En Ecuador, el presidente Guillermo Lasso, amenazado por un juicio político que podría acarrear su destitución, anunció a comienzos de abril que autorizaba la “tenencia y porte de armas de uso civil para defensa personal” como una medida urgente contra el «enemigo común: la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado». Delincuencia, narcotráfico y organizaciones criminales son términos recurrentes cuando se caracteriza la inseguridad, pero a menudo se observa una peligrosa deriva en que las leyes y medidas de “gatillo fácil” abren paso a la represión contra las movilizaciones sociales o facultan persecuciones políticas bajo el eslogan de enfrentar el terrorismo. Criminalización de los pobres. Javier Macaya, presidente de la Unión Demócrata Independiente, partido chileno de extrema derecha que reivindica la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), acusó a la Organización de las Naciones Unidas de amparar la “violencia política” cuando su alto comisionado para los Derechos Humanos, Volker Türk, advirtió los peligros de la “ley de legítima defensa privilegiada”. Los alcances autoritarios del “gatillo fácil” comprenden asimismo una criminalización de inmigrantes y de las barriadas pobres, catalogadas de territorios de pandilleros y de amparar redes de tráfico de drogas, aunque escasamente se persigue a grandes narcotraficantes y consumidores de los sectores de altos ingresos en las urbes latinoamericanas. Las persecuciones políticas se disfrazan de seguridad, como ocurrió en Nicaragua en febrero con la expulsión y pérdida de la nacionalidad de 222 opositores. El gobierno de Daniel Ortega los acusó de “traición a la patria”, los calificó de “terroristas” y “mercenarios” y justificó la medida en nombre de la paz del país.

 

La seguridad está instalada como el gran tema latinoamericano. El último informe de Amnistía Internacional registra arbitrariedades en Venezuela que van hasta desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. Haití, sumido en la ingobernabilidad, es otro país donde la inseguridad tiene como víctima a los derechos humanos. Las complejidades del combate a la delincuencia pasan por potenciar las policías y también por la “justicia por mano propia” de los ciudadanos. En Brasil, el gobierno de extrema derecha de Jair Bolsonaro (2019-2022)  autorizó a la policía a matar criminales y amplió las facilidades para el porte de armas por civiles. Su sucesor desde el 1 de enero, Luis Inácio Lula da Silva suspendió esas medidas. De la mano de la inseguridad, América Latina se convierte en una suerte de arsenal, con armas de mayor poder para las policías, y también con el comercio ilegal que nutre a las organizaciones criminales. Un tercio de las armas de fuego incautadas el año 2017 en México, El Salvador, Honduras, Panamá y Nicaragua, venían de Estados Unidos”. (ED: EG. IPS Noticias abril 13 de 2023).

 

* Ingeniero Agrónomo, periodista, escritor.