Perú: Democracia y ¿Oligarquía?

 Poder hegemónico. Derechos fundamentales. Exclusión. Racismo.  

 

Felipe Ascención Páucar Mariluz^*

Campesina mamá de víctima de enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad en Juliaca Puno. Fueron 68 los fallecidos hasta el 08 de marzo. El 2009 Alan García asesinó a 35 en Bagua. Foto New York Times.

“La violencia apaga la esperanza de una justa solución de los problemas. Animo a todas las partes implicadas a tomar la vía del diálogo entre hermanos en la misma nación en el pleno respeto de Derechos Humanos y del Estado de Derecho”, Papa Francisco, Ángelus en Roma 23 de enero de 2023, al referirse a la convulsa realidad peruana.

Los derechos humanos fundamentales, son de obligatorio cumplimiento por toda autoridad que haya sido investido como tal en un régimen democrático y está obligado a dar fe de manera pública del respeto estricto a los mandatos de la Carta Magna o Constitución Política de un país, el no hacerlo significa el desprecio a estos derechos, a la imposición ilegal de medidas arbitrarias y el desapego a las clases sociales débiles carentes de poder. Cuántos de los derechos humanos fundamentales se cumplen o se cumplieron a lo largo de la historia del Perú, con toda seguridad, muy pocos y ello por cansancio, frustración y desesperanza genera protestas con movilizaciones violentas nunca antes vistas por parte de personas que molestas de clamar, suplicar, mendigar justicia y atención recibieron humillación y desamparo de quienes siendo gobierno asumieron el papel de sátrapas autoritarios con el fin algunas veces de convertirse en delincuentes millonarios a costa de los presupuestos de la nación. No se justifica la violencia, venga de donde viniere, sólo se trata de encontrar una explicación a lo sucedido recientemente, aunque ello en el actual escenario político – criminal resulte casi imposible.

Perú ingobernable. El periodista Jonathan Castro escribió un artículo que resume el por qué el inició de la protesta y los errores cometidos por la presidenta Dina Boluarte, sus ministros, congresistas, políticos, medios y prensa que agravaron el panorama de violencia en el país, por ello tomamos extractos que nos ayuden a entender y proyectarnos a posibles sucesos del futuro: “El último video que vi el martes 13 en la noche fue el de un muchacho que recibió el impacto directo de una bomba lacrimógena. Inmediatamente se desplomó y el grupo de jóvenes que iba a guerrear junto a él contra la Policía se replegó, lo cargó y lo protegió. En una foto de la agencia EFE se ve que tiene un hueco donde debería nacer su ceja derecha. He pasado la última semana revisando videos de jóvenes ensangrentados por el impacto de proyectiles, gente asustada porque vandalizaron sus negocios, turbas que transitan obligando a todos a marchar; y hablando con fuentes en el Ministerio de Salud y la Defensoría del Pueblo para actualizar la situación de los  muertos y heridos durante las protestas… El miércoles 14 de diciembre, leí en Twitter el último balbuceo de un jefe de Estado latinoamericano (Gustavo Petro, presidente de Colombia) para justificar el frustrado golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo: “El apresamiento, sin juez y sin defensa, de un presidente elegido popularmente ha puesto en serio cuestionamiento el papel de la Convención Americana en el ordenamiento jurídico latinoamericano”… Pero el responsable del inicio de estos conflictos es un solo hombre: Pedro Castillo. El expresidente peruano hizo un fallido golpe de Estado y seguramente detener a la fiscal que lo investiga que no dejó otra opción al Congreso más que destituirlo, y a Dina Boluarte, sucederlo en el cargo. Las protestas no son tan fáciles de entender. Hay consignas que se repiten con claridad: cierre del Congreso, renuncia de Dina Boluarte, liberación y restitución de Castillo, y Asamblea Constituyente. Es cierto que la oposición derechista cobija a personas que quisieron darle golpe de Estado a Castillo desde antes que asuma el mando; y que también tiene desapego hacia la democracia. Pero fue Castillo quien ganó las elecciones y debió canalizar el malestar social en políticas de gobierno que mejoren la vida de los peruanos. No hizo ni una reforma importante. En lugar de ello, se llenó de sospecha de corrupción, desarticuló las capacidades del Estado e insertó en el aparato público a nuevas mafias. Hoy, desde la prisión, fabrica una epopeya de una gestión que fue miserable. Las protestas atraviesan varias de las capas superpuestas de problemas arraigados en el Perú: desprecio por el Congreso y los políticos centralistas, la precariedad con la que el Estado peruano integra las dinámicas políticas regionales, la ausencia de organizaciones sociales sólidas, el racismo arraigado, el crecimiento de mafias que aprovechan el caos para buscar protección, el mal manejo de los conflictos sociales que prioriza el control policial sobre las políticas de desarrollo, etc.” (Jonathan Castro, Washington Post).  

“La Fiscalía de Perú acusó formalmente, a través de una denuncia constitucional, al presidente Pedro Castillo de liderar una organización criminal en el seno de su gobierno. Según la fiscal general de la Nación, Patricia Benavides, la investigación ha revelado indicios de que Castillo es el cabecilla de una red responsable de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión. Benavides también dijo que se estaba produciendo "una feroz obstrucción a la justicia" desde esa red supuestamente "enquistada en el Gobierno con la finalidad de copar, controlar y direccionar procesos de contrataciones para obtener ganancias ilícitas". El presidente Castillo replicó en una rueda de prensa con medios internacionales que "no hay ningún fundamento real" y "esas acusaciones son orquestadas". Reiteró que probará su inocencia y aseguró que se ha puesto en marcha "una nueva modalidad de golpe de estado en Perú" (BBC octubre 12 de 2022).

La prisión preventiva de 36 meses impuesta por el juez Juan Carlos Checkley al expresidente Pedro Castillo por supuestamente no acreditar arraigo domiciliario, apunta a enviarlo a la cárcel por 32 años como atrevidamente adelanto otra juez del grupo de jueces y fiscales anti Castillo, que no habiendo acreditado pruebas fehacientes en su contra se basan en supuestos y sospechas para aterrizar un plan destructor contra Castillo Terrones y su familia, esto en apreciación de sus abogados defensores y seguidores que no son pocos. Recordemos la serie de novelas que por capítulos emitieron medios afines a la oligarquía con sintonía garantizada y protagonizados por Karelim López, Bruno Pacheco, Zamir Villaverde, Carlos Jaico exsecretario general de palacio de gobierno y ahora ‘el español’ Jorge Hernández Fernández, entre otros que no pudieron convencer hasta hoy a un sector importante de la población que efectivamente Pedro Castillo es un corrupto y el jefe de una organización criminal y que hoy necesitan de 3 años para intentar demostrarlo. Mientras tanto, Pedro Castillo ha logrado posicionarse como la víctima de un gobierno supuestamente autoritario y de un Congreso antidemocrático con más repudio que aprobación, así como, recibir la solidaridad de autoridades y líderes de varios países de Latinoamérica y el mundo.

En las elecciones de 2020-21, el laureado escritor Mario Vargas Llosa fue un opositor acérrimo a Pedro Castillo y su plancha presidencial como activista y promotor de la candidata Keiko Fujimori, avaló la narrativa de un inexistente fraude electoral, emitió adjetivos descalificativos contra Castillo, Boluarte, seguidores y votantes, es decir, adoptó una clara posición antidemocrática y antipueblo, al extremo que fue calificado (en exceso) como un antiperuano. ¿Cómo entender entonces que ahora en palacio de gobierno al momento de recibir una distinción honorifica un Vargas Llosa anti-Casttillo sea ahora pro-Dina Boluarte y sostenga cómodamente que la candidata que llegó fraudulentamente a ser presidenta como lo aseguró sea una gran demócrata y defensora de una auténtica democracia vigente en el Perú? ¿Corrección tardía u oportunismo conveniente?

Un Congreso con congresistas lobistas y con el 6% de aprobación evitó que el primer ministro Alberto Otárola sea interpelado para responder políticamente por el asesinato de 48 personas que participaron en las protestas sociales, de esta manera avalan la represión brutal, violatoria de los derechos humanos fundamentales e indiscriminada, ubicándose en la orilla opuesta de los intereses de las poblaciones que votaron por ellos. Fueron 67 los que votaron en contra y se abstuvieron, entre los que se encuentran dos por Huánuco: Medina y Picón. Lamentable. “Las bancadas que en forma unánime decidieron proteger al jefe del gabinete ministerial fueron Fuerza Popular, Acción Popular, Alianza para el Progreso (APP), Renovación Popular, Avanza País y Somos Perú” (La República, marzo 11 de 2023).  

“Las nuevas protestas se dan en un contexto donde el Gobierno de Boluarte, el Congreso y las fuerzas de seguridad generan amplio rechazo en la población, según encuestas. En la víspera de cumplirse el tercer mes de protestas y el mismo tiempo de Boluarte en el poder, los manifestantes pintaron un enorme mural en Lima con un mensaje que dice "Estado asesino", una frase que devela las costuras de una lucha social que, más allá de conseguir vías para solucionarse, pareciera mostrar el entresijo de un conflicto político interno que podría escalar a una situación más compleja y profunda, como la ya anunciada "guerra civil" que advirtieron podría iniciar según las comunidades indígenas aimaras que habitan en el sur peruano” (RT.com, marzo 7 de 2023).

 “El Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder investiga a una presunta organización criminal que habría liderado el expresidente Pedro Castillo para interceptar las conversaciones telefónicas de opositores a Castillo y atentar contra la integridad de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, la fiscal Marita Barreto, el coronel PNP Harvey Colchado, entre otros. Con el avance de la investigación preliminar, la fiscalía estableció que uno de los objetivos de la sindicada organización criminal sería la de designar convenientemente a los jefes de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) y la Dirección General de Inteligencia (Digimin). Esto con el objetivo que ambas direcciones financien de manera ilegal la compra de equipos de intercepción de comunicaciones. Además, en octubre pasado, según la fiscalía, “se tomó conocimiento” que Jorge Hernández Fernández, conocido como “El Español”, “se encontraría captando personas, efectivos policiales o civiles, creando un grupo criminal financiado por el Gobierno, para asesinar al personal policial y fiscal del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder”. “El Español” fue capturado el martes pasado y permanece con detención preliminar (El Comercio, marzo 10 de 2023).

“El juez supremo Juan Carlos Checkley, a cargo del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, impuso prisión preventiva por 36 meses al expresidente Pedro Castillo Terrones y al exministro Juan Silva Villegas por los casos Puente Tarata II, Petroperú y Ministerio de Vivienda y Construcción. Al contrario, rechazó el pedido de la Fiscalía para imponer prisión preventiva al exministro Geiner Alvarado López, al considerar que tiene arraigo y ha venido colaborando con las indagaciones de la Fiscalía. Para Geiner Alvarado, el juez decretó comparecencia restringida, con impedimento de salida de Lima y Callao, no comunicarse con los otros investigados y testigos y entregar una fianza de 35 mil soles (La República, marzo 10 de 2023).

La corrupción como parte del crimen organizado se ha institucionalizado en el Perú, mientras el abuso del poder hegemónico se posiciona destruyendo esperanzas de progreso y sumergiendo en la pobreza o extrema pobreza a la mayoría de peruanos de bien, al extremo que perdieron la ilusión y recurren a la violencia como tabla de salvación. En este contexto, el expresidente Pedro Castillo solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que interceda para dejarlo en libertad y restituirlo como presidente, mientras que el parlamento con congresistas que quieren verlo preso desde antes que jurara como primer mandatario de la nación, aprobó una denuncia constitucional contra él validando un extraño e insubsistente informe de  la fiscal de la nación plagado de especulaciones, basados en declaraciones de ex funcionarios del  entorno presidencial; esta decisión autoriza a la fiscalía a formalizar una investigación por organización criminal y corrupción, que como primer paso fue pedir prisión preventiva de 36 meses. Por otra parte, el Departamento de Estado Norteamericano aprobó la extradición del expresidente Alejandro Toledo para que afronte varias causas por delitos de colusión y lavado de activos, pero como el poder del dinero es grande una jueza y un juez suspendieron temporalmente la orden de detención dada por ese gobierno con el objetivo de expulsarlo. "Solamente queda el requerimiento del gobierno peruano para hacer más efectiva y más rápida esta extradición y que el presidente (Alejandro Toledo) venga a tener el mismo devenir que han tenido los últimos presidentes de los últimos 28 años: una prisión" (Sputnik, 22 de febrero 2023).

De 1985 a la fecha todos los presidentes resultaron ser unos desleales y presuntos delincuentes que se aprovecharon y embolsicaron millones (Con excepción de Paniagua y Sagasti), como tal fueron investigados y denunciados por graves actos de corrupción, autoritarismo y violación de derechos humanos fundamentales: Alan García Pérez quien fue presidente dos veces y se suicidó para evitar ir a la cárcel y posibilitar la herencia de sus bienes investigados a su familia. Alberto Fujimori, que cumple carcelería por corrupción y violación de derechos humanos, tiene a la heredera pugnando fallidamente por ser la sucesora del fujimorismo, estuvo presa y es investigada por el blanqueo en sus tres campañas de millones de dólares supuestamente dinero ilegal. Alejandro Toledo quien deberá responder por graves actos de corrupción luego de huir a Estados Unidos y este país aprobara su extradición. Ollanta Humala, investigado por corrupción y violación de derechos humanos estuvo preso 9 meses, su proceso penal extrañamente sufre de parálisis. Pedro Pablo Kucsynski acusado por corrupción y con libertad vigilada es uno de los más grandes lobistas y millonarios. Martín Vizcarra denunciando por actos de corrupción cuando fue presidente del gobierno regional en Moquegua y cuando era ministro de Transportes y Comunicaciones. Manuel Merino presidente por 5 días fue denunciado por el asesinato de dos personas en la feroz represión contra su asunción al poder. Pedro Castillo, investigado y detenido en la Diroes tras dar un fallido golpe de Estado y ser investigado por presuntos actos de corrupción en una red criminal. Finalmente, Dina Boluarte, tras acceder a la presidencia luego de la forzada vacancia de Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022 hizo frente a masivas movilizaciones de rechazo que piden su renuncia en gran parte del país a las que respondió con violenta represión y exposición de un poderío militar jamás antes visto, es investigada por la muerte de 48 personas asesinadas por personal de la policía y el ejército peruano, como indican las primeras investigaciones de la fiscalía e IDL-Reporteros en un reportaje.  Esto es una pequeña parte de la penosa y trágica realidad de un país dividido y polarizado entre los pocos que ostentan comodidades y riquezas y las grandes mayorías que sobreviven en pobreza y extrema pobreza en medio de una exclusión y racismo nauseabundo. Muchos fingen no estar enterados que en el Perú, ‘el que no tiene de Inga, tiene de Mandinga’. Especial condena merecen los que habiendo apoyado o fueron beneficiarios indirectos del terrorismo y narcotráfico en sus diferentes aristas y vertientes hoy simulen excelsa conducta y acusen a otros de ser lo que ellos fueron en algún momento.

La emboscada. Como si esta estela lamentable fuera poco, el terrorismo nos recordó que siguen vigentes y no son cosa del pasado; el Militarizado Partido Comunista del Perú, MPCP; respondió a la Operación ‘Patriota’ de agosto de 2022 donde su principal campamento fue destruido, dos de sus integrantes resultaron muertos y perdieron armas y demás logística por la acción de inteligencia y las fuerzas combinadas del Ejército, la FAP, la Marina de Guerra y policía. Unos 20 integrantes del MPCP emboscaron a una camioneta con 8 efectivos de la Dinoes y Comisaría del Batallón Contraterrorista del Centro Poblado Natividad, en el distrito de Pichari, provincia de la Convención, Cusco  donde con saña fueron ultimados 6, quedando el capitán Edwin Mego herido y otro efectivo que murió desangrado con el brazo y pierna derecha destrozados, 5 de los fallecidos fueron rematados con ‘tiros de gracia’ en la cabeza. El atentado en versión oficial se produjo cuando iban a comprar pescado a Puerto Cocos, pero el ataque por sorpresa y a mansalva fue en las inmediaciones del ingreso a la comunidad nativa Mimirini y Nueva  Ashaninka ubicada entre Puerto Cocos y Mantaro, por lo que se deduce que el objetivo era llegar a Mantaro. Los responsables indirectos de esta masacre dieron distintas versiones con el objetivo de salvar sus cargos e investigaciones por negligencia e incumplimiento de reglamentos sobre movilización de personal fuera de los 200 metros del lugar donde se encuentra una base o comisaría, fue la rutina y otras fallas que hicieron posible a los sediciosos obtener su objetivo con ventaja inexplicable. Para variar, supuestos especialistas con cajas de resonancia garantizada inventaron escenarios, armaron realidades ficticias, crearon fábulas y difundieron falsedades, con el fin de posicionar la ‘verdad’ oficial.    

Origen y desarrollo de la reciente crisis.  En el 2020, nadie pudo predecir  lo que ocurriría en las elecciones generales, tampoco cuales serían sus resultados, ni el decantar trágico en diciembre de 2022, enero y febrero de 2023. La primera vuelta resultó con Pedro Castillo y Keiko Fujimori como ganadores y un Pedro Castillo ganador en segunda vuelta por escasos 50 mil votos, triunfo que no fue aceptado por la derecha liberal y sus grupos políticos Fuerza Popular, Renovación popular, Avanza País, Alianza Para el Progreso, Acción Popular considerados grupos de lobistas del poder económico que argumentaron fraude para no admitir su derrota ya que no les sirvieron sus millones, sus medios de comunicación y prensa a servicio, sus políticos y analistas contratados para conseguir bajo presión mediática el triunfo de Keiko Fujimori. Derrotados todos ellos, la tarea de expectorar a Castillo del sillón presidencial y de la casa de gobierno la asumía un Congreso con congresistas que a fuerza de pulso lograron la desaprobación y repudio del 94% de los peruanos. Congresistas, medios y prensa tras un acoso implacable con la figura de la vacancia presidencial como principal arma vieron facilitar la consecución de sus objetivos con la hasta hoy inexplicable decisión de decretar un fallido autogolpe de Estado que fuera anunciado por Castillo. Pedro Castillo le facilitó la tarea a la oposición considerada golpista por un sector de la población al realizar un gobierno que desde un principio no cumplió con las promesas y compromisos asumidos en campaña y también por hacer o pretender hacer lo mismo que otros presidentes, ministros y funcionarios corruptos con total impunidad: como despachar fuera de palacio, cometer actos de corrupción en los que estuvieron inmersos funcionarios de palacio, presuntos delincuentes hoy testigos privilegiados que hasta escriben libros donde seguro ocultarán su participación, algunos ministros hoy convertidos en ‘colaboradores eficaces’ y familiares, según las carpetas fiscales abiertas. Panorama sombrío  para el país, que será difícil superar e imposible salir airosos porque casi todos directa e indirectamente somos responsables y seremos grandes perdedores.

La situación compleja por la que atraviesa nuestra patria, debe llevarnos a actuar pensando en el interés supremo de la nación. En las siguientes líneas intentaremos responder a interrogantes sobre posturas a favor y en contra de la gran movilización nacional y los niveles de violencia pocas veces visto en el Perú, así como el porqué de la estigmatización, discriminación y marginación, que siendo males ancestrales alcanzó niveles repudiables en los cerca de año y medio de la era Castillo que con todas las fallas y errores conocidos ya marcó un hito en la historia del Perú. Quienes con ojeriza quieren ver entre las decenas de miles de personas movilizadas a lo largo del país a terroristas, narcos, comunistas, mineros ilegales, vándalos o delincuentes son los que discriminan, marginan, estigmatizan por defender a líderes corruptos, violadores de derechos humanos o a grupos de poder hegemónico, cuando no a seudos grupos políticos con acta de fundación familiar.

“Las regiones que se hacen presente en Lima, y que principalmente son Cusco, Apurímac, Huancavelica, Puno y Cajamarca, registran menores niveles de integración económica y estatal, según los especialistas. Se mantienen en un elevado índice de pobreza monetaria que supera el promedio nacional. Con el autogolpe de Castillo y la crisis política, esta parte del país vio que se diluyó la esperanza de resolver su falta  de desarrollo. Esa insatisfacción gatilló las movilizaciones a nivel nacional… En efecto, Ayacucho, Huancavelica y Puno superan el promedio nacional con una pobreza que oscila entre el 36,7% y 40,6%. En esta cifra también se incluye a Cajamarca, que se encuentra al norte del país. Aunque su cifra ha variado en los últimos años, se mantienen en el grupo con mayor incidencia desde hace más de 10 años, de acuerdo con la data oficial. Ello implica que, en estas zonas, los gastos de los peruanos son insuficientes para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias, entiéndase en salud, educación, vestimenta, transporte, entre otras… En esa línea, Efraín Gonzales de Olarte, economista de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), afirma que las regiones protestantes son las menos desarrolladas y más rurales del Perú, dedicadas a la agricultura y ganadería. “Son las que tienen menores niveles de integración a la economía de mercado y al Estado, por ello, la alta tasa de informalidad, que se traduce en bajas productividades, bajos ingresos (pobreza) y débil integración a los servicios del Estado (carreteras, educación y salud)”, agrega… El panorama se agudiza por los bajos salarios de estas regiones. Huancavelica y Puno reportan que su remuneración es menor al sueldo mínimo. Los varones obtienen un monto de  937 y 900 soles, respectivamente. Pero existe a su vez una brecha salarial de género que evidencia los montos desiguales entre hombres y mujeres, siendo estas últimas las menos pagadas, con poco más de 600 soles. Nuevamente ambos por debajo del promedio nacional. Así, según Gonzáles, la población no está siendo integrada al mercado del trabajo (María Morales Isla, Unidad La República Data, enero 28 de 2023).

“En teoría, el mercado y la democracia son integradores. El mercado incluso tiende a diluir el racismo, porque favorece el intercambio y asociación entre las personas de cualquier origen. Pero, en el Perú, ese efecto integrador ha sido severamente limitado por el costo de las leyes y los reglamentos. Los emergentes no pueden crecer más allá de cierto punto, o deben desviarse hacia la ilegalidad. Hay dos mundos. El formal y el informal. Una segregación. Es cierto que el campesinado andino se ha integrado al mercado y al mundo urbano de manera notoria en las últimas décadas. Ha surgido una nueva clase media rural y urbana emergente. Pero informal (Jaime de Altahus, El Comercio, enero 28 de 2023).

“El Perú vive horas críticas. Diversas marchas se extienden y multiplican en el sur, norte y centro del país bajo la consigna de nuevas elecciones y la renuncia de Dina Boluarte. Los violentos enfrentamientos entre la Policía y los manifestantes han dejado el trágico saldo —en poco menos de 50 días— de más de 60 fallecidos. La represión ha sido rechazada por diversos presidentes de la región, algunos han removido su apoyo (como es el caso del gobierno de Gabriel Boric), otros aún no reconocen a Boluarte (como Gustavo Petro, en Colombia) y han llego a pedir, inclusive, la libertad del expresidente golpista Pedro Castillo (según manifestó Andrés López Obrador, presidente de México, en la Celac). Boluarte, la primera presidenta del Perú, se encuentra aislada, de acuerdo al politólogo Alonso Cárdenas, sin margen de acción, con un desprestigio muy grande y con el país convertido en una olla a presión” (La República 27/01/23).

La presidenta Dina Boluarte, el premier Alberto Otárola,  ministros, especialistas y medios afines estigmatizaban a los manifestantes tildándoles de terroristas, narcos, comunistas, vándalos y delincuentes. El sábado 22 de enero, empeoraron la descontrolada protesta con una abusiva intervención al Campus de la Universidad Mayor de San Marcos a solicitud de su rectora Jerí Ramón argumentando que ‘había un grupo político detrás de las movilizaciones”, detuvieron a 193 personas, horas después fueron liberados 192, echo que obligó a la presidenta a pedir perdón, también se intentó tomar la Universidad Nacional de Ingeniería pero por la posición enérgica y humanista del rector Alfonso López Chau no se concretó, “Yo no soy comunista y si tuviera 20 años saldría a marchar” aseguró. Error tras error como el de asegurar que “la toma de Lima fue un fracaso”, afirmar que “Puno no es el Perú”, o que la violencia en el sur es promovida por bolivianos como Evo Morales y los Pochos Rojos, le pasaron factura a la precaria democracia peruana.

El factor oculto: Vladimiro Montesinos y el fujimorismo. Los medios de comunicación ultraliberales y procorrupción del fujimorato no dicen que la aguda crisis del Perú en su etapa reciente se inició hace 7 años cuando la heredera del reo en cárcel Alberto Fujimori, Keiko Fujimori Higuchi, perdió las elecciones por segunda vez frente a Pedro Pablo Kuczynski el 2016, desde entonces un Congreso a su medida porque tenía mayoría entorpeció las gestiones  y le hizo imposible gobernar hasta lograr su renuncia en 2018. Asumiría Martín Vizcarra que corrió igual suerte siendo reemplazado fugazmente por Manuel Merino de Lama y luego por Francisco Sagasti hasta que volvió a perder por tercera vez frente al profesor rural cajamarquino Pedro Castillo Terrones a quien le aplicó una presión continua e incansable cerca de 17 meses hasta que logró su vacancia el 7 de diciembre de 2022. Es conocido que tanto PPK, como Martín Vizcarra y Pedro Castillo cometieron presuntos delitos que llevaron a una fiscalía asombrosamente diligente (no está mal) a iniciar investigaciones y denuncias que le facilitó el objetivo de no dejar gobernar a otra persona que no fuera ella. La escogida por el poder económico y las fuerzas políticas como su genuina representante es en resumen la primera responsable de lo que ocurrió y ocurre en este periodo. A todo esto qué papel desempeñó y juega Vladimiro Montesinos el presidente detrás del trono de Fujimori?

El periodista Ángel Páez de la unidad de investigación del diario La República entrevistó al exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia DINI, Wilson Barrantes, sus declaraciones desmienten y trae por los suelos las versiones sin sustento sobre una ‘insurrección terrorista´ al que quisieron convertir las movilizaciones y cómo Montesinos tiene injerencia en la crisis actual, aquí dos segmentos del informe: “Narró que en una reunión del Consejo de Inteligencia Nacional (COIN), máxima instancia colegiada del Sistema de Inteligencia Nacional (SINA), encargado de orientar las actividades de inteligencia y contrainteligencia, y es de carácter deliberativo y resolutivo, se notificó de que había 16 organizaciones que alentaban a las marchas de protesta y que carecían de vínculo entre ellas. Tampoco se identificó a un partido o a un líder como aglutinador de las manifestaciones antigubernamentales. Negó que el aparato de fachada senderista, el Movimiento por la Amnistía y los Derechos Fundamentales (Movadef), dirigiera las protestas”... “(Decir que es) una ‘insurgencia terrorista’ es una estupidez. Ese término no existe en la doctrina militar… “(Hablar de la infiltración extranjera) es parte de la distracción que se quiere poner. “Al día siguiente (15 de diciembre) vinieron los muertos, 60 heridos y siete muertos…“¿Podríamos decir que Montesinos piensa que todas las manifestaciones y protestas están dirigidas por ‘Feliciano’?”, preguntamos. “Por ‘Feliciano’. Y que ‘Feliciano’ podía pararlas desde la Base Naval. Y quería mi presencia en la Base Naval para hablar con Montesinos para que haga una reunión con ‘Feliciano’ y el diera las órdenes a nivel nacional para que se pare la protesta. O sea, es un nivel de estupidez… ¡Ya no me da risa! Me da cólera, porque lamentablemente es lo que ellos pensaban”, manifestó.

El año de furia y barbarie. “Las protestas que inflaman Perú han dejado a la vista las fracturas sociales, étnicas y económicas entre la costa y las zonas rurales. La mano dura del gobierno, apoyado en militares, empresarios y medios de la capital, empeora la situación. La única vía parece ser celebrar, cuanto antes, elecciones anticipadas. Perú comenzó 2023 donde lo dejó en 2022: en medio de la precariedad institucional y el mayor estallido de violencia en 20 años. Con más de 50 muertos por la represión policial contra las protestas que piden su dimisión y un adelanto electoral, el mandato de la presidenta, Dina Boluarte –que asumió el cargo el mismo día que el Congreso destituyó a su antecesor, Pedro Castillo– pende de un hilo. Con centenares de carreteras bloqueadas en ocho regiones del país, ciudades enteras corren riesgo de desabastecimiento, incluida Lima. La caída de Castillo tras intentar un autogolpe ha incendiado una pradera llena de avisperos. En algunas ciudades del interior, la violencia desembocó en la quema de edificios, saqueos de centros comerciales e intentos de toma de aeropuertos por grupos organizados infiltrados entre los manifestantes (Política Exterior, enero 23 de 2023).

“La acumulación de la violencia actual ha sido lenta, con años de gobernanza inadecuada que conducen a altos niveles de desconfianza y decepción entre la población. Tema de preocupación para las organizaciones internacionales, incluida la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la frágil estructura democrática de Perú ha producido seis presidentes en los últimos seis años. En la raíz de la crisis hay décadas de inestabilidad política, corrupción y consecuencias de la desigualdad sistémica urbano-rural. Los proyectos recientes del Centro Pulitzer han demostrado lo que la fragilidad en las instituciones democráticas y la desigualdad social están causando en la región. Las amenazas a la vida de las comunidades indígenas y los defensores de los bosques en la Amazonía, la devastación del cambio climático en la región montañosa, las víctimas récord de COVID-19 y la precaria situación de los programas médicos y sociales están en primer plano de la pérdida de fe de los peruanos en su democracia” (Centro Pulitzer, enero 27 de 2023).

Presidenta Dina Boluarte el descontrol de las manifestaciones pese a la brutal represión parecía haberla transformado. Llamaba al diálogo luego de atacar a los que pedían su renuncia. Difusión.

Narcotráfico y terrorismo, la estela de un conflicto. El narcotráfico y el terrorismo, es un problema en el Perú de hace 100 años (Ver La Guerra de los 100 años: Narcotráfico y terrorismo, julio de 2022), se le imputa ser causantes de decenas de miles de muertes y el haber fortalecido a lo que hoy es el crimen organizado que involucra a otros 20 delitos de igual o de mayor impacto negativo en la política, la economía, la salud, la cultura, el medio ambiente, etc. La guerra perdida contra las drogas, el narcotráfico y su aliado el terrorismo hasta el momento no tiene una explicación o justificación convincente, lo que lleva a conjeturar que fue la corrupción uno de los instrumentos para infiltrar los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y el poder mediático de medios y prensa que podrían resultar siendo los causantes de su empoderamiento y expansión en Latinoamérica, Caribe y otros continentes de la mano de la tecnología y con la sofisticación de sus actividades o la ‘colaboración’ de las fuerzas de seguridad ganadas por el crimen. En suma los retos de aquí en adelante son enormes ante la imposibilidad de controlarlos y erradicarlos.

Desde la segunda vuelta electoral en 2021 se intensificó el uso indebido e interesado del narcotráfico y el terrorismo por parte de grupos políticos, también de los auto proclamados analistas con intereses personales apoyados por medios de comunicación con el objetivo de evitar la elección de Pedro Castillo y empoderar a Keiko Fujimorí, al poner en relieve los presuntos vínculos de Castillo con el comunismo, con el narcotráfico y el terrorismo con el fin de restarle credibilidad y preferencia de los electores, pero no pudieron mostrar pruebas con peso legal sobre estas afirmaciones. Pese a la feroz contra campaña Pedro Castillo resultó ganador juramentando como presidente y desde allí fue un Congreso con mayoría de grupos políticos de derecha, liderados entre otros por militares que firmaron ‘Actas de Sujeción’ a Fujimori/Montesinos  el que asumió la arremetida por la vacancia presidencial que se vio facilitada por actos de corrupción propios de una organización criminal lo que dio lugar a su vacancia y detención con la que se inician las protestas, primero en las regiones del sur que se fue extendiendo progresivamente a dos terceras partes del país. ¿Por qué se dio esta protesta colectiva masiva, sin estar previamente organizada, ni articulada entre sí, ni con partidos políticos u organizaciones visibles? Todo apunta a que el factor Castillo y Boluarte solo fue una detonante que catapultó un enorme descontento y sentimiento de frustración, rabia contenidas a causa de décadas de postración y olvido, aunque también podría ser que la gran mayoría del pueblo desposeído vio como se les arrebataba de mala manera a un líder el presidente en quien tenían cifradas sus esperanzas, quizás pudieron pensar que tuvieron el poder buscado por décadas y este les fue arrebatado. Lo cierto es que el único golpe real y efectivo fue el del Congreso contra la presidencia de Pedro Castillo. A partir de ello el mensaje podría ser, que nadie que no represente a la derecha o a la oligarquía puede ser presidente y menos gobernar el país y quien se atreva a serlo debe pagar muy caro por la osadía.

Sendero luminoso y el narcotráfico. En 2012 con la captura del camarada ‘Artemio’ se puso fin a las actividades armadas ilegales y criminales de Sendero Luminoso en el Huallaga y con ello se posibilitó la erradicación de 5 mil hectáreas de cultivos de coca en el valle del Monzón con los que el Perú llegó a tener 42 mil hectáreas en 2015 según cifras de las Naciones Unidas, ONUDC, con el que se podía producir en teoría 400t de cocaína de las que en promedio se incauta 80t cada año; es desde este año hasta el 2021 que la coca crece exponencialmente hasta las 80 mil hectáreas y 800t de la droga cocaína según cálculos de la Oficina Antinarcóticos de Estados Unidos, ONDCP, no existe para ese año una cifra de ONUDC, por tanto, se concluye que los gobiernos de este periodo mediante DEVIDA que tuvo como presidentes a Alberto Otárola, Carmen Masias y Rubén Vargas no hicieron el trabajo de control, fiscalización y desarrollo alternativo que les correspondía y por ello el narcotráfico y la pobreza siguen siendo uno de los problemas difíciles que tiene el Perú, pero, como si se tratara de una broma el nuevo presidente de Devida Carlos Figueroa propuso replicar el plan fallido de ese periodo. El terrorismo remanente de SL fue golpeado fuertemente en agosto de 2022 con la Operación ´Patriota´ precisamente por el gobierno de Castillo a quien se le motejaba de narcoterrorista. El narcotráfico y el terrorismo en conjunto son un pequeño grupo que no representa peligro alguno a la seguridad interna del Perú, aunque cuente con cierto poder militar y económico que hace posible su infiltración en la política, la economía y fuerzas de defensa o seguridad, el poder de fuego de estos flagelos es incapaz de resistir a un batallón de 200 hombres de las fuerzas armadas, por lo que es una necedad/estupidez pretender utilizarlos para generar caos o terror en la población. El terrorismo asentado en un sector geográfico equivalente a un distrito de los 69 del inmenso Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro, Vraem, constituye un problema aislado (según autoridades, líderes y pobladores) que aparece de vez en cuando de la mano de coyunturas complicadas para magnificarlas y en apariencia mantenerlas vigentes indefinidamente y en beneficio de poderes facticos ocultos expertos en desviar la atención pública nacional e internacional respecto a problemas acuciantes.

Ataque y respuesta, las cuantiosas pérdidas y las masacres: Las protestas del 7 de diciembre en adelante a consecuencia de la vacancia y detención del expresidente Pedro Castillo Terrones produjeron 48 muertes presuntamente ocasionados por efectivos policiales y militares de los 68 fallecidos incluyendo la muerte por ahogamiento de 6 soldados en el río Juli, pero que según versión oficial fueron muertos por infiltrados armados entre los manifestantes, también resultaron heridas más de 1000 personas entre policías y civiles, fueron destruidas o incendiadas comisarías, sedes de la fiscalía, juzgados, aeropuertos y entidades privadas. Es a partir de estos hechos sangrientos y de violencia extrema que nuevamente se esgrimió como justificación a la represión excesiva tipificar de terroristas, narcotraficantes o mineros ilegales a quienes apoyaron o dirigieron las multitudinarias movilizaciones y protestas en Puno, Cusco, Apurímac, Ayacucho, Madre de Dios, Amazonas, Junín, Ucayali, Huánuco, San Martín, Cajamarca, Lima, etc. El gobierno de la presidenta Dina Boluarte con su primer ministro Alberto Otárola, aparatos de inteligencia, medios y ‘especialistas’ magnificaron interesadamente una vez más al narcotráfico y terrorismo sin tener en cuenta que ello podría convertirse en un bumerang de impredecibles consecuencias; hacer creer a la población que el ‘narcoterrorismo’ asola al país es ridículo e irresponsable. Hay que ser claros y firmes, lo que hubo fueron protestas violentas de personas desbordadas con la injustificable destrucción de bienes públicos y privados, sin que sea una insurrección, que haya habido infiltrados, nadie lo duda, pero es inteligencia del Estado que debe ubicarlos y detenerlos, como también corresponde decirle la verdad sobre los sucesos a los peruanos. La presidenta Dina Boluarte, su premier Alberto Otárola, sus ministros del interior y defensa podrían hacer frente a duras penas de hasta 20 años de prisión acusados por genocidio por los sucesos sangrientos con un “nivel de violencia nunca antes visto” según un oficial de la comisaría de Juli en Puno en el que pudieron morir 43 policías dado que fue cercado e incendiado parcialmente por unos 500 manifestantes en presunta venganza porque sus compañeros Aimaras fueron brutalmente reprimidos en Lima (Ovalo de Higuereta). Por qué Alberto Otárola un político de izquierda y  defensor de los derechos humanos en la década de Fujimori – Montesinos, hoy opta y aparece como un violador sistémico de estos derechos y evita asumir responsabilidad junto con sus ministros de defensa del interior? ¿Por qué Dina Boluarte una mujer apurimeña, se entiende de pueblo, destila desprecio hacía las personas que tienen su mismo origen? Contradicción, difícil de entender.

Los privilegios del centralismo limeño. La convulsión política y social que sacude a Perú no es un problema coyuntural, tiene que ver con relaciones verticales agraviantes en su población, afirma el historiador José Carlos Agüero. En este país sudamericano han muerto 59 personas en los dos meses del gobierno de la presidenta Dina Boluarte, 48 directamente por la represión estatal a las protestas iniciadas el 7 de diciembre. La presidenta de 60 años ha respaldado a las fuerzas armadas y policiales pese al saldo trágico de su accionar represivo. “Lo que se puede encontrar de un colapso social no son soluciones, pero sí salidas que ayuden a que este nudo, que es muy peligroso para la gente, que es lo que a mí me importa sobre todo, se desactive en sus efectos más tanáticos (mortales)”, declaró Agüero en una entrevista con IPS. Perú tiene 200 años de vida republicana pero arrastra problemas de desigualdad y discriminación, que debido al centralismo agudo en Lima afectan sobre todo a las poblaciones del interior, especialmente rurales, campesinas, amazónicas e indígenas  quechuas y aimaras. Para 2021, según las últimas estadísticas oficiales, la pobreza urbana se situaba en 22 % y la rural en 40 %, sobre todo en la sierra y la Amazonia. Regiones como Ayacucho, Huancavelica, Puno –algunos de los centros de la protesta social- alcanzaron los niveles más altos de pobreza en un rango de 37 % a 41 %. La capital de Perú supera los 11 millones de habitantes, representa la tercera parte de la población total,  estimada en 33 millones. Es una ciudad con una alta inmigración interna que refleja la necesidad de las personas de encontrar las oportunidades de las que carecen en sus lugares de origen (IPS, febrero 16 de 2023).

La criminalidad creciente e incontrolable.  Miles de venezolanos y personas de otras nacionalidades ingresan como Pedro a su casa por las fronteras al Perú, no tienen documentación y no pasa nada; lo que nos espera a los peruanos en el corto y mediano plazo es una realidad espeluznante si solo un 10% de ellos opta por la criminalidad, ante una policía nacional incapaz de ubicar y reprimir el delito y la lenidad del aparato de justicia también incapaz de sancionar con penas carcelarias duras a quienes delinquen con impunidad sobrecogedora. El crimen organizado engloba 21 delitos, entre ellos la delincuencia común y la extorsión que crece de manera incontenible y se ha convertido en un problema sin visos de solución, los asesinatos por encargo, los secuestros y las amenazas extorsivas son una amenaza letal para empresarios, trabajadores y emprendedores, principalmente, ante la pasividad, inacción y falta de decisión política del ejecutivo, legislativo, poder judicial y ministerio público que en los últimos seis años más que en periodos anteriores trabajan en concordancia a intereses del poder hegemónico, mientras que para distraer a la opinión pública magnifican y culpan a delitos vigentes por décadas pese a las grandes inversiones y gastos efectuados para combatirlos. “Entre los servicios públicos más fundamentales, la seguridad ciudadana tiene dos características que la hacen especial. La primera es que, a diferencia de otros como la educación, salud o infraestructura, sus procesos de deterioro no necesariamente suceden a lo largo de décadas de negligencia; pueden desencadenarse, más bien, en una violenta y rápida espiral de decadencia en la que los crímenes y la sensación de impunidad se refuerzan mutuamente. La segunda característica guarda relación con la esencia del Estado. Una nación puede ser viable aún con bajos índices de electrificación o saneamiento –por mencionar solo algunas responsabilidades del aparato público–, pero es inviable cuando el Estado de derecho y las garantías de seguridad personal se pierden del todo. Por eso las recientes estadísticas sobre la criminalidad en el país no deben ser pasadas por agua tibia. De acuerdo con un informe publicado ayer por la Unidad de Periodismo de Datos de este Diario (ECData), las denuncias por delitos ante la PNP subieron un 27% desde el 2018, la mayoría de ellas ligadas a delitos contra el patrimonio (como el hurto o robo). Entre las regiones más afectadas se encuentran Madre de Dios, Lambayeque y Arequipa.” (Editorial El Comercio, marzo 6 de 2023).

El voto social. “El año 2000 la renuncia de Alberto Fujimori desde Japón dio paso a la sucesión del presidente del Congreso Valentín Paniagua y luego Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kucynski. Martín Vizcarra, Manuel Merino, Francisco Sagasti, y Pedro Castillo, siete acusados de corrupción y cuatro destituidos (vacados) por el Congreso bajo control del fujimorismo y sus tradicionales aliados mediante la acusación de “incapacidad moral” respaldada por la Constitución fujimorista de 1993. El 6 de junio de 2021 y después de un recuento de votos de la segunda vuelta electoral, el Jurado Nacional de Elecciones declaró ganador de la Presidencia de la República a Pedro Castillo, candidato de Perú Libre frente a Keiko Fujimori, de Fuerza Popular y quien postulaba por tercera vez. Castillo, maestro rural, ajeno a las élites, “un desconocido en Lima” según la prensa; que no apareció en las encuestas de opinión; con una imagen ajena a los paradigmas del marketing, y un discurso sin propuestas atractivas, logró ganar las elecciones. Durante año y medio de gobierno enfrentó tres solicitudes de “vacancia” y diversas solicitudes de juicios civiles por presuntos delitos junto a su familia. El 7 de diciembre de 2022 ante una inminente y nueva declaratoria de vacancia por el Congreso, Castillo decretó un fallido autogolpe de Estado con el cierre del Congreso. En respuesta; el Parlamento lo vacó, y el nombramiento en el cargo de la Vicepresidenta a Dina Boluarte. Horas después Castillo fue detenido” (Perú. El voto social, por Felipe Sierra. El Tapete).

Abrazar la Diversidad de Razas (En el Perú si no tienes de Inga, tienes de Mandinga). ¿Cómo sería el Perú si realmente abrazara la diversidad? Marco Avilés autor de otro artículo en Washington Post, escribe sobre racismo en América Latina. Es autor de ‘No soy tu cholo’ y ‘De dónde venimos los cholos’. Actualmente estudia un doctorado en la Universidad de Pennsylvania. “Tras la caída en desgracia del exmandatario Pedro Castillo, a inicios de diciembre, su vicepresidenta Dina Boluarte asumió la conducción de un gobierno teóricamente de izquierda. Boluarte, lejos de seguir o corregir la política de su predecesor, se alió con sus antiguos adversarios de derecha y, desde las primeras protestas, ordenó una represión no vista en el país desde la dictadura de Alberto Fujimori. Medio centenar de personas han muerto desde entonces, principalmente en ciudades y pueblos de mayoría indígena. ¿Cómo sería el Perú si realmente abrazara la diversidad? ¿Qué significa abrazar la diversidad? ¿A quién iba dirigido ese mensaje? ¿A otras personas blancas, con poder, que necesitan recordatorios de este tipo? Entonces, ¿quién debe abrazar y quién debe ser abrazado? Pero, ¿es eso lo que buscan las personas “diversas”, no blancas, cholas, indígenas, negras, racializadas que hoy protestan movilizadas en el Perú y son heridas y asesinadas?...Pero lo realmente horroroso es la dimensión colectiva, pandémica, de este tipo de crueldad y clasismo. Muchos medios internacionales que cubren las protestas y las masacres evidencian por contraste que el ecosistema (convencional) del periodismo y la política peruana tienen una penosa resistencia a nombrar el racismo que asola al Perú. La falta de diversidad es una dimensión del racismo difícil de denunciar, pero es un factor clave para entender por qué el gobierno peruano puede reprimir y masacrar a poblaciones indígenas, gente “de las alturas”, con el respaldo de muchos medios de comunicación”.

Estamos ante un régimen cívico – militar? Para Yamilé Guibert, analista política. “Todavía no sabemos cómo se está dando esta distribución del poder para saber si estamos ante una transición hacia un régimen cívico-militar”. Carlos García Ayala, analista político dice que, “La democracia todavía persiste de una manera mínima (...) los derechos civiles que sustentan a esa democracia se han visto vulnerados”. Marylia Cruz, analista política, afirma, “Creo que todavía no estamos en un régimen cívico-militar. Diría que estamos enrumbados a un gobierno cívico-militar”.

Interrogantes que esperan respuestas. ¿Por qué la presidenta Dina Boluarte tendría que renunciar, si ella asumió constitucionalmente el cargo?  ¿Por qué Pedro Castillo debe ser liberado si es investigado por haber incurrido en supuestos delitos denunciados con una celeridad sin precedentes por la fiscal de la nación Patricia Benavides? ¿Es prioritaria o un caso de vida o muerte una asamblea constituyente para una nueva constitución cuando hay otros tantos  temas y problemas muy urgentes que resolver en beneficio de todos los peruanos? ¿Es posible el cierre de un Congreso desprestigiado (6% de aprobación) porque se lo piden miles de peruanos que tomaron las calles con argumentos que a muchos no convencieron, mientras los congresistas se aferran a su curules, piden reelección inmediata o un parlamento bicameral y se dan el festín con un menú de lujo, compran alfombras a un valor cinco veces mayor, alquilan playas de estacionamiento por millones, se pasean por el mundo con dinero del Estado, etc. Y  como si fuera poco Fuerza Popular, Avanza País y otros grupos políticos malversan y se apoderan de los recursos de todos los peruanos asignados con el objetivo negado de mejorar la actividad política, cuando todos sabemos que existen grupos familiares y de un solo propietario con la falsa etiqueta de político.

Definiciones:

“Poder hegemónico. Dominio o supremacía que un grupo ejerce sobre otro, de tal modo de dictar los términos y parámetros de la acción social en todos los sentidos y mantener a la oposición fuera de la ley o la legitimidad” Wiktionary. org.

“Oligarquía. Sistema de gobierno en la que el poder está en manos de unas pocas personas pertenecientes a una clase social privilegiada” Definición de Oxford.

Derechos humanos fundamentales. Según la RAE, los derechos fundamentales son aquellos “derechos declarados por la Constitución que gozan del máximo nivel de protección”. Es decir, se trata de unos derechos alienables, inviolables e irrenunciables. Y pertenecen a todas las personas por su dignidad. Los derechos humanos son los derechos que tenemos básicamente por existir como seres humanos; no están garantizados por ningún Estado. Estos derechos universales son inherentes a todos nosotros, con independencia de la nacionalidad, género, origen étnico o nacional, color, religión, idioma o cualquier otra condición.

 

·     * Ingeniero Agrónomo, Periodista investigador, escritor.