Terrorismo, justicia y reparaciones: CVR 7 años.

En el Huallaga se estima existirían 300 fosas y tumbas clandestinas, solo se exhumaron algunos cuerpos de los miles enterrados clandestinamente por terroristas legales e ilegales. Foto Leyenda del Huallaga.

“El Plan Integral de Reparaciones, su puesta en marcha y su ejecución dependen de la existencia de una clara voluntad política de llevarlo a cabo y de la suma acumulativa de muchos aportes y esfuerzos. La voluntad política no es exclusiva del Gobierno nacional, aún cuando a éste le corresponda articularla e impulsarla activamente, sino que compromete a la totalidad de los actores políticos y a muchos otros actores sociales como los medios de prensa y comunicación, las empresas, asociaciones y tantos grupos representativos de diversos sectores sociales, que tengan la entereza de ir más allá de su condición de meros observadores de la tragedia que vivió el país, para reconocer su responsabilidad y asumir su deuda con quienes padecieron directamente la violencia.” Expresa la CVR en su informe final.

Pasaron 7 años de entrega del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación y la reclamada voluntad política por hacer justicia a las víctimas de la violencia subversiva y contra subversiva que empantanaron al país con la sangre de miles de peruanos, la mayoría de ellos inocentes de delito alguno, simplemente no existe. Los gobiernos y sus felones por la impunidad pugnan por limpiar de culpa a los depredadores que torturaron, asesinaron y desaparecieron a decenas de miles de hombres y mujeres, incluido niños, en nombre de la libertad, la democracia o de utopías justicieras.

Las familias pobres, que se encontraban en medio del fuego cruzado, son las víctimas que esperan reparación y justicia. Foto Leyenda del Huallaga.

Hay un tiempo para hacer justicia que no se ha cumplido y un tiempo para reparar que semejan a dádivas revestidas de pura demagogia. Las reparaciones colectivas tal como se dieron han demostrado que no sirven para reparar el dolor, el sufrimiento, la sangre derramada; más aún si son algunas pequeñas obras con graves falencias técnicas por la denunciada corrupción en funcionarios y ejecutores de las obras. Obras que habiendo sido iniciadas en 2007, luego de 4 años no fueron entregadas oficialmente o que siendo recepcionadas no satisfacen las expectativas y aspiraciones de los familiares de las víctimas. Además de sanción ejemplar se espera que la justicia y las reparaciones sean capaces de resarcir económicamente los daños, perjuicios y el inmenso dolor sufrido.

“En estas condiciones, lo que hay que reparar primariamente en el interior del país, en nuestros Andes y en la Amazonía, es un alma colectiva gravemente herida, que incluso ha perdido en gran medida su identidad y su sensación de pertenecer al colectivo nacional. Claro que existen también otros sectores poblacionales que fueron duramente afectados por la violencia y que perdieron familiares, propiedades, tranquilidad y esperanza o que vieron interrumpido su proyecto de vida. Todos ellos, víctimas y deudos son los sujetos de las reparaciones que la CVR recomienda asuma el Gobierno a nombre del Estado y de toda la sociedad peruana, para devolver o crear mejores condiciones para el diálogo casi olvidado entre culturas diversas y grupos sociales lejanos entre sí y para facilitar avances sustanciales hacia la deseada reconciliación.”, agrega el informe.

Policías y militares cayeron en la lucha fratricida de una guerra interna sin sentido. Sus familias también esperan justicia y reparación. Foto Leyenda del Huallaga.

En marzo de 2008, Eduardo Olivos Meza, indicó que Huánuco era la primera ciudad donde funcionaría una oficina de coordinación regional que supervisaría la correcta ejecución de las obras que se pondrán en marcha en el marco de dicho programa y que esta oficina estaba a cargo de Ronel Hidalgo Huertas. Este diría luego que le era imposible cumplir plenamente con la función supervisora y que debido al escaso personal solo le quedaba confiar en las municipalidades que como ejecutoras y contrapartes velaran por la eficiencia y transparencia en la ejecución de las obras colectivas. Sin embargo, transcurrido el tiempo, se concluye que la mayoría de los alcaldes y funcionarios actuaron con malicia y deshonestidad y producto de ello son las malas obras y el descontento de las poblaciones.

Las víctimas de la guerra interna en José Crespo y Castillo recordaron con un desfile los 7 años de entrega del informe final de la CVR. Foto Leyenda del Huallaga.

En abrid de 2008, en representación de la PCM, Jesús Aliaga Baldeón, secretario ejecutivo de la CMAN dijo en una reunión con alcaldes de Huanuco que la PCM, a través de la CMAN, se comprometía a apoyar las gestiones para las reparaciones vinculadas al logro de financiamiento del Ministerio de Economía y Finanzas y de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional. En esa misma reunión los alcaldes se comprometieron, entre otros puntos, a financiar la elaboración del perfil y el expediente técnico de los proyectos de las comunidades para obras de reparación, así como implementar una oficina de coordinación del PIR.

En marzo de 2009, Jesús Aliaga señaló “A veces tenemos la idea de que reparación individual sólo es la reparación económica y no que se refieren a las reparaciones en salud, educación, facilitación de acceso habitacional y restitución de derechos que tienen también el carácter individual…las reparaciones económicas están pensadas para el ciudadano alto andino que jamás recibió recursos del Estado.” Y refirió que a pesar de ser vistos estos recursos como “insuficientes y simbólicos”, este dinero les puede cambiar la vida.

En julio de 2010, Javier Velásquez, primer ministro, sostuvo: “El Gobierno peruano entregará el próximo año reparaciones individuales a víctimas del terrorismo por un total de 20 millones de soles… ese monto se obtendrá luego de reformular las metas de las reparaciones colectivas, en el caso de que no hubieran más recursos disponibles en el presupuesto nacional.” El monto destinado es de 155 millones de soles para las reparaciones colectivas de 1.343 comunidades afectadas por la violencia terrorista entre 1980 y 2000. "Es una decisión política que reivindica a las víctimas de la violencia demencial del terrorismo."

Las instituciones públicas también apoyan el pedido de reparación y justicia como una condición para la paz y la reconciliación. Foto Leyenda del Huallaga.

El 01 de agosto, Jesús Aliaga, sostuvo “Vamos a definir cuestiones técnicas que nos permitirán impulsar las reparaciones individuales en forma seria y responsable, para que sea una obligación que pueda cumplir el Estado y no una falsa expectativa más para las víctimas… estas reparaciones tienen que tener un sentido de sostenibilidad. No existe la intención de dejar cargas imposibles de pagar al próximo gobierno, sino iniciar un proceso que tenga los pies sobre la tierra, que puedan trazarse metas que puedan cumplirse desde el Estado.”

Eduardo Olivos de la PCM explica a cientos de víctimas de Aucayacu sobre reparaciones individuales en salud y educación, recibió una andanada de críticas y múltiples pedidos. El dirigente Javier Magallanes Godoy y la Defensoría del Pueblo reclamaron consecuencia y responsabilidad a los gobiernos nacional, regional y local. Foto Leyenda del Huallaga.

Finalmente, el 29 de agosto, en una reunión en Aucayacu a partir de una iniciativa del periodista Bladimir Angulo de radio Amistad, los 250 asistentes en representación de las víctimas de la violencia en José Crespo Castillo, no solo cuestionaron al funcionario de la PCM Eduardo Olivos por la mala ejecución de las reparaciones individuales en salud y educación, sino que emplazaron al gobierno aprista a ser coherente y justo con las víctimas de la guerra interna y solicitaron una reparación de 100 mil soles por cada víctima. La reunión se realizó luego que un grupo de víctimas participara de la ceremonia cívica y un desfile por los 7 años de entrega del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación.

Hasta aquí queda claro que los gobiernos de Alejandro Toledo y Alan García, no tomaron en serio y menos mostraron voluntad para hacer justicia y reparar a las víctimas de la violencia terrorista y contraterrorista, mientras que algunos dirigentes de las asociaciones de víctimas no asumen una postura clara frente a los montos que exigen por reparaciones individuales, los montos planteados son ilusorios y van desde 60 a 100 mil soles, imposibles de aceptar, ni siquiera admitir a discusión, por que serían imposibles de cumplir, dado que los compromisos a establecerse tendrían que ser pagados con el dinero de todos los peruanos.

“En cuando a los recursos necesarios para hacer del Plan de reparaciones una acción concreta y que no quede como un documento más, el ingrediente básico es la solidaridad y el esfuerzo común. La piedra angular y el cimiento de su construcción corresponden al Estado, donde están representados los partidos y otros movimientos, pero debe encontrar sólido complemento en muchos otros aportes. La sociedad civil, en su multiplicidad de presencias: asociaciones, iglesias, gremios y sindicatos; las organizaciones no gubernamentales, las entidades sin fines de lucro, el voluntariado nacional (universitario y civil); y desde luego la empresa privada que puede jugar un papel muy significativo y la cooperación internacional, tanto bilateral como multilateral que podrán ayudar a convertir una propuesta en realidad tangible. Sobre estas premisas, las reparaciones debidas al país y a sus víctimas se convertirán también en un aporte efectivo a la consolidación democrática, a la devolución de la fe en el futuro y a sentar las bases de un nuevo pacto social.” Informe final CVR.

Las acreditaciones a las víctimas de la violencia son lentas y engorrosas, están en muchas manos y no todas son eficientes. La espera desespera es el comentario general. Foto Leyenda del Huallaga.

Mientras se asigne 20 millones para las reparaciones individuales, restadas del monto destinado a las reparaciones colectivas y mientras el gobierno aspire a pasar a la historia como felón por la impunidad de los depredadores de derechos humanos con decretos leyes inconstitucionales que evitan, excluyen y cortan las sanciones a los asesinos del terrorismo de Estado, simplemente no habrá paz social y los rebrotes violentistas con diversas posturas siempre estarán latentes.

Si bien es aspiración que la reconciliación con justicia y reparación sea algún día posible en el Perú, también es de esperar que todos asumamos una postura clara y responsable que apunte al interés colectivo antes que a otros objetivos que no contribuyan al cumplimiento de las recomendaciones de la CVR orientadas a la igualdad y equidad entre todos los peruanos, dejando de lado la discriminación y el estúpido macartismo de la derecha calificada de reaccionaria por un sector de peruanos y de los intereses mezquinos de los que fungen de dueños del País.