viernes, 24 de diciembre de 2010

El destape de WikiLeaks. La verdad de lo que ocultan los Gobiernos.

El Departamento de Estado de E.U ordenó a sus diplomáticos obtener información personal, número de tarjetas de crédito y datos biométricos de funcionarios de varios países y de la ONU, incluidos los de su secretario general. Foto Reuters.

El interés por los papeles de WikiLeaks se explica porque revelan como nunca antes hasta qué grado los políticos de Occidente han estado engañando a sus ciudadanos.

El logro concitado por los papeles de WikiLeaks es por una razón muy simple, pero al mismo tiempo poderoso: porque revelan de forma exhaustiva, como seguramente no había sucedido jamás, hasta qué grado las clases políticas en las democracias avanzadas de Occidente han estado engañando a sus ciudadanos.

Tres semanas después de que The Guardian, The New York Times, Le Monde, Der Spiegel y El País comenzaron a publicar las informaciones que ahora todo el mundo conoce, se puede afirmar que de este asunto se puede extraer una primera conclusión.

Más que un agudo estado de crisis de seguridad supranacional, como anticiparon algunos, lo que verdaderamente se ha instalado entre las élites políticas en Washington y en Europa es una espesa atmósfera de irritación y de embarazosa contrariedad que resulta extremadamente reveladora del alcance y del significado real de los papeles de WikiLeaks.

Desde antes de publicarse la primera línea se sucedieron las más diversas admoniciones en contra, tanto en público como en privado. Portavoces en Washington advirtieron de la irresponsabilidad de publicar. Los directores de los periódicos responsables del proyecto fueron advertidos de que la publicación del material que tenían en su poder pondría en peligro decenas de vidas, arruinaría nobles esfuerzos diplomáticos vitales para cimentar la lucha contra el terrorismo mundial y debilitaría de forma irremediable la coalición internacional encabezada por Estados Unidos, al exponer a sus socios a situaciones tan embarazosas que dificultarían o impedirían la colaboración entre ellos.

No sorprendió que el presidente Barack Obama calificase las filtraciones de actos deplorables. Tampoco que la secretaria de Estado Hillary Clinton utilizase esos argumentos, casi con esas mismas palabras, durante su primera comparecencia ante la prensa en Washington para condenar las acciones de WikiLeaks y lamentar la decisión que, sin atender a los ruegos de su Administración, finalmente tomaron los cinco periódicos mas importantes que habían tenido acceso al material filtrado.

Lo que se comenzó a revelar dejó pequeñas las peores pesadillas del Departamento de Estado de Estados Unidos, al tiempo que levantó quejas amargas de diplomáticos en todo el mundo. No solo quedaban al descubierto algunas de sus maniobras u órdenes menos confesables, sino que también se acumulaban pruebas del doble discurso de los aliados de Washington en los más diversos asuntos que veían con estupefacción cómo la publicación de los despachos les dejaba en evidencia frente a países vecinos y aliados y frente a sus conciudadanos, quienes descubrían con comprensible irritación opiniones, declaraciones o acciones de sus líderes que les habían sido convenientemente ocultadas.

WikiLeaks desnudó la diplomacia estadounidense. Foto El País.

La Administración estadounidense llegó pronto a la conclusión de que su estrategia inicial de condenar las filtraciones, deplorar su difusión y predecir un Apocalipsis diplomático como consecuencia inmediata de su publicación no surtía el efecto deseado.

Así que pronto se articuló otra muy distinta que encontró con rapidez su vía en hartos editoriales y artículos de opinión en importantes periódicos, revistas y programas de televisión de Estados Unidos y de otros países, entre ellos el Perú dando amplia cobertura a las risibles declaraciones de los ministros o de políticos gobiernistas intentando descalificar a Wikileaks como pura chismografía cuando se reveló los vínculos de altos mandos militares con el narcotráfico internacional o la personalidad paranoica del presidente Alan García (que por cierto ya se conocían desde los 90).

El inicial júbilo de la dictadura cubana, que celebró con alborozo los apuros por los que previsiblemente pasaría Washington en los días siguientes, se trocó primero en incomodidad al trascender los relatos sobre el grado de implicación de sus agentes secretos en Venezuela y otros países latinoamericanos, así como el nivel de deterioro de su economía, y que acabó luego en insultos a los medios que publicaban los documentos.

Decenas de miles de soldados libran en Afganistán una guerra que sus respectivos primeros ministros o presidentes consideran de imposible victoria. Decenas de miles de soldados sostienen con sus esfuerzos a un Gobierno cuya corrupción es conocida y tolerada por aquellos que les enviaron a luchar.

Según revelan los despachos de WikiLeaks, ninguna de las principales potencias occidentales involucrada cree firmemente en la posibilidad de que el país sea viable a medio plazo, por no hablar ya de su altamente hipotético ingreso al club de las democracias, objetivo declarado de los combatientes.

Así que a nadie debería sorprender que el vicepresidente afgano traslade al extranjero millones de dólares en maletines con el consentimiento de sus patronos en aras de mantener la fachada de que el país asiático cuenta con un Gobierno si no decente, al menos semisolvente.

Pakistán se ahoga en la corrupción, mantiene un arsenal nuclear en tan lamentable estado que cabe razonablemente temer por su seguridad y ayuda a grupos terroristas que se emplean a fondo contra India y en países de Occidente. Dinero en abundancia proveniente de donantes en Arabia Saudí o los emiratos del Golfo financia también el terrorismo de grupos suníes sin que Estados Unidos denuncie a sus firmes aliados en la región como potencias del mal ante las tribunas internacionales.

Clinton o alguno de sus subordinados más directos ordenó espiar en la ONU no solo a un grupito de países raros sino al propio secretario general de la organización sin que este, que se sepa, haya exigido explicación alguna a semejante violación de su estatuto internacional.

La publicación de los cables secretos revela por añadidura que, colectivamente, la clase política en Occidente era consciente de la situación en Afganistán, de las turbias maquinaciones de Pakistán o de las ambigüedades de los países árabes aliados de Washington, un ejercicio de doble moral sin muchos precedentes conocidos.

Los destinatarios de semejante impostura eran sus electores, las sociedades con cuyo esfuerzo en soldados y en impuestos se sostiene la guerra en Afganistán. No parece ya exagerada la comparación de agudos observadores, como John Naugthon, cuando señalan que el régimen de Karzai resulta igual de corrupto y de incompetente que el Vietnam del Sur sostenido por Estados Unidos en los setenta. Y que Washington y la OTAN se están hundiendo en una ciénaga, la afgana, cada vez más similar a la que sufrió Estados Unidos con el régimen de Saigón hace cuarenta años.

Sin duda argumentarán los más cínicos que nada de todo esto resulta ajeno a la forma en la que tradicionalmente se ha conducido la alta política internacional, y que el correlato objetivo del oficio consiste precisamente en el mantenimiento de los secretos diplomáticos, sin los cuales el mundo resultaría más ingobernable si cabe y por ende más peligroso para todos. Las clases políticas a ambos lados del Atlántico vienen por ello a transmitir un mensaje tan sencillo como ventajista: confíen en nosotros; no intenten desvelar nuestros secretos; a cambio, les ofrecemos seguridad.

¿Pero cuánta seguridad ofrecen realmente a cambio de aceptar tamaño chantaje moral? Poca o ninguna, pues se da la triste paradoja de que se trata de la misma clase política que se mostró incapaz de supervisar adecuadamente el sistema financiero internacional cuyo estallido provocó la mayor crisis desde 1929, arruinó a países enteros o condenó al desempleo y a la depauperación a millones de trabajadores.

Los mismos responsables del deterioro de los niveles de vida y de riqueza de sus conciudadanos, del incierto destino del euro, de la falta de un proyecto europeo de futuro y en fin, de la crisis de gobernabilidad global que atenaza al mundo en los últimos años y a la que no son ajenas las élites en el poder en Washington y Bruselas. No es cierto que mantener ocultos los secretos de las embajadas nos garantizará una mejor diplomacia o un desenlace más benigno a las encrucijadas actuales.

Las incompetencias de los Gobiernos occidentales respecto a la crisis económica, el cambio climático, la corrupción o la agresión militar ilegal en Irak y otros países han quedado abundantemente expuestas ante la opinión pública en los últimos años.

Ahora sabemos además, gracias a los papeles de WikiLeaks, que todos ellos son conscientes de su desgraciada falibilidad, y que solo la inercia de las maquinarias oficiales y el poder de mantener los secretos les evitan tener que rendir cuentas ante los ciudadanos, razón última en una democracia.

Ese poder inmenso, el de evitar que la verdad aflore, el de mantener secretos los secretos, es el que ahora, siquiera de forma parcial, limitada, aleatoria han venido a quebrar las revelaciones de los secretos de Estado.

Ante semejante destrozo en sus reputaciones, tanto para el Gobierno de Estados Unidos como, en un tono menor, para sus aliados occidentales resulta irresistible centrar la culpa en Julian Asssange el creador de WikiLeaks.

Los papeles, en sí, ofrecen una fiabilidad fuera de todo cuestionamiento y nadie, ni siquiera en las filas de los adversarios de su publicación, empezando por la Administración estadounidense, ha dudado de su autenticidad.

Tanta obcecación por centrar la atención en Assange y sus métodos, tanto interés por escrutar sus motivaciones, tantas maniobras por destruir su reputación personal contrastan sin embargo con la colosal falta de respeto, cuando menos, que los diplomáticos estadounidenses muestran hacia las legislaciones, las normas y los procedimientos de los países en los que ejercen su oficio, empezando por Perú, a juzgar por los cables publicados.

Y pese al fascinante debate que se ha abierto sobre el futuro del periodismo y las nuevas tecnologías en la era de WikiLeaks, tampoco debería este centrar ahora todo el interés de los periodistas. Resulta de todo punto imprescindible insistir por ello en que nos encontramos ante noticias de cuya importancia solo fingen dudar aquellos interesados en ocultar los daños que han causado en nuestras democracias.

Los diplomáticos estadounidenses en Berlín advirtieron al Ejecutivo alemán de las graves consecuencias de proseguir con el procedimiento legal contra los agentes de la CIA acusados de secuestrar a Khaled El-Masri, ciudadano germano, y trasladarlo a Afganistán para ser interrogado bajo tortura. El-Masri fue posteriormente abandonado en Albania toda vez que los agentes descubrieron que habían secuestrado a la persona equivocada.

El secuestro y la tortura son delitos graves. Ningún Gobierno, tampoco el de Estados Unidos, debería contemplarlos con la indulgencia que transpiran los documentos secretos. Presionar a un Gobierno aliado para evitar que los acusados sean investigados resulta inaceptable y, francamente, encaja con dificultad con la idea de que los papeles de WikiLeaks muestran tan solo a diplomáticos estadounidenses haciendo mal que bien su trabajo.

Eso es lo que, en última instancia, muestran los papeles de WikiLeaks: un desprecio constante por los procedimientos incompatible no solo con el funcionamiento de las instituciones de un país sino también, o especialmente, con la mejor tradición legal y democrática de Estados Unidos.

De paso, en su destrozo, daña más allá de cualquier reparación posible la imagen de tantos Gobiernos que muestran, a la luz de lo revelado hasta ahora, una necesidad de acomodo y una triste desnudez moral que resulta patética a ojos de los ciudadanos.

Es de justicia aceptar que existe una distinción fundamental entre el Gobierno elegido por los ciudadanos de un país, temporal siempre en su ejercicio del poder, y el aparato militar, burocrático o diplomático en el que aquel se sostiene, pero al que no siempre controla, o lo hace de forma superficial, que en numerosas ocasiones funciona al margen y casi siempre con un deficiente grado de rendición de responsabilidades.

El poder detesta la verdad revelada, escribía sir Simon Jenkins en The Guardian a propósito de WikiLeaks. Se añadiría que, sobre todo, el poder teme la verdad cuando la verdad no coincide con su discurso.

Hubo algo que nadie puso jamás en duda: lo verdaderamente responsable, lo legal y lo importante para las sociedades democráticas a las que se dirigen los medios y periodistas era dar a conocer la historia. Revelar lo oculto constituye la piedra de toque definitiva del periodismo comprometido, y su razón de ser.

El periodista independiente asume desde un principio el reto de revelar lo que el poder oculta y responder a la obligación profesional de informar con la verdad a sus seguidores. Revelar lo oculto es la piedra de toque del periodismo comprometido con la sociedad.

Publicar informaciones confidenciales, reservadas o cuyas consecuencias políticas, económicas o sociales exceden de lo común plantea siempre un dilema, sobre todo si se trata de documentos de los que los Gobiernos puedan aducir, con razón o sin ella, que amenazan la seguridad nacional o la vida de determinadas personas. Dar a conocer esas informaciones pone a prueba algunos límites morales. Por supuesto, también tantea los contornos de determinadas normas legales. A veces puede ser irresponsable. Y siempre resulta incómodo.

Es tarea de los Gobiernos, no de la prensa, mantener los secretos mientras puedan, ciertamente legítimos a hacerlo así siempre que ello no encubra hechos dolosos o engaños perniciosos a los ciudadanos.

El principal de los deberes de un periodista consiste en publicar aquello que haya averiguado, y en buscar las noticias allá donde las pueda conseguir. Los medios y los periodistas tienen muchas obligaciones en una sociedad democrática: la responsabilidad, la veracidad, el equilibrio y el compromiso con los ciudadanos.

Entre ellas no se encuentra la de proteger a los Gobiernos, y al poder en general, de revelaciones sobre hechos embarazosos, corruptelas denigrantes o del autoritarismo repudiable. (Con información diario El país)

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