Prensa, elecciones y democracia en Perú y Latinoamérica.

Felipe A. Páucar Mariluz

Es común que los periodistas de Latinoamérica debatan sobre libertad de expresión y ética y cómo contribuir a que los medios de comunicación mantengan la independencia. Foto Ipys.

La década del 90 es en la historia del Perú una mancha negra en lo que respecta a la prensa y los medios de comunicación, por el actuar delictuoso y funesto de la dupla gansteril Fujimori-Monstesinos. Entonces, lo principales medios de comunicación y periodistas claudicantes fueron subastados en la salita del SIN, con una ruma de millones soles sobre una mesita.

Esa casta del periodismo lumpen ha vuelto sin careta y con virulencia conciente de la impunidad y favoritismo de algunos de los medios que fueron comprados y que deben ‘lealtad’ al fujimorismo en la persona de la candidata presidencial Keiko Fujimori, por que los capos de los mercaderes de las comunicaciones se encuentran en la cárcel, dorada y con gollerías, pero cárcel al fin.

El Instituto Prensa y Sociedad recibió y convirtió en alertas mundiales múltiples denuncias por atentados a la libertad de expresión durante la primera y segunda vuelta electoral 2011. Principalmente por el cierre de programas periodísticos y agresiones verbales o físicas luego que se difundieran entrevistas o se opinara cuestionando a la candidata del Fujimorismo. No obstante ello, la escasa prensa independiente ha continuado valientemente emplazando a Keiko Fujimori a decirle la verdad al país y dejarse de mentiras en la creencia como lo creía su padre, que somos unos ‘caídos del palto’, sin conciencia y sin memoria.

Lo del Perú pareciera ser una de las excepciones más notorias en cuanto a la vulneración de la libertad de prensa, expresión y opinión con métodos corruptos. Por que es conocida la historia de golpes de estado, dictaduras, violencia e inestabilidad así como el surgimiento de la democracia que representa una tendencia radical en la política latinoamericana de los últimos tiempos.

Trescientos años de dominio imperial español impidieron el desarrollo de tradiciones e instituciones democráticas, dejando en cambio una fuerte tradición de control autoritario y patriarcal. La tradición autoritaria se ha manifestado en la figura del caudillo político o líder de un ejército que mantenía la paz social por medio de la fuerza y la coacción de la prensa con el sometimiento de los medios.

Tradicionalmente, el ejército sólo intervenía directamente en la política nacional durante breves periodos para restablecer el orden, pero a partir de 1960, el ejército de varios países sudamericanos empezó a tomar el poder y a establecer juntas militares para gobernar de forma relativamente permanente. Esto ocurrió en Brasil, Argentina, Perú, Ecuador, Uruguay y Chile.

Los años 80 vieron el retorno de gobiernos constitucionales. Hubo elecciones en casi todos los países que habían vivido bajo la dictadura y, en gran parte, los militares se alejaron del campo político. Casi la última dictadura en caer fue la de Chile, donde en 1988, se realizó un histórico plebiscito, por medio del cual los ciudadanos rechazaron el gobierno de Pinochet. En varios países, hubo un intento de castigar a los militares por sus abusos contra los derechos humanos y, en Argentina, algunos fueron juzgados y encarcelados.

El regreso a la democracia se debe a diversos factores. En primer lugar, debemos considerar la violación de los derechos humanos que provocó la ira de la población contra las dictaduras. En segundo lugar, los militares fueron generalmente incapaces de manejar la economía. Y, por último, la caída de la Unión Soviética y el fin de la Guerra Fría hicieron que los Estados Unidos, que habían temido los movimientos revolucionarios izquierdistas, no vieran la necesidad de apoyar a gobiernos represivos de la extrema derecha.

Aunque los países recibieron a la democracia con aclamación casi total, los gobiernos se siguen enfrentando a graves problemas que amenazan la estabilidad. A partir de los años 80, se vio un aumento en la desigualdad que siempre ha existido entre pobres y ricos y que es causa de inestabilidad; y la adopción de medidas económicas para establecer un mercado competitivo ha empeorado en las dos últimas décadas la situación de los pobres en general. Entonces, si se presentan disturbios sociales que el gobierno civil no pueda controlar, es posible que los ejércitos, que todavía tienen poder, estén dispuestos a imponer el orden. Alan García recurrió varias veces al ejército para reprimir las protestas sociales.

Otro gran desafío al que se enfrenta Latinoamérica es la eliminación de la corrupción. En toda la región existe una larga historia de favoritismo y soborno causada por la jerarquización social, en que los caudillos y la élite controlaban los recursos y el poder, y quien tenía un cargo político lo usaba para enriquecerse y ayudar a sus familiares. Para tener éxito, tradicionalmente ha sido más importante tener buenos contactos que estar bien capacitado y preparado. De esta manera, no se desarrolló el sentido de responsabilidad cívica necesaria en toda democracia.

Nada de esto hubiera sido posible sin el concurso de varios aspectos. En años recientes, el papel que han jugado nuevos actores sociales entre ellos los medios de comunicación y movimientos sociales, ha exigido una conducta más responsable de parte de sus representantes electos.

Por ejemplo, la eficacia de estos movimientos se vio en los años 90 en Venezuela, donde el presidente Carlos Andrés Pérez fue suspendido por malversación de fondos oficiales, y en Guatemala, cuando la activista indígena Rigoberta Menchú y la élite financiera se unieron para forzar la renuncia del presidente Jorge Elías Serrano, por corrupción. El caso de Alberto Fujimori, ya se dijo fue uno de los gobiernos más nefastos por su alto grado de corrupción, autoritarismo y violaciones de derechos humanos con el argumento de que era la única forma de combatir a la pobreza y al terrorismo.

Si la libertad de prensa es una condición sine qua non para la existencia de una prensa que efectivamente contribuya a la democracia, entonces, ¿cómo es su relación con el poder en contextos políticos con débiles fundaciones constitucionales y largas trayectorias y legados autoritarios, como ocurrió y ocurre todavía en algunos países de América Latina?

Y es que la relación entre la prensa y el poder siempre ha sido turbulenta. La prensa disfruta de esa metáfora del cuarto poder, y el poderío político trata por todos los medios de utilizarse para engañar o mentir. Esta es la apreciación más conocida y hasta simplista de esta relación, pero no lo explica todo, y menos aún la agota.

La relación entre el poder político, visto desde la primera de las perspectivas, parece indicarnos (como aquel estratega chino Sun Tzu muy citado por algunos, quien decía que la "guerra se fundamenta en el arte del engaño"), que muchos políticos entienden que la mentira o la manipulación de la prensa constituyen factores fundamentales a la hora hacerse elegir o de gobernar exitosamente. Estos no tienen en cuenta que, sin embargo, ambos se necesitan para crear una democracia sostenible.

En cambio, una libertad de expresión responsable hace que la sociedad esté incluso más dispuesta a participar en decisiones que van en contra de sus intereses, porque simplemente han tomado parte de ella. Incluso es bueno para el poder político porque retiene los resortes de la administración, promueve la unidad e impide el uso de la fuerza. Por tanto, la libertad de expresión y de prensa provee el marco dentro del cual los conflictos ocurren sin destruir a la sociedad. Es un mecanismo esencial para mantener el adecuado balance entre la estabilidad y el cambio.

Si bien la democracia necesita al periodismo, éste, a su vez, necesita a la democracia. El periodismo colabora con la democratización de una sociedad, pero, al mismo tiempo, requiere que esa sociedad esté suficientemente democratizada como para permitir la existencia del periodismo responsable y eminentemente social.

Pero en una democracia, los grados de libertad de prensa varían, al igual que los grados de transparencia oficial. Y, junto a ellos, también varía la profundidad y la facilidad o dificultad para realizar un periodismo al servicio del interés colectivo.

La libertad de prensa, expresión y opinión con responsabilidad es incompatible y repudia el libertinaje y el mercenarismo de la prensa y los medios y quienes incurran en el negociado de conciencias, el morbo, el insulto y la manipulación no deben escudarse en principios rectores de la democracia y la independencia en el ejercicio periodístico. (Con extractos estudio de Servando Pineda de la Universidad Autónoma de Juárez).