Felipe A. Páucar Mariluz
Dirandro destruye pista clandestina en Ciudad Constitución, Pichis Palcazu, se informó de una cifra menor. Foto IDL Reporteros. |
Los cuestionamientos a
lucha contra las drogas que prioriza la erradicación de los cultivos de coca,
mediante la firma de convenios para “coca cero” entre Devida y los alcaldes y
la crisis por la que atraviesan los cultivos tradicionales de cacao, café y palma
aceitera pero etiquetados como alternativos, hacían necesario que el mensaje de
fiestas patrias del presidente Humala fuera explícito y puntual en la adopción
de nuevas medidas que eviten la frustración y el retroceso a la pobreza extrema
que el incremento de los precios en el mercado internacional del café y cacao
había logrado superar en parte. Pero no fue así.
El presidente prefirió
tomar como logro principal que “El Perú erradicará 22 mil hectáreas de
plantaciones ilegales de hoja de coca este año, una cifra sin precedentes en el
país.” Lo que justificó por que el narcotráfico y la minería ilegal producen desde
la percepción de su gobierno el 60 por ciento de la inseguridad en el país,
dado que es el responsable de delitos conexos como terrorismo, tráfico de
insumos y 'sicariato'.
Pero es en el conjunto
de cifras sobre lucha contra el narcotráfico que el mandatario crea un
laberinto de dudas cuando afirmó que en una franca lucha contra el narcotráfico
se procedió a la destrucción 33 pistas aéreas clandestinas, una cifra que parece
exagerada porque es en los últimos meses y en el Pichis Palcazu donde se
destruyeron estas pistas. De igual forma sobre la destrucción de 810
laboratorios de clorhidrato de cocaína y 1,421 pozas de maceración, haciendo un
total de 2231 laboratorios y pozas de maceración, una cifra desconocida si nos
atenemos a los partes de prensa de los operativos policiales de interdicción al
narcotráfico. El ministerio del Interior a través del Frente Huallaga debería
alcanzar el detalle sobre cuándo y dónde fueron realizadas estas destrucciones,
para evitar dudas.
El anuncio de la
incautación de más de 22 toneladas pasta básica de cocaína, de 14 toneladas de
cocaína y 7 toneladas de marihuana, que hacen un total de 43 toneladas de estupefacientes
incautados y destruidos, constituye una cifra igualmente desconocida por la
prensa, más aún si no se precisó si esas cifras corresponden a este año o a los
dos años de gobierno. Convendría precisarlas para no dejar vacíos.
"En el año 2012 se
han erradicado más de 14 mil hectáreas de plantaciones de hoja de coca y para
esta año nos hemos propuesto erradicar 22 mil más, cifra sin precedentes en
nuestro país", aseguró Ollanta Humala, convirtiendo a esta actividad en el
elemento central de su estrategia de lucha contra las drogas, pero no dijo nada
sobre logros en el lavado de activos o en desmantelamiento de los clanes de la
droga que según la policía existen pero no los ubican y menos capturan. En su
reemplazo capturan a dirigentes o ex dirigentes cocaleros que estaban haciendo
vida pública y normal. Sin duda una especie rara de narcos y terroristas que
tendríamos en el Perú.
Sobre la instalación de
comisarías o puestos policiales como parte de la lucha contra las drogas y el
terrorismo en las zonas cocaleras, es preciso indicar que estas deberían ser
implementadas por que las que están funcionando recientemente no tienen ni una
motocicleta y para lo único que sirven en muchos de los casos es para el
control vehicular con los consiguientes problemas denunciados hasta el
cansancio. Las comisarias recientemente instaladas se encuentran en el Alto
Huallaga y Pichis Palcazu.
Sin embargo es
comprensible la omisión por tratarse de un mensaje a la Nación y de corto
plazo, por eso la tarea de complementar y ampliar lo dicho por el presidente le
corresponde a Devida y al ministerio del Interior, en nuestro caso también al
Frente Policial Huallaga.
Específicamente para
el Alto Huallaga y el Vraem no hubo anuncios sobre inversiones importantes para
superar una serie de problemas de infraestructura, de patología agrícola,
delincuencia común, corrupción en las instituciones públicas, caso gobiernos
municipales. Ahora la esperanza esta puesta en los 600 millones que
anteriormente se anunció para el Alto Huallaga, se espera que sean una realidad
y no una frustración más.
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