Felipe A. Páucar Mariluz.
Los niños de la guerra en el Vrae, el problema es mayor en Colombia, no hay políticas de gobiernos para enfrentar el mal. Foto cortesía.
Las cifras sobre reclutamiento forzado de menores en Perú y Colombia no sólo no disminuyen, sino que aumentan. Que uno de cada cuatro combatientes ilegales en Colombia sea un niño debería darnos vergüenza y obligarnos como sociedad a reaccionar contra tan aberrante delito. Haría bien el Gobierno de acompañar la nueva Ley de Seguridad Ciudadana con medidas de protección más eficaces para los menores.
Los datos son para sentir vergüenza y desesperanza: uno de cada cuatro combatientes en Colombia es niño y la edad de la mitad de quienes integran los grupos armados ilegales, calculada en no menos de 14.000 menores, está entre los 7 y los 17 años. Una situación tan dramática que nos pone a la altura de conflictos armados como los del Congo, Sudán o Darfur, en África. En el Perú los niños en la guerra de SL no pasan de decenas.
El reclutamiento forzado, que convierte a los menores en carne de cañón de la guerra irregular que viven estos dos países, no solo sigue siendo una práctica sistemática de los grupos al margen de la ley, sino una amenaza para el conjunto de políticas públicas e iniciativas gubernamentales que velan por la protección de los derechos humanos, así como un retroceso en la legislación sobre Infancia y Adolescencia.
El panorama descrito durante una Conferencia internacional contra la vinculación de niños y jóvenes a conflictos armados, que acaba de terminar en Bogotá-Colombia a instancias de la Defensoría del Pueblo, es desolador. No sólo porque el fenómeno, en vez de disminuir, se ha incrementado, y porque no existe una estrategia integral que permita neutralizar la ofensiva de los grupos armados ilegales en relación con el reclutamiento forzado de menores.
No resulta una casualidad, sino una causalidad, que los fenómenos de reclutamiento de niños y jóvenes coincidan en buena forma con los sitios donde los grupos armados han concentrado sus operaciones terroristas y sembrado sus cultivos ilícitos. Y, como consecuencia lógica, que sea en esos mismos lugares donde son más utilizados como escudos humanos para contrarrestar la ofensiva del Estado.
De las 158 situaciones de riesgo documentadas por la Defensoría del Pueblo en Colombia en los últimos tres años, el 80 por ciento corresponde a reclutamientos atribuidos a las Farc, el 76 por ciento a las bandas criminales y el 32 por ciento al Eln. Son Meta, Guaviare, Tolima, Huila, Caquetá, Cauca, Nariño, Arauca, Norte de Santander, Antioquia y Chocó, los departamentos más afectados por este flagelo, mientras que en el Perú son el Vrae y el Huallaga, según datos difundidos por los medios de comuncicación.
El grado de vulnerabilidad por su incipiente desarrollado emocional, el hecho de que sean más osados y despierten menos sospechas que los adultos, convierten a los menores en blancos fáciles de los grupos armados ilegales. Una de las secuelas más graves de esto, según los expertos, es que los niños "naturalizan el abuso, piensan que la vida es así", y por eso son tan difíciles los procesos de desmovilización y resocialización de los menores.
De ahí que resulte un imperativo para los Gobiernos de Perú y Colombia la reformulación institucional sobre las políticas de prevención del reclutamiento forzado que ha demandado la ONU dentro de las recomendaciones presentadas en años anteriores.
La nueva Ley de Seguridad Ciudadana que el Presidente de Colombia Juan Manuel Santos sancionó el viernes 24 en Medellín procura llenar los vacíos existentes en materia criminal de los menores, pero no cierra todos los resquicios por donde los grupos ilegales se siguen armando. (Fuente El Colombiano).
Los niños de la guerra en el Vrae, el problema es mayor en Colombia, no hay políticas de gobiernos para enfrentar el mal. Foto cortesía.Las cifras sobre reclutamiento forzado de menores en Perú y Colombia no sólo no disminuyen, sino que aumentan. Que uno de cada cuatro combatientes ilegales en Colombia sea un niño debería darnos vergüenza y obligarnos como sociedad a reaccionar contra tan aberrante delito. Haría bien el Gobierno de acompañar la nueva Ley de Seguridad Ciudadana con medidas de protección más eficaces para los menores.
Los datos son para sentir vergüenza y desesperanza: uno de cada cuatro combatientes en Colombia es niño y la edad de la mitad de quienes integran los grupos armados ilegales, calculada en no menos de 14.000 menores, está entre los 7 y los 17 años. Una situación tan dramática que nos pone a la altura de conflictos armados como los del Congo, Sudán o Darfur, en África. En el Perú los niños en la guerra de SL no pasan de decenas.
El reclutamiento forzado, que convierte a los menores en carne de cañón de la guerra irregular que viven estos dos países, no solo sigue siendo una práctica sistemática de los grupos al margen de la ley, sino una amenaza para el conjunto de políticas públicas e iniciativas gubernamentales que velan por la protección de los derechos humanos, así como un retroceso en la legislación sobre Infancia y Adolescencia.
El panorama descrito durante una Conferencia internacional contra la vinculación de niños y jóvenes a conflictos armados, que acaba de terminar en Bogotá-Colombia a instancias de la Defensoría del Pueblo, es desolador. No sólo porque el fenómeno, en vez de disminuir, se ha incrementado, y porque no existe una estrategia integral que permita neutralizar la ofensiva de los grupos armados ilegales en relación con el reclutamiento forzado de menores.
No resulta una casualidad, sino una causalidad, que los fenómenos de reclutamiento de niños y jóvenes coincidan en buena forma con los sitios donde los grupos armados han concentrado sus operaciones terroristas y sembrado sus cultivos ilícitos. Y, como consecuencia lógica, que sea en esos mismos lugares donde son más utilizados como escudos humanos para contrarrestar la ofensiva del Estado.
De las 158 situaciones de riesgo documentadas por la Defensoría del Pueblo en Colombia en los últimos tres años, el 80 por ciento corresponde a reclutamientos atribuidos a las Farc, el 76 por ciento a las bandas criminales y el 32 por ciento al Eln. Son Meta, Guaviare, Tolima, Huila, Caquetá, Cauca, Nariño, Arauca, Norte de Santander, Antioquia y Chocó, los departamentos más afectados por este flagelo, mientras que en el Perú son el Vrae y el Huallaga, según datos difundidos por los medios de comuncicación.
El grado de vulnerabilidad por su incipiente desarrollado emocional, el hecho de que sean más osados y despierten menos sospechas que los adultos, convierten a los menores en blancos fáciles de los grupos armados ilegales. Una de las secuelas más graves de esto, según los expertos, es que los niños "naturalizan el abuso, piensan que la vida es así", y por eso son tan difíciles los procesos de desmovilización y resocialización de los menores.
De ahí que resulte un imperativo para los Gobiernos de Perú y Colombia la reformulación institucional sobre las políticas de prevención del reclutamiento forzado que ha demandado la ONU dentro de las recomendaciones presentadas en años anteriores.
La nueva Ley de Seguridad Ciudadana que el Presidente de Colombia Juan Manuel Santos sancionó el viernes 24 en Medellín procura llenar los vacíos existentes en materia criminal de los menores, pero no cierra todos los resquicios por donde los grupos ilegales se siguen armando. (Fuente El Colombiano).
Entradas
No hay comentarios:
Publicar un comentario