La violencia de género mata

La absurda actitud machista contra la mujer también cobra víctimas, mientras la legislación es contemplativa con el agresor. Foto Internet

DEMUS señala responsabilidad política del actual gobierno. Cuestiona insuficiente asignación presupuestal. Demanda mayor liderazgo del MIMDES dentro del Ejecutivo.

En el marco de la conmemoración este 25 de noviembre del Día Internacional de la No Violencia Contra la Mujer, DEMUS se pronuncio sobre la forma en que el gobierno enfrenta este problema de relevante impacto en el género femenino a lo largo de su ciclo vital, y cuestiona su indiferencia e ineficacia.

Las cifras indican que miles de peruanas viven inmersas en situaciones de violencia física, psicológica y sexual. Según la Policía Nacional, 95,749 denuncias de violencia familiar se registraron en el 2009. En el mismo periodo el Instituto de Medicina Legal atendió 77,238 casos de lesiones originados por dicha causa.

Muchas de estas historias terminan en la muerte. El Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público reporta que el año pasado de las 135 mujeres víctimas de feminicidio, el 70 por ciento lo fue a manos de sus parejas. Lo más dramático e indignante es que 15 de estas mujeres habían denunciado por violencia familiar a quienes resultaron siendo sus victimarios, lo que confirma que la Ley 26260 de protección frente a la violencia familiar y sus reiteradas modificaciones no cumplen con proteger a las mujeres ni hacerles justicia.

“Consideramos que el gobierno del presidente Alan García tiene responsabilidad política en esta situación al no destinar la parte necesaria de los recursos del crecimiento económico a enfrentar este grave problema que configura una violación a los derechos humanos de las mujeres. Su posición, de cara a los medios, alude a la pena de muerte en lugar de comprometerse con medidas de prevención, protección y atención financiadas con el presupuesto público” afirmó la directora de DEMUS Jeannette Llaja Villena.

Detalló que no se cuenta con los recursos suficientes para cumplir con el Plan Nacional Contra la Violencia Hacia la Mujer 2009-2015. “Los avances de esta norma no se plasman en la realidad por la irresponsabilidad e indiferencia estatal. Asimismo, los Centros de Emergencia Mujer, las comisarías y los servicios de salud, tienen un desempeño deficiente por razones presupuestales”, subrayó.

De los 114 CEMs existentes en el país, sólo uno cumple con el modelo de atención integral a las victimas según su mandato de acuerdo a los reportes de la Defensoría del Pueblo. Los operadores de salud no conocen los protocolos de atención de la violencia basada en género y por lo tanto no los aplican. Y las comisarías no cuentan con ambientes adecuados, ni personal especializado para atender este tipo de casos.

“En todo lo señalado, la falta de presupuesto es una de las razones fundamentales”, dijo la abogada.

También criticó la falta de liderazgo sostenido y eficaz en el MIMDES para asumir su función rectora en la materia y garantizar en las políticas contra la violencia los enfoques de género, derechos humanos e interculturalidad. Su rectoría y política –manifestó- parecen ejercerse conforme a las creencias de las ministras de turno más que a las normas que las regulan. Fuente Demus.