viernes, 26 de noviembre de 2010

Propuestas de la MCLP para una agenda de desarrollo rural

La distribución desigual de la riqueza, la marginación y explotación del sector rural por todos los gobiernos hace necesario la aplicación de la agenda propuesta. Foto Pagina 12.

En busca de una mejor asignación del gasto público, la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza (MCLCP) presentó al Congreso 25 propuestas orientadas a reducir la pobreza en las zonas rurales del país. (El Comercio 24/11/2010).

Continuando un esfuerzo que empezó hace meses y que logrará un hito importante cuando se entregue la "Agenda para el Desarrollo Integral de las Poblaciones Rurales y Lucha contra la Pobreza" a los candidatos presidenciales, la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza (MCLP) presentó el mencionado documento ayer en el Congreso. La denominada versión comunicativa de la Agenda se puede encontrar en la página web de la MCLP: www.mesadeconcertacion.org.pe/documentos/documentos/doc_01490.pdf. Felicitamos a la Mesa por poner en la agenda nacional una propuesta de desarrollo integral de las zonas rurales. Lamentablemente, el desarrollo rural, que debe ser la prioridad en el esfuerzo por generar riqueza y equiparar el acceso a las oportunidades en nuestro país, hasta ahora no se promueve de manera inteligente u orgánica.

Nos llamó la atención que, siendo los tres centros de investigación más reconocidos por sus propuestas de desarrollo rural, el Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE), el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) y el Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES) no estuvieran entre las instituciones "participantes en la construcción de la agenda". Aprovecharemos este comentario para hacer lo que esperamos sean algunos aportes a la agenda.

El primero es el marco teórico, que reconoce a los incentivos de mercado como los más poderosos para promover el desarrollo. Asigna al Estado la responsabilidad principal de intervenir para corregir las denominadas fallas de mercado, ya sea directamente, promoviendo la competencia o regulando a los privados. Estos dos conceptos son generalmente aceptados, salvo por algunos "técnicos", líderes de opinión y políticos que siguen confundidos por lo que escribió Hegel y escriben Chomski o Klein. La discusión principal en políticas públicas reside en qué medida promover la equidad, y hasta que punto esto cuesta en términos de recursos y de eficiencia. Si bien algunos liberales no estarán de acuerdo, nos parece que la visión Rawlsiana, que sugiere que las políticas públicas deben buscar favorecer a las personas que tienen el menor nivel de bienestar de la sociedad -digamos que a una mujer soltera con varios hijos en las zonas altoandinas de Huancavelica-, es la más adecuada para reducir la pobreza rural en nuestro país.

Estas políticas, a su vez, se pueden dividir en dos grandes categorías. Primero, los programas de asistencia social, como Juntos o Crecer, por ejemplo. Algunos tecnócratas ven con reticencia su universalización, dado el impacto que la dispersión de sus beneficiarios tiene en los costos. Prefieren, por eso, promover servicios en ciudades intermedias e ir concentrando a la población. Discrepamos: las preferencias de los individuos no pueden ignorarse al hacer un análisis costo beneficio y diseñar una política pública. Segundo, los programas públicos o privados -como Sierra Productiva- aumentan la productividad de las familias rurales o las integran a los mercados, como MARENAS, PRA o los de infraestructura rural. Estos programas niegan el principio que preocupa a los tecnócratas arriba mencionados: por lo menos una parte importante de los habitantes de zonas altoandinas alejadas pueden sostener un nivel de vida razonable sin necesidad de trasladarse geográficamente.

Transitar de la actual situación de programas dispersos que no son evaluados y que responden al voluntarismo político -como la Ley de la Amazonía, Sierra Exportadora o las exoneraciones a las zonas altoandinas- a programas efectivos e integrales se enuncia fácilmente, pero colisiona con intereses políticos, clientelismo, mercantilismo y la debilidad institucional. Choca, asimismo, con la decisión de partir el Estado en más de dos mil gobiernos subnacionales, algunos de los cuales a duras penas tienen la capacidad de gestión para pagarse las planillas. No obstante, para tener éxito es necesario primero que las evaluaciones de estos programas sean vinculantes. Segundo, se debe concursar una línea de base independiente antes de adoptar programas alternativos para poder verificar su efectividad. Tercero, se les debe evaluar independientemente, para privilegiar los que funcionan y corregir o descontinuar los que no funcionan. Fuente IPE.

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