Narcotráfico. La impunidad de los peces gordos

“Desarrollo primero”, que argumenta que la erradicación forzosa es contraproducente, si no existen medios de vida alternativos para los agricultores.

Dicen que se mueven en grandes salones, en el mundo de la bolsa y los negocios, sin más molestia que un rastro de murmuración sobre el dinero que manejan a manos llenas. Lo cierto es que muy rara vez cae un gran narcotraficante.

En la llamada ‘guerra contra las drogas’ se observa que sólo el punto más bajo de la cadena del narcotráfico purga cárcel, mientras que los grandes narcotraficantes salen en libertad, porque tienen los fondos y la influencia necesaria para evitar su condena, manifestó Coletta Youngers, analista en derechos humanos y políticas en la región andina y consultora de Wola.

Fue al comentar el denominador común que se registra en algunos países respecto al juzgamiento de quienes son señalados como principales implicados en la red de tráfico ilícito de drogas, en el marco de la absolución decretada a favor del ex alcalde Luis Valdez, en el caso del asesinato del periodista Alberto Rivera.

“Hemos visto en las llamadas guerras contra la drogas, que se han llenado las cárceles con los sectores más vulnerables de la población, la gente involucrada en el punto más bajo de la cadena del narcotráfico, mientras los grandes narcotraficantes salen en libertad, porque tiene los fondos y la influencia necesarias para evitar su condena”, señaló en el programa “No hay derecho” de Ideeleradio, tras su reciente participación en un seminario especializado en la materia, realizado en Lima.

“(Esto se da también) porque el esfuerzo de la aplicación de ley está puesto en cumplir con cuotas de arresto, detenciones, en vez de las investigaciones serias necesarias para enfrentar las redes criminales”, apuntó.

Indicó que este problema se produce por la postura de Estados Unidos, de siempre pedir estadísticas para mostrar éxito en ‘la guerra contra las drogas’, tales como el número de detenciones y sentencias, en vez de realizar las investigaciones necesarias para desmantelar las redes.

Mencionó que otro problema profundo es la ausencia de procesos de reforma en la policía y el Poder judicial, así como la necesidad de enfrentar los niveles de corrupción existentes.

Estimó que el amedrentamiento tiene también un impacto y que otro problema es que se registra en América latina y Estados Unidos, el hacinamiento de las cárceles, que están llenas de “vendedores y mulas que se meten en el negocio porque no tienen otra alternativa económica”. Planteó observar también el tema de reformar las penas, porque existe una desproporcionalidad muy grande en las sanciones que se aplican.

Recordó que la Oficina de Washington para América latina (WOLA) elaboró el informe “Desarrollo primero”, que argumenta que la erradicación forzosa es contraproducente, si no existen medios de vida alternativos para los agricultores. Sostuvo que el enfoque tiene que basarse en programas de desarrollo integral en estas zonas como la única manera de enfrentar el desvío de cultivos al mercado ilícito.

“Hasta ahora Estados Unidos ha tratado a los cultivadores como criminales y segundo en que ha insistido en que primero erradiquen sus cultivos y que después viene el desarrollo alternativo, y que en caso tras caso, demora o no llega esta ayuda económica y estamos hablando de situaciones de extrema pobreza”, lamentó.

Señaló, en ese sentido, que a pesar del esfuerzo en el Plan Colombia, evaluaciones recientes revelan que los nuevos grupos paramilitares están más metidos en el narcotráfico y que México resulta ser un caso dramático que muestra la falencia de una estrategia militar. Aseveró que EE.UU. ha gastado muchos fondos en programas militares de interdicción y erradicación, en vez de destinar recursos para las policías y el Poder judicial.

Puntualizó que las Fuerzas Armadas (FFAA) coadyuvan en la lucha contra el narcotráfico a través de la vigilancia de las fronteras y que el control de esta ilícita actividad en el interior del país debe ser de la policía, por un principio básico de la democracia.

La experta dijo sentir optimismo en relación a los cambios que podría implementar el presidente de Estados Unidos (EE.UU.) en materia antidrogas, aunque vaticinó que el proceso será muy lento. No obstante, reconoció que existen muchas señales de continuidad, a nivel del Plan Colombia, el Plan México, la erradicación forzosa y la fumigación.

“Hay señales importantes de cambio, el zar antidrogas ha cambiado el tono del debate y ha reconocido el fracaso de las políticas y que la demanda en Estados Unidos es la raíz del problema. Está poniendo atención en programas de tratamiento, de prevención, de Educación en Estados Unidos”, declaró.

“Por varios años ha habido preocupación por la Colombianización del Perú, tanto por los niveles de violencia que por la corrupción que el narcotráfico pueda tener y yo creo que el caso de ayer (Luis Valdez) muestra el problema gravísimo de la influencia del narcotráfico en el gobierno a nivel local, regional y nacional. Para mí eso implica dos tareas fundamentales: la reforma policial e investigaciones eficaces, además de programas contra la corrupción y transparencia”, argumentó.

Obligados por la necesidad

La situación de abandono y la consiguiente falta de empleo ha obligado a los indígenas Ticunas y Yaguas del Bajo Amazonas a sembrar hoja de coca para el narcotráfico, aseguró Jorge Ruiz Mendoza, alcalde delegado del centro poblado menor de Cushillococha, provincia de Ramón Castilla, en Loreto.

Fue LA PRIMERA vez que una autoridad de esa localidad revela la forma como vienen trabajando los indígenas con el apoyo de narcotraficantes Colombianos, quienes los utilizan como peones a cambio de dinero, que luego es invertido en motos, mototaxis y materiales de construcción para sus viviendas, entre otros.

“Casi la mayoría de pobladores estamos trabajando porque se ha visto que somos marginados por el presidente de la República y todas las autoridades provinciales. Hace como cuatro años, el mismo comandante de la Dinandro nos dijo que no, lo único que quiere es que no haya muerte. Ese día que vino, la gente estaba reunida y le increparon. Le pedimos que traiga plata para educar a nuestros hijos. De esa manera permanece en ese cultivo hasta ahora”, declaró.

“Sabemos que es un delito, pero el hambre, la miseria, la pobreza nos obliga a ello. Las comunidades nativas siembran plátano, pero por ese producto nos pagan el precio que quieren. Hoy se ve a nuestra comunidad diferente. Han cambiado su forma de vivir, tiene casas de material noble, viven cómodamente con su familia; esa es la razón por la que nos hemos involucrado en el sembrío.

“Porque los blancos se han burlado de nosotros. Metemos documentos, no nos quieren atender. Es por eso que la gente se metió en su capricho de sembrar a ver si van a llevarnos a los tres mil pobladores. Cuantas veces me fui al gobierno regional. Pedí remodelación de la carretera de Cushillococha a Caballococha, no me dan solución. Estoy mandando un memorial al presidente de la República para proyectos importantes en nuestra ciudad. Queremos que nos incluyan en el presupuesto nacional”. (CNR)

Tomado de:
http://www.diariolaprimeraperu.com/online/noticia.php?IDnoticia=58079