Autoridades municipales, militares y regionales observando desde lo alto el esfuerzo no retribuido del pueblo. Foto Prensa verde.En la provincia de Leoncio Prado y el país los casos de censura y agresión contra los alcaldes se multiplican y hacen temer posibles actos de “justicia popular” tal como sucedió en Puno - Ilave con el linchamiento de un alcalde. El asesinato del alcalde de Huamalies Eduardo Quino a manos de sicarios por presunta venganza por que presuntamente era una “joyita” y como tal habría cerrado a varias personas con dinero utilizado en su campaña electoral y algunas inversiones; torna delicado el ambiente y la seguridad que rodea a los burgomaestres, que en muchos casos se comportan como caciques y patanes autoritarios, con el pensamiento y la acción unida a la venalidad vergonzosa a convertirse en los nuevos ricos de una sociedad tolerante con la inmoralidad. El mal manejo y la apropiación impune se dan a costa de la pobreza y el sufrimiento de los pueblos que son desplumados de los escasos recursos que los gobiernos nacionales insensibles les asignan para afrontar la crisis económica y social.
Primero fue el alcalde del distrito de Mariano Dámaso Beraun, Freddy Fernández Echevarria (nacho) quien por acusaciones de grave corrupción fue vacado en el cargo al que accedió Carlos Mori Sifuentes. Existen una serie de denuncias en el Ministerio Público por malos manejos y apropiación ilícita que no son investigados lo que determina un aval a la corrupción con visos de impunidad.
El caso del alcalde de Hermilio Valdizán Samuel Zavala, acusado por actos de corrupción y de provocar la muerte de un enfermero al chocar el vehículo de la municipalidad contra un pesado camión en estado de ebriedad, su caso camina a paso de tortuga en el poder judicial. Los cuestionamientos a la ejecución de un programa de reforestación con recursos del Gobierno Regional Huanuco amenazan con desestabilizar aún más la gestión municipal.
Los graves cargos de corrupción y de incapacidad de gestión se dan contra el alcalde de Padre Felipe Luyando José Quiroz Alva, a quien en respuesta a su actitud hostilizadora y de acusete empedernido una vecina de Naranjillo le propinó recientemente soberana paliza, que él intentó capitalizar señalando que se trató de un atentado del pueblo que puso en riesgo su vida con el objetivo de morigerar los efectos de la revocatoria a su cargo, que en los próximos días debe ser aceptada por la autoridad electoral. Un importante sector de la población sindica al alcalde como un ex terrorista pero él no se inmuta y se empeña en desencadenar una peligrosa y a la vez nefasta represión policial y militar sobre algunos arrepentidos por terrorismo y que hoy llevan una vida decente. Aquí como en otros casos de corrupción municipal el apoyo de cierta prensa y el espíritu de cuerpo de ciertas autoridades municipales de la provincia y distritos a la acción venal y represiva de una “autoridad” edil envilecida, resultan penosas y merecedoras de la peor censura.
Tingo María ciudad cosmopolita, capital de la provincia de Leoncio Prado afectada por el terrorismo, el narcotráfico, la corrupción municipal y de programas de gobierno nacional contra las drogas. Foto Prensa verde.El alcalde de José Crespo Castillo – Aucayacu, Wilder Miranda no se queda atrás en cuanto a denuncias por presunta corrupción y abuso de autoridad, las recientes imputaciones de la coordinadora Nacional de Víctimas del Terrorismo por serias deficiencias y actos oscuros en la construcción de 13 obras de cien mil soles cada una por reparaciones colectivas se suman a otras no menos graves fueron disimuladas con acusaciones de traidores y cobardes a los autores de las denuncias.
La situación del alcalde de Daniel Alomía Robles – Pumahuasi, sobre quien pende un acuerdo de vacancia al cargo por presunto nepotismo se suman a otras por grave presunta corrupción en la asignación de las obras e incapacidad de gestión. La no ejecución de una obra de defensa ribereña con financiamiento del Gobierno Regional Huanuco en el río Pendencia agravó la situación de Silva Mariño.
Finalmente, el alcalde de la provincia de Leoncio Prado ha sido sindicado por una población mayoritaria como arrogante y pegado a la presunta negociación irregular en la asignación de obras o contratos de consultores y funcionarios importados (en versión de ex funcionarios) que él los ha negado y por la ejecución de obras que no obedecen a un estudio técnico caso de la caseta de “seguridad ciudadana” ubicada en la Alameda Perú, la misma que debe ser reubicada a otro lugar. El caso de la invasión de semáforos en la ciudad es otro aspecto negativo en la gestión de un alcalde cuya experiencia como empresario y poseedor de una considerable fortuna eran garantía de éxito.
Es decir, ningún alcalde, ni siquiera de los Centros Poblados escapa a los cuestionamientos y la censura de la población objetivo, en menor o mayor grado la desaprobación les resulta lapidaria para aspiraciones futuras, mientras la indignación popular crece y amenaza con desbordarse sumiendo a los pueblos en la angustia y mayor pobreza.
La revocatoria que es uno de los pocos derechos que tiene la población contra las autoridades desleales, en la practica es difícil de conseguir por la alta valla impuesta por el Jurado Nacional de Elecciones y por que la autoridad acusada de corrupción maneja a su albedrío los recursos de la municipalidad o los utiliza para corromper a comunicadores en su beneficio y en contra los intereses de la población que no tiene recursos para financiar campañas en medios que contrarresten la mentira.
Pero, por qué se producen estos desencuentros entre los administradores municipales y los receptores de la gestión municipal? que si bien manejan pocos recursos, resulta un crimen que estos se queden en porcentajes que van del 10 al 30% en las cuentas bancarias de los administradores por efectos de una actitud gansteril que se ha generalizado, en parte, por la venalidad de los contralores y juzgadores o administradores de justicia, quienes deberían velar por la transparencia y la correcta aplicación de los dineros hacia el cumplimiento de los objetivos propuestos.
Walter Silva Mariño su vacancia podría concretarse el 28 de enero, él cuestionado alcalde es defendido por personas que recibieron favores o publicidad radial. Dice que no guarda rencor pero sus supuestos esbirros amenazan a sus detractores y denunciantes. Foto Internet.El tratamiento del tema debe estar asociado a otros componentes negativos que deterioran los procesos participativos a saber: • La cultura del secreto. La negación de las autoridades y funcionarios para entregar información a los agentes participantes. • El gasto ineficiente en la ejecución de los proyectos (Obras mal hechas, sin impacto social u obras abandonadas, etc.) • El clientelismo y el verticalismo como formas de relación entre los alcaldes y la comunidad organizada y no organizada. • La impunidad de la corrupción municipal en el ministerio público, en el Poder Judicial y en las comisiones de procesos administrativos. En suma, corrupción, cultura del secreto, gasto ineficiente, clientelismo y relaciones verticales de poder, son cuatro componentes negativos que producen desconfianzas en los procesos participativos y de concertación. A esto lo podríamos denominar el círculo perverso o negativo de los escenarios participativos, allí donde los sistemas participativos terminan o pueden terminar deformándose o debilitándose.
Qué hacer? Debemos construir círculos de participación y concertación que deberían expresarse en los siguientes componentes: • Fluida transparencia e intensa información entre los agentes participantes por parte de las autoridades y funcionarios. • Eficaces mecanismos de control para denunciar o prevenir actos de corrupción con mecanismos de vigilancia social. • Mecanismos de monitoreo de los proyectos de inversión para disminuir el gasto ineficiente. • Cultura de tolerancia y relaciones horizontales entre la autoridad, la comunidad y los actores políticos. En este marco de incidencia es que debemos conocer previamente la dimensión de la corrupción municipal en el Perú y en cada área local.
Presentar algunos índices importantes, mediciones y casos. Datos de la Contraloría, del Ministerio Público o causales de vacancia. - Exponer la dimensión de la corrupción municipal. - Presentar cuales son los delitos mas comunes en el nivel local, según la información de la Contraloría. - Exponer como funciona “El circuito del dolo” en muchos municipios. - Realizar un contraste con experiencias exitosas. 3. Las causas de la corrupción en las municipalidades. - Las malas leyes. - La ausencia de control público y social. - La falta de un sistema de contratación transparente y por economías de escala. - La cultura del secreto. - La preeminencia del alcaldismo. - La impunidad en el Poder Judicial, Ministerio Público y las Comisiones de Procesos Administrativos de las municipalidades.
¿Cómo medir si hay corrupción o no en las municipalidades y cual es su dimensión? - Evaluar el grado de transparencia y acceso a la información (Página Web, medios escritos, costos en los Tupas, tiempo de entrega, etc.) - Acceder a los informes de la Contraloría y las oficinas de auditoria, evaluando el resultado de las acciones de control - Ver si hay informes técnicos o denuncias sobre mala calidad de las obras, sobrevaloraciones, sobremetrado o fraccionamiento en la ejecución de proyectos. - Evaluar si en los procesos y ejecución de los presupuestos participativos se ha cumplido la ley o las ordenanzas municipales y reglamentos. Por ejemplo: ¿han funcionado los comités de vigilancia y control como manda la ley? - Obviamente si no hay corrupción o los índices son muy bajos el reto es consolidar una cultura de transparencia y probidad pública local.
La transparencia es un componente básico de un sistema concertado local, sobre todo para generar confianza y tolerancia entre los agentes participantes. Debemos incidir en revertir la alta tolerancia social de la corrupción municipal. Los sistemas participativos no pueden cohabitar con la ausencia de transparencia y la cultura del dolo en la burocracia municipal. Crear mecanismos legales e institucionales que faciliten el acceso a la información de los vecinos e instituciones, disminuyendo los costos para su acceso y estableciendo medidas disciplinarias para los funcionarios que incumplan. • Designar al funcionario correspondiente encargado de facilitar la información de acuerdo a la ley de transparencia y mantener actualizada la página Web. • Compromiso de entregar puntualmente los techos presupuestales antes de iniciar los proceso del Presupuesto Participativo. • Entregar a los Comités de Vigilancia y Control la información establecida por ley y los instructivos técnicos del MEF sobre el Presupuesto Participativo. • Compromiso de los alcaldes de realizar concursos públicos o licitaciones para designar a las empresas encargadas de ejecutar los proyectos de inversión del presupuesto participativo.
Mecanismos de prevención del delito: • Garantizar la autonomía de los Órganos de Control Institucional. Los auditores deben ser designados por concurso público. • De ser necesario constituir Comisiones de regidores de Fiscalización y Transparencia en los concejos municipales. • Cuando sea necesario e inevitable los Comités de Vigilancia y Control pueden presentar denuncias ante la Defensoría, el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo.
Red de Vigilancia Ciudadana. • Constituir los Comités de Vigilancia y Control. Previamente deben ser reglamentados por ordenanza por los concejos municipales. • La Ley de Contrataciones del Estado tiene incluso prevista la posibilidad que la población elija comités de vigilancia por cada obra. • En muchos lugares del Perú la Defensoría del Pueblo viene desarrollando capacitación a los comités de control y vigilancia.
La transparencia en los procesos de transferencia de mando a las nuevas gestiones municipales. Un momento decisivo para que las nuevas gestiones municipales y la sociedad civil organizada obtenga la información necesaria sobre el estado financiero, presupuestal y de patrimonio son los procesos de transferencia de la administración saliente a la nueva. Por ello, la sociedad civil debe proponer en los acuerdos de gobernabilidad las garantías necesarias para que esos procesos de transferencias no impliquen fugas o robos de información que luego afectan el desarrollo de las nuevas gestiones municipales. Importa en ese caso que todo el acervo documentario sobre los procesos participativos anteriores sea entregado a las nuevas gestiones municipales con participación de la sociedad civil.
Ampliar la participación de la sociedad civil en los Consejos de Coordinación Local. Aunque no tiene que ver directamente con una política anticorrupción específica, los acuerdos de gobernabilidad y su monitoreo posterior debe incluir el compromiso de los candidatos para reglamentar en los concejos municipales una mayor presencia de representantes de la sociedad civil en los Consejos de Coordinación Local, tal como lo vienen impulsando algunos distritos y provincias. Lo optimo es que la composición de los CCL este conformada por un 50% (regidores y alcalde) y un 50% por representantes de la sociedad civil. Esta mayor presencia de la sociedad civil incidirá indirectamente en fortalecer los mecanismos de transparencia y vigilancia de la ciudadanía.
La gestión urbanística es el ámbito de la actividad municipal donde se produce mayor nivel de corrupción. El urbanismo es, junto con la contratación, el gran espacio escénico de la corrupción municipal. La concejalía más apetecida por los políticos locales es, casi siempre, la responsable de la gestión urbanística, ya sea por su gran actividad o por su potencial económico, que está revolucionando hoy los cánones clásicos de la financiación municipal en varias partes del mundo. Lo cierto es que su enorme desarrollo va unido en no pocos casos, a la polémica, la especulación o el escándalo financiero.
Muchos pueblos y ciudades del país (de la costa o del interior) han prosperado en las dos últimas décadas, de manera impensable, a costa de un urbanismo salvaje, que ha hipotecado para siempre su futuro, y que ha sido utilizado muchas veces como tapadera para inversiones no siempre legítimas. Esto ha venido propiciado por el boom económico de los últimos años, una legislación demasiado flexible y confusa (y, por ende, útil para la realización de los negocios urbanísticos), la falta de decisión para corregir la indisciplina urbanística de los municipios, la escasa preparación de los gestores municipales responsables en la materia y, en demasiadas ocasiones, la falta de responsabilidad y escrúpulos de esas mismas personas, guiadas por un excesivo afán de lucro (institucional o personal).
El ámbito de la contratación de suministros, obras y servicios es especialmente sensible a la práctica corrupta. Porque la contratación directa es muy socorrida, en claro perjuicio de los principios de concurrencia, publicidad e igualdad que deben presidir la contratación administrativa. Pero también se da un alto nivel de corrupción en la contratación de personal. Se recurre en demasía a la figura del funcionario eventual o de confianza; y al concurso restringido con el objetivo de conseguir funcionarios a la medida del objetivo corrupto o corruptor. La mejor medida para paliar (que no acabar) con la corrupción es, como ya dijera Victor Hugo hace dos siglos, hacer escuelas. A través de la educación y la cultura ciudadana se ha de combatir eficazmente al político manipulador y desalmado que ha hecho de la política un medio de vida, cuando no un negocio.
Se hace necesario un pacto de Estado contra la corrupción. Así como la creación de Juzgados y Fiscalías especializadas, o la implantación de códigos de conducta en los municipios, con su correspondiente régimen sancionador. En el plano legislativo, se propone reformas concretas de la Ley Electoral, para posibilitar las listas abiertas y la limitación de mandatos; de la Ley de Partidos, para democratizarlos; de la legislación urbanística, para evitar la especulación; y de la legislación penal, para agravar las penas por la comisión de determinados delitos que tienen que ver con la función política.
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